Vivir de alquiler triplica el riesgo de pobreza en Catalunya. El 34,4% quienes alquilan están en peligro de sufrir carencias básicas, cifra que se desploma hasta el 11,3% de entre los que tienen una vivienda en propiedad. Es una de las principales conclusiones de la Radiografía Insocat, elaborada por la federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS).

La vivienda se sitúa así como el principal factor de empobrecimiento, lo que deriva en otras problemáticas materiales también dentro del hogar: en 568.000 hogares (que alojan a unos dos millones de personas, casi un 27% de la población catalana) sufre de pobreza energética. Por otro lado, el 14% de la población declara retrasos en los pagos vinculados al hogar.

Según ECAS, gran parte de la culpa de la crisis la tiene la “fuerte concentración de la propiedad y un parque público claramente insuficiente”. Y destacan que un 1,2% de los grandes tenedores poseen casi una cuarta parte del mercado inmobiliario libre y sólo un 2% del público -frente al 15% de la media europea. Lo que contrasta con los 400.000 pisos vacíos que hay en Catalunya. “Esta combinación agrava la inseguridad residencial y convierte una necesidad básica en un factor de desigualdad estructural”, remachan los autores del informe.

Con todo, recuerdan que la tasa AROPE sitúa el índice de pobreza en un 24,8% en Catalunya, 0,8 puntos más que hace un año. Esta cifra “subralla la contradicción entre una supuesta bonanza económica y el malestar social que atraviesa a buena parte de la población”, destacan. Así, contrastan la subid adel 2,7% del PIB y unas tasas de paro que bajan al 8,4%, con el hecho de que el 47% de la población declara problemas para llegar a final de mes.

Y es que tener un empleo no es un salvavidas contra la pobreza: más del 42% de los trabajadores sufren precariedad laboral y casi el 12% están en situación de pobreza. “El encarecimiento del coste de vida, que absorbe el 95% de la renda media disponible, es lo que explica estos datos”, explica Teresa Bermúdez, vocal de pobreza de ECAS.

Desde la federación aseguran que estos datos, si bien son graves, deben ser mirados con lupa para obtener la radiografía completa y destacan que hay que observar a los colectivos más vulnerables, que son la infancia, las mujeres y las personas migradas.

En esta línea, recuerdan que la pobreza infantil ha escalado hasta el 36%, que el riesgo para las mujeres es mayor que el de los hombres y que casi el 50% de la población sin nacionalidad española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión.

Con todo, insisten en que “las desigualdades se transmiten y se cronifican”. Destacan que hasta el 35% las desigualdades de ingresos son heredadas y están determinadas por “circunstancias no escogidas” como el género, el lugar de nacimiento de los padres y el origen socioeconómico. “El ascensor social que había funcionado en décadas anteriores está estropeado y ahora tener estudios superiores o trabajo no garantiza llegar a final de mes con tranquilidad”.

Desde ECAS destacan la capacidad de las prestaciones sociales y las ayudas públicas para revertir la pobreza, pero no pierden la oportunidad de recordar que estas funcionan mucho mejor en la vejez que en la infancia. Mientras que las pensiones reducen la tasa de pobreza del 77% al 14%, en el caso de la infancia sólo consiguen bajarla del 40% al 30%.

Por todo ello, reclaman “fortalecer la capacidad redistributiva de las políticas públicas para mejorar la cobertura de las prestaciones sociales”. En este sentido, ECAS recuerda que Catalunya sigue a la cola de España en inversión social, con 2.789 euros por habitante y año, lejos de los 3.277 de media. Igualmente, recuerdan que prestaciones como la Renta Garantizada o el IMV sólo llegan al 15,9% y al 11% de los hogares que las necesitan-

Alrededor de dos millones de personas viven en exclusión social en Andalucía, una situación que afecta al 23,1% de la población en 2024 y que sigue sin superar los valores previos a la crisis sanitaria. A ello, habría que añadirle que hay 270.000 personas más en exclusión severa, es decir, un 10,2% de los andaluces tienen problemas graves para su subsistencia, donde la vivienda y el empleo son las principales barreras para prosperar.

Así lo determina el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía, presentado este martes en el Palacio arzobispal de Sevilla, en el que se detalla que la media andaluza supera claramente a la estatal, con un 19,3%. Además, se adelanta que hay un “retroceso” en la integración plena en la sociedad, ya que solo cuatro de cada diez personas no presentan hoy día ningún indicador de exclusión. “La vivienda es el epicentro de la desigualdad en Andalucía”, señaló Daniel Rodríguez de Blas, coordinador del estudio, puesto que el precio de compra de un inmueble “se ha disparado” un 65% con respecto a 2018. En cuanto al alquiler, solo un 15% de la población utiliza esta modalidad, pero el 43% de las personas inquilinas se encuentra en riesgo de pobreza.

Este mercado inmobiliario genera que más de 400.000 hogares andaluces vivan por debajo del umbral de la pobreza severa después de pagar los gastos de vivienda y suministros. Una cifra que está “completamente desconectada de la evolución de los salarios, ya que el empleo ha perdido su fuerza para garantizar la integración social”, subrayó. En este sentido, el salario medio es 7,6 puntos más bajo a la media estatal, destaca el informe, y una de cada diez familias tiene como sustentador principal a una persona con inestabilidad laboral grave.

Derecho 'fake'

Con respecto a la crisis habitacional, se determina que hay 1 millón de viviendas inseguras, es decir, aquellas que carecen de un contrato de titularidad, y 1,2 millones de viviendas son inadecuadas a raíz de que presentan problemas relacionados con la insalubridad. En este contexto, el experto determinó que “la vivienda es el gran cuello de botella” y el derecho constitucional que garantiza su acceso es “fake”, dado que “la mejora económica seguirá sin traducirse en integración social”. A pesar de los balances trimestrales en el mercado laboral, donde Andalucía ha alcanzado niveles de paro similares a 2007, la inflación ha engullido el crecimiento del salario mínimo interprofesional (SMI) o de las subidas de los convenios colectivos: “Tener trabajo reduce el riesgo de exclusión, pero no lo elimina, y la acción pública es más necesaria en aquellas personas que ocupan empleos de baja calidad”.

Asimismo, casi la mitad de los hogares de la región no puede afrontar gastos inesperados y el 16% acumula impagos referidos a la vivienda, “se sigue dando una inseguridad económica cronificada y, con respecto al Ingreso Mínimo Vital (IMV), llega a seis de cada diez personas, pero es insuficiente”. La falta de información o la complejidad burocrática para su acceso son algunos de los impedimentos, explicó Rodríguez de Blas. Además, la Renta Mínima de Inserción Social que concede la Junta de Andalucía “ha sufrido una caída drástica” y “llega tarde o es insuficiente”, por lo que su papel para complementar el IMV queda en agua de borrajas.

Pese a las dificultades, hay una evolución positiva de los indicadores de pobreza en la comunidad, pasando de un 15,9% en 2021 a un 12,8% en 2024 la tasa de riesgo de pobreza. “Andalucía avanza, pero no gracias a su sistema público: en el modelo hay signos evidentes de agotamiento”, sostuvo ante los medios de comunicación, “cuando el éxito se presenta como un mérito individual, el fracaso se acaba interpretando como una irresponsabilidad individual, lo que se traduce en una mirada injusta que rompe la cohesión social e ignora la solidaridad”. Un hecho que entronca directamente, a su juicio, “con la desafección democrática”, más cuando hay 580.000 personas que viven en la autonomía sin derecho a votar frente a las 300.000 de 2018.

Migración y nuevo pacto social

La cara más acuciante del informe FOESSA es la migración. La exclusión social afecta a casi la mitad de las personas con nacionalidad extranjera, un 48%, más del doble que quienes tienen nacionalidad española, en un 20%. A tenor de este dato, el coordinador valoró de forma positiva el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos para la regularización extraordinaria de 500.000 inmigrantes. “Esta medida nos habla de justicia social y reconoce el derecho de muchas personas, de muchos vecinos que ya vivían con nosotros, más cuando el informe nacional recoge que el 68% de las personas en situación irregular está en exclusión, por lo que es el colectivo más castigado”, aseveró.

En un momento en el que casi tres de cada diez menores viven en situación de exclusión, hay más factores que hacen replantearse el ascensor social, como que uno de cada cinco hogares sufra exclusión vinculada a la salud y las dificultades para la compra de medicamentos se haya extendido a 1,3 millones de personas. “La capacidad de pago marca cada vez más la diferencia entre quienes pueden acceder a los servicios privados y los que acuden a los servicios públicos cada vez más tensionados”, resumió.

Con la perspectiva de garantizar un crecimiento conjunto, el investigador recomendó “un cambio de rumbo claro: reconocernos como interdependientes y ecodependientes”, con un fin que, a veces, se antoja utópico, como lograr “un nuevo pacto social que refuerce el estado de bienestar para garantizar vidas dignas”.

Cáritas y Fundación Foessa han presentado el IX Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla-La Mancha, un estudio que determina que la exclusión social afecta al 20% de la población de la región y que fija la “brecha generacional” como una de las claves de la construcción de una “sociedad desigual”, con la vivienda y el empleo como “ejes articuladores” de la exclusión.

Así lo han puesto de manifiesto en rueda de prensa el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves; la presidenta de Cáritas en la región, Rosa García, y la técnico de la Fundación de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (Foessa), Marina Sánchez.

Según ha explicado Marina Sánchez, la exclusión social ha aumentado y ya afecta a 428.000 personas en la región, poniendo de manifiesto la “gran paradoja castellanomanchega” por la que la recuperación del empleo no se traduce en una reducción de la exclusión social.

De esta manera, aunque entre 2018 y 2024 el número de personas ocupadas se ha incrementado en un 11,7% en la región, el “estancamiento de los salarios en términos reales”, así como el precio de la vivienda y la precariedad laboral, hacen que “trabajar ya no garantice la inclusión social”. Según Sánchez, esto se refleja en otro dato del informe de Foessa, ya que aunque entre 2018 y 2023 el sueldo medio creció un 14%, los salarios en euros reales se han reducido en un 3,6%.

Todo esto hace que en Castilla-La Mancha se observe “un retroceso de las situaciones más favorables”, las de “integración plena” y que, aunque mejore la dimensión laboral y la del consumo se mantenga “prácticamente estable”, empeoren el resto, como son la vivienda, la educación, la salud, el conflicto y el aislamiento social “y especialmente la dimensión política”.

“No fallan las personas, falla el sistema”

La técnico de Fundación Foessa ha puesto el foco en que, además, “no fallan las personas, falla el sistema”, desterrando “el mito de la pasividad de las personas en situación de pobreza y exclusión”. “Esa idea de que viven de prestaciones sociales sin buscar soluciones o emprender acciones para su inclusión es falsa, tal y como lo demuestra la evidencia”, ha manifestado.

En este sentido, Marina Sánchez ha apuntado que “la mayoría de hogares en exclusión trabajan o buscan empleo, estudian, se forman, activan redes y siguen planes de inclusión” pero “chocan con barreras estructurales”.

Así, apunta que tres de cada cuatro hogares en exclusión severa activan estrategias de inclusión “pero se topan con dispositivos fragmentados” y con recursos “escasos y muy poco personalizados”.

La vivienda, epicentro de la exclusión

Sánchez ha vuelto a insistir en la vivienda como un “epicentro” de la desigualdad, aseverando que el 22% de la población castellanomanchega está afectada por algún rasgo de exclusión residencial.

En este punto, ha hecho hincapié en que los precios de compra y alquiler crecen “mucho más rápido que los salarios”, apuntando que entre 2018 y 2024 el Índice de Precios de la Vivienda subió un 23%, “una cifra muy lejana al incremento de los salarios”.

Unas cifras de riesgo que aumentan aún más en el caso del alquiler, donde según el informe el 47% de las personas que viven en este régimen están en riesgo de pobreza.

Todo esto se refleja en que 89.000 hogares de la región destinan tantos recursos al pago de la vivienda y los suministros que “una vez pagados, se quedan por debajo del umbral de la pobreza severa”.

La reducción de las rentas mínimas

Por otra parte, Marina Sánchez ha afirmado que el sistema de garantía de ingresos en la región “no está a la altura de las necesidades” ya que, aunque el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha ampliado su cobertura, solo llega al 51% de las personas en pobreza severa de la Comunidad Autónomo.

Una brecha que se justifica en que el 64% de los hogares en pobreza severa no ha oído hablar de este ingreso. “La brecha no es solo administrativa, es informativa”, ha puntualizado.

En todo caso, ha criticado que Castilla-La Mancha se ha situado entre las comunidades autónomas que “han aprovechado la introducción del IMV para reducir la cobertura y el gasto de su sistema de rentas mínimas”.

Leticia Landa (Austin, 1984) lleva dos décadas en La Cocina, un proyecto de inclusión de personas en exclusión social en San Francisco. Hija de migrantes mexicanos, conoce la realidad de la migración en Estados Unidos y, a pesar de haber estudiado Antropología en Harvard, ha desarrollado su carrera profesional ayudando a otras personas a emprender negocios relacionados con la gastronomía. Su trayectoria ha sido galardonada con el Basque Culinary World Prize 2025, un premio de 100.000 euros otorgado por el departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco.

'La Cocina' ha conseguido impulsar más de 40 restaurantes, cafés y kioscos en operación en la zona de la Bahía de San Francisco. Entre sus mayores logros, Landa destaca que el 70% de participantes cuenta con negocios activos después de 10 años de graduarse, incluyendo a personas como Veronica Salazar (fundadora de El Huarache Loco, un legado culinario de 20 años), Reem Assil (de Reem's California, autora del libro Arabiyya: Recipes from the Life of an Arab in Diaspora); Fernay McPherson (de Minnie Bell's Soul Movement, “Rising Star Chefs” en San Francisco), Nite Yun (refugiada de Camboya hoy dueña del restaurante Lunette; destacada en series como Chef’s Table (Netflix); o Koji Kanematsu, a la cabeza de Onigilly, con 6 establecimientos de comida japonesa en la zona de la Bahía de San Francisco. Además, destaca que el 94% de las personas que han pasado por el programa son mujeres.

¿Qué supone para usted haber ganado el Basque Culinary World Prize 2025 por su trabajo en 'La Cocina'?

Ha sido algo increíble, una experiencia muy especial. Hemos venido a la entrega de premios los ganadores de los últimos diez años y ha sido una inspiración hablar con ellos y aprender de sus proyectos.

¿Qué es 'La Cocina' y cómo surgió?

'La Cocina' es una organización sin fines de lucro en San Francisco, California, que empezó hace 20 años en un vecindario de personas migrantes y que estaba empezando negocios como vender libros, otros productos, cuidar niños y había mucha gente que quería poner negocios de comida, pero para poder hacerlo con permisos se necesita cocinar en cocinas comerciales en vez de en casas. Y todas las cocinas comerciales en San Francisco son muy caras. Entonces, a modo de solución, varias organizaciones se unieron para construir 'La Cocina', que originariamente iba a ser una cocina comercial comunitaria, pero pronto se dieron cuenta de que además de un lugar para cocinar, hacía falta explicar a los dueños de los negocios otras cuestiones como la contabilidad y los aspectos legales.

¿De qué manera ayudan a las personas que han pasado por el programa?

Es un programa largo, tenemos dos cocinas comerciales y las rentamos a bajo costo, pero también ofrecemos los servicios que requieran. Además de los aspectos técnicos y legales también ofrecemos un servicio de diseño gráfico, de logotipo y marca, marketing y fotografías profesionales. El único requisito es que sean personas con bajos recursos. Trabajamos con gente que necesita ayuda financiera y damos prioridad a mujeres, personas migrantes o personas en exclusión social.

Sus padres fueron migrantes provenientes de México que llegaron a Estados Unidos, donde usted nació. ¿Cómo es la situación de los migrantes en Estados Unidos en estos momentos?¿Considera que las políticas del Presidente Donald Trump pueden suponer un retroceso en cuanto a derechos?

Sí. Mis padres llegaron en los años 80. Mi padre estudió matemática e informática y empezó un negocio de tecnología. Obviamente, cuando llegas a un nuevo país te encuentras con muchas barreras, sobre todo si no hablas inglés, porque la gente te ve como si tuvieras menos educación aunque no sea cierto. También tienes problemas para obtener un préstamo porque no tienes historia de crédito. A todo eso se le suman las barreras de una política súper antiimigrante. En Estados Unidos llevamos muchísimo tiempo sin tener una reforma en inmigración y sin tener buenas políticas hacia los inmigrantes, pero ahora está mucho peor. Nosotros tenemos la suerte de que estamos en California, que es un estado con algunas protecciones y de que muchos de los estadounidenses que viven ahí no están de acuerdo con el presidente ni con lo que están pasando y están apoyando a organizaciones como 'La Cocina'. Tenemos la suerte de que los ciudadanos están contentos con que haya restaurantes mexicanos, japoneses y que haya sitios con comida de todo el mundo. Siento que la comida nos une y que puedes entender por lo que están pasando las personas a través de su comida y su cultura. Aunque las voces contrarias a la inmigración sean fuertes, nuestras voces también lo son.

El 94% de las personas que han pasado por 'La Cocina' son mujeres. ¿La situación es más complicada para ellas a la hora de abrir sus propios negocios?

Sí, al igual que en el resto del mundo, por diferentes razones, como la crianza, que ya sabemos que el trabajo casero es muy importante, pero no está pagado, las oportunidades profesionales para los hombres no son iguales. En Estados Unidos por el mismo trabajo un hombre sigue ganando más que una mujer en 2025. Queríamos enfocarnos en que ellas tuvieran más oportunidades para lograr un balance.

Usted estudió Antropología en Harvard. ¿Cómo pasa de eso a dedicarse a 'La Cocina'?

La cocina siempre me ha gustado, desde muy pequeña. Antes de ir a la universidad me tomé un año para estudiar cocina y, ahí me di cuenta de que me apasionaba, en realidad estudié Antropología porque siempre me ha gustado entender otras culturas, otros idiomas y poder estudiar en el extranjero. Después de la universidad comencé una beca en una organización llamada Hispanic Philanthropy que trabaja para que haya más latinos trabajando en el mundo de la filantropía, para que el dinero de la filantropía americana fuera también para las comunidades latinas. A través de esa organización encontré 'La Cocina' y me encanta porque trabajo con gente de todo el mundo que hablan diferentes idiomas y traen recetas de sus abuelas. Es una bonita manera de combinar lo que me apasiona.

Se une la Antropología y la Gastronomía.

Sí, totalmente. Veo la antropología en directo en las culturas que aquí están y siguen.

Unos beneficios de 116 millones de euros durante el año pasado y un crecimiento del 14,85% no es precisamente un mal dato para una entidad financiera hoy en día. Pero resulta aún más significativo cuando hablamos de una caja de ahorros que desde hace 60 años sigue funcionando como cooperativa de crédito y que apuesta por tener cajeros en el mundo rural y en los barrios periféricos de las grandes ciudades.

Frente a la inteligencia artificial, las aplicaciones móviles, los numerosos trámites por internet, la atención telefónica robotizada y el cierre masivo de oficinas, Eurocaja Rural lleva años marcando perfil propio al asegurar que su apuesta pasa por la “inclusión financiera”, o lo que es lo mismo, por promover que todas las personas tengan acceso fácilmente y de forma personalizada a sus trámites bancarios. Un gesto tan sencillo como meter una cartilla de ahorros en un cajero para que se actualice es posible todavía en muchos pueblos y barrios de grandes ciudades en los que opera la entidad.

Suena extraterrestre hoy en día, pero su “revolución de los máquinas” (como reconocimiento y apoyo a las personas) frente a “las máquinas”, su último slogan publicitario, está surtiendo efecto y les ha permitido llegar ya a las 500 oficinas en nueve comunidades autónomas y 23 provincias.

Esta entidad financiera no es perfecta. Ejecuta desahucios y no resuelve problemas actuales acuciantes para la gente como el acceso a la vivienda o la subida de precios, pero trata de compensarlo con la “cercanía”. Mientras otras entidades han abandonado muchas oficinas en la España vaciada o en barrios periféricos de las grandes ciudades, ellos han recorrido el camino inverso. Dicen que quieren ser una referencia financiera para el mundo rural y de, hecho, actualmente, es la única para 71 municipios.

Más del 41% de su red de oficinas está implantada en pequeñas localidades de menos de 3.000 habitantes. El 30% se ubican en pueblos de menos de 2.000 habitantes y más de la mitad en localidades con menos de 4.500.

En total, está presente en nueve comunidades autónomas (Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Murcia, La Rioja, Aragón, Cantabria y Andalucía) y 23 provincias.

La entidad considera que también existe exclusión financiera en barrios de grandes o medianas ciudades, de ahí la apertura de nuevas oficinas en Madrid capital (distrito Arganzuela, Fuencarral-El Pardo, en calle Princesa y también en barrio de Chamartín) y otra más en Albacete y Valencia capital los últimos años.

La entidad ha constatado que en un momento en que el sector financiero se encuentra cuestionado por una parte de la sociedad tras el cierre masivo de oficinas y la imposición de hacer operaciones en el canal digital o en el cajero, también es rentable apostar por el servicio tradicional, en el que no existen horarios de caja y no se envía a los clientes al cajero

El actual director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, argumenta que la cercanía es un “valor diferencial” y que la tecnología, lejos de reemplazar la interacción humana, debe ser una herramienta complementaria.

"Se puede hacer banca con tecnología sin dejar de ser humanos"

Víctor Manuel Martín López — Director general de Eurocaja Rural

“Nosotros decidimos que nuestra revolución la hacen personas. La cercanía es, para nosotros, una ventaja competitiva. Se puede hacer banca con tecnología sin dejar de ser humanos. En un momento en el que muchos bancos han priorizado la digitalización en detrimento de la atención personal, Eurocaja Rural reafirma su compromiso con quienes valoran el trato directo y la cercanía”, añade.

Y frente a la actualidad de las OPA, las fusiones y los cierres de oficinas, el presidente de la entidad financiera, Javier López Martín, subraya el compromiso con el modelo cooperativo, el arraigo territorial y la lucha contra la exclusión financiera, resaltando la atención cercana como seña de identidad frente a las fusiones y cierres bancarios.

En realidad, Eurocaja Rural no ha descubierto nada nuevo, pero ha sabido implantar un modelo híbrido que “no deje a miles de personas sin atender”. Es una forma de luchar también contra la despoblación , sirviendo de soporte financiero al medio rural, contribuyendo a su desarrollo mediante soluciones de ahorro, inversión y financiación, ayudando así a fijar población.

Una cooperativa de crédito que nace en una década convulsa

También la historia de la entidad resulta muy particular. Aunque sus orígenes se remontan a 1963, celebró su primera Asamblea General el 30 de marzo de 1965 con un ADN cien por cien cooperativo y bajo el nombre de Caja Rural Provincial de Toledo. Su primer presidente fue Antonio Marañón de Mora y su primer director general, Jose María de Pablos Fernández.

Se creó para “aportar soluciones financieras y contribuir a la dinamización de su entorno, con atención prioritaria al sector agrícola”, explica. Por entonces, la foto española de las entidades financieras era principalmente la de bancos comerciales y cajas de ahorros, que se caracterizaban por ser entidades tradicionales y con un fuerte arraigo local.

Las cajas de ahorros, en particular, en plena dictadura franquista se habían concebido como entes con “misión social”, mientras que la banca estaba dominada por un grupo de 'grandes' corporaciones. El sistema en general operaba con un modelo más conservador y menos diversificado que en la actualidad. 

La entonces Caja Rural Provincial de Toledo inició su actividad en unos locales situados en la subida de la calle Carlos V de Toledo, en el Casco Histórico, para posteriormente situar su sede social en la calle Alférez Provisional de la capital.

En 1980 se incorporó a RGA y RSI. Junto al D.G. Bank alemán y otras 24 cajas rurales, constituyó el Banco Cooperativo Español, formando un grupo de cajas rurales españolas.

El 18 de junio de 1985 fue inaugurada la actual sede central de la cooperativa de crédito, situada en el centro de Toledo, en un moderno edificio de cinco plantas con 13.200 metros cuadrados de construcción.

Con la adquisición por absorción de Caja Rural de Guadalajara, la entidad inició su primera fase de expansión supraprovincial, abriendo además sus primeras oficinas en la Comunidad de Madrid y en Ávila.

En 1994, a propuesta del Consejo Rector, se nombró a Rafael Martín Molero como director general. En 1999, la caja puso en marcha su Centro de Bolsa, Valores, Fondos y Patrimonios y en el año 2000, adaptándose a los avances del siglo XXI, comienza a forjar su Grupo Económico, creando Rural Patrimonios Agrupados SICAV, S.A.

CCM versus Caja Rural de Castilla-La Mancha

Entre los años 2000 y 2005, amplió su ámbito pasando a ser un grupo de entidades que complementan las acciones realizadas por la empresa matriz y presentan un balance consolidado. Como añadido, en 2003 nace la Fundación Caja Rural y en 2005 la empresa Castilla-La Mancha Servicios Tecnológicos, S.L.

La supervivencia de esta cooperativa de crédito fue, por entonces, puesta en tela de juicio por la entonces 'todopoderosa' Caja Castilla-La Mancha (CCM). En un encuentro con periodistas, su entonces presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, llegó a calificarla como el “tercer mundo financiero”. No parecía prever que el Banco de España intervendría a CCM en 2009 debido a problemas de liquidez causados por su inversión en el sector de la construcción durante la crisis inmobiliaria.

Caja Rural siguió su camino y no fue hasta 2011 cuando la Asamblea General Ordinaria aprobó por aclamación y unanimidad de los socios el cambio de denominación social de la entidad, que pasó a llamarse Caja Rural de Castilla-La Mancha. En octubre de 2013 se oficializó el acuerdo para la integración de 14 oficinas de Barclays en la entidad, lo que permitió a la cooperativa de crédito extender su área de influencia a otras zonas limítrofes a esta región.

Precisamente, su expansión por otros territorios propició que en 2018, los socios aprobaran por unanimidad el cambio de marca de la cooperativa de crédito, para pasar a denominarse desde entonces Eurocaja Rural.

Su labor social está actualmente muy extendida gracias a su Fundación: la Carrera Solidaria contra la ELA, que cada año bate récords de participantes; las ayudas 'Working' para proyectos de integración laboral y formación para el empleo de personas con discapacidad; la convocatoria de ayudas sociales para personas en riesgo de vulnerabilidad; el proyecto 'Talento artístico' junto a la Asociación Plena Inclusión; o el evento “Empuéblate: historias de éxito para emprender y fijar población en núcleos rurales”, cuya cuarta edición se celebró el pasado mes de febrero, son algunos de los ejemplos de la acción social que les mantiene, además, vinculados al medio rural.

Hace un año, la cooperativa de crédito se solidarizó con los afectados de la dana y activó su protocolo especial de actuación de ayuda a las víctimas, en Castilla-La Mancha, pero especialmente en la Comunitat Valenciana. Los clientes recibieron un SMS informativo con el contacto directo de sus aseguradoras para la cobertura y solución de los daños ocasionados.

Igualmente, informó del espacio concreto habilitado en la web de 'Ayuda Urgente' para asesorar a los damnificados sobre cómo proceder ante esta situación tan excepcional. Desde el área de medios de pago se procedió también a proporcionar soporte a los comercios afectados para agilizar la respuesta y resolver las incidencias acaecidas con motivo del temporal.

Los últimos datos

En Eurocaja Rural presumen de ser “conservadores” en sus decisiones estratégicas. Siempre muy medidas, durante décadas. “Nadamos a contracorriente”, presumía el director general de la entidad esta semana durante un acto para celebrar la apertura de su oficina número 500 en Madrid, en el barrio de San Blas.

El activo de la entidad asciende a 9.888 millones de euros. La cifra del volumen de negocio con clientes alcanzó en 2024 una cifra de 14.449 millones de euros, con un crecimiento anual de más de 1.731 millones y cerró el año con 783 millones de euros de fondos propios.

En cuanto la inversión crediticia, el pasado ejercicio se concedieron un total de 21.429 operaciones de financiación por importe total de 1.752 millones de euros, un 16,26% más que en el ejercicio 2023, de forma que la entidad finalizó el año con un stock vivo total de 5.708 millones de euros en crédito concedido a socios y clientes.

Precisamente, su ratio de morosidad - de la que año tras año sacan pecho- se situó en el 1,62% al cierre de ejercicio, frente al 3,38% de media sectorial. La tasa de cobertura de dichos saldos dudosos se situó en el 140,65%, en contraposición al 69,59% del sector financiero, según el último dato disponible a fecha 30 de septiembre de 2024.

Eurocaja Rural superó los 545.000 clientes al terminar 2024. Sus directivos ya no ven lejos la oficina número 1.000.

A lo largo de 2024 los 281 centros para personas sin hogar activos en Euskadi alojaron cada día a 4.230 personas de media y se ofrecieron más de 6.500 servicios diarios de comida según la 'Estadística de Recursos para Personas Sin Hogar' del Eustat correspondiente a 2024 y publicada el pasado septiembre. Más de la mitad de las personas atendidas, un 64,5% tenían procedencia extranjera. Al igual que Ibrahima Balde, quien nació en Guinea, donde residía hasta que una llamada de su madre le hizo tomar una decisión: debía abandonar su casa para viajar a Europa y encontrar a su hermano pequeño.

Así, Ibrahima atravesó el desierto y durante su travesía se cruzó con infinidad de situaciones extremas. En la ruta de África a Europa, al igual que los miles de migrantes que la recorren cada año, descubrió el sufrimiento del dolor, la sed y el hambre. 'Miñan', que significa “hermanito”, es una crónica de la vida de Ibrahima Balde, relatada en primera persona, contada por Amets Arzallus, y adaptada al teatro por Artedrama y también es una de las obras que colocan a las personas sin hogar como protagonistas en Homeless Film Festival, que cumple este 2025 una década desde que llegó a Euskadi. El festival, que tiene su origen en Manchester en el año 2011, busca poner el foco en la situación de las personas que carecen de un hogar por diferentes circunstancias e invita a una reflexión sobre ello a través del cine y el teatro.

La historia de Ibrahima hace, según la organización del festival, “una crítica social clara que pone de manifiesto las políticas migratorias, los procesos de expulsión y las tendencias en la deshumanización de las personas migrantes” y es una de las muchas que se podrán ver de forma gratuita desde el 16 de octubre hasta el 20 de noviembre en Homeless Film Festival que tendrá lugar en cines y salas como Golem Alhóndiga, la Sala BBK o Bizkaia Aretoa de Bilbao y el Cine Club Santurtzi Serantes. Algunas de estas historias se verán en la gran pantalla, mientras que otras en teatro, según han explicado en la presentación del evento este jueves en Bilbao.

El documental 'Hijos de Dios', de Ekain Irigoien estará disponible el primer día del festival, el 16 de octubre, en la sala Golem Alhóndiga a las 19.00 horas. En él, se narra la vida de Javier y Romerales, dos veteranos sin hogar que duermen bajo una de las cornisas que rodean la turística Plaza de la Ópera de Madrid. Junto a ellos comienza un largo viaje por las concurridas calles de la capital, donde sobrevivir sin caer en la locura se convierte en todo un arte. La amistad de estos dos personajes y sus rocambolescas vidas hacen de esta película un canto a la vida, la muerte y la dignidad.

El segundo día, 25 de octubre, será el turno del teatro con la obra 'Callejones sin estrellas' de Carmen Tamayo de la compañía Mujereando, que trabaja con mujeres en exclusión social y tendrá lugar en la Sala BBK de Bilbao a las 19.00 horas. La obra cuenta la historia de un grupo de mujeres que por diferentes circunstancias acaban en la calle y trasladan al público sus relatos de resistencia. “Un 22 de mayo llegué a la calle Becas número 6. De pequeña soñaba, soñaba... Duérmete mi niña, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Paralizada, sin voz, llorando para tus adentros y rezando para que todo esto acabe. El ruido de la ciudad que no cesa y martillea tus sesos. ¿Qué te queda? ¿Desaparecer? Una de mis mayores pérdidas fueron mis fotografías, la foto de mi madre. De repente, te das cuenta de que llevas 7 años durmiendo en la calle y que continúas en la casilla de salida sin ilusiones ni esperanza. Nadie sabe lo que es no tener donde resguardarse del mundo, si no ha vivido en la calle”, relata una de las protagonistas.

El tercer y cuarto día del festival serán los puntos fuertes. La jornada del 12 de noviembre estará dedicada íntegramente al teatro, tanto por la mañana como por la tarde. Por la mañana, la compañía de teatro Kuskurrum será la encargada de dar comienzo a la jornada, que representará la obra 'Son las 45 y 10'. A continuación, el grupo de teatro Zenbatu, bajo la dirección de Iván Iparraguirre, representará la obra 'Dime la verdad'. Como cada año, el alumnado del Bachillerato de Artes Escénicas del IES Ibarrekolanda BHI hará su aparición para ofrecer un baile y el pase matinal finalizará con la obra 'Gure Arima' de la mano de la compañía Auzo Arima. Por la tarde, a las 19.00 horas en Bizkaia Aretoa de Bilbao se mostrará la obra de teatro 'Miñan', bajo la dirección de Ander Lipus y que narra la historia de Ibrahima Balde.

Por su parte, el cuarto día, el 13 de noviembre, estará dedicado al cine. A las 19.00 horas también en Bizkaia Aretoa se proyectarán tres cortometrajes. 'Lo que nadie quiere ver' de Alejandra Gere y Richard Gere, 'Au dessus des rails', de Tom Vallejo y 'El Camino Arriba', bajo la dirección de Iñigo Cobo y producido por la asociación Bizitegi, organizadora del festival. Este pase de la tarde estará presentado por el periodista Xabier Madariaga, donde se otorgará el premio Besarkada Saria de la Sección Oficial del Homeless Film Festival a 'Au dessus des rails', dirigido por Tom Vallejo.

Por último, el quinto día tendrá lugar la proyección del largometraje 'La furia' de Gemma Blasco, que tendrá dos pases el primero a las 18.00 horas y el segundo a las 20.30 horas en el Cine Club Santurtzi Serantes Aretoa. 'La furia' cuenta la historia de Alex, una joven actriz que es violada en una fiesta en Nochevieja y no reconoce a su agresor. Cuando acude a su hermano Adrián en busca de abrigo y compresión, este reacciona cuestionándola y presionándola. Así, Alex se distancia de su hermano y de todo lo conocido. A lo largo de un año vive sola el asco, la vergüenza y la culpa mientras que su hermano Adrián, consumido por la rabia, toma sus propias decisiones en un camino cada vez más oscuro.

“En su décimo aniversario, Homeless Film Festival, festival de cine y teatro social organizado por Bizitegi, vuelve a poner el acento en la visibilidad e inclusión de las personas en situación de sin hogar y exclusión social. El objetivo del festival es fomentar la inclusión social a través de las artes escénicas. Homeless Film Festival cuenta con el patrocinio de EITB, la Diputación Foral de Bizkaia y el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco”, han explicado sus organizadores, quienes han recordado que se podrá disfrutar de la exposición que recopila la trayectoria del festival en las estaciones de Metro Bilbao.

Hoy tomamos prestado de Radio Ambulante un episodio que cuenta la historia de Frida y su madre, Linda. Cuando Frida tenía unos ocho años, Linda le contó cuál era su verdadero trabajo y le pidió que no se lo dijera a nadie. Ese sería su gran secreto. Pero un tiempo después alguien en su escuela empezaría a fijarse en los detalles. Y serían todos esos rumores los que cambiarían la vida de las dos.

Radio Ambulante es un podcast narrativo en español pionero, que cuenta historias de América Latina y comunidades latinas alrededor del mundo.

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Eurocaja Rural ha celebrado este viernes la IV edición de 'Empuéblate', cita en la que ha hecho gala de la posición de la entidad como motor para evitar la exclusión financiera, un mensaje que ha abanderado el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín, ensalzando valores como la escucha al cliente y el asesoramiento cercano, aspectos que no puede aportar “ninguna máquina”.

Así ha abierto Martín la IV edición de este evento, considerando que la solución no reside “en poner un cajero, unos hierros”, sino en abrir oficinas para fomentar esa relación de cercanía con el cliente.

“No le damos tique como en la pescadería ni restringimos servicios con restricciones de horario”, ha afirmado el director de la entidad, quien ha hecho gala de un servicio experto financiero tradicional profesional apoyado en las nuevas tecnologías.

Precisando que desde 2011 Eurocaja Rural ha pasado de tener de 193 oficinas a 484 en la actualidad, también ha reseñado que el 25 por ciento de su red comercial está en poblaciones de menos de 2.000 habitantes y más de la mitad en poblaciones de menos de 4.500 habitantes, y en el pueblo más pequeño en el que tienen oficina no alcanzan los 200 habitantes.

“Y nos va bien”, ha puesto en valor, al tiempo que ha afirmado que “el secreto” radica en querer ayudar a estas personas “con honestidad, en tratarlas de manera humana”.

“En un mundo en el que la tecnología avanza no debemos olvidar las raíces”, ha apelado Martín, que ha remarcado que su entidad se centra en los pueblos para que todos sus habitantes tengan la oportunidad de prosperar. “Si alguien quiere abrir una oficina en su pueblo, llámennos, queremos seguir creciendo donde sea”.

Despoblación

Por su lado, el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado que el Ejecutivo autonómico va a trabajar a lo largo de este año en una metodología más precisa para evaluar las medidas puestas en marcha bajo el paraguas de la Ley contra la Despoblación, con ayuda de expertos internacionales, entre ellos procedecentes de las tierras altas de Escocia.

En el plano nacional, ha demandado al Gobierno central la puesta en marcha del Estatuto del Pequeño Municipio para flexibilizar la normativa en materia de vivienda y ha señalado que trabajan en realizar sugerencias al nuevo Plan de Vivienda a nivel estatal.

Respecto a la financiación, “la otra cara de la moneda de la lucha frente a la despoblación”, Martínez Guijarro ha señalado que “si no resuelve, las costuras de las comunidades van a reventar”.

Haciendo balance de la ley regional frente a la despoblación, que en este 2025 cumple cuatro años, ha recordado las 89.000 personas beneficiarias de los incentivos fiscales por vivir en estas zonas cuando la legislación comenzó beneficiando a 70 personas.

Estas degravaciones corresponden a un coste total de 40 millones de euros y el saldo migratorio en estas zonas ya es positivo, con 15.000 personas más que han llegado a estos municipios despoblados. “Van más a vivir a esta zona de las que las han abandonado. Este es el primer paso para doblar la curva”, ha afirmado.

Un “desafío crítico”

De su lado, el director global de Innovación y Estrategia de Servicios Financieros de Minsait, Álvaro de Salas, ha puesto de manifiesto que la despoblación es un “desafío crítico” en España porque muchas poblaciones del país han visto reducir su calidad de vida debido a esta problemática. “Como compañía tecnológica pensamos que la tecnología puede ser una de las claves para revertir esta tendencia”.

En este sentido, ha citado tecnologías como el 5G, que permite que las zonas más remotas estén conectadas al mundo digital mejorando la calidad del vida del habitante; los satélites de órbita baja que procuran cobertura para áreas rurales, juegan “un papel importante” en el mundo agrario y alertan de catástrofes naturales; o los centros de datos que posibilitan la creación de empleo cualificado en zonas rurales con un efecto multiplicador en su inversión.

Para ello, ha proseguido el representante de Minsait, son necesarios tanto fondos del sector público como del privado, por lo que ha señalado que los fondos de la Unión Europea “son esenciales” pero también la participación de las empresas que garantizan un desarrollo “sostenible y a largo plazo”.

“Mal momento” para la globalización

También ha intervenido el consejero delegado de Hispasat, Miguel Ángel Panduro, quien ha destacado que la misión que se plantea con actos como 'Empuéblate' es “fundamental” y “clave” hoy más que nunca, en un momento actual en el que la globalización está “tocada”.

Bajo su punto de vista, tras el acceso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, Europa “está en una situación muy compleja”. “En ese escenario todos tenemos que hacer los deberes: Europa, España y cada uno de nosotros”, ha dicho, para agregar que “para ser relevante en el mundo” la seguridad es “un aspecto clave”.

“Hay que pasar de las palabras a la acción y hay que actuar”, ha insistido, para manifestar que con Donald Trump en la Casa Blanca y lo que ha supuesto para las relaciones internacionales en la actualidad hay que reinventarse y en ello hay que “jugar, ceder y ganar”.

Durante 'Empuéblate' han tomado la palabra el alcalde de Brihuega, Luis Manuel Viejo; el alcalde de Brazatortas, Pablo Toledano; la alcaldesa de Pradoluengo, Susana María Diez; y el alcalde de Navalcán, Jaime David Corregidor; quienes han puesto de manifiesto las estrategias que están poniendo en marcha para luchar contra la despoblación y han coincidido en que para ser atractivos tienen que aprender a vender las bondades que tienen sus municipios.

El relevo generacional

También ha participado el diputado de Empleo y Desarrollo Rural de la Diputación de Salamanca, Antonio Labrador, quien ha explicado el programa de relevo generacional que la institución lleva a cabo, con el que ponen en contacto a los empresarios que han cerrado o van a cerrar y a aquellos emprendedores que quieren quedarse con ese negocio. Así, en 2024 se traspasaron 57 negocios, cinco al mes y uno cada semana, alcanzando a fecha de hoy los 68, según ha detallado.

Asimismo, en sus intervenciones, la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo; el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación de La Rioja, Daniel Osés; la vicepresidenta de la Diputación de Castellón, María Ángeles Pallares; y el diputado de Reto Demográfico de la Diputación de Cuenca, Francisco Javier Cebrián, han destacado la necesidad de invertir en el mundo rural para que tenga futuro y han mostrado su orgullo por ser de pueblo.

De su lado, la directora general de Políticas contra la Despoblación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Ana María Martín, ha abogado por una simbiosis entre lo urbano y lo rural, garantizando al ciudadano el derecho al lugar de residencia, recordando la nueva estrategia nacional para la equidad territorial frente al reto demográfico, que ya ha recibido 150 aportaciones.

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, ha cerrado el acto para dar las gracias a todos los participantes y resumir que ha quedado claro que hay casos de éxito y generación de empleo en el mundo rural y que el desarrollo económico y social de los pueblos va ligado al compromiso de las administraciones pero también al del sector privado, por lo que ha dejado claro que Eurocaja Rural cree en los pueblos como así lo atesora el hecho de llevar 60 años trabajando en este sentido.

El porcentaje de población cántabra en riesgo de pobreza o exclusión social --la denominada tasa AROPE-- ha crecido dos décimas en el último año hasta situarse en el 22,2%, mientras que la población con “carencia material y social severa” se redujo en 3,3 puntos, hasta el 6%.

En este sentido, Cantabria ha pasado de ser la cuarta comunidad con mayor carencia material severa en 2023 a la séptima con menor tasa.

Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2024, Cantabria es la séptima comunidad con una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social más baja, cuando el año pasado era la octava, y se sitúa por debajo de la media nacional del 25,8%.

Sin embargo, el 17,3% de los cántabros está en riesgo de pobreza, 2,1 puntos porcentuales más que hace un año, aunque 2,4 puntos por debajo de la media (19,7%).

La renta anual neta media por hogar se situó en Cantabria en 35.149 euros frente a los 33.373 euros de 2023, dando continuidad a la tendencia ascendente registrada desde 2019.

Comparando estos datos con los del total nacional, la renta media de los hogares de Cantabria es inferior a la del total de España, situada en 36.996 euros.

La encuesta, realizada entre febrero y mayo de 2024, se enmarca en un periodo de moderación de los precios, tras la crisis por la guerra de Ucrania, con una inflación que se situó entre el 2,8% y el 3,6% entre esos meses, y unos tipos de interés que aún seguían elevados --el BCE bajó los tipos en junio de 2024 por primera vez desde 2019--.

Dificultades económicas

Según el INE, el 42% de los hogares cántabros --dos décimas menos que en 2023-- presenta algún tipo de dificultad para llegar a fin de mes.

El mayor aumento se da en el número de hogares 'Con mucha dificultad', que pasa al 7,8%, un incremento del 8,3% respecto al 7,2% de 2023. Los hogares 'Con dificultad' crecen un 5,8%, hasta el 12,6% del total cuando eran el 5,8% el año anterior. Sin embargo, caen un 8,8% los hogares 'Con cierta dificultad', del 23,7% de 2023 al 21,6% de 2024.

En el lado opuesto, el de la facilidad, baja en la categoría de 'Cierta facilidad', del 29,1% de 2023 al 27,7% de 2024, es decir, 4,8 puntos porcentuales.

Sin embargo, han aumentado los hogares con facilidad para llegar a fin de mes un 5,2%, al pasar de representar el 23,2% del total al 24,4%; así como los que llegan a fin de mes con mucha facilidad, que son el 5,6%, 3,8 puntos más que el año anterior (4,7%).

Entre otros datos del INE, el 32,6% de los cántabros no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año (seis décimas más que en 2023), por debajo de la media del 33,4%.

Además, ha crecido al 26,1% los habitantes de Cantabria que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos --25,8% en 2023-- el tercer porcentaje más bajo de las comunidades e inferior al medio del 35,8%.

Por su parte, el 8,5% de los cántabros reconoce tener retrasos en pagos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos, el tercer porcentaje más bajo --el año anterior era el primero--, que en España alcanza el 14,2%.

Y Cantabria asciende un puesto, hasta la sexta comunidad con menor porcentaje de población que tiene “mucha dificultad” para llegar a fin de mes, con el 6,8%, cuando en 2023 era del 6,5%, en todo caso nuevamente por debajo de la media del 9,1%.

Atendiendo a la carencia de estos cuatro conceptos, en la encuesta de 2024 el 27,2% de los hogares de Cantabria no puede permitirse al menos dos (era el 28,3% en 2023), frente a la media nacional del 32,7%.

El porcentaje de hogares de Cantabria con carencia de al menos tres conceptos también ha disminuido con respecto al año anterior, hasta situarse en el 14,2%, dos puntos menos que hace un año. En España también aumenta, pero solo una décima, al 18,4%.

La carencia material severa, es decir, aquellos hogares que no pueden permitirse al menos cuatro de los conceptos estudiados, también se ha reducido, en 1,7 puntos, del 9,3% de 2023 al 7,6% de 2024. En todo el país ha disminuido una décima, al 8,4%.

El 35,8% de los hogares españoles no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos durante el año 2024, lo que supone una reducción frente al 37,1% que no pudo en el año 2023. Además, el 9,1% de la población española llegó a fin de mes con “mucha dificultad”, frente al 9,3% de 2023.

Atendiendo a las dificultades para llegar a fin de mes, Castilla - La Mancha (13%), Canarias (12,4%) y Andalucía (10,9%) fueron las comunidades autónomas con mayores porcentajes de personas que llegaban a fin de mes con “mucha dificultad” en 2024.

La Xunta de Galicia ha confirmado este jueves que procederá al vallado de las instalaciones de la antigua estación de autobuses de Vigo, en la Avenida de Madrid, “a la mayor brevedad posible”, lo que abocará a una docena de personas sin hogar, que actualmente pernoctan en la zona, a buscar alguna alternativa.

El gobierno gallego ya anunció hace semanas su intención de vallar el recinto, y este jueves ha confirmado que por fin podrá hacerlo, después de que el Ayuntamiento de Vigo haya concedido la alineación de la parcela, “requisito previo a poder tomar cualquier medida al respecto”.

Fuentes autonómicas han informado a Europa Press de que, además de entregar ya el plano topográfico del inmueble, se han pedido ofertas a empresas para llevar a cabo ese cierre lo antes posible, “para garantizar la seguridad vial para la ciudadanía y prevenir la ocupación del inmueble”.

El gobierno gallego, han añadido las mismas fuentes, “está analizando las posibilidades de uso de la antigua estación”, aunque ya en 2020 había anunciado su intención de construir en ese espacio un centro intergeneracional, que incluyese un centro de día para mayores y una escuela infantil.

Esos planes chocaron con la posición del Ayuntamiento, que ha reclamado la reversión del inmueble y ha subrayado que el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) prevé una zona verde en ese parcela. Además, el gobierno local vigués ha culpado a la Xunta del deterioro de las instalaciones.

La antigua terminal cerró sus puertas a finales de 2022, cuando se puso en marcha la nueva estación de buses en el complejo de Vialia, en Urzáiz. Meses después comenzaron a instalarse varias personas sin hogar en la zona exterior, bajo la cubierta de la estación.

Por ese asentamiento han pasado diversas personas, algunas de ellas extranjeras, y actualmente alrededor de una docena de hombres y mujeres sin hogar pernoctan en construcciones precarias, con colchones rodeados de cartón, plástico y palés de madera.

Buscar otro lugar

Es el caso de un hombre que lleva vivienda en la estación un año y medio y que, ante la noticia de que el recinto será vallado, ha admitido con resignación que buscará otro lugar en la calle para dormir. “Aquí cerca controlo varios sitios, por la zona de Gregorio Espino”, ha explicado a Europa Press, y ha señalado que, a día de hoy, no cuenta con ningún ingreso.

Según ha explicado, las antiguas instalaciones de la terminal de buses “son perfectas” porque la gente que vive ahí “es tranquila”. “Dormimos aquí, por las mañanas unos vamos a las instalaciones de Érguete a desayunar, asearnos o lavar la ropa; a mediodía la gente se desplaza a los comedores sociales y por la noche viene a dormir”, ha indicado, antes de advertir de que, al menos la mitad de las personas sin hogar en este lugar no disponen de ingresos.

Este hombre, natural de Pontevedra pero con familia en la ciudad olívica, ha apuntado que, ya antes de que cerraran las instalaciones, muchas personas sin hogar se refugiaban en la estación huyendo del frío y la lluvia hasta la hora de cierre. Un año después de que dejara de estar operativa, “empezó a llegar la gente, primero un chico caboverdiano y luego más, que antes pernoctaban en galerías por la zona de O Calvario”, según ha relatado.

Además de las personas instaladas tanto en la parte delantera como trasera de la estación, también se ha afincado en la zona un matrimonio de unos 60 años que vive en un coche, “de forma temporal”, según se han apresurado a aclarar. Según han explicado llevan allí “unos meses” y, si se valla el recinto, buscarán otro sitio, aunque insisten: “Tenemos una vivienda en propiedad, aquí cerca, estamos esperando a resolver un problema legal, de herencias, para poder ir”.

Sin alternativa

Otro de los espacios está ocupado por una madre, su hija y la pareja de ésta, además de otra joven, que avisan de que no tienen alternativa si tienen que abandonar las instalaciones de la antigua estación. La mujer mayor, afectada por un grave brote de soriasis y con el cuerpo lleno de llagas, ha lamentado el “sufrimiento” que le causa su enfermedad, agravado por las circunstancias en las que vive.

Mientras se afana en barrer el entorno, donde se acumulan colchones, sillas, mantas y otros enseres, ha criticado que, con sus problemas de salud, “nadie” se ha preocupado por ella. “Nos tienen abandonados, todos, todas las administraciones”, ha clamado.

Por ello, ha advertido de que seguirán donde se han instalado, aunque vallen el recinto. “De aquí no nos vamos, ¿qué problema hay por quedarnos mientras no se hace nada en el edificio? Si ponen vallas, las quitaremos”, ha asegurado, antes de explicar que hay “buena relación” con los vecinos, que les llevan ropa y comida.

La otra mujer que vive con ellas, ha explicado que lleva en la calle siete meses, después de haber perdido su trabajo y, aunque ha reconocido que ha pedido ayudas y que su caso está en manos de los servicios sociales, ha incidido en que, si tienen que abandonar la antigua estación no tienen otro lugar al que ir.

Servicios sociales a su disposición

Fuentes municipales han explicado a Europa Press que los Servicios Sociales municipales han ofrecido a las personas que pernoctan en ese recinto “todos los recursos” de los que disponen. “La unidad de calle ha estado en varias ocasiones allí, se les ha ofrecido el albergue y lo han rechazado”, han añadido dichas fuentes.

Por su parte, desde la administración autonómica atribuyen la competencia de tomar medidas sobre esta situación al Ayuntamiento.

Estas personas reciben también semanalmente la visita de miembros del Foro Socioeducativo Os Ninguéns, un colectivo que reclama desde hace años medidas tanto al Ayuntamiento como a la Xunta para dotar a la ciudad de un parque público de vivienda con precios de alquiler accesibles para las personas más vulnerables.

Críticas del BNG y Amnistía Internacional

Por su parte, el grupo municipal del BNG ha urgido este jueves alternativas habitacionales para estas personas, que “malviven en situación de vulnerabilidad social”, tras conocerse que la Xunta va a cerrar el recinto y a impedir el acceso a personas sin hogar.

“Es indecente que la única medida que adopte el gobierno de Rueda sea la de cerrar la estación sin atender antes a las personas en situación de exclusión social”, ha censurado del portavoz nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, que también ha criticado al gobierno local por la “falta de verdaderas políticas de integración e inclusión social”.

Tras recordar que “la pobreza no se combate con vallados”, ha pedido a ambas administraciones que cooperen para solucionar esta situación. En el caso de Vigo, ha recordado que el Ayuntamiento maneja un presupuesto de más de 300 millones de euros y no ofrece alternativas a las casi 200 personas que viven en las calles de la ciudad, ya que el albergue municipal tiene “menos de 40 plazas” y unas “condiciones muy limitadas y precarias”.

Para la coordinadora de Amnistía Internacional Vigo, Isabel Flores, la solución no pasa por “estigmatizar a personas en situación de vulnerabilidad”, sino porque Ayuntamiento, Xunta y Ministerio de Vivienda unan fuerzas ante esta “emergencia” y elaboren un plan para “conseguir que el 15% del parque de viviendas de Vigo se dedique a alquiler social asequible”, lo que permitiría contar con unos 22.000 pisos.

“Hay mucho que hacer”. Flores considera “insuficientes” los recursos de una ciudad que sólo tiene un albergue con 38 plazas para “estancias limitadas”. Recuerda que el Gobierno local anunció “para después del verano pasado” un estudio sobre qué medidas aplicar para controlar los precios del alquiler en zonas tensionadas, “pero no contestó a nuestras cartas”. La Xunta, por su parte, “apuesta por la edificación” pero eso “no atiende a las emergencias”. Amnistía Internacional reclama respuestas “ya, no a dos o tres años vista”.

Trece comunidades autónomas han reducido su gasto en rentas mínimas de inserción, según denuncia la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Entre ellas, se encuentra Castilla-La Mancha, que es la tercera que más ha reducido el gasto, en un 82,2%, solo por detrás de Aragón -96,2%- y Madrid, -91,1%. De hecho, la asociación señala que hay cinco comunidades, entre las que también se encuentra la castellanomanchega, en la que las rentas mínimas no llegan al “2%” de las personas bajo el umbral de la pobreza.

“En los últimos tres años, desde la implantación del Ingreso Mínimo Vital, se ha perdido casi uno de cada tres beneficiarios”, resaltan desde la asociación, según el informe de Rentas Mínimas de Inserción del año 2023.

La asociación recuerda que “pobreza y exclusión social son conceptos diferentes”, aunque estén relacionados. “La aprobación del Ingreso Mínimo Vital, que viene a aliviar situaciones de pobreza, hubiera sido la oportunidad de destinar los recursos de las RMI de las Comunidades a implementar políticas y actuaciones eficaces de inclusión social, más allá de la aportación de recursos económicos a personas con rentas bajas”, advierten. Pero “muchas comunidades destinaron su 'ahorro' en el presupuesto de sus rentas a otras cuestiones fuera de los servicios sociales”, lamentan.

Desde el año 2020 se han reducido un 28,6% los perceptores de Rentas Mínimas. En esta reducción destaca Madrid donde se han perdido 9 de cada 10 beneficiarios y Andalucía donde la reducción alcanza el 84,4%, explican.

Sólo el 5,9% de la población bajo el umbral de la pobreza en España, aseguran, se ha beneficiado de las rentas mínimas de inserción que ofrecen las Comunidades Autónomas. Este porcentaje se está reduciendo desde el 2015, “salvo en el año de la pandemia” (2020), cuando alcnazaron su nivel más alto, un 8,7%. tras alcanzar ese año su nivel más alto, con un 8,7%.

“La cuantía media por persona perceptora de las RMI en el conjunto de España supone el 15,9% de la renta media por hogar en nuestro país. Una cuantía extremadamente baja, aunque haya aumentado dos puntos este último año”, concluyen.

Hace tan sólo unos días conmemorábamos con orgullo el aniversario de nuestra Constitución. Huelga decir que con ella se cimentaron los principios y las bases sólidas que marcaron nuestro presente y nuestro futuro como nación. Tras décadas de atraso social mediante la dictadura que asoló el país, la Constitución española se convirtió en el germen del progreso, del trabajo y de la convicción de aquellos y aquellas demócratas que, antes que nosotros, situaron al Estado español en un nuevo horizonte.

Debemos, por tanto, quienes sucedimos a esos hombres y mujeres que firmaron la Constitución, entre ellos nuestro siempre admirado tío Juan de Dios Ramírez Heredia, recoger su testigo y continuar mejorando lo que aún nos falta. Somos inconformistas, por supuesto, pero conscientes de que necesitamos también altura de miras. Y entre ellas, las instituciones públicas, como garantes de nuestra democracia, deben ser las primeras que ejerzan, por imperativo legal, ese trabajo de mejora continua. Asegurando además que nadie se quede atrás. El tiempo apremia. Más aún cuando las sociedades avanzan a un ritmo vertiginoso y, con ellas, un sistema democrático que debe –como decimos, por imperativo categórico– contar con representantes políticos a la altura de las circunstancias.

Pedimos, como no podía ser de otra manera, altura de miras en la defensa de un Estado del Bienestar inclusivo y sólido en sociedades democráticas modernas. Y es que, más allá de garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación y el empleo, deben proporcionar un marco de protección especialmente necesario para grupos sociales en situaciones de vulnerabilidad, como las personas migrantes, romaníes y otras comunidades afectadas por la exclusión estructural. Este artículo busca abordar la relevancia de estas políticas desde una perspectiva académica y pedagógica, sustentada en datos empíricos y con una firme apelación a los Derechos Humanos como principio rector.

Quienes habitan en los barrios más pobres de la ciudad tienen una esperanza de vida hasta nueve años menor que la media. Este indicador no sólo ilustra una desigualdad inadmisible, sino que conecta factores estructurales

Diversos estudios han evidenciado que las personas que residen en contextos de vulnerabilidad enfrentan barreras sistémicas que impactan de manera directa en su calidad de vida. Dicho de otra manera, ningún ser humano tiene como aspiración vivir en la exclusión, la pobreza y la desidia económica y/o psicológica. Ese principio debería conocerse sobradamente por toda la sociedad. Sin embargo, todavía solemos como sociedad comprar discursos vacíos que tratan de poner en jaque las condiciones de los grupos más debilitados. Para ello, traemos a colación el reciente informe de la Universidad de Sevilla por ser particularmente revelador: quienes habitan en los barrios más pobres de la ciudad tienen una esperanza de vida hasta nueve años menor que la media. Este indicador no sólo ilustra una desigualdad inadmisible, sino que conecta factores estructurales como la falta de acceso a servicios sanitarios de calidad, la precariedad laboral, el hacinamiento habitacional o las deficientes condiciones educativas.

Al hilo de los datos que nos proporciona el estudio de tan prestigiosa universidad, también debemos añadir los que, en el ámbito específico de las personas romaníes, tratamos en los distintos foros y simposios en los que participa Fakali como entidad experta: las personas romaníes tienen en España hasta diez años menos de esperanza de vida, tal como nos alertaba la OMS antes de la pandemia. Es decir, encontramos una explicación a esta conexión entre ambos estudios: los ordenamientos y planteamientos urbanísticos de las grandes ciudades, los equipamientos, las condiciones de vida… Nada es casual, sino consecuencia de prácticas, represiones y hostigamientos históricos que, de nuevo, ponen en el disparadero del progreso social a una población constituida por un millón de personas.

Además, estudios de investigadoras de sobrada solvencia científica, como María Magdalena Jiménez Ramírez, profesora titular del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Granada, han constatado que la exclusión no se limita al ámbito económico, sino que también en esta misma conceptualización encontraríamos factores sociales, políticos y culturales. Así, personas migrantes y comunidades romaníes, por ejemplo, se enfrentan a una triple discriminación: social, cultural y administrativa. Lo que exacerba su marginación. Este fenómeno, conocido como “círculo de la pobreza”, perpetúa la desventaja intergeneracional y debilita la cohesión social. Así pues, hablaríamos de los determinantes sociales, estructurales y sistémicos que vuelven a golpearnos día tras día.

Aquellos mensajes populistas que demandan "mano dura" o atribuyen los problemas de barrios desfavorecidos exclusivamente a la "droga" no sólo simplifican una realidad compleja, sino que alimentan la "industria del odio"

Para hablar de políticas de bienestar, debemos también citar a Ana Arriba González de Durana, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que explica que los inicios de las mismas se encuentran tras la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que tras una época tan dura como fue la década de los 40, los estados tuvieron la necesidad imperiosa de recuperar la maltrecha economía y la fractura social por medio de unas políticas que, en los últimos años, “han recibido menor atención”, tal y como refiere la citada autora.

La lógica de la activación fue institucionalizada en Europa por el Tratado de Ámsterdam (1997), que consolidó el fomento de la empleabilidad y el concepto de “inclusión activa”. Ante la definición en la UE de un modelo basado en el crecimiento por parte de las Estrategias de Lisboa 2000-2010 y Europa 2010-2020, se fomenta la idea de que para alcanzar la cohesión social es necesaria la inserción laboral, y esta máxima impregna la mayoría de los instrumentos de protección social, como es el caso de las RMI.

Frente a esta realidad, en nuestro país han ido apareciendo desde hace décadas (y reforzándose tras la pandemia) ciertas políticas recuperadoras de esos colectivos vulnerabilizados, como es el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Mínima de Inserción, que han demostrado ser herramientas clave para mitigar los efectos socioeconómicos de la exclusión.

Diversos estudios muestran los beneficios de estas ayudas sociales, sin las cuales un nutrido grupo de personas quedarían desprotegidas ante el avance de un capitalismo voraz que no entiende de vulnerabilidades. Sin embargo, el éxito de estas políticas depende en gran medida de un discurso institucional que refuerce su legitimidad. Aquellos mensajes populistas que demandan “mano dura” o atribuyen los problemas de barrios desfavorecidos exclusivamente a la “droga” no sólo simplifican una realidad compleja, sino que alimentan la “industria del odio”. Esto perpetúa prejuicios y erosiona la confianza en las instituciones democráticas. Es por ello por lo que no podemos permitirnos el lujo de comprar discursos manidos que erosionan incluso el trabajo de las instituciones autonómicas, estatales y europeas por el antojo de quienes continúan con las luces cortas y a demasiada velocidad. Y aún menos si estos discursos provienen de quienes imparten justicia social y representan a un sector poblacional.

El posicionamiento de las administraciones públicas debe ser inequívoco: la defensa de los Derechos Humanos ha de prevalecer sobre cualquier narrativa que fomente la exclusión o el odio

Hablamos de Derechos Humanos como eje rector. Y de ahí proviene la necesidad de que el posicionamiento de las administraciones públicas debe ser inequívoco: la defensa de los Derechos Humanos ha de prevalecer sobre cualquier narrativa que fomente la exclusión o el odio. Esto implica no sólo garantizar la inclusión social mediante programas de apoyo, sino también combatir de forma activa las prácticas y discursos que criminalizan a grupos vulnerables. De lo contrario, en un corto espacio de tiempo podríamos hablar de consecuencias devastadoras en diversas áreas de la vida de un porcentaje de personas que, recordemos, va en aumento. La exclusión misma alcanza datos demoledores.

Desde Berlusconi a Salvini, pasando por Meloni, Sarkozy (hablando de migrantes como subhumanos) y hasta llegar a los alcaldes de Íllora (hablaba de destierro de familias gitanas cuando el pogromo), sin olvidar al delegado del PP de Granada al que no han echado después de hablar de las “paguitas” de los gitanos durante las elecciones.... Todos tienen en común el mensaje de odio implícito. Y, con ello, habría que estudiar cuánto incrementa el odio cada vez que un representante político, del color que sea, lanza un mensaje de este tipo en nuestras sociedades.

Nuestra Constitución, en su artículo número 1, dice literalmente que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Por eso es tarea de todos, y aún más de las administraciones públicas, hacer del Estado del Bienestar un árbol robusto con frutos, y no con palabras vacías y hasta propagadoras de racismo. Esta es la principal herramienta para garantizar la justicia social y la cohesión en sociedades democráticas. La evidencia científica respalda la necesidad de priorizar políticas inclusivas y de luchar contra discursos que fomentan la división y el odio. Las administraciones deben asumir la responsabilidad de proteger a los grupos vulnerables, no sólo por imperativos éticos, sino por compromiso con los Derechos Humanos y el progreso social. La inversión en bienestar no es un gasto. Es una apuesta por el futuro colectivo de este país.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y/o la Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM) ha celebrado este miércoles su 30 aniversario en Toledo, una ocasión en la que su presidenta, Mar González, aprovechó para reivindicar un “trabajo constante” contra la pobreza y la exclusión social, en el que “tenemos que huir de liderazgos” y estar “todos unidos”. “Las alianzas son impepinables”, recalcó González, entre las administraciones, las entidades, las empresas y la ciudadanía. “Tenemos que estar todos unidos”, aseveró.

Y así ha sido durante los últimos treinta años, recalcó, acompañada del vicepresidente primero de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, y el presidente de EAPN España, Carlos Susías. González advirtió de que hablar de un tema como la pobreza “siempre es difícil”, pero que hay datos que demuestran “todo lo que se ha hecho” en la región para reducir las cifras.

Por eso, destacó el impulso de las administraciones, por ejemplo, en las últimas situaciones de catástrofe tras la DANA en localidades como Letur y Mira, donde se ha llevado ayuda de forma “articulada y organizada” junto a las entidades. “Los hitos en Castilla-La Mancha son numerosos”, aseveró González, en relación a la lucha contra la pobreza. Entre ellos, la primera estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión social en Castilla-La Mancha, que fue “pionera”; actualmente se prepara la segunda estrategia, para el año 2025.

Reconocimientos

EAPN-CLM otorgó diversos reconocimientos para poner en valor el trabajo de personas e instituciones clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Entre otros, a Juan Carlos Llano, pionero en la investigación científica y social aplicada a la pobreza en Castilla-La Mancha y España, cuya labor ha sido fundamental para comprender y abordar de forma rigurosa la exclusión social; al Comisionado del Reto Demográfico, representado por José Luis Martínez Guijarro, por su compromiso con el desarrollo e inclusión social, y su papel en la creación de la Ley de Despoblación, una herramienta esencial para garantizar la equidad territorial en la región; y a la Consejería de Bienestar Social, por su impulso a la I Estrategia de Lucha contra la Pobreza y la Desigualdad Social, consolidando un marco estratégico para mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables.

Igualmente, ha premiado al Grupo de Participación de EAPN-CLM, compuesto por personas con experiencia en pobreza, quienes han contribuido de manera decisiva a mejorar las políticas sociales y dar voz a quienes más lo necesitan. La jornada también puso en valor el papel de instituciones como el Ayuntamiento de Toledo, por su apoyo al Parque de la Integración en Toledo y las Cortes Regionales, por acoger las Audiencias Públicas de personas en situación de vulnerabilidad social.

“La celebración del 30 aniversario de EAPN-CLM no solo marca un hito en la trayectoria de la red, sino que invita a reflexionar sobre el poder transformador de la unión entre ciudadanía, organizaciones y administración pública para combatir la pobreza y la exclusión social”, han aseverado desde la entidad.

EAPN ha defendido igualmente que su trayectoria de tres décadas demuestra que “el trabajo colectivo, la participación activa y la incidencia política son fundamentales para generar cambios estructurales que beneficien a las personas más vulnerables”. “Mirando hacia el futuro, el reto sigue siendo construir una sociedad más equitativa, donde ninguna persona quede atrás, consolidando alianzas y fortaleciendo la voz de quienes experimentan la pobreza en primera persona”, han concluido.

El Gobierno de Cantabria cofinanciará por primera vez el coste de mantenimiento de la actividad del centro de acogida Princesa Letizia del Ayuntamiento de Santander, en concreto con una aportación de 375.000 euros.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, han firmado el convenio de colaboración por el que el Ejecutivo autonómico entra, por primera vez, en la financiación del centro de acogida Princesa Letizia.

Los 375.000 euros suponen el 50% de la inversión destinada a mantener la actividad de este centro, de titularidad municipal, puesto en marcha para proporcionar alojamiento y atención adecuada y urgente a las personas en situación o riesgo de exclusión.

Se trata del único espacio de estas características en Cantabria y, con este acuerdo, del que ha informado en un comunicado el Gobierno de Cantabria, se formaliza el compromiso que la presidenta asumió con Santander para fortalecer la posición del Gobierno como “aliado” del Ayuntamiento en la mejora de los servicios públicos de la capital.

Buruaga ha valorado este acuerdo como “un paso más” en la “sólida cooperación” entre Gobierno y Ayuntamiento, en beneficio de los santanderinos y, en este caso, de aquellos que necesitan con más urgencia el respaldo de las instituciones para poder salir adelante.

Ha considerado que esta colaboración “es una cuestión de justicia”, y que rompe, además, “muchos años de abandono y negación de colaboración desde los anteriores gobiernos autonómicos”.

“Anticipé que íbamos a hacer el mayor esfuerzo posible para empezar a participar en la financiación del centro y así lo cumplimos, con estos 375.000 euros, a la vez que entramos en el patronato que gestiona el centro”, ha explicado la presidenta, que ha recordado que “siempre ha respaldado esta demanda histórica” del Consistorio.

Por su parte, la alcaldesa ha agradecido la “buena disposición” y el “compromiso” de la presidenta “para dar un paso importante en la mejora de los servicios sociales de la ciudad”. En su opinión, “esta colaboración, más allá del aporte económico, es un respaldo al esfuerzo que, desde el Ayuntamiento de Santander, llevamos a cabo para garantizar que nadie se quede atrás y un claro ejemplo de colaboración entre administraciones en beneficio de quienes más lo necesitan”.

El Ejecutivo a través de este convenio participará en la financiación del programa de preparación para la vida independiente, así como los talleres de alfabetización, el del ocio y actividad física, el programa de huertos y semilleros ecológicos, el de voluntariado social en el centro y en las actividades de difusión de todas estas intervenciones.

El centro Princesa Letizia acogió en 2023 a 1.281 personas, una cifra superior a la de 2022, y 283 personas participaron en el programa integral de intervención social de media estancia, un 20% más que en el año anterior.

El presidente de Correos, Pedro Saura, anunció esta semana en una entrevista en el diario económico Expansión que dentro del plan estratégico de la empresa pública postal está “crear una entidad de dinero electrónico” en 2025 para “recuperar los antiguos valores de la Caja Postal y atender a una parte de la población española en riesgo de exclusión financiera”. Rápidamente se encendieron las alarmas de la España neoliberal y de los ardientes defensores de la colaboración público-privada al vislumbrar la enésima intención intervencionista del Gobierno de coalición a través de la recuperación de un banco público, aunque no fuera así.

Hay que empezar aclarando que una entidad de dinero electrónico no es un banco. La principal diferencia es que una entidad de dinero electrónico solo puede ofrecer servicios básicos como la apertura de cuentas y gestión de pagos y recibos, pero no tiene permisos legales para remunerar depósitos ni vender hipotecas, que son los elementos fundamentales del negocio bancario.

También habría que recordar que la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos ya tiene la potestad para emitir dinero electrónico como recoge la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico y el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. El Banco de España es el organismo que autoriza a este tipo de entidades que están bajo su supervisión y control.

Por otro lado, una entidad financiera bajo el paraguas de Correos no sería una novedad en España. Solo hay que hacer un poco de memoria con la Caja Postal, una caja de ahorros creada en 1909 y que tuvo vida independiente hasta 1991, cuando bajo el Gobierno de Felipe González se integró con otros bancos públicos españoles (Banco Exterior de España, Banco Hipotecario de España, Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Agrícola y Banco de Crédito Industrial) en la conocida como Corporación Bancaria de España, que después devino en Argentaria. Las pulsiones privatizadoras de Felipe González, primero, y José María Aznar, posteriormente, llevaron a la privatización de Argentaria mediante la fusión con el entonces BBV en 1999. Aznar colocó a Francisco González al frente de Argentaria y de aquellos polvos, estos lodos, pero eso es otra historia.

Entonces, si Correos ya es una entidad de dinero electrónico, a qué viene tanta polémica. Primero, a que Pedro Saura llamó la atención a la banca por no cumplir la legislación que obliga a que “todo el mundo tiene derecho a tener una cuenta bancaria básica. No parece que eso en la práctica sea así. Correos garantiza que eso se cumpla, que la ley se cumple”, recalcó en la entrevista en Expansión. Segundo, porque recordó que “Correos ya tuvo una Caja Postal”, que funcionaba como una entidad financiera. Y tercero, porque sacó a la palestra el ejemplo de Francia, donde opera Groupe Le Poste, que incluye a la entidad financiera La Banque Postale, que funciona como un banco normal, con especial atención a los mayores.

La realidad es que si Correos funciona como entidad de dinero electrónico no ayudaría a solventar del todo el problema de exclusión financiera porque la peticiones de los que han sido excluidos de la banca tradicional no responden solo a tener una cuenta, sino también al acceso a otros servicios financieros como es el crédito o que se les trate como personas y por personas. Es necesario que Correos sea un banco público por cinco razones: evitar la exclusión financiera, luchar contra la España vaciada, generar más competencia en el sector financiero, ayudar a solventar el problema de acceso a la vivienda y equipararnos con otros países europeos que cuentan con banca pública.

Evitar la exclusión financiera

A principios de 2022, cuando las grandes entidades financieras empezaron a dar ruedas de prensa para presentar sus resultados, una nueva pregunta se hizo omnipresente: ¿qué medidas iban a poner en marcha las entidades financieras para luchar contra la exclusión financiera? Protestas ciudadanas por parte de los más mayores, las críticas por parte del Gobierno de coalición y la llamada de atención del Banco de España hicieron que los bancos pasaran de sacudirse la responsabilidad de la exclusión financiera a dar tímidos pasos: un decálogo con buenas intenciones y acuerdos de las entidades con Correos para la presencia de cajeros en sus oficinas. Totalmente insuficiente. Esta es la situación: menos de dos oficinas por cada 1.000 personas mayores de 60 años en España. Entre otras cosas porque la exclusión financiera no se evita solo con cajeros que, por ejemplo, a las personas mayores les cuesta manejar. Además, no hay que olvidar que los bancos no han parado de desmantelar cajeros como se puede observar en este gráfico:

Exclusión financiera, según Funcas, se define como la incapacidad para acceder a los servicios financieros necesarios de una forma apropiada, ya sea por razones de precio, requisitos de acceso, escasez de oferta, discriminación social o autoexclusión. No es solo cuestión de cajeros o del servicio para facilitar ingresos y retiradas de dinero (Correos Cash) que las entidades acordaron con el servicio postal. Correos puede jugar en este sentido un papel relevante ofreciendo servicios financieros (desde microcréditos a hipotecas) atendido por su personal en los 8.267 puntos de atención que tiene: 2.388 oficinas y 5.879 de servicios rurales. Ya hay un ejemplo a seguir la francesa Banque Postale tiene un servicio específico para personas mayores.

Luchar contra la España vaciada

Una de las principales razones del abandono de los pueblos y la España interior es la falta de servicios, también de servicios financieros. Desde la crisis financiera de 2008 en España han desaparecido más de la mitad de las oficinas bancarias, lo que ha acelerado el proceso de exclusión en las zonas rurales y menos pobladas. Han desaparecido casi 30.000 oficinas de las 46.000 que llegó a haber abiertas. La última gran oleada de cierres fue en 2022 cuando los grandes bancos cerraron echaron la persiana de cuatro sucursales al día. Un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), publicado en 2021, señalaba que en 2020 más de la mitad de los municipios españoles (4.287 de 8,131) no contaban con una sucursal bancaria. Hay municipios en determinadas provincias donde la sucursal más cercana se encuentra a 12 kilómetros. La situación es especialmente grave en Castilla y León, donde el 80% de los municipios no tienen acceso a una oficina de ninguna entidad.

Con los 8.267 puntos de atención de Correos repartidos por todo el territorio español no solo se garantiza el acceso al servicio público, también se contribuye con su capilaridad a la cohesión territorial y facilita el desarrollo económico de las zonas rurales. Si una buena parte de esos puntos de atención, especialmente las oficinas en las zonas rurales, se dedican a ofrecer servicios financieros como un banco se podría reducir la exclusión financiera del campo y se fortalecería la lucha contra el vaciamiento de la España interior y el abandono de los pueblos.

Más competencia en el sector financiero

Desde la crisis financiera de 2008 han desaparecido decenas de bancos y cajas: se pasó de tener cerca de 40 entidades a menos de una decena. La concentración bancaria en España es un hecho que se puede agravar si se consuma la fusión del BBVA con Banco Sabadell. Si sale adelante la operación, el banco resultante más Santander y Caixabank concentrarán dos de cada tres depósitos mientras que por activos sumarían más del 60% del sector, según la firma de calificación Moody's con datos de febrero de 2024. Hay un problema de falta de competencia en el sistema financiero español que es patente si se tiene en cuenta que ninguno de los grandes bancos ha remunerado en condiciones los depósitos con la subida de los tipos de interés y han ensanchado sus márgenes de una manera abismal con las hipotecas y el crédito empresaria. En 2023, los seis grandes bancos ganaron 26.000 millones de euros.

La llegada del banco público de Correos podría aumentar la competitividad en el sector financiero con una oferta de servicios más pensada para el ciudadano, con depósitos remunerados siguiendo la estela de los tipos de interés, una oferta de hipotecas menos especulativa o la concesión de microcréditos a empresas y autónomos, siempre teniendo en cuenta criterios de riesgo. No tendría que ofrecer servicios de banca de inversión, que para eso ya está, aunque de manera muy tímida, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), pero podría entrar en el accionariado de empresas cotizadas que generen un dividendo para fortalecer su solvencia. Para evitar malinterpretaciones: la entidad financiera de Correos tiene que ganar dinero, es un banco, entre otras cosas para acabar con las pérdidas (120,3 millones de euros en 2023) de un grupo empresarial que tiene que dar el servicio postal universal.

Poner en marcha este servicio financiero no va a ser fácil. Aunque el discurso empresarial está lleno de alusiones a la importancia de la competencia y la necesidad de un sector competitivo para las compañías, la realidad es muy diferente. A principio del verano de 2024, la patronal CEOE envió una carta al anterior comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, en la que acusaba al Gobierno de “distorsionar, restringir y socavar la libre competencia y la contratación pública en general” por los contratos que adjudicaba a las empresas publicas de construcción y servicio, Tragsa, y de ingeniería, Ineco. Ya saben: nos gusta la competencia pero poquito. Eso sí, cuando la intervención del Gobierno es mediante subvenciones o ayudas públicas no hay tanta queja.

Ayuda a solventar el problema de acceso a la vivienda

El acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas de la sociedad en España. Siete de cada diez jóvenes que trabajan siguen viviendo con sus padres. La edad media para dejar el hogar familiar supera los 30 años, cuatro más que la media europea, según el último informe del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud de España. Más de la mitad de los jóvenes viven de alquiler y casi el 35% de quienes tienen menos de 44 años porque no tienen capacidad de ahorro para contratar una hipoteca porque los precios del alquiler se han disparado. El bucle es no poder salir del alquiler porque no tienen ahorros para dar la entrada de un inmueble; al mismo tiempo que no pueden ahorrar, porque el alquiler se come el sueldo y, además, sigue subiendo.

La banca pública de Correos podría acabar con esta pescadilla que se muerde la cola con una oferta de hipotecas competitiva a tipo fijo (sin los abusos de la banca tradicional) para evitar incertidumbre ni sobresaltos con los vaivenes de los tipos de interés y apoyarse en la línea de avales que ha puesto en marcha el Gobierno, a través del ICO, para la compra de vivienda para anular el efecto entrada y facilitar la compra de vivienda.

Equipararnos con otros países europeos

Aunque parezca mentira, España es una excepción entre los grandes países europeos al no tener banca pública. Por un lado están las oficinas postales de Estados que cuentan con bancos entre sus servicios: el francés Groupe Le Poste (ganó 514 millones de euros en 2023), que incluye a la entidad financiera La Banque Postale; en Italia, Poste Italiane (beneficios de 1.933 millones de euros en 2023) ofrece servicios financieros de todo tipo a través de Banca Posta; mientras que en el país bancario por excelencia, Suiza, el servicio postal también tiene un banco, Post Finance, que ganó el año pasado 164 millones de francos suizos (174 millones de euros).

Pero además, hay más entidades públicas financieras en el resto de Europa. Desde la holandesa NWB Bank, una entidad que está controlada mayoritariamente por las autoridades regionales del agua y participan el Estado y las provincias, a la Caixa Geral de Depositos, propiedad del Estado portugués; Belfius, cuyo propietario es el Estado belga; o el alemán NRW.Bank, propiedad del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, entre muchos otros. Aquí tienes un listado de la Asociación Europea de Bancos Públicos (EAPB). 

Hay motivos suficientes para que Correos recupere a la antigua Caja Postal y empiece a dar servicios financieros. España necesita un banco público.

La Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria Romanés ha vuelto a solicitar al alcalde de Camargo, Diego Movellán, una reunión para buscar una solución “definitiva” para las familias del poblado chabolista de Alday.

Así lo ha reclamado el presidente de la Plataforma, José Alfredo Vargas, este viernes a través de un vídeo remitido a los medios de comunicación, en el que ha criticado que le regidor “no ha dado mas señales de vida” desde que denunciaran el pasado 18 de junio la “marginación” del poblado chabolista de Alday y pidiesen realojar a sus nueve familias.

Ha advertido que, si no se toman medidas, Movellán “condenará a las nueve familias que sobreviven en Alday desde 1992 a pasar otro crudo invierno”.

Vargas ha recordado que el poblado chabolista de Alday lleva “malviviendo” desde 1992, y lo que se pretende es buscar una solución habitacional para sus nueve familias, de forma urgente en el caso de una anciana y una persona con discapacidad.

Según ha señalado, se trata de “camargueses de toda la vida”, personas “honradas, honestas y trabajadoras” con “muchas carencias”, y el Ayuntamiento tiene “la obligación” de atenderles “en iguales condiciones que al resto”.

“Hemos intentado forzar al señor Movellán a que moviera ficha”, ha reconocido el presidente de la plataforma, que ha lamentado que, sin embargo, sigue sin saber “nada”. “Hay un abandono total de parte del Ayuntamiento ya de una forma histórica”, ha denunciado.

Vargas ha lamentado que, pese a esta reclamación histórica, todavía no han conseguido trasladar a esas personas a una vivienda “digna”, cuya situación, ha alertado, está “empeorando” cada vez más.

Así, ha indicado que en este poblado hay personas “muy mayores” conviviendo con “ratas, cucarachas” en una situación “totalmente de dejadez” y, por tanto, creen que “no hay derecho a que esta situación continúe”.

“Quiero que, de una forma pacífica, buena, busquemos soluciones a estas familias para que vayan a una vivienda como corresponde”, ha sentenciado.

El desempleo juvenil en España se ha convertido en una crisis perenne que afecta profundamente a nuestra sociedad. Con una tasa de desempleo juvenil del 28% en 2023, la más alta de la Unión Europea, y una tasa de pobreza del 21% entre jóvenes de 18 a 29 años, nos encontramos ante una situación inasumible que requiere atención urgente. Y esta situación afecta especialmente a los y las jóvenes que lo tienen más complicado: cuanto mayor es su vulnerabilidad, menos posibilidades tienen de encontrar un empleo digno. Este problema es un reflejo de las debilidades estructurales de nuestro sistema y alberga, a su vez, un importante desafío económico.

Las estadísticas son preocupantes, pero detrás de cada número está la historia de personas jóvenes con un enorme potencial. Sin embargo, muchas de ellas han sido abandonadas o descartadas del sistema educativo formal y de la sociedad, lo que les impide adquirir las cualificaciones y competencias necesarias para acceder el empleo. La situación es particularmente grave para los y las jóvenes en situación de pobreza y discriminación, jóvenes que transitaron por el sistema de protección, menores y jóvenes migrantes no acompañados, juventud gitana, y otros colectivos en situación de vulnerabilidad, quienes enfrentan tasas de empleo mucho más bajas y una mayor tasa de abandono educativo temprano.

Vulnerabilidades, exclusión y barreras estructurales

Las barreras que enfrenta esta juventud son complejas y multidimensionales, derivadas de una combinación de factores socioeconómicos, educativos, familiares y personales. Estas barreras no solo obstaculizan su acceso al empleo, sino también afectan su capacidad para desarrollarse plenamente, perseverar en su formación y proyecto de vida y tener la oportunidad de ser agentes de cambio y miembros activos y productivos de la sociedad.

El coste de esta exclusión también tiene un impacto económico y social. Las altas tasas de pobreza, desempleo y abandono escolar reflejan debilidades estructurales que se traducen en una pérdida significativa de potencial y talento productivo para la sociedad y las empresas. La exclusión de esta juventud, además, implica menores contribuciones fiscales y a la Seguridad Social, y un aumento en los gastos en prestaciones sociales y otros apoyos estatales.

Más allá del impacto económico y productivo, esta situación representa un fracaso colectivo. Es urgente devolverles a estos jóvenes la confianza en sí mismos, en la sociedad y en su futuro para aumentar sus expectativas, su horizonte y su empleabilidad. Es imperativo abordar las barreras estructurales que impiden a los y las jóvenes en situación de vulnerabilidad acceder a una formación de calidad y a oportunidades de empleo.

Jóvenes que suman a la sociedad

Ampliemos la visión: la inclusión sociolaboral real de estos y estas jóvenes no solo tiene un impacto directo en sus vidas, su desarrollo, su futuro, también tiene un retorno significativo en sus comunidades, familias y barrios, en empresas a través de la suma de talento en nichos en los que se necesita, en términos de ahorro público, y en la contribución al bienestar general y en la estabilidad y sostenibilidad de la sociedad.

Y pongamos este desafío en clave de oportunidad: los grandes cambios que estamos viviendo hoy a través de la transición económica, ecológica y digital están reconfigurando el mundo y abren una gran ventana de posibilidades. Las empresas enfrentan dificultades para cubrir nuevos puestos de trabajo derivados de esta imparable transición. Este desajuste entre la oferta y la demanda de competencias supone una enorme oportunidad para empresas y jóvenes, si se aborda adecuadamente. Para ello, los y las jóvenes necesitan una formación y unas competencias con las que enfrentar los desafíos de ese mercado laboral actual y futuro. Esta situación paradójica demanda una acción colectiva, una respuesta específica urgente, eficaz y coordinada para que esa transición sea, además, justa e inclusiva.

Formación y acompañamiento para potenciar un talento ilimitado

Es pertinente, por tanto, la suma de esfuerzos y la construcción de alianzas que reúnan a diferentes actores que empujen en la misma dirección. Un ejemplo de ello es Generation Unlimited España, una alianza multiactor impulsada por Unicef España, de la que forman parte empresas, organizaciones sociales, sector público, Academia, sociedad civil y, especialmente, jóvenes. Juntos, estamos promoviendo un modelo de inclusión sociolaboral para jóvenes en situación de vulnerabilidad en nuestro país basado en formación y acompañamiento hacia el empleo.

En nuestro camino conjunto desde hace tres años, hemos detectado la importancia de poner a la persona joven en el centro del modelo de inclusión sociolaboral hacia el que deberíamos avanzar. Un modelo que gire en torno a su realidad y sus necesidades, enfrentando sus vulnerabilidades y, sobre todo, rescatando el potencial y el talento que cada una tiene. Igualmente importante es abordar su realidad desde un enfoque integral, proporcionando un acompañamiento multidimensional, incluyendo atención a necesidades básicas, apoyo jurídico y de salud mental, educación financiera, así como la creación de vínculos comunitarios y espacios de encuentro, deporte, ocio y cultura.

En el plano formativo, hemos recabado evidencias de la trascendencia de que estas personas jóvenes puedan contar con formaciones flexibles. Estas formaciones, implementadas por organizaciones sociales referentes y especializadas, se basan en metodologías innovadoras de carácter técnico-práctico, e incluyen el desarrollo de competencias transversales adaptadas a la realidad de cada joven y a las necesidades reales del mercado laboral, involucrando de manera activa al sector privado desde el inicio. La visión empresarial es relevante en tanto en cuanto las compañías aportan su experiencia, y el análisis de las necesidades de perfiles laborales requeridos, implicando a sus grupos de interés y su cadena de valor, voluntariado corporativo, proveedores, y generando prácticas tutorizadas y empleo de calidad. 

Políticas para una inclusión sociolaboral

Pero para promover transformaciones de calado, es esencial adoptar cambios sistémicos y estructurales y promover políticas que diseñen e inviertan en soluciones integrales y adaptadas al perfil de estas personas jóvenes. Solo así lograremos fomentar la formación y el empleo inclusivo de calidad. De manera prioritaria, es crucial desarrollar una política pública de formación y empleabilidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad, tanto a nivel estatal como autonómico, tomando como referencia modelos como el propuesto para escalarlo y replicarlo. Esto solo es posible si al mismo tiempo se fortalece el trabajo de las organizaciones sociales que ya están implementando con éxito metodologías innovadoras con los y las jóvenes, con una financiación a largo plazo, mediante un “concierto social”, que asegure su sostenibilidad.

Debemos avanzar, además, hacia el reconocimiento de las formaciones no regladas, las cuales responden tanto a las necesidades del mercado laboral como de los jóvenes en situación de vulnerabilidad, considerando dichas formaciones para la solicitud del arraigo para la formación y acelerando los trámites de su resolución y de asignación del número de Seguridad Social. De este modo, los y las jóvenes podrían acreditar oficialmente sus competencias, facilitando su entrada al mundo laboral. Asimismo, sigue siendo clave reforzar los programas de formación en alternancia con el empleo, con los que las personas jóvenes combinan formación teórica con experiencia práctica en empresas.

Todo ello debe ir de la mano de la participación activa de jóvenes como protagonistas y agentes de cambio. Por su parte, el sector privado debe invertir y participar activamente en este modelo de inclusión sociolaboral, promover políticas corporativas de empleo inclusivas y proporcionar oportunidades de formación innovadoras, prácticas, empleo de calidad y desarrollo profesional.

El desarrollo del potencial y del talento de los y las jóvenes en España y su inclusión sociolaboral, en particular de aquellos en situación de vulnerabilidad, no solo es una cuestión de justicia social, sino también una necesidad económica y de talento productivo. Es imperativo que las políticas públicas y las estrategias corporativas se alineen para crear un entorno donde estos y estas jóvenes puedan prosperar y desarrollar su talento. La inversión en su formación y desarrollo beneficiará a la juventud, pero también fortalecerá el tejido social y económico del país. 

Creer en estos y estas jóvenes es creer en nuestra sociedad, en su futuro y en nuestro futuro, en que trabajando conjuntamente podemos alcanzar un impacto a mayor escala. Solo avanzando juntos, con compromiso y determinación, podremos asegurar un presente y un futuro más humano para la próxima generación y una sociedad más justa, inclusiva y sostenible.

La Alianza multiactor Generation Unlimited España está impulsada por UNICEF España y conformada por nueve entidades sociales (Asociación Norte Joven, CESAL, Fundación Exit, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Tomillo, Fundación Nantik Lum, Pinardi, Fundación San Juan del Castillo-Pueblos Unidos y Fundación Santa María la Real), así como por dos empresas (Iberdrola e ING España).

No hace falta insistir. Mucha gente en toda España sabe ya que el 304 es la versión corta del código postal, 08034, que corresponde a Rocafonda, un barrio de Mataró en el que residen Lamine Yamal y su familia. El futbolista del Barça y de la selección, exhibiendo esos números, ha querido demostrar que, por muchos goles y triunfos que acumule, no olvida de dónde viene y cuáles son sus vínculos. Y lo ha hecho poniendo por delante el barrio a la ciudad. Un barrio que concentra población migrante y que en una proporción significativa tiene familias con bajo nivel de ingresos y con altos niveles de vulnerabilidad. 

Pero, más allá de la anécdota, la pregunta relevante es: ¿tiene sentido seguir hablando de barrio? La duda tiene sentido en momentos de globalización, de altas posibilidades de prescindir del entorno tanto en lo referente a las necesidades diarias, las relaciones o el acceso a la información, con cada vez con mayores posibilidades de conexión on line y de distribución directa al domicilio. O, relacionando la cuestión con el caso que la origina: si Lamine Yamal viviera en un barrio de altos niveles de renta, ¿se hubiera dedicado a recordar ese origen?

Hace años el barrio formaba parte de los espacios centrales de relación y de socialización, junto con la familia, la escuela y el lugar de trabajo. Todos y cada uno de esos lugares está pasando por su propia crisis, por su propia transición. Y en el caso que nos ocupa resulta complicado asimismo saber a que nos referimos cuando hablamos de barrio, ya que en algunos casos existen fundamentos históricos, y en otros muchos casos hay simples alusiones a la geografía del lugar o de algún enclave que se usa como referente. Pero, precisamente por todo ello, el barrio ocupa ese espacio intermedio entre hogar y ciudad. Un espacio que puede resultar decisivo en el equilibrio entre vínculos fuertes (propio de la familia) y el anonimato estructural o la “vecindad entre extraños (en expresión de Emmanuel Levinas) que caracteriza a la ciudad. Un buen barrio puede ser aquel que condense esa mezcla deseable de comunidad y sociedad que toda ciudad debería contener, tanto para evitar la intolerancia de las identidades y conductas excluyentes de los lazos fuertes, como la extrañeidad o frialdad de una convivencia sin lazos. 

Pero las ventajas de los barrios, su capacidad de generar vínculos solidarios y perspectivas comunes, tienen mucho que ver con las condiciones de vida y con las posibilidades de emerger y de salir de situaciones de vulnerabilidad y carencias de todo tipo. Los barrios que acogen personas y familias con niveles altos de renta y bienestar pueden perfectamente prescindir de los lazos que la proximidad genera. Pero ello no es así cuando las condiciones de trabajo y de vida son frágiles. Y es entonces cuando la existencia de vínculos virtusos de colaboración y ayuda, sirven para tratar de salir juntos de lo que agobia, o, al revés, la dinámica de conflicto acaba superando la lógica de colaboración y cada vez resulta más difícil la convivencia. Y así algunos barrios van siendo etiquetados por los de fuera como “barrios a los que no ir”, mientras los que allí conviven acaban sintiendo que son “barrios de los que no se puede salir”.

Hay muchos lugares de Europa que nos llevan años de ventaja en el tema. Las banlieu de París y de otras grandes urbes han ido generando su propia dinámica cultural y social. Y, de cuando en cuando, surgen explosiones aquí y allá que recuerdan su existencia, su especificidad. Pero, poco a poco, las pasarelas entre uno y otro mundo se hacen más estrechas, menos transitables. La mezcla es infrecuente. Y la identidad se busca en ese sentirse aparte. 

Decía Xavier Rubert, “la ciudad de donde surgió la idea de urbanidad se caracteriza por un equilibrio no muy fácil de mantener entre diversos elementos: entre concepción y anonimato, entre especialidad e identidad, entre espacio y tiempo, entre forma y memoria, entre reconocimiento y distancia”. La “ciudad”, en este sentido, debería ser suficientemente grande y suficientemente limitada para evitar  que la gente te conozca, pero lo suficientemente pequeña y reconocible para que permita que te reconozcan. Para ello es necesario volver a pensar en grande para lo pequeño. Será muy dificil que desde las limitaciones de los gobiernos locales se pueda abordar de manera significativa las complejidades barriales en aquellos lugares donde los problemas están más enquistados. Deberíamos buscar lógicas de intervención que combinaran la disposición de recursos para la mejo0ra de  barrios que fueran más allá de lo estrictamente urbanístico y que entraran en lógicas de salud pública, de temas socioeducativos  e incluso de salvaguardia de las redes comerciales y de proximidad.

En Cataluña y también en Barcelona se ha experimentado con ello con diversos planes y actuaciones y los resultados han sido significativos. Deberíamos volver al grano pequeño de lo local y reforzar sus capacidades y recursos, evitando que las ciudades y sobre todo, algunos enclaves de las mismas acaben siendo lugares invivibles. Los equipamientos públicos pueden ser, como nos dice Eric Klinenberg en 'Los palacios del pueblo', elementos de anclaje colectivo, de trabajo comunitario, de recomposición de vínculos. En este sentido Richard Sennet nos recuerda: “Las ciudades pueden estar mal gestionadas, repletas de delitos, sucias o decadentes. A pesar de ello, mucha gente piensa que incluso en la peor de las ciudades imaginables, vale la pena vivir. ¿Por qué? Porque las ciudades tienen la capacidad de hacernos sentir mucho más complejos como seres humanos”. Y para ello la buena salud de los barrios, también la buena salud de Rocafonda-304, es decisiva.

Layla tiene 30 años, desde que se marchó de su Marruecos natal lleva ocho en España, cuatro de ellos en Bilbao, y con su sueldo de limpiadora saca adelante a sus tres hijos de 4, 9 y 12 años. Su pareja se encuentra en situación irregular por lo que muchas veces el único sueldo que entra en casa es el suyo. Eso hace que a duras penas lleguen a final de mes y tengan que pedir ayuda. “Es muy duro salir de tu país y llegar sin conocer a nadie ni saber el idioma. No me da vergüenza pedir ayuda, siempre que mis hijos lo necesiten voy a trabajar para que no les falte nada”, explica Layla a este periódico.

Ella es una de las usuarias del nuevo centro de reparto de alimentos BBK Lagun Gunea de Basurto. Un local con el que se pretende dejar atrás las colas del hambre. “Era necesario un sistema más humano, que no fuera humillante para las personas que necesitasen comida. Queríamos dejar atrás esa imagen de la persona sin recursos en la calle esperando a recibir comida. Nadie tiene que sentir vergüenza por pedir ayuda”, detalla Elsa López, directora de intervención social de Cruz Roja.

Así idearon un sistema por puntos en los que los usuarios van intercambiando por los alimentos cada mes, como si se tratase de un supermercado y con cita previa, para que nadie espere en la calle. “Con este sistema, más allá de entregarles los alimentos les hacemos un seguimiento y vemos qué necesidades tienen. Tras examinarles les derivamos a los distintos programas del Ayuntamiento de Bilbao para que aprendan el idioma o encuentren trabajo”, indica.

Cada alimento que se entrega, que llega al centro a través de las donaciones realizadas al Banco de Alimentos de Bizkaia, tiene diferentes puntos, salvo en el caso de productos para bebés o leche que los usuarios pueden obtener de forma ilimitada. Los puntos de los usuarios aumentan dependiendo de cuántas personas son en cada familia y de criterios técnicos y económicos para la valoración de necesidades. En el caso de Layla, al ser cuatro bocas que alimentar y uno de los miembros al encontrarse en situación irregular en el país, la familia cuenta con una alta puntuación que le permite cada mes poder llevarse a casa un gran carro con alimentos, material escolar y juguetes.

No me da vergüenza pedir ayuda, siempre que mis hijos lo necesiten voy a trabajar para que no les falte nada

“Para nosotros es de gran ayuda. Es algo muy positivo para las personas que no tienen nada ni encuentran trabajo. El mes que viene nos darán también material escolar para los pequeños y también juguetes”, señala Layla, quien considera tan importante este servicio que ha decidido empezar a trabajar como voluntaria. “Con lo que sé de castellano ayudo a las personas que no lo entienden, traduzco y les explico qué pueden hacer cuando llegan aquí”, indica la joven.

“El trabajo de Layla es fundamental en el centro, porque muestra una empatía con las personas extranjeras que nosotros, aunque queramos, no podríamos mostrar porque no lo hemos vivido. Es algo que ayuda mucho a quien llega sobre todo sin conocer el idioma”, reconoce López.

La mayoría de usuarios, jóvenes de entre 19 y 35 años

En el centro hay actualmente dos trabajadores, pero cada día pasan por él cerca de diez voluntarios que, como Layla, quieren aportar su granito de arena. El de Basurto es el segundo centro de estas características abierto en Bilbao tras el de Santutxu. En lo que va de año, en el centro de Basurto se han entregado alimentos a 788 familias en riesgo de exclusión social, lo que supone 1.555 personas, 446 niños y niñas entre ellas. En los dos centros cuentan con 1.608 familias usuarias, haciendo un total de 3.240 personas atendidas en Bilbao.

Por procedencia, el 39,7% son familias de origen español, un 29,2% de América Latina, un 20,9% de África y de otros países el 10% restante. Por edad, la mayoría de los usuarios, un 46,7%, son personas jóvenes de entre 19 y 34 años. Un 35,4% tienen entre 35 y 49 años, un 14,9% tienen entre 50 y 65 y, por último, el 3% de las personas que visitan alguno de los dos centros de reparto de alimentos de Bilbao son mayores de 65 años.

Llevamos un registro de las personas y les hacemos un seguimiento, porque la finalidad no es que vengan y reciban comida para siempre, sino que salgan de la exclusión social

“El perfil de persona usuaria responde a familias con dificultades para cubrir sus necesidades básicas por no contar con ingresos o ser estos insuficientes; personas que cobran el subsidio de desempleo y que están en situación laboral de ERTE; personas mayores con pensiones no contributivas o pensiones bajas; y personas que por su situación administrativa no pueden recurrir a un trabajo digno o a una prestación”, informan desde el centro.

El proyecto cuenta con la colaboración de BBK, que cede los locales para el reparto de la alimentación, con el Ayuntamiento de Bilbao, que se encarga de la sostenibilidad del programa, con Cruz Roja, que aporta el personal y con el Banco de Alimentos de Bizkaia, que entrega los alimentos que son donados previamente. También cuenta con la colaboración de la Fundación Víctor Tapia.

El primer centro, el de Santutxu, se abrió en 2018 como un proyecto piloto. Este julio ha abierto el de Basurto, ya como un proyecto instaurado en la sociedad bilbaína. “Vamos probando qué funciona y qué no. Al principio pensamos en realizar entregas todos los días de forma abierta al público. Luego nos dimos cuenta de que era mejor llevar un registro de las personas y hacerles un seguimiento, porque la finalidad no es que vengan y reciban comida para siempre, sino que salgan de la exclusión social y ayudarles para que dejen de necesitar este tipo de servicios”, sostiene López.

Desde el Ayuntamiento de Bilbao, el director de Acción Social, Asier Alustiza, define este proyecto como “un sistema de distribución de alimentos más digno y personalizado en el que son las personas y las familias las verdaderas protagonistas del proceso que, además, favorece la inclusión social”. “Queremos hacer las cosas bien porque consideramos que es lo que merecen todas las personas que como Layla, vienen, nos necesitan y en cuanto pueden devuelven esa ayuda que han recibido. Eso para nosotros es muy importante porque nadie sabe dónde puede estar el día de mañana. Tenemos que crear una sociedad más digna y justa para todos y en Bilbao estamos en ese camino”, concluye Alustiza.

Democracia implica que en la sociedad tiene que haber un cierto grado de igualdad. De ahí que, según la Constitución, los poderes públicos tengan que promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. Las desigualdades de renta, posición y educación no deben ser tan grandes que en vez de favorecer la participación produzcan mansedumbre y una sumisión permanente de las personas. 

La desigualdad es uno de los problemas más graves en una sociedad democrática, porque debilita la participación, perjudica la cohesión y erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Sin embargo, hay gobernantes que pasan por alto este problema y se dedican a pregonar la igualdad, por más que los datos existentes contradigan su discurso. Esta retórica de algunos dirigentes, en favor de la igualdad es la fórmula que utilizan para no tener que enfrentarse al irritante problema de la desigualdad.  

Como ejemplo de discurso ideológico se puede citar la retórica del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. La región española que gobierna es una de las más desiguales y con más población en riesgo de pobreza y exclusión social, junto con Andalucía, Extremadura, Murcia y Canarias. Sin embargo, García-Page en vez de diseñar buenas políticas para corregir las desigualdades estructurales, se dedica a hacer campaña en favor de la igualdad inexistente en la sociedad castellanomanchega.  

Según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, unas 640.000 personas (el 31,6 por cien de la población) están en riesgo de pobreza y/o exclusión social en Castilla-La Mancha, es decir que la región posee tasas muy elevadas, siempre por encima de la media nacional (que es del 26.5 por cien). Además, la tasa de mujeres en riesgo de exclusión es 3,5 puntos porcentuales superior a la masculina (40.000 mujeres más). En las familias con menores, la tasa de personas en riesgo de pobreza y exclusión es del 35,5 por cien, siendo el porcentaje ocho puntos más elevados que en los restantes hogares (que es del 27,5 por cien). Respecto al hábitat, hay diferencia entre la tasa de personas en riesgo de pobreza y exclusión de las zonas rurales de Castilla-La Mancha (36,4 por cien) y las zonas urbanas (29,0 por cien), con la particularidad de que esta diferencia entre ambas aumenta con el tiempo.

Para conseguir que las desigualdades no sean decisivas es fundamental el papel que pueden desempeñar las políticas de la Junta de Comunidades. Sin embargo, el impacto de la administración de Castilla-La Mancha en reducir la pobreza es del 33, 3 por cien, siendo menor que el que consiguen a nivel nacional otras administraciones (que es del 36.8 por cien). 

Pues bien, García-Page prescindiendo de los datos mencionados sobre las cifras de pobreza y exclusión, la pobreza de las mujeres y la exclusión en los hogares con menores y en las zonas rurales, está centrado en la propaganda. En vez de aumentar el esfuerzo del gobierno regional que preside, para corregir la desigualdad estructural existente en la comunidad, está empeñado en hacer publicidad continua sobre la igualdad en cualquier ocasión memorable (Día Internacional de la Mujer, día de la Región, día de la Constitución etcétera).

También a crear cátedras de igualdad de género (una sobre diversidad y otra sobre el mundo laboral); o bien a hacer ostentación de que el gobierno regional es pionero porque va a tramitar una ley en las Cortes para acabar con la brecha salarial en el ámbito laboral, como si la desigualdad entre las remuneraciones que perciben mujeres y hombres se eliminara por decreto. 

Toda esta manipulación propagandística con la que Emiliano García-Page envuelve su discurso parece estar dirigida a encubrir la desigualdad estructural existente en la región, debida en parte a la mezquindad de sus políticas. En virtud de lo cual, se podría conjeturar que el presidente de Castilla-La Mancha no se cansa de utilizar de manera perversa la retórica de la igualdad (en especial la de género), para encubrir la desigualdad regional realmente existente.