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La dependencia de Rusia resucita el proyecto de convertir a España en almacén de gas para Europa

Vista aérea de la regasificadora de Sagunto.

El crack energético derivado de la guerra en Ucrania y el plan de la UE para desengancharse del gas ruso han reavivado el Midcat, el tercer gasoducto entre España y Francia que los reguladores de ambos países descartaron en 2019 por su elevado coste y dudosa rentabilidad. Ahora, en un escenario completamente distinto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se abre a reactivar el proyecto, siempre que lo financie la UE.

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“La pregunta es quién paga una interconexión para garantizar la seguridad de suministro del centro y del norte de Europa. Nuestra reivindicación es que no sea el contribuyente ni el consumidor de gas español”, advertía el miércoles en el Congreso la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

El martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró partidario de construir esa infraestructura a través de los Pirineos, que, en la parte española, consistiría en construir una tubería de algo menos de 100 kilómetros desde Hostalric (Girona) hasta Le Perthus, en la frontera francesa, con un coste aproximado de entre 150 y 200 millones de euros, según fuentes del sector.

Sánchez condicionó su apoyo a que la UE aporte fondos y la infraestructura “sea compatible” con el transporte de gas renovable e hidrógeno verde, vector energético al que España quiere convertir en su gran apuesta para la próxima década, aprovechando el enorme potencial renovable del país, mientras Francia, el país más nuclearizado de Europa, redobla su apuesta por la energía atómica.

El plan español, apunta Alejandro Núñez, investigador postdoctoral especializado en hidrógeno en el Belfer Center de Harvard, tiene sentido: la Península Ibérica “puede convertirse en el mayor hub gasístico europeo, pero sólo si amplía su conexión energética con sus socios europeos”. El Midcat “es de una importancia estratégica para la seguridad, competitividad y sostenibilidad no sólo de España y Portugal sino de toda Europa”.

España es, gracias a su situación geográfica e infraestructura, el mayor importador de gas natural licuado (GNL) en la Unión Europea. La Península, señala Núñez, “puede jugar un papel clave en la diversificación de importaciones de gas natural en el corto y a medio plazo”. A largo, podría convertirse en el mayor proveedor de hidrógeno verde a partir de energías renovables para toda la UE, tal y como recoge un reciente informe elaborado por este experto junto a Nicola de Blasio en la Universidad de Harvard.

El Ejecutivo español apoya ahora construir el Midcat, cuyo coste total (contando las inversiones necesarias en Francia) superaría los 400 millones, siempre que no se cargue sobre los usuarios de gas españoles, tenga “viabilidad comercial a lo largo del tiempo” y no acabe “en un callejón sin salida”: en palabras de Ribera, “es importante que cuente con una conexión adecuada con Francia” para evacuar el gas al norte de Europa. 



La idea de un gran hub europeo de gas en España se remonta a principios de siglo, cuando el país se lanzó a construir centrales eléctricas de ciclo combinado (que queman gas), se dotó de la mayor red de regasificadoras de Europa y construyó un gran almacén submarino (el Castor) que acabó siendo un fiasco.

Actualmente, España solo tiene dos interconexiones con Francia. Entraron en funcionamiento la pasada década, después de que en 2006 y 2009 Moscú ya cortase los envíos de gas a través de Ucrania. Esos dos gasoductos, los de Larrau (Navarra) e Irún (Gipuzkoa), suman una capacidad de unos 8 bcm anuales (8.000 millones de metros cúbicos). Con el Midcat se podría llegar a 17 bcm. 



Son cifras discretas en comparación de los 50 bcm del gigantesco gasoducto Nord Stream 1, que conecta Rusia y Alemania a través del Báltico y que Rusia ha amenazado con cortar esta semana. También transportaría 50 bcm el Nord Stream 2, ya construido y suspendido sine die por Berlín tras reconocer Vladímir Putin la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk días antes de invadir Ucrania.

El gasoducto transpirenaico permitiría, no obstante, diversificar las vías de entrada al centro de Europa del gas, exportando el que llega por barco y el que Argelia suministra a través del gasoducto Medgaz, después de que el otro tubo se cerrase en otoño por decisión de Argel y como castigo a Marruecos. Esto ha propiciado que las entradas por gasoducto a España hayan pasado de suponer el 54,6% del gas consumido hace un año al 30,2% de este mes de febrero.



Midcat, sostienen sus defensores, ayudaría a poner en valor la red de regasificadoras de España, que además se beneficiaría de los ingresos derivados de los derechos de tránsito de esa materia prima. El país tiene seis plantas (cinco de ellas de Enagás, 5% propiedad del Estado), un tercio de las que hay en Europa. Suman una capacidad para regasificar unos 60 bcm, sin contar otra en Portugal y la de Gijón, que nunca llegó a abrirse y fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo.

Estas plantas, antaño infrautilizadas tras una inversión multimillonaria (hace años llegaron a encadenar meses sin funcionar por falta de demanda), se han convertido en críticas en la actual crisis energética, por su capacidad para descargar el GNL que llega de cualquier país por barco (más caro, eso sí, que por gasoducto). 



En el contexto extraordinario de los últimos meses, las descargas de buques en las regasificadoras españolas se han disparado. En febrero, crecieron un 68% interanual, hasta 26.460 gigavatios hora (GWh), según datos publicados este jueves por Enagás. Las cargas con destino a otros países se multiplicaron por 50, hasta más de 2.000 GWh, cifra todavía relativamente pequeña, pero que ha venido creciendo desde junio del año pasado, a medida que el precio del gas comenzó a descontrolarse.

Ahora, Midcat tiene el renovado apoyo de la Comisión Europea y de Alemania, que cubre un 55% de su consumo de gas con Rusia. El año pasado, la UE compró a este país unos 150 bcm: el 40% de su consumo de gas. El plan energético presentado por Bruselas esta semana aspira a reducir en dos tercios ya este año esa dependencia. Uno de los claros candidatos a cubrir ese hueco es Estados Unidos, que ha vetado las importaciones de crudo ruso, una decisión de la que se ha descolgado la UE.

La comunicación presentada el martes por Bruselas reconoce el papel de las interconexiones, “esenciales para asegurar el flujo ininterrumpido de energía en el conjunto de la UE. Si se necesitasen nuevas infraestructuras, deberían ser compatibles con el hidrógeno”, apunta. “Los proyectos que permitan completar el mercado interno de energía y aquellos con una fuerte dimensión transfronteriza deberían ser privilegiados, por ejemplo la crítica conexión entre Portugal, España y Francia”, añade el documento.

Descontado el apoyo de Portugal, la incógnita es la postura de Francia. La resistencia del país vecino, que celebra elecciones presidenciales el 10 de abril, fue en su momento determinante para que el Midcat descarrilara. Francia cuenta con tres regasificadoras y, pese a que no tiene la dependencia alemana del gas que envía Moscú, es el principal importador europeo de GNL ruso.

La posición de Ribera

El conflicto bélico en Ucrania está cambiando cosas a velocidad inusitada, incluyendo el rechazo de la vicepresidenta Ribera a una infraestructura que tumbaron los reguladores de España y Francia en enero de 2019. Entonces entendieron que “no responde a las necesidades del mercado y carece de la madurez suficiente para poder realizar la asignación de costes transfronterizos”.

A ello se sumaban las dudas que entonces existían sobre el futuro del gas como energía de transición. En diciembre, Bruselas propuso incluir esta tecnología en su taxonomía de inversiones sostenibles, lo que facilita la financiación de estos proyectos.

Lo hizo con el rechazo expreso de Ribera, que en su debut como ministra en el Congreso, en 2018, y con el recuerdo fresco del Castor, decía: “Ojo con el debate en torno a esas grandes infraestructuras, esas grandes interconexiones que en determinados supuestos pueden estar justificadas, pero en las que debemos ser extraordinariamente cuidadosos a la hora de entender qué, para qué, cuándo y hasta cuándo”.

“El estudio de impacto coste-beneficio no cuadraba porque, en aquel momento, no había demanda de gas en Francia, y por tanto no se amortizaba. Pero en este momento, con los precios a los que está llegando el gas natural y la importancia geoestratégica para la UE de reducir la dependencia de Rusia, tiene sentido”, defiende Salvador Sedó, director de desarrollo sostenible de la patronal catalana Foment del Treball, una de las entidades que más está empujando para que el Midcat vuelva a la lista de prioridades europeas.

Un punto de vista que contrasta con el de los grupos ecologistas o Unidas Podemos. Su portavoz de Energía en el Congreso, Juan López de Uralde, afirma que a España “no le beneficia en nada esta infraestructura”. “Insistimos en la necesidad de acelerar la transición energética basada en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables”.

“El Midcat fue descartado hace unos años por falta de rentabilidad. Pero lo importante es impulsar las energías renovables. No podemos poner todas las políticas de transición energética patas arriba por la situación actual”, sostiene Uralde. 

Años de espera

Algunas voces defienden que el gasoducto se podría construir en apenas unos meses, teoría que fuentes del sector consideran poco probable. “Por la vía de urgencia se podría tener operativo en el próximo otoño”, aseguraba este jueves en un artículo en La Información el economista José Carlos Díez.

Según dijo el martes Ribera, solo estaría operativa “de aquí a cinco o seis años, que es el mínimo tiempo para una infraestructura de este tipo”. Un plazo que en el Ministerio de Asuntos Exteriores, uno de los grandes impulsores de este proyecto –y cuyo titular, José Manuel Albares, estuvo destinado en su momento como embajador en París–, creen que se puede acortar en esta coyuntura extraordinaria.

En el sector apuntan que, una vez obtenidas las autorizaciones necesarias –una declaración de impacto ambiental lleva, como mínimo, seis meses–, podría construirse, como pronto, en menos de dos años. Eso, si la UE le diera prioridad por vía de urgencia, con un procedimiento específico junto a otras instalaciones como las dos regasificadoras cuya construcción acaba de anunciar Alemania.

Desde Foment del Treball consideran que el proyecto podría completarse en, como mucho, tres años. “Por los datos que tenemos, que vienen de informes empresariales, la conexión de los 200 y pocos kilómetros que faltan desde Hostalric hasta la estación de bombeo en Francia podrían acabarse en 2 o 3 años, con un coste total de unos 450 millones”, explica Sedó.

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