La segunda ola del Estudio General de Medios (EGM) de este año 2026, realizado entre el 19 de marzo y el 3 de junio, muestra una caída generalizada entre los oyentes de las principales emisoras de radio generalistas e informativas. En ese escenario de reducción de audiencias, la Cadena SER vuelve a aparecer como la radio más escuchada por los oyentes, con 4.403.000 acumulados al día (189.000 menos que en el primer estudio del año) y una media de 4.629.000 oyentes diarios en el presente curso 2025-2026.

A continuación le siguen la COPE, con 3.581.000 oyentes en el mismo período y una caída de más de 526.000 oyentes en tres meses, prácticamente toda la audiencia que había logrado acumular en la anterior ola publicada en el mes de abril. El resultado de este EGM refleja una media de 3.744.333 oyentes diarios para la cadena de la Conferencia Episcopal en el último curso. Sin embargo, en este último estudio se aleja de las posiciones de audiencia de la SER y se mantiene a 822.000 oyentes de distancia.

En tercer lugar continúa Onda Cero, la emisora de Atresmedia, con 2.265.000 oyentes diarios acumulados entre marzo y junio, y que es la que presenta la menor pérdida de audiencia en los últimos tres meses, con 107.000 oyentes menos. La audiencia media en el curso 25-26 de Onda Cero es de 2.306.666 personas al día, a una distancia de la cadena COPE superior al millón de personas y la mitad de audiencia que la SER.

El resto de cadenas informativas y generalistas también presentan caídas de audiencia generalizadas, a excepción de esRadio, Canal Sur Radio, Radio 5, la emisora de información 24 horas de RTVE y la Radio Galega. Por emisoras, RAC1 se anota 1.035.000 oyentes (-91.000) y repite el hito de ser la cuarta cadena generalista nacional pese a contar solo con frecuencias en Catalunya y emitir en lengua catalana. Radio Nacional se queda en 895.000 (-63.000), esRadio 748.000 (+52.000), Catalunya Ràdio 717.000 (-28.000), Radio Marca 609.000 (-33.000), Canal Sur Radio 315.000 (+30.000), Radio 5 284.000 (+32.000), Radio Galega 121.000 (+27.000) y Radio Euskadi 103.000 oyentes (-31.000).

Por franjas horarias, la Cadena SER también es la principal vencedora, siendo sus programas líderes en todas las franjas de audiencia: Hoy por hoy (3.095.000 oyentes) se ha mantenido una vez más como el programa líder de la radio y de las mañanas en una temporada que ha finalizado con la salida de Àngels Barceló, que se despide como líder de audiencia tras 21 años en la emisora y a quien sustituirá al frente del programa el hasta ahora director de Hora 25 Aimar Bretos. Herrera en COPE se queda en 2.568.000 oyentes tras una caída de más de medio millón en los últimos tres meses. Más de uno concluye su última temporada con Carlos Alsina al frente de todo el espacio matinal de Onda Cero con 1.747.000 oyentes.

Hora 25 concluye la temporada como líder y único informativo nocturno que supera el millón de oyentes, con 1.025.000. A partir de la próxima temporada José Luis Sastre tomará el relevo de Bretos al frente de este espacio.Sus rivales, que duran una hora más, se quedan en los 988.000 oyentes, en el caso de La Linterna de COPE y 508.000, en el de La Brújula, de Rafa Latorre, que sustituirá a partir del próximo año a Carlos Alsina en el tramo informativo del matinal Mas de uno.

El liderazgo también es para la SER a mediodía con el Hora 14 (636.000 oyentes, su mejor resultado de la temporada) y con Ser Deportivos (426.000) y en las tardes con La Ventana (982.000 oyentes). También obtiene la victoria en la guerra por las audiencias la SER frente a su principal competidora, la COPE, en deportes de lunes a viernes gracias a El larguero con 736.000 espectadores frente a los 709.000 de El partidazo, que sube. Y ocurre lo mismo en las madrugadas, donde tanto El Faro como Si amanece nos vamos, de la SER, mejoran sus datos respecto a la primera oleada del EGM.

Los fines de semana muestran sin embargo una imagen diferente. A vivir que son dos días, el programa de Javier del Pino, se mantiene como el indiscutible líder de audiencia con 2.252.000 oyentes diarios acumulados frente a Julia en la Onda (Onda Cero), que sube hasta los 1.149.000 oyentes diarios y es el único programa de Onda Cero que logra superar a la cadena de los obispos.

En el caso de los deportes de fin de semana es la cadena COPE la que asume el liderazgo gracias a Tiempo de Juego, que anota 1.778.000 oyentes frente a los 1.492.000 de Carrusel Deportivo. Ambos programas pierden audiencia, pero las pérdidas son superiores en el caso de la SER (-404.000 oyentes), lo que permite al programa liderado por Paco González, que apenas pierde 6.000 oyentes, recuperar la primera posición que había perdido en la primera ola del EGM.

El periodista navarro Sergio Corral, jefe de Informativos de COPE Burgos, ha fallecido este lunes 22 de junio a los 49 años a consecuencia de una enfermedad que lo ha mantenido más de dos años alejado de la radio, ha informado la emisora burgalesa a través de sus redes sociales.

Corral era natural de Tudela (Navarra) aunque desarrolló toda su carrera profesional en Burgos, donde ha formado parte de la plantilla de COPE durante 26 años, convertido en una de las voces más reconocibles de la radio burgalesa, y voz indiscutible del ciclismo y de la Vuelta a Burgos.

El periodista, casado y padre de dos hijas, ha colaborado en numerosas pruebas deportivas de la Diputación Provincial, como speaker y en retransmisiones, además de haber presentado durante años los actos tradicionales de las Fiestas de San Pedro y San Pablo o la entrega de los reconocimientos de la ciudad de Burgos.

La muerte de Sergio Corral ha dejado numerosas muestras de cariño y pésame en las redes sociales, tanto de compañeros de profesión como de gente del mundo de la política, la economía sociedad o las administraciones burgalesas. “Nos deja un pilar fundamental de esta cadena. Era una persona tremendamente querida y conocida en esta ciudad, que dejó huella en cada uno de nosotros. Sergio trascendía más allá de la radio en esta ciudad”, ha publicado la redacción de COPE en su página web.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha escrito en su cuenta de X un mensaje de cariño para su familia y la profesión periodística. “Siento profundamente el fallecimiento de Sergio Corral, una voz imprescindible de Burgos y de la radio. Todo mi cariño para su mujer, Mariluz, sus hijas, familia y compañeros de profesión, especialmente de @COPEBurgos. #DEP”, recoge su mensaje.

Los datos de la tercera ola del Estudio general de medios (EGM) de 2025 sitúan a la Cadena Ser como la radio líder en España, con un total de 4.892.000 oyentes, lo que representa su mejor dato de los últimos 12 años. Le siguen la Cadena COPE, con 3.545.000 oyentes, 250.000 menos que el dato conocido a comienzos del verano; y Onda Cero, con 2.283.000, y una mejora de 30.0000.

Dentro de la parrilla de la SER, dos programas registran récords históricos. En las mañanas, Hoy por Hoy, con una audiencia de 3.405.000 oyentes. Le sigue Herrera en COPE, a casi 900.000 oyentes de distancia. En la franja de las tardes, La ventana se erige como opción favorita por 1.170.000 oyentes, tantos como La tarde (COPE) y Por fin (Onda Cero) juntas.

En las noches, Hora 25 (Cadena SER), con 1.137.000 oyentes, marca su mejor dato bajo la dirección de Aimar Bretos y amplía su ventaja respecto a sus competidores. La linterna de COPE logra 883.000 oyentes y La brújula de Onda Cero obtiene 539.000.

En Catalunya, RAC1 continúa su ascenso y marca su mejor dato histórico, con 1.064.000 oyentes en su territorio, que se amplían hasta los 1.078.000 en toda España, posicionándose como cuarta emisora generalista más escuchada en todo el país. La pública RNE es la quinta cadena nacional con 945.000 oyentes, 30.000 menos que en el anterior EGM tras restructurar su programación en septiembre.

Entre las emisoras musicales, mantiene su liderazgo Los 40, con 2.854.000 oyentes, seguida de Cadena 100 —1.849.000 oyentes— y Cadena Dial —1.472.000—.

Esta semana ha salido el EGM, el Estudio General de Medios. Es básicamente el medidor de las audiencias de radio. El EGM solo sale tres veces al año, porque no es un medidor instantáneo de audiencia como tenemos en Internet. El EGM es una encuesta. Y cuando sale la encuesta y los datos no te dan como ganador, no hay revancha al día siguiente… Eres el perdedor durante meses. Es una encuesta, pero parece un resultado electoral.

Escuchamos a dos periodistas que quedan retratados cada tres meses con los datos del EGM. Son Pepa Fernández, directora de No es un día cualquiera en Radio Nacional de España, y Aimar Bretos, director de Hora 25 de la Cadena SER. Conocemos a Álvaro, un oyente que recibió una llamada telefónica de los encuestadores del EGM. Y analizamos cómo funciona este sistema con el periodista, profesor y consultor de radio Gorka Zumeta. 

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Episodio relacionado: Así (de mal) se mide la audiencia en televisión

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Un juzgado de Madrid ha decidido dejar al borde de juicio al periodista Guillermo 'Willy' Valadés por inventarse un cáncer y conseguir que sus compañeros de trabajo en la cadena COPE, algunos de ellos las grandes estrellas de deportes de la emisora, le donaran hasta 450.000 euros para un tratamiento que no necesitaba. El magistrado que investiga el caso entiende que debe ser juzgado por un delito de estafa agravada y que su padre también se enfrentará a una acusación por blanqueo de capitales después de que el principal encausado haya reconocido que se inventó la enfermedad pero porque “estaba siendo extorsionado”.

Valadés es un periodista deportivo que abandonó en 2010 el equipo de deportes de la Cadena SER para desembarcar en la COPE y su 'Tiempo de Juego' junto con las grandes estrellas de la cadena: Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Fue hace casi tres años cuando comunicó a sus compañeros de la emisora de los obispos que los médicos le habían diagnosticado un cáncer “en la cabeza” de mal pronóstico y que solo podía combatirse a través de un tratamiento experimental de “protonterapia”. El equipo de deportes de la COPE se lanzó a hacer pagos de más de 10.000 euros semanales mientras recibían actualizaciones semanales de la enfermedad.

Los afectados le dieron, según calcula ahora el juzgado número 24 de la capital, hasta 450.000 euros que salieron “de una partida presupuestaria de la redacción de deportes” de la emisora. La realidad, según ha reconocido el propio Valadés ante el juez, es que “se inventó la enfermedad” y que una parte de ese dinero, además, terminó en la cuenta de su padre, que reconoció haber recibido esa cantidad pero para “ayudarle con la reforma de una casa en el pueblo”. Valadés ha reconocido los hechos pero alegando que “estaba siendo extorsionado”.

La decisión del juez, que ha podido examinar elDiario.es, ha sido dejarle a las puertas de juicio a través de un auto de procedimiento abreviado. Tanto Willy Valadés como su empresa serán acusados de un delito de estafa agravada y su padre, además, de otro de blanqueo de capitales. La resolución explica cómo descubrió el juez que la enfermedad era falsa. La Clínica Universidad de Navarra, donde Valadés aseguraba que estaba recibiendo el costoso tratamiento experimental, comunicó que “no ha sido paciente suyo, ni ha recibido tratamiento contra el cáncer”.

El periodista deportivo fue denunciado en mayo de 2023 por la propia COPE y hasta 82 antiguos compañeros suyos de la emisora después de que el milagroso funcionamiento del tratamiento diera pie a la desaparición de Valadés. El BBVA también certificó al juzgado que el dinero había llegado a su cuenta y después se había movido a través de “extracciones y transferencias”. El siguiente paso del magistrado será abrir juicio oral contra Valadés y su padre después de que la Fiscalía, la COPE y sus antiguos compañeros de deportes de la emisora presenten sus escritos de acusación.

La confesión extendida del empresario Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional se ha convertido en la nueva viga maestra de todas las ramificaciones del caso Koldo. Dos horas de declaración que le abrieron las puertas de la cárcel de Soto del Real gracias al apoyo clave de Anticorrupción y que ha ido aliñando con declaraciones públicas y documentos aportados al Supremo. El grueso de sus acusaciones se dirige contra el exministro José Luis Ábalos, sobre el que dijo que ya antes de la pandemia plantearon el traspaso de un piso de lujo a modo de comisión por futuros contratos amañados. Todo lo envuelve Aldama, al que los investigadores consideran “nexo de la trama”, entre afirmaciones sobre sus contactos con altos cargos del Gobierno y la invitación a buscar pruebas de esas conversaciones dentro de su teléfono móvil, protegido con una “clave de seguridad”.

Aldama declaró ante el juez que le investiga por ser uno de los protagonistas de la operación Delorme, adjudicatario de más de 50 millones de euros durante la pandemia supuestamente gracias a su cercanía al entonces ministro Ábalos y, sobre todo, a la mano derecha de este, Koldo García. Y en su última aportación de documentación al Supremo ha extendido el foco de la sospecha más allá de la pandemia: afirma que pagó y cobró comisiones por amaños de contratos dependientes de ese Ministerio pero centrados en las obras públicas de carreteras, no solo en mascarillas.

Ante los jueces, Aldama ha aportado dos pruebas principales de sus afirmaciones: su palabra y tres hojas sacadas de los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Folios con algunas obras en carreteras marcadas en rosa y otras en verde para, según su relato, explicar a futuro qué contratos ya habían sido “pre-adjudicados” a empresas pagadoras de comisiones y cuáles podían serlo. Por escrito, Aldama no revela el origen del documento ni de las afirmaciones sobre el código de colores asociado a la corrupción.

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó este viernes que está analizando los contratos aportados por el empresario y que solo uno de ellos, de un total de siete, corresponde al mandato de José Luis Ábalos como ministro de Transportes. 

En su entrevista en la COPE concedida poco después de salir de prisión, Aldama se puso a la defensiva cuando se le preguntó por las pruebas que tenía sobre todas estas acusaciones. “Nadie te firma un recibo cuando le das 400.000 euros”, le dijo el presentador. “Visto lo visto, en este país ya hay que mostrar la fotografía con el cuchillo en el pecho. No sé qué más tengo que demostrar”, respondió el empresario. Son aspectos que tendrá que desarrollar el próximo lunes 16 de diciembre, cuando comparezca como imputado ante el juez del Supremo. Cuatro días antes lo hará el propio José Luis Ábalos, que este viernes ha adelantado que no piensa declarar de momento.

La declaración judicial y la documentación de Aldama se centran en su relación con el entonces ministro y hoy diputado sin partido en el Congreso. En lo que a papeles se refiere, más allá de sus palabras, el empresario repasa su relación con él a través de los viajes que ayudó a organizar a México, Venezuela o Georgia, y que arrancaron poco después de la llegada del PSOE al Gobierno en 2018 con la moción de censura. Y aporta un contrato que, según su versión, acordó con Ábalos cuando era ministro, para la transmisión de un piso de lujo en el Paseo de la Castellana que nunca se llegó a materializar. A modo de comisión por los favores futuros a la trama. De momento no hay ninguna prueba de que eso fuese a ser así, más allá de la palabra del empresario, imputado en dos causas de corrupción y fraude millonario a Hacienda.

Uno de los puntales de este documento es el reconocimiento de que él mismo cobró comisiones por amañar contrataciones antes de la pandemia. Un empresario valenciano, afirma, le pagó 77.500 euros en 2019 a modo de mordida. Este es un pago que ya estaba bajo la lupa de la Audiencia Nacional y la Guardia Civil, y que figura en varios informes. La duda que continúa es por qué se habían hecho las transferencias. Aldama despeja la incógnita en su escrito ante el Supremo: “Por la gestión de las adjudicaciones obtenidas del Ministerio de Transportes”. También afirma que otra empresa adjudicataria le pagó 18.000 euros “como compensación” por una adjudicación de obra pública.

El primero en comparecer ante el juez Leopoldo Puente será Ábalos. Lo previsible era que intentase dar continuidad a su discurso público de estos meses y negar su implicación con la trama, pero este jueves el exministro ha hecho ver que no tiene intención de declarar. Prefiere esperar a que cuatro días después lo haga Aldama, quien tendrá que explicar al magistrado si cuenta con más pruebas o si puede ser más específico sobre los contratos que supuestamente amañó para las empresas que le pagaron las comisiones. El documento que aportó con subrayados de colores apunta a más de 100 adjudicaciones de obras en carreteras de todo el país en 2021, al margen de los 53 millones que obtuvo su empresa durante la pandemia y al margen también de las comisiones que cobró en la segunda mitad de 2019.

La agenda de Víctor de Aldama

A medio camino entre la bomba de racimo y los fuegos artificiales, la declaración y la documentación de Víctor de Aldama también desvela un objetivo: dejar claro al juez y a la sociedad en general que él no era un cualquiera y que sus relaciones no se quedaban en Koldo García o José Luis Ábalos. Altos cargos, ministros e incluso el propio Presidente del Gobierno y su esposa formaban parte de sus contactos, según su relato que defiende a golpe de pantallazos de su agenda telefónica para demostrar que tenía sus números. También desliza que las conversaciones están en su teléfono móvil incautado por la UCO y protegidas por un código de seguridad.

El empresario ha puesto la mirilla en tres objetivos principales: el ministro Ángel Víctor Torres, el número dos del PSOE, Santos Cerdán y Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero. Sobre el primero afirma que la trama le pidió 50.000 euros en el marco del amaño de un contrato para rehabilitar la sede de la Agencia Tributaria de Canarias, un contrato que ni siquiera pasó por manos del gobierno canario que dirigía entonces Torres. Además, dice, se negó a pagar el supuesto peaje. Y dos anexos: el pantallazo que demuestra que tiene el teléfono del hoy ministro y la afirmación de que alquiló un piso en Madrid para “encuentros de diversa naturaleza en los que participaba junto a otras personas”.

Torres ha negado las acusaciones y ha anunciado que ampliará las acciones legales contra Aldama. En una entrevista posterior, el propio empresario ha rebajado sus propias acusaciones y insinuaciones: “Yo no he dicho que tuviera un piso alquilado al señor Ángel Víctor Torres, yo he dicho que a mí se me ha pedido”.

Sobre Santos Cerdán, diputado y cercano a Koldo García cuando hacía política en Navarra, Aldama insiste en los 15.000 euros que afirma ante el juez que le pagó. La explicación confusa que ha dado por el momento es que tuvo que pagárselos fruto de un “desencuentro” con la empresa, otra adjudicataria. Y sobre Carlos Moreno, alto cargo de Hacienda con María Jesús Montero, Aldama vuelve al sector inmobiliario para afirmar que le ofreció consejo sobre la compra de un piso, aunque finalmente se comprara otra casa no relacionada con el empresario investigado. De ahí, según el relato de Aldama, su relación salta a un presunto trato de favor en la gestión de un supuesto aplazamiento de deuda en Hacienda a favor de una de sus empresas.

La agenda de Víctor de Aldama

María Jesús Montero es uno de esos nombres del actual Gobierno que Aldama ha citado como parte de las autoridades con las que se reunió en esos años. La ministra de Hacienda, en su comparecencia en el Senado, fue clara al decir que “nunca jamás” se ha reunido con él. En la COPE, Aldama matizó: formó parte de una reunión telemática común en la que no tomó la palabra y después coincidieron en una fiesta de cumpleaños con Ábalos.

El rescate de Air Europa es caza mayor para la derecha desde la pandemia. Por el montante de más de 400 millones de euros que intenta poner bajo sospecha y porque permite sacar a colación a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. Ante Herrera, el empresario pudo desarrollar cuál fue su relación con ella, algo en lo que la Audiencia Nacional por ahora no ha mostrado mayor interés. Una “tertulia” con Begoña Gómez y con Javier Hidalgo, CEO de la compañía, después de un evento al que habían acudido. Según el propio Aldama, nunca hablaron del rescate de Air Europa, algo que las acusaciones populares del caso intentan vincular desde hace meses sin éxito a la esposa del Presidente del Gobierno.

Sobre su cercanía con Pedro Sánchez, Aldama insiste en su versión de que la fotografía que tiene con él partió de la iniciativa del presidente de agradecerle las gestiones que, afirma, estaba haciendo en México. Y aporta como prueba una carta de su entonces jefe de gabinete, Iván Redondo. Una carta que no iba dirigida a él y en la que el entonces colaborador de Pedro Sánchez, un año y nueve meses después de la foto, despachaba una propuesta de reunión con una negativa.

“El corrupto no soy yo”

A medio camino entre el imputado y el comentarista político, en la COPE Víctor de Aldama reconoció sus “errores” pero defendio: “El corrupto no soy yo, el corrupto es el político”. Su lista de nombres de políticos asociados a cantidades de dinero, dijo el empresario, no son comisiones pagadas, sino un proyecto que nunca se cumplió. “Yo no he sobornado a nadie, soy culpable de haber pagado a un funcionario, pero había por detrás que si no pagaba no se me seguía dando, y al final soy un empresario”, defiende. Un relato que choca, en parte, con las pruebas que él mismo ha presentado al Supremo.

Su gran pecado, considera, ha sido “no haberlo denunciado”. “Hay pruebas, creo, más que suficientes, por menos de esto al señor Rajoy se le hizo una moción de censura. Por 200 y pico mil euros que, además, ni le afectaba a él, y se le echó del Gobierno”, añadió en esta entrevista con Carlos Herrera.

En unos días el Tribunal Supremo entrará de lleno en la ramificación del caso Koldo con el interrogatorio a José Luis Ábalos y, unos días después, las declaraciones de Víctor de Aldama y Koldo García. El exministro se enfrenta a acusaciones que van más allá de lo afirmado por Aldama y se cimentan en informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, al igual que sucede con Koldo García, su antiguo asesor. Están por ver los movimientos del juez Puente, del Tribunal Supremo, ante todas las afirmaciones que afectan a otros miembros del Gobierno. Por el momento, en la Audiencia Nacional, el juez que sigue investigando el grueso del caso Koldo ha pedido a la Guardia Civil que compruebe cuánta verdad hubo en su confesión de cerca de dos horas que le permitió salir de prisión.

El redactor de COPE Castilla-La Mancha, Cristóbal Cabezas, ha interpuesto dos demandas contra la empresa, Radio Popular S.A, contra el director regional de la emisora Juan Carlos Sevilla y contra el Fondo de Garantía Salarial, FOGASA. En ellas, acusa a la empresa periodística de “impedir la conciliación” de su vida personal, familiar y laboral y busca además impugnar una “modificación sustancial” de sus condiciones de trabajo. Ambas, considera, suponen una presunta vulneración de derechos fundamentales. Los juzgados de lo Social número 4 y 2 de Toledo analizan actualmente la petición del periodista.

Cabezas ha decidido tomar estas medidas tras años de “acoso” y “hostigamiento” que atribuye a Sevilla. El trabajador lleva años siendo el redactor de referencia en Toledo de la cadena radiofónica, en la que trabaja desde hace 18 años y de la que fue jefe de informativos durante más de una década.

Presuntas “amenazas” y “hostigamiento”

Fuentes conocedoras del caso consultadas por este medio señalan que desde que Juan Carlos Sevilla asumió la dirección regional de COPE Castilla-La Mancha, en el año 2019, “no ha cesado el acoso” hacia el afectado. De hecho, “acoso”, “amenazas”, “hostigamiento” son palabras incluidas en las demandas a las que ha tenido acceso elDiarioclm.es. Fue en mayo de este año cuando se le “degradó”, según relatan, de su puesto como jefe de informativos, con la consecuente retirada de los pluses que recibía por dicho cargo. Pasó a ser redactor, aunque su categoría profesional es la de jefe de informativos.

La decisión, según las mismas fuentes, fue “injustificada” y se produjo después de un cambio de turno de trabajo en jornada partida, de las 11.00 de la mañana hasta las 15.00 horas y luego desde las 17.00 horas hasta las 20.00 horas. Cabezas planteó una jornada continuada, de 13.00 a 20.00 horas que, según se detalla, es el horario que tienen los trabajadores de la emisora en otras comunidades autónomas. Algo que fue denegado.

Ambas demandas se presentaron en julio de este año y tras su recepción y comunicación a las personas demandadas, la situación de “acoso” y “hostigamiento” ha ido “en aumento”, detallan. Actualmente, Cabezas se encuentra de baja laboral. La cadena le ha exigido que devuelva los instrumentos de trabajo vinculados a la emisora así como las llaves para acceder a las instalaciones que la empresa tiene en la céntrica plaza de Zocodover de Toledo, tal como ha podido confirmar este medio.

La cadena asegura que se le han hecho varias propuestas, sin respuesta

Por su parte, fuentes de la empresa en Madrid señalan que si bien el Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a adaptar su horario por razones de conciliación, estas “deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa”.

También explican que el pasado 3 de mayo se le comunicó la necesidad de realizar un cambio de horario, debido a “motivos organizacionales para el buen funcionamiento de la empresa”. El horario indicado entonces fue de 10:00 horas a 15:00 horas, y de 18:00 a 20:00 horas. El horario, señalan, era el que cumplía otra empleada, cuyo cargo pasaba a ocupar Cabezas.

Entonces, el redactor realizó una petición de cambio horario por motivos de conciliación que se revisó y estudió con detenimiento, “haciendo un ajuste” de 11:00 a 15:00 horas, y de 17:00 a 20:00 horas. “Organizativamente no era lo más adecuado para la empresa”, señalan. El 18 de mayo, tras haber “aceptado el horario”, el redactor solicitó un “nuevo cambio”, describen las mismas fuentes, de 13:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes. “Una distribución que es incompatible con la buena organización de la emisora”, declaran.

En este sentido, señalan que se ofrecieron hasta “seis propuestas de adaptación del horario” para poder facilitar su conciliación. “Una propuesta a la que, a día de hoy, la empresa no ha recibido respuesta”, concluyen. En relación al “supuesto caso de acoso”, afirman que se han activado efectivamente todos los mecanismos y protocolos establecidos para este tipo de casos. “Se están dando los pasos necesarios para esclarecer la situación”, rematan, dentro de un proceso que es “interno y confidencial”.

El 20 de agosto, cuando la Selección femenina de fútbol de España se proclama campeona del mundo, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, decide darle a la jugadora Jenny Hermoso un beso no consentido que da la vuelta al mundo. En ese momento comienza un recorrido en el que el feminismo consigue dar un giro de 180 grados en la opinión pública que acaba con la dimisión de Rubiales y con su comparecencia en la Audiencia Nacional por un posible delito de agresión sexual.

Recorremos la historia de la caída de Luis Rubiales con la redactora jefa de género de elDiario.es, Ana Requena. 

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El Tribunal Supremo se dispone a zanjar una guerra fiscal que se extiende desde hace más de una década entre Hacienda y el locutor Carlos Herrera. La Sala de lo Contencioso estudiará la semana que viene si entre 2006 y 2007 el conductor de las mañanas de la COPE, entonces en Onda Cero, tributó cientos de miles de euros del Impuesto de Sociedades de manera errónea a través de un “entramado empresarial” o si, como alega Herrera y explica una sentencia favorable, ha sido Hacienda la que ha calculado todo de forma equivocada sin que ni él ni sus empresas hayan cometido ninguna irregularidad. La Audiencia Nacional dio la razón al periodista, que no ha querido hacer comentarios, preguntado por este periódico, y ha sido la Abogacía del Estado la que ha recurrido al entender que esta doctrina puede ser “gravamente dañosa” para los intereses públicos. Desde el entorno del periodista destacan que ni ha sido sancionado ni debe ningún dinero a Hacienda.

La documentación del caso, a la que ha tenido acceso elDiario.es, revela que este pleito lleva tramitándose en los tribunales económicos y en la jurisdicción contenciosa desde septiembre de 2010, cuando la Inspección puso la lupa en las cuentas del entonces director de Herrera en la Onda, programa que Carlos Herrera dirigió entre 2004 y 2015 hasta su salto a la emisora de los obispos. La Agencia Tributaria examinó, en concreto, el dinero que el grupo Atresmedia –entonces denominado Uniprex– pagó a una de sus empresas y cómo ese dinero se repartió entre el locutor y otras sociedades del grupo vinculadas a él en los años 2006 y 2007.

La Inspección constató que Carlos Herrera operaba en ese momento a través de una sociedad, La Rehos SL, que junto con él formaban parte de un “entramado empresarial” con tres sociedades más entre las que se repartían las funciones para hacer el programa y, después, los pagos anuales. En 2006, por ejemplo, Atresmedia pagó 3,2 millones a La Rehos, de los cuales 394.000 euros fueron a parar a Herrera, 685.000 a una sociedad participada al 100% por la anterior empresa, otros 120.000 a una empresa participada al 50% por Herrera y, finalmente, otros 340.000 a una empresa participada al 70% por el locutor. En 2007 las cantidades fueron similares.

Cada una de las sociedades tenía un cometido a la hora de realizar el programa Herrera en la Onda, explica la Audiencia Nacional. Una, por ejemplo, se encargaba de los técnicos de sonido, la documentación, el asesoramiento y la limpieza de las oficinas. Otra a la producción, el control de colaboradores y la elaboración de guiones. En total, las tres empresas tenían contratados tres auxiliares, dos técnicos de sonido, un auxiliar de documentación y una persona dedicada a la limpieza.

La Agencia Tributaria concluyó que Herrera estaba canalizando sus ingresos millonarios a través de empresas para que pagaran el Impuesto de Sociedades, más benevolente que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por un trabajo que, en realidad, dependía al 100% del trabajo que el locutor prestaba para Onda Cero y Uniprex. Como primer paso acordó que la empresa de Herrera debía recuperar 807.000 euros pagados de más y de forma errónea en el Impuesto de Sociedades de esos dos años.

El locutor recurrió sin éxito ante los tribunales económicos y llevó su caso hasta la Audiencia Nacional, que le dio la razón en el verano de 2021. Los jueces destacaron, en primer lugar, que las empresas del entramado sí tenían personal para realizar funciones y participar en la elaboración del programa radiofónico. “Cuenta con medios humanos y materiales a todos los efectos”, dijo esa primera sentencia.

Para los jueces está claro que Herrera, como conductor del programa, es “imprescindible” pero no realiza “todas y cada una de las funciones” necesarias para sacar adelante el programa. Y critica que la Agencia Tributaria, a la hora de calcular el valor de mercado para saber cuánto dinero se debía pagar en impuestos, separase la actividad de Herrera de la de su sociedad para concluir que La Rehos SL era simplemente una sociedad interpuesta.

Un criterio “gravamente dañoso” para las arcas públicas

El locutor de COPE ganó la pelea en la Audiencia Nacional pero la Abogacía del Estado decidió llevar el caso hasta el Tribunal Supremo, que examinará las alegaciones la semana que viene en la sección de lo Contencioso-Administrativo especializada en impuestos, aunque es posible que la sentencia no se conozca hasta dentro de unas semanas.

La Abogacía del Estado alega en su recurso que, en primer lugar, no existe una jurisprudencia clara del Tribunal Supremo en casos como el de Carlos Herrera y que, en caso de confirmarse lo dicho por la Audiencia Nacional, sentaría un precedente peligroso. “El criterio que aplica la Audiencia Nacional es gravamente dañoso para los intereses generales, pues permite situar los beneficios de servicios de carácter personalísimo en sociedades que no aportan valor añadido, tributando por importe menor del que correspondería”, alerta la Abogacía del Estado.

El Supremo admitió a trámite este recurso hace un año y decidió que el caso de Carlos Herrera serviría para apuntalar su jurisprudencia en este tipo de casos “comunes”, dice la Abogacía, de profesionales que canalizan sus ingresos a través de sociedades. Eso, recuerdan los jueces del alto tribunal, no es ilegal salvo que se haga para “reducir la carga fiscal”. Es decir, para pagar Impuesto de Sociedades y no IRPF.

De Carlos Herrera a El Rubius

Se trata de un debate similar al que abordaron los jueces de los tribunales madrileños cuando tuvieron que estudiar la actividad económica de los primeros años de El Rubius como youtuber más exitoso de España. Tal y como reveló elDiario.es, los jueces entendieron que El Rubius, durante sus primeros años de actividad, canalizó sus ingresos a través de una sociedad y no los cobró él directamente para ahorrar en impuestos.

En su caso, a diferencia del de Herrera, los jueces constataron que la empresa Snofokk SL no tenía ningún medio material y personal y que se limitaba a cobrar el dinero que obtenía de YouTube. En el caso del locutor de COPE, la Justicia entiende que sus empresas sí tenían empleados y no eran simples sociedades vacías destinadas a ahorrar impuestos.

El auto de admisión a trámite del Supremo especifica que los jueces focalizarán su análisis en un punto clave de la actuación de la Agencia Tributaria en este caso: cómo calcular el precio de mercado si, como en el caso de Herrera, el servicio que presta una empresa depende del papel esencial del socio, en este caso del locutor. También si son “operaciones no vinculadas comparables” y si, por tanto, se debe o no calcular con una corrección por la existencia de la sociedad.

A lo largo del caso, el locutor radiofónico ha alegado que sus empresas sí tenían medios para hacer los trabajos por los que cobraban cientos de miles de euros al año, denunciaba el cálculo incorrecto que la Agencia Tributaria hacía del valor de mercado de su trabajo y, finalmente, ponía encima de la mesa inspecciones posteriores donde la Inspección sí le ha dado la razón. Por ejemplo, a la realizada entre los años 2013 y 2015 por el Impuesto de Sociedades y el IRPF.

La Audiencia Nacional denunció que en esta segunda inspección, la situación de Herrera era “semejante”. Sin embargo, la Administración le dio la razón, a diferencia de cuando estudió los periodos de 2006 y 2007. “La ponderación de la Administración de hechos muy semejantes, difiere sin justificación en los ejercicios 2006 y 2007 de los posteriores 2013 a 2015, lo que nos lleva a concluir que la propia Administración terminó valorando las circunstancias en la misma forma en que lo hacemos en la presente sentencia”, concluyó la Audiencia Nacional para darle la razón.

Esa sentencia, sin embargo, no fue unánime. El magistrado Javier López Candela emitió un voto particular en el que negaba que Herrera hubiera intentado simular la actividad de su empresa para pagar menos impuestos, pero esa empresa “no puede actuar sin la intervención de Herrera, por mucho que cuente con dos auxiliares administrativos”.

Para este magistrado, por tanto, el dinero que La Rehos SL pagó a Carlos Herrera entre 2006 y 2007 no es una retribución “correspondiente a efectos de mercado”, implicando que él pagó de menos por IRPF y la empresa de más por el Impuesto de Sociedades. La empresa cobró 3,2 millones cada uno de esos años y él cobró personalmente 390.000 euros en 2006 y 402.000 más en 2007.

Santiago Abascal ha defendido este lunes su decisión de que el candidato a la presidencia del Gobierno en la moción de censura contra Pedro Sánchez sea Ramón Tamames, pese a que ya se conoce el discurso -que fue adelantado en exclusiva por este diario- y pese también a algunas discrepancias con Vox que el ex dirigente del PCE ha aireado estos días en las numerosas entrevistas y declaraciones hechas a los medios de comunicación. A su juicio, “las coincidencias de Tamames con Vox son más que suficientes” y eso es lo importante. Así lo ha dicho en una entrevista con el periodista Carlos Herrera en la Cope la víspera de que comience en el Congreso la primera jornada del debate de la moción de censura. Abascal ha confesado que está “tranquilo no sólo de ánimo sino también con la conciencia tranquila” porque sabe que “están haciendo lo correcto”, aunque la moción no salga adelante. “Pero es lo que tenemos que hacer y lo que quieren millones de españoles”, se ha justificado. “La moción va a retratar a Sánchez como lo peor de la democracia”, ha añadido, en alusión a sus socios. Luego ha reconocido que la publicación del discurso “es una filtración que no nos gustó, evidentemente”, pero que “ha servido para que se sepa que el fin de la moción es convocar elecciones” y también para dejar claro “que vivimos en una autocracia”.

Abascal ha insistido en que esas discrepancias de Tamames con su partido “no son nuestra principal preocupación” y ha acusado de nuevo a los medios de comunicación de destacarlas: “Creo que las diferencias que ha mostrado con Vox en algunos aspectos han sido llevadas a titulares por los medios de comunicación que han hecho innumerables entrevistas al profesor Tamames durante estos días”. De hecho, ha proseguido, “sabemos que esas entrevistas han durado mucho más y que luego las transcripciones solo han hecho referencia hacia donde había algún punto de discrepancia”, se ha quejado. “Nos sorprende la unanimidad mediática que ha habido contra Vox”, ha resumido.

“Pero nosotros no hacemos las cosas en función del cálculo electoral”, ha añadido, “nosotros no defendemos el derecho a la vida, por ejemplo, frente al aborto y la eutanasia, o hacemos oposición a la ideología de género o a una inmigración masiva e ilegal en función de criterios porcentuales de apoyo en las encuestas. Lo hacemos porque creemos simplemente en ello”, ha sostenido el líder de Vox que ha insistido en defender la presentación de la moción contra Sánchez porque creen “que el Gobierno merece ser censurado” dado que “estamos padeciendo uno de los peores gobiernos de nuestra historia”. “Es un Gobierno sostenido en un grupo político peligroso directamente comunista como es Podemos, sostenido en los enemigos del orden constitucional y de la nación como son los independentistas que dieron el golpe en Cataluña y sostenido en partidos como Bildu que son herederos del terrorismo”, ha sentenciado.

Abascal ha restado importancia al hecho de que ya se hayan publicado las líneas básicas del discurso de Tamames y ha adelantado que habrá algunos cambios en lo que diga mañana. También ha afirmado que no entiende la abstención del PP, adelantada hace tiempo, “cuando ni siquiera han escuchado el discurso”. Por ello ha pedido a los de Feijóo que “reflexionen” y esperen a escuchar a Tamames.

En su opinión, aunque la iniciativa fracase numéricamente va a ser “una de las pocas veces en las que Pedro Sánchez no va a tener todo a su favor en Las Cortes” en donde cree que “hay pocas posibilidades de hacer oposición”. Pero gracias al formato de la moción, tanto él como el candidato alternativo podrán intervenir también sin límite de tiempo, algo que no ocurre en las sesiones de control al Gobierno.

El líder de extrema derecha ha vuelto a sostener que el Gobierno de coalición de Sánchez “no es ilegal pero sí ilegítimo”, porque es “un Gobierno sostenido en la mentira, que nos ha llevado a la ruina”, y que entre otras cosas, “se ha lanzado al asalto de las instituciones y se ha ido por la pendiente del extremismo legislativo” impulsando “leyes suicidas” como, por ejemplo, “las que han puesto a miles de violadores en la calle” o “las que prohíben explotar nuestros recursos energéticos”.

Durante la entrevista en la cadena de los obispos, ha señalado también que cree que Sánchez “contestará utilizando la condescendencia”, aunque no cree que conteste “a ninguna de las acusaciones”. “Nunca lo ha hecho, jamás lo hace en las sesiones de control, así que en eso no va a haber novedad, pero es bueno que los españoles sepan lo que está pasando”.

Preguntado por si cree que el presidente puede aprovechar para decretar un adelanto electoral, ha afirmado que “no se atreve a decir que es lo que hay en la cabeza de Pedro Sánchez”, sin embargo, no tiene duda de que no tendrá “ningún tipo de escrúpulo” en decretar un adelanto electoral: “Si le beneficia, lo hará”. No obstante, Abascal cree que “Sánchez es un presidente caducado que está buscando en estos momentos un sillón internacional” y que “sabe que no tiene ninguna opción ya que el pueblo español le va censurar de la manera más severa cuando tenga ocasión” en las urnas, en las próximas elecciones generales.

Pocos días antes de la Nochebuena de 2019, la asociación de Abogados Cristianos anunciaba en su cuenta de Twitter que iba a querellarse contra Netflix por mostrar a Jesucristo como homosexual en la película 'La primera tentación de Cristo'. Una de las respuestas que recibieron afirmaba: “Pero si iba a todas partes con doce maromos y su mejor amiga, cómo no va a ser maricón”. Ese tuit era de un trabajador de la cadena COPE, propiedad de la Conferencia Episcopal, y le costó el puesto de trabajo. Ahora ha sido el Tribunal Supremo el que ha confirmado que el despido fue nulo y que la emisora de los obispos está obligada a readmitirle en su plantilla.

El tuit fue escrito por este trabajador del departamento de sonido de la emisora de radio el 22 de diciembre de ese año. Abogados Cristianos había anunciado que se querellaba contra Netflix, esgrimiendo un delito contra los sentimientos religiosos, por la película 'La primera tentación de Cristo', en la que el brasileño Gregório Duvivier da vida en clave de comedia a un Jesús de Nazaret homosexual. Una polémica judicial en España que venía precedida de una ofensiva ultracatólica a nivel mundial contra la película, que incluyó la prohibición del film en Brasil y ataques con cócteles molotov a la productora, tal y como informó verTele.

Cinco días después del tuit, el trabajador recibió la carta de despido. El mensaje que había escrito, decía, era “insultante, sexista y vejatorio” y, además, atentaba contra el ideario de la COPE. Incumplía, además, el “Decálogo de Buenas Prácticas en Redes Sociales” de la emisora y merecía el despido por ser una “infracción de máxima gravedad”. Un decálogo en el que se insta a los trabajadores, entre otras cosas, a evitar “opiniones que entren en contradicción con los valores de la Casa”.

Un juzgado de lo social de Madrid entendió que el despido era nulo y así lo confirmó el Tribunal Superior de Justicia hace un año. Los jueces confirmaron que este trabajador fue despedido por “ejercitar legítimamente su derecho fundamental a la libertad de expresión” sin que la emisora consiguiera probar “algún incumplimiento que justificara el despido”, lo que llevaba a su nulidad y la obligación de readmitirle, además de a pagarle los salarios de tramitación no cobrados mientras estuvo fuera de la empresa.

“Ni el ideario ni el decálogo de buenas prácticas son normas de obligado cumplimiento para el personal que trabaja para COPE”, recordaron los jueces del TSJM. Además, este trabajador no era periodista sino técnico de sonido y, finalmente, en su cuenta particular de Twitter no estaba identificado como miembro de la plantilla de la emisora de los obispos. Su tuit, por tanto, “debe enmarcarse dentro del ámbito de la libertad de opinión que todos pueden ejercer según la Constitución”, zanjaron los magistrados.

La COPE recurrió y ahora, según ha sabido elDiario.es, el Tribunal Supremo ha inadmitido su recurso a través de un auto del mes de noviembre. Una inadmisión firmada por los jueces con el visto bueno de la Fiscalía ante la comparación con la que la empresa pretendía convencer de que el tuit del trabajador sobre Jesucristo justificaba su despido: argumentaba en su recurso que el Tribunal Constitucional confirmó el año pasado la condena de una concejala de Catarroja (Valencia) por insultar al torero fallecido Víctor Barrio.

Los casos del torero y Jesucristo

Esta sentencia, procedente de la jurisdicción civil, fue la que puso la COPE sobre la mesa a modo de contraste en un caso de despido gestionado por lo social. En mayo de 2021 el Constitucional avaló que Datxu Perris, entonces concejala en el ayuntamiento de la localidad valenciana de Catarroja, fuera condenada a indemnizar con 7.000 euros a la familia del torero Víctor Barrio, fallecido por una cornada en la plaza de toros de Teruel en 2016.

El motivo de la indemnización fue el haber llamado “asesino” al torero en las redes sociales, una condena que avaló en última instancia el Tribunal Constitucional y que, según la COPE, servía para justificar el despido de su trabajador por bromear con que Jesucristo era homosexual. “La contradicción entre las sentencias comparadas es inexistente”, dice el Tribunal Supremo para rechazar el recurso de la emisora de los obispos. No aporta, reprochan los jueces, “elementos novedosos o relevantes al respecto” en su recurso y declaran firme la nulidad del despido.

El auto del Tribunal Supremo, con Juan Molins como ponente, también establece una condena en costas de 300 euros para la COPE. A lo largo del proceso judicial, los tribunales han reprochado a la empresa que intentara iniciar una investigación “prospectiva” sobre la actividad en Twitter de este trabajador, proponiendo que se aportaran sus tuits de los últimos seis meses, también los eliminados por el usuario.

El TSJM recordó que, en todo caso, tenía que ser la COPE la que probara los incumplimientos del trabajador y no al revés. Las investigaciones “prospectivas”, recordó la sala de lo social del tribunal madrileño, están prohibidas, en este caso solicitando datos “que no se consideran relevantes para el enjuiciamiento de los hechos”.

La Junta de Castilla y León, cogobernada por Partido Popular y Vox, ha resuelto este martes el concurso público organizado para otorgar licencias de radio en la Comunidad. En total estaban en disputa 138 licencias en 44 municipios de las nueve provincias de Castilla y León, de las que se han adjudicado 124 y otras 14 han quedado desiertas al no presentarse ninguna solicitud, ha informado el Gobierno autonómico.

La cadena religiosa Radio María ha sido la principal adjudicataria con 27 emisoras. Y entre las principales adjudicatarias aparece otra cadena religiosa, La Undécima Hora, vinculada a la Iglesia Adventista a través de la asociación Nueva Esperanza, que ha obtenido 8 licencias. Entre ambas se llevan casi una de cada tres licencias en disputa.

A las entidades religiosas les siguen las 14 emisoras adjudicadas a Mediatel Media (Grupo Promecal) y las 11 adjudicadas a Unedisa (Unidad Editorial-El Mundo), las mismas que ha obtenido Uniprex (Grupo Atresmedia-Onda Cero). Castilla y León Radio (Grupo Edipres) ha obtenido 10 emisoras y la sociedad Economía por Ondas ha obtenido 5 licencias en la provincia de León y Benavente.

La cadena EsRadio de Jiménez Losantos ha obtenido apenas 3 frecuencias nuevas, las mismas que el Grupo Prisa, aunque alguna de estas últimas se ha adjudicado a empresas asociadas al conglomerado empresarial de la Cadena SER.

Las licencias objeto de esta convocatoria fueron asignadas a Castilla y León en el Plan técnico nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y tuvieron que volver a convocarse tras la anulación en los tribunales de la anterior convocatoria. Una vez que se proceda a la adjudicación definitiva, las licencias tendrán una vigencia inicial de 15 años.

La Mesa de Evaluación, ha explicado el Gobierno en un comunicado, está integrada por personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma, y que “ha realizado la valoración en base a los criterios objetivos estipulados en el concurso.” Desde este momento, los adjudicatarios propuestos deberán aportar la documentación preceptiva solicitada por la Mesa de Evaluación, conforme a las bases del concurso. Posteriormente, la documentación solicitada será objeto de comprobación y tras su verificación la Mesa de Evaluación procederá a realizar la propuesta definitiva de adjudicación de licencias.

Se venía rumoreando desde hace varios días, pero hasta ahora no se ha hecho realidad. Según ha podido confirmar en exclusiva elDiario.es, Fernando Giménez Barriocanal abandonará la Presidencia de Ábside Media, el grupo que controla la cadena COPE y la cadena de televisión TRECE, además de otros medios propiedad de la Conferencia Episcopal. 

El nuevo presidente del grupo, sin facultades ejecutivas, será José Luis Restán, hasta la fecha adjunto al presidente. A sus 63 años, el cargo de Restán tendrá carácter simbólico, sin capacidad alguna de control de personal o línea editorial. Para esos cometidos, se nombrarán dos directores generales: uno responsable de la faceta económica, Javier Visiers; y una directora general que se ocupará de la parte editorial, Lucía Fernández. 

El papel en las relaciones con el Gobierno, clave de la decisión

Entre las razones que se esconden detrás de esta decisión, que ha sido tomada con el máximo sigilo y que ha de ser refrendada por el Consejo de Administración –y por Roma, adonde viajan Barriocanal y el hasta ahora secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en los próximos días–, está la dificultad de compaginar el control de una línea editorial como la de la emisora de los obispos, muy crítica con el Gobierno, con la realidad que supone participar directamente en las negociaciones con el Ejecutivo desde su cargo de vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, un cargo que Barriocanal mantiene. Las responsabilidades de Barriocanal se incrementarán, de hecho, toda vez que Argüello, el actual secretario, abandonará de facto su cargo este verano tras ser nombrado arzobispo de Valladolid 

Barriocanal, que lleva al mando de COPE desde la caída de Alfonso Coronel de Palma en 2010, continuará, no obstante, controlando con mano férrea todo lo relacionado con la economía de Ábside Media. Así, desde la Conferencia Episcopal, máxima accionista de COPE, se arbitrará un sistema de control “muy intenso” para controlar la parcela económica. Un control que tendrá carácter semanal y que fiscalizará el trabajo de los nuevos responsables. Porque Giménez Barriocanal se va, pero seguirá mandando. Al menos, en lo económico.

Toda la información en www.religiondigital.org

Para el PP el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido un Ejecutivo ilegítimo desde el primer día. Para Vox, una coalición de okupas liberticidas que han puesto en marcha una “industria de la muerte”. Y para sus terminales mediáticas, desde la TDT party a Federico Jiménez Losantos, pasando por la cadena Episcopal, cosas todavía peores. “Esta basura de Gobierno infectó deliberadamente a cientos de miles de personas con tal de mantener su calendario político”, dijo esta semana el locutor estrella de EsRadio sobre el Ejecutivo, al mismo tiempo que denunciaba, como hace cada mañana, que en España no hay libertad. Según el Estudio General de Medios las soflamas de Losantos llegan cada mañana a 628.000 oyentes. Las de esta semana no son un episodio aislado, la derecha mediática no escatima insultos y graves descalificaciones a la coalición de PSOE y Unidas Podemos ninguna semana.

Y tras la de la aprobación de los Presupuestos “con ETA” , en esta los grupos que apoyan al Gobierno -a los que se ha sumado Ciudadanos esta vez alcanzando 198 de los 350 diputados del Congreso- han sacado adelante la primera Ley de Eutanasia, que coloca a España entre los seis países más avanzados en legislación sobre muerte digna. Así que el relato estaba más o menos cantado. El complot “proetarra” quiere “deshacerse de los enfermos”, “matar a los ancianos” o promover el “suicidio asistido” dentro de un supuesto plan para dilapidar las libertades públicas, acabar con la monarquía y, en definitiva, fulminar la Constitución en lo que queda de legislatura.

Este coro de voces que se pronuncia desde los editoriales o las secciones de opinión de los periódicos conservadores, así como a través de los alegatos radiofónicos de estrellas mediáticas de la extrema derecha, como Federico Jiménez Losantos o Carlos Herrera, o las televisiones de la Iglesia, ha asumido la estrategia de las derechas de PP y Vox, que desde hace meses acusan al Gobierno de Sánchez de tratar de acabar con los derechos ciudadanos con prácticas dictatoriales. Se refieren al Gobierno como a un “régimen”, y en ese caldo de cultivo emergen colectivos radicalizados como los de los militares retirados que han tratado de vincular al rey en contra de supuestos retrocesos democráticos o que, directamente, piden en un chat de WhatsApp “fusilar a 26 millones” de ciudadanos y consideran que la única vía para derrocar al Ejecutivo es dando un golpe de Estado.

Paradójicamente, cuanto más anuncian que estamos en una dictadura, más elevan los decibelios contra el Gobierno y más duras son sus acusaciones al presidente y los ministros. Sucedió en la primera legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y la estrategia se replica desde la moción de censura contra Mariano Rajoy. Al igual que los partidos de Casado y Abascal, las teorías de los medios más conservadores sostienen que el Gobierno lleva a cabo su plan para acabar con el Estado de derecho con la ayuda de socios “filoetarras”, “golpistas” y “social comunistas”, en alusión al apoyo que ha recibido el Ejecutivo a lo largo de la legislatura para sacar adelante sus propuestas junto a formaciones independentistas como ERC, EH Bildu o PDeCat, que respaldaron tanto las nuevas cuentas como la histórica ley que regula por primera vez la muerte digna en España.

El repaso a los editoriales de Jiménez Losantos en su programa de EsRadio constituye una larga lista de exabruptos con las que arengar cada mañana a su audiencia. El lunes, quiso referirse al polémico vídeo difundido por Unidas Podemos la semana pasada en el que se intercalaban imágenes de Felipe VI y de su padre, Juan Carlos I, con la sintonía de la popular serie de televisión Narcos, que narra la vida del narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

Jiménez Losantos: “Van a por Felipe, es evidente”

“Si uno va a cargarse la ley”, dijo el comunicador tratando de acusar al Gobierno de ir en contra de las normas, “tiene que cargarse al que está en la cúpula del Estado”. “Van a por Felipe, es evidente”, añadía. A su juicio, en ese supuesto plan, “Iglesias no existe” porque la “operación” para acabar con el rey “es exclusivamente de Sánchez”. Para Jiménez Losantos, el presidente del Gobierno tendría que responder al vídeo difundido por Unidas Podemos diciendo: “Para narcos mi vicepresidente del Gobierno, para narco, mi fiscal general que es la novia del abogado de Maduro”, añadió, refiriéndose a Dolores Delgado y al juez Baltasar Garzón.

El martes Jiménez Losantos quiso dar las claves “para entender” por qué el de Sánchez “es un Gobierno social comunista”. Aseguró que en la parte de Unidas Podemos del Ejecutivo hay “comunistas pagados por Venezuela, por Irán, por Bolivia y por el Ecuador de Correa, corrupto Correa”. “Lo malo es que hay otro Partido Comunista, que es la ETA”. Para él “esos dos partidos comunistas son los que dirigen la acción política” del Gabinete de Sánchez, porque a éste “le da lo mismo Juana que su hermana”. “Mientras él surfee la ola le da lo mismo que la ola sea verde, roja, o de excrementos”, añadió. “Pero a los otros no les da igual”, prosiguió. “Los otros tienen un proyecto político totalitario”. El locutor llegó incluso a decir que el Gobierno “es proetarra”, ya que “abiertamente defiende al partido de la Eta frente a Vox, que es el partido de las víctimas”.

Tras la ya desaparecida banda terrorista, el miércoles fue el turno de otro de los mantras de la derecha contra la izquierda: Venezuela. Jiménez Losantos aseguró lo siguiente, refiriéndose a la necesaria renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde 2018 por el bloqueo del PP: “Vamos camino de Venezuela a toda velocidad. Quieren liquidar a los jueces”. Además, ironizó con “las ninfas” de Casado, refiriéndose a la directora de Comunicación de los populares, María Pelayo, y a la actual portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra. “Echamos de menos a la inolvidable portavoz”, remachó, en alusión a Cayetana Álvarez de Toledo, que desde su destitución como principal voz del PP en la Cámara Baja también hace oposición interna a Casado desde su propio canal de Youtube y también como invitada en el programa de Losantos.

“Esta basura de Gobierno infectó deliberadamente a cientos de miles de personas con tal de mantener su calendario político”, dijo el locutor el jueves, haciendo mención a las marchas del 8M que, según PP y Vox, fueron el origen de la pandemia en España. Losantos concluyó la semana, el viernes, haciendo otro alegato político contra la Ley de Eutanasia, aprobada el jueves con los votos en contra de PP, Vox y UPN, 138 diputados en total. “Espero que a todos los que votaron a favor de la ley de la eutanasia se la apliquen en los términos difusos, confusos, estúpidos con que se ha redactado”, concluyó, tras hablar de “suicidio asistido” y de que la norma “afecta a la capacidad de matar al prójimo”.

Carlos Herrera: “Es mucho más fácil matar”

A la misma hora, desde la Cope, la emisora de la Iglesia católica, el periodista Carlos Herrera, que hace apenas unos días llamó al Gobierno “el Isis de la pandemia” –un juego de palabras que sale de juntar las iniciales de los apellidos de Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Salvador Illa y Fernando Simón, los grandes demonios de la derecha–, ha dejado durante los cinco días reflexiones muy similares sobre la eutanasia. El viernes, un día después de la aprobación de la nueva norma, criticó que el Gobierno celebrara “una ley que garantiza la muerte y que permite la muerte”. “Los clientes de esta ley de eutanasia, los candidatos de esta ley de eutanasia, van a ser ancianos, personas ciertamente al borde de la desesperación, enfermos, deprimidos, vulnerables, influenciables. Esta ley de la eutanasia es el derecho de otros a decidir sobre la vida de una persona”, añadió. 

En opinión de Herrera, que según el Estudio General de Medios reúne cada mañana a 2.432.000 oyentes, “la eutanasia no la van a pedir personas en buen estado mental y físico extraordinario simplemente que quieran matarse, no, no. Esto no se decide desde la independencia. El morir, el querer morir se decide desde la dependencia, no es la alternativa a morir sufriendo. Hay cuidados paliativos que pueden abarcar a todos si se invierte en ello”. Herrera sostiene que “donde se ha desarrollado la eutanasia los cuidados paliativos han acabado. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil matar, y oigan que en el momento en el que han muerto tantas personas, en un momento de tragedias familiares colectivas de una sociedad y de varias sociedades, sacar adelante esta ley es cuando menos simplemente un defecto de estilo, más allá de además del defecto de forma y de fondo que esto conlleve”.

De los supuestos males de la nueva ley también dio buena cuenta el diario ABC en sus distintos editoriales, en los que acusa al Gobierno de impulsar “la cultura de la muerte”. “Pedro Sánchez ha pasado a mostrar su rostro más extremista y sus prisas por imponer su agenda radical aprobando –en muy pocos días, antes de fin de año y sin apenas debate– leyes que socavan pilares esenciales de nuestro modelo de convivencia. Sánchez es un extremista que pretende hacer pasar por una 'agenda social de progreso' lo que solo es un auténtico proceso de degeneración democrática”, sostuvo el periódico del Grupo Vocento el viernes.

Para el editorialista, Sánchez “no es rehén” de partidos como EH Bildu o ERC, “sino el principal partícipe de una estrategia colectiva, pactada y diseñada para desmantelar el andamiaje constitucional”. “Todos ellos se han conjurado para instaurar la 'cultura de la muerte' a través de una ley de eutanasia y con la ampliación del aborto. Todos van a erradicar el castellano de las aulas allí donde quieran y golpearán a la escuela concertada a través de un adoctrinamiento ideológico forzoso. Todos van a dar luz verde a unos Presupuestos basados en el falseamiento de la realidad económica. Y todos se han confabulado para 'dinamitar' la independencia judicial”, concluye ABC.

Fernández Díaz, un imputado con columna

La Razón, por su parte, considera que las consecuencias “a medio y largo plazo” de la nueva Ley de Eutanasia “serán la banalización de la muerte y la normalización del concepto utilitarista de la vida”. En su editorial del viernes, el diario del Grupo Planeta alertaba, además, de que en los países donde se han aprobado leyes similares para garantizar una muerte digna existe una “sutil presión social sobre los ancianos y los enfermos terminales que lleva a muchos de ellos a considerarse una carga para sus familias y para la sociedad”.

Asegurando que “deshacerse de los enfermos no es progreso”, este diario llamaba a la insurrección de las comunidades autónomas, al ser estas “las que tengan que aplicar esta nefasta ley”. “Es de esperar que, por lo menos, se respete la objeción de conciencia del personal sanitario al que no se puede obligar a participar en un acto contrario a la deontología profesional, como es, por ejemplo, favorecer el suicidio de una persona, que esta ley también considera un derecho”, escribe.

En las páginas de La Razón, que llama “delincuentes” a los socios parlamentarios del Gobierno, puede leerse habitualmente al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, imputado en la Operación Kitchen por el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas que se ordenó desde su departamento, a cargo de los fondos reservados, y por el que ha tenido que declarar en la Audiencia Nacional. Pese a los graves hechos que se le imputan, Fernández Díaz critica abiertamente al Gobierno por tener “el dudoso honor de ser el primero en España con comunistas en su seno tras la caída del Muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética”.

Tratando de recurrir a la ironía, el exministro consideró en su columna del viernes que “el Gobierno socialcomunista de Sánchez dio un gran paso” hacia el “progreso”, con un “mejor futuro para todos: el suicidio será una prestación social, gratuita y dispensada tanto hospitalariamente como a domicilio, a elección del enfermo. O de sus derechohabientes”.

Refiriéndose a la nueva ley educativa que deja de contar la asignatura de Religión para el cómputo final de la nota de los estudiantes españoles, el martes, desde el plató de El Toro TV –la antigua Intereconomía–, el periodista Julio Airza se preguntaba “por qué la masonería en este país está empeñada en la persecución de los cristianos” en “una cristanofobia profunda” o en “arrebatar el derecho inalienable y preconstitucional de educar a sus hijos”. “¿Pero qué les pasa a la masonería y a los masones en España?”, se preguntaba, para concluir: “Que son totalmente totalitarios”. “¿Por que no se meten ustedes con el Islam, tan valientes que son?”, insistía.

El viernes, el invitado estrella del programa de Trece TV –la televisión de la Conferencia Episcopal– fue el expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, reconvertido ahora en tertuliano de las cadenas de la ultraderecha principalmente para atacar al mismo Gobierno al que su formación política, en manos de Inés Arrimadas, hace ahora guiños en busca de acuerdos como el logrado para algunas enmiendas de los Presupuestos o para la propia Ley de Eutanasia.

“Nunca me imaginé que convertirían a Otegi en hombre de Estado”, sostuvo. “Lamentablemente ha hecho todo lo que pensaba que iba a hacer”, añadió, en alusión a Pedro Sánchez. “Mi único alivio es no ser cómplice de todo eso. No podría dormir tranquilo si mis votantes me miraran y me dijeran que cómo podía estar legitimando eso”, remachó, en una evidente crítica a la estrategia de su sucesora. “Sufro las decisiones como cualquier otro español. Quizá no supe explicar lo suficiente que esto era lo que nos venía”.

Cada día, en cada tertulia, editorial o monólogo de las referencias mediáticas de la derecha ETA, Venezuela y la palabra “libertad” se repiten con tal de deslegitimar al Ejecutivo de izquierdas que, paradójicamente, no deja de ampliar sus apoyos parlamentarios.

Con su editorial matutino en la Cadena COPE, el periodista Carlos Herrera se ha colocado al frente de una campaña machista contra la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, por hablar de “portavoces y portavozas” en una rueda de prensa.

“A ver, Irene, ¿esto cómo va? ¿Los hombres tenemos voces y las mujeres tenéis vozas?”, pregunta el periodista, que asegura que, “cuando uno mete la pata, la recoge y se olvida” y no “huye hacia delante”. “Claro, es que entonces, Irene Montera, habrá que reconocer que tú no eres un cargo público, tú eres una carga pública, y como tal, y como ahora queremos ser todos muy feministas, vamos a hacer lo imposible porque nuestro lenguaje acabe en 'a'”.

El periodista destaca que este jueves, además del nombramiento de Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo -“al que el PSOE no apoyó porque no es mujer y no le va a dar tiempo al cambio de sexo”-, lo “divertido” estaba en las declaraciones de Montero, “que es la número dos de Podemos por vía conyugal o por vía meritoria”.

Según Herrera, la portavoz de Unidos Podemos quiere sumarse “a aquella señora que llegó a ser Ministra de un Gobierno de España”, Bibiana Aído, y su “miembros y miembras”. “Esta (por Irene Montero) se lo toma en serio y quiere que la Real Academia lo contemple porque es la lucha de la mujer, etcétera, etcétera”. 

“Ahora resulta que el feminismo consiste en que todas las palabras acaben en 'a'. Y las que acaben en 'a' por si mismas habrá que reforzarlas”, dice Herrera que, “si ya nos ponemos a jugar con las 'a' y las 'e'”, propone que se llame a “Adriana Lastre” a la Vicesecretaria General del PSOE por salir en defensa de Montero.

Además del comunicador de la Cadena COPE, el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, también se burló de la portavoz de Unidos Podemos asegurando que el Gobierno “mejorará mucho el sistema educativo en España”.

Las redes sociales se han sumado al llamamiento de Herrera y han criticado a Irene Montero.

“Se equivocan gravemente en el puente de Vallecas y en vez de los Reyes Magos van a ir drag queens de Reinas. Melchor va a ser un travesti, Baltasar la tortillera y Gaspar, muy hormonado, irá enseñando las tetas”. Así empieza el comentario del periodista de la cadena COPE, Luis del Val, emitido este martes en el programa matinal Herrera en COPE.

En su comentario en la cadena de la Conferencia Episcopal, el periodista arremete contra la presencia de una carroza del colectivo vecinal Orgullo Vallekano en la cabalgata del barrio madrileño. Una carroza que, al contrario de los que apunta el periodista, no sustituirá a la de los Reyes Magos sino que formará parte de la comitiva de 17 carrozas que acompañan a los Reyes en su desfile.

Para el periodista, esta cabalgata, en la que estarán representados diferentes colectivos sociales, será “la exaltación del gay” en una cabalgata que servirá para que “los niños aprendan que pueden ser maricones desde las edades tiernas”. “Si me acusan de homófobo, se pueden ir a la mierda”, asegura del Val, que se muestra preocupado por “el derecho del niño”. Un derecho que “es superior a la afrenta de convertir tradiciones en un vituperio estúpido que de lugar está fuera”.

“Si el Orgullo Vallekano a los niños no respeta, porqué voy a respetar su miserable insolencia. Si invaden unos terrenos con irrupción que molesta, porqué voy a respetar su indignidad manifiesta. Y porque voy a aguantar que, en una infantil fiesta, me organicen promociones con total inconveniencia. Además con mi dinero, que derrocha la alcaldesa, que en esto de las tontadas cada día más progresa”, apunta el periodista.

Del Val, que se dice “respetuoso con los gays y sus problemas”, decide hacer “una excepción y hasta perder las maneras” con el colectivo vecinal y con su “estúpida alcaldesa” y asegura: “Los gays son muy respetables, gente educada, muy seria. Los de Orgullo Vallekano que van a ensuciar la fiesta, en vez de ser ellos gays, son maricones de mierda”.

Apenas cinco días después de que José María Gil Tamayo, el portavoz de la Conferencia Episcopal –el órgano formado por los obispos que dirige la Iglesia española– apuntara la necesidad de “aliviar la carga” en 13TV, la cadena comienza a tomar decisiones ejecutivas.

Con la primera de ellas, los obispos se han dado un plazo de dos años para reflotar 13TV, con unas deudas que superan los 60 millones de euros en cinco años, el triple del presupuesto anual de la cadena (unos veinte millones anuales). La segunda, que ahonda también en el ahorro de costes, es la apuesta por la sinergia definitiva con la radio COPE, también de la Conferencia Episcopal.

Así se entiende que Julián Velasco, actual presidente de 13TV –y hombre de la total confianza de Fernando Giménez Barriocanal, presidente de COPE y gerente de la Conferencia Episcopal– haya anunciado la contratación del actual jefe de informativos de la emisora de radio para ejercer el mismo cargo en la cadena de televisión (José Luis Pérez). Ello implica la defenestración de Alfredo Urdaci, que se suma a las de María Royo y Nieves Herrero.

A partir de ahora, el rumbo de 13TV pasa por abandonar la competencia con las grandes cadenas en informativos y apostar más por la programación socio-religiosa, dando más relevancia a las audiencias papales, los viajes de Francisco y programas como Periferias o Misioneros por el mundo.

La cuestión de los despidos

En los informes preliminares para resolver la situación de la televisión de la Iglesia, sí se hablaba de despidos masivos en 13TV. Sin embargo, en la reunión del ejecutivo de la primera semana de junio, los cuatro cardenales presentes (Osoro, de Madrid; Cañizares, de Valencia; Blázquez, de Valladolid y presidente de la CEE; y el neocardenal Omella, de Barcelona), se negaron a que en la cadena episcopal se produjera una “sangría” de empleos, apelando a la doctrina social de la Iglesia, que aboga por unas condiciones de empleabilidad consecuentes con la dignidad de la persona, según confirman varias fuentes a eldiario.es.

“Se nos hubiera caído la cara de vergüenza”, señala uno de los prelados presentes en la reunión. Tras la rotunda negativa de la cúpula episcopal, el equipo de Barriocanal optó por el plan B: aligerar el peso en el presupuesto de algunas de sus estrellas, y no renovar la práctica totalidad de los contratos que concluían en junio. Al tiempo, se ha acordado buscar sets de grabación de alquiler en Madrid, para reducir los gastos que genera la sede de 13TV en Pozuelo de Alarcón y los viajes de invitados y personal.

La llegada de José Luis Pérez, director de informativos de COPE y ahora de 13TV, es el movimiento natural de las sinergias entre la radio y la televisión episcopales, que tuvo su origen en el nombramiento de Giménez Barriocanal como presidente de 13TV en diciembre pasado. Tres meses después, y tras elaborar un informe de gestión, Barriocanal colocó en la presidencia a su principal colaborador, Julián Velasco, encargado de ejecutar el mismo.

En dicho informe se identificaba a 13TV como “una televisión eminentemente política con una marca definida en la derecha”, con un perfil “culturalmente pobre” y que “no es plural desde un punto de vista religioso”. Al tiempo, se recomendaba “un cambio de guión” en la cadena, especialmente en tiempos del papa Francisco. La idea de emitir ahora más programas socio-religiosos va en este sentido.

Después de varios meses de debate, los obispos han aceptado el plan presentado por Barriocanal y Velasco, que se basa en dos aspectos: el primero, el económico, que deja resultados desastrosos. En apenas cinco años de vida, 13TV ha perdido más de 60 millones de euros, pese a que el Gobierno (con Soria como ministro) le concedió en 2015 una licencia TDT, lo que le ahorró tener que alquilar la frecuencia, y pese a mantener una audiencia considerable entre las teles minoritarias (2% de media).

El reparto publicitario entre las cadenas con más audiencia (A3Media y Mediaset se llevan el 90% de la tarta publicitaria) hace que una televisión como 13TV no pueda competir en plano de igualdad, justifican los responsables de la cadena, obviando que los datos de espectadores de las grandes televisiones son muy superiores.

De ahí justifican el plan de los despidos: aunque en un momento se llegó a hablar de una reducción de hasta el 80% de la plantilla, tanto el Comité Ejecutivo del Episcopado (reunido a primeros de junio) como la Comisión Permanente (que debatió el tema la semana pasada) echaron para atrás esta medida. Habrá despidos, pero sobre todo no se renovarán contratos.

El Popular y Cerezo, entre los accionistas

Preguntado sobre el particular el pasado viernes, el portavoz Gil Tamayo aseguraba que “la Conferencia Episcopal quiere seguir adelante, con convicción en este proyecto”, si bien admitió las “dificultades económicas fundamentales” por las que pasa la cadena episcopal, propiedad en un 81% de los obispos. En 2016, el resto, al menos hasta la caída del Banco Popular, se repartía entre dicho banco, pequeños accionistas y el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

Respecto a la línea editorial, el equipo de Barriocanal quiere apostar por el “modelo COPE” para la cadena de televisión, pero se ha encontrado con varias dificultades, especialmente en el caso de sus estrellas, como Carlos Herrera, Manolo Lama o Paco González. La negativa de muchos de ellos, ya fuera por sus compromisos con otras cadenas, o por la falta de sintonía con el proyecto televisivo, ha impedido que las sinergias anunciadas, hasta ahora, se convirtieran en realidad, y apenas se produjeran dos entrevistas de Carlos Herrera.

Sin embargo, el nombramiento de José Luis Pérez hace pensar en la idea de Barriocanal de apuntalar el trabajo de grupo entre COPE y 13TV para la próxima temporada, en la que se espera que algunos profesionales de la radio puedan intervenir en la cadena de televisión. El presidente de COPE no ceja en su empeño de que Herrera o Ángel Expósito puedan colaborar, incluso con un espacio propio, en 13TV.

“Los obispos no han considerado abandonar el proyecto de 13TV, porque no está muerto, está vivo, con dificultades, pero con una palabra que decir en la sociedad española”, anunciaba Gil Tamayo este viernes. De momento  los obispos se han dado dos años para que el proyecto despegue con estas nuevas directrices, antes de decidir si enterrarlo o no.

Las emisoras de radio pirata en Catalunya no han parado de aumentar en los últimos años. Según datos de 2016 de la Asociación Catalana de Radio, en el territorio catalán operan 199 radios legales, mientras 127 lo hacen sin licencia. En vista de estas cifras, la Generalitat priorizó en su plan de gobierno la ordenación del espacio radioeléctrico por medio de la Dirección General de Medios Audiovisuales, que en los últimos meses ha intensificado su lucha contra las radios piratas.

En esta batalla contra las emisiones ilegales, una empresa destaca por encima del resto por ser una de los grandes grupos de radio españoles: la COPE. Medios Audiovisuales ha puesto en su punto de mira tres emisoras ilegales de cadena de los obispos, a las que abrió un expediente informativo en noviembre del año pasado y que, en estos momentos, continúa investigando. Las emisoras del grupo COPE investigadas son dos de Lleida y una de Girona. Este diario ha intentado ponerse en contacto con responsables de la cadena durante dos días para poder reflejar su versión, sin obtener respuesta.

Por su parte, la Generalitat explica que una vez recabe los datos suficientes, si contrasta que ha habido una infracción, procederá a abrir expediente sancionador. Esto implicaría la imposición de una multa económica, además del cierre de la emisión de las radios piratas.

Que los expedientes abiertos a estas emisoras se conviertan en sancionadores y, por tanto, que las tres emisoras se vean abocadas al cierre no es una opción que se pueda descartar habida cuenta de los precedentes. Según los datos de la Administración, en los últimos dos años la velocidad del ritmo sancionador ha aumentado: En 2016, por ejemplo, se abrieron 18 expedientes informativos y 12 sancionadores y, en lo que va de año 2017, han sido 3 los expedientes informativos abiertos y otras 3 las emisoras cerradas.

Música, tarot y grandes cadenas

Respecto a las cadenas objeto de estos expedientes, la dirección general dibuja un perfil amplio. Las más numerosas son musicales con inserciones publicitarias, aunque las que han comenzado a hacer furor durante los últimos años son las del tarot y otras estafas adivinatorias. El negocio de estas últimas, como en las televisiones, se basa en captar llamadas, aunque en ocasiones también hay inserciones publicitarias. Tanto las musicales como las tarotistas y otras obtienen sus beneficios de operar en negro, a veces desde grandes distribuidoras radicadas por todo el territorio español.

Pero no todas las emisiones piratas operan en negro. Entre ellas también se encuentran las de grandes cadenas comerciales, que disponen de licencias para muchas emisiones pero que deciden maximizar su alcance con emisiones para las que no tienen licencia. Este es el caso de la cadena COPE.

“El incumplimiento de la ley es el mismo en el caso de las grandes productoras que operan en negro, de los particulares que se lucran o de las grandes cadenas conocidas, y lo perseguimos de la misma forma”, afirman desde la dirección general de Medios Audiovisuales de la Generalitat. Tanto es así que, ante la dificultad técnica de cancelar una emisión, en los últimos meses la Generalitat ha activado un plan que prevé el uso de portadoras sin modular, que introducen en las frecuencias pirateadas un pitido que anula la emisión.

El “pitido”, recuerdan desde la Generalitat, se introduce en casos extremos en los que el resto de medidas para acabar con la emisión no han funcionado, y siempre después de la apertura del expediente sancionador.

Efecto potencial en COPE

Por el momento y mientras el expediente sea informativo, sobre las tres emisoras de la COPE investigadas no se activará ningún “pitido”. Pero este no es motivo suficiente para tranquilizar a la cadena de la Conferencia Episcopal, ya que la actuación de la Generalitat pone en riesgo un porcentaje importante de su modelo de negocio. 

Fuentes del sector afirman que las emisiones pirata del grupo representan entre un 20% y un 30% del total de la cadena, y el propio consejero delegado de COPE, Fernando Giménez Barriocanal, ha reconocido en diversas ocasiones la existencia de esta práctica en su empresa.  

La cadena de los obispos tiene una abultada cuenta de gastos que le llevó a firmar pérdidas durante cinco años seguidos. En 2014 la cadena perdió 4,7 millones de euros mientras, en 2015, las pérdidas se contaron en 2,2 millones. El último año, sin embargo, el grupo fue capaz de revertir su tendencia negativa y ganar algo más de 4 millones.

El periodista Carlos Herrera desvelaba el pasado jueves en el programa de radio 'Herrera en Cope' un mensaje que le remitió vía whatsapp la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá el pasado mes de septiembre después de dejar el Partido Popular tras ser imputada por el Tribunal Supremo por el presunto blanqueo en el grupo municipal del PP en Valencia.

Así, la senadora, fallecida el pasado miércoles a los 68 años de edad víctima de un infarto, escribía: “Estoy rota, todo es injusto, desproporcionado e inhumano, aún no he podido acostarme del dolor”, para añadir posteriormente que iba a redactar un comunicado porque en el PP temían que protagonizara una nueva comparencia. “Nunca perjudicaré a Mariano (Rajoy) ni al PP”, señalaba.

Barberá también hizo una reflexión sobre el periodismo: “¡Pobre España! Tendremos que sentarnos algunos para hacer del periodismo una profesión y no un instrumento capitalista sin que importen las personas”, y proseguía el mensaje de la exprimera edil, “y para echar de la opinión pública a chantajistas como unos y otros que no respetan los derechos humanos y la Constitución”.

El Ministerio Público acusa al periodista Alfonso Canales de apropiación indebida del dominio de Internet y de la página web cronicasdelanzarote

La Fiscalía de Las Palmas pide una pena de dos años de prisión para el periodista Alfonso Canales, uno de los propietarios de Crónicas Radio- Cope Lanzarote, por el delito de apropiación indebida o, alternativamente, por un delito de coacciones. A la misma pena se enfrenta su hermano, Juan Luis Canales.

Según el relato del fiscal Miguel Portell Ruiz, los dos acusados se adueñaron del dominio de Internet y de la página web cronicasdelanzarote.es después de que en septiembre de 2009 el periodista fuera despedido de la empresa donde trabajaba como redactor, Opciones Creativas, que es la empresa que reclama la propiedad de esa página.

La Fiscalía considera que se apropiaron de la página “prevaliéndose de que el primero trabajaba como redactor para la empresa Opciones Creativas, S.L. y que el segundo se dedicaba a la actividad de explotación, mantenimiento y desarrollo de páginas web y gestión de dominios de internet, tras haber contratado la citada empresa Opciones Creativas, S.L., en el mes de mayo de 2006, con el acusado Juan Luis Canales Segovia, S.L. la creación de la página web para el dominio cronicasdelanzarote.es y el registro de dicho dominio. Juan Luis Canales registró el dominio en enero de 2006.

Puede leer el artículo íntegro en Diario de Lanzarote.