Paul Rothko trabaja en San Francisco, California (USA), como acompañante de personas solteras. Él mismo lo es, más o menos, y se había presentado a una entrevista de empleo en la compañía CDB, propietaria de los servicios Good Friend. “Durante la mañana del viernes me entró la paranoia de que mi primera single podría parecerse en algún sentido a la excéntrica señora Oxford que Vivien Merchant bordara en Frenesí”, afirma Rothko, protagonista y narrador de A noiva cuántica, la última novela de Cid Cabido. En ella investiga las paradojas y ambivalencias del vínculo humano en la época del algoritmo con una mirada extrañada e irónica, pero comprensiva. Salingeriano y reticente a los focos, su ya extensa obra -siete novelas y cinco libros de cuentos-, por momentos vanguardista y siempre exploratoria, escrita en gallego y apenas traducida a otras lenguas, es una de las más desestabilizadoras y singulares de la literatura gallega actual.

A noiva cuántica (Galaxia, 2026) tiene algo de deriva pynchoniana, aunque sin densidad histórica. Encuentros aleatorios, una trama que en realidad es lo de menos, personajes en movimiento constante, escepticismo respecto de los hechos, cierta sorpresa ante lo que sucede aunque suela suceder siempre de la misma manera, el cine como paisaje moral. “De todas formas”, reflexiona Rothko ya en la segunda mitad del libro, “lo que nunca debe hacerse es darle importancia excesiva a las cosas. La última glaciación acabó hace unos doce mil años. Desde entonces no ha vuelto a suceder nada equiparable. Dejando a un lado, claro está, las dos guerras mundiales”. Ese humor tenue y distante, marca de estilo habitual a lo largo de una trayectoria formalmente heterógena, le sirve en esta ocasión para exponer cómo el mercado se injerta en las relaciones humanas y lo que la atomización social produce en los individuos. Preguntada por este periódico, su editorial explica que el autor rehúsa facilitar su contacto a los medios.

De la sombra de Ferrín a territorios inexplorados

Xosé Cid Cabido (Xunqueira de Ambía, 1959) publicó su primer libro, Foumán, en 1987. “Esa primera etapa de búsqueda, a la sombra de Méndez Ferrín y de Kafka, es quizás lo menos interesante”, considera Dolores Vilavedra, crítica y profesora de Literatura Galega en la Universidade de Santiago, “en mi opinión, la obra que supone un aviso de que estamos ante un escritor potente es Panificadora (Xerais, 1994)”. Ambientada en el mismo Vigo al que volvería con la novela de no ficción Unha historia que non vou contar (Xerais, 2009) -sobre el asesinato de un empresario de la conserva en el crepúsculo de la dictadura-, la novela avanza como un policíaco anticapitalista en el que el edificio industrial que le da título, la Panificadora, despliega “su poder mítico”. Pasó más bien desapercibido, lamenta Vilavedra, “y todavía hoy es muy poco leído”. No tanto su siguiente novela, grupo abeliano (Xerais, 1999).

“Es un libro absolutamente brillante. Su aclamación crítica fue unánime”, recuerda el profesor, novelista y ensayista Pablo Pesado, “con una trama propia del alto modernismo en el eje Kafka-Beckett, parecido en eso a su coetánea francesa Marie Redonnet, aunque sin su deleitarse en lo sórdido y la pretensión existencial que pueden ahuyentar a los grandes públicos”. grupo abeliano, una de las dos obras de Cid Cabido traducidas al castellano -en Alianza Editorial; la otra, el volumen de relatos Oralmente pola boca, se encuentra en Faktoría K- son un grupo de hombres que caminan por la ciudad “y hacen cosas que non deberían porque sus deseos parecen órdenes”, explica Pesado. “Comen y beben gratis allí donde van porque consideran inmoral pagar por el alimento y las autoridades, de las políticas a las militares, les ceden el obedientemente el poder cuando así se lo demandan”. El autor no se extiende en las causas de esta omnipotencia, hay atmósfera nihilista, cierta poética del absurdo pero de línea clara.

Pese a su manifiesta voluntad rupturista, grupo abeliano transita un territorio que no rechaza ni la tentación cómica ni la intriga. Para Pesado, que dedica su último estudio -Depósitos de ancestralidade (Laiovento, 2025)- a desmontar la exotización de la literatura gallega a través de la etiqueta “realismo mágico”, el libro de Cid Cabido contenía “una propuesta muy sólida de lo que podría haber sido una vanguardia accesible que no sacrificaba ni la ambición ni la radicalidad política”. Cid Cabido, la persona más allá del autor, militó durante toda su vida en la izquierda independentista gallega e incluso sufrió prisión ya en democracia. Su literatura, sin embargo, busca “formas de expresión política menos explícitas, más tangenciales y brechtianas, aunque subsistan tramos más panfletarios”.

Un outsider: Joyce en la ría de Vigo

Dolores Vilavedra comparte las consideraciones de Pesado sobre la importancia de grupo abeliano. “Es interesante observar como depura su estilo en los cinco años que pasan desde Panificadora”, señala, “y crea un texto rítmico, musical, en el que avanza una visión del mundo desencantadaa, con cierta violencia, hija de La naranja mecánica”. Y que, en ello coinciden ambos críticos, no dejó testamento. La narrativa gallega recorrió otros caminos, los centrales “muy orientados a públicos escolares y generalistas”, en opinión de Pesado. A algo así parece remitirse César Lorenzo Gil, él mismo novelista -Sábeme a salmántiga o ceo da boca (Galaxia, 2024)-, crítico y mantenedor de la web literaria Biosbardia cuando habla de “ese comercialismo gallego triste” que campa en las oficinas editoriales. “Tal vez debido a esta circunstancia no es muy leído. Los autores un poco outsiders están silenciados”, entiende. No es falta de reconocimiento literario, la crítica ha apreciado sus trabajos y ganó en dos ocasiones el Premio Blanco Amor, uno de los más importantes en Galicia, pero sí cierto desplazamiento. “Su decisión de apartarse del escenario cuando vivimos en la época dorada del autor no ayuda”, opina.

Lorenzo Gil también percibe la huella de Ferrín en sus primeros libros, pero disiente en lo referido al punto de inflexión de su peculiar trayectoria: lo sitúa en Blúmsdei (Xerais, 2006), un originalísimo diálogo con la escritura de Joyce ubicado en la ría de Vigo. En sus páginas Cid Cabido practica lo que César Lorenzo define como virtud mayor de su literatura, su relación con la oralidad. “En un panorama como el gallego, donde la lengua literaria está maniatada por la corrección, por la tradición, por la obsesión por un idioma limpio, él busca una lengua viva, sin miedo a extranjerismos ni a neologismos”, apunta. Como hizo en su día Ferrín pero con el registro culto, que bastardizó sin miedo y lo convirtió en plástico y maleable, Cid Cabido incorpora lo vulgar y lo cotidiano, el habla obrera de la ría, también de O Morrazo. Con la mencionada Unha historia que non vou contar, a su juicio su título más acabado, consolida esa procura.

Pero al ver de Lorenzo Gil, el último Cid Cabido ya no dialoga con la historia de la literatura gallega. Ni su conocida devoción por Cunqueiro ni la proximidad -literaria pero también política- con Ferrín son evidentes. “Su escritura construye sus propios marcos”, aduce. Y si existe algún aire de familia es con autores estadounidenses: “No tanto con los posmodernos, con los que no comparte esa erudición, pero sí con esa capacidad para ir al grano, no dar rodeos, tan propia de parte de la literatura estadounidense”. La de los herederos de Hemingway, sobre todo. Dolores Vilavedra respalda esas apreciaciones estilísticas. “La búsqueda de Cid Cabido es la búsqueda de lo esencial”, se extiende, “un viaje a los orígenes del discurso narrativo, que no es otra cosa, al fin y al cabo, que una voz que nos habla”. Aún con todos sus virajes estéticos y sus experimentos formales, a lo largo de su obra respira una voz inestable, reticente, nada asertiva, nítida.

Escritura anticanónica e izquierda radical

La generación de Cid Cabido fue tal vez la última que enlazó directamente con los escritores gallegos del antifranquismo aunque su obra emergió en democracia: en un extremo Manuel Rivas (A Coruña, 1957), Antón Reixa (Vigo, 1957) o Suso de Toro (Santiago de Compostela, 1956), en el otro Xurxo Borrazás (Carballo, 1963) o Jaureguizar (Bilbo, 1965). Pero el caso de Cid Cabido resulta, de nuevo, peculiar. Lo expone Pesado: “Sus libros conservan una concepción de lo literario muy próxima a la de la llamada Nova Narrativa Galega [grupo de escritores que a finales de los años 50 incorporaron lecturas de Faulkner, Kafka o la Nouveau Roman francesa a las letras gallegas] y también un compromiso político de izquierda radical propio del final del franquismo”.

Poco a poco evoluciona, abandona el hermetismo de la literatura experimental de los 80 y abraza un modelo de lengua que busca la transparencia y no la dificultad interpretativa, añade. Le da tiempo a proponer un movimiento a medio camino entre la provocación y la teoría -el evidencialismo, el arte de hacer evidente lo que esconden las cosas- que no va a ninguna parte y a publicar algunos de los libros más interesantes de la narrativa gallega reciente. Sin embargo, su escritura, solo de vez en cuando reivindicada por autores más jóvenes, no acaba de entrar en el canon. Quizás por su constitución anticanónica. “En mi opinión, es necesario restituir su importancia y la de su generación de una forma que premita establecer hilos de continuidad literaria”, concluye Pablo Pesado.

Una de las últimas cartas recogidas en Tempo de correspondencia la firma Xesús Fraga. Extensa, sutil y nada sensacionalista, en ella vuelve a uno de los asuntos recurrentes de su intercambio epistolar con el poeta y narrador Xerardo Quintiá: “Sabes bien que una de las armas que la Negra Sombra empleó arteramente contra mí fue negarme la capacidad de leer y escribir”. El escritor que ganó el Premio Nacional de Narrativa en 2021 por la emotiva historia de migrantes gallegos en Inglaterra Virtudes (e misterios) padeció después una severa depresión -la bautiza Negra Sombra, en honor al poema de Rosalía d eCastro-, su vida profesional giró y tardó en recuperar la escritura. “Detenerte en el medio del barullo y ponerte a escribir con la certeza, con la total certeza, de que en este caso por lo menos vas a tener un lector me ha resultado reconfortante”, le responde Quintiá, que sufrió la misma enfermedad unos meses antes y, al igual que Fraga, encontro en estos escritos una suerte de terapia.

La depresión y su relación con el oficio de la literatura es uno de los hilos principales de los que van tejiendo el libro. Ni de lejos el único. Y, aun así, se encuentra en el origen de Tempo de correspondencia (Xerais, 2026, en gallego; en castellano a la vuelta del verano en Amparo y Rosita). “Recuerdo haber ido a Betanzos (A Coruña) a tomar algo con Xesús y su pareja, Ana”, explica Quintiá (Friol, Lugo, 1970) a elDiario.es, “yo estaba de baja por depresión. Él, a punto de entrar. Tuvimos una conversación en la que hubo una voluntad de comunicación profunda. Creo que esa fue la semilla”. No tardó mucho en remitir un correo a Fraga (Londres, 1971) con el asunto “¿Te animas?” y la primera de las cartas del volumen. Este se sintió interpelado, admite. Cuando habían cruzado cuatro o cinco, siempre en tono íntimo y conversacional -“son cartas, no Flaubert, no hay que repasar mil veces cada frase”, sostiene Fraga-, en absoluto descuidado, se dijeron “aquí hay un libro”.

En el taller

“En estos meses también reflexionado sobre cómo eso que nos hace creativos (la capacidad de asociación, de observación, la sensibilidad y la empatía) también es lo que nos hace más vulnerables”, escribe Fraga en su primera respuesta, “y nos deja expuestos ante enfermedades como las que nos lastimaron en el último año”. Cuando la correspondencia empieza, sin embargo, lo más negro de la Negra Sombra ha quedado atrás. La literatura vuelve a fluir. Un inédito sobre el que trabaja Xesús Fraga acompaña uno de sus correos. “Era inevitable hablar de lo que estamos haciendo, de nuestros proyectos. Si no, habría una carencia enorme”, dice Quintiá. En su caso, una novela sobre el lugar al que vuelve una y otra vez su literatura, Fornelos, una pequeña aldea en su Friol natal, y que cambia de títuo en el transcurso de estas cartas: de Parte do paraíso a Onde os salgueiros medran [Donde los sauces crecen].

Fraga confiesa por su parte los desvelos a los que lo ha conducido Peto de ánimas, una narración dividida en ocho partes que amenaza con desbordar a su autor, cuenta a este periódico con cierta resignación. También se refiere a Bach: se documenta para un ensayo sobre el músico que formará parte de la colección de libro-discos de Xerais impulsada por Luís Soto, músico de la Real Filharmonía de Galicia, y su Fisión Atlántica Ensemble. Y le cuenta a Quintiá cómo es su taller de escritura, un habitáculo de seis metros cuadrados, sin iluminación ni ventilación natural, en el que ha colocado una puerta de cocina de Ikea sobre dos caballetes a modo de mesa. Lo acompañan fetiches -una foto de Betanzos tomada por su admirado Blanco Amor, un dibujo de Tàpies, una reproducción de Riña de gatos de Goya- y materiales de trabajo, libros, fotos. Quintiá replica: escribe en cualquier parte, la especie se adapta, él es viajante. “Escribo en cafeterías. Escribo en el coche. Escribo en hoteles. Escribo en Fornelos. Y lo hago en el portátil y en cuadernos”, asegura.

Fornelos y Betanzos

Fornelos. La pequeña aldea de una parroquia del Concello de Friol es uno de los núcleos de su escritura. Al que dedicó el ciclo Fornelos & Fornelos (2011-2019), tres libros de poemas que de alguna manera ilustran ese “aguantar los nombres que aprendí de niño” con el que define su obra en una de las cartas. Xesús Fraga, cuya Virtudes (e misterios) bucea en las voces bajas de la historia migrante, su propia historia familiar, siente algo próximo a la envidia (sana). “Xerardo tiene ese sitio mágico, un ancoradoiro [lugar donde echar el ancla] muy firme. Yo no tengo esa geografía en la que el tiempo se para y todo encaja”, aduce. Su relación con Betanzos, de donde proceden sus padres y donde reside, es de otra naturaleza, contradictoria, por momentos tensa. Es un hijo de la emigración, al fin y al cabo, y su sentido de la pertenencia, móvil. Lo trata, también, en Virtudes (e misterios). “La historia de la humanidad no deja de ser la de una migración perpetua. No creo en los esencialismos, pero, si hay uno en el que acredito, es este”, le dice a Quintiá

“Escribir es una manera de volver la vista atrás. No sé si hay un desajuste con el paso del tiempo”, se extiende Quintiá, “pero sí hay un análisis de la memoria. Y una grieta entre lo que somos y lo que creemos ser que la escritura aborda”. Su epistolario explora cómo el pasado y los recuerdos determinan la literatura. La de ambos. Aunque propuestas formalmente distantes, cierto realismo lírico “casi sin ficción” en el caso de Fraga, mayor querencia por el radicalismo formal en el de Quintiá, sí se adentran en algunos territorios análogos: la memoria, el origen, la subalternidad, la infancia, las transformaciones. Y una alergia a la velocidad desbocada del mundo moderno. “Intuyo que buena parte de las neurosis contemporáneas tienen que ver con que todo se ha acelerado muchísimo en poco tiempo y nuestros cerebros no son capaces de adaptarse”, expone Fraga.

Adiós al periodismo

A él le sucedió algo así con el periodismo, al que dedicó 28 años y medio de sus 55 de vida. Lo abandonó y califica esa decisión como su “línea de sombra”, en homenaje a la magnífica nouvelle de Conrad. Le escribe a Quintiá: “Cruzar ese paso fronterizo [abandonar la profesión] podemos atribuírselo, en última instancia, a la Negra Sombra. Digamos que fue una de las cláusulas de nuestro acuerdo cuando llegamos a un pacto de no agresión”. “Si había un problema, estaba en mí y no en el periodismo”, se extiende al margen del libro, “pero el oficio ha cambiado muchísimo. Las estadísticas en tiempo real influyen en la orientación de los contenidos. Yo me sentía como el gran fingidor de Pessoa, ya no encajaba”. Y eso que el periodismo está al fondo de Tempo de correspondencia: los corresponsales se conocieron cuando Xesús Fraga, entonces reportero de La Voz de Galicia en Lugo, entrevistó a un autor novel, Xerardo Quintiá, que acaba de publicar su primera novela, Finísimo po nas ás (1997) [Finísimo polvo en las alas].

Atravesada de libros y películas y música, esta conversación escrita y múltiple no obedecía a ningún plan más que, dice Quintiá, el de “hablar y comunicarse” tras una experiencia difícil. Fuera de las cartas no hablaban de las cartas. Fraga acaba por resumirlo con una idea prestada de un colega, Enrique Vila-Matas: “Somos de esa clase de escritores que escriben de las cosas para no tener que hablar de ellas”.

A la Xunta no le preocupa apoyar la posibilidad de que Galicia entre como miembro asociado en la Unesco. Más bien al contrario. “No es lo más prioritario”, afirmó su presidente, Alfonso Rueda, del PP, en respuesta a preguntas de la prensa tras la última reunión de su gabinete en 2025. Fue el Gobierno central el que anunció el pasado diciembre la promoción de Catalunya y Euskadi como miembros asociados de ese organismo y de la Organización Mundial del Turismo, ambos dependientes de la ONU. Y desde entonces las principales instituciones culturales gallegas han pedido en público que el Ejecutivo autonómico trabaje para que la comunidad, una de las nacionalidades históricas del Estado con lengua propia, no quede atrás. Este miércoles se pronunciaron en el mismo sentido 17 importantes fundaciones literarias.

“Galicia, al igual que Catalunya y Euskadi, es una comunidad con la consideración constitucional de nacionalidad histórica”, señala el manifiesto en relación con la Unesco que difundieron las entidades, “y no existe causa ninguna para que no se beneficie de esa probable incorporación. La ausencia de Galicia como aspirante a miembro asociado constituye una inaceptable discriminación”. El texto entiende que Galicia, “como comunidad cultural y lingüística singular y diferenciada, debe tener presencia específica en la Unesco, exactamente igual y por los mismos motivos que Catalunya y Euskadi”. Entre los promotores del documento se encuentran la muy activa Casa Museo Rosalía de Castro o fundaciones como la Alexandre Bóveda, la Novoneyra, la Insua dos Poetas o la Penzol de Vigo.

Otras instituciones también se posicionaron semanas atrás en las mismas coordenadas. Fue el caso del Consello da Cultura Galega, órgano autónomo derivado del vigente Estatuto de Autonomía que asesora a la Xunta en materia cultural, y de la Real Academia Galega. La federación de asociaciones culturales Galiza Cultura recoge firmas al respecto. Pero ninguna de las razones esgrimidas ha servido para que Rueda y su equipo se aparten del argumentario del PP. El presidente llegó a afirmar que “a Galicia le interesan otras cosas, como el rescate de la AP-9 [autopista privatizada cuya concesión renovó Aznar en una decisión cuestionada por Europa]”. Su departamento de Cultura, dirigido por el conselleiro José López Campos, asegura además en respuesta a elDiario.es que Galicia “está suficientemente representada en el organismo [la Unesco] por el Ejecutivo central” y que la medida que defiende las principales entidades culturales de la comunidad -el ingreso como miembro asociado- “supondría un gasto de recursos públicos”.

La iniciativa del Gobierno de Sánchez está relacionada con la negociación con Junts para buscar estabilidad en la legislatura, algo que afean los mandatarios gallegos del Partido Popular. No es, sin embargo, la primera vez que Alfonso Rueda rechaza medidas adoptadas por Madrid para impulsar el gallego, el catalán y el euskera. En el Parlamento autonómico, el PP votó en contra del uso del gallego en el Congreso, algo que levantó suspicacias incluso dentro de los conservadores. Y también se negó a buscar la oficialidad del idioma propio de la comunidad -así lo define el Estatuto- en la Unión Europea.

Una votación popular promovida por la Real Academia Galega y la Fundación Barrié ha elegido “xenocidio” como la palabra más importante del año que acaba. El término, explica la institución presidida por Henrique Monteagudo, tiene su origen en la violencia que los nazis aplicaron contra los judíos y otros grupos étnicos o políticos durante la II Guerra Mundial y lo acuñó el jurista polaco Raphaël Lemkin. Si el concepto estuvo de actualidad a lo largo de 2025 fue debido a la masacre que el Estado de Israel está aplicando sobre Palestina y su población y que, a decir de no pocos analístas, tiene las características de un genocidio.

Según recoge la nota emitida por la Academia, Antonio Míguez Macho, historiador y decano de la Facultade de Xeografía e Historia de la Universidade de Santiago de Compostela, considera “xenocidio” una de esas ideas que cambiaron el mundo. El diccionario de gallego que la entidad mantiene on line la define como “exterminación metódica dun grupo social por motivos étnicos, relixiosos ou políticos”. Su etimología combina el griego de xeno (pueblo) y el latín -cidio (matar).

Cuatro de cada diez votos emitidos en la Palabra do Ano fueron para xenocidio. En segunda posición quedó foliada, “reunión nocturna da xente para divertirse, cantar e bailar, quizás en relación a que la propia Academia celebró el legado de las cantareiras en el Día das Letras Galegas de este 2025. El tercer puesto fue para lume, fuego o incendio en castellano, justo en un año en que asoló enormes extensiones de territorio gallego durante el verano. Hubo en total 7.200 votos.

El Congreso ha dado luz verde este martes a la tramitación de una ley sobre plurilingüismo, que busca reforzar el uso de las lenguas oficiales en todos los ámbitos de la administración, también en la Justicia. Todos los partidos del bloque de investidura han mostrado su apoyo a la toma en consideración del texto, incluido Junts. PP y Vox han votado en contra.

El texto nace por iniciativa de la mayoría de los grupos independentistas, nacionalistas o soberanistas de la Cámara Baja: Esquerra Republicana, EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco (PNV), Bloque Nacionalista Galego (BNG), y los partidos integrados en Sumar Comuns, Compromís y Més per Mallorca. Pero sorprendentemente no firmaba la iniciativa Junts, que sí ha terminado votando en contra. 

“Asistimos al arrinconamiento de la lengua propia de los gobiernos del PP con los ultras de Vox, a una discriminación de la cultura desde las instituciones con total impunidad”, ha defendido el diputado de ERC, Francesc-Marc Álvaro, encargado de presentar la iniciativa este martes ante el hemiciclo. Se trata de un proyecto “histórico”, ha dicho, que busca que el adjetivo “plurinacional” sea más que un enunciado vacío. “Se trata de que los hablantes de catalán, euskera y gallego dejen de ser ciudadanos de segunda ante la administración central”, ha añadido, en una intervención que ha leído en las tres lenguas oficiales. 

La ley, de carácter orgánico, introduce una miríada de modificaciones legales en otros textos con la idea de reforzar el uso de las lenguas oficial en las instituciones del Estado central. Por ejemplo, introduce “obligaciones claras de capacitación lingüística en justicia, función pública y contratación”. 

El texto que se ha tomado este martes en consideración y que inicia así su camino parlamentario instala por ejemplo el requisito “de conocimiento de la lengua propia para acceder a plazas en comunidades con lengua oficial distinta del castellano” y también da validez plena a los documentos judiciales en catalán, euskera o gallego sin necesidad de traducción al castellano. 

Además, según han trasladado los grupos proponentes, “incorpora criterios lingüísticos transversales en la contratación pública y regula ámbitos sectoriales clave como consumo, seguridad, transporte o comunicación audiovisual”, “donde se refuerza de manera significativa la presencia y uso de las lenguas oficiales distintas del castellano”. 

La iniciativa busca reforzar asimismo el uso de las lenguas en la educación, en pleno debate sobre la vigencia del catalán, el euskera y el gallego como lengua vehicular en las clases. La ley establece “que la lengua propia de cada comunidad autónoma será normalmente vehicular, con el objetivo de garantizar que el alumnado domine tanto esa lengua como el castellano al finalizar la educación básica”. Según los grupos promotores, esta medida “refuerza la igualdad de oportunidades y certifica una competencia lingüística equilibrada en todo el territorio”. 

“Queremos garantizar el plurilingüismo real y lo hacemos corrigiendo el sesgo monolingüe de las administraciones”, ha defendido Álvaro, que ha recordado al PSOE que se comprometieron a una ley como esta en los acuerdos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez en 2023. 

“No es una concesión ni un privilegio sino un desarrollo del mandato constitucional”, ha defendido la diputada de los Comuns y portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal. “Esta proposición busca que podamos utilizar nuestras lenguas con normalidad, en especial cuando hablamos con la administración y los poderes públicos”, ha defendido. Por parte de Sumar han intervenido varios diputados en las diferentes lenguas, también los diputados Jorge Pueyo en aragonés y Rafael Cofiño en asturiano.

“Esta iniciativa es importante. Importante para la sociedad vasca e importante para el euskera, importante para Euskal Herria Bildu. Y lo es porque ante la ofensiva generalizada política y judicial que está sufriendo nuestra lengua, anulando el euskera de los criterios de contrataciones públicas, es totalmente necesario aumentar la protección jurídica de nuestra lengua”, ha defendido la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. “Todo lo que se modifica tiene que ver con que las instituciones del Estado garanticen a la ciudadanía el derecho a ser atendida en la propia lengua oficial, porque ahora mismo no lo hacen, incluso lo impiden”, ha dicho.

Muchos diputados han alertado de la amenaza de las lenguas oficiales ante el auge de las derechas y los gobiernos con la extrema derecha en las autonomías. “La cultura y la lengua ha sido lo primero que ustedes han vendido en sus pactos con Vox. La lengua catalana para ustedes es una mercancía de segunda que pueden sacrificar en el altar de la extrema derecha cuando pueden gobernar a cualquier precio”, le ha dicho el diputado del PSOE Marc Lamuà al PP durante su intervención.

Junts la apoya pero la enmendará 

Junts, a pesar de sus resistencias, ha anunciado que tomará en consideración la ley, aunque ha aclarado que la enmendará si logra avanzar en su tramitación. La diputada Pilar Calvo ha expresado las reticencias de su grupo a la ley, que creen que se equivoca en el marco, el del “constitucionalismo lingüístico español”. “No necesitamos que el Estado garantice nada, necesitamos que se deje de ahogar al catalán y Catalunya tenga soberanía para garantizarlo”, ha dicho. 

Calvo ha recriminado que el cuerpo de la norma “estataliza la normativa lingüística” y “la reordena sobre un modelo que sigue pivotando sobre la primacía del castellano”. Por eso, ha avanzado que si su tramitación avanza la enmendarán. 

“Si hoy se toma en consideración, ¿van a priorizar su tramitación o la van a dejar colgada?”, ha preguntado a los socialistas. 

Galicia será la única de las tres nacionalidades históricas del Estado con lengua propia reconocida que no presionará porque la Unión Europea reconozca su oficialidad. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, del PP, ha reafirmado este lunes su postura contraria: en una respuesta plagado de contradicciones al término de la reunión semanal de su gabinete, acusó a Pedro Sánchez de no preocuparse por los idiomas cooficiales y, al mismo tiempo, aseguró que “hay cosas más importantes” en que gastar el dinero. Rueda lo redujo todo a una de las críticas habituales de la derecha a Sánchez, es todo “una cesión al independentismo catalán”.

El presidente gallego ya se había negado la semana pasada a firmar la carta que el president socialista de la Generalitat, Salvador Illa, y el lehendakari nacionalista, Imanol Pradales, defendían la oficialidad de catalán, euskera y gallego en las instituciones comunitarias. Tampoco Carlos Mazón, de la Comunitat Valenciana, ni Marga Prohens, de Illes Balears, ambos mandatarios del PP en comunidades donde el catalán es cooficial, se han sumado a la reclamación. “Estoy tranquilísimo”, dijo Rueda con displicencia a preguntas de los periodistas. Según su teoría, los Estados miembros de la Unión Europea ya han advertido que la reivindicación de España sobre las lenguas cooficiales “tienen que ver con las necesidades políticas del presidente Sánchez” y por ello “pierde crédito”, en vez de “reclamar” contra los recortes de la Política Agraria Común. A continuación, relacionó la oficialidad con el malgasto de fondos públicos.

“Si el Gobierno [central] está dispuesto a poner 40 millones anuales para la cooficialidad del gallego en el Parlamento europeo”, afirmó, “hay cosas más importantes. Tenemos un montón de propuestas”. No se extendió en ellas, pero sí mencionó la ausencia del gallego en la nueva aplicación informática de gestión procesual de los juzgados. “Sánchez está dispuesto a gastar 40 millones cada año para que se traduzcan documentos comunitarios que nadie va a leer al gallego pero no dos millones de una sola vez para el gallego en la Justicia”, criticó. Tampoco anunció que la Xunta vaya a hacerlo.

Rueda y el gallego

Como número 2 de Alberto Núñez Feijóo en la oposición al bipartito de socialistas y nacionalistas gallegos, Alfonso Rueda se sumó en su día con entusiasmo a las tesis ultra contra la enseñanza en gallego, hasta el punto de participar en movilizaciones extremistas. La primera legislatura de Feijóo, en la que el ahora presidente del Gobierno gallego ejerció como conselleiro, supuso un retroceso legislativo inédito del gallego. Una vez ascendido a presidente, Rueda moderó su discurso y se comprometió a buscar un pacto donde su antecesor había roto todos los puentes. Pero, al mismo tiempo, también votó en contra de que el gallego se usase en el Congreso y lanza guiños periódicos a los sectores más recalcitrantes y contrarios a la que el Estatuto de Autonomía define como lengua propia de Galicia.

A Europa rogando, pero ¿con el mazo dando? En el último año el Gobierno ha llevado varias veces al Consejo Europeo la petición de que el catalán, el gallego y el euskera se conviertan en lenguas oficiales en la Unión Europea, hasta ahora sin conseguir nunca la necesaria unanimidad de los 27. Sin embargo, este empeño contrasta con el hecho de que el Ejecutivo mantiene en un cajón desde hace casi dos años el proyecto de ley orgánica para la defensa del plurilingüismo que, según aseguró en diciembre de 2023, debía ser la garantia de una administración general del estado capaz de responder en cualquiera de sus lenguas oficiales.

La redacción de esta norma fue una de las propuestas estrella que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevó a la primera reunión con el entonces president Pere Aragonès al inicio de la legislatura. Enmarcada en la llamada “agenda del reencuentro” y en un momento en el que desde la Generalitat se volvía a insistir en asuntos como el referéndum, Sánchez y Aragonès pactaron esta ley de clara inspiración federal.

“Les anuncio que vamos a impulsar la aprobación de una Ley Orgánica de garantía del plurilingüismo en el primer periodo de sesiones de las Cortes Generales en el año 2024”, aseguró Sánchez desde la galería gótica del Palau de la Generalitat. Una norma, dijo, que tenía como objetivo “proteger y fomentar las lenguas cooficiales y más concretamente el catalán”.

En la nota de prensa distribuida posteriormente se profundizaba en los objetivos de este proyecto legislativo. “Esta ley garantizará el derecho de la ciudadanía de Catalunya a dirigirse a la Administración General del Estado, y en especial de la Administración de Justicia presente en Catalunya o con jurisdicción en todo el estado, y a ser correspondida en catalán”, informó la Generalitat.

Pasados casi 20 meses desde aquel compromiso, la ley no solo no ha dado ni un paso sino que ha desaparecido de todas las previsiones. Ni el Ministerio de Política Territorial ni la Generalitat responden sobre si tienen previsto retomar el proyecto en algún momento. Mientras, desde ERC aseguran que por su parte sigue sobre la mesa y hay conversaciones, pero no prevén novedades a la vista.

Esta situación contrasta con la batalla que desde el Ministerio de Exteriores se está librando en el seno de la UE para intentar que los países miembros reconozcan las tres principales lenguas oficiales diferentes al castellano como oficiales en Europa. Un empeño que nació del pacto con Junts, pero que el Gobierno asegura que también forma parte de su propio interés por el reconocimiento de la diversidad lingüística. El Ejecutivo afirma, además, que desea mantener este pulso hasta el final.

Sin embargo, ambas cuestiones, el reconocimiento lingüístico europeo y el impulso plurilingüe en la Administración General del Estado, podrían estar más relacionadas de lo que parece a priori. El Servicio de Investigación del Parlamento Europeo redactó un informe en enero pasado sobre la situaciones de las lenguas no oficiales en el que, a la hora de clasificar la situación en España, no la contaba entre los países que reconocen varias lenguas a nivel estatal, como Finlandia, Irlanda, Malta o Luxemburgo, sino con reconocimiento a nivel subestatal, como Italia, Holanda, Bélgica o Dinamarca.

Hay que recordar que, hasta el momento, las únicas lenguas minoritarias reconocidas como oficiales en la UE son aquellas que tienen reconocimiento a nivel estatal, como el gaélico irlandés o el maltés.

¿Cómo sería una ley de plurilingüismo?

A día de hoy, la realidad plurilingüe de España se traduce en que el castellano es la lengua oficial del Estado, y el catalán (junto a su variante valenciana, el valenciano), euskera y gallego lo son únicamente en las comunidades autónomas donde tienen esos idiomas como propios: Catalunya, Comunitat Valenciana, Balears, País Vasco, Navarra y Galicia, respectivamente. Esto se recoge en la Constitución, que además considera esa diversidad lingüística un “patrimonio cultural” que merece “protección”.

La oficialidad de catalán, gallego y euskera en sus territorios obliga de esta forma a la Administración General del Estado, así como a la Justicia, a garantizar su uso dentro de esas comunidades. “Las leyes de normalización lingüística [de cada comunidad] dejan explícito que el ciudadano tiene derecho a usar cualquiera de las dos lenguas en esos territorios, lo que atañe también a la Administración del Estado, porque premia el principio de territorialidad”, suscribe Fernando Ramallo, catedrático de Lingüística de la Universidade de Vigo.

Pese a ser la norma, esto no se llega a cumplir en España. El Comité de Expertos de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, que depende del Consejo de Europa, suele regañar periódicamente al Gobierno central, por ejemplo, por no garantizar una atención plena en lenguas cooficiales en la Justicia.

Con este punto de partida, una ley estatal de Garantía del Plurilingüismo serviría de entrada para ensanchar las fronteras de los hablantes de catalán, gallego y vasco. Si llegase a garantizar el uso de estas lenguas con la Administración General del Estado y la Justicia en todo el territorio estatal, acercaría España a los modelos lingüísticos de aquellos países que tienen más de una lengua como oficial y central.

“En Europa, los países con plurioficialidad estatal, como Suiza, Bélgica o Finlandia, tienen administraciones centrales plurilingües”, señala Vicenta Tasa, doctora en Derecho Constitucional por la Universitat de València. Si se quiere reproducir el modelo de los dos primeros países, prosigue esta académica, esto conllevaría una selección de personal de la administración central con cuotas lingüísticas “en función del peso demográfico de cada lengua”.

Otro caso es el de Canadá, en el que suele reflejarse habitualmente el soberanismo catalán. “Aunque sus provincias son principalmente monolingües, los canadienses pueden usar a nivel federal el inglés o el francés con sus relaciones con el Estado”, afirma Ramallo. Es lo que denomina “principio de personalidad”: “A pesar de desplazarme, tengo derecho a usar mi lengua, una mochila que en España tienen los castellanohablantes, pero no los demás”.

Facilitar la atención oral y regular las lenguas en la tele pública

España está por ahora lejos de esos escenarios, pero podría abrir algunos caminos, según Tasa. “Lo que haría una ley de este tipo sería permitir que los ciudadanos se expresen por escrito y facilitar alguna atención oral en las lenguas distintas al castellano ocasionalmente, en algunos servicios centrales de los ministerios y poderes estatales”. Por ejemplo, podría regular el uso de la inteligencia artificial para traducir documentos tramitados, desde denuncias a expedientes de la Seguridad Social.

La norma podría regular también el uso de las lenguas cooficiales en la televisión pública estatal, con la inclusión de subtítulos o ensanchando las desconexiones (actualmente el Gobierno trabaja para tener más de la mitad de la programación de La 2 en catalán en Catalunya). Y otro artículo podría hacer referencia a la enseñanza de catalán, gallego y euskera (o incluso las demás lenguas minoritarias no oficiales, como el asturiano o el aragonés) fuera de sus fronteras naturales. “Debería existir la posibilidad de ofrecerlas como optativas”, afirma Ramallo.

Con todo, ambos académicos lanzan dos advertencias. Una de ellas tiene que ver con el empuje para la oficialidad en la UE. “Hay una cierta inconsistencia entre esa petición en Europa y que no sean lenguas oficiales en el Estado español con igualdad radical con el castellano”, apunta Tasa. Y también alerta contra usar una futura ley de plurilingüismo para regular el uso de las lenguas minoritarias dentro cada comunidad autónoma, aunque sea con el pretexto de reforzarlas, puesto que se trata de una competencia autonómica.

Solo si se cambiase la Constitución para que equipare la oficialidad de las lenguas tendría sentido sacar adelante una ley de lenguas estatal, argumenta Tasa. Sin una modificación constitucional en esa dirección, dice, “una ley lingüística estatal podría generar muchos más problemas de los que de forma voluntarista pretende solucionar”, abriendo la puerta, por ejemplo, a que un Gobierno de derechas la modifique para imponer más el castellano en los territorios en los que es cooficial.

El Diario Oficial de Galicia ha publicado este martes el cese de José Antonio Campo Andión, durante 30 años en dos períodos distintos director del Instituto Galego de Estatística (IG). El Gobierno gallego no comunicó a la prensa su destitución, acordada en la última reunión semanal del gabinete de Alfonso Rueda. El organismo estadístico oficial reveló el pasado octubre el estado crítico de la lengua gallega, al concluir que, durante los sucesivos ejecutivos del Partido Popular, los niños que no saben hablar gallego se multiplicaron por dos y son ya un tercio del total. Esos datos levantaron una formidable polémica e incluso suscitaron inéditas acusaciones del propio Rueda y otros cargos de su administración contra la metodología del IGE.

La encuesta molestó tanto a la Xunta de Galicia que llegó a encargar otra sobre la misma materia a una empresa privada cuyos resultados contradecían al instituto oficial. Y un mes más tarde, el pasado marzo, el Gobierno anunciaba cambios de calado en la estructura, ubicación y funciones del IGE. Tradicionalmente dependiente de la Consellería de Facenda, ahora lo es de la Presidencia. A este movimiento remiten fuentes de la Xunta consultadas por elDiario.es para explicar la salida de Campo Andión: la estadística oficial forma ahora parte de la Oficina de Coordinación Económica y el director de esta, Juan Carlos Reboredo Nogueira, ejerce también como director del IGE. Además, ha abierto la puerta a que empresas tecnológicas “puedan ofrecer sus servicios para centralizar, gestionar y explotar los datos” que recopila y posee la Xunta.

La diputada del BNG Noa Presas calificó lo sucedido con el hasta ahora director del IGE de depuración. “Un paso más en un inédito cuestionamiento del IGE y de quien lo ha dirigido durante décadas”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter, “y de un traslado impuesto de competencias a Presidencia para aumentar el control político e introducir la privatización de funciones”. José Antonio Campo Andión (Castro de Rei, Lugo, 1950) es licenciado en matemáticas y estuvo al frente del organismo oficial de estadística entre 1991 y 2005 -los mandatos de Fraga Iribarne- y desde 2009 -cuando Feijóo ganó su primera mayoría absoluta- hasta este martes.

Foron apenas dúas novelas, publicadas nos seus últimos cinco anos de vida, e, con todo, a obra de Begoña Caamaño marcou a narrativa galega recente. Circe ou o pracer azul (2009) e Morgana en Esmelle (2012) descubriron unha autora serodia pero cuxa perspectiva subversiva e feminista volteaba a tradición, en concreto a homérica e mais a artúrica. A Real Academia Galega decidiu este venres que a súa figura protaginizará o Día das Letras de 2026. “Coa súa lembranza”, sinalou a institución que preside Henrique Monteagudo nun comunicado, “as Letras 2026 serán unha festa asomada á contemporaneidade, á pulsión do presente e á ollada feminista que vertebraron o seu pensamento, o seu traballo intelectual e a súa biografía”.

A Circe de Begoña Caamaño é a feiticeira da Odisea pero que na súa historia conquista a Ulises e xuntos quedan a vivir na illa de Eea. Penélope, que agardaba en Ítaca, recibe unha carta da amante do seu home e comeza unha relación epistolar entre ambas as dúas mulleres. Esa correspondencia múdao todo. “A señora de Eea tamén espertara intranquila”, escribe Caamaño, “aínda que o seu corpo permanecía bandonado á molicie do abrazo do heroe, a súa cabeza pensaba no xeito de se desfacer xentilmente do seu amante e procurar tempo e intimidade para ler a nova carta de Penélope”. Ao xeito da Cassandra de Christa Wolf ou The Penelopiad de Margaret Atwood, a autora reescribe un dos textos fundacionais da literatura para lle aplicar unha ollada feminista e radical.

A escritora volvería ao mesmo método na súa segunda e derradeira novela, Morgana en Esmelle, como a anterior publicada pola histórica Editorial Galaxia. Mais desta vez o mundo escollido para reformar desde a escritura foi o artúrico, que na tradición literaria galega apareceu decote nomeado como materia de Bretaña. A Morgana de Caamaño escapa coa súa tía Viviana á lendaria illa de Avalón e ambas as dúas eríxense en protagonistas dese mundo que tamén seduciu a Álvaro Cunqueiro. O libro valeulle o premio da Crítica, o Ánxel Casal e o Losada Diéguez.

O oficio da xornalista

Begoña Caamaño nacera no popular barrio do Calvario de Vigo en 1964. Alí estudou ate se licenciar en Maxisterio. Pero o oficio da súa vida foi o xornalismo, extremo que salientou a Real Academia Galega. “Literatura e xornalismo son na autora instrumentos para o coñecemento, outra forma de reflexión e acción, desde o rigor do saber, o estimulante exercicio da razón e a complicidade da maxia e dos soños”, dicía o texto da candidatura aprobada polo plenario da institución, “a súa figura dialoga cunha parte moi activa da profesión xornalística e literaria […] entrégase á narrativa sen desoír a interrogación da xornalista e a esixencia da lectora”. Como xornalista comezou na emisora viguesa Radio Noroeste, pasou por Radio Popular na mesma cidade e en 1989 incorporouse aos medios públicos, onde dirixiu e presentou Andando a terra, Club Cultura e Expreso de Medianoite, e formou parte do Diario Cultural de Ana Romaní. Tamén colaborou en xornais e revista, entre eles El Sol, A Nosa Terra, Tempos Novos ou Novas da Galiza.

Ademais dos xornalismo e a literatura, a militancia feminista e na esquerda nacionalista marcaron unha existencia que rematou o 27 de outubro de 2014, aos 50 anos, vítima dun cancro.

El ministro Óscar Puente y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, recurren con frecuencia a la hemeroteca tuitera, que siempre almacena contenido del cual sus autores reniegan tiempo después. Esta vez le ha tocado el turno a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Al hilo del plantón que dio Ayuso a los líderes autonómicos que usaban lenguas cooficiales durante su intervención en la Conferencia de Presidentes, ambos políticos han recuperado un tuit que la madrileña publicó en diciembre de 2014: “Acto por la Constitución de @PPopular. Discursos en catalán, gallego, valenciano, mallorquín, castellano... #España”.

“¿Esto era de cuando llevaba la cuenta de Pecas?”, se ha preguntado el ministro de Transporte, en alusión a cuando Ayuso, supuestamente, manejaba la cuenta de Twitter bajo el usuario del perro de Esperanza Aguirre.

La madrileña había afirmado en el programa 'Salvados' en 2021 que había creado la cuenta, pero que la había gestionado otra persona.

Sin embargo, dos años después se supo que Ayuso creó perfiles falsos para atacar a la izquierda en redes sociales, por ejemplo, para ridiculizar a Zapatero o al candidato del PSOE en la región.

Gabriel Rufián citaba el mismo tuit que Puente y hacía una sucinta recomendación a la presidenta: “Borra”.

Como señalaban otros usuarios, en otro tuit, esta vez de 2018, Ayuso afirmaba: “El bilingüismo me parece de gran riqueza pero no en detrimento de la segunda lengua materna más importante del mundo”. La presidenta madrileña concluía: “Pero hablar catalán, gallego, etc. es riqueza cultural, un tesoro”.

En 2013 Ayuso se movía por la misma línea: “No soy experta pero tengo entendida [sic] que el bilingüismo fomenta destrezas mentales. Da envidia...”.

La visión transmitida por Ayuso cambió radicalmente la semana pasada. La presidenta madrileña abandonaba la Conferencia de Presidentes cuando las intervenciones eran en euskera, catalán y gallego, para volver durante esta última, ofrecida por su compañero de partido Alfonso Rueda. Fue la única que lo hizo: el resto de líderes autonómicos permanecieron en sus asientos siguiendo las intervenciones con traducción automática por pinganillo para quien lo solicitó.

“España no es un país plurinacional, es una gran nación de siglos y además pocas naciones como la nuestra tienen una lengua común compartida por 600 millones de personas”, declaró después Ayuso, que añadió que el uso de pinganillos le parecía “una farsa”.

Los bandazos de Alfonso Rueda a respecto de la lengua propia de la comunidad que preside, Galicia, son habituales. Como número 2 de un Feijóo entonces en la oposición al Gobierno bipartito, participó en una manifestación convocada por colectivos ultras contrarios al gallego. Todavía en la última campaña electoral recuperó aquellas tesis sobre una presunta imposición del idioma. Diez meses después, el Instituto Galego de Estatística, dependiente de la Xunta, desmontaba ese relato: 15 años de gobiernos del PP de Feijóo -hizo retroceder por ley su enseñanza por primera vez en democracia- y Rueda habían multiplicado por dos el número de niños de entre 5 y 14 años que no saben hablarlo, ahora un 32,44%. Pese a un discurso que ha pulido ciertas aristas del de su antecesor, el presidente gallego vuelve ahora a plegarse a la estrategia de su partido en Madrid y a sus maniobras contra la oficialidad de gallego, catalán y euskera en la Unión Europea. El BNG ha solicitado que Alfonso Rueda comparezca en el Parlamento gallego y explique “por qué trabaja en contra de los intereses de Galicia y le pone límites al gallego”.

“Es una vergüenza ver a un presidente y a un expresidente de la Xunta cerrando puertas al uso de la lengua gallega en Europa”, aseguró este miércoles Ana Pontón, portavoz nacionalista. No es la primera vez que Rueda y Feijóo defienden políticas contrarias a la normalización social del gallego y contradicen el vigente Estatuto de Autonomía. La norma recoge, en su artículo 5, que este es “la lengua propia de Galicia” y que sus poderes públicos “potenciarán la utilización del gallego en todos los órdenes de la vida pública, cultural e informativa”. El actual líder del PP en el Estado asumió reclamaciones de las movilizaciones extremistas que, entre 2007 y 2009, atacaron la política lingüística del bipartito de socialistas y BNG. Lo hizo tras romper unilateralmente el consenso parlamentario alcanzado dos años antes con el Plan Xeral de Normalización Lingüística. Rueda era en ese momento su segundo y se sumó con entusiasmo a la estrategia. Tras ganar, contra pronóstico, las elecciones de 2009, el primer gabinete de Feijóo redujo la presencia del gallego en la escuela.

Alfonso Rueda obtuvo en febrero de 2024 su primera mayoría absoluta como candidato a la presidencia. No tardó en asegurar que quería reconstruir los acuerdos en la materia. Pero al mismo tiempo se ha opuesto, y con él los otros 39 parlamentarios del PP en la Cámara gallega, a su uso en el Congreso de los Diputados, que ha promovido el actual Gobierno central. Un histórico de los populares gallegos como Xesús Palmou llegó a expresar su estupor por esta postura. Rueda, al contrario que sus homólogos vasco y catalán, tampoco considera prioritario que sea oficial en la Unión Europea, en línea con el Feijóo en Génova. “Esto es un ejemplo más de hasta que punto el señor Rueda está usando Galicia en la estrategia partidista del Partido Popular sin importarle las consecuencias”, añadió Pontón, que se preguntó, “¿por qué quieren cerrarle las puerta a nuestro idioma cuando es el momento de abrírselas? ¿Por qué el PP está dispuesto a trabajar una vez más en contra del gallego?”.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha valorado positivamente que el Gobierno “se haya implicado” para que el catalán sea oficial en la Unión Europea (UE). “Por fin ha habido implicación de la gente que debía implicarse. Llega tarde, pero ha habido esa implicación”, ha señalado en una entrevista en TV3. 

Los países de la Unión Europea aplazaron este martes la votación sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones comunitarias ante la falta de unanimidad entre los Veintisiete por las dudas legales, financieras y políticas, en unas negociaciones marcadas por las maniobras del PP con sus socios europeos para frenar la medida.

La mejora del estatus europeo de las tres lenguas cooficiales españolas es uno de los compromisos que adquirió el PSOE con Junts a cambio de la investidura de Pedro Sánchez en 2023, pero que sigue sin materializarse debido a las dudas de varios países y al desinterés del PP.

Al menos siete países europeos empujaron a retrasar la votación de la propuesta por reticencias legales y financieras evitando así que cayera definitivamente, dado que España había planteado el asunto para adopción pese a no tener los apoyos amarrados.

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a seguir impulsando la medida –el ministro José Manuel Albares ha asegurado que llamaría este mismo martes a sus homólogos para intentar seducirles– y, a pesar del fracaso, respira aliviado porque Carles Puigdemont no solo no ha dado un ultimátum sobre el compromiso de investidura con los socialistas, sino que ha encontrado en Alberto Núñez Feijóo el chivo expiatorio.

Según el dirigente de Junts, la oficialidad del catalán “está más cerca”. Pese al aplazamiento de la votación, Turull ha considerado que “se está en prórroga” para conseguir la oficialidad en las próximas reuniones del Consejo de Asuntos Generales, previstas para los próximos meses de junio o julio.

Al igual que hiciera Carles Puigdemont este martes, Turull ha arremetido contra el PP al calificar de “muy bestia” la campaña del partido de Alberto Núñez Feijóo con sus homólogos europeos contra la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera, y ha dado por hecho que “ha tenido efectos”.

A pesar de que era la sexta vez que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE estaba en la mesa de los ministros de los 27 formalmente, era la primera que se abordaba con verdadera seriedad y con una propuesta perfilada, que planteaba la entrada en vigor de la oficialidad por fases desde 2027 y con una serie de requisitos que solo cumplen las lenguas oficiales españolas para evitar sentar un precedente que abra la “caja de pandora” en los 27.

La oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE tendrá que esperar. Al menos siete países europeos han empujado a retrasar la votación de la propuesta por reticencias legales y financieras evitando así que cayera definitivamente, dado que España había planteado el asunto para adopción pese a no tener los apoyos amarrados. El Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a seguir impulsando la medida –el ministro José Manuel Albares ha asegurado que llamaría este mismo martes a sus homólogos para intentar seducirles– y, a pesar del fracaso, respira aliviado porque Carles Puigdemont no solo no ha dado un ultimátum sobre el compromiso de investidura con los socialistas, sino que ha encontrado en Alberto Núñez Feijóo el chivo expiatorio.

A pesar de que era la sexta vez que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE estaba en la mesa de los ministros de los 27 formalmente, era la primera que se abordaba con verdadera seriedad y con una propuesta perfilada, que planteaba la entrada en vigor de la oficialidad por fases desde 2027 y con una serie de requisitos que solo cumplen las lenguas oficiales españolas para evitar sentar un precedente que abra la “caja de pandora” en los 27.

Aun así, la unanimidad requerida estaba lejos, tal y como han dejado claro siete gobiernos que han pedido aplazar la decisión. En la veintena restante, que el Gobierno cuenta como países proclives a la aprobación, hay algunos –como Bélgica, Portugal, Rumanía, Chipre o Dinamarca– que votarían a favor, pero otros que también expresan dudas, basándose en el informe de los servicios jurídicos del Consejo de la UE, que apunta a que la modificación del reglamento requiere un cambio en el Tratado de Funcionamiento de la UE.

El Gobierno considera que ya no hay razones “jurídicas” y “financieras abiertas” dado que su informe legal es positivo y se ha comprometido a correr con los costes de la ampliación del catálogo de las lenguas oficiales. De hecho, el ministro de Exteriores ha minimizado el informe de los servicios jurídicos del Consejo de la UE al considerar que es una “opinión” que no es “vinculante”. Y ha emplazado a quien tenga dudas sobre la legalidad de la medida a elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.

Sin calendario fijo: próxima oportunidad el 24 de junio

Pese a esa apelación bajo la que subyace cierto malestar, Albares ha asegurado que echarán el resto con los países que han mostrado reticencias. “Este tema requiere unanimidad. Desde hoy mismo vamos a estar en contacto con los estados miembros que tienen preguntas que hay que atender”, ha dicho posteriormente el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro. Lo que no ha dejado claro es el nuevo calendario que manejan. “Nuestra ambición es que esto se pueda resolver cuando sea posible”, ha respondido a la pregunta de si pretenden volver a introducirlo en el orden del día del próximo Consejo de Asuntos Generales, previsto para el 24 de junio.

No está claro que para esa fecha se puedan reconducir las reticencias que varios países llevan expresando dos años y que pasan por resolver las dudas legales y por que la Comisión Europea elabore un informe económico más ambicioso que el que por ahora ha presentado y que es preliminar en base al ejemplo del gaélico. Y ahí entra en juego la capacidad de convicción que tenga España para conseguir un triunfo que el resto de países se apuntarán en el debe por hacer una concesión que todo el mundo en la UE sabe que obedece a la política doméstica.

El Gobierno asegura que aceleró en las últimas semanas los contactos a múltiples bandas con los socios europeos, que han reconocido “presión” por parte de Madrid para conseguirlo esta vez. Ese esfuerzo le consta a Junts, con quien el PSOE asumió el compromiso de la oficialidad del catalán en Bruselas. Y por eso, aseguran en la Moncloa, no se espera que el intento frustrado de este martes implique ningún tipo de pataleta o penalización política en el Congreso, como ya ocurrió otras veces. 

Junts eleva el poder de influencia de Feijóo

Tras conocerse que tampoco esta vez saldría adelante, los de Puigdemont se cuidaron de no culpar al Ejecutivo de Pedro Sánchez para poner el foco, en cambio, en el PP, que ha reconocido movimientos con países europeos para boicotear la votación. “Señor Feijóo: ¿las leyes están para cumplirlas o eso solo es para los catalanes? Lo digo porque existe una ley orgánica vigente, la del Estatut, que obliga a los gobiernos catalán y español a emprender las acciones necesarias para el reconocimiento de la oficialidad del catalán en la Unión Europea”, reclamó el líder de Junts en sus redes sociales.

La actitud de Junts respecto a la carpeta del catalán en Europa siempre ha sido de guante blanco. Desde que la reivindicación se convirtiera, en agosto de 2023, en un requisito para que los independentistas diesen apoyo a Francina Armengol como presidenta del Congreso, Junts siempre ha evitado criticar los movimientos del Gobierno sobre la oficialidad europea del catalán. 

Carles Puigdemont es consciente de que el reto es mayúsculo y, además, ha visto sinceridad en la forma en la que el ministro José Manuel Albares ha trabajado entre bambalinas para colocar este tema en la abarrotada agenda europea. A finales de 2023, en el primer intento de conseguir la oficialidad, Puigdemont llegó a agradecer su “dedicación” al ministro.

En el caso de este martes, Puigdemont ha optado por no referirse a la labor de los socialistas, sino enfocarse en el PP de Alberto Núñez Feijóo. Después de que los populares reconocieran el lunes que habían puesto en marcha su maquinaria europea para evitar que la oficialidad saliera adelante, el líder de Junts ha acusado directamente a Feijóo de “conspirar con terceros países” para boicotear el catalán, gallego y euskera en la UE.

La salida de Puigdemont contra Feijóo es especialmente dura y avanza que la actitud del PP con el catalán en la UE pone en punto muerto cualquier posible deshielo entre ambos partidos. Pese a todo, PP y Junts sí pueden volver a encontrarse votando circunstancialmente en el mismo sentido en el Congreso, como ya ha pasado en diversas ocasiones. 

Pero el último episodio sobre la oficialidad de la lengua catalana, igual que ocurrió con la amnistía en su día, afianza entre el independentismo una idea: por mucho disgusto que genere en Junts la forma que tiene el PSOE de cumplir los acuerdos, pactos de esa naturaleza solo son posibles con los socialistas y nunca lo serán con el partido de Feijóo.

En ERC, con todo, introducen algún matiz y evita descargar de responsabilidades a los socialistas. Su portavoz Gabriel Rufián ha anunciado que cambiará su pregunta de este miércoles en la sesión de control para interpelar a Albares por la cuestión. “Mañana preguntaré al ministro Albares qué tipo de influencia tiene el Gobierno en Europa, porque esto hace tiempo que colea. Y es bastante triste que partidos de España vayan en contra de su cultura. Nosotros no nos meteremos con Junts ni les diremos fracasados, porque cuando el PSOE incumple, la culpa es solo del PSOE”, dijo Rufián en los pasillos del Congreso. 

También los socialistas han apuntado a Feijóo, a quien la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, reprochó que “ya no le guste el gallego”, en referencia a los movimientos del PP en Europa. No obstante, asumir que esas maniobras han conllevado el bloqueo de la iniciativa supone reconocer un gran poder de influencia del líder de la oposición dentro de su familia política y en el seno de la UE.

“Espero que todos los partidos políticos españoles hablen con los gobiernos de esos siete países que consideran que necesitan más trabajo para sumarse a la unanimidad”, dijo Albares en una entrevista en TV3 en la que respondió que espera que “no haya razones ideológicas” detrás del bloqueo. Los siete países que se han posicionado abiertamente en contra de la iniciativa (Alemania, Finlandia, Austria, Italia, Croacia, República Checa y Suecia) están gobernados por los conservadores, aunque en el caso alemán los socialdemócratas forman parte de la coalición.

El líder de Junts, Carles Puigdemont, no ha dudado en atribuir al PP de Alberto Núñez Feijóo la responsabilidad de que el catalán, el gallego y el euskera no hayan conseguido este martes la oficialidad como lenguas europeas. “¿El PP hace apología de la desobediencia o de la rebelión?”, se ha preguntado, “porque conspirar con terceros países para ir contra los intereses oficiales del Reino de España debe ser de todo menos lealtad”.

El presidente de la formación independentista ha reaccionado así después de que se supiera que se había descartado la ansiada oficialidad, que en el Gobierno de Pedro Sánchez trabajan para cumplir uno de los acuerdos que precisamente firmaron con Junts.

Puigdemont ha evitado por el momento cualquier referencia al Gobierno y se ha focalizado en criticar al PP. “Señor Nunez Feijóo, ¿las leyes están para cumplirlas o eso sólo es para los catalanes? Lo digo porque hay una ley orgánica vigente, la del Estatut, que obliga a los gobiernos catalán y español a emprender las acciones necesarias para el reconocimiento de la oficialidad del catalán en la Unión Europea”, ha escrito en su cuenta de X.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por “obstruir” la adopción del catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales de la Unión Europea. “Lo inhabilita para gobernar España”, ha sentenciado el jefe del Govern sobre el líder de la oposición.

Los países de la Unión Europea han aplazado este martes la votación sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones comunitarias ante la falta de unanimidad entre los Veintisiete por las dudas legales, financieras y políticas, en unas negociaciones marcadas por las maniobras del PP con sus socios europeos para frenar la medida.

La mejora del estatus europeo de las tres lenguas cooficiales españolas es uno de los compromisos que adquirió el PSOE con Junts a cambio de la investidura de Pedro Sánchez en 2023, pero que sigue sin materializarse debido a las dudas de varios países y al desinterés del PP.

En declaraciones a los medios desde Tokio (Japón), donde está de viaje oficial, Illa ha cargado específicamente contra el líder del PP, al que ha acusado de “obstruir” y “trabajar contra la oficialidad” del catalán, el euskera y el gallego, “que también es su lengua”, ha apostillado el president.

Según ha diagnosticado Illa, las maniobras del PP con sus socios europeos, en las que se implicó el propio Feijóo, “dejan bien a las claras la comprensión sobre la pluralidad de España” que tiene el líder de la oposición “y lo inhabilitan para gobernar España y ayudar a construir Europa”.

El president ha agradecido las gestiones del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y ha resaltado la “implicación” de Pedro Sánchez en las negociaciones pese a la suspensión de la votación en el Consejo de Asuntos Generales: “No es una carta que no se haya jugado”. Además, se ha mostrado convencido de que la oficialidad de las lenguas cooficiales españolas en la UE se terminará consiguiendo y ha instado a “perseverar”.

En un comunicado, ERC se ha sumado a las críticas a los de Feijóo. “El PP nunca falla”, han manifestado los republicanos, que también han cargado contra “la responsabilidad” que, a su juicio, ha tenido el Gobierno “que dice defender el catalán y no ha sabido hacer los deberes”.

“Las buenas palabras no sirven de mucho si no van acompañadas de compromiso real, firmeza diplomática y voluntad política para hacer efectiva la oficialidad del catalán en la UE”, ha apostillado ERC.

“El español y el catalán son dos idiomas en Catalunya, y en la docencia, en Catalunya, el catalán y el español se tienen que respetar y, por supuesto, respetar las sentencias reiteradas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”. Así ha respondido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al debate (ya pospuesto) sobre el reconocimiento del catalán como lengua oficial de la Unión Europea. Preguntado expresamente al respecto, “lo primero que tenemos que hacer para volver otra vez al consenso lingüístico es solventar la situación atípica que vive el catalán y el español en Catalunya”. “Es el primer requisito que tenemos que superar”, ha reiterado.

Feijóo ha presentado este martes los 94.501 avales que ha recopilado para postularse como candidato a un segundo mandato al frente del partido. En la posterior rueda de prensa, Feijóo ha intentado explicar por qué su partido no está apoyando en Europa los esfuerzos del Gobierno para que idiomas como el catalán, el gallego o el euskera se conviertan en lenguas oficiales. Una condición de Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

Y su primera respuesta ha sido aludir al “conflicto” por la inmersión lingüísitica en la escuela catalana y que ha llegado al Tribunal Supremo.

Feijóo ha contrapuesto su idea de “cordialidad lingüísitica” a los trabajos del Gobierno para buscar una posición común en la UE. “En Europa, los idiomas oficiales son aquellos que son oficiales en la totalidad de los Estados que conforman la Unión”, ha sostenido.

El líder del PP alude así a otros idiomas de países que, ha dicho, podrían también exigir una equiparación con el catalán o el gallego. Según Feijóo, más de 40. Un problema añadido para la “simplificación” administrativa “con la que está intentando trabajar en esta nueva legislatura la Unión Europea”, que es “un principio básico”.

Además, el líder del PP ha asegurado que “el informe técnico del Consejo señala que podemos estar ante un supuesto de ilegalidad que conllevaría la necesidad de la reforma de los tratados para dar cabida a idiomas que no son oficiales en la totalidad de los Estados miembros”.

Feijóo ha encontrado un impedimento más para apoyar que los idiomas diferentes del castellano que se hablan en España sean reconocidos: el coste eocnómico. “Eso sin contar que he leído por ahí”, ha dicho, “que estamos hablando de entre 130 y 140 millones de euros todos los años de dinero público”. El líder del PP ha añadido: “No conozco la memoria económica, pero ustedes lo han publicado”.

94.501 avales para un congreso sin hablar de Vox ni de Junts

La rueda de prensa se ha producido después de que Feijóo haya presentado 94.501 avales de militantes para optar a un segundo mandato al frente del primer partido de la oposición. “Cada firma es un acto de confianza”, ha dicho en la madrileña calle de Génova. “No me presento con un mero trámite”, ha dicho, pese a que nadie más ha reunido de momento las firmas necesarias. Hoy se acaba el plazo para presentarse al congreso del próximo mes de julio.

“Me presento para ganar la presidencia del PP y las responsabilidades que conlleva”, ha dicho, y “como paso previo a obtener la confianza de la mayoría de los españoles”. Feijóo ha asegurado que quiere convertir al PP en el “partido del cambio”. “Nos quedamos a un paso”, ha dicho sobre su investidura fallida en 2023. “No nos vamos a conformar con obtener el paso que nos falta. Quiero que se me exija más que a nadie”, ha concluido.

Feijóo no ha dado ninguna pista sobre por dónde irá la ponencia de estatutos que debe recoger el nuevo sistema de elección interna de presidentes que sustituirá a las actuales primarias.

Algo más ha hablado sobre la ponencia ideológica. Por ejemplo, que no tratará de las relaciones del PP con otros partidos, por ejemplo con Vox. Pero tampoco de Junts o del PNV, dos partidos a los que hubiera necesitado en 2023 para ser elegido presidente del Gobierno. Los dos rechazaron su candidatura.

Feijóo ha reiterado que uno de los principales elementos que recogerá la ponencia política es la gestión de la migración. Entre otras medidas, ha dicho que “quien venga a aportar será un ciudadano con derechos y obligaciones” y que “quien no cumpla con nuestras normas y con nuestros valores tendrá que irse por donde ha venido”.

La Unión Europea aplaza la decisión sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego a la que se comprometió Pedro Sánchez con Carles Puigdemont en el marco de la investidura. Alrededor de una decena de países han emplazado a España retirar la propuesta, que había mantenido para “adopción” en el Consejo de Asuntos Generales, ante las reticencias que tienen respecto a las implicaciones jurídicas y financieras que supondría, según han confirmado fuentes europeas.

“España acepta esa petición de seguir dialogando”, ha dicho la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que ha sido la primera en pronunciarse desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros sobre la reunión que se celebra en Bruselas y en la que el Ejecutivo ha vuelto a constatar que no tiene los apoyos suficientes para sacar adelante la iniciativa. “Se habían conseguido grandes avances estas semanas, hay un número amplio de estados dispuestos a apoyar, pero otros países nos han pedido más tiempo, más información”, ha señalado Alegría, informa José Enrique Monrosi.

La presidencia del Consejo de la UE, que ostenta de forma rotatoria Polonia, ha decidido posponer la votación (por ahora sin fecha) al evidenciarse que no iba a salir adelante por las dudas que han manifestado cerca de una decena de países. También los servicios jurídicos de la institución han puesto pegas a la adopción de esa propuesta al considerar que el cambio del reglamento para ampliar el catálogo de lenguas oficiales (que actualmente son 24) requiere una modificación de Tratado de funcionamiento de la UE.

A nadie se le escapa en la UE que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego responde a razones exclusivamente de política nacional y que su aprobación puede facilitar el camino de la legislatura a Sánchez en su relación con Junts en un momento clave ante la falta continuada de presupuestos. El Gobierno decidió introducirlo en el orden del día del Consejo de Asuntos Generales de este martes, pese a no tener los apoyos amarrados -se necesita la unanimidad-, y ha elevado el nivel de “presión” sobre los socios europeos en las últimas semanas. También el PP de Alberto Núñez Feijóo ha maniobrado, pero en la dirección opuesta. 

Posponer la decisión para no matarla

“Espero que no tengamos que votar hoy”. El ministro de Finlandia, Joakim Strand, ha sido el primero en echar un jarro de agua fría a su llegada a la reunión del Consejo de Asuntos Generales. Después han ido cayendo en cascada otros ministros, que han expresado dudas sobre la idoneidad de abordar definitivamente el asunto este martes ante las dudas legales que aún tienen, en línea con el informe contrario de los servicios jurídicos del Consejo de la UE. Mantener la votación habría supuesto matar definitivamente el asunto, que requiere del consenso de todos los estados miembros.

El ministro del Gobierno conservador finlandés se ha referido precisamente a esas “preocupaciones” esgrimidas por los técnicos comunitarios sobre las “implicaciones legales y financieras” de la medida. “Tenemos que tomárnoslas en serio”, ha dicho antes de reiterar que el tema “no está maduro”.

El finlandés ha sido el más claro en su oposición a sacar adelante la medida ya, pero varios ministros han reconocido posteriormente sus dudas o reticencias sobre la inclusión de esas tres lenguas en el catálogo de idiomas oficiales de la UE, que pasarían de 24 a 27.

Dudas de una decena de países y ocho a favor

Austria le ha trasladado al secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, que hay “cuestiones abiertas” sobre la iniciativa. Durante el debate a puerta cerrada, que ha durado en torno a una hora, también se han posicionado abiertamente en contra de adoptar ahora la propuesta Alemania, Italia, Croacia, República Checa y Suecia. “Trabajemos juntos con los españoles para encontrar una solución”, ha dicho el ministro francés, Jean-Noël Barrot, consciente de la importancia para “los amigos españoles”.

Por el contrario, Dinamarca, Portugal, Hungría, Bélgica, Chipre, Irlanda, Rumanía y Eslovenia se han posicionado a favor. España considera que una veintena de países estaban dispuestos a “avanzar” porque cuenta a los que abiertamente han apoyado la iniciativa y a los “silenciosos”.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha tratado de restar importancia al revés. “El camino es irreversible”, ha dicho el jefe de la diplomacia española, que ha asegurado que este mismo martes hablará con sus homólogos de los siete países que abiertamente se han pronunciado en contra (Finlandia, Alemania, Italia, Croacia, República Checa, Austria y Suecia). 

“No entiendo por qué habría que esperar mucho más tiempo”, ha dicho en una entrevista en TV3 sobre las dudas legales y financieras que han expresado un puñado de estados miembros. De hecho, ha asegurado que el informe contrario de los servicios jurídicos del Consejo de la UE representa sólo una “opinión” y ha emplazado a quienes tengan dudas sobre la legalidad de la medida a recabar la posición del Tribunal de Justicia de la UE para que se pronuncie. Respecto a las financieras, ha recordado que España se ha comprometido a correr con los gastos derivados de la oficialidad. 

A nivel político, dado que la oficialidad era un compromiso de legislatura de Sánchez con Junts, Albares ha dicho que no es una “zancadilla” y ha asegurado que el asunto está hoy “más cerca”, pese al revés de la UE este martes. También ha lanzado un dardo al PP, que ha maniobrado con los gobiernos de su familia política para bloquear la iniciativa y ha emplazado al principal partido de la oposición a remar a favor de esa propuesta con los siete gobiernos que abiertamente se han opuesto (todos de la familia conservadora) bajo la premisa de que es un asunto de “identidad nacional”. 

El último documento circulado por España planteaba una implementación parcial de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego desde 2027 a través de una derogación que haría que sólo se traduzcan los textos de los reglamentos (en torno al 3% del total) y dejar para más adelante el total. También establecía condiciones para limitar la ampliación del catálogo de lenguas oficiales al catalán, el euskera y el gallego ante el temor a que se abriera la espita en otros países con el corso y el bretón (Francia), el turco (Chipre) o el ruso (países bálticos).

Los argumentos de España es que para lograr la oficialidad en la UE deben tener ese estatus en el país desde que se redactó la correspondiente Constitución, que tengan ese estatus en los parlamentos nacionales, que tengan acuerdos administrativos previos con las instituciones europeas, etc. Unos requisitos que sólo cumplen esos tres idiomas. Sin embargo, persisten las dudas y el compromiso de Sánchez con Junts permanece abierto.

El PP lleva días moviendo todos sus contactos europeos para tratar de evitar que las lenguas catalana, gallega y vasca sean reconocidas como lenguas oficiales europeas en el Consejo de la UE del próximo martes. La noticia fue adelantada el pasado sábado por el diario ABC y ha sido confirmada este lunes por Santi Rodríguez, secretario general del PP catalán, que ha justificado el esfuerzo de su partido porque “si las llamadas existen, evidentemente, es porque existen otras en sentido contrario”.

Según el argumento que esgrime el PP catalán, cuando el Gobierno reclama la oficialidad de estos idiomas en el seno de la Unión Europea está haciendo “uso político” de la lengua, algo que Rodríguez ha dicho que nunca ha apoyado. “Quien actúa por un interés político debe asumir que los demás hagan lo mismo”, ha asegurado el dirigente del PP, que además ha considerado que la oficialidad “no es trascendental” para mejorar el uso social del catalán.

Por su parte, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha reclamado este lunes al Gobierno que “no se presione a los socios europeos” para conseguir la oficialidad del catalán y otros idiomas distintos al castellano que se hablan en España. Sobre la votación, Sémper no ha querido expresar la opinión del PP: “A Pedro Sánchez no le interesa el catalán, no le interesa en absoluto. Lo que le interesa es sobrevivir él e intentar contentar al independentismo. Y mañana ya veremos. Y esta es nuestra posición”.

“El PP quiere más las lenguas oficiales que Pedro Sánchez, porque nosotros no las utilizamos políticamente y no las manoseamos”, ha dicho en una rueda de prensa. “Nuestra política internacional es mucho más seria y mucho más rigurosa de cómo lo hacen Pedro Sánchez. Queremos que exista también un respeto a la legalidad en la UE”. Según Sémper, es “el mayor ataque que le está haciendo al catalán es el que está haciendo Pedro Sánchez, generando una incertidumbre y un debate innecesario”.

El catalán, gallego y euskera se juegan este martes su reconocimiento como lenguas oficiales de la Unión Europea, en un Consejo en el que España ha vuelto a proponerlo. Esta vez España propone con una fórmula de oficialidad rebajada, similar a la que se utilizó para oficializar el irlandés o gaélico, y que supondría una adopción por fases y que España asuma inicialmente buena parte de los gastos que conlleve.

El Gobierno mantiene esta batalla en el seno de la Unión Europea debido a la exigencia de Junts, que condicionó la presidencia del Congreso de los Diputados al impulso de esta causa. Aunque a finales de 2023 España ya lo intentó llevar, entonces encontró la reticencia de varios países, lo que llevó a Exteriores a retirar la cuestión del orden del día. Ahora, en cambio, el esfuerzo diplomático ha sido mayor y algunos de los países que inicialmente hubieran vetado la cuestión estarían replanteándose su posición. Se requiere que no haya ni un solo no entre los 27 para que la cuestión salga adelante.

Según relató ABC, el PP se ha movilizado con toda su agenda europea para evitar que la oficialidad salga adelante. No solo con la delegación en Bruselas, encabezada por Dolors Montserrat y Esteban González Pons –ambos políticos, por cierto, hablan catalán–, sino también se ha involucrado el propio Feijóo –hablante del gallego, con llamadas directas a los gabinetes que su partido controla en Europa.

Rueda dice que el gallego “no es una prioridad”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cree que los fondos que serían necesarios para usar el gallego como lengua oficial en la Unión Europea estarían mejor empleados en otros destinos: “Se me ocurre que hay prioridades mucho mayores”. De hecho, ha cargado contra el Gobierno por la iniciativa. Considera, en línea con el argumentario del PP estatal, que la motivación no es una preocupación por la difusión de las lenguas, sino que responde a un interés de Pedro Sánchez “por estar un día más en La Moncloa”. También criticó que la Xunta no ha sido consultada en el proceso. En cualquier caso, señaló, el gallego ya se puede usar en el Comité de las Regiones.

Deambula entre dialectos y acentos, es un apasionado de las letras y considera que nada es más poderoso que la comunicación para cambiar sociedades que se derrumban. Para Mario Obrero (Getafe, 2003), cada lengua es un cuerpo vivo al que acercarse “dando patadones”, una comunidad de voces cuyas huellas conforman lo que él considera un bosque de idiomas.

En su nueva obra, Con e de curcuspín (Anagrama, 2025), el poeta invita a los lectores a encontrar raíces comunes en la belleza de las lenguas, soñando así con un país donde cada voz, por minúscula que parezca, cobre el mismo valor y la misma fuerza liberadora. El autor rescata testimonios de invisibilización lingüística —desde el asturiano hasta el aragonés, el aranés o el extremeño— y celebra la poesía como arma de resistencia contra el olvido impuesto por los discursos de poder.

Mario Obrero muestra que los erizos normativos son escasos frente a los pines asturianos, sardos, euskaldunes o bereberes que pueblan nuestro territorio lingüístico. Cada curcuspín encarna una de esas púas: voces que se cierran para resistir al olvido y que al mismo tiempo se expanden para construir nuevos universos de palabras. Para el poeta, “las minorías en su conjunto son mayorías universales”, lo que hace que, en un mundo tan arrasado de erizos, buscar el curcuspín se haya convertido en una necesidad.

Hace alusión a estos versos de la poeta Maria-Mercè Marçal: “És perquè et sé germana que puc dir-te estrangera / És perquè et sé estrangera que puc dir-te germana [Es porque te sé hermana que puedo llamarte extranjera / Es porque te sé extranjera que puedo llamarte hermana]”. Con ellos se puede resumir toda la obra.

Ella le daba la vuelta a la idea de la clase, a la idea del género, y llegaba a escribir que al azar le agradecía tres dones: el ser mujer, ser de clase obrera y haber nacido en una nación oprimida. Ante estas tres consignas, uno percibe las posibilidades que hay de revertir los discursos que parecen que nos afectan o que nos achican, cuando en verdad son cosas que nos agrandan. El pensamiento de entender lo extranjero, lo foráneo, siempre como algo asombroso y no algo que violenta o que de miedo, es a la vez un ejercicio muy poético, algo que va en contra de las dinámicas de poder. Todo lo que circunda el lenguaje sirve para hablar de lo humano y, en tanto que humano, entender que lo que viene de fuera y no es propio te puede alumbrar más que violentar.

Escribe que renunciar a la “lengua otra” es una “deforestación” que acaba anulando a la “persona otra”. ¿Qué se hace para hacer frente a ello?

Precisamente la escucha. Muchas veces nos damos de bruces desde Madrid con buscar soluciones o con buscar ideas pioneras renovadoras. Tal vez habría que escuchar y dejar un poco en paz a territorios que han tenido lenguas propias durante siglos, que han vivido homogeneizaciones lingüísticas, procesos de dictaduras y represiones institucionales hasta el día de hoy y que, sin embargo, siguen encendiendo la mecha del idioma y de la lengua. Se puede acudir al hecho de la diversidad lingüística desde un lugar mucho más lúdico que pasa por la escucha, el respeto y el interés. Cuando nos enfrentamos a un territorio bilingüe, no hay hablante que te pida que sepas el subjuntivo en euskera. Lo que se te está pidiendo, si acaso, es dejar a lo que existe tener su nombre e incluso, por qué no, compartirlo desde la celebración. Sumarte a él y cambiar tu 'hola' por un 'kaixo'.

Declara que el valor de las palabras y el significado que estas tienen para la sociedad depende de la ideología y desde la imposición de ciertas élites. ¿Por qué es tan necesario recalcarlo?

Porque el discurso dominante muchas veces se disfraza de neutralidad. Walter Benjamin decía que el mayor botín de los amos eran las palabras. Y esto es algo que sabemos tanto las escritoras, como la clase obrera, como los poderosos. Que la palabra libertad esté hoy en manos de Ayuso es ser muy conscientes de este privilegio, de que escribir los diccionarios determina escribir la historia y escribir lo que somos capaces o no de hacer como ciudadanía. Estas luchas, que parece que solo importan a quienes enuncian la tensión que hay con respecto al lenguaje, nos circundan y nos tocan a todas.

En febrero de 2025, el Gobierno de Mazón, con Vox, promovió en la Comunidad Valenciana una consulta para decidir si el valenciano debía seguir siendo asignatura obligatoria en la escuela. ¿Cómo afecta a la convivencia lingüística?

Es muy peligroso dar la idea de falsa democracia a lo que es una diatriba entre ignorancia y conocimiento que en el País Valencià, que es una zona con territorios mixtos y de habla castellana, se prescinda del uso del valenciano. Es una mentira que se queda con las patas muy cortas, tan cortas como que Mazón saque esta misma votación cuando tiene más de 200 muertos sobre la mesa y una gestión nefasta de una catástrofe como la DANA. Demuestra otro argumentario más que da cuenta de la importancia del tema lingüístico para la derecha y para la izquierda. Aquellos que siempre dicen que la lengua no importa, que lo importante son otras cosas, son los que en estos momentos actuales, en vez de gestionar la muerte de 200 valencianas y de las familias víctimas, se dedican a colar votaciones a pesar de que las acaban perdiendo.

En la obra denuncia que a cualquier joven se le hará creer que las lenguas minorizadas no tienen nada que ver con él. ¿Considera que este es un problema con el que están creciendo los jóvenes?

La gente me dice: “¡Qué anómalo que, como getafense joven, tengas tanto interés por la lengua!”. Lo anómalo debería ser que el 25% de la población gallega de mi edad no tenga las herramientas lingüísticas para hablar galego. Lo verdaderamente extraordinario no es que alguien se interese por la diversidad lingüística, sino que esta haya sido extirpada sistemáticamente de nuestros sistemas educativos, de nuestros currículos e incluso de nuestra realidad como país. Hay un vacío constitutivo de lo que es la españolidad que demuestra, además, que el españolismo como identidad nacional no solo afecta a los territorios periféricos y a las naciones históricas, sino que también acaba por coartarnos y limitarnos a los propios españoles. Si verdaderamente creen en la unidad nacional de España, que metan euskera en las aulas.

Así se llega a la baza de la utilidad, uno de los tantos argumentos con los que se trata de atacar estas lenguas.

Desgraciadamente, la base de la utilidad va siempre de la mano del parámetro de la comprensión. Lo útil en las lenguas es aquella reivindicación que ya hacía Virginia Woolf en el siglo XX: igual que la habitación propia, la lengua propia es un espacio donde uno se puede comunicar con el mundo, pero a través de una pertenencia a las palabras, de un arraigo a ellas, de una vocación de haber acudido a ese lugar donde nadie te ha empujado. Cuando a una lengua se llega con la conciencia y en favor de la belleza, y no por la imposición o por la inercia, hay una utilidad absoluta, que es la de ser un ciudadano situado en un lugar del mundo, decidiendo también las palabras con las que se expresa en ese mismo lugar del mundo.

¿Cuán peligrosa es el arma que supone la imposición del olvido en nuestra sociedad?

Se puede conectar el argumentario que se arroja sobre la memoria histórica, al que acompaña a la situación lingüística de un país. Esta conexión nos la muestra el poder, nos la ha mostrado la historiografía, y el franquismo se encargó de reivindicarla y recalcarla con mucho dolor mediante. Ese olvido se demuestra como transversal y nos ayuda a abrir el prisma y entender que la disquisición entre olvido y memoria no solo tiene que ver con algo tan básico como cumplir los derechos humanos a través de la exhumación de fosas, sino que también está en muchos otros lugares de nuestra reflexión colectiva, en muchas otras partes de nuestra identidad como ciudadanos.

En la obra trata el valenciano y afirma que quien actualmente lo defiende y normaliza es porque toma, como escribe la poeta Teresa Pascual, “la decisió d’estar, la d’ocupar / encara alguns dels llocs de la memòria [la decisión de estar, la de ocupar / todavía algunos lugares de la memoria]”.

Es importante recalcarlo porque el actual presidente de la Generalitat ha hablado valenciano solo en una ocasión durante toda su legislatura, siendo un cargo y figura pública del que se espera representar al total de la población del País Valencià que ha elegido, a través de unas elecciones, que sea él la representación de la soberanía pública popular bilingüe. Cuando ves que desde los poderes hay tantas reticencias, te das cuenta de que son muchas las trabas que todavía se les sigue poniendo desde el discurso sociológico al uso de la lengua, a la diversidad lingüística en general. Y es muy difícil recomponerse de dolores atávicos que vienen, por supuesto, del franquismo, pero también de la democracia.

¿Cómo conjugar la militancia por las lenguas minorizadas con la libertad creativa de un hablante externo?

Es una experiencia que muchísimas hablantes viven en primera línea, que es, por ejemplo, la de pedir constantemente el café con leite y que el café solo pueda ser con leche. Sé que es un lugar de privilegio por mi parte, porque atenerse a esa violencia diaria al salir a la calle en tu propio territorio puede llevar muy legítimamente a posturas más pesimistas o enconadas con una realidad contra la que se chocan de bruces. Desde mi privilegio, que es el de no padecer esta violencia con el cuerpo, hay una responsabilidad consecuente de poder hablar desde el lugar que las lenguas guardan para mí, que es el de la celebración y la absoluta libertad poética como escritor.

Dice que la comunicación “permite generar flecos sombríos donde se titubea, por tanto se late y se ama”. ¿Dónde radica la magia de la comunicación? 

La gran capacidad que tiene la poética, decía Chantal Maillard, es la de potabilizar el agua contaminada. El ejercicio literario no es solo liberador para la autora que propone otros mundos posibles, sino para la lectora que los recoge y que, gracias a la extrañeza de esa escritura y de esa voz que no es la suya, es capaz de inmiscuirse en un paraje donde la imaginación y la conciencia sirven para construir otras realidades y otras narrativas. Llevado a la lengua, el no conocer y el no poseer el català, el euskera o el asturiano es lo que nos permite encontrar en el champán de los charcos asturianos una bebida o intuir en la aperta, el abrazo gallego, una apertura y una forma de amar diferente. Machado en el 38 decía que concebía al catalán como un espejo borroso que permitía ver partes de él, pero no en su totalidad. Con esa misma extrañeza, con ese mismo interés, nos podemos acercar al idioma. A la lengua que, no siendo nuestra, habla siempre de nosotras.

La suya era la única candidatura presentada y no hubo sorpresas. El sociolingüista Henrique Monteagudo (Muros, 1959) asumirá la presidencia de la Real Academia Galega. Monteagudo, que hasta ahora había ejercido como secretario y vicesecretario de la institución, sucederá en el cargo a Víctor Freixanes, escritor y periodista, cuya presidencia agotó los ocho años permitidos por los estatutos.

El sociolingüista y catedrático de la Universidade de Santiago de Compostela se ha mostrado extremadamente crítica con la política lingüística que, sobre el gallego, han desplegado los sucesivos gobiernos del Partido Popular en la comunidad. Todavía el pasado diciembre firmaba, junto a Xaquín Loredo y Gabriel Vázquez-Grandío, un pormenorizado informe sobre la encuesta del Instituto Galego de Estatística que reveló la brutal caída de las competencias del gallego entre los niños de 5 a 14 años: uno de cada tres no saben hablarlo. Su análisis concluía que, por primera vez, el gallego perdía la condición de lengua más hablada en Galicia y acusaba a la Xunta de Galicia de “llevarla al borde del colapso”.

Henrique Monteagudo ingresó en la Real Academia Galega -una institución fundada en 1906- en 2012 con un discurso sobre “el sentido de la normalización lingüística”. Ha investigado y editado la obra de Castelao en libros como Ideas e debates sobre a lingua: Alfonso D. Rodríguez Castelao e a tradición galeguista (1995), Castelao: defensa e ilustración da lingua galega (2000) o Alfonso R. Castelao: a forxa dun mito (2021). Pero son tal vez sus trabajos sobre la lengua gallega y su historia los que han tenido mayor repercusión, en especial Historia social da lingua galega (1999) y O idioma galego baixo o franquismo (2021).

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, se ha reunido este martes con miembros de las comisiones de renovación del Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, cuyo documento de referencia espera que esté finalizado en noviembre de este año. El mencionado plan lo aprobó por unanimidad el Parlamento de Galicia en 2005 y fue el PP de Feijóo el que rompió unilateralmente el acuerdo e impulsó en 2011 el primer retroceso de la enseñanza del gallego en la historia de la autonomía. En declaraciones a los medios antes de presidir la reunión, López Campos explicó que este encuentro se enmarca en el objetivo marcado por el departamento de hacer jornadas de trabajo cada dos meses “para poner en común todo el proceso que se está llevando a cabo”.

“Es importante mantener esas instancias de coordinación y yo creo que hoy se debe agradecer enormemente el trabajo que se está haciendo. Cuando acabemos este mes de abril serán más de 100 las entidades consultadas en el proceso de participación social”, avanzó. Sobre esto, insistió en que “de nada vale que exista un acuerdo político si no existe uno social”. Y en este caso, señaló, “la mejor manera de llegar a ese acuerdo es con un proceso de escucha de todas las entidades que tienen cierta relevancia en el ámbito de la lengua”. El objetivo, continuó, “es continuar ensanchando la base social de la lengua”. Multitudinarias manifestaciones, la última este 23 de febrero, han reclamado un cambio de rumbo en la política de la Xunta hacia el gallego.

López Campos incidió en que las competencias de los más jóvenes “están más que demostradas”. Lo cierto es que la última encuesta del Instituto Galego de Estatística (IGE), organismo del Gobierno gallego, reveló que uno de cada tres niños de entre 5 y 14 años no sabe hablar gallego, el doble de los que había cuando, en 2009, el PP de Alberto Núñez Feijóo llegó a la Xunta. Instituciones y asociaciones de defensa del gallego encendieron las alarmas. La propia Real Academia Galega acusó al Ejecutivo de llevar la lengua al borde del colapso. Los resultados del IGE no gustaron al Gobierno gallego, hasta el punto de que encargó un nuevo sondeo a una empresa privada que los contradijo los datos. El conselleiro sí admitió este martes, no obstante, que hay que mejorar los usos y competencias sociales. “Y para ello la mejor herramienta que podemos tener a nuestra disposición es el plan general porque establece todas las políticas que tenemos que poner en marcha en los próximos años, pero también exige los recursos necesarios para implementarlas”, defendió.

López Campos considera que el equipo de más de 130 profesionales -diez grupos coordinados por el académico Manuel González- que trabaja en la modificación del Plan de Normalización “será capaz de conseguir una estrategia, un documento y, sobre todo, un compromiso por parte de toda la sociedad, de las instituciones, para que el gallego siga teniendo un uso social cada vez más relevante e importante; es un tema de prestigio”. El titular de Cultura aspira a contar con el documento en el mes de noviembre, cumpliendo así el compromiso de conseguirlo antes de que acabe 2025, para “poder arrancar 2026 con un proceso nuevo de negociación política para conseguir ese esperado, ansiado y demandado acuerdo”. El BNG y el Partido Socialista han denunciado durante años la situación del gallego y ahora critican a la Xunta por sus retrasos e inconcreciones a la hora de actuar. El PP los tilda de catastrofistas, pese a que la gran mayoría de expertos coincide con las alertas de la oposición.