La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha anunciado que prevé una huelga de trabajadores en fechas coincidentes con la final de la Copa del Rey en Sevilla o la Feria de Abril, esto es, mediados o finales del mes de abril, en respuesta a una “drástica” reducción de personal en los últimos años y a la “inasumible” carga de trabajo que ha sufrido un aumento “exponencial” en los últimos años, según el sindicato.

“Esos son los próximos dos grandes eventos que se prevén en Sevilla estos días y, desgraciadamente, creemos que coincidirán con la fecha prevista de la huelga porque, aunque nosotros no queremos llevarla a cabo, no nos están dejando otra opción”, señalan desde la organización sindical. “No queremos un aumento de salario ni nada parecido, simplemente más trabajadores para poder beneficiar, precisamente, la gestión”, ha expresado el portavoz de USCA, Pablo Gómez Junquera, en declaraciones a Europa Press.

Según ha detallado Gómez Junquera, desde el año 2021, momento en el que Servicios Aeronáuticos Navegación y Control (Saerco) comenzó a gestionar la torre de control del aeropuerto de Sevilla, se ha reducido “drásticamente” el número de controladores aéreos operativos, de 16 a 11, concretamente, dado que en los últimos días se habría habilitado un nuevo profesional.

Más personal para afrontar la carga de trabajo

“La realidad es que el personal ha ido reduciéndose”, señala el portavoz del sindicato de controladores aéreos, antes de añadir que desde esas fechas “la carga de trabajo ha aumentado exponencialmente, estimamos que en un 15 %”.

A juicio de Gómez Junquera, las consecuencias trascienden la queja de los trabajadores, dado que esta “falta” de personal repercute no solo en aquellos que desarrollan las labores de control, que “asumen” además una “reducción de los descansos” para sobrellevar la “elevada carga”, sino también en la seguridad y gestión del tráfico aéreo.

“Lo que pedimos, simplemente, es más personal; no queremos mejoras económicas ni nada al respecto, queremos más profesionales para, simplemente, poder beneficiar la gestión”, ha remarcado el responsable sindical.

De hecho, según Gómez Junquera, los trabajadores temen que esta “falta de personal” se vea sorprendida por un incremento del tráfico aéreo este próximo verano, del 9 o 10% aproximadamente. “Si aumenta la carga y, además, hay menos personal para gestionarla, el trabajo es muchísimo mayor, claramente”, ha advertido.

Sobre la postura de la referida empresa, el portavoz asegura que ha propuesto “ampliar” la duración de los turnos de trabajo de los trabajadores para gestionar, precisamente, este incremento. Es más, según el mismo, esta propuesta ha llegado sin una reunión entre ambos colectivos para discutir los términos del acuerdo. “Se limitan a contestar que creen que las plantillas están bien dimensionadas y que cumplen con el convenio, cuando el problema no está ahí”, expresa.

Por el momento, el sindicato valora fechas para la disposición de la huelga y espera alcanzar un acuerdo previo para evitar un movimiento que podría perjudicar el traslado a la capital andaluza en estas fechas señaladas.

La Semana Santa de 2026 llega marcada por la incertidumbre también en los cielos. La guerra en Oriente Próximo y la escalada de la tensión entre Estados Unidos e Israel contra Irán han alterado de nuevo el mapa mundial. Desde finales de febrero, varios países han cerrado parcial o totalmente su espacio aéreo, afectando vuelos internacionales hacia Oriente Medio, Asia y África, obligando a aerolíneas y pasajeros a adaptarse sobre la marcha.

La medida impacta en hubs estratégicos como Dubai, Doha o Abu Dabi: vuelos directos cancelados, escalas reprogramadas y trayectos más largos, lo que incrementa costes y riesgo de incidencias. Irán, Israel, Irak, Jordania, Qatar, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Siria figuran entre los países con restricciones.

Los efectos se trasladan a los viajeros: retrasos, cancelaciones y modificaciones de última hora se han convertido en la norma. Según fuentes del sector, incluso rutas que no atraviesan zonas de conflicto pueden verse afectadas. “La aviación es global y está sujeta a factores geopolíticos que pueden cambiar de un día para otro”, explican.

¿Qué hacer si tu vuelo se ve afectado?

Tal y como han informado fuentes de buscadores de vuelos a este medio, si tu trayecto se ve alterado, lo primero es consultar el estado en la web o la aplicación oficial de la aerolínea. La información que proviene de terceros puede estar desactualizada y no reflejar las opciones de reubicación disponibles.

Es recomendable activar todas las notificaciones posibles, ya sea por correo electrónico, SMS o alertas de la app, ya que muchas veces los vuelos se reasignan automáticamente. No canceles tu reserva antes de conocer las alternativas que ofrece la aerolínea, porque hacerlo de forma prematura podría limitar tus derechos a reembolso o transporte alternativo.

Si ya estás en el aeropuerto, confirma siempre tu nuevo vuelo, las tarjetas de embarque y el destino final del equipaje antes de abandonar la terminal. Además, conviene documentar cada paso: guardar confirmaciones de reserva, mensajes de cancelación, tickets de gastos adicionales y cualquier comunicación de reubicación.

Si compraste el billete a través de un intermediario, primero revisa su sección de soporte y asegúrate de que la aerolínea tenga tus datos de contacto actualizados antes de solicitar cambios o reembolsos.

Derechos del pasajero ante cancelaciones

El momento clave llega cuando la aerolínea cancela un vuelo. En primer lugar, los pasajeros no están obligados a aceptar la primera alternativa ofrecida. César Díaz, abogado de la organización de consumidores CECU, recuerda que la normativa europea es clara: la aerolínea debe ofrecer transporte alternativo o el reembolso completo en un plazo de siete días, aunque “el pasajero decide qué opción acepta”.

El Reglamento europeo 261/2004 prevé compensaciones de 250 a 600 euros según la distancia del vuelo, pero no aplica en casos de fuerza mayor, como el cierre del espacio aéreo por conflicto. Díaz advierte que las aerolíneas a veces alegan fuerza mayor incluso cuando no siempre está justificada, obligando a los viajeros a reclamar.

Guerra y fuerza mayor: qué cubre y qué no

El cierre del espacio aéreo debido a un conflicto se considera una circunstancia extraordinaria, lo que implica que, aunque los pasajeros tienen derecho a un reembolso o a un vuelo alternativo, no pueden reclamar compensación económica adicional. “No hay derecho a indemnización, solo a la devolución del importe abonado”, explica el abogado de la organización de consumidores.

Aun así, las aerolíneas mantienen obligaciones básicas de asistencia: durante la espera deben proporcionar comida y bebida, ofrecer alojamiento cuando sea necesario, transporte entre el aeropuerto y el hotel, así como facilitar las comunicaciones a través de dos llamadas telefónicas o conexión a una red wifi.

Desde AENA recuerdan que la responsabilidad recae en la compañía aérea: los pasajeros deben tratar directamente con ella, ya que el aeropuerto solo actúa como intermediario. En caso de incumplimiento, los viajeros pueden asumir gastos de forma provisional y reclamarlos después, siempre que conserven los justificantes correspondientes.

Pasajeros que buscan alternativas

En periodos de alta demanda, como la Semana Santa, quedarse sin alternativa puede significar perder el viaje por completo. Por eso, cada vez más viajeros optan por adquirir un billete nuevo por su cuenta mientras esperan la resolución de la aerolínea sobre el vuelo original.

Díaz señala que esta decisión no implica renunciar a sus derechos: es posible solicitar el reembolso del billete cancelado y reclamar también la diferencia de coste del nuevo, así como otros perjuicios derivados, como noches de hotel no disfrutadas o actividades programadas que se pierden. Para acceder a estas compensaciones, los pasajeros deben documentar cuidadosamente todos los gastos y comunicaciones con la aerolínea.

Reclamar: más largo de lo que dicta la ley

Sobre el papel, la normativa protege al consumidor, pero en la práctica las aerolíneas no siempre cumplen los plazos. Díaz explica que “el reembolso debería hacerse en siete días, pero no se hace automáticamente”. Además, añade que “las aerolíneas alegan fuerza mayor para evitar pagar compensaciones”.

El procedimiento habitual pasa primero por reclamar ante la aerolínea. Si no hay respuesta en un mes, se puede acudir a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en casos de cancelaciones o retrasos. Sin embargo, otras reclamaciones, como daños adicionales, suelen acabar en los tribunales, lo que desincentiva a muchos usuarios.

Escalas que desaparecen y viajes en el aire

El impacto ya se nota en los planes de muchos viajeros. Marta González tenía previsto volar a Indonesia con escala en Doha a finales de mayo, pero su vuelo fue cancelado por Iberia hasta el 31 de mayo. “He solicitado el reembolso y estoy buscando otro destino”, cuenta.

La situación también ha alcanzado a viajes organizados de estudiantes. En un grupo de 19 jóvenes que planeaba volar a Tailandia, cinco han renunciado a última hora por la negativa de sus familias, preocupadas por las escalas en ciudades como Abu Dabi o Dubai. “Al final no voy porque mis padres no me dejan; les da miedo pasar por allí”, explica una de las afectadas.

La falta de alternativas asequibles —con rutas mucho más caras— y el abaratamiento de los vuelos habituales, menos demandados, reflejan la caída de la confianza de los usuarios, pese a que las aerolíneas insisten en que el espacio aéreo es seguro tras el cierre de la zona iraní.

“Muchos vuelos entre Europa y Asia dependen de escalas en Oriente Próximo. Cuando estas rutas se ven afectadas, las aerolíneas cancelan o redirigen operativa a otros destinos”, explican fuentes del sector. La prioridad, añaden, es garantizar la seguridad de los pasajeros, aunque algunas cancelaciones se producen incluso 48 horas antes del vuelo.

Cómo viajar en un escenario incierto

Viajar en 2026 significa convivir con la incertidumbre. En un periodo de alta movilidad, la fragilidad de la aviación puede traducirse en planes que cambian de un día para otro. Los expertos recomiendan tomar varias precauciones.

En primer lugar, evitar zonas de conflicto o con alertas oficiales, y consultar siempre las recomendaciones de embajadas y consulados antes de viajar. Los seguros de viaje pueden ser una red de seguridad adicional, ya que en muchos casos cubren retrasos prolongados, alojamiento, transporte alternativo o conexiones perdidas; pero conviene revisar con detalle las pólizas, porque normalmente no cubren actos de guerra ni cierres de espacio aéreo derivados de conflictos.

La preparación y la información se convierten así en la mejor defensa para no quedarse en tierra en una Semana Santa marcada por la volatilidad internacional.

La implantación de nuevas formas de transporte no ocurre al mismo ritmo en todos los países. Los coches voladores ya funcionan como tecnología real en varios proyectos industriales, aunque todavía no aparezcan de forma habitual sobre las ciudades.

Estos aparatos, diseñados para despegar y aterrizar en vertical, representan un tipo de aviación eléctrica que busca trayectos urbanos o regionales de corta distancia. En Estados Unidos la investigación avanza con programas públicos y pruebas operativas, mientras que en España ese horizonte tardará más tiempo en llegar.

La diferencia no depende solo de la tecnología disponible, también de las normas que regulan el uso del espacio aéreo y la autorización para operar aeronaves nuevas. Ese contexto explica que algunas decisiones regulatorias estén empezando a abrir el camino para pruebas a gran escala.

La agencia federal estadounidense autoriza grandes ensayos en gran parte del país

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos autorizó ocho programas piloto que permitirán probar aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical en 26 estados, con participación de empresas como Archer Aviation, Joby Aviation, Beta Technologies o Wisk.

Según TechCrunch, esta aprobación abre la puerta a pruebas operativas en condiciones reales aunque los aparatos todavía no hayan completado todo el proceso de certificación aeronáutica.

El plan forma parte de un programa federal destinado a estudiar cómo integrar este tipo de aeronaves dentro del sistema nacional de tráfico aéreo. Las pruebas se desarrollarán durante tres años y permitirán recopilar datos técnicos y operativos.

Entre las empresas seleccionadas, Beta Technologies ha señalado que la autorización cambia su calendario de trabajo. Su fundador y director ejecutivo, Kyle Clark, explicó que participar en el programa permitirá iniciar operaciones un año antes de lo previsto, un adelanto que podría acelerar la presencia de estos aparatos en el mercado.

El anuncio también tuvo repercusión inmediata en los inversores. Las acciones de Beta subieron cerca de 12% el día en que se conoció la noticia, mientras que Archer Aviation y Joby Aviation registraron aumentos similares al confirmarse su participación.

Algunos proyectos abarcan amplias zonas del país para estudiar redes regionales

Las pruebas previstas abarcan una gran variedad de escenarios. La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey colaborará con varias compañías para analizar distintos conceptos operativos, entre ellos vuelos que partirán de un helipuerto situado en Manhattan. En Texas, el Departamento de Transporte estatal estudia rutas regionales que enlazarán ciudades como Dallas, Austin, San Antonio y Houston mediante redes de aerotaxis eléctricos.

Otros proyectos tienen un alcance territorial aún mayor. Según datos recogidos por Digital Trends, una iniciativa coordinada desde Utah evaluará operaciones en zonas del noroeste del Pacífico, las Montañas Rocosas y las llanuras de Oklahoma, mientras que un plan dirigido por el Departamento de Transporte de Pensilvania implicará a trece estados para estudiar la recuperación de vuelos regionales.

El regulador utiliza los ensayos para recopilar datos antes de autorizar operaciones

Uno de los motivos que explica la existencia de estos programas piloto es el largo proceso de validación que exige la normativa estadounidense. La Administración Federal de Aviación debe certificar cualquier aeronave nueva antes de autorizar su explotación comercial, y ese procedimiento puede prolongarse durante años además de requerir inversiones de cientos de millones de dólares.

El programa aprobado permite realizar pruebas antes de completar ese proceso completo. De ese modo, las compañías pueden acumular experiencia operativa mientras avanzan en la certificación técnica.

Chris Rocheleau, administrador adjunto de la FAA, explicó en un comunicado oficial el sentido del programa y su utilidad para el regulador. Rocheleau declaró que “el programa proporcionará una valiosa experiencia operativa que servirá de base para las normas necesarias para permitir operaciones seguras de movilidad aérea avanzada”. También añadió que “agradecemos el gran interés reflejado en las numerosas propuestas que hemos recibido”. La agencia confirmó que llegaron 30 proyectos distintos antes de seleccionar los ocho que participarán en la fase piloto.

El Gobierno estadounidense impulsa el desarrollo industrial con apoyo político

El impulso político detrás de este plan también aparece en su origen administrativo. El secretario del Departamento de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, explicó que la iniciativa pretende asegurar que las empresas estadounidenses lideren el desarrollo de aeronaves eléctricas destinadas a transporte personal, rutas regionales, logística de carga y servicios médicos de emergencia.

El programa se puso en marcha tras una orden ejecutiva firmada el año anterior por el presidente Donald Trump, con la intención de acelerar el desarrollo de la llamada movilidad aérea avanzada y de los aviones eléctricos de despegue vertical.

Si a veces viajar en avión parece una gymkana en la que es fácil caer en cualquier trampa: el checkin online, el peso de la maleta, el ordenador de la mochila, la botella de agua, el cinturón, los zapatos, la revisión aleatoria, “la mochila debajo del asiento por favor” … esos obstáculos se multiplican para las personas con discapacidad. Una vez comprado el billete, dejamos de ser clientes para convertirnos en una pieza eficiente que debe encajar en el engranaje de un negocio basado en la optimización del tiempo y el espacio.

Hablamos con Daniel Casas, técnico del Foro Europeo de Discapacidad, que ha publicado un informe sobre la accesibilidad del transporte aéreo en Europa que arroja datos rotundos sobre la discriminación que sufre este colectivo. También conocemos las experiencias en primera persona de Edurne y de David.

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

Air Europa ha reforzado su programación aérea entre Madrid y Málaga con 48 vuelos adicionales entre el 3 y el 16 de febrero como respuesta al corte ferroviario que mantiene interrumpida la conexión entre Andalucía y la capital. La medida se ha adoptado tras el accidente ocurrido el pasado 18 de enero en el término municipal de Adamuz (Córdoba).

La compañía ya había incrementado su operativa en esta ruta desde el lunes posterior al siniestro, un refuerzo que estaba previsto inicialmente hasta el 2 de febrero. Ahora, la aerolínea prolonga la ampliación dos semanas más, incorporando 24 vuelos extra por sentido.

Desde Air Europa han explicado a Europa Press que el número de trayectos añadidos no es uniforme y varía en función del día, en base a la demanda prevista. En conjunto, el refuerzo supone 8.640 asientos adicionales a la oferta habitual entre Madrid y Málaga, con el objetivo de facilitar la movilidad de los viajeros ante la ausencia temporal de una alternativa ferroviaria.

El anuncio por parte del fabricante aeronáutico Airbus de este viernes, tras detectar un incidente en un programa de control de vuelo de los modelos A320, de la necesidad de actualización del software en más de la mitad de los aparatos ha obligado a las compañías aéreas a trabajar sin descanso desde la tarde del viernes para tratar de mitigar el efecto en los vuelos concertados.

Aunque en un comunicado, la empresa europea apenas señalaba que el problema podía afectar a “un número significativo de aviones de la familia A320”, diversas fuentes del sector aeronáutico cifran en unos 6.000 los aviones afectados.

En el caso de Iberia, la compañía española no prevé “retrasos ni cancelaciones” en sus vuelos de este sábado tras haber trabajado “toda la madrugada” para realizar las actualizaciones de software solicitadas por el fabricante y así evitar que afecte a sus clientes.

Iberia añade que está cumpliendo “estrictamente” el programa diseñado por la compañía para afrontar la situación, de modo que la actualización se está llevando a cabo con éxito en la flota afectada. Reiteran además que “no se prevé que los clientes de Iberia vayan a sufrir ningún impacto por esta causa ni hoy ni mañana”.

En el caso de Air France, la aerolínea francesa ha tenido que anular 35 vuelos este viernes, una decena de ellos en los aeropuertos de París, y ha indicado también que habrá anulaciones de vuelos también este sábado, aunque avisará con tiempo a los pasajeros de forma individualizada.

Otras aerolíneas como la australiana Jetstar o la nipona ANA se han visto obligadas a cancelar decenas de vuelos por este motivo ante la necesidad de actualización del software. Según informó una portavoz de Airbus a EFE, se estima que el 85% de los aviones afectados solo precisará de un pequeño cambio informático que apenas llevará tiempo [en torno a unas tres horas para la actualización], lo que no afectará en exceso a sus programas de vuelo.

Para el 15% restante sí sería necesaria una intervención mayor, que precisará más tiempo y en algunos casos también un cambio de equipos, aunque no pudo precisar la incidencia que tendrá en su servicio. “Estamos trabajando con nuestros clientes y proveedores para limitar las consecuencias de este incidente”, aseguró la portavoz.

La aerolínea colombiana Avianca ha sido una de las más afectadas. La empresa informó este viernes que más del 70% de su flota de aviones a nivel global deberá quedarse en tierra para realizar la “actualización urgente de software” del modelo A320.

Avianca, parte del Grupo Abra y líder en Colombia, Ecuador y Centroamérica, advirtió que la medida “inevitablemente” provocará “disrupciones significativas” en sus operaciones durante los próximos diez días.

El problema fue puesto de manifiesto por el análisis de un incidente reciente que afectó a uno de los aparatos de esa flota y que “ha revelado que la radiación solar intensa puede corromper datos esenciales para el funcionamiento de los controles de vuelo”, indicó Airbus, sin dar más precisiones.

Fuentes próximas a la investigación indicaron a EFE que el incidente se produjo en un vuelo de la aerolínea estadounidense JetBlue entre Cancún (México) y Newark, en Nueva Jersey (Estados Unidos), obligando a aterrizar de emergencia en Tampa, en Florida (EEUU), tras perder el control de los comandos de vuelo y sufrir una brusca caída de altitud.

Varios pasajeros resultaron heridos de poca consideración y tuvieron que ser atendidos por personal sanitario, mientras que el aparato fue apartado temporalmente de la flota. Los análisis posteriores pusieron de manifiesto este problema que ahora obliga a intervenir a los servicios de Airbus.

El aeropuerto de Bruselas-Zaventem ha cerrado temporalmente este martes debido a la presencia de tres drones en las proximidades de la terminal poco antes de las 20.00 horas, según informaba un portavoz de la aerolínea Brussels Airlines al diario local Het Laatste Nieuws. El aeropuerto de Lieja también ha cerrado durante varios minutos y, ya pasadas las 21 horas, han reabierto ambos, según ha confirmado la televisión belga RTBF.

Algunos de los aviones que se dirigían al principal aeropuerto de Bruselas y los aparatos que debían aterrizar en la capital belga han sido desviados hacia los aeropuertos de Charleroi y Lieja. Sin embargo, según un portavoz del aeropuerto de Lieja citado por Le Soir, Christian Delcourt, el aeropuerto valón también se ha visto obligado a desviar sus vuelos a Maastricht tras haberse avistado drones en esa ciudad.

Otros aparatos han permanecido en el aire en un circuito de espera durante dos horas en distintas zonas sobre el sur de Limburgo. Han sido desviados ocho vuelos de Brussels Airlines, uno de los cuales cubría la ruta Málaga-Brusellas y ha sido redirigido a Lille.

Poco antes de las 20.00 horas, el operador del tráfico aéreo belga, Skeyes, ya informaba de la existencia de un dron no identificado sobrevolando las instalaciones del aeropuerto. Según su portavoz Kurt Verwilligen, todo el tráfico aéreo del aeropuerto fue suspendido en ese momento “por motivos de seguridad”.

El ministro de Defensa belga, Theo Francken, estaba participando esta noche en un programa televisivo y, en un determinado momento, se ha visto obligado a ausentarse tras el incidente con el dron sobre el aeropuerto de Bruselas. Francken, que se ha reincorporado unos minutos después al programa 'De Tafel van Tine', ha confirmado el cierre del aeropuerto de la capital.

“Es el procedimiento habitual, ya que esto podría poner en peligro la aviación civil”, ha señalado el ministro, que ha comunicado el avistamiento de drones cerca de la base militar de Kleine-Brogel (en el noreste del país) y del aeropuerto de Florennes (situada en el sur de Bélgica). Theo Francken, que ha señalado haber recibido informes de drones en numerosos aeropuertos del país, ha dicho: “Sin duda, hay algo más grave en juego”. Acto seguido, el ministro ha indicado que abandonaba el programa televisivo y después señalaba que acababa de hablar con el primer ministro, Bart De Wever.

Preguntado sobre un posible cierre completo del espacio aéreo de Bélgica, el ministro ha reconocido que se estaba “debatiendo” porque se han recibido diversos informes simultáneos. “Todo esto debe ser detectado y verificado”, ha explicado el responsable de Defensa, quien ha recordado que es la labor de Skeyes, el controlador del tráfico aéreo, emitir “un aviso al respecto”.

Finalmente, la decisión ha sido la de reabrir los aeropuertos afectados. “Por ahora, no hay pruebas que establezcan un vínculo entre los hallazgos realizados en Bruselas y Lieja”, ha señalado Skeyes en su comunicación sobre la reapertura.

Personas que nacen en Canarias, residen en las Islas desde hace años y que tienen contrato de trabajo con empresas situadas en el Archipiélago se ven obligadas a pagar el billete completo de barco o avión para trasladarse a otras islas o a la Península. A pesar de estar registradas en el padrón de algún municipio canario, el descuento de residente canario las excluye debido a su origen migrante. Desde hace años, personas que han migrado y la Asociación Solidaridad Venezuela denuncian lo que consideran un obstáculo a su movilidad. “Es una injusticia porque cotizamos, pagamos impuestos y vivimos en Canarias”, se lamenta Marcela Máspero, la presidenta de la entidad venezolana.

La norma exige como condición para beneficiarse del descuento de residente que la persona esté empadronada en algún municipio canario. Así se detalla en el Real Decreto 1316/2001, de 30 de noviembre que regula esta bonificación para residentes de Canarias, Balears, Ceuta y Melilla. Sin embargo, personas con el certificado de viajes expedido por su ayuntamiento se encuentran con problemas en la puerta de embarque, donde se les pide que paguen el billete completo. Este hecho no es aislado. Máspero señala que reciben casos diarios de viajeros que sufren esta situación y, por ello, el colectivo se ha agarrado al requisito del decreto para ir elevando sus quejas en los últimos años. 

La última respuesta la han recibido del Defensor del Pueblo, que entiende la disconformidad de la entidad y por ello emitió en diciembre de 2024 una recomendación dirigida a la Secretaría de Estado de Transportes, dependiente del Ministerio de Transportes, en la que se pedía una revisión de los requisitos de acceso a la bonificación. Dicha recomendación fue rechazada. Este medio intentó por varias vías y en distintas ocasiones recabar su versión, pero no ha recibido respuesta a sus preguntas. 

El Ministerio de Transportes en su página web añade que las personas de terceros países (todos aquellos que no pertenecen a la Unión Europa) aparte de estar empadronados en uno de los cuatro territorios mencionados, deben estar en posesión de la tarjeta de residencia de larga duración, la que se otorga cuando la persona lleva más de cinco años residiendo de manera legal en España. La entidad venezolana defiende que este punto no se encuentra recogido en la norma reguladora del descuento de residente y cuestiona que este Ministerio entre a valorar una “competencia que no tiene atribuida, como es el control de documentación y situación administrativa” y que además provoca que las personas que no pueden afrontar el coste de un billete aéreo o marítimo se quedan en una situación peor, según denuncian en el escrito enviado el Defensor del Pueblo. 

La abogada especializada en extranjería Loueila Sid Ahmed Ndiaye, quien ha estado asesorando a la entidad de migrantes venezolanos, detalla que la problemática deriva de la colisión entre este decreto y una Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013, la cual establece como requisito que la persona debe estar en posesión de la tarjeta de residencia de larga duración. En su respuesta al Defensor del Pueblo, la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Transportes, defiende que la voluntad del legislador es requerir que estas personas “disfrutaran de un mayor grado de conexión con España, dilatado en el tiempo y plasmado en la posesión de una residencia en el territorio”. 

Sin embargo, hay personas con un fuerte vínculo con las Islas y que se quedan al margen del descuento. “En Canarias hay gente que ha nacido aquí y que no ha conseguido regularizar su situación, que lleva aquí 20 años. En Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla hay gente que ha devenido en una situación administrativa irregular por sus padres, a pesar de haber nacido en ese territorio”, incide la abogada. Añade que ha tenido algún caso en el que personas que han nacido aquí, tienen que ir a Madrid a renovar el pasaporte del país de su madre y no pueden asumir el coste de los billetes sin descuento: “¿Esa madre soltera cómo va a pagar el billete de todos esos niños?, se pregunta. 

Esta exclusión también afecta a la movilidad por motivos de trabajo. La abogada recuerda el caso de una mujer casada con un español y que, debido a su profesión de comercial, debe viajar regularmente entre las islas. “Esta mujer me dijo que no sabía si dejar el trabajo, ya que tiene que viajar a Gran Canaria prácticamente todas las semanas y que le cuesta tanto dinero que no lo puede asumir”, subraya. Por su parte, Andy Lermith también ha encontrado dificultades para moverse entre islas por trabajo y ocio. Es un venezolano empadronado en Telde desde hace nueve años, que trabaja en Gran Canaria con contrato laboral y que hasta el año anterior contaba con permiso de residencia y trabajo por razones humanitarias. Señala que las múltiples veces que ha viajado entre islas, ha tenido problemas a la hora de embarcar, ya que le exigían que pagara el billete sin descuento de residente, a pesar de contar con el certificado de viaje. Ahora ya tiene nacionalidad española y asegura que le han indicado desde una línea aérea que debe registrarse en el Ministerio de Transportes para poder acceder a la bonificación. “Yo aporto al fisco nacional por medio de mi trabajo y no se me otorga el descuento de residente canario, aun cuando yo estoy aportando para ese tipo de subvenciones”, se queja. 

Las consecuencias de esta limitación en la aplicación de la bonificación dificulta que las personas de origen extranjero puedan conocer el resto de las islas que forman parte del Archipiélago donde residen desde hace años. Así opina Soda Niasse, una senegalesa que está empadronada desde junio de 2019 en Las Palmas de Gran Canaria, que trabaja con contrato laboral y que desde hace unos años está casada con un español con quien tiene dos hijos también de nacionalidad española. Cuenta que en el puente del mes de agosto de este año su familia propuso un viaje a Tenerife, pero debido al alto coste de su billete decidieron aplazarlo. “Para mí no te facilitan la manera de conectarte con tu pueblo, como ciudadano, de interactuar con los demás”, se lamenta. Lermith también reconoce que esto le ha supuesto un freno para conocer otras islas. Sin descuento de residente, el precio de un billete aéreo entre Gran Canaria y Tenerife puede costar hasta 136 euros más. En barco, la diferencia puede ser de unos 100 euros. “Es totalmente discriminatorio. ¿Cuál es el fin del legislador y de la bonificación? Acercar a las comunidades autónomas que son insulares y que tiene que moverse sí o sí en avión o en barco”, sostiene Sid Ahmed. 

Para estas personas el momento de viajar supone incertidumbre y nerviosismo, sobre todo cuando llegan a la puerta de embarque. Lermeth remarca que este instante le genera “angustia y ansiedad”, ya que hasta el último momento antes de entrar al avión no sabe si le dirán que debe pagar el billete completo: “Hay gente que prefiere gastarse el dinero porque no vaya a ser que en la puerta la vayan a devolver”, confiesa. También causa incomodidad, puesto que estas escenas suceden a la vista de muchas personas. Niasse reconoce sentir vergüenza, ya que los trabajadores de la compañía la apartan de la cola para comenzar un diálogo que puede ir subiendo de tono: “Es vergonzoso. Por eso ahora prefiero comprar el billete más caro o quedarme en casa y no estar ahí pasando esa vergüenza”, mantiene. 

Máspero añade que muchos ayuntamientos expiden el certificado de viaje, el cual especifica el derecho al descuento de residente, y que, una vez en la puerta de embarque, la aerolínea no acepta el billete comprado con el descuento. “Al final todo esto es exclusión, es violencia institucional y, de alguna manera, también es racismo”, recalca.

El Gobierno de Navarra ha autorizado en su sesión de este miércoles un gasto plurianual de 4 millones de euros destinado a la mejora de la conectividad aérea del aeropuerto de Pamplona. Se trata del paso previo a una licitación pública, que se convocará en las próximas semanas y que contempla la creación de cuatro futuras conexiones, dos a ciudades nacionales y dos a destinos internacionales europeos.

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ha explicado los detalles de este acuerdo de Gobierno, que, en el plano económico, se traducen en que se contempla dedicar 1,4 millones en 2026, y 1,3 millones tanto en 2027 como en 2028, y el objetivo es que la convocatoria se licite en las próximas semanas en el Portal de Contratación de la Unión Europea.

Según Arasti, “esta licitación sigue la hoja de ruta aprobada en la Mesa de la Conectividad Aérea, un espacio de trabajo de colaboración público-privada, conformada el pasado mes de mayo, con el objetivo de mejorar las conexiones del aeropuerto de Pamplona como una cuestión estratégica para el desarrollo económico y turístico de Navarra”.

La mesa, que ha mantenido ya varias reuniones, está conformada por representantes del Ejecutivo foral, AENA, Ayuntamiento de Pamplona y agentes de la sociedad navarra del sector empresarial (CEN, Cámara de Comercio, AIN), turístico (AEHN, ANAPEH) y de las universidades (Universidad Pública de Navarra, Universidad de Navarra).

En el panorama nacional, el interés del Ejecutivo foral es retomar los vuelos con Barcelona y disponer de una ruta hacia el sur de España en Andalucía. Por su parte, en lo que respecta a destinos internacionales, el Gobierno de Navarra trabaja en conseguir dos nuevas conexiones con Europa, y se están barajando destinos como Londres, Alemania o Italia. Los destinos han sido acordados en la Mesa de la Conectividad y aúnan intereses sociales, turísticos, empresariales y universitarios. Se trata de vuelos directos a destinos, que a su vez conectan Navarra con vuelos nacionales, europeos e intercontinentales.

La previsión es que el servicio de las cuatro nuevas conexiones del aeropuerto de Pamplona comience a partir de abril del próximo año 2026. Según el consejero Arasti, “poco a poco iremos conociendo más detalles de esta apuesta” con la que el Gobierno de Navarra sigue su “compromiso de fortalecimiento de nuestra economía, tanto por la oportunidad que surge en el plano de la creación de empleo como por su aportación a la cohesión territorial y a la proyección exterior de nuestra comunidad”.

El Consejo de Administración de Aena ha dado luz verde este martes a la licitación, por 36.525.000 euros, de la asistencia técnica que redactará el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Así lo han informado desde Aena en un comunicado, en el que han apuntado que este trámite supone la puesta en marcha del proceso asociado a la ejecución, que será “la más ambiciosa en estas instalaciones desde 2010, cuando se inauguró la T3” y supondrá una inversión aproximada de 1.500 millones.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha referido a estas actuaciones en un mensaje en X, consultado por Europa Press, en el que recuerda que se comprometió hace unos días en Málaga con la ampliación. “Y hoy ya la ponemos en marcha. El consejo de Aena ha aprobado la licitación de la asistencia para la redacción del proyecto. Más capacidad y más calidad para el aeropuerto con una inversión global de 1.500 millones de euro”, ha asegurado.

El inicio de la reforma y ampliación del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol se incluirá en la propuesta del próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), el plan de inversiones que Aena realizará en la red de aeropuertos durante el quinquenio 2027-2031, han indicado en la nota.

De acuerdo con la propia esencia del DORA, la obra tendrá como objetivo dotar al aeropuerto de capacidad para atender el crecimiento futuro de su actividad, adaptación a la normativa y hacerlo con el foco puesto en la calidad, optimizando la experiencia de pasajeros y compañías aéreas.

El documento que elabore la asistencia técnica servirá como hoja de ruta para el diseño y posterior desarrollo de las actuaciones previstas, por lo que se trata de un paso fundamental. Más aún, han señalado, si se tiene en cuenta que el aeropuerto seguirá operativo mientras se realicen los trabajos.

Nuevo dique para tráfico no Schengen y 41% más para actividad comercial

Entre las actuaciones que se acometerán para adecuar la capacidad del área terminal y agilizar los procesos aeroportuarios, destacan la construcción de un nuevo dique para tráfico no Schengen con control de fronteras centralizado; el incremento de las posiciones de contacto para las aeronaves --permiten el embarque y desembarque del pasaje mediante pasarela--; un aumento de la superficie destinada al control de seguridad, y el rediseño del sistema de tratamiento de equipajes para mejorar la operativa de los agentes handling.

Han reseñado, asimismo, el incremento del 41% previsto en la superficie para actividad comercial en la terminal, una proporción que será del 43% en el caso de los espacios reservados a salas VIP.

En el campo de vuelo, se construirán nuevas calles de rodaje --que conectan las pistas con la plataforma en la que estacionan las aeronaves--, lo que favorecerá la fluidez en la circulación de los aviones. Respecto a los exteriores, se mejorarán la urbanización y los accesos, además de la capacidad de los aparcamientos y sus usos.

Tal y como apuntó el presidente de Aena, las actuaciones planificadas “se realizarán salvaguardando el entorno, con los más exigentes y exhaustivos criterios medioambientales a nuestro alcance”. En este sentido, recordó que el gestor aeroportuario “siempre ha promovido aeropuertos con las infraestructuras más modernas, que garanticen una adecuada conectividad, una calidad excelente y los más elevados niveles de seguridad y sostenibilidad medioambiental”.

La segona jornada de vaga del col·lectiu de controladors aeris a França ha tingut un fort impacte en l'operativa aèria de Balears, amb un total de 85 vols cancel·lats aquest divendres i retards generalitzats en els aeroports de l'arxipèlag. L'atur, convocat pel sindicat Unsa-Icna, coincideix amb l'inici del primer gran cap de setmana de vacances d'estiu, la qual cosa ha agreujat encara més les conseqüències per a milers de passatgers.

Segons dades d'Aena consultats per Europa Press, l'aeroport de Palma ha estat el més afectat, amb 69 cancel·lacions. En el cas d'Eivissa, s'han suprimit una desena de vols, mentre que a Menorca han estat sis. Fins a les 13.00 hores, les connexions previstes amb aeroports francesos ja reflectien un notable impacte: dels 50 vols programats entre Palma i ciutats franceses, 20 han estat cancel·lats; a Menorca, s'han anul·lat 8 dels 12 vols previstos; i Eivissa ha perdut 2 dels 9 vols amb el país gal.

Aquesta jornada de vaga coincideix amb un cap de setmana especialment important per al turisme balear. Entre aquest divendres i el diumenge, els aeroports de l'arxipèlag tenen previst operar 4.895 vols. Aquesta xifra, malgrat ser alta, suposa un descens del 3,4% respecte al mateix cap de setmana de 2024, quan es van registrar 5.061 moviments.

En total, fins a les 17 hores d'aquest dijous, s'havien cancel·lat a Espanya 71 vols amb origen o destinació a França, la qual cosa suposa un 32% de l'operativa prevista entre tots dos països —216 moviments fins a aquesta hora—. Per a la jornada d'aquest divendres, estaven programats 339 vols entre Espanya i França, una xifra igualment vulnerable al desenvolupament del conflicte.

Impacte en tota Europa

La vaga, convocada per a aquest dijous i divendres, afecta no sols als aeroports francesos, sinó també a aquells vols que sobrevolen l'espai aeri del país, com és el cas de moltes rutes que enllacen Espanya amb la resta d'Europa. En el cas dels tres aeroports principals de París —Charles de Gaulle, Orly i Beauvais—, s'ha cancel·lat el 40% dels vols, mentre que a Niça la reducció ha aconseguit el 50%. Altres aeròdroms com Lió, Marsella, Montpeller, Ajaccio, Bastia, Calvi i Figari han experimentat una retallada del 30% de les seves operacions.

L'associació Airlines for Europe (A4E) ha condemnat enèrgicament l'atur i ha xifrat en més de 1.500 els vols cancel·lats a Europa durant els dos dies de vaga, afectant a prop de 300.000 passatgers. En un comunicat, la patronal va advertir que el control aeri francès “ha demostrat ser un dels punts febles del sistema europeu”, amb alguns dels pitjors índexs de retards del continent.

Entre les aerolínies més afectades es troba Ryanair, que ha hagut de cancel·lar 400 vols i deixar en terra a més de 70.000 passatgers. La companyia ha denunciat que aquestes cancel·lacions coincideixen “una vegada més” amb l'arrencada de les vacances d'estiu, un dels períodes de major afluència de viatgers a Europa. També ha criticat durament que els sobrevols “segueixin sense estar protegits” durant les vagues nacionals del sector del control aeri francès.

Una vaga amb fons estructural

L'atur ha estat secundat per uns 270 controladors francesos, al voltant del 20% del total del col·lectiu, compost per uns 1.400 professionals, segons dades recollides per l'agència AFP. L'origen de la protesta es troba en el profund malestar que els sindicats mantenen amb la DGAC.

Després de dues reunions sense acord, Unsa-Icna va mantenir la convocatòria, a la qual es va sumar Usac-CGT, el tercer sindicat del sector, que va denunciar un “context social greument deteriorat”. Tots dos critiquen el que consideren una gestió “tòxica” i “autoritària” per part de l'administració, així com la falta de modernització de les eines necessàries per a garantir l'eficàcia del servei. En un comunicat, Unsa-Icna va apuntar directament a “la insuficiència estructural de personal” com la principal causa dels retards i del baix rendiment del sistema de navegació aèria francès.

Des de la DGAC, no obstant això, van lamentar el moment triat per a l'atur, en coincidir amb els dies de major trànsit aeri de l'any. El ministre de Transports, Philippe Tabarot, va descartar atendre les demandes dels sindicats, que va qualificar de “minoritaris” i “inacceptables”, al mateix temps que va criticar la decisió de convocar la vaga en plena operació sortida de l'estiu.

La segunda jornada de huelga del colectivo de controladores aéreos en Francia ha tenido un fuerte impacto en la operativa aérea de Balears, con un total de 85 vuelos cancelados este viernes y retrasos generalizados en los aeropuertos del archipiélago. El paro, convocado por el sindicato Unsa-Icna, coincide con el inicio del primer gran fin de semana de vacaciones de verano, lo que ha agravado aún más las consecuencias para miles de pasajeros.

Según datos de Aena consultados por Europa Press, el aeropuerto de Palma ha sido el más afectado, con 69 cancelaciones. En el caso de Eivissa, se han suprimido una decena de vuelos, mientras que en Menorca han sido seis. Hasta las 13.00 horas, las conexiones previstas con aeropuertos franceses ya reflejaban un notable impacto: de los 50 vuelos programados entre Palma y ciudades francesas, 20 han sido cancelados; en Menorca, se han anulado 8 de los 12 vuelos previstos; y Eivissa ha perdido 2 de los 9 vuelos con el país galo.

Esta jornada de huelga coincide con un fin de semana especialmente importante para el turismo balear. Entre este viernes y el domingo, los aeropuertos del archipiélago tienen previsto operar 4.895 vuelos. Esta cifra, pese a ser alta, supone un descenso del 3,4% respecto al mismo fin de semana de 2024, cuando se registraron 5.061 movimientos.

En total, hasta las 17 horas de este jueves, se habían cancelado en España 71 vuelos con origen o destino a Francia, lo que supone un 32% de la operativa prevista entre ambos países —216 movimientos hasta esa hora—. Para la jornada de este viernes, estaban programados 339 vuelos entre España y Francia, una cifra igualmente vulnerable al desarrollo del conflicto.

Impacto en toda Europa

La huelga, convocada para este jueves y viernes, afecta no solo a los aeropuertos franceses, sino también a aquellos vuelos que sobrevuelan el espacio aéreo del país, como es el caso de muchas rutas que enlazan España con el resto de Europa. En el caso de los tres aeropuertos principales de París —Charles de Gaulle, Orly y Beauvais—, se ha cancelado el 40% de los vuelos, mientras que en Niza la reducción ha alcanzado el 50%. Otros aeródromos como Lyon, Marsella, Montpellier, Ajaccio, Bastia, Calvi y Figari han experimentado un recorte del 30% de sus operaciones.

La asociación Airlines for Europe (A4E) ha condenado enérgicamente el paro y ha cifrado en más de 1.500 los vuelos cancelados en Europa durante los dos días de huelga, afectando a cerca de 300.000 pasajeros. En un comunicado, la patronal advirtió que el control aéreo francés “ha demostrado ser uno de los puntos débiles del sistema europeo”, con algunos de los peores índices de retrasos del continente.

Entre las aerolíneas más afectadas se encuentra Ryanair, que ha tenido que cancelar 400 vuelos y dejar en tierra a más de 70.000 pasajeros. La compañía ha denunciado que estas cancelaciones coinciden “una vez más” con el arranque de las vacaciones de verano, uno de los periodos de mayor afluencia de viajeros en Europa. También ha criticado duramente que los sobrevuelos “sigan sin estar protegidos” durante las huelgas nacionales del sector del control aéreo francés.

Una huelga con fondo estructural

El paro ha sido secundado por unos 270 controladores franceses, alrededor del 20% del total del colectivo, compuesto por unos 1.400 profesionales, según datos recogidos por la agencia AFP. El origen de la protesta se encuentra en el profundo malestar que los sindicatos mantienen con la DGAC.

Tras dos reuniones sin acuerdo, Unsa-Icna mantuvo la convocatoria, a la que se sumó Usac-CGT, el tercer sindicato del sector, que denunció un “contexto social gravemente deteriorado”. Ambos critican lo que consideran una gestión “tóxica” y “autoritaria” por parte de la administración, así como la falta de modernización de las herramientas necesarias para garantizar la eficacia del servicio. En un comunicado, Unsa-Icna apuntó directamente a “la insuficiencia estructural de personal” como la principal causa de los retrasos y del bajo rendimiento del sistema de navegación aérea francés.

Desde la DGAC, sin embargo, lamentaron el momento elegido para el paro, al coincidir con los días de mayor tránsito aéreo del año. El ministro de Transportes, Philippe Tabarot, descartó atender las demandas de los sindicatos, que calificó de “minoritarios” y “inaceptables”, al tiempo que criticó la decisión de convocar la huelga en plena operación salida del verano.

El creixement exponencial de Balears com a destinació turística ha situat l'arxipèlag en una posició límit. La convivència entre residents i visitants cada cop es fa més difícil per al ciutadà balear, que veu com el seu cost de vida augmenta a mesura que el turista guanya terreny. Les reclamacions de contenció turística han fet que les institucions es vegin obligades a donar respostes cada cop més contundents. Fa deu dies va entrar en vigor a Eivissa la nova llei de limitació de vehicles (aprovada pel Consell Insular) i, tot just fa una setmana, Ara Més va posar sobre la taula les competències de gestió aeroportuària presentant una proposició de llei per controlar la porta principal de l'arxipèlag: les terminals de Mallorca, Menorca i la més gran de les Pitiüses.

El trànsit aeri anual dels tres aeroports de les illes en conjunt va vorejar el 2024 els 47 milions de passatgers. Només la terminal de Mallorca va rebre l'any passat un total de 33.298.164 persones, convertint-se al tercer aeroport amb més freqüència de viatgers, segons dades oficials d'Aena. El superen únicament tots dos hubs més grans d'Espanya: el de Madrid (66.196.984 passatgers) i el Prat a Barcelona (55.034.955). Pel que fa a la resta d'illes, per Codolar (Eivissa) van passar 9.069.410 persones el 2024 i l'aeroport de Menorca va servir d'entrada a l'illa a més de 4.170.000 visitants.

Al pont de maig, que va servir com a tret de sortida a la temporada turística, la terminal mallorquina ja va rebre més de 3.000 vols (més de la meitat internacionals) en només quatre dies. Les xifres van provocar sensació de saturació entre els ciutadans de la capital balear, sobretot per les llargues cues que es van formar a l'aeroport, en plenes obres de remodelació i ampliació. Aena va adjudicar el 2022 el projecte a Acciona per 200 milions d'euros i un altre per 19 milions d'euros per ampliar el mòdul D amb la construcció de tres nous dics d'embarcament per comptar amb tres nous fingers. A més, el novembre passat van començar a funcionar el nou aparcament (amb unes 750 places) i la nova estació d'autobusos.

Una proposta per “fer pressió a l'Estat”

La proposta d'Ara Més -integrada per MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Ara Eivissa- es porta preparant des del maig i s'ha presentat ara davant del Parlament per “fer pressió a l'Estat”. La petició busca que les institucions insulars es facin càrrec de la gestió dels aeroports de Palma, Maó i Eivissa -la “porta d'entrada a les illes” per “atacar a l'arrel” el col·lapse de visitants, reduir la pressió turística i assegurar la connectivitat de tot l'arxipèlag balear, tal com ha explica la formació política al document, al qual ha tingut elDiario.es.

“Volem decidir a Balears com, quan i quins vols necessitem i en què invertim els ingressos de l'aeroport, que s'han de destinar a pal·liar els problemes aeroportuaris i frenar la massificació”, va assenyalar el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, durant la presentació de la proposta, recolzada per com el GOB o Greenpeace.

Volem decidir en Balears com, quan i quins vols necessitem, i en què invertim els ingressos de l'aeroport, que han de destinar-se a pal·liar els problemes aeroportuaris i frenar la massificació

Lluís Apesteguia — Portaveu parlamentari de Més per Mallorca

La Llei que cerca traspassar les competències d'Aena a les institucions insulars i crear una Autoritat Aeroportuària de les Illes Balears també vol “garantir la connectivitat” per a la població de les illes. Cosa que fins ara no ha passat tot i que el nombre de vols s'ha incrementat en la darrera dècada. El 2024, els aeroports de l'arxipèlag van dur a terme 363.198 operacions davant de les 257.488 de l'any 2014. Pel que fa a passatgers, l'any passat 46.539.710 persones van arribar a les illes per via aeroportuària, mentre que fa deu anys ho feien 31.960.710. L'elevada pressió humana sobre el territori insular és evident. elDiario.es s'ha posat en contacte amb Aena per a recaptar la seva postura, però no ha obtingut resposta.

El debat arriba en un moment en què, a més, el descontentament de la població balear s'ha vist alimentat per un augment dels preus dels bitllets dels vols interilles entre un 36 i un 38%, en funció de la ruta. Aquest dilluns, el grup Esquerra Confederal ha aconseguit el suport de la majoria absoluta del PP al Senat per emplaçar el Govern a frenar aquest increment. O, si no, perquè l'Executiu es faci càrrec d'aquest “sobrecost”. Els vols des d'Eivissa i Menorca (a més de Madrid i Barcelona) són els principals operats per la terminal de Son Sant Joan.

El debat arriba en un moment en què, a més, el descontentament de la població balear s'ha vist alimentat per un augment dels preus dels bitllets dels vols interilles entre un 36% i un 38%, en funció de la ruta

Limitar els 'slots' en temporada alta

El Govern balear s'ha mostrat a favor de limitar l'entrada de turistes per via aèria durant la temporada alta. “Considerem que és moment de posar sobre la taula la necessitat d'analitzar i estudiar la possibilitat de posar límits a la temporada alta en la gestió dels 'slots' -enlairaments i aterratges- als aeroports de Balears”, apunten fonts de l'Executiu a elDiario.es.Sobretot, els dels jets privats, en estar vinculats directament amb el turisme de luxe i per tant, satisfan tan sols un sector turístic molt concret i elitista.

El Govern balear es mostra a favor de limitar l'entrada de turistes per via aèria durant la temporada alta: “Considerem que és moment de posar sobre la taula la necessitat d'analitzar i estudiar la possibilitat de posar límits en la temporada alta en la gestió dels ‘slots’ -enlairaments i aterratges- en els aeroports de Balears”

La iniciativa també preveu ordenar millor l'arribada de vols a determinades franges horàries, basant-se en el model de països com Alemanya, França o Suïssa, així com analitzar i revisar la gestió del trànsit aeri amb l'objectiu d'evitar la saturació en hores concretes que després deriven en pics de saturació en altres àmbits. Pel que fa a aquesta massificació, el Govern de Marga Prohens (PP) s'ha manifestat en els darrers mesos “en contra del decreixement, però a favor de la contenció”.

El seu portaveu, Antoni Costa, ja va assenyalar que “s'havia arribat al límit” al nombre d'autoritzacions d'aterratges i enlairaments tant a l'aeroport de Mallorca com a la resta d'aeròdroms de la comunitat. De fet, el conseller ha reclamat al Govern Central que redueixi a través d'AENA els vols que arriben a les illes en els mesos de més tràfec de vacances. Des de l'inici de la legislatura l'equip de Prohens ha reclamat avançar cap a un model d'agagestió aeroportuària, una petició que va fer la mateixa presidenta a Pedro Sánchez durant una reunió mantinguda a l'octubre a la Moncloa.

La limitació pel medi marítim, regulada per llei, ja s'ha implantat tant a Eivissa com a Formentera. La menor de les Balears va ser pionera en el model amb Formentera.eco fa cinc anys i, des del 1 de juny passat, el conjunt de les Pitiüses restringeix l'entrada de vehicles que poden entrar al territori des de l'1 de juny fins al 30 de setembre. A Mallorca, de fet, ja s'estudia aprovar una iniciativa semblant.

La mesura, això sí, ha generat descontentament entre les navilieres que operen entre les illes i també entre Eivissa i Formentera i la Península. Baleària, que ha presentat dues mesures cautelars contra la nova Llei, ha al·legat, en declaraciones a elDiario.es, que la norma “perjudica el turisme nacional familiar, que és el que ve amb vaixell”, en favor del transport aeri, que atrau un turisme més internacional.

A la terminal eivissenca, el gruix de vols fora del territori espanyol suposa un 53% del trànsit aeri. Aquest percentatge, en el cas de Mallorca, puja a un 67%, del qual gairebé una tercera part (un 26%) correspon a rutes amb Alemanya (principalment, amb Düsseldorf i Bonn). L'única excepció és Menorca: el 61% són trajectes a territori nacional.

La petició particular de les Pitiüses

La importància dels aeroports per als illencs és “encara més notòria” a Menorca i Eivissa, amb doble insularitat, i més encara a Formentera, amb triple insularitat, on la connectivitat amb Mallorca i amb la resta de l'Estat i el continent esdevé indispensable per assegurar l'accés.

La importància dels aeroports per als illencs és “encara més notòria” a Menorca i Eivissa, amb doble insularitat, i més encara a Formentera, amb triple insularitat, on la connectivitat amb Mallorca i amb la resta de l'Estat i el continent és indispensable per a assegurar l'accés a serveis essencials, com recorden des de Ara Més

El senador pitiós Juanjo Ferrer va presentar la setmana passada una moció al Senat per reclamar el mateix canvi de model de gestió a l'aeroport des Codolar (ubicat en ple Parc Natural de Ses Salines) perquè les administracions locals i autonòmiques puguin participar en els òrgans de decisió.

Segons defensa Ferrer, el Govern balear, el Consell d'Eivissa i els ajuntaments de les Pitiüses han de tenir dret a intervenir directament en les decisions que es prenguin sobre l'aeroport, en aplicació d'un principi de justícia territorial“.

A la moció també va incloure la petició al Govern que doni explicacions en relació a l'augment de les tarifes dels vols interinsulars, declarats com a Servei Públic. Així ho mostra la bonificació del 75% per part de l'Estat perquè els residents tinguin la mobilitat pertinent en una comunitat la particularitat principal de la qual és estar dividida per mar. Això suposa, com gairebé tot a Balears, un avantatge per al visitant i un desavantatge per al local.

El crecimiento exponencial de Balears como destino turístico ha situado al archipiélago en una posición límite. La convivencia entre residentes y visitantes cada vez se hace más difícil para el ciudadano balear, que ve cómo su coste de vida aumenta a medida que el turista gana terreno. Las reclamaciones de contención turística han hecho que las instituciones se vean obligadas a dar respuestas cada vez más contundentes. Hace diez días entró en vigor en Eivissa la nueva ley de limitación de vehículos (aprobada por el Consell Insular) y, hace apenas una semana, Ara Més puso sobre la mesa las competencias de gestión aeroportuaria presentando una proposición de ley para controlar la puerta principal del archipiélago: las terminales de Mallorca, Menorca y la mayor de las Pitiüses.

El tráfico aéreo anual de los tres aeropuertos de las islas en conjunto rozó en 2024 los 47 millones de pasajeros. Solo la terminal de Mallorca recibió el año pasado un total de 33.298.164 personas, convirtiéndose en el tercer aeropuerto con más frecuencia de viajeros, según datos oficiales de Aena. Le superan únicamente los dos hubs más grandes de España: el de Madrid (66.196.984 pasajeros) y el Prat, en Barcelona (55.034.955). En cuanto al resto de islas, por es Codolar (Eivissa) pasaron 9.069.410 personas en 2024 y el aeropuerto de Menorca sirvió de entrada a la isla a más de 4.170.000 visitantes.

En el puente de mayo, que sirvió como pistoletazo de salida a la temporada turística, la terminal mallorquina ya recibió más de 3.000 vuelos (más de la mitad internacionales) en apenas cuatro días. Las cifras provocaron sensación de saturación entre los ciudadanos de la capital balear, sobre todo, por las largas colas que se formaron en el aeropuerto, en plena obra de remodelación y ampliación. Aena adjudicó en 2022 el proyecto a Acciona por 200 millones de euros y otro por 19 millones de euros para ampliar el módulo D con la construcción de tres nuevos diques de embarque para contar con tres nuevos fingers. Además, el pasado noviembre empezaron a funcionar el nuevo aparcamiento (con unas 750 plazas) y la nueva estación de autobuses.

Una propuesta para “hacer presión al Estado”

La propuesta de Ara Més -integrada por MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Ara Eivissa- se lleva preparando desde mayo y se ha presentado ahora ante el Parlament para “hacer presión al Estado”. La petición busca que las instituciones insulares se hagan cargo de la gestión de los aeropuertos de Palma, Maó y Eivissa -la “puerta de entrada a las islas” para “atacar a la raíz” el colapso de visitantes, reducir la presión turística y asegurar la conectividad de todo el archipiélago balear, tal como explica la formación política en el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es.

“Queremos decidir en Balears cómo, cuándo y qué vuelos necesitamos y en qué invertimos los ingresos del aeropuerto, que deben destinarse a paliar los problemas aeroportuarios y frenar la masificación”, señaló el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, durante la presentación de la propuesta, apoyada por Comisiones Obreras (CCOO) y grupos de la lucha medioambiental, como el GOB o Greenpeace.

Queremos decidir en Balears cómo, cuándo y qué vuelos necesitamos, y en qué invertimos los ingresos del aeropuerto, que deben destinarse a paliar los problemas aeroportuarios y frenar la masificación

Lluís Apesteguia — Portavoz parlamentario de Més per Mallorca

La propuesta de Ley que busca traspasar las competencias de Aena a las instituciones insulares y crear una Autoridad Aeroportuaria de les Illes Balears también quiere “garantizar la conectividad” para la población de las islas. Algo que hasta ahora no ha sucedido a pesar de que el número de vuelos se ha incrementado en la última década. En 2024, los aeropuertos del archipiélago llevaron a cabo 363.198 operaciones frente a las 257.488 del año 2014. En cuanto a pasajeros, el año pasado 46.539.710 personas llegaron a las islas por vía aeroportuaria, mientras que hace diez años lo hacían 31.960.710. La elevada presión humana sobre el territorio insular es evidente. elDiario.es se ha puesto en contacto con Aena para recabar su postura, pero no ha obtenido respuesta.

El debate llega en un momento en que, además, el descontento de la población balear se ha visto alimentado por un aumento de los precios de los billetes para viajar interislas entre un 36% y un 38%, en función de la ruta. Este lunes, el grupo Izquierda Confederal ha conseguido el apoyo de la mayoría absoluta del PP en el Senado para emplazar al Gobierno a frenar este incremento. O, en su defecto, para que el Ejecutivo se haga cargo de ese “sobrecoste”. Los vuelos desde Eivissa y Menorca (además de Madrid y Barcelona) son los principales operados por la terminal de Son Sant Joan.

El debate llega en un momento en que, además, el descontento de la población balear se ha visto alimentado por un aumento de los precios de los billetes para viajar interislas entre un 36% y un 38%, en función de la ruta

Limitar los ‘slots’ en temporada alta

El Govern balear se ha mostrado a favor de limitar la entrada de turistas por vía aérea durante la temporada alta. “Consideramos que es momento de poner sobre la mesa la necesidad de analizar y estudiar la posibilidad de poner límites en la temporada alta en la gestión de los ‘slots’ -despegues y aterrizajes- en los aeropuertos de Balears”, apuntan fuentes del Ejecutivo a elDiario.es. Sobre todo, los de los jets privados, al estar vinculados directamente con el turismo de lujo y por tanto, satisfacen tan solo a un sector turístico muy concreto y elitista.

El Govern balear se muestra a favor de limitar la entrada de turistas por vía aérea durante la temporada alta: “Consideramos que es momento de poner sobre la mesa la necesidad de analizar y estudiar la posibilidad de poner límites en la temporada alta en la gestión de los ‘slots’ -despegues y aterrizajes- en los aeropuertos de Balears”

La iniciativa también contempla ordenar mejor la llegada de vuelos en determinadas franjas horarias, basándose en el modelo de países como Alemania, Francia o Suiza, así como analizar y revisar la gestión del tráfico aéreo con el objetivo de evitar la saturación en horas concretas que luego derivan en picos de saturación en otros ámbitos. Respecto a esta masificación, el Govern de Marga Prohens (PP) se ha pronunciado en los últimos meses “en contra del decrecimiento, pero a favor de la contención”.

Su portavoz, Antoni Costa, ya señaló que “se había llegado al límite” en el número de autorizaciones de aterrizajes y despegues tanto en el aeropuerto de Mallorca como en el resto de aeródromos de la comunidad, según publicó Diario de Mallorca. De hecho, el conseller ha reclamado al Gobierno Central que reduzca a través de AENA los vuelos que llegan a las islas en los meses de mayor ajetreo vacacional. Desde el inicio de la legislatura el equipo de Prohens ha reclamado avanzar hacia un modelo de cogestión aeroportuaria, una petición que hizo la propia presidenta a Pedro Sánchez durante una reunión mantenida en octubre en la Moncloa.

La limitación por el medio marítimo, regulada por ley, ya se ha implantado tanto en Eivissa como en Formentera. La menor de las Balears fue pionera en el modelo con Formentera.eco hace cinco años y desde el pasado 1 de junio, el conjunto de las Pitiüses restringe la entrada de vehículos que pueden entrar en el territorio desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. En Mallorca, de hecho, ya se estudia aprobar una iniciativa similar.

La medida, eso sí, ha generado descontento entre las navieras que operan entre las islas y también entre Eivissa y Formentera y la Península. Baleària, que ha presentado dos medidas cautelares contra la nueva Ley, ha alegado a elDiario.es que la norma “perjudica al turismo nacional familiar, que es el que viene en barco”, en favor del transporte aéreo, que atrae un turismo más internacional.

En la terminal ibicenca, el grueso de vuelos fuera del territorio español supone un 53% del tráfico aéreo. Este porcentaje, en el caso de Mallorca asciende a un vasto 67% del que casi una tercera parte (un 26%) corresponde a rutas con Alemania (principalmente, con Düsseldorf y Bonn). La única excepción es Menorca: el 61% son trayectos a territorio nacional.

La petición particular de las Pitiüses

La importancia de los aeropuertos para los isleños es “todavía más notoria” en Menorca y Eivissa, con doble insularidad, y más aún en Formentera, con triple insularidad, donde la conectividad con Mallorca y con el resto del Estado y el continente acontece indispensable para asegurar el acceso a servicios esenciales, señalan desde Ara Més.

La importancia de los aeropuertos para los isleños es “todavía más notoria” en Menorca y Eivissa, con doble insularidad, y más aún en Formentera, con triple insularidad, donde la conectividad con Mallorca y con el resto del Estado y el continente es indispensable para asegurar el acceso a servicios esenciales, como recuerdan desde Ara Més

El senador pitiuso Juanjo Ferrer presentó la semana pasada una moción en el Senado para reclamar el mismo cambio de modelo de gestión en el aeropuerto de es Codolar (ubicado en pleno Parque Natural de Ses Salines) para que las administraciones locales y autonómicas puedan participar en los órganos de decisión.

Según ha defendido Ferrer, el Govern balear, el Consell de Eivissa y los ayuntamientos de las Pitiüses deben tener derecho a intervenir directamente en las decisiones que se tomen sobre el aeropuerto, en aplicación de un principio de “justicia territorial”.

En la moción también incluyó la petición al Gobierno de que dé explicaciones en relación al aumento de las tarifas de los vuelos interinsulares, declarados como Servicio Público. Así lo muestra la bonificación del 75% por parte del Estado para que los residentes tengan la movilidad pertinente en una comunidad cuya particularidad principal es estar dividida por mar. Lo que supone, como casi todo en Balears, una ventaja para el visitante y una desventaja para el local.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha destacado este martes que Asturias es “una comunidad hiperconectada” tras haber superado su “aislamiento secular por siempre jamás”. Unas palabras que ha pronunciado en el acto conmemorativo del décimo aniversario del establecimiento de la base de la aerolínea Volotea en la comunidad autónoma.

“Vivimos los mejores días de nuestras comunicaciones, este aeropuerto ofrece números de récord, en buena parte gracias a la sólida estrategia de promoción del Gobierno de Asturias”, ha afirmado.

El balance

En su intervención, Barbón ha aludido, entre otros, a los datos sobre el aeródromo asturiano, en el que este verano habrá 30 destinos directos, “más que nunca”, el número de rutas directas se ha duplicado en cinco años y la cifra de viajeros “se disparó” en 2024 a 1,9 millones.

Este balance refleja, según el jefe del Ejecutivo, que el aeropuerto “se ha convertido en una referencia para toda la cornisa cantábrica”, un logro al que ha contribuido la propia Volotea, a la que ha felicitado por su aniversario en el Principado y por haberse convertido “en las mejores alas de Asturias”.

Las conexiones

“Las cifras son elocuentes: han viajado con vosotros desde aquí casi 3,3 millones de viajeros; vuestra plantilla en el Principado suma 155 personas, y en estos momentos ofrecéis 19 conexiones. Esta primavera habéis estrenado dos rutas a Jerez y Castellón y ya están a la venta los billetes para Madrid, el vigésimo destino, que será una realidad el próximo octubre”, ha valorado Barbón.

Al mismo tiempo, ha destacado que Volotea es la aerolínea líder tanto en número de rutas como de asientos ofertados desde el Aeropuerto de Asturias, que suman 828.000 en la actualidad.

“El aeropuerto se está quedando pequeño”

Sin embargo, Barbón ha asegurado que el Gobierno de Asturias no se caracteriza por “su conformismo” y aspira alcanzar los 38 destinos directos en 2033.

“Dicho en términos coloquiales, para que todo el mundo nos entienda, este aeropuerto se nos está quedando pequeño”, ha insistido antes de resaltar que la desestacionalización y la internacionalización del sector turístico son “dos metas” que ayudarán a la comunidad “a consolidarse como la potencia turística que ya es”.

El presidente también ha recalcado que la apertura de la variante de Pajares ha sido un auténtico “parteaguas” y “ha abierto un tiempo nuevo para la comunidad y una relación con la meseta antes desconocida”. 

Cuatro frecuencias semanales a Madrid

En estos diez años Volotea ha sumado unos 3,5 millones de pasajeros, según ha destacado el consejero delegado de la compañía Carlos Muñoz.

Volotea, que en estos momentos ofrece 19 destinos desde Asturias, sumará en octubre el de Madrid con cuatro frecuencias semanales.

El futuro

Carlos Muñoz ha compartido el objetivo del Gobierno del Principado de llegar a 38 destinos en el año 2033, aunque todavía no ha podido avanzar los que se incorporarán en un futuro a la oferta de la aerolínea, si bien algunos de los destinos que estudia la compañía son Grecia y Francia (Nantes).

Por su parte, el director del aeropuerto, Pedro Cotilla, ha agradecido a la aerolínea el gran crecimiento desarrollado, que ha permitido conectar a Asturias casi una veintena de destinos nacionales e internacionales.

El helicóptero medicalizado del servicio de urgencias 061 con base en Santiago de Compostela, una de las dos únicas aeronaves con las que cuenta Galicia, está inactivo desde el pasado 28 de marzo por una avería “importante”, según el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. El desperfecto, del que no se conocen más datos, sucedió una semana después de que la Xunta decidiese rescindir el contrato con la empresa concesionaria Eliance por “reiterados incumplimientos en el servicio”. Al tratarse de un servicio esencial, la Fundación Pública Urxencias Sanitarias comunicó a Eliance su obligación de seguir operando sin interrupción hasta que entrase en vigor la nueva licitación, algo que no ha hecho pese a que también lo recogen las bases del concurso público.

En aquella reunión, según recogió entonces Europa Press, la concesionaria “se comprometió a mejorar la prestación de este servicio, garantizando el cumplimiento de las condiciones recogidas en los pliegos de contratación”. Una semana después, se producía la avería que mantiene al helicóptero parado hasta hoy. La respuesta de Sanidade ha sido activar en la capital una nueva ambulancia con servicio vital avanzado, que se suma a las 12 dispuestas por toda la geografía gallega —en el mapa, las identificadas como SVA-M—. Para los profesionales, ese servicio por carretera está lejos de ofrecer la posibilidad de respuesta, tanto en tiempo como en distancia, de una aeronave que funcionaba “entre el orto y el ocaso”.

“Estamos intentado agilizar al máximo la resolución de este problema, teniendo en cuenta que ya se rescindió el contrato con la anterior empresa” tras “muchas penalizaciones” por “no responder realmente a las necesidades que tenemos”, aseguró Caamaño tras la reunión del Consello de la Xunta. El conselleiro elevó a 80 los expedientes abiertos a la compañía —en sede parlamentaria, la secretaria xeral técnica de la Consellería, Natalia Lobato, los había cifrado en 77— de los que 16 se habían resuelto con sanciones que suman un total de 145.000 euros. La última incidencia había tenido lugar apenas unos días antes de la rescisión del servicio, cuando el depósito de la base de Santiago se quedó sin gasolina. Esto obligó a la aeronave a repostar en el aeropuerto compostelano tras realizar un primer servicio, lo que implicó la pérdida de tiempo de un servicio urgente.

Hace justo dos años, el Consello de la Xunta aprobaba la licitación del servicio de transporte sanitario urgente aéreo por casi 10 millones de euros (9.989.620,62 euros). Ese contrato incluía el uso de las dos aeronaves con su tripulación especializada durante tres años. En aquel momento, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguraba que habría un mayor control sobre la obligación de disponer siempre de una aeronave de reserva. Sin embargo, nunca habían pasado tantos días sin servicio y sin un horizonte de recuperación. En su comparecencia, Caamaño no ofreció tampoco ninguna pista sobre cuándo puede volver a surcar los cielos el helicóptero o su sustituto. “Estamos trabajando en una nueva legislación para un nuevo servicio. Estamos haciendo las cosas lo más rápido que podemos”.

Les polítiques turístiques de les administracions competents a les Balears i, en concret, a Eivissa, no convencen la ciutadania, que una vegada més reclama accions reals que vagin més enllà dels anuncis d'intencions. Tot i que aquest any a la pitiüsa del nord es posarà en marxa la Llei de Control d'Afluència de Vehicles, mesures que ja es prenen a Formentera des del 2019, ni els plans de màrqueting ni les polítiques turístiques advoquen per reduir el trànsit aeri que cada any augmenta i que AENA promociona també amb les seves ampliacions. Ara, l'anunci de l'obertura de noves connexions que impulsin els mercats amb els EUA ha posat en peu de guerra l'associació PROU, que exigeix la participació de la ciutadania en la presa de decisions i un canvi de rumb.

Els ànims comencen així a caldejar-se de cara a la nova temporada turística. Al maig i setembre del 2024, els ciutadans i ciutadanes eivissenques sortien al carrer reivindicant mesures urgents per evitar-ne una massificació que posa en perill la convivència entre visitants i turistes fa més d'una dècada. Simplement, els recursos naturals dels 572 km² que té l'illa no donen per a res més. A més, l'èxode de la població a causa del preu de l'habitatge per la pressió immobiliària i el lloguer turístic il·legal fa inviable una qualitat de serveis òptima que recau cada vegada més en les exigües plantilles amb què funcionen els negocis turístics.

Durant tota la temporada baixa, el Govern balear i el Consell Insular han continuat promocionant les Illes en totes les instàncies possibles, incloses totes les fires de Turisme a nivell mundial. Aquestes mesures, dutes a terme en el marc dels plans de màrqueting turístic de les institucions, el que a la pràctica produeixen és que l'objectiu de sostenibilitat, proposat per col·lectius i institucions, quedi encara molt lluny, malgrat la iniciativa del control de l'entrada de vehicles que entra en vigor aquesta temporada.

Entitats socials i mediambientals, fora de la presa de decisions

La Mesa per la Sostenibilitat de Balears, promoguda pel Govern balear el maig del 2024 per dur a terme el Pacte per la Sostenibilitat, ha resultat ser, en opinió de les principals entitats socials, tot un fiasco, motiu pel qual han fugit associacions com el Fòrum de la Societat Civil (que aglutina 151) i la Federació de GOB, la Federació de Veïns i Veïnes de Palma i la EAPN-Xarxa d'inclusió social. Ni rastre d'organitzacions eivissenques, per cert.

Tot i que el Govern assegura que la porta segueix oberta per a ells i que ara s'obre la fase de propostes, aquestes asseguren que no tornaran a seure a la Mesa perquè el seu funcionament no és l'adequat. “Encara no se sap quins són els experts que valoraran aquestes iniciatives”, asseguren a Ara Balears.

Les raons del Fòrum, segons explicaven el passat mes de febrer després de mesos participant en diversos grups de treball, es basen en la seva “disconformitat amb el desenvolupament del procés”. Per això, van decidir que “mentre no es produeixi un canvi total en la metodologia i criteris actuals”, evitarien “validar el procés amb la seva presència”, segons publica Tourinews. Des de Fòrum asseguraven que el procés era “poc participatiu i tecnocràtic” i que el projecte té moltes mancances en la representació dels actors sense interès econòmic al sector turístic com la societat civil. En aquest escenari, les entitats preveien que els resultats i les conclusions que aquesta Mesa pogués dur a terme no serien les adequades.

D'altra banda, divendres passat es va celebrar a Palma la VI Conferència de Presidències de Diputacions, Cabildos i Consells d'Espanya en què va participar el president del Consell d'Eivissa i titular de Turisme, Vicent Marí. En el seu discurs, va posar de manifest que l'equilibri entre turistes i residents és “una garantia de futur per a l'illa”; un mantra que repeteixen governs de tots els colors tant a l'Administració insular com a la balear. Marí es va referir al Pla de Xoc contra l'intrusisme que, de moment, no ha acabat amb la proliferació de vivendes turístiques ni dels taxis pirata.

El president del Consell va posar en valor “altres accions en què treballa el Consell en col·laboració amb el sector turístic, representants sindicals i empresarials, amb l'objectiu de prendre decisions consensuades” que es debaten a la Mesa de Diàleg Social. Ni rastre de les entitats socials ni mediambientals.

Nou pla de màrqueting per a la desestacionalització

Des d'Eivissa treuen pit també amb el nou pla de màrqueting que treballa per a la desestacionalització del turisme que suposa atraure més turistes els mesos de temporada baixa. Els estudis de càrrega de l'illa o el sistema d'intel·ligència turística són altres de les mesures anunciades. No obstant això, no s'ha fet pública fins ara cap anàlisi sobre les dades recollides. L'única mesura que s'ha dut a terme, després de les manifestacions de la ciutadania la temporada del 2024, ha estat la Llei de Control d'Afluència de Vehicles que en regularà l'entrada entre els mesos de juny i setembre. A més, s'han signat diversos acords amb plataformes de lloguer turístic que, malgrat això, continuen publicitant a les seves pàgines allotjaments il·legals.

El 2024, segons dades de l'INE, van arribar a Eivissa i Formentera 3.667.320 persones, fet que suposa un -1,35% respecte al 2023. No obstant, la despesa per turista va augmentar un 3,36% respecte al 2023, cosa que va suposar una despesa total de 4.416,4. La població dEivissa està al voltant dels 160.000 habitants empadronats.

Tot i aquest descens de visitants, les associacions mediambientals i socials de l'illa segueixen demanant més contundència, més mesures i més participació en les decisions sobre el futur turístic de l'illa. L'entitat conservacionista PROU s'ha posat en peu de guerra per la intenció del Consell d'ampliar connexions amb els Estats Units i argumentar la proposta en què la ciutadania ho sol·licita. “Davant de les informacions aparegudes aquests dies, on es diu que els eivissencs volen un vol setmanal directe amb els Estats Units, volem deixar clar que això no representa, en cap cas, el sentiment general de la població de l'illa i que és una afirmació totalment errònia”, expliquen.

Les associacions mediambientals i socials de l'illa segueixen demanant més contundència, més mesures i més participació en les decisions sobre el futur turístic de l'illa. L'entitat conservacionista PROU s'ha posat en peu de guerra per la intenció del Consell d'ampliar connexions amb els Estats Units. 'Davant de les informacions aparegudes aquests dies, on es diu que els eivissencs volen un vol setmanal directe amb els Estats Units, volem deixar clar que això no representa, en cap cas, el sentiment general de la població de l'illa i que és una afirmació totalment errònia'

“Qui diu que això és el que volem els eivissencs?”, es pregunten. Així mateix, asseguren que en cap moment la màxima institució insular ha preguntat a la ciutadania, “que sí que denuncia molt de temps la massificació i reclama mesures urgents per posar fre al creixement turístic desmesurat que està destruint la nostra terra, la nostra cohesió social i la nostra qualitat de vida”. Segons Rafael Jiménez, “el missatge ha estat contundent: volem posar límits al creixement, volem sostenibilitat real i volem una Eivissa habitable per a la gent”. PROU expressa el seu rebuig frontal a “qualsevol nova connexió aèria que incrementi encara més la pressió turística sobre Eivissa”.

“La responsabilitat sobre l'augment de les connexions aèries la té AENA”

Tot i això, tant l'entitat conservacionista com el Consell d'Eivissa fan recaure sobre AENA i l'Estat central la responsabilitat sobre el flux aeri a l'illa. El director insular de Turisme eivissenc, Juan Miguel Costa, coincideix en aquesta opinió, tal com expressa a elDiario.es. Tot i això, va ser la màxima institució insular la que llançava la notícia a so de bombo i platerets a la premsa local.

Tant l'entitat conservacionista PROU com el Consell d'Eivissa fan recaure sobre AENA i l'Estat central la responsabilitat sobre el flux aeri a l'illa

I és que la intenció del Consell i el seu departament de turisme no és nova. Ja al mes de juny de l'any passat el diari local esNoudiari titulava així: “El Consell exposa a la cònsol dels Estats Units l'interès a establir una connexió aèria directa entre Eivissa i Amèrica del Nord”. A aquesta reunió van assistir Marí i Costa, al costat de la cònsol general dels Estats Units a Espanya, Louise Guallpa-Lliguichuzhca. En aquesta, el president del Consell, només un mes després de les protestes ciutadanes, va expressar la importància del pes que havien aconseguit algunes companyies americanes al mercat turístic eivissenc. També es va posar de manifest “l'interès del Consell Insular i del sector turístic, en referència a la Marina de grans iots, a poder establir una connexió directa amb el país nord-americà”, publicava el rotatiu, segons un comunicat del Consell.

“Cercar noves rutes aèries amb els EUA és un objectiu que ja s'havia marcat el Consell fa temps (dues o tres legislatures enrere), i és una cosa en què s'està treballant. Encara no sabem ni podem quantificar quantes persones suposarà aquesta ruta, per la qual cosa no farem valoracions d'una cosa que encara no està definida”, puntualitzen a aquest diari fonts de la màxima institució insular. Les mateixes insisteixen: “Fa temps que treballem en la sostenibilitat d'Eivissa com a destinació turística, per això hem impulsat la Llei de Control d'Afluència de Vehicles a l'illa i estem en una lluita ferma contra l'intrusisme en l'oferta d'allotjament turístic, com demostra l'acord amb Airbnb que ens facilita retirar l'oferta no reglada d'aquesta plataforma i potenciar només l'oferta reglada”.

Fa temps que treballem en la sostenibilitat d'Eivissa com a destinació turística, per això hem impulsat la Llei de Control d'Afluència de Vehicles a l'illa i estem en una lluita ferma contra l'intrusisme en l'oferta d'allotjament turístic, com demostra l'acord amb Airbnb que ens facilita retirar l'oferta no reglada d'aquesta plataforma i potenciar només l'oferta reglada

Consell Insular d'Eivissa

La limitació de vols, “fonamental” per decréixer

Per la seva banda, Amics de la Terra, entitat que es troba al costat de PROU i més d'una quinzena d'entitats dins de la plataforma Canviem el Rumb, responsable de la manifestació del setembre passat, també apunta AENA com a responsable de l'augment de connexions aèries i de les ampliacions de l'aeròdrom eivissenc. AENA “no estableix cap procés transparent ni participatiu”, explica el portaveu, Hazel Morgan, a elDiario.es. “La limitació de vols és fonamental per aconseguir el decreixement”, concreta Morgan, sol·licita també que “la presa decisions s'obri als ciutadans”. “Sospitem que l'objectiu per no fer-ho és prolongar la presa de decisions i ignorar el problema i totes les conseqüències”, conclou.

La limitació de vols és fonamental per aconseguir el decreixement. La la presa de decisions ha d'obrir-se als ciutadans. Sospitem que l'objectiu per no fer-ho és prolongar la presa de decisions i ignorar el problema i totes les conseqüències

Hazel Morgan — Amics de la Terra

Per la seva banda, PROU reclama la creació d'una taula oberta amb què Amics de la Terra no hi està gaire d'acord. “'Canviem el Rumb' va proposar una comissió d'entitats, però oberta a qualsevol pot ser un caos”, puntualitza el seu portaveu. Tot i això, tant una entitat com una altra remarquen la necessitat de decréixer “de forma responsable i planificada, en una illa petita, amb recursos limitats i un ecosistema fràgil, que ja fa temps ha superat els límits del que pot suportar”.

Des del Consell d'Eivissa asseguren que no fan valoracions al comunicat de PROU. “Nosaltres tenim un Pla de Màrqueting acordat amb el sector per, entre altres coses, diversificar l'oferta turística i fer de l'illa una destinació atractiva també fora de temporada, desestacionalització a través de l'esport, la cultura, el patrimoni, les famílies... evitant així que la demanda només es concentri als mesos centrals de l'estiu”, asseguren les fonts.

Des de PROU asseguren que no hi ha data per a noves mobilitzacions, encara que s?està analitzant l?ambient. “Estem valorant diferents accions de cara a la temporada”, conclou el portaveu. Des d'Amics de la Terra confirmen mobilitzacions per a la temporada. Altres entitats convocants de les manifestacions del 2024 no poden esperar. El Sindicat d'Inquilines ja ha pres una decisió: hi haurà manifestació contra els lloguers turístics, per exigir mesures per a l'accés de les persones residents a l'habitatge i reclamar l'aplicació de la Llei estatal d'habitatge, el proper 5 d'abril.

L'Aeroport d'Eivissa va tancar el 2024 el millor any de la història

Amb 9.069.410 viatgers registrats el 2024, un 1,5% més que el 2023, l'any passat es tancava el millor any de la seva història. Un total de 9.049.784 van ser passatgers procedents de vols comercials. D'aquests, 3.814.421 van viatjar en connexions nacionals, fet que suposa un increment de l'1% respecte a l'any anterior, i 5.235.363 ho van fer des d'aeroports internacionals o cap a aeroports, un 1,9% més.

Per mercats internacionals, el Regne Unit va ser el que més passatgers va comptabilitzar, amb 1.844.775 viatgers; el segueix Itàlia, amb 913.876; Alemanya, amb 705.366; Holanda, amb 565.307, i França, amb 416.845. L'aeroport eivissenc va sumar al desembre 240.379 passatgers, un 2,1% més que el mateix mes del 2023. Així mateix, va gestionar 2.730 operacions durant l'últim mes de l'any, fet que va suposar un augment del 2,7% respecte al desembre del 2023.

Las políticas turísticas de las administraciones competentes en Balears y, en concreto, en Eivissa, no convencen a la ciudadanía, que una vez más reclama acciones reales que vayan más allá de los anuncios de intenciones. A pesar de que este año en la pitiusa del norte se pondrá en marcha la Ley de Control de Afluencia de Vehículos, medidas que ya se toman en Formentera desde 2019, ni los planes de marketing ni las políticas turísticas abogan por reducir el tráfico aéreo que cada año aumenta y que AENA promociona también con sus ampliaciones. Ahora, el anuncio de la apertura de nuevas conexiones que impulsen los mercados con EEUU ha puesto en pie de guerra a la asociación PROU ('Basta'), que exige la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y un cambio de rumbo.

Los ánimos empiezan así a caldearse de cara a la nueva temporada turística. En mayo y septiembre de 2024, los ciudadanos y ciudadanas ibicencas salían a la calle reivindicando medidas urgentes para evitar una masificación que pone en peligro la convivencia entre visitantes y turistas desde hace más de una década. Simplemente, los recursos naturales de los 572 km² que tiene la isla no dan para más. Además, el éxodo de la población, debido al precio de la vivienda por la presión inmobiliaria y el alquiler turístico ilegal, hace inviable una calidad de servicios óptima que recae cada vez más en las exiguas plantillas con las que funcionan los negocios turísticos.

Durante toda la temporada baja, el Govern balear y el Consell Insular han continuado promocionando las Islas en todas las instancias posibles, incluidas todas las ferias de Turismo a nivel mundial. Estas medidas, llevadas a cabo en el marco de los planes de marketing turístico de las instituciones, lo que en la práctica producen es que el objetivo de sostenibilidad, propuesto por colectivos e instituciones, quede aún muy lejos, a pesar de la iniciativa del control de la entrada de vehículos que entra en vigor esta temporada. 

Entidades sociales y medioambientales, fuera de la toma de decisiones 

La Mesa por la Sostenibilidad de Balears, promovida por el Govern balear en mayo de 2024 para llevar a cabo el Pacto por la Sostenibilidad, ha resultado ser, en opinión de las principales entidades sociales, todo un fiasco, motivo por el que han huido asociaciones como el Fòrum de la Societat Civil (que aglutina a 151), la entidad ecologista GOB, la Federación de Vecinos y Vecinas de Palma, y la EAPN-Red de inclusión social. Ni rastro de organizaciones ibicencas, por cierto.

A pesar de que el Govern asegura que la puerta sigue abierta para ellos y que ahora que se abre la fase de propuestas, estas aseguran que no volverán a sentarse en la Mesa porque su funcionamiento no es el adecuado. “Todavía no se sabe cuales son los expertos que valorarán estas iniciativas”, aseguran a Ara Balears.

Las razones del Fòrum, según explicaban en el pasado mes de febrero después de meses participando en varios grupos de trabajo, se basan en su “disconformidad con el desarrollo del proceso”. Por ello, decidieron que “mientras no se produzca un cambio total en la metodología y criterios actuales”, evitarían “validar el proceso con su presencia”, según publica Tourinews. Desde Fòrum aseguraban que el proceso era “poco participativo y tecnocrático” y que el proyecto tiene muchas carencias en la representación de los actores sin interés económico en el sector turístico como la sociedad civil. En este escenario, las entidades preveían que los resultados y las conclusiones que dicha Mesa pudiera llevar a cabo no serían las adecuadas. 

Por otro lado, el pasado viernes se celebró en Palma la VI Conferencia de Presidencias de Diputaciones, Cabildos y Consells de España en la queparticipó el presidente del Consell de Eivissa y titular de Turismo, Vicent Marí. En su discurso, puso de manifiesto que el equilibrio entre turistas y residentes es “una garantía de futuro para la isla”; un mantra que repiten gobiernos de todos los colores tanto en la Administración insular como en la balear. Marí se referió al Plan de Choque contra el Intrusismo que, de momento, no ha acabado con la proliferación de viviendas turísticas ni de taxis pirata. 

El presidente del Consell puso en valor “otras acciones en las que trabaja el Consell en colaboración con el sector turístico, representantes sindicales y empresariales, con el objetivo de tomar decisiones consensuadas”, que se debaten en la Mesa de Diálogo Social. Ni rastro de las entidades sociales ni medioambientales en ella.

Desde Eivissa sacan pecho también con el nuevo plan de marketing que trabaja para la desestacionalización del turismo que supone atraer más turistas en los meses de temporada baja. Los estudios de carga de la isla o el Sistema de Inteligencia Turística son otras de las medidas anunciadas. Sin embargo, no se ha hecho público hasta ahora ningún análisis sobre los datos recogidos en ellos. La única medida que se ha llevado a cabo, después de las manifestaciones de la ciudadanía en la temporada de 2024, ha sido la Ley de Control de Afluencia de Vehículos que regulará su entrada entre los meses de junio y septiembre. Además, se han firmado varios acuerdos con plataformas de alquiler turístico que, a pesar de ellos, siguen publicitando en sus páginas alojamientos ilegales.

En 2024, según datos del INE, llegaron a Eivissa y Formentera 3.667.320 personas, lo que supone un -1,35% respecto a 2023. Sin embargo, el gasto por turista aumentó un 3,36% respecto a 2023, lo que supuso un gasto total de 4.416,41 millones de euros. La población de Eivissa está en torno a los 160.000 habitantes empadronados.

A pesar de este descenso de visitantes, las asociaciones medioambientales y sociales de la isla siguen pidiendo más contundencia, más medidas y más participación en las decisiones sobre el futuro turístico de la isla. La entidad conservacionista PROU se ha puesto en pie de guerra por la intención del Consell de ampliar conexiones con EEUU y argumentar la propuesta en que la ciudadanía lo solicita. “Ante las informaciones aparecidas estos días, donde se dice que los ibicencos quieren un vuelo semanal directo con EEUU, queremos dejar claro que esto no representa, en ningún caso, el sentimiento general de la población de la isla y que es una afirmación totalmente errónea”, explican en un comunicado. 

Las asociaciones medioambientales y sociales de la isla siguen pidiendo más contundencia, más medidas y más participación en las decisiones sobre el futuro turístico de la isla. La entidad conservacionista PROU se ha puesto en pie de guerra por la intención del Consell de ampliar conexiones con EEUU y argumentar la propuesta en que la ciudadanía lo solicita. 'Ante las informaciones aparecidas estos días, donde se dice que los ibicencos quieren un vuelo semanal directo con EEUU, queremos dejar claro que esto no representa, en ningún caso, el sentimiento general de la población de la isla y que es una afirmación totalmente errónea'

“¿Quién dice que esto es lo que queremos los ibicencos?”, se preguntan. Asimismo, aseguran que en ningún momento la máxima institución insular le ha preguntado a la ciudadanía, “que sí lleva denunciando mucho tiempo la masificación y reclamando medidas urgentes para poner freno al crecimiento turístico desmedido que está destruyendo nuestra tierra, nuestra cohesión social y nuestra calidad de vida”. Según Rafael Jiménez, “el mensaje ha sido contundente: queremos poner límites al crecimiento, queremos sostenibilidad real y queremos una Eivissa habitable para sus gentes”. PROU expresa su rechazo frontal a “cualquier nueva conexión aérea que incremente aún más la presión turística sobre Eivissa”.

“La responsabilidad sobre el aumento de las conexiones aéreas la tiene AENA”

Sin embargo, tanto la entidad conservacionista como el Consell de Eivissa hacen recaer sobre AENA y el Estado central la responsabilidad sobre el flujo aéreo en la isla. El director insular de Turismo ibicenco, Juan Miguel Costa, coincide en esta opinión, tal y como expresa a elDiario.es. A pesar de ello, fue la máxima institución insular la que lanzaba la noticia a bombo y platillo en la prensa local. 

Tanto la entidad conservacionista PROU como el Consell de Eivissa hacen recaer sobre AENA y el Estado central la responsabilidad sobre el flujo aéreo en la isla

Y es que la intención del Consell y su departamento de turismo no es nueva. Ya en el mes de junio del año pasado el periódico local esNoudiari titulaba así: “El Consell expone a la cónsul de EEUU el interés en establecer una conexión aérea directa entre Eivissa y Norteamérica”. A dicha reunión asistieron Marí y Costa, junto a la cónsul general de los Estados Unidos en España, Louise Guallpa-Lliguichuzhca. En la misma, el presidente del Consell, solo un mes después de las protestas ciudadanas, expresó la importancia del peso que habían alcanzado algunas compañías americanas en el mercado turístico ibicenco. También se puso de manifiesto “el interés del Consell Insular y del sector turístico, en referencia a la Marina de grandes yates, en poder establecer una conexión directa con el país norteamericano”, publicaba el rotativo, según un comunicado del Consell.

“Buscar nuevas rutas aéreas con EEUU es un objetivo que ya se había marcado el Consell hace tiempo (dos o tres legislaturas atrás), y es algo en lo que se está trabajando. Aún no sabemos ni podemos cuantificar cuántas personas supondrá esta ruta, por lo que no vamos a hacer valoraciones de algo que aún no está definido”, puntualizan a este diario fuentes de la máxima institución insular. Las mismas insisten: “Llevamos tiempo trabajando en la sostenibilidad de Eivissa como destino turístico, por ello, hemos impulsado la Ley de Control de Afluencia de Vehículos a la isla y estamos en una firme lucha contra el intrusismo en la oferta de alojamiento turístico, como demuestra el acuerdo con Airbnb que nos facilita retirar la oferta no reglada de esta plataforma y potenciar sólo la oferta reglada”.

Llevamos tiempo trabajando en la sostenibilidad de Eivissa como destino turístico, por ello, hemos impulsado la Ley de Control de Afluencia de Vehículos a la isla y estamos en una firme lucha contra el intrusismo en la oferta de alojamiento turístico, como demuestra el acuerdo con Airbnb que nos facilita retirar la oferta no reglada de esta plataforma y potenciar sólo la oferta reglada

Consell Insular de Eivissa

La limitación de vuelos, “fundamental” para decrecer

Por su parte, Amics de la Terra, entidad que se encuentra junto a PROU y más de una quincena de entidades dentro de la plataforma Canviem el Rumb (Cambiemos el Rumbo), responsable de la manifestación del pasado septiembre, también apunta a AENA como responsable del aumento de conexiones aéreas y de las ampliaciones del aeródromo ibicenco. AENA “no establece ningún proceso transparente ni participativo”, explica su portavoz, Hazel Morgan, a elDiario.es. “La limitación de vuelos es fundamental para conseguir el decrecimiento”, concreta Morgan, solicita también que “la toma decisiones se abra a los ciudadanos”. “Sospechamos que el objetivo para no hacerlo es prolongar la toma de decisiones e ignorar el problema y todas sus consecuencias”, concluye.

La limitación de vuelos es fundamental para conseguir el decrecimiento. La toma decisiones debe abrirse a los ciudadanos. Sospechamos que el objetivo para no hacerlo es prolongar la toma de decisiones e ignorar el problema y todas sus consecuencias

Hazel Morgan — Amics de la Terra

Por su parte, PROU reclama la creación de una mesa abierta con la que Amics de la Terra no está muy de acuerdo. “'Canviem el Rumb' propuso una comisión de entidades, pero abierta a cualquiera puede ser un caos”, puntualiza su portavoz. Sin embargo, tanto una entidad como otra remarcan la necesidad de decrecer “de forma responsable y planificada, en una isla pequeña, con recursos limitados y un ecosistema frágil, que hace ya tiempo ha superado los límites de lo que puede soportar”.

Desde el Consell de Eivissa aseguran que no hacen valoraciones al comunicado de PROU. “Nosotros tenemos un Plan de Marketing acordado con el sector para, entre otras cosas, diversificar la oferta turística y hacer de la isla un destino atractivo también fuera de temporada, desestacionalización a través del deporte, la cultura, el patrimonio, las familias... evitando así que la demanda sólo se concentre en los meses centrales del verano”, aseguran sus fuentes.

Desde PROU aseguran que no hay fecha para nuevas movilizaciones, aunque se está analizando el ambiente. “Estamos valorando diferentes acciones de cara a la temporada”, concluye su portavoz. Desde Amics de la Terra confirman movilizaciones para la temporada. Otras entidades convocantes de las manifestaciones de 2024 no pueden esperar. El Sindicato de Inquilinas ha tomado ya una decisión: habrá manifestación contra los alquileres turísticos, para exigir medidas para el acceso de las personas residentes a la vivienda y reclamar la aplicación de la Ley Estatal de Vivienda, el próximo 5 de abril. 

El Aeropuerto de Eivissa cerró en 2024 el mejor año de su historia 

Con 9.069.410 viajeros registrados en 2024, un 1,5% más que en 2023, se cerraba el año pasado el mejor año de su historia. Un total de 9.049.784 fueron pasajeros procedentes de vuelos comerciales. De ellos, 3.814.421 viajaron en conexiones nacionales, lo que supone un incremento del 1% respecto al año anterior, y 5.235.363 lo hicieron desde o hacia aeropuertos internacionales, un 1,9% más. 

Por mercados internacionales, Reino Unido fue el que más pasajeros contabilizó, con 1.844.775 viajeros; le sigue Italia, con 913.876; Alemania, con 705.366; Holanda, con 565.307, y Francia, con 416.845. El Aeropuerto ibicenco sumó en diciembre 240.379 pasajeros, un 2,1% más que en el mismo mes de 2023. Asimismo, gestionó 2.730 operaciones durante el último mes del año, lo que supuso un aumento del 2,7% respecto a diciembre de 2023.

El Departamento de Seguridad ha registrado un total de 190 incidencias hasta las 18.00 horas de este domingo, provocadas por las fuertes rachas de viento que azotan Euskadi como consecuencia del paso de la borrasca Herminia, que han superado los 160 km/h en Orduña. Según Euskalmet, se han registrado también rachas de 174,6 km/h en Cerroja, en las Encartaciones.

Desde las 6.00 hasta las 18.00 horas, se han registrado 123 incidencias en Bizkaia, 60 en Gipuzkoa y siete en Álava provocadas por las fuertes rachas de viento, sobre todo relacionadas con caídas de ramas, árboles y objetos en carreteras. También se han producido numerosas incidencias relacionadas con placas u objetos de tejados y fachadas desprendidos o en riesgo de hacerlo, según recoge Europa Press.

Un total de siete vuelos con destino Bilbao han tenido que ser desviados este domingo a otros aeropuertos a causa de las fuertes rachas de viento que azotan Bizkaia como consecuencia del paso de la borrasca Herminia, que han superado los 160 km/h. Según han informado a Europa Press fuentes de Aena, dos vuelos procedentes de Madrid y otro de Mallorca que tenían previsto aterrizar en 'La Paloma' a primera hora de esta mañana han sido desviados al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y otro con origen en Málaga se ha desviado al aeropuerto de Barcelona.

Además, otros dos vuelos procedentes de Munich y de Bruselas tampoco han podido tomar tierra en el aeropuerto de Bilbao y han tenido que ser desviados a Madrid y Vitoria, respectivamente. Asimismo, otro vuelo procedente de Barcelona no ha podido aterrizar en Loiu y ha tenido que regresar a la capital catalana. En total, ascienden a 15 las operaciones canceladas en el aeropuerto de Bilbao entre llegadas y salidas.

La 'fiscalidad verde' es la parte del Pacto Verde Europeo que queda pendiente de aprobación en el seno de la UE tres años después de que la Comisión Europea pusiera un ambicioso plan sobre la mesa de los 27. La división persiste. En un momento en el que se ha empezado a dar marcha atrás en algunas de las iniciativas planteadas en el anterior mandato de Ursula von der Leyen, como la ley contra la deforestación o la reducción del uso de pesticidas, una mayoría de países, entre los que se encuentra España, apuestan por dejar el transporte aéreo y el marítimo sin gravar, como hasta ahora.

En julio de 2021 la Comisión Europea presentó el paquete 'Objetivo 55' (Fit for 55, en inglés) con el que preparaba al continente para la neutralidad climática a mediados de siglo con un objetivo intermedio de reducir las emisiones un 55% en 2030. Entre las iniciativas que planteó estaba la revisión de la directiva sobre fiscalidad de la energía con la que pretendía actualizar un marco legal que se había quedado obsoleto para los nuevos compromisos climáticos.

En términos generales, la propuesta suponía elevar los tipos mínimos de la energía más contaminante, e incluía una novedad relevante: eliminar las exenciones que tienen el transporte aéreo y marítimo. “El queroseno utilizado como combustible en el sector de la aviación y el aceite pesado utilizado en el sector marítimo dejarán de estar totalmente exentos de impuestos energéticos para los viajes dentro de la UE”, señaló entonces la Comisión Europea. El planteamiento era introducir unos tipos mínimos aplicables a esos combustibles que irían incrementándose gradualmente.

El acuerdo se resiste en el seno de la UE y la presidencia húngara, a quien corresponde pilotar los debates este semestre, ha planteado mantener la exención al transporte aéreo y al marítimo y en 2035 revisar esa decisión.

Una mayoría de países se han mostrado a favor de la propuesta al considerar que gravar esos combustibles perjudicaría a la competitividad de la UE. “Los objetivos climáticos suponen una prioridad. No obstante, las medidas necesarias para su consecución deberán valorarse en función del impacto económico y la situación de cada estado miembro. Los precios de la energía tienen un gran impacto en la competitividad europea, sobre todo en la industria”, ha dicho el ministro de Finanzas italiano en una reunión con sus homólogos europeos en la que se ha debatido el asunto.

Su homólogo griego, por ejemplo, ha defendido el mantenimiento de la exención por el perjuicio que supondría para el turismo, que supone el 20% del PIB del país. Otros ministros, como el maltés o el portugués, han esgrimido razones geográficas.

La secretaria general del Tesoro, Paula Conthe, también ha dicho que el mantenimiento de la exención con una cláusula de revisión dentro de una década es un “compromiso razonable”. “Estos cambios no debilitan el principal objetivo que es alinear los impuestos de los productos energéticos con el objetivo de descarbonizar la economía”, ha defendido.

Por el contrario, el comisario de Acción Climática, Wopke Hoekstra, se ha mostrado decepcionado con la dirección que está adoptando la iniciativa. “Si un sector hace menos, otro tiene que hacer más”, ha dicho sobre los objetivos climáticos. Entre los países que han rechazado con mayor vehemencia la suavización de la propuesta han sido Francia, Holanda y Bélgica.

“Francia apoyaba esta ambición inicial de la revisión de la directiva debido a los objetivos del clima que compartimos. No podemos más que lamentar la exclusión del sector aéreo y marítimo. Esto nos impediría conseguir los objetivos que nos hemos marcado”, ha defendido el jefe de las Finanzas de Emmanuel Macron, que se encuentra en funciones. “Lamentamos la baja ambición del último texto”, ha dicho el belga, sumándose a las quejas del holandés.