Contradicciones de la geopolítica. En 2022 España tuvo que cambiar de vendedor de gas natural. Mientras cayeron un 40% las compras a Argelia, se disparaban las importaciones a Estados Unidos. Tanto como para duplicar en un año el volumen de gas licuado que llegó desde Norteamérica. Y con los buques metaneros, llega a España un hidrocarburo sacado a base de fracking. La técnica de ruptura hidráulica prohibida por la Ley de Cambio Climático española.

La cuestión es que los problemas con el gasoducto que sirve para suministrar a España desde Argelia hicieron que las importaciones desde el país africano bajaran de un volumen equivalente a 177.900 Gw/h a 105.400 Gw/h. Un 40% menos, según los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolífero (CORES).

Argelia cerró la tubería que discurre parcialmente por Marruecos en octubre de 2021 como medida de presión por las tensiones entre ambos estados magrebíes. Ante esta circunstancia, España dobló el abastecimiento de gas a base de barcos. Una buena parte iba a llegar desde EEUU.

Así que, durante ese mismo año, las adquisiciones a Estados Unidos pasaron de 60.000 a 128.900 Gw/h. Un 115% más. Eso supone unos 12.100 millones de metros cúbicos, según los cálculos de equivalencia de la organización Food and Water Action. El 32% de consumo en España, aclaran.

Este movimiento ha supuesto pasar a introducir en España –y desde aquí, en su caso, a Europa– una mayor cantidad de gas natural extraído mediante fracking ya que hasta el 87% de la producción norteamericana proviene de esa técnica, según la Administración Americana de Información de la Energía.

La batalla legal por inyectar agua en las rocas

La paradoja se cierra al estar el fracking prohibido en España por la ley de Cambio Climático en vigor desde mayo de 2021: “No se otorgarán nuevas autorizaciones para realizar en el territorio nacional (…) cualquier actividad para la explotación de hidrocarburos en la que esté prevista la utilización de la fracturación hidráulica de alto volumen”, dice el texto.

El fracking consiste en inyectar agua con productos químicos a gran presión en el subsuelo para provocar o agrandar las fracturas del sustrato rocoso de los yacimientos y facilitar la salida del hidrocarburo.

La fórmula protagonizó una batalla jurídica en España. Mientras algunas comunidades autónomas como Catalunya, Euskadi, Navarra, La Rioja o Castilla-La Mancha trataron de impedir legalmente que se pudiera realizar en sus territorios, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy (PP) salió al corte para anular esas decisiones.

El Estado es el competente en materia de hidrocarburos y el Tribunal Constitucional avaló su postura.

Food and Water Action estima que España se ha convertido en el segundo importador en la Unión Europea de gas natural licuado de Estados Unidos. “Recibió 136 buques entre enero y diciembre de 2022”. Y su análisis –realizado para la red Gas no es la Solución– añade que la mayoría llegó desde “la terminal de Sabine Pass, (estado de Luisiana), seguida por la terminal de Corpus Christi en Texas. Ambas son propiedad de Cheniere, la mayor empresa estadounidense de GNL obtenido mediante fracking”.

La fractura hidráulica causó toda aquella polémica y tensión entre gobiernos autonómicos y el Ministerio de Industria por sus impactos ambientales (y sociales). Los residuos del líquido aplicado suponen una amenaza de contaminación del agua además de las fugas de metano asociadas a esos pozos. El metano es un potente gas de efecto invernadero causante del calentamiento global.

“A pesar del reconocimiento del Gobierno español de los importantes impactos ambientales y sociales de la explotación de gas a través de la fracturación hidráulica, no se han implementado medidas para evitar estos impactos fuera de nuestras fronteras”, subraya la red que pide que la ley incluya la prohibición de importaciones de este producto al tiempo que una “reducción permanente y ambiciosa del consumo de gas fósil diseñada para la protección de las personas en situación de pobreza energética y garantizar que nadie se quede atrás en el cambio a las energías limpias”. 

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha usado uno de sus últimos discursos como mandatario para criticar los planes energéticos de Liz Truss, la actual titular de Asuntos Exteriores y la favorita para sucederle como premier y líder del Partido Conservador la semana que viene.

En un contexto de crisis energética, Johnson alabó las “reformas aceleradas y largamente esperadas” del Gobierno para hacer que Reino Unido sea más independiente desde el punto de vista energético y anunció 700 millones de libras (811 millones de euros) para la central nuclear de Sizewell C, en el este de Inglaterra. Pero, según recoge The Guardian, criticó la idea de apostar por el fracking, el polémico proceso de extracción de recursos que ahora está limitado. Truss se ha comprometido a levantar la prohibición, y los hidrocarburos, otra fuente de energía que su probable sucesora quiere explotar mediante nuevas perforaciones en el Mar del Norte.

“Si pudiéramos hacer fracking de forma efectiva y barata en este país, eso sería posiblemente algo muy beneficioso. Tengo que decir que tengo mis dudas de que sea la panacea”, dijo Johnson este jueves. “Preferiría que nos centráramos en las cosas en las que somos brillantes y en las que el daño medioambiental es realmente mínimo”.

“Díganle a todos los que piensan que los hidrocarburos son la única respuesta y que deberíamos hacer fracking y todo eso: la energía eólica marina es ahora la forma más barata de electricidad en este país... Por supuesto, es totalmente limpia y verde”, añadió el primer ministro.

La semana pasada, Truss se comprometió a “poner fin a la prohibición efectiva de extraer nuestras enormes reservas de gas de esquisto mediante fracking”, y se dice que quiere conceder hasta 130 nuevas licencias de perforación para que las empresas de petróleo y gas exploren nuevos yacimientos en el Mar del Norte.

Sin embargo, al ser preguntado sobre su futuro, el líder tory no aclaró si permanecería en la vida política o no pero dijo que daría su “apoyo total e incondicional” a su sucesor. “Mi intención -y lo que ciertamente haré- es dar mi apoyo total e incondicional a quien me sustituya”, dijo Johnson, que aseguró estar “preparado para seguir adelante con la vida”.

Johnson también eludió las preguntas sobre si se arrepiente de algo en su cargo de primer ministro, diciendo que lo dejaría para que lo evaluaran “periodistas más jóvenes, en forma y más activos” que él.

El líder conservador se reunirá el próximo martes con la reina Isabel II en Balmoral, en Escocia, para formalizar su dimisión. La persona que lo sucederá, que se anunciará el lunes tras la votación entre los afiliados conservadores, será nombrada poco después y tras reunirse también con la reina.

Energía nuclear

Johnson pronunció uno de sus últimos discursos como líder tory sobre el futuro nuclear de Reino Unido en un contexto marcado por la crisis por el coste de la vida y culpando de la crisis energética al Partido Laborista, que lleva sin gobernar desde 2010.

Al anunciar la partida económica para el proyecto nuclear en Suffolk, el líder tory lamentó que “durante 13 años los gobiernos laboristas no hicieron absolutamente nada para desarrollar la industria nuclear de este país. Dijeron que no tenía sentido a nivel económico”. Según el político, por eso las empresas “están ahora desesperadas por electricidad confiable y asequible”.

“Por eso destinaremos 700 millones de libras a este acuerdo [para la central nuclear de Sizewell C], como parte de los 1.700 millones de libras (1.964 millones de euros) en fondos disponibles del Gobierno para desarrollar un proyecto nuclear a gran escala”, dijo.

Con relación a esto, se mostró “absolutamente confiando” en que ese proyecto seguirá adelante y resaltó que creará “decenas de miles de puestos de trabajo, dará energía a seis millones de hogares -una quinta parte de todos los hogares de Reino Unido- y ayudará a solucionar las necesidades energéticas, no solo para esta generación, sino también para la siguiente”.

“Gracias al activismo del Gobierno, llegaremos a nuestro objetivo de 50 gigavatios de energía eólica marina para 2030”, lo que equivale a “la mitad del consumo de electricidad de este país”, dijo.

El supuesto tesoro del fracking español, los depósitos de gas no convencional que, según algunos estudios preliminares, albergan algunas zonas del subsuelo del país, y que podrían extraerse con esa polémica técnica, no solucionará esta crisis energética, coinciden diferentes expertos.

La ultraderecha ha echado mano de este asunto en los últimos días para defender su idea de “la soberanía energética”. El miércoles, el líder de Vox, Santiago Abascal, calificaba en la tribuna del Congreso la Ley de Cambio Climático aprobada hace algo menos de un año por el Parlamento como “el suicidio de España”.

Esa ley, que Vox rechazó (el PP se abstuvo) prohibió el fracking, práctica que llevaba años descartada en España, en “un gigantesco acto de traición a los españoles que ha conducido a la destrucción de nuestro bienestar y a la generación de pobreza”, dijo Abascal.

“Han hecho que los españoles dependan de países hostiles para lo más básico”, aseguró el político ultra, cuya formación arremete contra “el fundamentalismo verde” del Gobierno y defiende construir centrales nucleares en España.

El líder de la formación de extrema derecha echaba mano de las invocaciones a esa soberanía energética tras conocerse el dato de inflación de marzo, ya al borde del 10%. Horas después, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, reconocía en el Congreso que la situación energética en Europa es “terriblemente complicada”, tras declarar Alemania y Austria una prealerta por un posible corte del suministro del gas ruso, del que esos países tienen una fortísima dependencia, a diferencia de España, que cuenta con la mayor red de regasificadoras de Europa.

Son tiempos convulsos y la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania ha propiciado posiciones impensables hace meses. La Comisión Europea ha abierto la puerta a una excepción ibérica para poner un tope al gas y abaratar el recibo de la luz, con una propuesta que limita el precio a 30 euros que se ha hecho pública este jueves; Ribera está ahora dispuesta a que se construya un nuevo gasoducto con Francia descartado hace años para convertir a España en una suerte de almacén de gas en el sur de Europa. Y se analiza otro tubo que conecte Barcelona e Italia, en un momento en el que la relación con Argelia (tradicional proveedor clave de gas a España) se ha tensado por el cambio de posición de Pedro Sánchez sobre el Sahara.

Otra gran paradoja de estos días es que, para reducir su dependencia de Rusia, los socios de la UE han pactado aumentar un 68% de las importaciones de gas natural que Estados Unidos obtiene a partir del fracking. Una técnica que Europa (no solo España) rechaza de forma mayoritaria y que ha permitido convertirse a EEUU en el mayor exportador mundial de gas natural licuado (GNL, que puede transportarse por barco).

Gracias al maná del shale gas y a una normativa medioambiental de una laxitud impensable en Europa, en Estados Unidos, que desde este año es el primer proveedor de gas a España, esta materia prima se paga a unos 18 euros por megavatio hora (MWh), frente a los más de 100 euros que le cuesta importarlo a Europa. Al otro lado del Atlántico ya hay voces que cuestionan la construcción de más plantas de licuefacción para llevar el GNL a Europa. Exigen mantener los precios del gas local desacoplados de los del resto del mundo, por la ventaja competitiva que otorga a sus empresas.

Una cuestión a la que hacía referencia el pasado 25 de febrero, nada más estallar la guerra de Ucrania, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. El líder de la patronal hacía esta reflexión antes de emplazar “a pensar qué hacer para que nuestras empresas sean competitivas”: “En España parece que tenemos miedo al fracking, pero igual habría que pensar por qué tenemos que tener tanta dependencia energética. Francia no la tiene y aquí las centrales nucleares las hemos cerrado”, llegaba a asegurar, pese a que la última central que se clausuró (Garoña) lo hizo por decisión de sus propietarias, Iberdrola y Endesa.

Garamendi, que presidió la comisión de Energía de CEOE, siempre ha sido partidario de explotar las posibilidades del fracking en España: “En principio, de entrada, sí”, decía en 2014 en TVE.

Pero, de no haberse aprobado esa reciente Ley de Cambio Climático que Abascal califica de “suicidio”, ¿bastaría con pinchar los pozos que supuestamente albergan en España ingentes reservas de gas para empezar a tener esa materia prima disponible?

Habla Ángel Cámara, decano presidente del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas y codirector de un informe que en 2013, basándose en datos preliminares, aseguraba que España podría explotar mediante el fracking reservas de gas equivalentes a unos 40 años de consumo: “Si cambiamos toda la legislación, permitimos hacer toda la exploración y posterior explotación, estaríamos hablando de que para tener el primer gas puesto en superficie igual estaríamos hablando de doce años. A esa fecha, a saber en qué situación estamos, cómo se ha avanzado en la descarbonización…”, resume a elDiario.es

“Aunque te pusieras a hacer ahora una inversión en fracking, hasta la década del 30 no tendrías nada. No tiene ningún sentido que esto sea solución alguna a la crisis energética”, dice Pedro Fresco, director general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. Firme defensor de las renovables, recuerda que esa apuesta por el fracking va en contra de toda la política energética de la UE, que ha apostado por la energía limpia, para la que España tiene condiciones privilegiadas por su abundancia de sol y viento.

Pese a las estimaciones que vuelven a circular estos días, no hay datos fehacientes de cuánto gas alberga el subsuelo español. La previsión más optimista es una evaluación preliminar que realizó en 2013 la firma Gessal por encargo de la Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración, Producción y Almacenamiento de Hidrocarburos (ACIEP). Este lobby estuvo activo hasta 2020. Lo presidía Margarita Hernando, que de 1990 hasta 2006 fue directora de Servicios Legales de Repsol.

A partir de ese estudio, Aciep encargó luego a la consultora Deloitte un informe de impacto económico con unas conclusiones muy optimistas: afirmaba que esta actividad podría generar 260.000 empleos en España en 20 años. Pero se basaba no en reservas probadas, sino de lo que en el argot del sector se denominan recursos. Según ese estudio, el país contaba con una estimación media de recursos de gas no convencional de 2026 bcm (miles de millones de metros cúbicos de gas), equivalentes a unos 50 años del consumo de España. Las mayores expectativas, afirmaban, se situarían en la Cordillera Vasco-Cantábrica, con cerca de la mitad del total.

Como recuerda Paula Canteli, del grupo de geoenergía del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), es probable que al final el total de reservas se quedase, como mucho, en la mitad de esas cifras. “O incluso un 10% o un 5% de lo estimado inicialmente”. Esta ingeniera de minas subraya que la Ley de Cambio Climático “dice que no se puede explorar” y “nos quedamos con el interrogante de si de verdad tenemos volumen suficiente para poder autoabastecernos”. “Que no te dejen saber lo que hay me parece sorprendente”, critica.

Los riesgos

El gas no convencional es más caro de extraer al encontrarse en un lecho de pizarra y en pequeñas bolsas a kilómetros de profundidad. La palabra fracking describe la tecnología que se utiliza para extraer petróleo o gas con esa técnica, la fractura hidráulica: romper la roca madre donde se generan los hidrocarburos inyectando grandes cantidades de agua, arena y sustancias químicas en el subsuelo, provocando pequeños movimientos sísmicos. Ahí, dicen sus detractores, están los riesgos que entraña para la salud humana y el medio ambiente, como la contaminación de los acuíferos subterráneos –ya en situación crítica en España–, y que los productos químicos utilizados, perjudiciales para la salud, se incorporen a la cadena alimentaria.

Unos riesgos que recogía un informe elaborado en 2013 por el IGME, un organismo público de investigación, y que el Ministerio de Medio Ambiente que entonces dirigía el popular Miguel Arias Cañete decidió guardar en un cajón, como reveló en 2014 elDiario.es. Los defensores del fracking afirman que, con garantías, esos riesgos están bajo control, a costa de encarecer la extracción. El umbral de rentabilidad de esta técnica se sitúa, en el caso del crudo, a partir de los 50 dólares por barril, frente a los casi 140 dólares que ha llegado a alcanzar con la invasión rusa el Brent, de referencia en Europa.

Pero son cifras orientativas, advierte Pedro Fresco: “Depende de cómo sea el pozo. Al final hay que tener en cuenta que EEUU es una potencia petrolera y sobre los pozos que ya estaban consumidos, con las nuevas técnicas de fractura hidráulica consiguió sacar petróleo y gas que estaba más abajo que la roca madre”. España, en cambio, “no ha sido nunca un país petrolero. Intentar vender que en España puede ser algo parecido a lo que es en Estados Unidos es un disparate”.

“Al final, eso murió solo porque sacar fracking en España a los precios normales del gas no era rentable. En el fondo, a nadie le interesaba. Y ahora tampoco lo va a hacer porque cuando pudiera estar activo, ¿cuáles van a ser los precios? Si van a ser otra vez de 20 euros/MWh [el precio de hace un año], no lo serán”, dice Fresco.

El anuncio de Patxi López

El interés del público por esta técnica en nuestro país tiene su inicio en octubre de 2011, cuando el entonces lehendakari vasco, el socialista Patxi López, anunció desde Dallas (Texas), una de las cunas de la fractura hidráulica, que había “indicios más que razonables” de que Álava albergaba en su subsuelo unos depósitos de gas que cifró en 184 de bcm, unos 6 años del consumo de España.

El Gobierno de Euskadi llegó a autorizar dos sondeos en los que participaba la empresa pública vasca Shesa que acabaron paralizándose por el fuerte rechazo social. Esta semana, la consejera vasca de Economía, Arantxa Tapia, insistía en que el debate sobre extraer gas en Subijana (Vitoria) “está cerrado”. En este caso, se trata de un proyecto de gas convencional.

El empujón a la miniburbuja ibérica del fracking llegó poco después del anuncio de López. Mariano Rajoy aterriza en Moncloa y, con José Manuel Soria como ministro de Industria, el Gobierno del PP empieza a dar pasos para incentivarlo. Introduce algunos cambios legales, como incluirlo en diciembre de 2013 en la Ley de Evaluación Ambiental o reformar la Ley de Hidrocarburos. En esos años se solicitaron cerca de un centenar de permisos. Pero crece la oposición social y varias comunidades autónomas (Cantabria, Euskadi, Baleares, Castilla-La Mancha o La Rioja) acaban vetándola. Pero el Ejecutivo popular no concedió una sola autorización. Tampoco la junta de Castilla y León, histórico feudo del PP.

A la aversión al fracking también contribuyó algún evidente conflicto de interés: uno de esos informes teóricamente independientes, el que en 2013 presentó el Colegio de Ingenieros, estaba firmado por un catedrático ya fallecido, Fernando Pendás, que era socio de una empresa con varios permisos de investigación solicitados. “Era una persona íntegra donde las hubiese y yo estoy seguro de que no anteponía intereses económicos al interés científico”, defiende el decano de los ingenieros y codirector de ese informe. “Era una mente privilegiada” que “iba muy por delante del resto”, dice por su parte su ex alumna Paula Canteli, del IGME.

La burbuja terminó de estallar a partir de la debacle de los populares en las elecciones autonómicas y municipales de 2015 y la coyuntura internacional y los bajos precios del petróleo de los años siguientes hicieron el resto. Ahora, con la invasión rusa y la mayor crisis energética desde los 70, ha vuelto a la palestra. Pero incluso sus defensores creen que no hay vuelta atrás. El decano de los ingenieros de minas cree que el Gobierno “se precipitó” con el veto a las prospecciones. Pero reconoce que esta corriente en contra venía “de mucho antes de la Ley de Cambio Climático”, con la oleada de legislaciones contrarias en varias comunidades autónomas.

“Lo ideal hubiera sido no plantear esta eliminación de las prospecciones de gas, carbón, hidrocarburos o recursos radiactivos, porque en este momento hacen falta. Pero probablemente dentro de 20 años no serán necesarios. Y para tener una rentabilidad de solo cinco años probablemente ninguna empresa privada se atrevería a meterse en una cosa de ese tipo”, dice Ángel Cámara. Con el objetivo europeo en el horizonte de cero emisiones para 2050, “cuando empiece a producir estará usted en 2035 y probablemente para entonces este periodo de transición ya ha pasado”, señala el decano de los ingenieros de minas, que subraya que “se acepta gas y nuclear en la taxonomía verde de la UE porque es evidente que son necesarios”.

Para el director general de Transición Ecológica del gobierno valenciano, este intento de resucitar el “zombi” del fracking “es un puro fuego de artificio dentro de una guerra cultural disparatada de la extrema derecha, seguida por la derecha, contra la política energética no de este, sino de cualquier gobierno que tenga España”.

La asociación ecologista Extinction Rebellion Murcia ha anunciado el apoyo a la Acción Mundial contra el Fracking que tendrá lugar el próximo viernes 11 de diciembre. De acuerdo con la asociación la manifestación radicará en “una performance que consistirá en la representación en silencio de las Víctimas del Fracking y los Responsables del daño personificados en las principales empresas multinacionales españolas”.

A la acción murciana se unirán “diversos movimientos ambientales, asambleas, y grupos locales que padecen el avance de esta técnica altamente contaminante en Argentina, Colombia, México”, asegura la asociación.

La protesta tendrá lugar en la Plaza de Europa de la ciudad de Murcia y será a las 16:30 horas.

La asociación ecologista denuncia que España es el mayor exportador de gas esquisto de Europa, y el tercero a nivel mundial detrás de Corea del Sur y Japón, lo que da al país un “papel protagónico” en el avance del fracking y el calentamiento global.

Durante la madrugada del miércoles al jueves 1 de octubre a más de alguno le costó conciliar el sueño. Pasaban dos minutos de las doce de la noche cuando un temblor se dejó notar en viviendas de Zaragoza, Huesca y Ejea de los Caballeros, entre otras localidades. El motivo, un terremoto con epicentro en la localidad de Lizoáin, a escasos kilómetros de Pamplona, de 4,4 de magnitud y con intensidad 2 en zonas como la capital aragonesa, según el Instituto Geográfico Nacional. “Muy moderado para lo que puede ocurrir en la zona del Pirineo”, en palabras del catedrático de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza y experto en Geodinámica Interna, José Luis Simón.

La especial incidencia de estos movimientos sísmicos en el Pirineo tiene una explicación. “La cordillera pirenaica se terminó de formar hace 20 millones de años. La inestabilidad que perdura a día de hoy tiene que ver, posiblemente, con grandes fallas longitudinales de la corteza, de este a oeste”, indica José Luis Simón. Y esa fractura de grandes bloques de rocas en la Tierra, da lugar a los seísmos.

La peculiaridad geológica de los Pirineos ha provocado en ocasiones movimientos sísmicos de gran magnitud. En 1923, la localidad de Martes, perteneciente a la canal de Berdún, vivió un terremoto con una intensidad de 8 grados, el mayor de los últimos cien años en Aragón. Nueve años antes, al otro lado de la cordillera, Benasque registraba un seísmo de intensidad 7. Echando la vista más atrás, al siglo XIV, aparece el del Embalse de la Peña, en la Hoya de Huesca, con una intensidad de 8 grados.

Mientras en la parte francesa de los Pirineos, los fenómenos sísmicos han sido más perjudiciales. En 1967, la localidad de Arette, colindante con Navarra a través del Valle de Roncal, sufrió un fenómeno sísmico de magnitud 5,8 y una intensidad de 8 sobre una escala de 12 grados. Traducidos estos números a la realidad, destruyó un tercio de las casas de esta población de alrededor de 1.000 habitantes.

Además de las características propias de la cordillera pirenaica, hay otro factor que puede generar o facilitar la existencia de seísmos en estas zonas: la sismicidad inducida debido a la construcción de obras hidráulicas o actividades de fracking. “Está absolutamente demostrado que todo lo que sea aumentar la presión a la que están los fluidos en el interior de la tierra aumenta la posibilidad de que se produzcan terremotos”, añade el catedrático José Luis Simón. Como ejemplos, señala la construcción del embalse de Itoiz, en la vecina navarra, que generó un centenar de pequeños terremotos, o el almacén de gas del proyecto Castor, al sur del Delta del Ebro, que desencadenó uno de los mayores movimientos de fallas.

Aragón registra una decena de terremotos al día

Según los datos proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional, la Comunidad de Aragón registra a diario una media de diez terremotos al día. La totalidad de ellos son, prácticamente, imperceptibles para la población, puesto que “tienen unas magnitudes en torno a 2,5 y 3”, detalla el catedrático de la Universidad de Zaragoza. Estos fenómenos en sí no son preocupantes, porque son “una actividad de fondo, ya que la tierra no está quieta”. 

El Ministerio para la Transición Ecológica que dirige la socialista Teresa Ribera ha dado el visto bueno a la realización del sondeo de Armentia-2, en el término municipal de Vitoria, en busca de gas natural para su potencial producción comercial. La resolución, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, prevé una serie de riesgos, aunque no les da la misma importancia que les atribuyen ecologistas y miembros de la oposición. El proyecto, que correrá a cargo de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA), precisa aún de diversos trámites, de manera que la perforación no podrá arrancar antes de 2021. Son varias las voces críticas que piden al Gobierno vasco que abandone el proyecto y abogue por una transición energética hacia un modelo descarbonizado.

La resolución asegura que no se localizan “lugares, recorridos o puntos de interés geológico a menos de 500 metros de la actuación”. No obstante, “sí se observa la inclusión del emplazamiento dentro de una propuesta de espacio natural cuya aprobación se encuentra en tramitación”. Son los Montes de Vitoria, cuya protección con el distintivo de 'parque natural' se propuso en 2012. Pese a que los trámites se paralizaron, el plan lo volvió a reactivar el año pasado Iñaki Arriola, del PSE-EE. 

Se prevén también “impactos propios de una obra civil”, así como “una alteración de la calidad del aire por emisiones de gases de combustión y un incremento de la presión sonora, especialmente significativos”. El documento explora, asimismo, cuatro escenarios de accidentes a partir de los peligros detectados. “Se concluye que la vulnerabilidad del proyecto respecto a un escenario accidental de 'blow-out' —término que designa la erupción imprevista de gas—, que tendría como consecuencia un incendio descontrolado dentro de los límites de la parcela con emisión de gas a la atmósfera, es moderada”, reza una de las conclusiones. La resolución aborda también “la posible contaminación de las aguas de la unidad hidrogeológica de las calizas de Subijana, que es uno de los riesgos que más preocupa a la opinión pública”. Asegura que, “en el desarrollo normal del proyecto, no es de esperar ningún impacto sobre el acuífero”.

El ministerio ha destacado también que SHESA rehúye la estimulación con fractura hidráulica, o 'fracking', “debido a la falta de consenso político y social”. Aun así, pese a contar con la luz verde en el ámbito medioambiental, esta sociedad anónima, participada al 100% por el Ente Vasco de la Energía, necesita dotación presupuestaria de la que por el momento no dispone según el proyecto de 2020. Además, ha de resolver los obstáculos urbanísticos para operar en esa zona, unos trámites que competen al Ayuntamiento de Vitoria.

“Los combustibles fósiles deben quedarse bajo tierra”

Son varias las voces críticas con el proyecto. “Es muy grave, porque acabamos de declarar la emergencia climática y la sociedad alavesa ha dejado claro en infinidad de ocasiones que no quiere seguir la senda de los hidrocarburos y que apuesta por las energías renovables”, ha protestado Mikel Otero, parlamentario de EH Bildu. El partido ha anunciado, asimismo, que reactivará la iniciativa que reclama en el Parlamento vasco la disolución de SHESA.

Juan López de Uralde, diputado electo por Unidas Podemos, ha pedido al Gobierno vasco que sea “sensible” al cambio climático. “Los combustibles fósiles deben quedarse bajo tierra y, por contra, tenemos que fomentar las energías renovables. No hay otro camino, y por ello pedimos que abandone este proyecto”, ha manifestado, tras apuntar que las conclusiones “solo atienden a una lógica de industrializar el campo ignorando tanto los valores que la agricultura y el medio rural aportan socialmente como la necesaria transición energética hacia un modelo descarbonizado que se debe realizar”.

La Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental señala que hay “buenos indicios de la existencia de gas” en una zona en la que ya se llevaron a cabo actividades exploratorias en la década de los noventa. El emplazamiento concreto en el que se perforó en 1997 fue Armentia-1 —apenas cinco metros al sureste del previsto para Armentia-2—, en el que se atravesaron 350 metros de los 2500 de la formación geológica del yacimiento por las limitaciones tecnológicas. Aquel sondeo, señala la resolución, se llevó a cabo “sin incidencias medioambientales significativas”.

La Asamblea Contra la Fractura Hidráulica de Cantabria se despide. Después de ocho años de manifestaciones, charlas, recogidas de firmas, denuncias públicas y una intensa tarea de concienciación social a lo largo de todo el territorio, este colectivo ha decidido suspender su actividad al considerar que el objetivo “está cumplido” y no existe riesgo inminente de que se retomen los proyectos de extracción de gas en la comunidad autónoma.

“Las cuencas del Nansa, Saja, Besaya, Pas, Pisueña, Miera, Asón y Agüera, así como en la franja costera oriental, se encuentran ya libres. La amenaza del fracking ha sucumbido”, aseguran en un comunicado remitido a los medios de comunicación, en el que hacen un balance positivo de su trayectoria y agradecen “el empuje de tantísimas personas que lo han hecho posible”.

“No podemos restarle importancia a factores que escapan a nuestro quehacer, como las fluctuaciones del mercado y los intereses macroeconómicos. Pero tampoco podemos restarle importancia a la determinación y al trabajo cotidiano que, como hormiguitas, ha desarrollado, durante estos años, una impresionante cantidad de personas”, insisten desde la Asamblea.

Y es que este colectivo lideró durante años la protesta social contra la fractura hidráulica, sacando a miles de personas a las calles, hasta que acabó por obligar a los poderes públicos a regular sobre esta técnica de extracción de gas en Cantabria y se mantuvo vigilante, controlando cada detalle de las tramitaciones de los permisos, para evitar que las empresas con intereses económicos en el subsuelo cántabro tomaran atajos más allá de la ley.

“Cada cual desde sus posibilidades, desde su ámbito de actuación, desde su comarca, desde su pegatina, su asistencia, su boca a boca. Un orgullo y una alegría de movimiento masivo, activo y heterogéneo. Firmes y con una asombrosa disposición a aportar músculo en la pelea. Y juntas, a pesar de ser tan diversas, ganamos el pulso a multinacionales y gobiernos estatales. Sin desviarnos ni un ápice de nuestro objetivo, tan concreto como colosal, haciendo frente a uno de los lobbies más poderosos”, analizan en su despedida.

Sin embargo, alertan de que este cese de sus actividades no tiene por qué ser definitivo. Se mantendrán alerta, ya que en los valles del sur de Cantabria “la amenaza no está definitivamente zanjada” puesto que el permiso de fracking que los afecta “está solo suspendido”, figura administrativa que permitiría a la empresa retomar los trabajos cuando estimase oportuno, sin tener que reiniciar trámites, con una especie de “prórroga indefinida”.

En cualquier caso, y a pesar de este contexto, la actividad de la Asamblea Contra la Fractura Hidráulica de Cantabria queda igualmente suspendida tras un año de espera. “Mantenemos la certeza de que, si las campanas vuelven a tañir a rebato, las gentes de Cantabria volverán a encender los faros de la costa y a picar el dalle para, de nuevo, segar la amenaza”, advierten.

La Plataforma contra el 'fracking' de Guadalajara ha tachado de “patético” el papel que han dado los distintos partidos políticos a la lucha contra la fractura hidráulica en la región. El portavoz del colectivo, Javier López, ha recordado que partidos como PSOE y Ciudadanos se han comprometido tanto a nivel regional como nacional en contra del 'fracking'. “Es patético que ninguno de los partidos hable de ello”, asegura.

La Plataforma recalca que en el caso de Francisco Núñez, candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Comunidades, no existe “ninguna referencia” al 'fracking' en su programa electoral. En el caso del programa marco electoral de Izquierda Unida, destacan que sólo se propone una comisión de seguimiento que se refiere a la prohibición aprobada en la región para evitar la fractura hidráulica y, así, proceder “cuando sea necesario” a anular o paralizar los permisos existentes.

En cuanto al programa de Emiliano García-Page como candidato a la presidencia de la Junta de Comunidades, explican que el PSOE señala en su programa que “Page es un presidente comprometido con el Medio Ambiente y en la lucha contra el cambio climático”. De este modo, el partido señala que es por eso que han estado en contra del “basurero nuclear” y también de quienes quieren “explotar y dañar nuestro subsuelo con el fracking”. Además, se comprometen a aprobar la estrategia contra la fractura hidráulica, en su medida 327.

El colectivo señala que no existe referencias acerca del fracking entre las 100 medidas que señala Unidas Podemos en su programa electoral, ya que se hace referencia a propuestas para el cambio climático, energías renovables y eficiencia energética. En el programa del 2015, Podemos se refería de manera explícita a esta práctica, asegurando que “utiliza multitud de sustancias altamente contaminantes y que acaban contaminando ríos y acuíferos”. En cuanto a Ciudadanos Castilla-La Mancha, el partido no tiene todavía su programa electoral disponible.

“Habría que recordar que en las anteriores elecciones, los partidos firmaron públicamente en Guadalajara un compromiso de prohibirlo si tenían mayoría, cosa que se les ha olvidado”, critica López. Además, recuerda que todavía queda pendiente el Plan Estratégico sobre la Fractura Hidráulica, que establece la Ley 'antifracking' que aprobó el Gobierno regional. Se trata de una medida, explica el activista, que iba a a delimitar las zonas donde está “absolutamente prohibida” la práctica. “El plan se ha quedado muerto y no se ha llevado a cabo. Es para pensarse a quién se va avotar en esta ocasión sobre el tema”, concluye.

La plataforma Cuenca del Segura Libre de Fracking (CSLF) ha acusado al Partido Popular, a través de un comunicado de prensa, de mantener una actitud tramposa y cínica, con respecto a su actitud frente a la fractura hidráulica en la Región de Murcia.

En este sentido, la organización ha explicado que “mientras el PP hace declaraciones públicas afirmando que están en contra del fracking, realmente sigue dando pasos para evitar cualquier obstáculo al desarrollo de esta peligrosa y contaminante técnica”.

La última maniobra usada por los populares, según ha explicado la plataforma, ha sido la de presentar en la Asamblea Regional, la pasada semana, una enmienda a la totalidad a la propuesta de Ley contra el fracking registrada por PSOE y Podemos en julio.

Según CSLF el texto presentado por el PP es una “copia” del presentado por la oposición, pero eliminando todas las restricciones y medidas adicionales para la protección de la salud y el medio ambiente contempladas en la propuesta original.

Joaquín López, portavoz del Grupo Parlamentario socialista, se reunió la semana pasada con los alcaldes de los municipios afectados por el fracking y criticó la búsqueda de desprotección del medio ambiente del Ejecutivo regional.

Por otro lado, Víctor Martínez, portavoz del PP, respondió a las declaraciones realizadas por Joaquín López: “Es absolutamente mezquino instrumentalizar a los ciudadanos a través del miedo, contar mentiras a los alcaldes y querer sembrar dudas sobre un asunto que está bloqueado en el parlamento por culpa del PSOE”.

El vicesecretario general del PSRM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Joaquín López Pagán y el diputado Jesús Navarro se han reunido en Calasparra con su alcalde, José Vélez, para explicar los pormenores de la Proposición de Ley sobre el Fracking que ha presentado el PSOE en la Asamblea Regional, conjuntamente con Podemos.

A la reunión también ha asistido los primeros ediles de la Comarca del Noroeste, entre los que se encontraban el de Caravaca, José Moreno; el de Moratalla, Jesús Amo; el de Cehegín, José Rafa Rocamora y el de Cieza, Pascual Lucas.

Esta iniciativa nace tras recoger la inquietud que suscita entre los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados y entre las plataformas ciudadanas la posibilidad de que se lleven a cabo proyectos relacionados con la fractura hidráulica ('Fracking'). “La práctica de esta agresiva técnica puede tener repercusiones de contaminación medioambiental en los acuíferos de la zona y no se ha demostrado que estén generando dinámicas positivas en la obtención de energía”, explicó Joaquín López.

El dirigente socialista precisó que se trata de una ley “muy sencilla, pero muy útil”. En ella se establecen medidas adicionales de protección de salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de fractura hidráulica. Para ello, la Comunidad autónoma tendrá que elaborar una estrategia que garantice que, en caso de que se llegue a utilizar en algún espacio, se hará con todas las garantías para la salud de la ciudadanía y para el medioambiente.

Por otra parte, el vicesecretario agregó que la regulación de esta norma “está avalada por el Tribunal Constitucional, porque se basa en una ley similar que ya está en vigor en Castilla-León, con la que pretendemos dar seguridad jurídica y librar a la Región de Murcia del fracking”.

El portavoz socialista mostró su esperanza de que salga adelante antes de que acabe el año y tenga el apoyo de todos los grupos de la Cámara, “sin cálculos partidarios ni irresponsables por parte de PP y Ciudadanos. Esperamos que prevalezca el interés general”.

Jose Vélez: “Los problemas de la región se solucionan con propuestas”

Por su parte, el alcalde de Calasparra, José Vélez, indicó que “ahora con el fracking tenemos otra vez pancartas del PP a la vista y le exigimos que hagan algo, porque con pancartas no se solucionan los problemas, como ha quedado demostrado con el agua”.

El alcalde subrayó que los problemas que tiene la Región se solucionan con propuestas como las que ha hecho el Partido Socialista, trabajando en una ley conjuntamente con Podemos, que aunque no puede prohibir totalmente el fracking, porque no entra dentro de las competencias autonómicas, sí pone muy difícil que pueda realizarse algún proyecto de este tipo en la Región.

Vélez agradeció el trabajo realizado en la Asamblea “para evitar proyectos especulativos que solo dañan la vida de las personas y de nuestro entorno, ahora y en el futuro”.

El PP se posiciona contra el 'fracking'

“El PSOE sabe que el Partido Popular está en contra de aplicar la técnica del fracking en la Región de Murcia y así lo certifica la ley que hemos registrado en la Asamblea Regional”, ha manifestado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Martínez ante las declaraciones realizadas por el portavoz socialista

Víctor Martínez ha culpabilizado a PSOE y Podemos de que la prohibición del uso del fracking no esté en vigor aun en la Región de Murcia. “Ellos impidieron su debate el pasado 12 de julio y por esa razón, no se ha aprobado la ley que veta su utilización”.

El Partido Popular ha indicado que su agrupación registró una proposición de ley en la Asamblea Regional que imposibilita el desarrollo de proyectos mediante la técnica de fractura hidraúlica. “Esta ley que dota de instrumentos al Gobierno regional para frenar cualquier petición de autorización de proyectos de esta naturaleza, con absoluta garantía jurídica y constitucional”, ha afirmado Víctor Martínez.

Manuel González Ramos (Albacete, 1966) lleva apenas unas semanas como delegado de Gobierno de Pedro Sánchez en Castilla-La Mancha. Su nombre comenzó a sonar para este cargo nada más saber que la moción de censura propuesta por el PSOE en contra de Mariano Rajoy salía adelante. Y no es casualidad: ha sido una de las personas más fuertes al lado del que ahora es presidente de Gobierno, incluso cuando el PSOE regional se inclinaba claramente hacia Susana Díaz. Exdiputado por su provincia, salió reforzado tras las últimas primarias socialistas en las que entró en la Ejecutiva nacional como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Lleva usted mes y medio como delegado de Gobierno ¿Cómo lo ha vivido?

Cualquier cambio que nos ocurre, nos tenemos que adaptar. Estoy en proceso adaptativo. Lo primero que hice fue pensar en nombrar a los equipos, por supuesto. Los primeros fueron los subdelegados y subdelegadas para que hubiese continuidad en la responsabilidad de su cargo. Quería que hubiera un equipo de confianza y lo antes posible. Creo mucho en el equipo, es fundamental para que funcionen las cosas en cualquier orden de la vida y me dediqué un tiempo razonable a elegir estas personas. Sin prisa, pero sin pausa.

Ha pasado muy rápidamente de ser oposición a formar parte del Gobierno, ¿Cómo ha vivido este cambio?

Pasar del legislativo a ser parte de un equipo que también es tu secretario general, Pedro Sánchez, prácticamente no te da tiempo a pensar. Lo que sí te tiene que dar tiempo a pensar en cómo ejecutas políticas que has criticado antes, e incluso has hecho preguntas en las sesiones de control… Toda esa crítica constructiva política que hemos hecho a un gobierno conservador, tienes que intentar trasladarlo de la noche al día a tu lugar y trabajar para cambiar esas percepciones que has recibido de lo que no ha hecho un Gobierno. Aunque sea competencia del Consejo de Ministro y del presidente. Pero en esta responsabilidad también hay que ponerse en actitud proactiva y decir, yo he criticado esto y ponerse rápidamente en funcionamiento.

Su nombre sonaba desde antes de ser nombrado, ¿Esto se debe a su lealtad a Pedro Sánchez? ¿Cómo ha llevado el haber tomado un lado que no fue el que se tomó en la región, que se puso de lado de Susana Díaz?

Las primarias te hacen tener afinidades políticas e incluso personales. Pedro Sánchez es secretario general y es por esa relación, también de amistad, que creo que se barajó mi nombre. La política también es amistad, cercanía, y es verdad que había ido mucho a Albacete, que funcionó como una referencia en la región. Es normal que se tuviese en cuenta mi nombre. Es verdad que la relación desde que Pedro Sánchez comenzó su andadura es muy buena, excelente.

¿Cómo se sintió al ver esta evolución de Pedro Sánchez, que pasa de ser destronado dentro de su partido a ser presidente de Gobierno?

Esta pregunta que me haces me hace rememorar todos esos tiempos, y puedo hablar como delegado y como ciudadano. A nivel político es de altísima responsabilidad. De decir que no podemos fallar a la gente, yo vi el apoyo de los grupos políticos que recibió Pedro Sánchez, su discurso que fue impecable… Y es que es presidente por su planteamiento de cambio. También creo que España a nivel reputacional estaba en tiempos muy bajos. Que el PP tenga una sentencia que todos conocemos…

Si no se hacía nada, parecía que se le daba un cheque en blanco,  parecía que éramos conniventes con la situación. Había que levantar esa sensación de impunidad que tenía en algunos casos, porque parecía que no pasaba nada por robar, presuntamente. Yo creo en la ejemplaridad del político. Ejemplaridad, primero a nivel personal, lo primero es tu propia persona, y segundo políticamente. Damos un servicio público a la sociedad y no pueden verte de otra forma que como alguien ejemplar, como político y persona.

¿Cómo siente que la ciudadanía ha recibido el cambio?

Lo que siento es la palabra ilusión.  Ilusión es lo que percibo y precisamente lo que se ha despertado. Y, ¿por qué? Porque Pedro Sánchez ha hecho un Gobierno en el que la gente sí cree. Y tener confianza e ilusión en la política, por lo que se puede llevar a cabo, es fundamental por parte de la ciudadanía. Más cuando hay una parte importante de la ciudadanía que lo ha pasado y lo sigue pasando mal. Es lo que yo percibo de lo que se vive con el cambio.

“No puede haber discriminación en la gestión política”

En Castilla-La Mancha se ha llegado a hablar de un 'maltrato' por parte del Ejecutivo de Rajoy. ¿Lo ve usted también así? ¿Cómo puede cambiar?

Me extrañaba que un delegado de Gobierno se dedicase a criticar al presidente de Castilla-La Mancha. Es inadmisible. Uno representa a todos los españoles cuando es delegado. Si uno critica al otro y no hay reuniones entre instituciones, el delegado de Gobierno no desempeña bien su labor.

¿Y usted hará lo contrario?

Por supuesto. En absoluto recibiré sólo a un color político. ¿Recibiré a un colectivo con el que me llevo bien y otro no? En absoluto. Entre todos los subdelegados y un servidor tenemos posibilidades de atender a muchísima gente. No puede haber discriminación a la hora de llevar a cabo la gestión política y administrativa que ostenta. La lealtad institucional, la cooperación institucional, está por encima de cualquier otra cuestión política y quien no lo entiende, creo que sobra. Y a las pruebas me remito.

En su toma de posesión hizo un llamamiento muy claro en contra de la violencia machista, ¿cómo se puede trabajar desde la Delegación de Gobierno? ¿Qué planteamiento se está haciendo?

Siempre que haya una víctima, se puede mejorar lo que estamos haciendo. Cité esta lacra expresamente porque si cooperamos también con la sociedad todas las instituciones, administraciones, es posible que redunde en una mejora, en evitar la muerte de una mujer. Y mi planteamiento es la máxima colaboración entre la delegación de gobierno con todo lo que representa, la Unidad de Violencia de Género de la Guardia Civil, Policía Nacional, con todos los efectivos que se representa, con toda la Junta de Comunidades... Si hacemos puesta en común y vemos el funcionamiento que estamos teniendo y cualquier mejora, estamos redundando en mejorar un servicio que es vital para la sociedad.

Se han observado puntos en localidades, por ejemplo en la provincia Toledo, en que ha habido más de un caso. ¿Esta situación cómo se está abordando?

Yo hablaba con Araceli (Martínez, directora del Instituto de la Mujer) y le decía, no hay que esperar a encontrarnos todos. En septiembre, yo me comprometo a que tengamos un encuentro para que Ayuntamientos, el Instituto [de la Mujer], nosotros, seamos capaces de detectar todo lo que se puede mejorar. Una jornada de formación para tratar este problema. Es algo discreto de acometer en la región y se puede hacer. ¿Se puede prevenir más? Yo creo que sí. ¿Se puede perfeccionar esta cadena institucional? Estoy convencido. Los datos nos dicen que estamos en condiciones de dotar presupuestariamente esta lucha.

Hubo, de hecho, una polémica con el Pacto de Estado contra la Violencia mientras era ministra Dolors Montserrat

Claro, porque teóricamente en los presupuestos debería haber una prioridad con lo pactado en el Congreso, en la comisión correspondiente. Pero en el PP parecía que no lo era. El acuerdo al que se llegó no era para el Partido Popular una prioridad presupuestaria. Debe haber recursos suficientes, es un Pacto de Estado, para pelear contra la lacra de la violencia machista.

En el mismo mes que usted toma posesión de su cargo, se anuncia la paralización del ATC. ¿Cuál fue su papel en la decisión?se anuncia la paralización del ATC.

Eso vino de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Yo estaba al tanto de la situación, sí. El día que estaba cerrando los subdelegados de Gobierno estaba en Ferraz con el secretario de Estado de Medio Ambiente y claro ya sabía de la preocupación que había en la región. Le transmití varios temas: ATC, agua, la problemática de los conejos, eso fue básicamente de lo que hablamos. Pero no conocía si se iban a paralizar o no las obras.

Fue el Gobierno de España el que comunica que tienen que paralizarse las obras. Porque tiene que haber un planteamiento de la planificación energética que queremos, y en función de eso se sabrán los residuos nucleares. Tenemos que saber las necesidades. El día que salió la noticia, dije que la paralización era sobre todo un tema de seguridad ciudadana, de la región y racional. Es decir, saber qué queremos para nosotros, y saber que cuando se diseñe algo se cumplan todos los requisitos legales, como la Declaración de Impacto Ambiental. Cospedal decidió que venía aquí sin saber si los terrenos estaban urbanizados o el volumen de residuos, y sin Declaración. Se toma una decisión política sin conocer todos los requisitos, para contentar a los presidentes de otras comunidades autónomas del PP. Vaya regalito.

¿Usted cree que pesa mucho la herencia de Cospedal?

Sí. Yo como ciudadano, que lo soy también, que el PP diga que tenemos unos presupuestos tremendamente beneficiosos cuando se incluyen 140 millones de un basurero nuclear... Pero, ¿eso es beneficio para esta tierra? ¿Es beneficio productivo o para las personas que vayan a trabajar ahí? Me parece genial el empleo, pero, ¿no se puede buscar de calidad? ¿O con energía renovable?  O el problema del agua. Dijeron que había llegado la paz del agua y la firmó con todos. ¿A quién engañó? A Castilla-La Mancha, a la cabecera del Tajo y los agricultores de Murcia.

Los municipios ribereños se han quejado recientemente de que no tienen agua suficiente para el abastecimiento, ¿Qué está pasando con este tema? ¿Se dedicará el dinero a las infraestructuras? ¿Cómo se puede garantizar el abastecimiento de esta zona?suficiente para el abastecimiento

La ministra de Transición Ecológica ya lo explicó: un trasvase no debía ser algo ordinario, pero lleva siéndolo treinta y tantos años aquí. También ha dicho que tenemos que buscar más recursos en la desalación y hago este planteamiento también mío como delegado de Gobierno. El razonamiento es el siguiente. Primero es que ha habido demandas infinitas, transformación de secano a regadío, abastecimientos porque crece la población, zonas urbanizadas nuevas, zonas recreativas… Que necesitan recursos increíbles.

Y no se ha sabido qué recursos son y se ha dado por hecho que iban a estar. En Murcia pensaban que con el agua del trasvase sería suficiente. Y se ha visto que no. Cuando el Gobierno socialista de Zapatero plantea la desalación algunos les llamaron ‘las nucleares del mar’ o algo así. El PP las ha puesto en funcionamiento, ha visto que el abastecimiento no ha sufrido pese a la sequía de los últimos años. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere potenciar la desalación, que haya mayor eficiencia y eficacia. Si esa desalación permite detraer recursos del trasvase, tendremos más agua teóricamente para el abastecimiento, entre otras cosas. Más desalación, más recursos se detraerían del trasvase para usos prioritarios.

Esta es la realidad sabiendo las demandas necesarias, conociendo las capacidades, del acueducto, de la desalación. Para conocer todo esto hay que sentarse o esto va a ser un problema eterno y no puede ser. ¿Estamos hablando de votos o de solidaridad, de equidad? Si el abastecimiento es prioritario, vamos a ponerle sentido común a esto.

Días después de su nombramiento se levanta la “paralización” de la Ley regional de Antifracking, ¿ya tiene el camino libre?

Nosotros en el Congreso llevamos una PNL para pedir que España fuese libre de ‘fracking’ y, menos el PP, votaron todos a favor. El PSOE tiene una sensibilidad especial y ha manifestado que el ‘fracking’ no es una técnica que tenga que tener cabida en España. Aquí se deben potenciar otras cosas, pero los combustibles fósiles no son una prioridad.

¿Esto puede sentar precedente como medida disuasoria para olvidar el 'fracking’?

Yo lo que digo es que hay sensibilidad en el Gobierno de España de ser respetuosos con el medio ambiente. Y el ‘fracking’ no lo es. No es una técnica que defienda el Gobierno. El ejemplo ha sido Emiliano (García-Page), nosotros, el PSOE, por tanto, ya estamos en el Gobierno y está todo dicho.

Emiliano García-Page ha planteado la recuperación de las 35 horas semanales para los funcionarios. ¿Cree que sería posible?

Creo que es una medida acertada. Deberá ser la propia ministra Meritxell Batet la que lo plantee. Reconozco que es una medida positiva e importante para los funcionarios.

Usted ha sido parte de la reivindicación de la autovía A-32 Albacete-Linares. ¿Tiene alguna noticia al respecto?

Ya se ha planteado la situación, tanto desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, como desde nuestra parte. Lo hemos comentado con el secretario general de Infraestructuras. Hay infraestructuras que requieren un estudio pormenorizado, hay prioridades y, lógicamente, una de ellas es la A-32. La hemos reivindicado y ya hay tramos hechos. Pero, lo primero que quiero saber es si la promesa que hizo Rajoy dentro del Plan de Infraestructuras estaba fundamentada o no.

Lo que sí está claro que es una infraestructura necesaria para Castilla-La Mancha y no sólo para la provincia de Albacete, sino como un eje que conecta Andalucía, Castilla-La Mancha y Levante. Es una alternativa más al corredor Mediterráneo Sur. Es importante y así lo tomaremos.

¿Habrá avances relacionados con la reforma del cuartel de la Guardia Civil de Toledo?

Me la ha hecho llegar el General y me preocuparé de que esté dentro de las prioridades del Ministerio. Obviamente, estamos cerca de Madrid, en una provincia que tiene circulación por su cercanía a Madrid y que tiene un corredor importante, como también pasa en Guadalajara. Intentaré ver que estas infraestructuras se hagan cuanto antes. No puedo comprometerme en tiempos, pero dentro de las prioridades del propio Ministerio, yo haré ver que es una de ellas. Me comprometí también a profundizar en los convenios entre el Ministerio y las diputaciones para llegar a todos los cuarteles que necesitan reformas, especialmente las más urgentes.

Miembros de la Plataforma Cuenca del Segura Libre de Fracking (PCSLF) celebraron este pasado jueves al debate sobre fracking que tuvo lugar en la Asamblea Regional, y donde la diputada de Podemos, María Giménez, anunciaba la presentación de una propuesta de ley para blindar a la región contra el fracking.

Al inicio, Podemos retiró su proposición de Ley de carácter prohibicionista para evitar una previsible anulación por el Constitucional y registró, con el PSOE, un nuevo texto similar al de Castilla-La Mancha, que ha pasado el corte de este Tribunal.

La Plataforma CSLF ha valorado “positivamente este anuncio”, y considera que “se abre una oportunidad para desarrollar un texto legislativo contra la fractura hidráulica en la región de Murcia, como ya han hecho en el País Vasco y Castilla-La Mancha”.

Por esta misma línea, la de impedir el fracking mediante el endurecimiento de los requisitos necesarios para las prospecciones, ha apostado Cantabria, que recientemente ha presentado una nueva ley de control ambiental.

Desde la Plataforma señalan que “tenemos varios modelos en los que apoyarnos para desarrollar en la región de Murcia una ley que contemple las particularidades de este territorio, y por tanto resulte efectiva para impedir los proyectos de fractura hidráulica que amenazan las comarcas del Noroeste, Vega Alta y Altiplano”.

Desde la plataforma añaden que “no nos podemos quedar en hacer una copia de otras leyes, es necesario armar sólidamente desde el punto de vista jurídico y técnico la ley que se pretenda aprobar aquí”.

El texto contempla que las consejerías competentes en salud pública, ordenación del territorio y energía elaboren un plan estratégico que tendrá que contar con la participación de la población afectada por la explotación del fracking, así como requerirá del trámite de información pública y un informe preceptivo del Consejo Asesor de Medio Ambiente.

Además de contemplar los riesgos derivados de esta técnica sobre la salud y el medio ambiente, los recursos hídricos, la gestión de los residuos y las emisiones atmosféricas, el plan estratégico debe incluir una evaluación de riesgos y una zonificación que restrinja las áreas más sensibles a esta técnica.

Apoyo de Ciudadanos

Por esto desde la Plataforma CSLF reclaman ahora “trabajo en equipo y compromiso de los responsables políticos para sacar adelante un texto con garantías, y la incorporación de Ciudadanos en la Asamblea Regional para frenar los proyectos de fractura hidráulica autorizados por el PP”.

Asimismo, la Plataforma anima a los partidos políticos a instar conjuntamente al Gobierno Central para que “se proponga un calenderio para la Proposición de Ley sobre prohibición del uso de la fractura hidráulica en el territorio nacional registrada desde 2017, para su debate y posterior aprobación en el Congreso de los Diputados”.

La decisión del Tribunal Constitucional de avalar la Ley castellano manchega que paraliza de facto el ‘fracking’ en suelo autonómico ha dado esperanza y alegría a los colectivos que, durante años, han trabajado para impedir que la fractura hidráulica acabara con su entorno.  Pero la alegría inicial se convierte, otra vez, en reivindicación. Y es que, a día de hoy, los proyectos de fracking que afectan a Castilla-La Mancha, no tienen un competencia regional ya que el territorio donde se comprenden los proyectos toca suelo de comunidades colindantes.

En la provincia de Albacete, concretamente en la zona de Hellín, están pendientes de la vecina Región de Murcia donde la empresa Oil and Gas Capital mantiene dos proyectos que tocan, directa e indirectamente, suelo albaceteño. Y es que la plataforma ciudadana ‘Cuenca del Segura libre de Fracking’ dice que esta compañía, titular de los proyectos Escorpio y Leo, ha solicitado permiso para la perforación del pozo del Río Segura 3 ubicado en el municipio murciano de Calasparra. Un sondeo que está previsto que llegue a los 2.500 metros de profundidad en busca de gas no convencional.  Las catas para determinar la presencia de gas ya se han hecho en la zona de Cieza. 

Menos activo está el proyecto Leo en el que sí hay terreno albaceteño implicado. La situación de ambos, interregionales, hace que escapen a la ley ‘antifracking’ de Castilla-La Mancha que, en este caso no puede proteger a la zona de Hellín.  De ahí que la plataforma FAO Campos de Hellín y Tobarra Libres de Fracking, quieran que la ley se exporte a todo el territorio nacional porque “estamos preocupados por el resto de plataformas que están luchando” dice Rebeca Cañavate, de la plataforma FAO Campos de Hellín y Tobarra Libres de Fracking, quien espera que con la decisión del Constitucional el resto de regiones “y toda España” quede libre de esta práctica.

En otro punto de la provincia de Albacete,  La Mancha y Campos de Montiel, otrora señalada por el fracking, hoy la alegría por la decisión del Constitucional es más que evidente. Paco Ferández es miembro de la plataforma contra la Fractura Hidráulica de Campos de Montiel y La Mancha, donde a día los proyectos que antes les amenazaban están paralizados. También aquí fue la empresa Oil and Gas Capital quien consiguió en septiembre de 2012 los permisos de investigación de hidrocarburos. En concreto, su autorización se ampliaba a los bloques de Esteros, Almorada y Nava. La inversión prevista sería de 6,45 millones de euros y la vigencia del permiso de seis años.

Pero ha pasado el tiempo y “la empresa ha ido dejando pasar los plazos y desistiendo”, añade Fernández que cree que la contestación social de los vecinos de la zona, contrarios a la práctica de fracking, y el cambio de gobierno en Castilla-La Mancha, fueron claves para ese desistimiento. De hecho, estos tres proyectos eran los únicos planteados en la región a los que se les podría aplicar la norma autonómica avalada desde este lunes por el Constitucional. Fue aquí donde el entonces candidato a la Junta, Emiliano García Page, hizo el conocido como ‘Compromiso de El Bonillo’ por el que prometía una Castilla-La Mancha sin fractura hidráulica.

Proposición de Ley contra el fracking

Pero más allá de las leyes regionales las plataformas, entre ellas la de Campos de Montiel y La Mancha, ya han dado los pasos para que esta norma autonómica se convierta en ley estatal. Lo hicieron registrando una proposición de ley que se encuentra, por el momento, estancada en el Congreso de los Diputados. Ahora, con el cambio de gobierno y la postura favorable del PP con el fracking en la oposición, creen que es el momento de que los partidos políticos retomen el debate y aprueben la norma.

“Hay que seguir la lucha hasta que se erradique”, dice Paco Fernández, que insiste en la necesidad de que la lucha “vaya más allá del Estado Español” y que Europa legisle en contra de la fractura hidráulica  toda vez que la amenaza, a través de acuerdos como el CETA (el tratado de comercio con Canadá) deja abierta la posibilidad.

Entre las consecuencias ambientales que se le conocen al fracking destaca la contaminación de las aguas subterráneas a causa de las sustancias químicas utilizadas en el proceso de fractura hidráulica. El fracking, tal y como ha señalado Rebeca Cañavate, plataforma FAO Campos de Hellín y Tobarra Libres de Fracking, no sólo tiene efectos ambientales, “que los hay”, sino que a“fectará también a las Denominaciones de Origen como la D.O Vino de Jumilla, y la D.O. Pera de Jumilla, además de la del Arroz de Calasparra”, de las que viven muchos agricultores y empresas agroalimentarias de toda la zona. Además, insiste en que se sabe que “allá donde ha llegado al fracking los terrenos han quedado devastados”.

El tortuoso camino de la Ley 'Antifracking' de Castilla-La Mancha puede haber llegado a su fin. El Tribunal Constitucional no considera contraria a la Carta Magna la disposición de esta ley, aprobada hace un año, que recurrió el Gobierno de Mariano Rajoy, con lo que provocó la suspensión cautelar de la norma, mediante la cual se establecen una serie de requisitos que buscan impedir los proyectos de fractura hidráulica en esta comunidad autónoma.

Desde el Ejecutivo del PP ya habían recurrido leyes similares que se aprobaron en Catalunya, La Rioja y Cantabria, tumbadas por atribuirse competencias que corresponden al Estado, como la regulación energética o de hidrocarburos. Por eso, desde el equipo de Emiliano García-Page elaboraron una norma que pudiera 'sortear' ese recurso y para ello la norma contempla, no la prohibición de la fractura hidráulica, sino  decenas de condicionantes ambientales, que sí son competencia autonómica y que hacen prácticamente imposible 'de facto' la aprobación de estos proyectos de extracción.

Eso no impidió que el Gobierno anterior decidiera ir también contra la ley castellano-manchega. Interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la norma, por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos. Ahora el Constitucional le ha quitado la razón al Ejecutivo de Mariano Rajoy. 

La sentencia la ha comunicado por redes sociales el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, celebrando tal decisión:

El 'fracking' es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas natural o petróleo del subsuelo y el Gobierno central entendía que las normas de protección reguladas en la ley castellano-manchega vulneraban las competencias estatales sobre hidrocarburos y medio ambiente. Decidió invocar el artículo 161.2 de la Constitución “a fin de que se produzca la suspensión de los preceptos objeto del recurso de inconstitucionalidad”. Asimismo, consideraba que la técnica del 'fracking', al estar ya sujeta a la evaluación previa de su impacto ambiental, contaba ya con “la necesaria protección”.

El Tribunal Constitucional (TC) ya ha ratificado en tres ocasiones recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno contra distintas iniciativas legislativas regionales, como sucedió en 2014 en Cantabria y en La Rioja, o en 2016 en Cataluña. En el País Vasco también se redactó en 2016 una ley similar a las anteriores contra la que el Gobierno presentó un recurso de inconstitucionalidad y pidió la suspensión cautelar de los artículos que recogían la prohibición del 'fracking', pero el TC levantó dicha suspensión al entender que no existía perjuicio alguno “de imposible o difícil reparación”. La ley castellano-manchega imita este modelo vasco y ahora también ha salvado este osbtáculo.

En Castilla-La Mancha, la ley 'antifracking' fue una promesa de García-Page durante la campaña electoral como respuesta a las amplias movilizaciones ciudadanas en Guadalajara y en el Campo de Montiel. Ha sido de las primeras normas en ponerse en marcha en la presente legislatura, con el voto a favor de PSOE y Podemos y la abstención del PP.

Gracias a este texto, el Gobierno regional establece numerosos requisitos. Se trata de impedir esta práctica por la vía de la restricción. “Hemos hecho lo que teníamos que hacer escuchando al pueblo castellano-manchego y lo hacemos desde una perspectiva en positivo”, aseguraba en su momento el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, quien además apuntaba que en la norma se incorporan restricciones aún no contempladas por la legislación nacional pero recomendadas por los organismos europeos.

El contenido de la ley ha seguido las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía y de la Comisión Europea y se realizó junto con las Plataformas Antifracking de Castilla-La Mancha bajo el objetivo de apostar por el desarrollo sostenible.

Todos los requisitos están condicionados a un Plan Estratégico de la utilización de la fractura hidráulica, que incluye cuestiones como la expedición previa de autorizaciones para esta actividad, la evaluación de los riesgos por fugas o migraciones, una zonificación del territorio que diferencie las zonas donde quede restringida la fractura y un detalle de distancias mínimas de profundidad y de exclusión.

La batalla contra el fracking en Cantabria llega este lunes al Congreso de los Diputados de la mano de Izquierda Unida. Esta formación pide en la Cámara Baja que “se respete la voluntad unánime del pueblo cántabro” contra esta práctica de extracción de gas.

Tras trascender que siguen vigentes los permisos Bezana y Bigüenzo pese a que se habían suspendido, la diputada de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Isabel Salud, ha presentado una batería de preguntas para que las responda el Gobierno central.

En concreto, la parlamentaria pide al Ministerio de Energía “una relación exhaustiva de los permisos vigentes en Cantabria”. Y es que recientemente, la Asamblea contra la Fractura Hidráulica advirtió de que en el último trámite publicado en el BOE el pasado 6 de abril se han solicitado la perforación de un nuevo pozo (Jano) y dos sondeos de investigación para la recuperación de testigos B1 y B3. Asimismo, denunció la “manifiesta ilegalidad” del Ministerio que “no suspende los permisos Bezana y Bigüenzo, sino que paraliza los plazos”, algo que beneficia a la empresa propietaria.

En este sentido, la formación de izquierdas demanda saber “qué actuación va a desarrollar el Gobierno a raíz de estos nuevos trámites”, además de plantear “qué medidas se tomarán a partir de ahora desde el Gobierno central en la totalidad de los expedientes abiertos”.

En un comunicado, la coordinadora autonómica de Izquierda Unida en Cantabria, Leticia Martínez, recordaba que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró en noviembre de 2016 caducados estos permisos que ahora se reactivan, por lo que una de las preguntas que llega al Congreso de los Diputados versa sobre los motivos por los que no se archivaron y extinguieron esos permisos pese al mandato judicial en su contra.

“Principal amenaza”

Martínez hacía hincapié en que la sociedad cántabra se ha pronunciado “de forma unánime” contra la “amenaza que supone el fracking para esta tierra”, tanto con movilizaciones ciudadanas en las calles como con las posturas en contra del Gobierno de Cantabria y el Parlamento autonómico.

En consecuencia, exigía al Gobierno central la “extinción de todos los permisos” y que “se respete ese mandato de la sociedad”. “No vamos a permitir que desde Madrid se decida si se puede envenenar a nuestra gente y nuestro ganado, y atentar contra nuestra tierra”, recalcó.

Además, Martínez advirtió sobre que en estos momentos “el Gobierno central se está convirtiendo en la principal amenaza contra el medio ambiente en Cantabria”, con leyes que “han favorecido” la práctica de este método de extracción de gas “en connivencia con las industrias petrolíferas”.

Al mismo tiempo, la dirigente de IU recordó actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy “aún en nuestra memoria” como los “excesos de la senda costera, que se pararon gracias a la movilización ciudadana”; o, en estos momentos, las escolleras de La Magdalena, que también han llegado al Congreso de la mano de Izquierda Unida. Se trata de obras, según señaló Martínez, responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente “cuya función debería ser proteger nuestro entorno y no atacarlo”.

“De nada le está sirviendo a Cantabria tener un ministro en el Gobierno central que a la hora de la verdad no tiene la valentía de enfrentarse al partido para defender su tierra”, concluyó la dirigente de este partido.

Han tardado tres días en recorrer los kilómetros que separan la localidad de Socovos, en Albacete, de Murcia capital. Lo han hecho en bicicleta, como reivindicación sostenible de una lucha sostenida en el tiempo para que el 'fracking', la técnica de la fractura hidráulica, no siga adelante en los dos proyectos que amenazan a la cuenca del Segura, entre ambas provincias.

Hasta medio centenar de miembros de diferentes plataformas y colectivos han participado en una experiencia reivindicativa y, a su vez, llamativa para luchar contra el fracking. Lo han hecho a pedaladas, sobre sus bicicletas, recorriendo kilómetro a kilómetro, la distancia entre Socovos y Cehegín primero, y después entre Cehegín y Cieza, para finalizar, este lunes por la tarde en a las puertas del Ayuntamiento de Murcia. Son miembros de la plataforma 'Cuenca del Segura Libre de Fracking', la asociación 'AMA' (Asociación por el Medio Ambiente y contra el Cambio Climático), la 'Plataforma Anti-Fracking Comarques de Castelló' y 'Ecologistas en Acción', a los que se han sumado ciclistas de Murcia y de la Comunidad Valenciana.

En el camino han mostrado la “amenaza real” del fracking en aquellos terrenos por los que han pedaleado y donde la empresa Oil and Gas Capital ha solicitado los permisos para hacer las primeras prospeccione. Y es que, a día de hoy, esta empresa tiene activos dos proyectos: ‘Leo’ y ‘Escorpio’, ubicados entre Murcia y Albacete. Ante esta amenaza, han llevado un mensaje claro a cada uno de los municipios donde han hecho escala: “Tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado al desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”,al mismo tiempo que a que “los poderes públicos velen por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida, y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la solidaridad colectiva”, dicen en su manifiesto, el mismo que ha resonado en medio del camino, desde el punto de partida hasta la meta. El mismo que insiste que con el fracking “podemos perder algo tan valioso como es la calidad de nuestras aguas, nuestro suelo, nuestra seguridad, hasta el aire que respiramos, nos ponemos en marcha para hacer conscientes y llamar la atención a nuestros gobernantes, los poderes públicos, los que hemos elegido para salvaguardar nuestra seguridad y nuestra vida”.

Este lunes llegaban hasta la ciudad de Murcia donde, antes de hacer su última parada, han pasado por la puerta de la Confederación Hidrográfica del Segura, organismo al que acusan de mirar hacia otro lado frente a la amenaza que supone para los recursos hidrológicos, que en la zona escasean, que podrían contaminarse con las perforaciones.

Leyes paralizadas en el Constitucional

Aquí en Castilla-La Mancha la sombra del fracking, esta técnica de extracción de gas del subsuelo, recobró su fuerza con la decisión del Gobierno central de llevar al Tribunal Constitucional la ley que impide ‘de facto’ el fracking (fractura hidráulica para la extracción de gas o petróleo) en Castilla-La Mancha. A la decisión del Gobierno de Rajoy le siguió la del Constitucional que admitía a trámite el recurso dejando sin efecto, de manera inmediata, la norma castellanomanchega. Desde entonces el temor a que los proyectos que están vigentes en la región reanuden los trabajos es creciente. En el caso de la provincia de Albacete sólo el ‘Leo’, el que toca el sureste albaceteño y parte de Murcia, está en vigor y el miedo es que la empresa quiera comenzar con las prosprecciones en la vecina región donde ha solicitado permiso para para la perforación del pozo del Río Segura 3 ubicado en el municipio murciano de Calasparra. , tal y como denuncia la plataforma ‘Cuenca del Segura libre de Fracking’.

De comenzar con los sondeos en el proyecto Escorpio, la provincia de Albacete también se vería afectada ya que el lugar señalado para hacerlos está sobre el Acuífero El Molar, cuya mayor superficie está en territorio albaceteño, por el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas a causa de las sustancias químicas utilizadas en el proceso de fractura hidráulica.

Tras partir el pasado sábado de Socovos (Albacete), y hacer escalas en Cehegín y Cieza, la marcha cicloturista contra el 'fracking' ha concluido este lunes con su llegada a la ciudad de Murcia, donde han parado en la sede de la CHS y finalizado en la plaza del ayuntamiento de la ciudad.

Durante estos tres días, más de 60 ciclistas procedentes de diversas comunidades autónomas, han recorrido buena parte de la cuenca del Segura pidiendo la anulación de los permisos de prospección existentes, y reclamando un modelo energético limpio y libre de 'fracking' para frenar el cambio climático.

Durante su recorrido, los participantes han mantenido encuentros con responsables políticos de diversos municipios, reclamando compromisos políticos para luchar contra los permisos de prospección que siguen amenazando la cuenca del Segura. Además, han recordado que 'Escorpio' y 'Leo' son los que se encuentran más avanzados. La petrolera 'Oil and Gas Capital' ya ha solicitado realizar una primera perforación para el primer poryecto. A esto hay que sumar también la existencia de los permisos 'Aries 2' y 'Acuario', este último en trámite de autorización.

Además, el domingo por la mañana tuvo lugar una concentración en el punto en el que 'Oil and Gas' ha solicitado realizar un primer sondeo, en el municipio de Calasparra. Y ya por la noche, en Cieza, se celebró una mesa redonda que contó con la participación de representantes y activistas de diversas organizaciones y plataformas antifracking.

La marcha ha sido organizada por la plataforma Cuenca del Segura Libre de Fracking, Plataforma FAO, Campos de Hellín y Tobarra contra el Fracking, la asociación AMA (Asociación por el Medio Ambiente y contra el Cambio Climático), la Plataforma Anti-Fracking Comarques de Castelló y Ecologistas en Acción. También han colaborado diferentes organizaciones ciclistas de Murcia y de la Comunidad Valenciana, junto con la participación de los ayuntamientos de Socovos, Cehegín y Cieza.

“Existe el serio peligro de que la compañía Oil & Gas Capital comience a aplicar la técnica de fractura hidráulica en los permisos ‘Leo’ y ‘Escorpio’ localizados en los municipios de Hellín, Jumilla, Cieza, Calasparra, Moratalla y Cehegín”, ubicados en las provincias de Albacete y Murcia. Es la advertencia que hace la Plataforma ‘Cuenca del Segura Libre de Fracking’ que quiere que su malestar y oposición a que esta técnica pueda llevar a las primeras prospecciones de manera inminente se visualice.

Lo harán con una llamativa protesta: un recorrido cicloturista que recorrerá ambas provincias el próximo fin de semana. Está previsto que la salida sea el día 7 de abril desde Socovos (Albacete) hacia Cehegín (Murcia), ciudad en la que se pernoctará. El día 8 el recorrido transcurrirá entre Cehegín y Cieza, haciendo una parada intermedia, a las 12 del mediodía, para leer un manifiesto contra la fractura hidráulica. Por último, el día 9 partirá de Cieza con destino a Murcia, donde se reunirán para “manifestar nuestra total oposición a la fractura hidráulica”.

En esta aventura con la que quieren sacar la oposición a la calle, de una forma llamativa y a la vez respetuosa con el medio ambiente, la plataforma no está sola. A ella se han unido la asociación AMA (Asociación por el Medio Ambiente y contra el Cambio Climático), la Plataforma Anti-Fracking Comarques de Castelló y Ecologistas en Acción, con la colaboración de diferentes organizaciones ciclistas de Murcia y de la Comunidad Valenciana, y la participación de los ayuntamientos de Socovos, Cehegín y Cieza.

La amenaza latente que la decisión del Constitucional ha despertado

La decisión del Gobierno central de llevar al Tribunal Constitucional la ley que impide ‘de facto’ el fracking (fractura hidráulica para la extracción de gas o petróleo) en Castilla-La Mancha no tomó por sorpresa ni a propios ni a extraños. Lo que sí lo hizo fue la decisión del Constitucional que admitía a trámite el recurso de Rajoy dejando sin efecto, de manera inmediata, la norma castellano-manchega. Desde entonces el temor a que los proyectos que están vigentes en la región reanuden los trabajos es creciente.

En el caso de la provincia de Albacete sólo el ‘Leo’, el que toca el sureste albaceteño y parte de Murcia, está en vigor y el miedo es que la empresa quiera comenzar con las prosprecciones en la vecina región donde ha solicitado permiso para para la perforación del pozo del Río Segura 3 ubicado en el municipio murciano de Calasparra, tal y como denuncia la plataforma ‘Cuenca del Segura libre de Fracking’.

De comenzar con los sondeos en el proyecto Escorpio, la provincia de Albacete también se vería afectada ya que el lugar señalado para hacerlos está sobre el Acuífero El Molar, cuya mayor superficie está en territorio albaceteño, por el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas a causa de las sustancias químicas utilizadas en el proceso de fractura hidráulica.

Con este contexto la plataforma se apresura a salir a la calle para ir recabando apoyos en su lucha contra la fractura hidráulica. Están convencidos de que “si entre todas y todos consolidamos un frente institucional y social que se oponga a la fractura hidráulica, tenemos la seguridad de que, como ya ha ocurrido en Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, las empresas que nos amenazan dejarán de hacerlo.”

Para dar a conocer la amenaza  del fracking y hacerla más visible,  la plataforma Cuenca del Segura Libre de Fracking, la asociación Asociación por el Medio Ambiente y contra el Cambio Climático (AMA), la Plataforma Anti-Fracking Comarques de Castelló y Ecologistas en Acción, con la colaboración de diferentes organizaciones ciclistas de Murcia, de la Comunidad Valenciana, y la participación de los ayuntamientos de Socovos, Cehegín y Cieza, han organizado una ruta cicloturista de tres días que transcurrirá entre los citados ayuntamientos.

Está previsto que la salida sea el día 7 de abril desde Socovos hacia Cehegín, ciudad en la que se pernoctará. El día 8 el recorrido transcurrirá entre Cehegín y Cieza, haciendo una parada intermedia, a las 12 del mediodía, para leer un manifiesto contra la fractura hidráulica. Por último, el día 9 partirá de Cieza con destino a Murcia, donde se reunirán para manifiestar su “total oposición” a la fractura hidráulica.

Desde la Plataforma han explicado que existe el “serio peligro” de que la compañía Oil & Gas Capital SL comience a aplicar la técnica de fractura hidráulica en los permisos Leo y Escorpio, localizados en los municipios de Hellín, Jumilla, Cieza, Calasparra, Moratalla y Cehegín.

Asimismo han recordado que se está poniendo en riesgo a todos los municipios que integran la cuenca del Río Segura , “ya que se pueden contaminar los acuíferos, las aguas superficiales y el propio río, lo que supondría un verdadero desastre para la economía de la zona”. También han remarcado la posibilidad de incrementarse “considerablemente” el riesgo sísmico en toda la comarca.

La Plataforma ha invitado a personas, organizaciones sociales, partidos políticos e instituciones a sumarse a las actividades previstas en cada localidad.

También ha manifestado su reconocimiento a la inestimable muestra de solidaridad de las personas, organizaciones e instituciones que de una u otra forma han formado parte de la organización de esta ruta cicloturista.

Las agrupaciones han ratificado que “si entre todas y todos consolidamos un frente institucional y social que se oponga a la fractura hidráulica, tenemos la seguridad de que, como ya ha ocurrido en Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana, las empresas que nos amenazan dejarán de hacerlo”.

El presidente de la Mancomunidad de Aguas Río Tajuña y alcalde de Pozo de Guadalajara, Teodoro Baldominos, ha lamentado que el equipo de Gobierno de la Diputación de Guadalajara (PP) no haya querido apoyar una moción que rechazaba la práctica del 'fracking' en la provincia. “Aunque los municipios que formamos parte de esta Mancomunidad no estamos dentro de las casi 20.000 hectáreas de territorio provincial que abarca el proyecto Cronos, sí que nos vemos directamente afectados por sus consecuencias, debido al riesgo de contaminación de los acuíferos que nos abastecen”, explicó.

En este sentido, explican que el nacimiento del río Tajuña, del que procede el agua que consumen los 37 núcleos de población que pertenecen a esta Mancomunidad, se encuentra dentro de la zona delimitada por el proyecto Cronos para la práctica de la fractura hidráulica.“Para nuestra mancomunidad, el impacto negativo del proyecto Cronos es enorme, tanto por el alto consumo de recursos hídricos como por el riesgo de contaminación de aguas subterráneas que implica la extracción de gas mediante el fracking”, ha explicado Baldominos.

Además, ha querido añadir que la cuenca del río Tajuña aún no ha superado un periodo “especialmente complicado” por la escasez de agua, que ha hecho que la Confederación Hidrográfica del Tajo decretase la restricción total del regadío, y el embalse de la Tajera, del que se abastece la mancomunidad, ha llegado a estar durante semanas con menos de tres hectómetros cúbicos, por debajo del 5% de su capacidad.

Las lluvias, explican, han ofrecido una “ligera recuperación” que permitirá que no haya problemas de abastecimiento para esta primavera, pero todavía hace falta que aumente el nivel del embalse para evitar “posibles restricciones de agua” de cara al verano, cuando la población y el consumo se multiplican. Por otro lado, aseguran que la cuenca del Tajuña es “especialmente vulnerable” y tiene “más dificultades” para recuperarse de los periodos de sequía. Recalcan que la Tajera “aún no llega a los nueve hectómetros cúbicos y sigue por debajo del 15% de su capacidad”.

“No podemos olvidar que en nuestros municipios hay cerca de 25.000 habitantes censados, pero esa cifra prácticamente se duplica durante el periodo de verano. Por tanto, si en la cabecera del río se implantara una actividad que consume agua masivamente, los problemas que estamos sufriendo ahora se van a multiplicar”, ha advertido el presidente de la mancomunidad. Además, recuerda que existe también “riesgo de contaminación” de los acuíferos debido a la toxicidad de los productos químicos que se mezclan con el agua para inyectarla a gran presión y fracturar la roca. “No queremos quedarnos sin agua y no queremos que nos llegue contaminada”, ha subrayado Baldominos. 

La moción debatida en la Diputación y rechazada por el Equipo de Gobierno del PP pedía al Gobierno de Rajoy que retire el recurso contra la ley que aprobaron el pasado año las Cortes de Castilla-La Mancha para dificultar los proyectos de “fracking” en nuestra región hasta “hacerlos inviables” en la práctica. El Tribunal Constitucional ha admitido el recurso, dejando cautelarmente en suspenso la ley autonómica.