El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias ha suspendido de manera cautelar un concurso de 155 millones de euros para la prestación del servicio de hemodiálisis extrahospitalaria a pacientes del Servicio Canario de Salud (SCS) tras los recursos de dos de las principales empresas del sector, Avericum y Fresenius. 

La propia Consejería de Sanidad se ha mostrado partidaria de la paralización del procedimiento hasta que el tribunal se pronuncie sobre las quejas de las licitadoras, que alegan, entre otras razones, que las tarifas fijadas no se corresponden con los precios de mercado o “incongruencias técnicas” en los pliegos de este concurso para la asistencia de pacientes con enfermedades renales crónicas de cuatro hospitales públicos de las Islas. 

El expediente del contrato, uno de los mayores en importe de la sanidad canaria, se abrió en el verano de 2025. El informe propuesta está firmado el 6 de agosto por Adasat Goya, que entonces apenas llevaba una semana como director del Servicio Canario de Salud. 

El concurso se divide en siete lotes que corresponden a dos unidades externas de diálisis para la derivación de pacientes en el caso de los hospitales Doctor Negrín (norte de Gran Canaria), La Candelaria (sur de Tenerife) y el Hospital Universitario de Canarias (norte de Tenerife), y una para los usuarios del José Molina Orosa (Lanzarote).

La duración prevista del contrato es de cuatro años, con posibilidad de prorrogar otro ejercicio como máximo y de aumentar hasta un 20% el importe de licitación. En total, 155 millones de euros. La Consejería de Sanidad precisa que estos servicios ya estaban externalizados. 

Dos recursos

Dos de las principales empresas del sector, la canaria Avericum y la multinacional Fresenius, impugnaron los pliegos en sendos recursos interpuestos días antes de la fecha fijada para la presentación de las ofertas (el pasado 26 de febrero). 

Avericum ya es adjudicataria de otros contratos de hemodiálisis en las Islas (en los hospitales Doctor Negrín y José Molina Orosa y en una unidad asistencial vinculada a la gerencia del Insular de Gran Canaria) y ha protagonizado episodios controvertidos. 

Su director y administrador único es Francisco Javier Artiles, un abogado que estuvo investigado en el llamado caso Lifeblood, un presunto amaño en la adjudicación de un contrato de hemodiálisis de 124 millones de euros a la empresa del mismo nombre, sin experiencia en el sector. La causa penal acabó archivada (la Fiscalía no encontró pruebas concluyentes), aunque en su auto de sobreseimiento provisional, la jueza instructora, Victoria Rosell, sí apreció indicios de tráfico de influencias, puesto que Artiles era asesor del SCS en esa época y habría actuado de tapado en favor de la adjudicataria.

Con posterioridad, Avericum ha ganado varios contratos en Canarias con importantes rebajas sobre las tarifas del presupuesto de licitación. En 2019, por ejemplo, redujo en un 30% el precio de las sesiones para hacerse con el servicio a los pacientes de la zona sur de la isla de Gran Canaria. También ha resultado adjudicataria de diversos concursos en otras comunidades con quejas de los competidores por esa política de bajos precios.

En relación con este último concurso en Canarias, Avericum acudió al tribunal de contratos el pasado 16 de febrero, diez días antes de que concluyera el plazo para presentar las ofertas. En su recurso advierte de graves deficiencias económicas en los pliegos. Sostiene que la tarifa fijada por el SCS no se corresponde con los precios de mercado. 

En el concurso se ha establecido un precio máximo unitario de licitación de 165.02 euros por sesión de hemodiálisis. En el adjudicado a Avericum hace más de un lustro para la zona sur de Gran Canaria, la tarifa quedó fijada en 102,93 euros sin posibilidad de revisión. 

Por otra parte, en el concurso ahora paralizado el SCS prevé un incremento anual del 2% para los lotes de los hospitales de Tenerife y el de Gran Canaria y del 4% para el de Lanzarote en previsión del aumento del volumen de pacientes y necesidades asistenciales. Según consta en la memoria del concurso, para determinar el importe de licitación y los costes directos e indirectos del servicio, la administración pública realizó una estimación basándose en los costes de los centros sanitarios propios del SCS. 

En su recurso, Avericum denuncia la “indefinición absoluta” de esa memoria económica y que, a la hora de fijar la tarifa, no se ha tenido en cuenta ni el beneficio industrial ni los gastos generales. La licitadora también señala que el reparto de puestos de diálisis entre los lotes es “absolutamente desproporcionado e injustificado”. El concurso requiere 100 puestos para las unidades de diálisis para pacientes del Hospital Doctor Negrín; otros 100 para los de La Candelaria; 120 para los del HUC, y 40 para los del Molina Orosa. 

La segunda recurrente es la multinacional Fresenius Medical Care. Esta empresa, líder en el sector de la diálisis y dueña de Quirón Salud, admitió en 2019 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Comission) que sobornó a médicos de varios países, entre ellos de España, para obtener información confidencial anticipada sobre las especificaciones técnicas de las licitaciones públicas. 

El caso, que investigó las las prácticas irregulares cometidas por la empresa entre 2006 y 2017, se cerró con el pago por parte de la empresa de más de 200 millones de dólares en multas y con el compromiso de contratar a un Monitor de Cumplimiento Independiente durante al menos dos años para revisar, evaluar y obligar a mejorar todas sus políticas contra la corrupción, sus auditorías y sus controles internos a nivel global. 

Fresenius presentó su recurso el 18 de febrero, dos días después que Avericum. La multinacional se queja de la “falta de proporcionalidad y justificación en la previsión de pacientes”, la exigencia de “puestos mínimos” (360 generales de diálisis y 16 específicos para pacientes con hepatitis B) o “la imposición de dos turnos diarios”. 

Esta licitadora advierte, además, de una “incongruencia técnica” en los pliegos, puesto que el contrato está diseñado para la prestación de un servicio de hemodiálisis de naturaleza extrahospitalaria (en centros ubicados a tres kilómetros como máximo), pero sin embargo se imponen requisitos de “alojamiento e integración” en infraestructuras “intrahospitalarias”. 

El recurso de Fresenius incide también en la “ausencia de desglose” del precio unitario, en que los pliegos no establecen un tope máximo en los criterios de adjudicación, en concreto en el que otorga puntos por cada nefrólogo extra ofrecido, “lo que impide valorar la viabilidad real” de las proposiciones, o que se impongan obligaciones “condicionadas a la voluntad del hospital de referencia y de cuantía indeterminada”. 

Suspensión cautelar

En sus recursos ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias, tanto Avericum como Fresenius solicitaron la suspensión cautelar del concurso para evitar perjuicios “de imposible o difícil reparación”. Ambas empresas advertían de que si el proceso avanzaba y se abrían las propuestas (económica y técnica) de las licitadoras se habría público el contenido de las ofertas, lo que perturbaría “la confidencialidad, la competencia y la integridad” de una futura licitación si al final el tribunal anula los pliegos. 

Según las licitadoras, la suspensión no genera ningún perjuicio al interés general ni a la sanidad pública, ya que las necesidades de los pacientes en tratamiento de hemodiálisis están cubiertas mediante los contratos vigentes, “que se siguen prestando sin interrupción”. 

El propio SCS (órgano de contratación) expresó su conformidad de forma expresa con que se adoptara esa medida provisional. En este escenario, el tribunal de contratos asume los argumentos de las empresas recurrentes y sostiene que revelar las ofertas de los competidores causaría “daños irreparables” al alterar la confidencialidad y la libre concurrencia. La paralización sólo se hace efectiva para el momento inmediatamente anterior a la apertura del sobre dos, el que contiene la proposición económica y técnica. 

De esta manera el tribunal salva el trámite del sobre 1, que corresponde a la documentación general de las empresas y no contiene información confidencial. 

El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere avanzar en las terapias domiciliarias para el tratamiento de pacientes con enfermedad renal crónica que requieren hemodiálisis. Está incorporando a la cartera de servicios de los hospitales del sistema sanitario público regional técnicas alternativas, como la diálisis peritoneal y la hemodiálisis domiciliaria.

En la actualidad más de 140 pacientes realizan diálisis peritoneal y cerca de una decena hemodiálisis domiciliaria en la comunidad autónoma, según los datos difundidos por el director gerente del SESCAM, Alberto Jara, durante la inauguración del XX Congreso Provincial de Personas con Enfermedad Renal de la provincia de Ciudad Real.

Sobre la hemodiálisis domiciliaria ha indicado que ya está en marcha en los hospitales de Albacete, Guadalajara y Toledo. Este año se ha puesto en marcha en los centros de Alcázar de San Juan y también en el Ciudad Real y ya se está trabajando para que empiece a funcionar en los hospitales de Cuenca y de Talavera de la Reina.

“Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha estamos comprometidos con la mejora continua de la atención a pacientes con enfermedad renal crónica. Sabemos que la lucha contra la enfermedad es larga, difícil y requiere un esfuerzo coordinado entre profesionales, instituciones y, por supuesto, los propios pacientes y sus familias”, ha subrayado Jara.

Por ello, ha añadido, además de las medidas de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento convencional, se están dando pasos importantes para impulsar las terapias domiciliarias, dentro de una estrategia más amplia para mejorar la atención de los pacientes renales, dándoles mayor autonomía y facilidades para la conciliación del tratamiento con su vida personal y laboral.

El transporte sanitario

El director gerente del SESCAM se ha referido también al proyecto que viene desarrollando la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario en colaboración con ALCER Ciudad Real para mejorar la humanización y optimizar el transporte sanitario de los pacientes en tratamiento de diálisis. En su opinión se asegura “una atención más digna, eficiente y centrada en la persona”.

Las medidas implementadas dentro de este proyecto incluyen la dedicación de recursos específicos a las rutas de diálisis, la optimización de tiempos y distancias de traslado, la limitación del número de pacientes por vehículo y la adecuación de los horarios de transporte a las necesidades clínicas y personales de cada paciente.

“Los resultados que hemos obtenido en el tiempo que lleva operativo muestran que las incidencias relacionadas con el transporte sanitario de pacientes de diálisis se han reducido en más de un 80 por ciento”. Eso supone, según sostiene, e “el éxito del modelo colaborativo y la mejora efectiva en la calidad y humanización del servicio”.

A este respecto, ha adelantado que el objetivo del SESCAM es hacer extensible esta iniciativa a las cinco provincias una vez se resuelva la nueva adjudicación del contrato de transporte sanitario, actualmente en proceso de licitación.

78 donaciones hasta octubre

Por último, ha agradecido a ALCER su colaboración en la promoción de la donación de órganos, un área fundamental para quienes necesitan un trasplante renal. “Vuestra labor en este campo, ha dicho, es decisiva, ayudando a crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de la donación, sin la cual muchos de nuestros pacientes no tendrían acceso a un tratamiento que salva vidas”.

Según los datos aportados por el gerente del SESCAM, en los diez primeros meses de este año se ha batido el récord en número de donaciones en Castilla-La Mancha, habiendo alcanzado las 78, seis más que en 2023, año que hasta ahora ostentaba el número más alto de donaciones en ese periodo de tiempo.

De enero a octubre de este año se han realizado en la Comunidad Autónoma 82 trasplantes renales y otros 28 castellanomanchegos han recibido un trasplante de riñón en otra comunidad autónoma.

Jara ha terminado su intervención felicitando a todas las personas que van a recibir un reconocimiento en los XII Premios ALCER, especialmente a los profesionales de la Planta de Nefrología del Hospital General Universitario de Ciudad Real, a Felicidad Romero, que durante 18 años ha sido la coordinadora de Enfermería de Trasplantes de la Gerencia de Alcázar de San Juan y a Luis Javier Yuste, coordinador médico de trasplantes del Hospital General Universitario de Ciudad Real en los últimos diez años.

El consumo de agua, la huella de carbono y la generación de una enorme cantidad de residuos plásticos en la especialidad de Nefrología preocupan al jefe de este servicio en el Hospital Universitario de Toledo (HUT), Francisco Javier Ahijado, y a los especialistas de esta rama de la medicina que se ocupa del riñón y sus enfermedades. 

La hemodiálisis, el tratamiento más utilizado para tratar la enfermedad renal terminal a la espera de un trasplante, tiene un gran impacto en el medio ambiente. Un ciclo de diálisis equivale al consumo medio diario de entre 3,5 y 4 personas y en España hay 26.300 pacientes en hemodiálisis según el último registro.

Por eso, explica el doctor Ahijado a elDiarioclm.es, “en nuestra especialidad estamos a la cabeza de las que más residuos generan”. Cada uno de estos pacientes consume para su tratamiento unos 37.000 litros de agua al año y la generación de CO2 y de plásticos resulta al final una cantidad enorme. 

Desde hace algunos años va ganando terreno el concepto de 'nefrología verde'. Su objetivo es mejorar la sostenibilidad ambiental del cuidado renal a través del cambio de prácticas y la utilización de los recursos disponibles de una manera más respetuosa con el medio ambiente. La prevención de la enfermedad renal crónica y un tratamiento sustitutivo renal más ecológico pueden lograrlo.  

El Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Toledo acaba de recibir uno de los premios a la mejor comunicación oral en el 54 Congreso de la Sociedad Española de Nefrología. Se trata de una investigación realizada por un equipo de profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) denominada ‘Cuestionando la contribución del flujo del baño de diálisis a la eficacia depurativa’. 

“Durante estas sesiones, se estima que se utilizan unos 500 mililitros de agua por minuto durante alrededor de cuatro horas. Vienen a ser unos 120 litros por sesión y lo que hemos hecho a iniciativa de la doctora García Rubiales es reducir el flujo de 500 a 300 mililitros por minuto en una sola sesión. Se redujo el volumen de líquido utilizado para depurar la sangre de 62 pacientes con idéntico resultado”.

El doctor Ahijado subraya la relevancia de la investigación, “aunque es muy preliminar, muy básica, como las que se han realizado en otros hospitales” y explica que tras la sesión “medimos parámetros utilizados comúnmente como potasio, urea, fósforo…”

Ese permite saber a los especialistas cómo se encuentra un paciente dializado y conocer la eficacia del tratamiento. “No vimos ningún cambio significativo, pero debe animarnos a hacer estudios a más largo plazo”.

Creo posible que pueda reducirse el consumo de agua en la hemodiálisis de forma generalizada. Sobre todo, si uno piensa que el volumen de agua utilizada hoy de forma estándar viene de los años 60 y desde entonces han cambiado muchísimo los dializadores y las máquinas

Bajo la dirección del doctor Francisco Javier Ahijado, y junto a la doctora María Antonia García Rubiales, han participado en el estudio Carlos Cabezas Reina, Iván Carmena Rodríguez, y varios otros.

La diálisis es un tratamiento indispensable para personas cuyos riñones han fallado, permitiendo eliminar residuos y exceso de líquidos de la sangre. En particular, la hemodiálisis requiere de agua especialmente purificada debido a que el uso directo de agua potable es inviable. Para esto, el agua pasa por procesos de filtrado, des ionización, ósmosis inversa y esterilización.

El hospital de Toledo realiza alrededor de 1.200 sesiones de diálisis mensuales gracias a sus 24 puestos equipados para hemodiálisis, lo que le permite atender a un considerable número de pacientes. 

“Creo posible que pueda reducirse el consumo de agua en la hemodiálisis de forma generalizada. Sobre todo, si uno piensa que el volumen de agua utilizada hoy de forma estándar viene de los años 60 y desde entonces han cambiado muchísimo los dializadores y las máquinas. Oficialmente, no hay ningún ensayo en marcha, pero cuando tengamos el estudio con muchos pacientes durante mucho tiempo, inmediatamente se pondrían todas las unidades del país porque así se ha hecho con otras cosas. Los números de los pacientes dializados actualmente son abrumadores y van a ir a más porque tenemos una población envejecida”.

Reutilizar el agua de 'rechazo' de ósmosis inversa que hoy se desecha

Otra de las preocupaciones del jefe de servicio de nefrología del HUT tiene que ver con las plantas de ósmosis inversa empleadas para conseguir agua ultrapura y que rechazan casi la mitad del agua que utilizan. “Para obtener por cada sesión 120 litros ha habido que procesar 240 y ahora mismo se va por el desagüe. Podría reutilizarse en muchas cosas y ya hay buenas experiencias en algunos países con mucha necesidad de agua como Marruecos. Esa agua se reutiliza para cisternas de los sanitarios o para riego”. 

“Nosotros ahora mismo tenemos una planta muy buena porque se acaba de instalar y estamos estudiando de qué manera podríamos reutilizar esa agua de rechazo. Tendremos que ponernos las pilas hemos hablado con la empresa que nos la montó y estamos viendo técnicamente qué hay que hacer para recuperar esa agua. Pero son ideas”, reconoce.

El Servicio de Nefrología del hospital toledano llevó al último Congreso de la SEN, Sociedad Española de Nefrología,16 comunicaciones y entre ellas los datos sobre la diálisis peritoneal “que ha crecido mucho en Toledo y es otra manera de ahorrar agua”.

Los tratamientos de diálisis peritoneal, que pueden realizarse en casa, crecen -dije Ahijado- porque hay interés de médicos y pacientes en que los tratamientos se lleven al domicilio cuando sea posible. Hace cinco años teníamos 13 pacientes y ahora 40 con diálisis peritoneal en las áreas de Toledo y Talavera.

Entre las razones de este aumento figura el buen funcionamiento de las consultas de enfermedad renal crónica avanzada que es una unidad muy específica dedicada a informar sobre las técnicas de hemodiálisis. Pero una gran mayoría de pacientes no confían en sus capacidades y prefieren seguir haciéndola en los centros. 

La gestión de los residuos plásticos de la hemodiálisis es muy mejorable 

El sector sanitario es responsable del 4,4% de las emisiones globales netas y los servicios de Nefrología, debido a la diálisis, se encuentran entre los grandes responsables: generan mucho residuo plástico y arrojan números insostenibles.

El Hospital Clínico de Barcelona está montando una unidad de regeneración de residuos para ver de qué forma se pueden recuperar. “Es una iniciativa que se presentó en el Congreso de la SEN de 2023 y en la que todos nos fijamos”, dice el doctor Ahijado. 

Según esa experiencia, son muchas las cosas que pueden hacerse para mejorar la gestión de los residuos, empezando por la formación de los sanitarios a la hora de segregar de manera eficaz los desechos producidos en la hemodiálisis 

La enfermedad renal es bastante prevalente y la previsión indica que lo va a ser aún más en unos años. Prevenirla es cosa de todos, insiste Francisco Javier Ahijado “porque si la enfermedad se detecta pronto se ponen en marcha todos los tratamientos, que hoy son muchos y muy eficaces, y se puede reducir su progresión. Así evitaremos llegar a diálisis”. 

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Sanidad el gasto de 5,2 millones de euros para la renovación del contrato del servicio de hemodiálisis para pacientes derivados del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife. El objetivo es cubrir los gastos derivados de la asistencia a los enfermos con insuficiencia renal crónica del centro hospitalario.

El presupuesto es de 5.220.178 euros y el servicio lo prestarán las entidades Clínicas del Sur, SLU, y B. Braun Avitum Servicios Renales, SA, informa el Gobierno.

La hemodiálisis es una técnica que sustituye parcialmente la función depurativa de los riñones en pacientes diagnosticados de enfermedad renal crónica. Mediante la hemodiálisis, la sangre del paciente se filtra a través de un dispositivo externo, cumpliendo así con la función depurativa que deberían realizar los riñones.

En su reunión de este lunes, el Consejo de Gobierno de Canarias también ha autorizado el gasto para la contratación de los servicios de centro de proceso de datos, infraestructura, firewall y operadores de los servicios TIC en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria y sus centros dependientes.

La contratación se realiza mediante procedimiento abierto armonizado y tramitación anticipada por un importe de licitación de 2.133.785,36 euros, IGIC incluido, presupuesto que se licita para un período de 48 meses de ejecución, indica una nota del Gobierno. .

Los sistemas de información del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y su red de centros requieren realizar un nuevo procedimiento que incluya la instalación, la gestión, administración, actualización, soporte y supervisión de las infraestructuras que deberán dar soporte a las aplicaciones y usuarios del centro hospitalario garantizando su disponibilidad, seguridad, salvaguarda, escalabilidad y máximo rendimiento.

El hospital podrá ahora incorporar estos servicios a su catálogo de prestaciones de forma generalizada debido a la capacidad actual de los sistemas para soportarlo y a la madurez de los servicios TIC en el centro hospitalario.

También en materia sanitaria, el Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Sanidad el gasto relativo al contrato de suministro (mediante arrendamiento con opción a compra), instalación y mantenimiento de un sistema de monitorización para varias unidades de medicina intensiva (UMI) del SCS.

Se trata de una licitación mediante procedimiento abierto de adjudicación, tramitación ordinaria y anticipada del gasto y sujeto a regulación armonizada por un importe de 3.547.776,70 euros.

Las unidades de medicina intensiva requieren de aparatos de alta tecnología en su funcionamiento diario y el rejuvenecimiento de la edad tecnológica de los equipos mejorará no solo la eficiencia del trabajo, sino la seguridad para profesionales y pacientes, a la vez que la calidad general del sistema de salud.

En este sentido, la tecnología es clave en el proceso y la renovación y sustitución de los equipos más antiguos forma parte de la apuesta por la innovación tecnológica que está realizando el SCS en los últimos años.

Los pacientes con insuficiencia renal que residan en la zona sur de Gran Canaria seguirán pasando por las manos de Avericum para someterse a los tratamientos de hemodiálisis. La Consejería de Sanidad ha vuelto a adjudicar el contrato del servicio externalizado del Hospital Insular de Gran Canaria a la empresa de Javier Artiles, el abogado que se presentó de tapadillo al concurso de 2010 para la misma prestación en el área norte de la isla (Hospital Doctor Negrín) y en el José Molina Orosa de Lanzarote mientras ejercía como asesor externo del Servicio Canario de Salud (SCS). Para ello, ha rebajado el precio de las sesiones hasta situarlo por debajo de los 103 euros, un 30% menos de la tarifa prevista en la licitación (146) y un 37% inferior a la que ha venido aplicando en los últimos años (163) en los centros concertados del sur, donde opera desde 2004.

El nuevo contrato, que cuenta con un importe de 20 millones de euros para los próximos cuatro años, resucita los fantasmas del caso Lifeblood, el polémico concurso que la entonces consejera de Sanidad, Mercedes Roldós (PP), adjudicó por 124 millones de euros en octubre de 2010, pocos días antes de que su partido rompiera el pacto de gobierno con CC y abandonara el Ejecutivo.

La empresa ganadora en aquella licitación, Lifeblood (alma en inglés), carecía de solvencia y de experiencia en el sector, ya que tan solo cinco meses antes se dedicaba en exclusiva al negocio inmobiliario. Su cabeza visible era Javier Jorcano, quien fuera gerente de la empresa propietaria del solar donde se ejecutó uno de los mayores escándalos urbanísticos de la etapa de José Manuel Soria como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, el Canódromo.

Sin embargo, el verdadero cerebro en la sombra de Lifeblood era el abogado Javier Artiles, quien trató de ocultar su vinculación con la sociedad por su condición de asesor externo de la Consejería de Sanidad. En su despacho trabajaba además la pareja del entonces director del Servicio Canario de Salud (SCS), Guillermo Martinón, a quien ficharía años después para Avericum. El caso Lifeblood acabó con la adjudicación anulada por el consejero Fernando Bañolas (CC) y con el archivo de la investigación judicial por falta de acusación, aunque con un contundente auto de sobreseimiento que apuntaba graves irregularidades en el concurso y sospechas de tráfico de influencias.

Tras el varapalo, Artiles volvió a la carga -y ganó- tres años después, esta vez a cara descubierta, con la empresa Avericum, la misma que había resultado adjudicataria del concurso para la zona sur de Gran Canaria en 2004. A pesar de las constantes denuncias de las empresas competidoras sobre incumplimientos del contrato, la sociedad del abogado no sólo continúa prestando el servicio en los hospitales Doctor Negrín (Gran Canaria) y Molina Orosa (Lanzarote), sino que además ha extendido su radio de actuación a otros puntos de la geografía española con un denominador común, ofertas económicas arriesgadas, muy a la baja, al límite de la temeridad.

Castilla La Mancha, Galicia, Gran Canaria

Su adjudicación más reciente, en la comunidad de Castilla La Mancha, ha activado las señales de alarma entre las asociaciones de enfermos renales, que han pedido la anulación del concurso por la rebaja del 36% en los precios y por el historial “no muy brillante” de Avericum, con concursos anulados precisamente por ese motivo. La empresa se ha defendido con un comunicado en el que sostiene que “hay muchísimos centros en España cuyos precios se encuentran entre 100 y 110 euros por tratamientos” y tilda las críticas vertidas por la competencia de “tendenciosas” y “calumniosas” para “los más de 200 profesionales de la medicina que trabajan en Avericum desde hace más de quince años”.

El de Castilla La Mancha no es el único caso. Según han reconocido a Canarias Ahora fuentes oficiales del Hospital Clínico Universitario de Santiago, el Servicio Gallego de Salud ha pedido informes a Avericum para que justifique el cálculo de la tarifa ofertada, que se sitúa también en torno a los 100 euros, al considerarla muy baja.

En el concurso del servicio externalizado del Hospital Insular, una de las empresas que ha licitado, Fresenius Care, ya ha anunciado que pedirá el acta de la mesa de contratación y el anexo de la puntuación para analizar la presentación de un recurso al tener serias dudas de que con ese precio se pueda prestar el servicio en las condiciones requeridas en los pliegos. “No nos salen los números”, señalan fuentes de esta empresa, que no entienden cómo Avericum puede presentar una oferta tan a la baja y obtener rentabilidad de un contrato que, además, añaden nuevas exigencias, como la contratación de nefrólogos, enfermeros y auxiliares o el servicio de acceso vascular (apertura en la piel y en el vaso sanguíneo), que hasta ahora lo venía prestando el propio hospital.

Según las bases del concurso, la empresa adjudicataria está obligada a realizar el tratamiento de hemodiálisis a un número de pacientes que inicialmente se prevé en 160 en el centro que debe ubicar entre Las Palmas de Gran Canaria y Telde y en 60 en San Bartolomé de Tirajana, con dos turnos diarios de lunes a sábado. El incremento previsto de pacientes es del 5% al año. El periodo estimado para la puesta en funcionamiento de las dos unidades de hemodiálisis es de seis meses a partir de la firma del contrato.

El precio de licitación se fijó en 146 euros por sesión, resultado de sumar los 123 euros de la diálisis propiamente dicha y los 23 del suplemento de membrana de alta permeabilidad, parte fundamental en el tratamiento. Sin embargo, Avericum oferta la diálisis por 102,93 euros y el suplemento por cero euros, es decir, lo regala. Exactamente lo mismo que hizo en el concurso de 2014 para los hospitales Doctor Negrín y José Molina Orosa. Ya entonces rebajó de forma considerable el precio de la sesión, en 50 euros, hasta los 121,96. Ahora lo hace aún más, un 16% con respecto a aquella licitación y un 37% en referencia con las tarifas que venía aplicando en la zona sur de Gran Canaria.

De forma provisional el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)  ha adjudicado la gestión del Servicio de Hemodiálisis en la región a la empresa Avericum, empresa que ha presentado una oferta que rebaja en un 36% el presupuesto para el tratamiento. Ha sido precisamente esta oferta, casi un 20% por debajo del presupuesto tope que establecía el concurso, lo que ha llevado a las asociaciones de enfermos renales (ALCER) a dar la voz de alarma sobre la calidad del servicio.

Tanto así que Antonio Escribano, presidente de ALCER Albacete, aseguraba a esta redación que las asociaciones de ALCER en la región “pedimos, por prudencia sanitaria, la anulación del concurso”. El objetivo es que el SESCAM rehaga el pliego de condiciones siguiendo la nueva normativa europea en la concesión de concursos, “que cuenten con asesoramiento de la Sociedad Española de Nefrología de Castilla-La Mancha y de los jefes de Servicios de Nefrología”.

Ahora la empresa Avericum se defiende y asegura que cumplirá con el servicio garantizando los estándares de calidad. En un comunicado enviado a los medios de comunicación Avericum niega que mantenga una alta rotación en sus empleados, o los contrate con sueldos bajos. “La realidad es que el 97,98%, casi el 100% de los trabajadores de Avericum tiene contrato fijo, con una antigüedad superior a los cuatro años,…, e igualmente superiores a los de la media en el sector de la Hemodiálisis”, explica el texto.

Además,  Avericum insiste en que los indicadores de calidad de la diálisis de todos sus centros “son excelentes y muy superiores a la media de los centros en España” y sus instalaciones han sido “alabadas por la comunidad nefrológica y por todas las personas con insuficiencia renal crónica que hemos tratado en nuestros centros”.

Sobre el bajo precio con el que ha concurrido al concurso, la empresa se defiende asegurando que toda empresa que esté en este sector sanitario “sabe que existen muchísimos centros en España cuyos precios se encuentran entre cien y ciento diez euros; y, en muchos casos, dichos centros tienen tan solo menos de 50 pacientes”.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado la orden del Consejería de Sanidad de 2011 por la que se dejó a la empresa Lifeblood fuera del concurso para proveer de servicios de hemodiálisis a los Hospitales Doctor Negrín de Gran Canaria y Doctor Molina Orosa de Lanzarote.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ya había examinado este asunto en 2015 y entonces avaló las razones por las que el Gobierno de Canarias había dejado a Lifeblood fuera de ese concurso, valorado en varios millones de euros.

En síntesis, Sanidad entendió que la propia Lifeblood había decidido renunciar ya que le había enviado un escrito en el que pedía que el concurso entonces en marcha fuera sustituido por otro “sin sospecha alguna” para librarse de las “injurias” que estaban causando un “desprestigio” a su empresa.

Sin embargo, el Supremo consideró después que ese escrito de Lifeblood no conllevaba su renuncia a participar en el concurso de adjudicación de esos servicios para los hospitales Doctor Negrín y Doctor Molina Orosa y ordenó al TSJC retomar el expediente y dictar una nueva sentencia.

El TSJC cumple ahora ese mandato del Supremo, aunque sus magistrados precisan que siguen “creyendo” que habían dado “una solución justa a caso”, y manda al Gobierno de Canarias retrotraer ese expediente de contratación pública al momento previo a que la mesa de contratación formulara su propuesta de adjudicación.

La orden de la Consejería de Sanidad que apartó a Lifeblood de esa licitación supuso de facto que para los servicios de hemodiálisis de los dos hospitales implicados se siguió contando con la anterior adjudicataria, Baxter, hasta que en el concurso de 2015 el Gobierno se lo otorgó a una tercera empresa, Avericum. 

Según informa el servicio de prensa del TSJC, si esta nueva sentencia se convierte en firme, el Gobierno de Canarias tiene que anular la orden que apartó a Lifeblood del procedimiento y, o bien volver a convocar la licitación y resolverla en los términos que procedan en derecho, o bien declarar que el fallo es de imposible cumplimiento y optar por la vía de la indemnización para restablecer a la empresa en sus derechos.

Avericum, la empresa del ex asesor jurídico del Servicio Canario de Salud y cerebro gris en el caso Lifeblood, Javier Artiles, nueva adjudicataria del contrato de hemodiálisis del Área Norte de Gran Canaria y Lanzarote, ha adquirido monitores de diálisis distintos y de menor precio en el mercado al ofertado en el concurso, para su instalación en la unidad prevista en Santa María de Guía, y previsiblemente, en las salas del Hospital Doctor Negrín.

Así lo han confirmado a Canarias Ahora fuentes autorizadas de la Consejería de Sanidad, que han justificado el cambio de monitores de diálisis -de las marcas Gambro u Hospal, que son las ofertadas y puntuadas, a la marca Bellco, más económica-, por la interpretación oficial de los plazos de cumplimento del contrato que hace el Servicio Canario de Salud. “Estamos en tránsito a la ejecución del contrato y todavía [el adjudicatario] no está obligado a cumplir con la maquinaria ofertada”, han explicado las fuentes oficiales consultadas por este diario.

El cambio del material clínico concreto ofertado por Avericum y puntuado por la Mesa de Contratación en este nuevo polémico concurso supondría, según los pliegos, la resolución del contrato por su incumplimiento. Una comisión de seguimiento de puesta en marcha del servicio y traspaso de la adjudicación ya ha comprobado la instalación de estos monitores de menor cuantía en el centro que se acondiciona en Guía y que quedaría adscrito al Negrín.

Sin embargo, para la administración sanitaria canaria este cambio de monitores no supone una irregularidad susceptible de denuncia del contrato, congelado en cuestión de plazos por un “periodo transitorio” hasta que Avericum tome posesión de los locales del Negrín y los acondicione según consta en los pliegos del concurso. El mismo indica que el proceso de traslado de adjudicatarias y acondicionamiento de locales debería ejecutarse como máximo 60 días después de la firma del contrato, el 11 de septiembre pasado, plazo ya superado.

Desde la administración autonómica sanitaria no se ha aclarado si, en cuanto se cumplan los supuestos plazos futuros de ejecución del contrato -a los 60 días de la entrega a Avericum de los locales del Negrín ocupados todavía por Baxter, adjudicataria desde 2004-, se exigirá al nuevo contratista la instalación de la maquinaria que figura en su oferta. “En su oferta lo que pone es Gambro, pero en el pliego figuran una serie de condiciones [de la maquinaria]. No queremos un Mercedes, sino un coche de esas características”, ha sido la explicación de Sanidad a Canarias Ahora sobre los previsibles cambios de marca, también en el futuro.

Estas alteraciones de maquinarias para la diálisis también alcanzan a la unidad de Lanzarote, adscrita al Hospital Doctor José Molina Orosa. Avericum ha enviado monitores de la marca Gambro que ha venido utilizando hasta hace unas semanas en su clínica de Telde, del Área Sur de Gran Canaria. En su lugar, según ha podido constatar este periódico de fuentes del sector, la empresa de Artiles ha adquirido una gran cantidad de monitores Bellco, no solo instalados en Guía, sino en teoría previstos tanto para Telde y el propio Hospital Negrín.

La diferencia de coste entre un monitor de la marca Bellco y otro de Gambro podría rondar los 5.000 euros. Con unos 60 puestos previstos en el Doctor Negrín y otros 14 en la unidad de Guía, los gastos de Avericum para la puesta en marcha del servicio se rebajarían de una manera considerable, y vendría a explicar lo que otras licitadoras con maquinaria propia -es el caso de la actual, RTS Baxter, que ha adquirido en propiedad las marcas Gambro y Hospal- han cuestionado en sus recursos: la imposibilidad de cumplir lo ofertado a esos precios.

La utilización de otro material al ofertado no solo alcanza a los monitores, sino también a los kits dializadores, que también serían adquiridos por Avericum a Bellco, e incluso las plantas de agua ultrapura, ofertadas dos de la marca Gambro en Guía e instalada solo una de la marca Nipro, con un mayor ahorro para la adjudicataria del servicio de hemodiálisis.

La nueva adjudicación del servicio de hemodiálisis de los hospitales Doctor Negrín, de Gran Canaria, y Doctor José Molina Orosa, de Lanzarote, comienza con la misma polémica y mal pie que han tenido tanto su tramitación como el anterior concurso anulado que acabó con una causa por presunta corrupción, el caso Lifeblood.

Ahora, tras ganar a cara descubierta este contrato el ex asesor jurídico del Servicio Canario de Salud Javier Artiles, tapado y cerebro gris en el procedimiento de 2010 con Lifeblood, y contratar previamente al exgerente del SCS en la etapa del PP y Lifeblood, Guillermo Martinón, Sanidad permite a su empresa, Avericum, incumplir las condiciones de puesta en marcha del servicio reinterpretando los plazos fijados en el concurso.

Los pliegos de cláusulas administrativas indican que el contratista debe iniciar la prestación del servicio “en el plazo máximo de 60 días” desde la firma, que fue el 11 de septiembre, y en esos dos meses acondicionar el local según las condiciones fijadas en el concurso, previa puesta a disposición de las instalaciones por parte de la Administración sanitaria canaria.

Este incumplimiento conllevaría la anulación del contrato, pero desde el Servicio Canario de Salud fuentes autorizadas mantienen que los plazos no han empezado a contar porque no se ha puesto a disposición de Avericum las instalaciones del Doctor Negrín donde se ubican las tres salas de hemodiálisis, gestionadas todavía por la adjudicataria de 2004, Baxter.

Esa lectura de Sanidad favorable a su contratista es cuestionada radicalmente en el sector empresarial por parte de licitadoras perjudicadas en este concurso, ya que desde el 11 de noviembre pasado, al no estar operando Avericum en las instalaciones del Negrín con las nuevas condiciones fijadas en el contrato público, se habría incurrido en incumplimientos.

La administración sanitaria, por contra, ha abierto un expediente nuevo a modo de “periodo transitorio” entre un contrato y otro, con el traslado de los casi 250 pacientes a clínicas de Avericum en Melenara (Telde) y Meloneras (San Bartolomé de Tirajana) y a un local en Guía, todavía pendiente de acondicionar, y adscrito a las unidades del Doctor Negrín.

Este “tránsito hacia la ejecución del contrato”, como la define el Servicio Canario de Salud, es justificada porque “Baxter [adjudicataria ahora de un servicio por nulidad, desde ese 11 de noviembre pasado] no puede coger los bártulos e irse, Avericum debe cumplir con las nuevas condiciones, y la cuestión es dónde dializamos en lo que se hacen las obras”.

Así, la decisión tomada desde hace meses por Avericum y Sanidad es el traslado de estos pacientes frente a la posibilidad de acondicionar salas del Negrin mientras en las otras se siguiera dializando, “una medida que se valoró y se decidió que no era lo más conveniente por razones de seguridad y salud”, aunque son tres salas independientes una de otras. Otras licitadoras tenían previsto una gran inversión para ejecutar en un fin de semana las obras mínimas necesarias e iniciar el servicio sin tener que trasladar a los pacientes del Negrín.

Riesgos y sobreesfuerzos laborales

Sin embargo, los planes de Sanidad son llevar a cabo los traslados en enero, a la vuelta de las vacaciones navideñas “porque ahora son fechas más complicadas para los pacientes”; así Baxter seguirá un mes más dializando. Y será un traslado complicado y costoso: la Mesa de Transporte creada al efecto ya repara en el alto gasto que supondrá para la administración pública, a la vez que expertos nefrólogos consultados por Canarias Ahora cuestionan que estos traslados sean lo más adecuado para la seguridad y la salud de los pacientes, por los cambios de clínicas, médicos, auxiliares, rutinas y horarios de sus largas sesiones de diálisis.

Es más, de momento, el local previsto en Guía no ha superado las condiciones mínimas para su puesta en funcionamiento según las últimas visitas giradas por una comisión para puesta en funcionamiento del servicio, y en el sector se teme que Avericum haya decidido doblar el trabajo a los seis médicos y casi la veintena de auxiliares que tiene en sus clínicas de Telde y el Sur, adscritas al servicio del Área Sur de Gran Canaria, con la organización de un tercer turno de diálisis entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche. Hasta la fecha se dializa en la isla en dos turnos, entre 8 de la mañana y 7 u 8 de la tarde.

Las fuentes oficiales del Servicio Canario de Salud han asegurado, por el contrario, que la administración sanitaria velará porque Avericum refuerce con más médicos y sanitarios el aumento de pacientes, más del doble de los que atiende en la actualidad en Melenera y Meloneras con los traslados previstos para después de Reyes, que hace una semanas se intentaba ejecutar en estas primeras semanas de diciembre. Serán unos 450 pacientes y con los seis facultativos y menos de 20 ATS del Área Sur sería clínicamente imposible atender con garantías a los pacientes.

Sin acceso al local de Lanzarote

En Lanzarote, además, los incumplimientos del contrato son más evidentes, ya que en su oferta ganadora, Avericum fue premiada con dos puntos más al asegurar que pondría en 45 días en marcha el servicio desde la firma del contrato. El plazo venció el 26 de octubre, y el local que debía acondicionarse en el Hospital Doctor José Molina Orosa no ha superado, al igual que el centro de Santa María de Guía adscrito al Doctor Negrín, las inspecciones de los facultativos integrantes de la comisión de puesta en marcha.

El Servicio Canario de Salud niega que existan “informes negativos” sobre estos locales por parte de las correspondientes comisiones, cuestionando la disposición del interior de los mismos, los suministros de agua o los accesos, pero sí admite que “se están valorando, son centros autorizados, y se están resolviendo entre la contrata y la comisión”.

En las últimas semanas, incluso, la empresa adjudicataria ha impedido a los responsables de este servicio de nefrología en Lanzarote acceder a las instalaciones reformadas por la firma de Javier Artiles Camacho, según han confirmado a este periódico fuentes del sector. En el Servicio de Salud se mantiene que “estamos cruzando conversaciones [con Avericum] para verificar de quién es la responsabilidad” de no haber inaugurado la unidad lanzaroteña.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha desestimado el recurso de reposición presentado por la actual adjudicataria del servicio de hemodiálisis en los hospitales Doctor Negrín, de Gran Canaria, y Doctor José Molina Orosa, de Lanzarote, contra la concesión a la empresa Avericum, del exasesor jurídico del Servicio Canario de Salud y 'tapado' del anterior procedimiento judicializado en el caso Lifeblood, Javier Artiles Camacho.

Mediante una orden de la consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, por la que se resuelve el recurso presentado por RTS Servicios de Diálisis SLU, mercantil licitadora de la multinacional alemana Baxter, la administración sanitaria canaria se opone a los argumentos de Baxter contra la oferta de Avericum, declarada en origen práticamente confidencial en su totalidad, en un informe de 40 páginas firmado por la funcionaria María Tejera González de Chávez.

Tanto el recurso de Baxter, también dirigido colateralmente a otra licitadora, Fresenius, por lo que pedía la nulidad del procedimiento, como la respuesta del Servicio Canario de Salud, se detiene en el “exceso” de confidencialidad declarado por la empresa ganadora, Avericum, a los detalles técnicos de su oferta, que ha rozado la baja temeraria.

En su respuesta a la actual adjudicataria, Sanidad admite parte de esas quejas, pero para un tipo de información declarada confidencial por Avericum que ya ha dejado de serla, tanto en sus contestaciones al recurso como en las resoluciones de adjudicación previas. El grueso de la oferta, sin embargo, sigue bajo secreto, objeto de recurso en los tribunales, como el que ya ha presentado otra licitadora, Fresenius, desde julio pasado, al que ahora se une otro de la propia Baxter, desde principios de septiembre.

El recurso de reposición de Baxter, al igual que el contencioso administrativo que también ha abierto en los tribunales de Las Palmas de Gran Canaria, cuestiona de lleno el modelo de servicio que va a ofrecer Avericum -ya lo hace en el Área Sur de Gran Canaria, a la que está adscrita la isla de Fuerteventura-, tanto a la hora de prometer un tipo de software con una tecnología de la que solo disponen multinacionales alemanas o estadounidenses como las que representan Baxter o Fresenius, o sistemas de suministros de agua de menor capacidad que sus oponentes,y todo sin repercutir en el precio de licitación, clave para que Avericum fuera elegida para el servicio.

Depósitos de agua mediante cubas

Depósitos de agua mediante cubasEn este sentido, Avericum oferta depósitos de 12 metros cúbicos de agua en sus locales, que aseguran solo la diálisis para 100 pacientes y se agotaría en 24 horas, frente a los 48 metros cúbicos que figuran en la propuesta de Baxter, según su oferta y recurso. Avericum, para alcanzar esas cifras que garantizarían el almacenamiento necesario durante 48 horas, como consta en los pliegos según las necesidades del servicio, mantiene que mantendrá el suministro mediante cubas de agua que trasladen la misma a sus locales. Una medida obvia de todas las licitadoras, pero a las 48 horas, alerta Baxter sobre esta deficiencia de Avericum que la Mesa de Contratación da por buena en la contestación de la nueva adjudicataria.

Y es que en sus respuestas, la empresa de Javier Artiles se limita a contestar que cumplirá con todo lo expuesto en su oferta, acorde a los pliegos del polémico concurso, y desde la Mesa de Contratación se da por válida esas contestaciones sin entrar a cuestionar el cómo, al menos de cara a la información que facilita al resto de licitadoras y público en general, remitiendo al control que el Servicio Canario de Salud ejercerá sobre la concesión mediante la creación de una comisión de seguimiento.

Aún así, la confidencialidad se mantiene sobre cuestiones clave que todas las licitadoras recurrentes consideran una indefensión jurídica para defenderse, mediante reposición o en el contencioso frente a la oferta ganadora, como los planos y memorias asistenciales de los locales donde se instalarán en Gran Canaria y Lanzarote estas unidades asistenciales. Nada se sabe de cómo son esos locales y si están preparados para acoger un servicio médico de tanta importancia como la diálisis, en el que son tratados más de trescientos pacientes de Gran Canaria y Lanzarote en los dos hospitales y unidades adjuntas de este concurso.

El concurso cuenta con un presupuesto de 35 millones de euros, cantidad muy inferior a los 124 millones de euros que se hubiese llevado en 2010 Lifeblood, empresa relacionada con una mercantil inmobiliaria implicada en uno de los pelotazos más importantes durante los gobiernos municipales del PP en Las Palmas de Gran Canaria, en el antiguo Canódromo.

La investigación judicial abierta entonces acreditó que el exasesor jurídico del Servicio de Salud, Javier Artiles, ahora ganador de este concurso, estaba detrás de Lifeblood, en un procedimiento que se prefabricó desde el propio organismo autonómico, cuyo director general era Guillermo Martinón, a quien ha fichado Artiles como gerente de Avericum.

La investigación judicial del primer concurso quedó archivada provisionalmente en 2012 a petición de la Fiscalía. Afectaba no solo a Artiles y a Martinón, también a la entonces secretaria general del Servicio Canario de Salud, Lourdes Quesada, esposa del fiscal jefe provincial de Las Palmas, Guillermo García-Panasco.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha aplazado la firma de la adjudicación definitiva del concurso de hemodiálisis del área norte de Gran Canaria y de Lanzarote a la empresa Avericum, del abogado Javier Artiles, señalado en 2010 como el tapado del caso Lifeblood, empresa sin solvencia alguna que licitó y ganó ese mismo concurso en la etapa del PP al frente de la Sanidad canaria, cuando el letrado asesoraba a la propia Consejería.

Un recurso de reposición de la actual adjudicataria del servicio, Baxter, ha frenado la firma del contrato prevista para esta misma semana, hasta que Sanidad valore las irregularidades denunciadas por la recurrente, que según han avanzado fuentes conocedoras del concurso público a Canarias Ahora, se basan, en parte, en la opacidad de la oferta de Avericum, sin que el resto de licitadoras hayan podido saber, mínimamente, las condiciones del servicio.

“Es una oferta ganadora absolutamente confidencial, con una serie de incumplimientos en su declaración”, han explicado a este periódico las fuentes consultadas, que consideran que “el derecho a la transparencia, para poder recurrir la oferta si fuera necesario”, no se puede ejercer dado el desconocimiento absoluto de las condiciones que oferta la empresa del que fuera letrado asesor de la Consejería de Sanidad, y que ya ha contratado al director general del Servicio Canario de Empleo que en 2010 adjudicó a Lifeblood el polémico servicio.

Otras empresas que han optado al servicio en este segundo concurso después de anularse el anterior tras la salida del gobierno del PP y el estallido del escándalo, en 2010, tienen ya previsto presentar recursos ante la administración pública en la misma línea, con lo que la firma del contrato con Avericum se posterga hasta la resolución de la vía administrativa, sin que se descarte que todo el procedimiento acabe en los juzgados de lo contencioso.

El concurso actual en litigio cuenta con un presupuesto de 35 millones de euros, cantidad muy inferior a los 124 millones de euros que se hubiese llevado en 2010 Lifeblood, empresa relacionada con una mercantil inmobiliaria, también implicada en uno de los pelotazos más importantes durante los gobiernos municipales del PP en Las Palmas de Gran Canaria, en el antiguo Canódromo del barrio de Schamann.

Según quedó acreditado en la investigación judicial abierta en su momento, Artiles estaba detrás de Lifeblood, en un concurso que se prefabricó desde el Servicio Canario de Salud cuyo director general era Guillermo Martinón, a quien ahora ha fichado Artiles como gerente de Avericum.

La investigación judicial del primer concurso quedó archivada provisionalmente en 2012 a petición de la Fiscalía. Afectaba no solo a Artiles y a Martinón, también a la secretaria general del Servicio Canario de Salud, Lourdes Quesada, esposa del fiscal jefe provincial de Las Palmas, Guillermo García-Panasco.