Conama y la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) han publicado el informe “El camino hacia una nueva cultura de la gobernanza del agua” que toma el pulso al estado de las políticas hídricas en España y apunta a cómo mejorar la gobernanza de este recurso vital ante riesgos como el cambio climático y la contaminación.

Este documento surge como resultado de los análisis y trabajos realizados durante más de dos años en el Comité Técnico de Conama sobre Gobernanza del Agua formado por numerosos expertos. Para realizarlo, sus autores, Gari Villa-Landa Sokolova, responsable de Asuntos Internacionales de AEAS, y Eduardo Perero, director técnico adjunto de Conama, han utilizado los Principios de la Gobernanza del Agua de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y su Marco de Indicadores de Gobernanza, para evaluar el sistema de gobernanza del agua en España.C

on ello, se han identificado varios aspectos esenciales a mejorar en el ámbito de la gobernanza del agua, entendida como el conjunto de reglas prácticas y procesos entre todos los actores implicados para la toma e implementación de decisiones relacionadas con el agua.    

Políticas del agua más transversales, coherentes y coordinadas

Tal y como se expresa en el informe, el agua debe estar cada vez más presente en las distintas políticas sectoriales (agrarias, cambio climático, energía, etc.) por lo que se hace necesario mejorar tanto los mecanismos de cooperación y colaboración entre las entidades implicadas, como impulsar un marco regulatorio sólido que promueva, no solo la aplicación de la normativa con criterios de calidad y eficiencia, sino también el logro de los objetivos regulatorios, protegiendo el interés público.

Asimismo, es esencial establecer un sistema que permita monitorear y evaluar la efectividad de las políticas y la gobernanza del agua. En este punto, a pesar del incremento del nivel de transparencia e integridad, es clave aportar por su normalización, especialmente, en la información presupuestaria sobre el uso y coste del agua y las necesidades de inversión en el sector.

En el documento también se ha identificado un margen de mejora en la recolección y difusión de la información en el sector, un elemento clave para la gobernanza del agua. Por ello, se propone el desarrollo de un sistema centralizado y armonizado que integre la información de las confederaciones hidrográficas y que impulse la integración y cooperación entre los agentes para una adecuada toma de decisiones.

En relación con el abastecimiento del agua y saneamiento, los autores apuntan al desarrollo de un único sistema de información y en hacer más accesible los datos a la ciudadanía para mejorar su conocimiento.   

Recuperación de costes y ente regulador 

Una de las cuestiones más señaladas por el sector es la necesidad de aplicar el principio de la recuperación de costes de la Directiva Marco del Agua. Esto permitiría, por un lado, generar ingresos para hacer frente a los gastos e inversiones en la gestión del agua y, por el otro, fomentar la eficiencia del uso del agua de una forma sostenible y resiliente. 

Para conseguirlo, se sugiere que los diferentes instrumentos existentes se adecúen mejor a dicho principio y que se generen nuevas herramientas para completar la recuperación de costes. Un ejemplo de ellas sería la puesta en marcha de un canon relativo a la contaminación por nitratos, a los pesticidas de origen agrario, o una tasa sobre las aguas subterráneas.

Otra propuesta es la creación de un ente regulador independiente de los servicios urbanos del agua que armonice el sistema para definir las tarifas, los niveles de prestación de los servicios, mejore la transparencia e integre la participación e implicación de la ciudadanía. 

Innovación en la gobernanza

El informe, además, propone apostar por la experimentación o proyectos piloto de gobernanza innovadora. La innovación en el sector del agua está muy limitada a la tecnología y se considera necesario facilitar nuevas formas de administración y gestión, que permitan generar nuevas soluciones a una realidad más compleja. Por último, en el documento se analizan otras cuestiones como la mejora de la participación, de la equidad respecto a los recursos hídricos en España, así como la incorporación de nuevos perfiles profesionales al sector del agua.

La Fundación Conama ha publicado el informe “Gestión de residuos. La opinión de los técnicos” que recoge la percepción de los municipios sobre los objetivos del proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados para la economía circular, que se encuentra en estos momentos en tramitación en el Senado. 

Este estudio analiza los resultados de un sondeo realizado por el comité técnico “Experiencias sobre la recogida selectiva de residuos” de Conama en el que han participado 220 municipios españoles. En el documento, que refleja por primera vez la opinión de los técnicos, se hace un recorrido por las diferentes etapas de la gestión de los residuos municipales y pone en evidencia la brecha entre los objetivos planteados por la normativa y los medios de las localidades.

En el ámbito de la planificación, el informe revela que solo el 19% de los municipios encuestados tiene un plan de prevención, el 25% un plan de gestión integral y el 5% un plan municipal de economía circular. También destaca el apoyo de los municipios a establecer una tasa municipal específica de residuos que cubra el coste real de las operaciones, con un 93% de los encuestados a favor. A nivel práctico, el 48% manifiesta tener una tasa, aunque esta no cubre todos los costes.

Residuos orgánicos: los más difíciles de tratar para el 60% de los municipios   

En cuanto a la recogida y tratamiento, un 60% de los municipios encuestados consideran los residuos orgánicos o biorresiduos como los más difíciles de tratar. La nueva ley establece que se deberá poner en marcha una recogida separada de estos residuos antes de junio de 2022 para las localidades con más de 5.000 habitantes y antes de diciembre de 2023 para el resto. Sin embargo, un 45% de las localidades participantes opina que no lo conseguirá antes de junio de 2022 y el 34%, antes de finales de 2023. 

Además, la normativa obligará a implantar nuevas recogidas separadas y tratamiento de los residuos textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos (muebles, enseres, colchones, ...) antes de 2025. Según apunta el estudio, tan solo un 30 y 40% de los municipios, en función del tipo de residuo, ven alcanzable esta meta. 

En la etapa de la prevención, el estudio destaca la reducción del peso de los residuos como otro de los objetivos de la nueva ley. Un 60% de los municipios creen que no se alcanzará en 2020 y solo se reduce a un 31% en 2030. Por el contrario, la creencia de que se cumplirán solo sube del 16 al 33% en 2030.

El 80% de los municipios necesitan más medios

Para superar estos objetivos, la mayor parte de los municipios encuestados considera que se requiere más medios humanos (80%) para planificar, implantar y gestionar; medios materiales como contenedores, vehículos etc. (79%); formación y capacitación (66%) y la mejora de sus puntos limpios (52%).

En las conclusiones del estudio, también se recogen propuestas como crear nuevos sistemas de responsabilidad ampliada del productor, es decir, un mecanismo en financiado por los propios productores de este tipo de residuos que se encargue de su recogida y tratamiento; incrementar la financiación a través de ayudas y apostar por una colaboración más estrecha entre administraciones.

Ya han arrancado los preparativos para la celebración de Conama 2022, el mayor encuentro ambiental del país. Tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2022, y en este ocasión, la organización ha abierto un formulario para enviar propuestas hasta el próximo 12 de enero.

El año que viene, este Congreso Nacional de Medio Ambiente conemora además su 30º aniversario. Como en cada edición, quiere que sea un evento participativo, incluida esta fase inicial en la que buscan identificar los temas que más interesan al sector ambiental.

Por ello, han abierto este formulario al que se peuden hacer llegar sugerencias y temas. Además, Conama comenzará una consulta en redes sociales (#IdeasConama2022) para recoger propuestas de todos los profesionales y ciudadanos que lo deseen. 

El Congreso Nacional del Medio Ambiente es el mayor encuentro del sector ambiental en España y lleva celebrándose cada dos años desde 1992, con el objetivo de promover la reflexión y anticipación de temas importantes, influir en la agenda política, realizar propuestas desde la colaboración entre agentes y dar visibilidad a aquellos proyectos de referencia que puedan ser replicados, aumentando su impacto. En torno a cada edición del Conama se activa la comunidad de especialistas que le dan forma y que contribuye a fortalecer un sector esencial para el desarrollo del país.

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha inaugurado en el IFEMA, Madrid, la Sala Dinámica de Castilla-La Mancha en la que el Gobierno de la región ha dado cuenta de las políticas medioambientales que está implantando en la región, en la XV Edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente (Conama). Ha sido en este contexto en el que el titular de Desarrollo Sostenible ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con el medio ambiente y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y ha adelantado la aprobación en este mes de junio de la Estrategia regional de Agenda 2030 en Consejo de Gobierno.

En este sentido, Escudero ha recordado que el presidente García-Page no dudo al inicio de esta legislatura en crear una dirección general de Agenda 2030 y Consumo para “poner así en valor esta herramienta transversal que es la Agenda 2030, aprobada en 2015 por Naciones Unidas”.

Escudero ha dicho que el desarrollo de la misma “ya nos está dando importantes resultados”, tal y como se ha podido comprobar en las ponencias que se han celebrado durante la Sala Dinámica alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible en materia de transición energética, biodiversidad, educación ambiental y economía circular, por citar algunos de los tratados. 

El titular de Desarrollo Sostenible ha afirmado que, en un contexto como el actual, “de crisis climática y sanitaria, la educación ambiental se ha convertido en un elemento fundamental para la concienciación e implicación de la ciudadanía al objeto de poder abordar los retos ambientales que se nos plantean de cara al futuro y hacerlo desde una perspectiva de inclusión y participación ciudadana”, ha subrayado.

Ha dicho que hoy hace justo un año que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó su ‘Estrategia Regional de Educación Ambiental. Horizonte 2030’, un documento que pretende ser “el marco para reorientar la educación ambiental en la Comunidad Autónoma con una perspectiva centrada en los ODS y en las directrices de la educación ambiental para la Sostenibilidad que ha fijado la UNESCO”. Y ha recordado Escudero que actualmente desde el Ejecutivo regional están trabajando en la elaboración y difusión de una Guía de sostenibilidad ambiental dirigida a entidades locales, además, de entre otras acciones, haber suscrito un convenio de colaboración con la UCLM para favorecer la participación y capacitación de la comunidad universitaria en materia de educación ambiental. 

Transición Justa y recuperación de especies en peligro de extinción en la región

 El consejero ha resaltado “dos actuaciones que ejemplifican a la perfección el compromiso de este Gobierno con la conservación de su medio ambiente y la biodiversidad que le rodea”. En estos términos se ha referido al proyecto europeo 'Life Ribermine' con el que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a revitalizar en el Alto Tajo las zonas que en su día fueron afectadas por la antigua mina de caolín de 'Santa Engracia' ubicada en la localidad de Peñalén, “que cuenta con un presupuesto de casi tres millones de euros, y escenifica a la perfección la transición justa que estamos impulsando en antiguas zonas mineras como las de esta comarca guadalajareña, o las que también estamos llevando a cabo en Puertollano”.

Además, ha repasado los datos oficiales que se confirmaban este fin de semana en un informe del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico con los datos de las comunidades autónomas implicadas en proyectos de reintroducción del lince ibérico en la Península Ibérica junto a la vecina Portugal, y que señalaban que según los ejemplares censados en 2020, “por primera vez se habían contabilizado más de 1.100 felinos de esta especie, y el 30 por ciento de los mismos, 327 ejemplares, habitan en las tres zonas de reintroducción estables que tenemos en Castilla-La Mancha”.

Ha concluido afirmando que “estamos haciendo las cosas bien y continuamos en este camino; desde finales de 2020 hemos iniciado una nueva etapa formando parte del proyecto europeo Life ‘Lynx Connect’, aprobado por la Comisión Europea, con un montante de 18,7 millones de euros, y mediante el cual, queremos seguir dando pasos para la recuperación del lince ibérico”.

Ponencias y mesas redondas de Conama

Durante la jornada, en la Sala Dinámica del Gobierno de Castilla-la Mancha en CONAMA se han desarrollado dos ponencias y varias mesas redondas de temáticas donde ha quedado de manifiesto la relación directa de los 17 ODS en los ámbitos de competencia de la Consejería de Desarrollo Sostenible, contando con ponentes de distintas administraciones, regional, local, empresas privadas, entidades asociativas, etcétera.

Así el director general de Agenda 2030 y Consumo, Ramón Lara, ha adelantado las líneas principales de la que será la futura Estrategia regional de Agenda 2030 que como ha adelantado el consejero, será aprobada este mes de junio con la que se pretende visibilizar, sensibilizar y transmitir la importancia del cumplimiento de los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible, en las tres dimensiones que abarcan: social, ambiental y económica. Durante la mesa redonda ‘Los ODS en la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha’ se ha destacado que la ‘Estrategia Regional de Educación Ambiental’ es el marco para reorientar la educación ambiental en la región con una perspectiva centrada en los ODS.

Asimismo, en la mesa centrada en ‘Los ODS en la Economía Circular’, se ha abordado la transformación de puntos limpios a puntos vivos, moderada por la Dirección General de Economía Circular con una exposición de propuestas. El objetivo es apostar por acercar estas instalaciones a la ciudadanía, potenciar su uso y dinamizarlas mejorando su eficiencia y favoreciendo actividades sociales y ambientales. Así, se contará con herramientas de divulgación y también de financiación a través de fondos estructurales para ayudar a las entidades locales en esta transformación dando además cumplimiento al orden de puntos limpios en actual tramitación.

Por su parte, se ha hablado de la apuesta por la transición energética que se está llevando a cabo en la región en la tercera mesa de la Sala Dinámica, bajo el título ‘Energía asequible y no contaminante’, moderada por el director general de Transición Energética, Manuel Guirao. Durante la misma, se ha tratado la declaración del sector energético como prioritario en la Ley de Medidas Urgentes (aprobada hace un año) y la apuesta desde la Administración regional por el fomento de las energías renovables como es el hidrógeno verde, la mejora de la eficiencia energética y con ello la reducción de emisiones gases de efecto invernadero. Actualmente en Castilla-La Mancha hay una potencia total instalada de 7.198 MW procedente de fuentes renovables, la denominada “energía verde” y se encuentra 21 puntos porcentuales por encima de la media nacional.

Durante la ponencia, ‘Los ODS en la biodiversidad y el medio natural: gestión del lince en Castilla-La Mancha’, liderada por la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, se ha expuesto el caso de éxito del trabajo realizado en favor de la conservación y recuperación del lince ibérico a través del programa europeo Life Lynxconnect a través del cual se ha conseguido una población estable de la especie que ha crecido hasta 327 ejemplares en las áreas de reintroducción Montes de Toledo y Sierra Morena.

Finalmente, el viceconsejero de Medio Ambiente, Fernando Marchán, ha clausurado la Jornada haciendo referencia al “trabajo apasionante por delante para alcanzar un desarrollo sostenible de aquí a 2030” y para ello, se contará con los fondos de recuperación de la Unión Europea (Next Generation) que posibilitarán y ayudarán en ese cambio necesario del modelo productivo y conseguir una región más verde, más resiliente y más conectada.

La 15ª edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente, Conama 2020, que se celebra del 31 de mayo al 3 de junio en el Centro de Convenciones Norte/Ifema, tendrá como uno de sus ejes centrales analizar las distintas perspectivas y visiones que se abren para abordar una recuperación en clave ambiental. 

En un momento marcado por la nueva Ley de Cambio Climático, los fondos europeos y el Pacto Verde, Conama 2020 recoge la reflexión y aportaciones del sector ambiental sobre qué modelo de renovables desarrollar para consolidar la transición energética, de qué forma garantizamos esta transición sin dejar a nadie atrás, cómo humanizamos las ciudades para ofrecer a la ciudadanía mayor calidad de vida, o qué pasos debemos dar para que la rehabilitación energética nos ofrezca casas más habitables y saludables.

El Congreso Nacional del Medio Ambiente es el mayor encuentro ambiental del país. Celebrado cada dos años desde 1992, aglutina a una valiosa red de 1.200 especialistas en diversas áreas como energía, cambio climático, biodiversidad, movilidad o economía circular, y se ha posicionado como la vanguardia del conocimiento de las cuestiones ambientales. En esta edición se abordará por primera vez el impacto ambiental y social del comercio electrónico, una tendencia que venía de antes y que la pandemia ha disparado, y se ahondará en aquellas acciones que se apoyan en el comportamiento de los ecosistemas para responder a desafíos como el cambio climático; esta senda, de hecho, ha llevado a Conama a lanzar el primer Observatorio de Soluciones Basadas en la Naturaleza en España. 

“La transformación que se necesita solo podrá hacerse con el conocimiento técnico y científico y la concertación social. Ante el gran reto de la recuperación, esta edición de Conama representa un capital social importantísimo para afrontar una realidad compleja que necesita espacios comunes para consolidar el cambio de modelo”, explica la directora de Fundación Conama, Alicia Torrego.

Conama 2020 debía haberse celebrado el pasado año, pero se pospuso a 2021 debido a la crisis sanitaria generada por la pandemia. Sin embargo, el trabajo colectivo de los expertos que construyen el programa se ha mantenido durante todos estos meses, garantizando con su compromiso una edición que ofrecerá, a través de las sesiones programadas durante cuatro días, la esencia de lo que ahora importa para el sector ambiental: compartir las múltiples formas en las que se puede consolidar una sociedad descarbonizada. 

Las actividades relacionadas con el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), cuya próxima edición se ha aplazado hasta el año 2021, siguen su curso y del 23 al 26 de noviembre la organización realiza los “Encuentros Conama: ¿Qué recuperación queremos?”. El objetivo es visibilizar el relevante trabajo que sigue realizando el sector ambiental ante la situación generada por la pandemia, una tarea importante para dar respuestas a esta crisis en clave ambiental y social.

Durante estos días tienen lugar nueve debates sobre temáticas ambientales en un formato especial: casi 30 expertos conversarán desde un plató de televisión, y que desde Conama retransmitirán a través de su canal de Youtube. “Como queremos que las personas que hacéis posible Conama estéis presentes de alguna forma, aunque esta vez no podamos vernos en persona, introduciremos en estas conversaciones conexiones en directo, vídeos con reflexiones de expertos que nos acompañarán en los debates y alguna otra sorpresa”, señalan desde la organización.

Este martes, 24 de noviembre se celebra el debate “¿Qué recuperación queremos?”, con Andrew Andrew Fanning, Economista ambiental Universidad de Leeds; Joaquín Nieto, Director de la OIT España, y Alicia Torrego, directora de la Fundación Conama. También intervendrán Xavier Labandeira, Catedrático de Economía en la Universidad de Vigo; Sofia Zerbarini, Economista ambiental en Ecoacsa; y Cristina Monge, politóloga y asesora ejecutiva de Ecodes.

En este mismo día, otro encuentro será “¿Cómo cambiamos la forma en la que producimos y consumimos?: Economía circular”, con Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente; Vicente Galván López, director general de Economía Circular de la Comunidad de Madrid; Marta Gómez Palenque, directora de Economía Circular de Castilla-La Mancha; y Belén Ramos, de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Otros debates

El miércoles, 25 de noviembre, uno de los encuentros será “¿Cómo es la ciudad que queremos?”. Participarán Ángela de la Cruz, subdirectora de Políticas Urbanas, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Carlos Verdaguer, arquitecto y urbanista, miembro de la consultoría Gea 21; Dolores Huerta, secretaria técnica de Green Building Council España; y Puy Alonso Martínez, bióloga y paisajista.

En esta misma jornada se abordará también la relación entre el campo y la ciudad, con Ignacio Molina, asesor de la vicepresidencia cuarta para el Reto Demográfico; Jesús Casa,. presidente de Tragsa; Teresa López, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales Fademur; y Asunción Ruiz, directora de la organización conservacionista SEO/BirdLife.

Finalmente, entre los encuentros del jueves, día 26 de noviembre, se encuentra “¿Cómo proteger la salud de las personas en la ciudad?”, con Santiago González Muñoz, Jefe de Servicio del Área de Calidad Sanitaria de las Aguas y Riesgos Ambientales; Lluch Hernández, Jefa de Unidad Técnica de Estudios en Salud Ambiental del Ayuntamiento de Madrid; y Ester Higueras, profesora titular de Urbanismo y Salud en la Universidad Politécnica de Madrid.

Adaptándolo a las circunstancias, ha arrancado la organización del Congreso Nacional de Medio Ambiente (2020), previsto del 23 al 26 de noviembre y que, como es habitual se realizará de forma participativa. Los protagonistas serán los más de 1.000 especialistas de los temas ambientales más relevantes, que se implicarán colaborando en distintos comités, según las temáticas.

En estos grupos se abordarán cuestiones que sirvan para contribuir a que la recuperación del país se lleve a cabo abordando la crisis climática y la protección de los recursos naturales y de las personas.

Dada la actual situación por la pandemia de COVID-19, estos especialistas, que acostumbran a encontrarse entre ellos y con el equipo de Conama, por el momento celebrarán sus reuniones de forma on-line. Durante los próximos meses se irán preparando los trabajos, que se presentarán durante la 15 edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente.

“La vida en el centro de nuestro desarrollo”

“Estaremos orgullosos de situar de nuevo en el centro de la agenda una respuesta ambiental que ponga la vida en el centro de nuestro modelo de desarrollo. Si para entonces no se dan las circunstancias que permitan celebrar Conama 2020 con garantías, se pospondrá la puesta en común de los trabajos y buscaremos nuevas fechas para 2021”, remarcan desde la organización.

De este modo, el proceso de trabajo en red de las más de 400 organizaciones que forman este evento seguirá en marcha, para “contribuir a la construcción de la transición necesaria para responder a los desafíos que tenemos por delante si queremos un futuro viable”.

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias asumirá por primera vez un papel destacado en el próximo Congreso Nacional de Medio Ambiente CONAMA, previsto para finales de noviembre de 2020 en Madrid. Así lo han acordado representantes del Ejecutivo regional y de este evento en una reunión de trabajo mantenida en el marco de la Cumbre del Clima COP25.

Por parte del Ejecutivo regional, participaron en el encuentro el consejero responsable del Área, José Antonio Valbuena; el viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático, Miguel Ángel Pérez; y el director general de Medio Ambiente, José Domingo Fernández. Por parte de CONAMA, asistieron su presidente, Gonzalo Echague, y su directora, Alicia Torrego.

Ambas instituciones suscribirán diferentes acuerdos de colaboración para que Canarias se integre en los grupos y las comisiones que diseñan la agenda de esta cita medioambiental. Del mismo modo, se acordó la realización de un taller de trabajo en Canarias relacionado con el CONAMA durante el primer trimestre del próximo año.

José Antonio Valbuena señaló la importancia de que las islas “se impliquen de manera decidida en este tipo de eventos tan importantes para exportar e importar experiencias de éxito y conocimientos que ayuden a mejorar la estrategia para luchar contra el cambio climático y para preservar los espacios naturales”.

Durante la reunión, José Antonio Valbuena también mostró la predisposición y colaboración del Gobierno para que Canarias se convierta en la sede de una de una de las próximas ediciones locales del CONAMA, que suelen desarrollarse en los años impares.

Gonzalo Echague, por su parte, agradeció el compromiso mostrado por el consejero canario y aseveró que “es fundamental que las comunidades autónomas asuman su necesario compromiso y liderazgo en la agenda climática como motores del cambio”.

En esta línea, Alicia Torrego añadió que “además de liderazgo político y una ciudadanía activa, se necesitan especialistas preparados. CONAMA es un excelente espacio en este sentido para conectar a técnicos y gestores para que compartan su conocimiento”

La necesidad de mejorar el estado de las masas de agua, la reducción de los recursos hídricos debido al cambio climático y la gran demanda de los sectores económicos hacen esencial un cambio de modelo en la gestión de este recurso vital para la salud humana, los ecosistemas y el tejido empresarial. El grupo de trabajo Agua y Economía Circular de Conama, formado por expertos en agua, innovación y medio ambiente, considera que una de las maneras de hacer frente a este problema es una gestión integrada de los recursos hídricos que aplique los principios de la economía circular.

Esto significa la transición hacia un modelo económico que utilice de manera eficiente la mínima cantidad de materias primas, evitando los recursos no renovables, y manteniéndolas el mayor tiempo posible en el ciclo económico.

Con el objetivo de orientar a las entidades y empresas hacia dicha transformación, el grupo de trabajo ha elaborado el informe Agua y Economía Circular, un documento en el que se explica la relación entre ambos conceptos, los proyectos en marcha en este ámbito y las barreras a la que se enfrentan (falta de una regulación adecuada, la financiación y la aceptación social).

No es la primera acción del grupo de trabajo, si no que ya en 2016, realizaron una sesión técnica durante el Congreso Nacional del Medio Ambiente. Dos años después, participaron nuevamente en este foro, el más importante sobre sostenibilidad a nivel nacional, y debatieron los principales aspectos que se recoge ahora en este documento.

¿Cómo se relacionan el agua y la economía circular?

En el informe, el grupo de trabajo ha elaborado una definición de economía circular aplicada al ciclo integral del agua, en el que no solo se tiene en cuenta la depuración y reutilización, sino también la planificación hidrológica, la captación, el suministro y la interacción con otros sectores, como por ejemplo, el energético y  el de residuos.

Todo ello se ha representado a través de una novedosa gráfica en la que se expresan las interacciones entre el ciclo natural del agua y las acciones humanas. Además de esto, se muestran algunas de las acciones que se deberían realizarse en cada fase como es el caso de mejorar la eficiencia, la detección de fugas, el impulso de las redes separativas y un mayor uso del drenaje urbano sostenible. La colaboración, clave del éxito de los proyectos de economía circular.

Una vez explicada la relación entre ambos conceptos, el grupo de trabajo ha querido analizar en el documento cuáles son las principales barreras y claves de éxito que se están realizando en el ámbito. Para ello, el grupo de expertos ha realizado una convocatoria en la que se recibieron 31 proyectos y se clasificaron en función de la etapa del ciclo integral a la que pertenecen.

De ellos, se pudieron extraer importantes conclusiones sobre cómo conseguir que un proyecto de innovación en materia de economía circular y el agua prospere. Entre las claves de éxito se demostró que la colaboración entre actores participantes y el intercambio de conocimientos son muy importantes, ya que, para lo que en unas actividades supone un residuo, para otras puede significar una materia prima y, por lo tanto, una fuente de negocio.

Es el caso de los lodos, mientras que para el sector del agua suponen un residuo otras empresas ya están llevando a cabo proyectos innovadores para reutilizarlos en enmiendas orgánicas, restauración de suelos degradados, generación de energía, producción de biocombustibles y fabricación de materiales de construcción como ladrillos, cemento y morteros y hormigón.

Falta de financiación e indicadores

En cuanto a las barreras, en el documento se explica que la gran mayoría de proyectos se han enfrentado a dificultades económicas. Concretamente, se han apreciado problemas tanto en las inversiones para implantar los proyectos de innovación como su viabilidad a largo plazo. Por ello, en el documento se recoge una lista detallada de los instrumentos de financiación a los que el sector del agua puede acudir para sacar adelante nuevas iniciativas.

Otro de los desafíos que han observado los expertos es la necesidad revisar la normativa en este ámbito ya que actualmente el marco regulatorio nacional es incipiente y, en ocasiones, limita el desarrollo de los proyectos, especialmente, cuando están orientados al tratamiento de residuos.

Además de esto, el grupo señala como un problema la falta de indicadores que permitan medir la circularidad en materia de agua, tanto a escala nacional como europea.  Así, en el documento se proponen unos indicadores básicos y estratégicos que abarcan las distintas fases del ciclo del agua (tanto natural como urbano) y las distintas facetas de la economía circular. 

“No tires tu rica comida”. Es lo que pone en las pegatinas que la Red Alimenta de Toledo entrega en restaurantes, hoteles, hospitales, residencias y centros escolares de la ciudad. Con ello buscan afianzar la base fundamental de su proyecto: los donantes de alimentos que deciden que sus excedentes pueden servir a otras personas en situación de vulnerabilidad o darle otro uso que no sea acabar en un contenedor de basura. Este proyecto, que lleva ya dos años funcionando en la capital castellano-manchega, ha desgranado su metodología en el marco del Conama Local 2019 de Toledo, en un acto sobre consumo responsable y economía circular organizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente y que se ha convertido en uno de los más numerosos de este congreso en su última jornada.

María Martín, una de sus coordinadoras y voluntarias, ha sido la encargada de presentar una iniciativa que está despertando gran interés, que ha logrado una adhesión sin precedentes y que además busca expandir su espíritu a nivel provincial, regional o incluso estatal. De hecho, ha conseguido que solo en lo que llevamos de año, unas ocho toneladas de alimentos no se hayan tirado a la basura y se hayan redistribuido para otros usos.

Todo comenzó con un viaje a Portugal, donde las fundadoras de esta red de voluntariado pudieron conocer la experiencia de Re-Food, una organización de actuación “micro-local” creada con ese objetivo de aprovechamiento de los excedentes alimentarios. Sus componentes recorren los barrios de Lisboa para recoger alimentos de restaurantes y se los llevan a los vecinos que puedan necesitarlos. Ahora esta fórmula existe también en Toledo: constituida como asociación sin ánimo de lucro y con espíritu colaborativo con otros colectivos, Red Alimenta cuenta con unos 50 voluntarios distribuidos por barrios que se encargan de canalizar la comida no servida al consumidor y redistribuirla.

Esta organización es totalmente independiente y está avalada por la dirección de Seguridad Alimentaria, para lo que tuvo que elaborar un Plan de Autocontrol que debe cumplir escrupulosamente: los alimentos deben estar dentro de los estándares de calidad y ser redirigidos a personas en situación de vulnerabilidad en función de un convenio con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, que derivan a los voluntarios a los vecinos que lo necesitan. Todo se realiza bajo criterios de “plena confidencialidad”, donde no se identifica de manera pública ni al donante ni al beneficiario, para evitar con ello que las empresas puedan aprovecharse de ello como estrategia de marketing y que se “estigmatice” a los receptores.

Son la solidaridad y la sostenibilidad los dos pilares sobre los que se asienta este proyecto. Sus fundadoras parten del hecho de que España es el sexto país de Europa con más desperdicio alimentario y precisamente uno de los estados donde todavía perviven niveles de pobreza y vulnerabilidad económica por encima de la media. “No tiene sentido tirar toda esa comida a la basura”, ha destacado María Martín, repasando además otras ventajas de carácter transversal que con ello se consiguen: “El despilfarro de alimentos supone también despilfarro de energía para cocinar, de materias primas y de agua. ¿Cómo es posible que tiremos toda esa comida en perfectas condiciones cuando entre nuestros vecinos puede haber situaciones de precariedad y vulnerabilidad?”, resalta. Es más, afirma que con ello, y tras dos años de trabajo, han conseguido también generar y ampliar redes vecinales en Toledo. “Incluso se han entablado relaciones y redes colaborativas que trascienden a nuestra organización pero que también son muy importantes”.

Ha querido dejar claro que en España hay una legislación muy restrictiva en cuanto a sanidad alimentaria y que todo el excedente que gestionan no se ha sacado a los consumidores, lo que también facilita a los donantes, sean del tipo que sean, eliminar problemas logísticos de almacenamiento. La planificación de estas actuaciones es, por tanto, fundamental. Si cualquier establecimiento entra en Red Alimenta, ya sabe cómo puede gestionar su excedente y trabajar son esas previsiones, contribuyendo a un fin social que también le proporciona ventajas.

Además de los voluntarios, este colectivo cuenta con socios cuyas cuotas están destinadas a la compra de las mochilas y los recipientes de cristal con las que se distribuyen los alimentos, y a sufragar un seguro por si hay algún tipo de incidencias. Finalmente, todos sus miembros se comprometen a la no discriminación de los destinatarios por ningún motivo, a la confidencialidad, a la no estigmatización, a un protocolo de prácticas e higiene que incluye el lavado de los envases, y a la responsabilidad de cumplir con su función conforme a los plazos y entregas programadas.

Se da la circunstancia de que en el marco de este acto se ha detallado el decreto contra el desperdicio de alimentos que ya se ha aprobado y publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El jefe de Área de Consumo, Alejandro Salcedo, ha destacado el trabajo conjunto entre las consejerías de Sanidad y de Medio Ambiente y el hecho de que se haya elaborado con carácter “proactivo y persuasivo” pero “en absoluto sancionador”. “Lo que pretende en sumar voluntades”.

Objetivo de la Agenda 2030

Así, ha señalado como enfoque novedoso la premisa de que no solo mantiene como objetivo reducir el despilfarro de alimentos sino un conjunto de mecanismos que permitan un aprovechamiento del excedente y la redistribución solidaria de alimento, algo que marca la Agenda Global 2030.

También se ha presentado el proyecto de Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha, pendiente de tramitación en las Cortes regionales. El coordinador regional de Medio Ambiente de la Viceconsejería, Javier Ariza, ha destacado la importancia de ir dejando atrás la economía lineal y el hecho de que esta comunidad vaya a otorgarle rango de ley para hacer esta actividades más vinculantes con ciudades y administración.

La complejidad de la gestión patrimonial y del turismo en las Ciudades Patrimonio de la Humanidad ha centrado una de las mesas redondas de la última jornada del Conama Local de 2019, el encuentro de pueblos y ciudades por la sostenibilidad centrado en la Agenda Global y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Las múltiples variantes y medidas integrales con las que debe abordarse esta cuestión desde la política municipal han centrado prácticamente todas las intervenciones aunque también se han ofrecido visiones globales en cuanto a las medidas de accesibilidad para personas mayores y/o con discapacidad.

En el debate, conducido por Antonio Lucio Gil, de la Asamblea de Madrid y de la Escuela de Organización Industrial, se han planteado varias cuestiones en torno a esta variada temática. Con carácter general, el vicepresidente de la Red Española de Turismo Accesible, Fernando García-Ochoa, ha manifestado que toda las Ciudades Patrimonio “suspenden” en cuanto a accesibilidad conforme a los parámetros que se miden desde este colectivo. El motivo principal, ha explicado, es que han estado exentas, durante mucho tiempo, del cumplimiento de determinadas legislaciones.

Pese a ello, este experto, que ha participado en planes de accesibilidad para ciudades como Ávila o Toledo, ha manifestado que todas ellas están “preocupadas por esta cuestión” y “buscan soluciones”. “Todas están llevando a cabo proyectos y hay cada vez más personas que consideran la opción de la accesibilidad como la más razonable. Es un paso importante. Hay que reconocer la dificultad de la implementación que tienen estas ciudades”, ha añadido, poniendo como ejemplo algunas “pruebas piloto” que realizó en 2005 para la accesiblidad en Toledo, donde “tuvimos muchísimos problemas”. “Hay muchas personas que cuando se trata de accesibilidad, siempre afirman que el patrimonio no se puede tocar”, ha lamentado.

Frente a todo ello, García-Ochoa ha querido dejar claro que, pese a su complejidad, trabajar en ciudades accesibles es “rentable económicamente”, algo con lo que debe trabajar la Administración pública con la implicación de la empresa privada. Como ejemplos de esa rentabilidad ha puesto el hecho de que las personas con discapacidad no suelen viajar solas -se crea un “multicliente”-, suelen hacerlo además de forma desestacionalizada, y “si disfrutan con la experiencia, son absolutamente recurrentes y repiten el viaje”. “Eso supone también una mejora social inigualable”.

“La accesibilidad también supone mejoras para los turistas”

Aunque ha precisado que no se puede “actuar por actuar” ni “destrozar” el patrimonio, ha remarcado que, según su experiencia, hay actuaciones exitosas y continuas de integración, no solo de personas en silla de ruedas, sino también con otro tipo de discapacidades o personas mayores. También ha avisado de que muchas personas se marchan de las Ciudades Patrimonio por su “incomodidad”. “La accesibilidad combate todo eso y a la vez supone mejoras para los turistas”.

Desde el Consorcio de Toledo, Soledad Sánchez-Chiquito de la Rosa ha destacado que la rehabilitación del conjunto histórico que se ha llevado a cabo desde 2001 esta ciudad ha demostrado que aunque este organismo no tiene competencias en turismo, ha hecho “mucho por el sector”. Según ha afirmado, el trabajo a favor del patrimonio repercute tanto en los ciudadanos como en los turistas. “Toledo siempre ha tenido visitantes, no es algo nuevo; ahora nos estamos encontrando con la búsqueda de una definición más inclusiva y con más cuestiones asociadas”.

En este sentido, ha incidido en que, aunque deben eliminarse tanto las “barreras físicas como las económicas” para los visitantes, el reto principal es la “conservación” del patrimonio. “Todos los problemas derivados de ello vendrán después, pero lo fundamental es que no desaparezca. Toledo es un conjunto histórico excepcional y el patrimonio residencial no tiene nada que envidiar al monumental, pero hay elementos que hay que conservar si queremos que vengan los turistas”.

Y en cuanto a Cuenca, la otra Ciudad Patrimonio de Castilla-La Mancha, el jefe de Sección del Ayuntamiento, Juan José Arteaga, ha enumerado todos los problemas a los que se enfrenta esta ciudad tras su declaración por parte de la UNESCO, buscando ese “equilibrio entre el turismo y la vida cotidiana”. Esta ciudad tiene unas características “morfológicas y urbanas muy concretas” que han generado problemas de tráfico y movilidad y han hecho que muchos residentes hayan abandonado el Casco Histórico y se hayan perdido al mismo tiempo usos y actividades tradicionales como la artesanía.

Frente a todo ello, ahora este Consistorio trabaja con varios retos: recuperar esas actividades urbanas y hacerlas convivir con el turismo, buscar una gestión “global” del patrimonio con “planes y documentos concretos” tal y como demanda la UNESCO, llevar a cabo una política de conservación “activa” con la revitalización de su zona protegida como “espacio de vida y de trabajo, como un barrio más de la ciudad” y enriquecer el tejido social y el emprendimiento.

Finalmente, en cuanto a los retos para hacer el turismo sostenible y accesible, Jorge Arévalo, socio de la Oficina de Información Urbana ‘Paisaje Transversal’, que ha realizado trabajos en ámbitos de transformación relacionados con el turismo, ha apostado en primer lugar por una gestión “proactiva y participativa” del turismo frente su tradicional dimensión “reactiva”. Para ello, ha dicho que los proyectos deben incorporar a los agentes locales y a la ciudadanía. Con ello se modificaría “una visión del patrimonio congelada en el tiempo” y se permitiría a los turistas vivir las ciudades desde una “experiencia más próxima”.

La fijación de empleo y el desarrollo socio-económico local asociado a las energías renovables han constituido una de las áreas abordadas en la segunda jornada del Conama Local que acoge Toledo esta semana, con una amplia mesa de debate donde se han ofrecido diferentes puntos de vista sobre el escenario que marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Ha contado con la introducción previa de Carlos Alberto Fernández, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), quien ha desvelado una serie de datos según los análisis realizados para el Plan de Energías Renovables 2011-2020 y el borrador del Plan Integral de Energía y Clima 2021-2030.

En primer lugar, ha destacado que el empleo asociado al impulso de las energías renovables es muy transversal tal y como se analizó durante los años 2008 y 2009, en un escenario anterior a la crisis económico-financiera pero que sirve como referente. De ese documento se ha extraído que las categorías profesionales más destacadas son las de ingenieros técnicos y operarios, ocupando un 80% del total, y con salarios brutos muy por encima de la media estatal.

Dicho esto, el representante del IDAE ha destacado la importancia de las habilidades profesionales necesarias, las cuales se pueden obtener mediante el “reciclaje de personal cualificado” de las industrias existentes, pero sobre todo mediante la formación, y en zonas que están ya llevando a cabo su transición energética. “Necesitamos nuevos perfiles educativos, y esto algo a lo que no se da la importancia que merece, sobre todo en la especialización del mantenimiento de instalaciones”, ha subrayado.

En su gran mayoría, las empresas dedicadas a las energías renovables son fundamentalmente pymes que necesitan formación continuada, y además, es importante determinar la calidad en el empleo que se genera, teniendo en cuenta que en el sector energético tradicional, el asociado al carbón y la minería, ha sido de de calidad. “Probablemente no será así tras la transición energética”, ha avisado.

Biomasa, autoconsumo y comunidades rurales

Asimismo, ha puesto varios ejemplos sobre la relevancia del empleo indirecto en sectores como la producción de biomasa, con la que también se lucha contra la despoblación, aunque lamentando que en este caso siga siendo “bastante difícil su desarrollo por motivos estructurales cuyas consecuencias luego pagamos”, en referencia a los impactos medioambientales o los incendios. Pero en definitiva, ha apuntado que el empleo neto asociado a las renovables aumentaría entre 251.000 y 364.000 personas al año con horizonte 2030, lo que supondría un incremento del 1,7%, “mucha gente y muchas familias”.

En el debate han intervenido otros expertos como Javier Rubio, de la Alianza por el Autoconsumo y responsable de Relaciones Internacionales de UNEF Fotovoltaica. Se ha mostrado convencido de que en este sector todavía queda “mucho camino por recorrer” ya que a nivel tecnológico siguen desarrollándose nuevas herramientas mientras que otras prácticas como el autoconsumo en el sector agrario son ya una realidad. Considera que el futuro es prometedor, sobre todo después de la derogación del ‘impuesto al sol’, pero ha pedido que las inversiones que se realicen en este tipo de energía se hagan “con garantías” y a largo plazo para generar ese empleo de calidad.

De su parte, David Howell, responsable de Energía y Clima de SEO/Birdlife, ha hecho hincapié en la importancia de generar puestos de trabajo en el medio rural y sobre todo “pensando en las zonas más despobladas”. Ha dicho que para ello el autoconsumo es una “oportunidad magnífica” y que a nivel local, otras áreas a tener en cuenta son los servicios públicos de alumbrado, el posible aumento de puntos de recarga para coches eléctricos o la bioenergía y los biocombustibles, las denominadas fuentes “de segunda generación”.

Al desarrollo rural se ha referido también Noelia Seller, vicepresidenta de Unión Renovables Coop, quien ha pedido dejar claro que ningún escenario de transición y creación de empleo es posible sin acciones e iniciativas que “mejoren nuestras comunidades rurales”. Se ha referido concretamente al sector primario de agricultura y ganadería y a su vínculo con las renovables: “Podemos hacer que sea competitivo en ese sentido porque la factura eléctrica es una de las más grandes de este sector, pero hasta ahora no se ha explotado lo suficiente”.

“Mientras sigan llegando únicamente empresas externas al medio rural difícilmente habrá un desarrollo coherente con nuestras zonas y nuestras comunidades rurales”, ha manifestado Seller, demandando que la generación de empleo vaya más allá de los proyectos en fase de construcción. “Seguimos repitiendo los mismos errores, dejando otra vez todo en manos de grandes empresas, cuando, si queremos mejorar nuestra calidad de vida, necesitamos soberanía energética y comprometer a las personas que viven en la zona”.

De nuevo la importancia de la biomasa como fuente de energía ha quedado patente con la intervención de Jacinto Tello, de Unión por la Biomasa y responsable de Medio Ambiente de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha. Ha remarcado que las oportunidades son “todas” y que este sector genera una cantidad de empleo proporcionalmente más elevada que otras renovables pero que es necesario que en España la sociedad vea “expectativas de futuro” que pasan por el sector primario.

Asimismo, ha criticado además que la “inseguridad jurídica” no haya ayudado a su desarrollo, puesto que se realizan inversiones que luego no se recuperan y de forma “cortoplacista”. “Tenemos que ser cuidadosos porque en el entorno rural, si fracasan proyectos, luego es mucho más difícil retomarlos. Hay que abordar proyectos con inteligencia para no generar más reticencias”. El representante de Unión por la Biomasa ha precisado que esta energía es una de las que mejor se puede gestionar, ya que se puede “acumular para luego producir y consumir”.

Todos los expertos han coincidido en que la fijación de población y empleo debe ser una prioridad en el sector de las renovables y en que los impactos en el medio rural pueden medirse y paliarse. Como colofón, el representante del IDAE ha resaltado que el “mayor riesgo ambiental es abandonar el territorio”. “Las renovables no tienen riesgos. Habría que preguntarse qué riesgos correríamos si no hubiera renovables”, ha concluido.

Las políticas locales incipientes son las que promoverán a largo plazo un futuro “posible y necesario” conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la Agenda 2030. Y así se ha vuelto a poner de manifiesto en el Conama Local 2019 que Toledo alberga durante tres días bajo el lema “Campo y Ciudad. Agenda Global”. En una de sus múltiples mesas sectoriales se han analizado de forma especial las medidas relacionadas con el urbanismo y la ordenación del territorio en este marco, pero todas las intervenciones han terminado apostando por retos mucho más transversales donde los ayuntamientos deben desarrollar un papel primordial.

Una de las ponencias más destacadas en esta mesa, conducida por el director general de Planificación Territorial y Sostenibilidad de Castilla-La Mancha, Javier Barrado, ha sido la de Antonio Serrano, presente de Fundicot, la asociación interprofesional de urbanismo territorial, y experto en planificación territorial ambiental. Precisamente, ha querido destacar que al hablar de los ODS deben contemplarse todos relacionados entre sí, sobre todo los referentes a energía y cambio climático, porque constituyen un “marco global” donde los retos futuros son básicamente ambientales y proceden de una “revolución científico-técnica” con latentes consecuencias sociales y ecológicas.

Para Serrano, los graves problemas a enfrentar desde todas las administraciones están sobre todo ligados a la dependencia energética, a la descarbonización, a los efectos del calentamiento global, a las desigualdades que pueden generarse por la implantación de nuevos escenarios, a las tensiones territoriales y a los movimientos migratorios. Es decir, toda una red de factores confluyentes que ahora están suponiendo el avance hacia la denominada “sociedad del malestar” en contraposición a la denominada “sociedad del bienestar” anterior a la crisis económico-financiera.

“Somos dependientes de las importaciones energéticas, tanto en España como en la Unión Europea, y por tanto también de los precios del petróleo, y esa dependencia va asociada al encarecimiento progresivo de los combustibles fósiles por ser cada vez más escasos”. Para este experto, esta situación no puede abordarse de forma sostenible y pensando en el bienestar de la ciudadanía si los ayuntamientos no parten de una premisa fundamental: “Una transformación de lo que hasta ahora ha sido una red eléctrica convencional y unidireccional en una nube energética similar a internet, donde actúen todas las cooperativas de producción y autoconsumo. Ese es el futuro incipiente, inevitable y necesario de todas las políticas locales”.

Otro elemento destacado por Antonio Serrano es que la adaptación, la resiliencia, de las ciudades, debe girar en torno al “margen de incertidumbre” que existe sobre los procesos de aceleramiento de las consecuencias del cambio climático, incluso por encima de las previsiones medias. Ha hablado así de gestión de servicios municipales que deben estar condicionados por los efectos “urbanos”, como un mayor consumo de agua, la necesidad de más zonas verdes y de espacios en sombra, o las consecuencias de la inversión térmica en alcantarillados y depuración de aguas, entre otras muchas áreas “que competen a la totalidad de las políticas públicas”.  

Las ciudades “intermedias”

Dentro del inmenso espacio que ocupan las ciudades, otro de los ponentes se ha referido fundamentalmente a las “intermedias”, es decir a aquellas que no representan grandes territorios ni pequeños pueblos. En ello se ha centrado Alain Jordá, experto en el Programa URBACT de la Comisión Europea en varios ámbitos, entre ellos el de desarrollo local, y también miembro de la Red de Expertos en Desarrollo Territorial de América Latina y el Caribe.

Ha resumido las propuestas realizadas en el libro ‘Estrategias de desarrollo para ciudades intermedias’, donde apunta a una serie de orientaciones. Ante todo que el desarrollo sostenible de una ciudad “no se consigue en dos años ni en un mandato municipal” ni con proyectos aislados, sino que requiere de una transformación “profunda” con “nuevas dinámicas y energías”.

“Ninguna administración superior tiene la capacidad de insuflar desarrollo a una ciudad si el territorio no dispone de un proyecto de futuro sólido y compartido”, ha destacado, dejando claro que por mucho dinero que se invierta desde instancias como la regional o la estatal, no servirá para ese objetivo si no se implican todos los actores locales y la ciudadanía. Aconseja así elaborar primero un “Plan de Futuro Local” -una guía de la ciudad con horizonte de 20 años-, que desemboque después en un Plan Estratégico Local.

Para todo ello, considera este experto, es fundamental empezar “desde una página en blanco” y no con un proyecto cerrado “que se impone sin ningún tipo de participación”. A todo ello añade el “liderazgo participativo” del alcalde, quien debe convocar a toda la ciudadanía pero después “ser un actor más de esa comunidad que va a definir el futuro de la ciudad”. Finamente, apuesta por generar un proceso participativo ad hoc, es decir, creado para ese objetivo, combinando grupos seleccionados de personas, expertos y ciudadanos, y funcionando mediante asambleas abiertas.

La experiencia en la “reversión” del vínculo de la ciudad con el territorio

Por último, Albert Cuchí i Burgos, director de la Escuela Superior de Arquitectura del Vallès y miembro fundador del Grupo Arquitectura y Sostenibilidad, ha detallado el proyecto concreto que este colectivo realizó para Santiago de Compostela cuando esta ciudad quiso revertir la relación con su patrimonio mediante una nueva gestión del agua “vinculada a su territorio”.

Este grupo de expertos rediseñó el espacio público respetando su dinámica como recurso natural, y al mismo tiempo, utilizando su patrimonio como en el pasado realizaban algunas ciudades. Forma parte, ha dicho, de la necesidad que ahora tienen pueblos y ciudades de “recuperar la conexión con su medio natural para la sostenibilidad”. Según ha concluido, este tipo de acciones,se convierten finalmente en una “transformación social” de las ciudades porque los cambios repercuten en la calidad de vida de su ciudadanía. 

Ya no hay excusas para que los ayuntamientos no afronten su labor en la lucha contra el cambio climático. Este fenómeno ha dejado de ser una cuestión exclusivamente supranacional de la que solamente se encarga Naciones Unidas, o únicamente estatal, con estrategias de país. Las administraciones locales tienen en sus manos numerosas posibilidades de afrontar los retos de supone que en el futuro se pueda hablar de ciudades “resilientes”, es decir, adaptadas positivamente a los cambios, cumpliendo con su papel de gestión más cercana a la ciudadanía y urbanísticamente sostenibles a corto plazo.

Este es el espíritu con el que se han presentado cuatro proyectos para la transición energética municipal en el marco del Conama Local 2019 que acoge Toledo hasta el próximo jueves. El primero de ellos, la ‘Caja de herramientas para la adaptación al cambio climático en las ciudades’, lo ha detallado Raquel Súarez, gerente senior de Forética, la asociación de profesionales de la sostenibilidad, que tiene como objetivo fomentar la integración de los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en la gestión empresarial.

Partiendo del hecho de que en 2050, el 70% de la población global estará en las ciudades y demandará el 80% de la energía mundial, este colectivo considera que es imprescindible ajustarse a la Agenda Global como marco de acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que arrancaron en 2015 y donde se realiza una “llamada a la acción” para las ciudades. La herramienta que Forética ha elaborado, con la ayuda de la Fundación para la Biodiversidad se basa fundamentalmente en la adaptación de las administraciones locales las consecuencias del cambio climático. Equipar a los ayuntamientos con la información y mecanismos necesarios para desarrollar sus estrategias y acciones es el objetivo de esta metodología.

Diagnóstico, transversalidad e impactos

¿En qué consiste? En primer lugar, se elabora un informe con el diagnóstico de riesgos y oportunidades de la ciudad en base al calentamiento global. Después se realiza un argumentario centrado en las áreas municipales a las que pueden afectar las medidas a desarrollar (un elemento de “transversalidad”). Se exponen casos de éxito nacionales e internacionales en ciudades punteras y, finalmente, una colección de soluciones empresariales, esto último con el foco puesto en España. Súarez ha detallado que adaptarse al cambio climático afecta a la industria, a la energía, a la vivienda, a los recursos hídricos, al transporte y al turismo, entre otras muchas variables. De ahí que haya recalcado la importancia de que los ayuntamientos conozcan al detalle cuáles pueden ser sus impactos directos, sobre todo en el ámbito del desarrollo urbano. “Todo va más allá de la gestión municipal ambiental y hace falta una visión 'largopaclista' independiente de los ciclos políticos”, ha subrayado.

De entre todos estos factores, la vivienda ha sido el área en el que se ha centrado Joaquim Arcas-Abella, socio fundador de Cíclica, donde han desarrollado una herramienta interactiva para la rehabilitación y transición energética de edificios: Urban ZEB, en marcha desde 2015. Se trata de un mecanismo a escala local cuyo principal aspecto innovador es que trabaja con fuentes de datos renovadas, que van más allá del censo de población y viviendas ahora vigente, y que data de 2011. Ellos analizan con información catastral, que les permite realizar sus trabajos desde el nivel autonómico al “nivel-edificio”. Desde ahí escalan al análisis de barrio, de ciudad, de metrópoli, de provincia y de comunidad autónoma.

Al poder realizar un análisis tan pormenorizado del edificio, con Urban ZEB se puede llevar a cabo una primera caracterización de las viviendas según su uso, propiedad y año de construcción, entre otras variables; y posteriormente su caracterización energética mediante un diagnóstico con varios indicadores que van desde el “comportamiento térmico” hasta su demanda energética y emisiones de CO2.

También puede desarrollarse una caracterización económica para identificar el coste de la energía y los niveles de pobreza energética. De hecho, con esta herramienta se realizan “simulaciones” de consumo de energía “edificio a edificio”, y a partir de ahí, se generan “escenarios de intervención” y posibles soluciones totales y parciales, estimando costes de inversión y posibles puestos de trabajo. En base a todo ello, el objetivo es la búsqueda de la eficiencia, la habitabilidad y la inclusividad “en base a los nuevos modelos de convivencia”.

Al margen de la vivienda, desde ECO2innova, su gerente, Helena Fernández Castro, ha realizado por su parte una propuesta para una economía baja en carbono en el ámbito local. Ha recordado que las emisiones de gases de efecto invernadero no solo las provocan las grandes industrias sino también los edificios y transportes, una cuestión que “los ayuntamientos deben tener muy en cuenta” y a la que muchas veces “se resisten”, cuando “debe ser una estrategia de supervivencia trabajar en una economía baja en carbono”.

Esta firma trabaja con el indicador de la huella de carbono, que amplía las meras auditorías energéticas ya que ofrece más datos sobre emisiones. El primer paso más fácil para los ayuntamientos pequeños, ha remarcado, es que registren esa huella en el registro nacional creado para tal propósito. Con ello obtienen un certificado oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y un sello de calidad, pero además, pueden inscribir proyectos como reforestaciones de forma que la absorción de emisiones de los mismos se pueda vender a empresas que no consiguen reducir las suyas. Actualmente, hay 32 “proyectos de absorción inscritos en España”.

La economía baja en carbono “ya es una realidad”

Fernández Castro ha insistido en que este tipo de economía baja en carbono “ya es una realidad” y que puede ayudar y estimular a los ayuntamientos en el ámbito económico, al igual que otras herramientas como los Proyectos Clima del Gobierno central para los “sectores difusos”, es decir, los que no están sujetos al régimen europeo de comercio de derechos de emisión, como el transporte, la agricultura, la vivienda o los residuos. Finalmente, ha recordado que permanece abierta la convocatoria del Real Decreto para proyectos de inversión que favorecen el paso a una economía baja en carbono.

Ha cerrado este bloque de intervenciones David Alba Hidalgo, del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y de la asociación ‘Transitando’. Durante su intervención ha detallado los resultados de una encuesta sobre las políticas de cambio climático en 35 municipios de más de 20.000 habitantes de la Comunidad de Madrid. En su opinión, es imprescindible conocer las políticas públicas locales que se realizan para mitigar el cambio climático.

Según la muestra, la gestión del transporte, la de los residuos y la eficiencia energética con los aspectos más relevantes que se abordan desde los ayuntamientos, aunque también ha destacado que hay otras áreas como movilidad e infraestructuras que deben cumplir un papel fundamental. Como conclusión, ha referido que, de manera mayoritaria, toda las políticas municipales están orientadas a la mitigación y “no hay prácticamente adaptación”, es decir, todavía queda mucho trabajo por hacer.

La despoblación se ha convertido en uno de los temas principales de la primera jornada del Conama Local que acoge Toledo desde hoy hasta el próximo jueves. Una de las primeras intervenciones ha sido la de Ignacio de la Torre Molina, director del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, quien ha detallado las directrices generales de la Estrategia nacional frente al Reto Demográfico que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes, unos días antes de la manifestación de la “España vaciada” que llenó el centro de Madrid hace tan solo dos días. Según ha afirmado, este plan del Ejecutivo central es una “hoja de ruta marcada hace años” cuando la Conferencia de Presidentes autonómicos decidió comenzar a trabajar en ella. “Ahora ya está dando resultados”, ha dicho.

En primer lugar, De la Torre ha querido dejar claro que España está en un territorio “claramente afectado por los riesgos demográficos”, y donde cualquier variable que se utilice refleja una pérdida de población a lo largo del tiempo. Ha ofrecido algunos datos a este respecto: siete de cada diez municipios está perdiendo población en la actualidad, y el 38% está riesgo severo de despoblación con una densidad por debajo de los ocho habitantes por kilómetro cuadrado.

“Nuestra estructura de poblamiento es cada vez más débil. Muchos nos dicen que este problema no tiene solución, y siempre preguntamos sobre cuál es el umbral que tiene solución. Porque actualmente, también las ciudades de entre 20.000 y 50.000 habitantes también pierden población. ¿Qué es lo que no tiene solución, entonces? No podemos resignarnos a que haya 6.000 municipios sin solución, y por eso es tan importante este reto. No es un problema de los pequeños pueblos, sino de un modelo de cohesión territorial”, ha argumentado.

Las regiones que iniciaron el camino

La estrategia cuyas líneas generales ya se han aprobado se abordaron principalmente a petición de comunidades que sufren de forma más acuciante este fenómeno, como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Galicia, Asturias y Extremadura. Fueron las regiones que plantearon la necesidad de una estrategia conjunta, “global y transversal”. Porque, ha añadido, buscar soluciones de futuro no compete tan solo a un nivel de la administración: “Tiene que ser una cuestión de colaboración y de cooperación, y también con visión europea”. De hecho, ha avanzado que tampoco debe vincularse solo a la despoblación, sino también a otras cuestiones como el envejecimiento y la población flotante (aquella que no estando oficialmente inscrita en un censo, reside temporalmente en una zona).

En el ámbito estatal, la lucha contra la despoblación se ha fijado en esta estrategia conforme a varios bloques como la garantía de los servicios básicos, la mejora de su competitividad, y la generación de actividad y empleo, todo ello mediante un proceso participativo en el que posteriormente el resto de administraciones podrán realizar sus aportaciones.

A este respecto, ha dicho que “no solo es cuestión de un pacto de Estado”, sino de pensar en todo el territorio, en una “alianza de país” que debe ir de la mano de otros procesos, sobre todo los relacionados con el medio ambiente, la descarbonización y el cambio climático, que requieren de la “funcionalidad” de todas las zonas. También ha considerado que esta planificación debe abordarse “inter-generacionalmente”, es decir, que no debe dirigirse tan solo a los jóvenes, sino a toda la sociedad.

Una vez aprobadas las directrices generales, la estrategia deberá aprobarla finalmente la Conferencia de Presidentes. El director del Comisionado ha querido dejar claro a este respecto que la despoblación es un problema tan severo que “no puede solucionarse con ocurrencias y deseos” sino con “mucho trabajo y cooperación”. Solo para elaborar esas líneas generales, se han creado varios grupos: uno de carácter interministerial, otro con las comunidades autónomas, con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y también específicamente con algunas diputaciones y ayuntamientos, así como con expertos.

“Algo que lleva décadas produciéndose no se soluciona ni en dos ni en cinco años”, ha advertido como conclusión, remarcando que, ante todo, debe responder a la igualdad de oportunidades y de derechos, a la mejora de la conectividad digital, a la Agenda 2030, al turismo de naturaleza, y a las energías renovables como “aliadas” de las áreas rurales. Finalmente, ha hecho hincapié en la “indispensable” colaboración privada de empresas que deben apostar por el desarrollo económico de pueblos y ciudades para fijar su población.

Los ecos de la manifestación de la “España vaciada” que el pasado domingo llenó las calles del centro de Madrid han resonado con fuerza en la inauguración del Conama Local 2019 que, con el lema “Campo y Ciudad. Agenda Global”, acoge Toledo durante hoy, mañana y el jueves en la Escuela de Administración Regional. La lucha contra la despoblación se ha convertido en el eje principal de los discursos inaugurales de este encuentro de pueblos y ciudades por la sostenibilidad, apelando sobre todo al medio ambiente como el eje vertebrador de las numerosas políticas que se pueden poner en marcha para combatir las carencias en el medio rural. Durante tres días, más de 40 expertos se dan cita en la capital castellano-manchega para abordar los desafíos que componen la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Alicia Torrego, directora de la Fundación Conama, ha sido la encargada de dar paso a los intervinientes, precedidos por el presidente de este organismo, Gonzalo Echagüe, quien ha resaltado la necesidad de “revitalizar” el medio rural y las ciudades para conseguir “una España más sostenible y vertebrada”. Según ha afirmado, pueblos y ciudades comparten el mismo objetivo de bienestar social, y aunque los desafíos son globales, “debemos actuar sobre lo local, donde el papel de la ciudadanía es clave”.

La importancia del ámbito municipal la ha resaltado también el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, quien ha señalado que los ODS “no pueden permitirse ser dejados de lado” ya que la sostenibilidad, la gestión de los residuos, la biodiversidad y el turismo, entre otras muchas cuestiones, “merecen toda la atención y compromiso” para que “pueblos y ciudades trabajemos juntos por el objetivo común”. Ha elogiado al equipo organizador de Conama por servir de punto de encuentro, promover la colaboración y generar redes para avanzar en esos objetivos.

“Se nos acaba el tiempo, tenemos el deber de actuar rápido para conseguir la transición ecológica y asegurar la prosperidad de todas las personas con un nuevo contrato social que no deje a nadie atrás. No podemos sacrificarlo todo a esa sacro santa eficiencia económica, ante el abismo ambiental y la incertidumbre política que recorre Europa y el mundo entero”, ha argumentado. De hecho, ha remarcado que los ODS “traspasan toda ideología” y son necesarias alianzas internacionales para “defender nuestra casa común, que es la Tierra”.

Por su parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, también ha destacado el espacio local como “cordón umbilical” que une la capacidad de acción de la ciudadanía con el compromiso colectivo global. “Es en el ámbito local donde se identifican un conjunto de derechos de la ciudadanía como el derecho al agua, a la energía y a la vivienda”. Por eso ha considerado importante que la Agenda Local esté presente en las estrategias del Gobierno estatal.

El 38% de municipios españoles, en riesgo severo de despoblación

Frente a ello, ha hecho su propia referencia a la despoblación como un “fenómeno creciente”, más acentuado en los países nórdicos y en el sur de Europa. En España, la estrategia para hacer frente a la despoblación que fue aprobada en el último Consejo de Ministros ha tenido en cuenta que el 90% de la población se concentra en 1.500 municipios que suponen el 30% de la superficie del país, mientras que el 10% restante ocupa el 70% de la superficie española. Asimismo, en España, más del 38% de los municipios están en riesgo severo de despoblación: “Los jóvenes abandonan las zonas rurales en busca de futuro en las ciudades” y con ello, el medio ambiente se encuentra con “serios problemas para garantizar su sostenibilidad, con territorios degradados y un desarrollo económico menor”.

Hugo Morán ha hablado así de un “círculo vicioso” donde la “despoblación alimenta nuevas iniciativas que la provocan”, y que se agravan además por el cambio climático. “Si no somos capaces de revertir estos cambios, estos impactos serán más significativos en actividades vinculadas al mundo rural. Estamos obligados a buscar y aprobar respuestas”, ha dicho, apostando por la educación ambiental como papel prioritario en áreas rurales y por recuperar el prestigio de actividades ligadas al campo. De la misma forma ha defendido la necesidad de mejorar los servicios públicos para fijar población partiendo de la base de que todo ello supone “notables beneficios ambientales”, desde la protección de la diversidad biológica, hasta la producción de alimentos más sanos, y el respeto a la biodiversidad.

“Debemos asignar un valor económico a la protección del medio ambiente y a la restauración de ecosistemas como herramientas para generar oportunidades en áreas despobladas. Nuestro principal desafío es identificar nuevas oportunidades e instrumentos y elaborarlos de forma participativa para que estos pueblos puedan ser protagonistas en un proceso donde será clave la transición ecológica”. Parte de estos argumentos se recogen en las directrices generales de la Estrategia Nacional Frente al Reto Demográfico, aprobadas en el último Consejo de Ministros.

La importancia de la educación ambiental

Seguidamente, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, también ha relacionado desarrollo rural y medio ambiente como “motor de desarrollo contra la despoblación”. Ha reiterado que uno de los mayores retos actuales es la lucha contra el cambio climático y que en ese camino, el Ejecutivo regional ha dando prioridad a las acciones de educación ambiental y a una futura estrategia en ese sentido. Tras resaltar también la economía circular que esta región quiere implantar mediante una ley pendiente de tramitación parlamentaria, y su apuesta por las energías renovables, también se ha referido ampliamente al agua, cuando se cumplen 40 años de funcionamiento del trasvase Tajo-Segura.

En este sentido, ha agradecido al Ministerio para la Transición Ecológica que esté poniendo en marcha desaladoras en Levante, pero también ha advertido de la necesidad de respetar los caudales ecológicos, como recientemente ha sentenciado el Tribunal Supremo en su rechazo parcial del Plan Hidrológico del Tajo. Ha concluido subrayando la importancia del municipalismo, “tirando del carro desde las administraciones más cercanas en los compromisos internacionales que hemos adquirido”. “Es un reto apasionante, un compromiso colectivo en el que todos estamos implicados”.

Finalmente, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, quien ha dicho que el secretario de Medio Ambiente le ha prometido que acudirá al ver el estado del río Tajo a su paso por la ciudad, ha resaltado todo lo que se ha conseguido desde el Ayuntamiento desde el punto de vista ambiental: “Sin las premisas de la sostenibilidad y del medio ambiente, cualquier propuesta está condenada al fracaso”. “Aunque aunque es cierto que muchas de las decisiones sobrepasan nuestro ámbito local, a este reto común también deben darse respuestas colectivas. Todos debemos seguir remando juntos para que el futuro del planeta sea más optimista”.

Durante el acto se ha entregado también el Premio Conama a la Sostenibilidad de Pequeños y Medianos Municipios a aquellas localidades que llevan a cabo proyectos innovadores de mejora ambiental y desarrollo rural. Este año, en la categoría de menos de 5.000 habitantes ha resultado ganador el Ayuntamiento de Becerril de Campos (Palencia). Se trata de una localidad de apenas 800 habitantes que, en 2015, rehabilitó una iglesia románica en ruinas para convertirla en un centro de divulgación y de turismo basado en la astronomía. Ha recogido el galardón, su alcalde, Mario Granda. El accésit en esta categoría ha sido para Legarda (Navarra) por varias actuaciones en energías renovables, residuos, gestión del agua y la biodiversidad.

Por último, el Premio Conama correspondiente a la categoría de municipios de entre 5.000 y 30.000 habitantes ha correspondido a Illescas (Toledo) por la puesta en marcha de un polígono industrial sostenible, que ha recogido su alcalde, José Manuel Tofiño. En esta categoría el Accésit ha correspondido a Soto del Real (Madrid) por un nuevo plan de ordenación urbana realizado de forma participativa con la población y agentes sociales y sometido a refrendo por votación.

La nueva edición del Conama Local, el gran foro del desarrollo sostenible desde la perspectiva municipal, se celebra del 2 al 4 de abril en Toledo. Es todo un acontecimiento, ya que el encuentro pondrá un foco especial en la sostenibilidad en pequeñas y medianas ciudades, la despoblación y la gestión del territorio en el marco de la Agenda 2030 de la ONU. El congreso abordará los desafíos en la gestión de los recursos naturales y las oportunidades que se ofrecen para crear una sociedad sostenible por medio del desarrollo rural.

Con todo ello, decenas de expertos se darán cita en Toledo para abordar un programa de actividades que incluye más de 40 sesiones, reuniones, talleres y debates centrados en cómo alcanzar un desarrollo sostenible que reconcilie y conecte el territorio rural y el medio urbano.

Los grandes ejes temáticos serán: Despoblación y Agenda 2030, Energía y el Clima, Agua, Sector Agroalimentario, Emprendimiento, Economía Circular y Residuos, Urbanismo y Territorio, Biodiversidad y, por último, Turismo. Revitalizar el medio rural y renaturalizar las ciudades es el objetivo primordial de este congreso, que tiene como lema “Campo y ciudad, agenda global”.

Los ODS en territorio rural

“Conseguir cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU (ODS) de aquí a 2030 es el gran reto al que nos enfrentamos. Y no podremos hacer realidad esos ODS si no los implementamos también en el territorio rural”, afirma Gonzalo Echagüe, presidente de Conama.

El congreso arrancará el martes 2 de abril con un doble diálogo sobre el reto demográfico y los ODS a escala local. En la sesión plenaria “La despoblación en España” intervendrán Ignacio Molina de la Torre, director del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico; Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha; Filippo Tantillo, coordinador científico de la Strategia Nazionale delle Aree Interne de Italia; Jesús Casas, experto en desarrollo rural y presidente de TRAGSA y Teresa López, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales.

A continuación, arrancará la sesión plenaria “Agenda 2030. Un nuevo marco para el desarrollo”, donde participarán Federico Buyolo, director General de la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030 y otros actores de distintas escalas administrativas.

Con carácter específico, en el ámbito de la energía y el clima, se abordarán cuestiones como los retos ante el cambio climático, las herramientas para la transición energético, la fijación de empleo en el sector de las energías renovables, el autoconsumo y la economía baja en carbono. Mientras las ponencias centradas en la cuestión hídrica abordarán la planificación de la gestión del agua en zonas despobladas, experiencias en economía circular en este sector, y prevención y gestión del riesgo e inuncaciones; y en cuanto al ámbito agroalimentario, se presentará el “Atlas de la PAC” por parte de la Coalición Por Otra PAC, se debatirá sobre la eficiencia en el uso de los recursos y se informará sobre la diferenciación de productos de cara a la búsqueda del consumidor local.

En el bloque de innovación y emprendimiento, los asistentes podrán conocer experiencias de revitalización del medio rural, tomarán la palabra mujeres emprendedoras y también se hablará de educación ambiental y de herramientas de financiación para emprender. Las diferentes estrategias de economía circular, la gestión de los residuos, la bioeconomía en el sector forestal, la planificación integrada en urbanismo y transporte, la soberanía alimentaria y la fauna urbana serán también otras cuestiones que se abordarán durante el congreso.

Además, durante el mismo se entregará también el Premio Conama a la Sostenibilidad en Pequeños y Medianos Municipios. Este galardón, que se entrega desde 2008, distingue los mejores proyectos ambientales llevados a cabo en municipios españoles menores de 30.000 habitantes. La inscripción al Conama Local Toledo 2019 es gratuita y puede formalizarse mediante el formulario de registro de su web.

La próxima edición del Encuentro de Pueblos y Ciudades por la Sostenibilidad que se organiza cada año como un evento local del Congreso Nacional de Medio Ambiente (Conama) se celebrará esta vez en la ciudad de Toledo, durante los días 2, 3 y 4 de abril. El evento se desarrollará en la Escuela de Administración Regional y en él se darán cita cientos de expertos que estudiarán y debatirán en torno a cuestiones como el cambio climático, la economía circular, las estrategias de conservación, las soluciones basadas en la naturaleza, la bioeconomía o la relación entre empresas y biodiversidad.

La edición local -itinerante- de Conama, que se celebra en Madrid cada dos años, cuenta en esta ocasión con la coorganización de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Esta vez, se pondrá un foco especial en el desarrollo rural y en la gestión del territorio.

El Conama Local Toledo 2019, que ha sido anunciado este martes por la alcaldesa, Milagros Tolón, durante la inauguración de la primera gasinera de la capital regional, será escenario también de la entrega del Premio Conama a la Sostenibilidad de Pequeños y Medianos Municipios. Este galardón, que se entrega desde 2008, distingue los mejores proyectos ambientales llevados a cabo en municipios españoles menores de 30.000 habitantes. Ya está abierto el plazo de inscripción para los municipios interesados en participar en él, que pueden realizar su solicitud hasta el próximo 17 de marzo haciendo click en este enlace.

La edición local del Congreso Nacional del Medio Ambiente, desde 1992 en cita ineludible del sector ambiental, es una apuesta más por la creación de redes que promuevan y divulguen la calidad de contenidos que profesionales y entidades involucradas en el desarrollo sostenible debaten en el marco de este congreso con el objetivo de alcanzar soluciones y objetivos que pongan a ciudades y municipios en la vanguardia del cuidado del medio ambiente.

La organización de Conama considera que la pasada edición del evento fue “un éxito por la alta asistencia de público, la calidad de los contenidos, el nivel de los expertos y personalidades que contribuyeron al mismo y el impacto social obtenido”. Más de 8.700 visitantes acudieron a Conama 2018, donde se realizaron 124 actividades con más de un millar de ponentes. La elaboración del programa se llevó a cabo con la colaboración de más de 500 organismos, como administraciones, empresas y entidades del tercer sector, que apoyaron el encuentro contribuyendo como patrocinadores o colaboradores.

El contenedor marrón o la Ley de Economía Circular

Cabe destacar que, precisamente, en el último evento nacional que llevó a cabo Conama el pasado mes de noviembre, Castilla-La Mancha expuso la estrategia regional para la recogida selectiva de biorresiduos -los que se depositarán en el quinto contenedor, que ya pasó por el Consejo Asesor de Medio Ambiente y que se aplicará de forma progresiva. Además, de esta iniciativa, expuesta dentro de la mesa dinámica de economía circular del Gobierno castellano-manchego, también se detalló el anteproyecto de Ley de Economía Circular y algunas experiencias en eficiencia energética.

En este contexto, Toledo también acogió en octubre del año pasado otro evento relacionado con el medio ambiente como Climathon, en una edición que se celebró de manera simultánea en 100 ciudades y 45 países y que, en la capital regional, el reto que se abordó fue el de plantear solución al problema específico planteado sobre la rehabilitación de edificios y la infraestructura en Ciudades Patrimonio.

Así, la alcaldesa de Toledo ha recalcado que su equipo de Gobierno va a seguir trabajando en políticas de sostenibilidad porque son “conscientes de que el progreso de una ciudad pasa por respetar nuestro medio ambiente”.

La gran variedad de grupos de trabajo y sesiones técnicas que ha acogido el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) en Madrid sigue resonando gracias las propuestas, iniciativas y debates que allí se han congregado. La actividad de la Fundación Global Nature ha sido una de las más amplias en esta edición, y se ha centrado fundamentalmente en un eje de desarrollo rural y en otro de biodiversidad, con el objetivo en todo momento de encontrar ese puto de fusión entre ambas, imprescindible para los retos de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático en el siglo XXI.

Así nos lo ha detallado Amanda del Río, coordinadora en esta fundación, que ha aprovechado también para presentar las propuestas de los proyectos LIFE que están ejecutando: ‘Estepas de La Mancha’, ‘Agriadapt’ y ‘Food & Biodiversity’. Junto a ello, Global Nature también ha participado en la sesión de polinizadores, detallando sus iniciativas en el campo para mejorar los hábitats de esta fauna auxiliar, muy necesaria para cultivos: setos, linderos, cubiertas verdes y colmenas, acciones integradas a su vez en las actividades de Pur Projet que detallamos en ECOlógica.  

Por otro lado, desde la fundación han coordinado un grupo de trabajo sobre “aprovisionamiento sostenible” que este año se ha centrado en cómo comunicar la sostenibilidad en la cadena agroalimentaria. En este contexto se expusieron los resultados de una encuesta a medio centenar de profesionales del sector. Una de las conclusiones ha sido que la mitad de ellos ya cuentan con una estrategia específica de buenas prácticas en información y que el medio ambiente ha pasado a ser un “elemento de negocio”.

También resultó muy revelador el dato de que cuatro de cada cinco de las empresas consultadas se hayan lanzado a comunicar su relación con el medio ambiente y que entre sus principales preocupaciones esté el “ser comprensible y honesto”. “La mayoría de las empresas han asumido que su actividad tiene un impacto y saben que tienen que mitigarlo y comunicarlo. Están basando su comunicación en resultados”, celebra Amanda del Río. 

En esta misma sesión también se expuso el trabajo de un ‘think tank’ con estudiantes de la Universidad Europea de Madrid que hicieron una encuesta entre ‘millenials’. Resultó muy revelador para contrastar sus resultados con el muestreo entre los profesionales. Básicamente, arrojó como conclusión que los ‘millenials’ identifican las marcas ‘eco’ o ‘bio’ con temas de salud, es decir, les interesa porque son alimentos más sanos. “Dentro de ese reto de comunicar cómo un producto agroalimentario puede estar trabajando por conservar la naturaleza, lo interesante es que si informas al consumidor de ese objetivo, no lo va a preferir tanto como si le dices que es más sano”. Para Global Nature, se trata de una clave esencial porque los 'millenias' son los clientes potenciales de las empresas.

La sesión sirvió también para exponer una de las iniciativas más innovadoras de CONAMA: la tendencia #CoolGreen. Parte del hecho de que actualmente existen demasiadas etiquetas de alimentos que los consumidores no diferencian. Frente a ello, esta denominación ayudaría a identificarlos en un solo lote. Al hilo de ello, se presentó este spot:

Previamente se llevó a cabo una sesión centrada en la transición hacia la agricultura más sostenible. Allí pudieron conocerse hasta ocho visiones diferentes de la cuestión como la del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), la Oficina Española de Cambio Climático, la Diputación de Barcelona, la coalición 'Por otra PAC’ o la propia Fundación Global Nature. Se incluyó también la experiencia personal de Rafael Gómez, un agricultor toledano de la cooperativa de olivareros Recespaña, que contó cómo cultiva en ecológico por convicción, debido a los efectos positivos para la salud pero también porque es la forma de buscar la competitividad.  

Sin hoja de ruta que una medio ambiente y agricultura

Se puso además en evidencia, durante esta sesión, el hecho de que la división de los ministerios de Agricultura por un lado, y del MITECO por otro, haya frenado la estrategia creada para aunar medio ambiente y agricultura. “Ahora no hay una hoja de ruta que integre todo esto, y hace falta”, resaltan desde Global Nature.

El Gobierno señaló que sí hay un marco de trabajo donde están intentando integrar todas estas cuestiones de forma transversal y que la PAC del futuro tendrá un plan de acción en este sentido, pero de momento “la estrategia está en un cajón y no parece que se vaya a hacer ningún documento”. “El gran objetivo de sostenibilidad y conservación que la PAC no está bien articulado y entra en conflicto con otras estrategias como la de conservación de la biodiversidad para 2020 o la de conservación de polinizadores”, añade Amanda del Río, pidiendo que tras todo el trabajo desarrollado en CONAMA haya “grandes medidas, no grandes palabras”.

Los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares y Albacete han participado en el Congreso Nacional de Medio Ambiente, que este año se ha lanzado bajo el lema 'Rumbo 20.30', con las iniciativas municipales que se están trabajando en ambas localidades en cuestión de sostenibilidad y eficiencia energética, regeneración urbana y la revitalización de los barrios más deprimidos, respectivamente.

El alcalde azudense, José Luis Blanco, ha presentado el programa municipal 'Rehabilitación energética y mejora de la accesibilidad en viviendas' como invitado a la mesa de debate sobre 'El papel de la administración local en la calidad de la habitabilidad', que ha reunido también a representantes de los Ayuntamientos de Madrid, Torrelodones (Madrid) y Castellón. Blanco ha explicado que, en el marco la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) se persigue un triple objetivo: “mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, reducir el gasto energético en las viviendas hasta en un 70 por ciento e incrementar el valor de los inmuebles en el mercado inmobiliario”.

Para ello, el Ayuntamiento ha habilitado una Oficina de Sostenibilidad para asesorar a los propietarios de viviendas y a las comunidades de vecinos sobre la reforma de los inmuebles, tanto es aspectos técnicos (obra más conveniente), como económicos (líneas de ayudas y formas de financiación), tal y como explicó Blanco en el Congreso. Por otra parte, el edil ha destacado la participación de la empresa Saint Gobain Isover, especializada en aislamiento, así como de la Caixa Bank y de la Universidad de Alcalá de Henares, con estudiantes de Arquitectura que presentaron propuestas de rehabilitación en varias zonas residenciales del municipio.

Además, el programa ha incorporado un nuevo proyecto para “facilitar y favorecer la participación ciudadana”, que se denomina 'Ecobarrios'. “Es una estrategia colaborativa de transformación urbana centrada en aquellas zonas más antiguas de la ciudad, que se remontan a los años 60 y 70 del siglo pasado”, ha explicado Blanco, para “escuchar y aportar” en la mejora de estas zonas. Esto, señaló, requiere una “acción integral en la que participen comunidades de vecinos, administradores de fincas y servicios municipales”, concluyó.

¿Qué pasará en Albacete en el 2020?

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Albacete, Juan Francisco Jerez, llevado el Plan Director de Regeneración Urbana que presentó el Ayuntamiento hace unos días y en el que se plantea la revitalización de algunos barrios envejecidos de la ciudad de Albacete. Así, se plantea que, después de la puesta en marcha de probramas como el Urbanitas o el Edusi, ¿qué va a pasar después del año 2020 y qué necesitan las ciudades?

“Ahora- explica el edil albaceteño- nos toca reflexionar sobre la regeneración urbana y la financiación que necesitan las ciudades para llevar a cabo y continuar con las políticas de regeneración urbana”. Albacete ha tenido diferentes iniciativas urbanas desde el año 2000 “y ahora lo que necesitamos es mirar hacia dentro de la ciudad” e intervenir en barrios más céntricos. Se trata de zonas como Ensanche o Franciscanos, Santa Teresa, Hermanos Falcón o La Estrella y La Milagrosa.

Todas ellas tienen en común un alto volumen de población, la presencia de infraviviendas y la escasez de espacios públicos en el entorno.“El reto es revitalizarlas porque hasta ahora todas las dotaciones que ha habido se están centrifugando por parte de los extrarradios de la ciudad y eso nos lleva a un paulatino deterioro de la ciudad y los barrios. Ahí es donde tenemos el reto, en cómo conseguir mejores dotaciones para la zona ya urbanizada”.

Así, el Plan de Regeneración y Rehabilitación Urbana plantea tres objetivos: establecer la estrategia desde ese enfoque centrado en el medio urbano; Establecer las bases de actuación para la rehabilitación de las áreas prioritarias; y promover los elementos necesarios para la solicitud de ayudas de rehabilitación de viviendas.Según recoge el documento son un total de 1127 viviendas las viviendas que requieren de rehabilitación en varias zonas de la ciudad pero según las bases reguladoras de las ayudas solo van a dar ayudas para 120 viviendas, apenas un 10% del total.