La brecha del cierre de sucursales: menos de dos oficinas por cada 1.000 personas mayores de 60 años en España

“Se traspasa”. “Próxima apertura”. “Seguimos atendiendo en nuestro local más cercano”. Estos carteles han cubierto en los últimos meses cientos de establecimientos en España donde antaño se ubicaban los logos de las grandes entidades financieras y se podían leer las últimas ofertas de hipotecas, seguros o productos de inversión. Solo entre enero y septiembre de 2021, a falta del dato del último trimestre del año, han echado el cierre en España 2.500 sucursales bancarias. Son 3.000 si se compara con el dato previo a la pandemia. La crisis sanitaria ha acelerado la transformación del sector hacia vías digitales, pudiendo adelgazar sus costes tanto en oficinas como en plantillas. Los principales afectados por esta evolución acelerada de algo que se viene repitiendo desde hace años son las personas mayores, con menores capacidades digitales, que se sienten expulsadas de un servicio que siguen necesitando.

Este asunto ha vuelto al debate económico y político en los últimos días. La exclusión financiera habla de aquellos ciudadanos que tienen complicado el acceso a los servicios bancarios para sus operaciones habituales, algo que se agranda con el cierre de sucursales en España, especialmente en determinados territorios rurales y despoblados. Una iniciativa en una plataforma de firmas iniciada por un valenciano de 78 años ha llegado a oídos del Ministerio de Asuntos Económicos y del Banco de España, quienes se han puesto en contacto con él. El propio Ministerio tuvo un encuentro con las patronales bancarias la pasada semana para exigirles nuevas medidas para evitar el fenómeno de exclusión financiera y el Banco de España ha reclamado una mayor acción en este sentido a las entidades.

El fenómeno no es nuevo, aunque se haya acelerado en los últimos años. Son trece años continuados, desde la pasada crisis, en los que el sector ha ido cerrando sucursales, lo que deja un escenario muy complicado para una población cada vez más envejecida. A 30 de septiembre, últimos datos publicados por el Banco de España, hay en todo el territorio 20.394 oficinas. Esto supone que hay, de media, tan solo unas 1,7 oficinas para atender a cada 1.000 ciudadanos mayores de 60 años. Esta población, en términos generales, acostumbra a tener menos competencias digitales, lo que complica su traslado a las aplicaciones de banca online, como se pretende en el sector.

Pero eso es una media. Existen ciertas diferencias entre provincias respecto al acceso a oficinas bancarias para las personas mayores. El territorio con un menor número de oficinas por cada 1.000 mayores de 60 años es Pontevedra (1,1), seguido de Tarragona (1,2), A Coruña, Cádiz o Santa Cruz de Tenerife (1,3). En el lado opuesto se sitúan territorios como Teruel, Cuenca o Huesca, por encima de tres sucursales. Coinciden precisamente con territorios donde las Cajas Rurales son la principal cadena bancaria por número de sucursales o una de las más importantes, siendo un segmento del sistema bancario que ha mantenido en mayor medida su implantación territorial, especialmente en municipios de menor población, en contraste con la desaparición de decenas de cajas de ahorros en beneficio de grandes grupos.

El dato de 2021 contrasta sobremanera con el que existía en 2008, antes de que estallara la crisis financiera internacional, que afectó especialmente al sistema bancario español. Las personas mayores han visto rebajada sensiblemente el acceso a sucursales bancarias. Por aquel entonces, la cifra era de 4,7 oficinas por cada mil mayores de 60 años. Hoy son 1,7. Algunas provincias destacan sobre el resto. Es el caso de Almería, donde se ha pasado de 5,9 a 1,8. Baleares, La Rioja o Tarragona son los otros territorios que encabezan esta pérdida de cobertura desde la pasada crisis. En el lado opuesto se encuentran Cuenca, Lugo o Ciudad Real, con una pérdida menor pero igualmente relevante.

Desde que estallara la crisis financiera de 2008 en España han desaparecido más de la mitad de las sucursales bancarias que existían entonces. Son casi 30.000 de las 46.000 que llegó a haber abiertas. La desaparición ha sido profunda en todo el territorio, aunque con importantes diferencias entre provincias. De hecho, hay una cierta conexión entre las provincias que mantienen más sucursales respecto a la población de mayor edad y aquellas que menos sucursales han cerrado desde la crisis. Este ranking lo lideran tres provincias catalanas. Barcelona, Tarragona y Girona han visto echar el cierre a casi el 70% de las sucursales desde 2008. Palencia, Castellón o Valladolid siguen la estela por encima del 60%.

La situación contrasta con la de Cuenca (20%), Ciudad Real, Badajoz o Teruel (todas ellas en torno al 30%). De nuevo, en todas ellas, la principal entidad por número de sucursales son las Cajas Rurales.

Sin embargo, estas cifras son a nivel provincial. Cuando se baja más al detalle, al nivel municipal, los datos dan muestra de los problemas de acceso a una sucursal bancaria en España. Así lo mostraba un informe realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) publicado en 2021. A cierre de 2020 más de la mitad de los municipios españoles (4.287 de 8,131) no contaban con una sucursal bancaria. Allí viven casi 1,4 millones de habitantes. La situación es especialmente llamativa en Castilla y León, donde el 80% de los municipios no tienen acceso a una oficina de ninguna entidad. Hay municipios en determinadas provincias que la sucursal más cercana se encuentra a 12 kilómetros. Así, la población de mayor edad, generalmente menos digitalizada, y en municipios de la España vaciada, son los más vulnerables ante la exclusión financiera.

El Gobierno exige nuevas medidas

En este contexto, el Gobierno, a través de la vicepresidenta Nadia Calviño, le trasladó la “inquietud” por esta problemática a los tres patronales del sector (AEB, Ceca y Unacc). En la reunión, según informó el Ministerio de Asuntos Económicos, se le dio un mes a estas organizaciones para plantear nuevas medidas para evitar la exclusión financiera, tanto territorial como de las personas mayores. Además, pidió información sobre la efectividad de las medidas que ya se habían planteado.

La principal entidad del país, CaixaBank, que es la que tiene mayor número de sucursales en España, no se ha dado por aludida por este llamamiento del Gobierno. “Lo que para algunas entidades puede ser novedoso para otras puede estar ya en su modelo”, aseguró el presidente del grupo, José Ignacio Goirigolzarri, este viernes en la presentación de resultados de la entidad y reivindicó las medidas que ha adoptado CaixaBank, que recientemente ha acometido el mayor ERE de la historia de la banca y el cierre de cientos de oficinas. Entre ellas, destacó los 'ofibuses', un concepto que procede de Bankia por el que autobuses con personal del banco acuden a municipios de las zonas más despobladas periódicamente. La otra es el compromiso de mantenerse en los más de 400 municipios donde son la única entidad presente. Un compromiso que, en realidad, fue una de las condiciones solicitadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) para aprobar la absorción de Bankia.

Los distintos directivos de las entidades del sector que el pasado año asumieron recortes en sus sucursales y plantillas de atención al público, defendieron estos procesos como una adaptación a la forma de relacionarse de los clientes con los bancos, apostando por las vías digitales. Al tiempo que han ido cerrando sucursales, han ido convirtiendo las que quedaban abiertas en conceptos nuevos, primando su uso para productos de “valor añadido” como las hipotecas, los fondos de inversión o los seguros. En algunos casos hasta se ha penalizado con comisiones la realización de algunas operaciones rutinarias que son habituales de personas de mayor edad, como las realizadas en la ventanilla. Dejando, para ello, la alternativa del cajero o la de, de nuevo, la web o la aplicación móvil.

Respecto a las zonas más despobladas del territorio, Correos ha ganado protagonismo en el sector pese a no ser un banco. La empresa pública se ha asociado con distintas entidades, aunque destaca primordialmente Banco Santander, para ofrecer pequeñas operaciones básicas como la retirada y el ingreso de efectivo en sus oficinas en localidades pequeñas. Allí donde estos bancos ya no están. La compañía ha informado esta semana que ofrece estos servicios en hasta 4.600 puntos (2.400 oficinas y lo demás en puntos de atención rural), a lo que se ha añadido la estrategia de instalar cajeros automáticos en poblaciones pequeñas. De momento son 109, con el objetivo de alcanzar 1.200.