Reus quiere dejar de ser solo el lugar donde nació Gaudí para convertirse, también, en el punto donde empieza a entenderse su imaginario. Con motivo del centenario de la muerte del arquitecto, la ciudad inaugurará en 2026 un mural de grandes dimensiones dedicado a Antoni Gaudí, una intervención artística que aspira a situar a la capital del Baix Camp en los circuitos internacionales del arte urbano y, de paso, reforzar un relato largamente reclamado: que Gaudí empieza en Reus.

El proyecto se inscribe dentro del Any Gaudí y está impulsado por el Ajuntament de Reus, la Diputació de Tarragona y la Associació d'Amics de Gaudí de Reus. La idea es clara: una obra potente, permanente y con proyección exterior que conecte la figura del arquitecto con el lenguaje contemporáneo del muralismo.

Un mural pensado para perdurar

La intervención tendrá entre 200 y 300 metros cuadrados —incluso algo más— y se concibe como una obra estable, no efímera. Todavía no se ha definido su ubicación exacta, pero los promotores trabajan con varias opciones, tanto públicas como privadas, siempre con un mismo criterio: garantizar su conservación a largo plazo y evitar espacios sometidos a transformaciones urbanísticas.

El director artístico del proyecto, Xavier Romeu, explica que la iniciativa nace de la necesidad de un gesto con ambición simbólica. No se trata solo de embellecer una pared, sino de crear una pieza que condense los rasgos más reconocibles del universo gaudiniano y los traduzca al lenguaje del arte urbano actual, con una lectura comprensible tanto para el visitante como para el público local.

Tres artistas, una decisión clave

Para lograr ese impacto internacional, el equipo impulsor ha trabajado con una premisa clara: el autor del mural debía tener reconocimiento global. De una primera lista de 25 creadores se ha pasado a tres finalistas, todos con trayectoria consolidada en el muralismo de gran formato. El portugués Nuno Miles, el español Sojo y la estadounidense Emma Gilbert optan a firmar la obra.

La elección definitiva se conocerá entre febrero y marzo de este año. No es un detalle menor: estos artistas arrastran comunidades propias de seguidores que viajan para ver sus obras, un factor que puede convertir Reus en nuevo destino cultural dentro del mapa del arte urbano contemporáneo.

Gaudí, también en 2D y 3D

Más allá de lo pictórico, el mural incorporará una capa tecnológica que amplía su dimensión pedagógica. La artista digital y comisaria Gala Mirissa será la responsable de integrar realidad aumentada en la obra. A través de un código QR, el visitante podrá acceder a animaciones en 2D y 3D que complementarán el mural y ayudarán a explicar la figura de Gaudí desde una perspectiva divulgativa.

La intención es clara: no limitarse a una imagen icónica, sino ofrecer contexto, relato y herramientas para entender por qué la obra de Gaudí es como es y qué tiene que ver Reus en todo ello. Una manera de combatir la idea, todavía muy extendida, de que Gaudí es únicamente Barcelona.

Ejecución y financiación

El calendario prevé que el mural se ejecute entre mayo y septiembre de 2026, evitando los meses de calor extremo. El artista elegido se instalará en la ciudad durante al menos dos semanas, y todo el proceso creativo será documentado con vídeos, entrevistas y un timelapse que se difundirá en redes sociales, especialmente en Instagram.

La financiación combina recursos públicos y aportaciones privadas, con empresas como Vermuts Miró, Volvo o Repsol ya implicadas en el proyecto. El presupuesto aún no está cerrado, pero los impulsores coinciden en que el impacto cultural del mural puede ser decisivo para reforzar la presencia de Reus en el imaginario gaudiniano.

Un mural, una escultura y todo un año de actividades configuran así una estrategia clara: recordar que antes de Barcelona, antes de la Sagrada Família y antes del genio consagrado, hubo una ciudad que lo vio crecer. Y esa ciudad quiere, por fin, contarlo en voz alta.

“Cuando entramos, nos miran fatal. Como si lleváramos el mal al Ayuntamiento”. Esta es la sensación que tiene Abdelaziz Mohamadi, vecino de Arbúcies (Girona), cuando hace el trámite de empadronamiento en su municipio. Él forma parte de la Asociación por la Convivencia y la Cohesión Social, una entidad creada a raíz de detectar que su consistorio “incumple de manera reiterada la ley de empadronamiento”, según denuncia Mohamadi.

La entidad calcula que cerca del 5% de la población se encuentra trabas a la hora de empadronarse. Pero esta situación no es exclusiva de su pueblo: Arbúcies es uno de los -al menos- 35 municipios catalanes que dificultan la inscripción en el censo, según una investigación conjunta que han realizado diversas entidades del territorio. Destacan ciudades como Reus, Mataró, Santa Coloma, Terrassa, l'Hospitalet, Lleida, Badalona, Sabadell, Tarragona o Igualada.

Los impedimentos que ponen los consistorios son diversos, pero comunes en todos las ciudades. “Hay una tendencia a usar la burocracia como herramienta para la represión y la discriminación”, explica Laia Costa, abogada y responsable de incidencia de la fundación Ficat. Esta entidad, juntamente con La Federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), la Coordinadora Obrim Fronteres, el Fòrum de Síndics Locals, la CONFAVC, Lafede.cat y MUET, han realizado un sondeo y han detectado una treintena de municipios en los que se infringe el derecho al padrón.

La Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local asegura que “toda persona que vive en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que reside habitualmente”. A pesar de ello, las entidades denuncian que, si bien los consistorios no deniegan explícitamente este derecho, sí “es frecuente que usen técnicas sibilinas para que ciertas personas no se acerquen a un ayuntamiento a empadronarse”, tal como asegura Costa.

La ley desvincula el estado o tipo de la vivienda con el derecho al padrón. Es decir, que aunque no se cuente con contrato de alquiler, se esté okupando, se viva en una nave industrial sin célula de habitabilidad o se duerma en la calle, el Ayuntamiento tiene la obligación de empadronar. Él único requisito es demostrar que se vive en el municipio, cosa que se puede hacer de muchas maneras.

Pero, tal como destacan las entidades, muchos consistorios exigen “documentos sin base legal”, tal como apunta Mohamadi. En el caso de Arbúcies se requiere que la persona que se quiere empadronar en una vivienda tenga el mismo apellido que la que le autoriza. También piden que el nombre de todos los solicitantes figure en el contrato de alquiler.

Estos requisitos excluyen, por ejemplo, a las personas realquiladas, cuyo nombre no figura en el contrato. “Muchas ayudas y prestaciones están vinculadas al número de personas que viven en un domicilio y, por eso, hay muchos inquilinos que subarrendan, pero no quieren empadronar”, explica Costa.

Pero, aunque alguien se encuentre en esa situación, la ley sigue dando opciones. Según la normativa, un ayuntamiento debe empadronar “con independencia de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad”. O, lo que es lo mismo, una persona que esté okupando, no tenga contrato o que viva en una infravivienda, podría empadronarse allí.

Aún así, “ningún ayuntamiento asegura al 100% que no se vaya a realizar una denuncia por okupación o que Servicios Sociales no vaya a abrir un expediente que pueda derivar, en el peor de los casos, en una quita de custodia de los menores a cargo”, se lamenta Laia Costa. El miedo, pues, hace que muchos ciudadanos ni siquiera intenten iniciar el trámite. Esto, según la letrada, es otra muestra de lo que ella denomina “burorrepresión”.

Una “puerta de acceso” a otros derechos

Otro de los frentes abiertos que tienen las entidades que velan por el derecho al padrón es el sinhogarismo. Esto incluye a las personas que viven en una infravivienda o a aquellas que, directamente, duermen al raso. Para estos casos, la ley establece la opción de padrón sin domicilio fijo o domicilio ficticio, que permite censarse en un equipamiento municipal. Pero hay muchos municipios que no cumplen esa parte de la normativa. “Algunos pretenden utilizar políticamente el padrón para evitar un teórico efecto llamada”, tal como expuso en 2021 la presidenta del Fòrum Local de Síndics de Greuges (defensores del pueblo en Catalunya).

Algunos de los municipios en los que no es posible empadronarse sin domicilio fijo son Terrassa o Lleida. En este último, por ejemplo, la trampa es clara. Se pide a las personas migrantes que acrediten dos años de residencia en el municipio antes de poder acceder al padrón. Y, además, “se requiere tener un expediente abierto de Servicios Sociales, pero Servicios Sociales sólo te atiende si estás empadronado”, se lamenta Marta Soler, de la fundación Arrels Sant Ignasi de Lleida.

A demás del laberinto burocrático, muchas personas se tienen que enfrentar a otras complicaciones, como podrían ser las dificultades de pedir cita previa o la brecha digital que implica que sólo se pueda hacer por Internet. En la otra cara de la moneda, que no se pueda pedir cita previa también es un problema: en Arbúcies, por ejemplo, sólo se atiende durante dos horas a la semana, durante las cuales la cola es de decenas de personas, la mayoría de las cuales no consigue ser atendida.

Ante estas situaciones, son muchos los vecinos que directamente desisten de iniciar el trámite del padrón o se decantan por pagar una de las centenares de ofertas que se encuentran en portales como Wallapop, en los que propietarios o inquilinos empadronan a cambio de un pago. Otro camino que inician muchos afectados es el de empadronarse en otro municipio que sí cumple la ley y, por tanto, ofrece más facilidades. El ejemplo paradigmático sería Barcelona, tal como lo demuestra el hecho de que sea la ciudad escogida por el 80% de personas sin hogar del Área Metropolitana.

Y es que el padrón es un “metaderecho”, tal como destaca Lluís Puigdemont, miembro de ECAS. “Si alguien no está empadronado, es que no es considerado ciudadano”, resalta Puigdemont, que recuerda que es la puerta de entrada para poder votar, ir al médico, escolarizar a las criaturas, acceder a prestaciones o inscribirse como demandante de ocupación.

Por todo ello, las entidades reiteran que un ayuntamiento debe cumplir la ley, sobre todo para “saber cuántas personas viven en un municipio y poder diseñar bien sus servicios”, aseguran. Ponen el foco en las elecciones de este 28 de mayo, puesto que achacan la problemática a una falta de voluntad política. Según apuntan, la solución sólo puede venir de los ayuntamientos, ya que es muy difícil que se den denuncias ciudadanas.

“Hay pocas demandas porque la mayoría de afectadas son personas racializadas y vulnerables, sin dinero ni tiempo para andar con abogados. Además, para denunciar, se necesita estar empadronada”, apunta Laia Costa, remarcando la ironía. La denuncia social tampoco es una vía que funcione demasiado; tal como asegura la letrada, “muchas entidades, que son las que ven la problemática de primera mano, no quieren alzar la voz para no perder subvenciones”, acusa.  

Ignasi, 58 años, siente que le tocó la lotería. No ha ganado ningún premio, sino que le seleccionaron para participar en un ensayo clínico pionero en el Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Tarragona). “Por fin pude dejar mi doble vida”, explica. 

Este trabajador de un Ayuntamiento catalán llevaba un lustro en tratamiento con metadona después de décadas consumiendo heroína. Su psicóloga le habló de un ensayo que se estaba organizando para deshabituar a las personas que, como él, llevaban ya tiempo con este tratamiento. La idea era administrarles un potente alucinógeno africano, la ibogaína, que tiene un efecto directo tanto en la tolerancia como en el síndrome de abstinencia.

“En seis semanas me había quitado de la metadona”, afirma. “Salir de una droga con otra no es el sistema tradicional, pero llevo ya dos años sin tomar nada”, añade orgulloso.

Son ya 13 las personas que han participado en este ensayo, financiado por la fundación ICEERS y todavía sin concluir. Siete de ellos abandonaron por completo la metadona en apenas un mes y medio y sin apenas pasar por las vicisitudes del síndrome de abstinencia. Dos años después siguen sin tomarla. Uno de ellos abandonó el ensayo clínico, otro apenas notó los efectos de la ibogaína y cuatro acabaron volviendo al tratamiento con metadona.

“Salía de las sesiones de ibogaína tomando la mitad de metadona que antes de entrar y con cero ‘mono’”, explicaba Antonio Valenzuela, otro de los participantes, durante una mañana de febrero en su domicilio. “Ni siquiera tenía ganas de fumar tabaco”.

En el ensayo participa un grupo interdisciplinar que incluye psicólogos, psiquiatras, antropólogos, cardiólogos y enfermeros de este hospital público, cuyo servicio de atención a las drogodependencias ha destacado desde hace décadas por ser pionero en programas de reducción de daños. 

Los resultados, admiten los investigadores, son prometedores. “Lo que vemos es altamente positivo”, admite Tre Borràs, psiquiatra, directora del plan de acción sobre drogas de Reus e investigadora principal del estudio. José Carlos Bouso, psicólogo y también investigador principal, coincide en el optimismo pero quiere ser prudente. “Somos cautos porque no se puede hablar de resultados hasta que haya acabado”, abunda. “No queremos que parezca una incitación a la participación”.

Se calcula que en España hay alrededor de 60.000 personas en tratamiento con metadona, un opiáceo sintético que se utiliza como terapia de mantenimiento en usuarios de heroína. La consolidación de su uso supuso una puerta de salida para muchos heroinómanos, pero la sustancia genera también mucha dependencia y es de los opiáceos más difíciles de abandonar.

La ibogaína es un alcaloide natural que se encuentra en la corteza de la iboga, un arbusto que crece en los bosques de Gabón, Congo y el oeste de África. “No sabemos exactamente por qué, pero tiene un efecto que toca muchos receptores vinculados al patrón de dependencia”, apunta el psicólogo Genís Oña, también investigador en el ensayo. “Afecta tanto a la tolerancia como al síndrome de abstinencia y creo que puede abrir las puertas a tratar todo tipo de adicciones”.

Los ensayos que se han hecho en ratones indican algo similar. También los diversos estudios observacionales que se han realizado en varias partes del mundo con adictos a los opioides que tomaron ibogaína para desengancharse. Las tasas de deshabituación superan en algunos de estos estudios observacionales el 80% de los pacientes. 

Un tratamiento extendido en clínicas underground

El uso de la ibogaína para abandonar la adicción a los opiáceos no es nuevo. Sus propiedades las descubrieron de manera accidental en los 60 un grupo de amigos adictos a la heroína que tomaban sustancias alucinógenas. Tras probarla les desapareció el síndrome de abstinencia. El relato fue circulando de boca a oreja y su uso se extendió por todo el mundo en consultas y clínicas underground, sobre todo en Holanda y México, donde se administra la sustancia en ocasiones con escasas medidas de seguridad ni control médico.

El consumo de este alucinógeno es arriesgado. Se calcula que decenas de personas han muerto después de tomar ibogaína debido al riesgo de arritmias graves que puede derivar de su consumo. De ahí la participación de la unidad de cardiología en el ensayo clínico. 

El experimento que se está llevando a cabo en Catalunya, ya en fase 2, pretende demostrar por primera vez que el tratamiento funciona. Hasta la fecha no se había realizado ninguna prueba con estas condiciones: un control médico durante todo el proceso (con electrocardiogramas cada hora), acompañamiento psicológico durante las 24 horas que duran los ingresos, apoyo entre las sesiones y seguimiento posterior. Un antropólogo evalúa a su vez los factores sociales de los pacientes que pueden determinar la efectividad del tratamiento.

“Era clave hacerlo en condiciones seguras y poder encontrar la dosis de referencia para evitar riesgos cardiovasculares”, apunta Borràs. “Conocer las implicaciones cardiológicas de la ibogaína fue otro aliciente para participar en el ensayo”, añaden Carme Ligero, cardióloga investigadora del ensayo, y Josep Maria Alegret, responsable de la unidad de cardiología del hospital. 

No es el único ensayo clínico que se está llevando a cabo ante el creciente interés de la industria farmacéutica por esta sustancia. Un estudio similar se está llevando a cabo en Reino Unido financiado por una farmacéutica y en la Universidad de Sao Paulo (Brasil) empezará en breve otro experimento para estudiar las propiedades de esta planta para desengancharse del alcohol.

El interés por la ibogaína también conlleva el riesgo de un “saqueo” occidental de los ecosistemas donde crece la iboga. Es por eso que en el experimento en Reus se utiliza ibogaína obtenida de otra planta, la Voacanga, que también contiene este alcaloide y se puede convertir en ibogaína por semisíntesis. La sustancia se importa desde Sudáfrica.

Sesiones de 24 horas

Los participantes en el ensayo clínico son evaluados previamente con un examen completo. No pueden tener más de 60 años (por el riesgo cardiovascular) y al llegar a la sesión deben llevar 24 horas sin tomar metadona, alcohol ni ninguna otra sustancia. 

Tras un análisis de sangre y un electrocardiograma a primera hora de la mañana son conducidos a una sala donde se les da la ibogaína en una pastilla. El ritual se repetirá en seis ocasiones a lo largo de seis semanas. Durante las 24 horas de ingreso hospitalario están acompañados por el psicólogo e investigador Genís Oña, al que algunos participantes describen como su “ángel de la guarda” durante las tomas.

La mitad de los participantes toma siempre la misma dosis, mientras que la otra mitad aumenta la cantidad de ibogaína consumida en cada sesión. Nadie, ni siquiera los investigadores, sabe por ahora quién está en cada grupo. 

“Las primeras sesiones fueron muy suaves”, rememora Valenzuela, uno de los participantes. “La quinta y la sexta me dejaron muy chafado, bastante mareado”.

Al salir de la primera sesión, a los participantes se les da la mitad de metadona de la que venían tomando antes de entrar. Y así en cada toma hasta que el último día ya no toman nada. Algunos participantes ni siquiera necesitaron las seis sesiones y con cuatro o cinco ya abandonaron la metadona. 

“Llega el día siguiente y sorprendentemente tiras bien”, prosigue Valenzuela. “No existe ninguna panacea para dejar la metadona pero a mí me ha funcionado”, añade Ignasi, otro de los participantes. “Tiene que haber voluntad detrás y uno debe estar decidido a dar el paso”.

El éxito en la deshabituación de la metadona tampoco supone una victoria total. Algunos participantes han acabado tomando alguna otra sustancia al cabo de un tiempo. Valenzuela, por ejemplo, explicaba durante la entrevista que tras 22 meses sin tomar nada tras el ensayo, ahora llevaba dos meses en los que había vuelto a fumar heroína. 

“Los itinerarios vitales, la existencia de un empleo o los recursos familiares tienen una incidencia directa en la efectividad del tratamiento”, apunta Antoni Llort, el antropólogo del equipo. “Es distinto una persona que no trabaja y tiene todo el tiempo del mundo que otra con una vida más estructurada, con un empleo y al que abandonar la metadona le permite centrarse en su trabajo y en las relaciones familiares y sociales a su alrededor”.

Si la ibogaína tiene unos efectos tan prometedores, ¿por qué no se había investigado antes? En 1991 el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas de EEUU financió un estudio en ratones donde se constató que la ibogaína reducía su consumo de heroína, morfina, cocaína y alcohol. Posteriormente el regulador médico estadounidense autorizó un ensayo clínico en humanos que quedó en saco roto por falta de financiación y disputas contractuales, según informó la revista Time.

Los responsables del estudio en Reus citan, por un lado, el miedo a los efectos secundarios de este alucinógeno. “No es un medicamento fácil de manejar para los investigadores”, apunta Bouso, uno de los responsables del proyecto. La sustancia, además, pertenece a la lista 1 de drogas controladas (la más restrictiva y sin usos médicos reconocidos) en la mayoría de países donde se llevan a cabo investigaciones farmacológicas. “Esto tampoco ha facilitado las cosas”, añade este psicólogo y doctor en Farmacología. 

El ensayo clínico que se está llevando a cabo en Reus podría abrir de nuevo las puertas de los tratamientos con ibogaína. El siguiente paso, explican los investigadores, sería hacer un ensayo con una muestra de pacientes todavía mayor. El objetivo a largo plazo sería tanto desarrollar un fármaco como encontrar las condiciones de seguridad para que las tomas se puedan hacer en ambulatorios.

Para pacientes como Ignasi, la toma de ibogaína ha supuesto un nuevo amanecer. “Vuelvo a disfrutar de las cosas sencillas”, explica ilusionado. “Dar una vuelta, estar con una amiga en la playa, ser un buen empleado…He redescubierto la vida, los amaneceres, el olor a hierba mojada y las ganas de estar con mi familia”.

La Audiencia Nacional ha rechazado suspender la expulsión de España en base a la ley de extranjería de dos activistas musulmanes catalanes, Mohamed Said Badaoui y Amarouch Azbir, detenidos el martes y acusados por la Policía –sin ser llevados a juicio– de “radicalismo” y de “participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países”.

La decisión de la Audiencia Nacional supone un paso más hacia la expulsión de ambos ciudadanos, que llevan más de dos décadas viviendo en España. El tribunal da plena credibilidad a los informes policiales y descarta el arraigo en Catalunya y el apoyo que la comunidad ha brindado a ambos ciudadanos desde el verano como motivos para frenar de forma cautelar la expulsión.

Este mismo martes la Junta de Portavoces del Parlament de Catalunya mostró su apoyo a Badaoui, vecino de Reus (Tarragona) y activista de la comunidad islámica, y consideró que el suyo es “un caso de represión política e islamofobia” y que el procedimiento que se ha seguido es “irregular” al acusarle la Policía “sin pruebas”.

En sendos autos, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional rechaza dejar en suspenso la expulsión porque en la valoración de los intereses en conflicto “han de prevalecer los de carácter general frente a las circunstancias personales” de Badaoui y Azbir.

El Secretario de Estado de Seguridad acordó la expulsión de ambos ciudadanos en base a un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional que acusó a Badaoui y Azir de “radicalismo ideológico”. La denuncia policial destaca, entre otros, “la realización de adoctrinamiento” de Badaoui en su comunidad “con difusión de postulados radicales proyihadistas, siendo uno de los principales referentes en España del salafismo más ortodoxo”.

La Policía llega a vincular la actividad de Badoui como presidente de una asociación musulmana su llegada con “un aumento del radicalismo en la región de Tarragona a causa de su discurso”. Badaoui llegó a España con diez años procedente de Marruecos. Tras 30 años, ha echado raíces en nuestro país, donde vive en Reus con su mujer y sus tres hijos y se ha convertido en un interlocutor reconocido en defensa de los intereses de la comunidad musulmana y contra el racismo.

El activista siempre ha negado las acusaciones de radicalismo y adoctrinamiento que la Policía ha empleado para activar la vía administrativa de la expulsión pero no ha llevado a la vía penal. El informe policial añade que Badaoui se ha centrado especialmente en “colectivos más vulnerables y manipulables”, en especial en “adoctrinar en el salafismo más radical” a los menores no acompañados de origen marroquí. La Policía también acusa a Badaoui de “prácticas de fomento del victimismo y la occidentalofobia”

Los jueces rechazan suspender la expulsión tras valorar los intereses en conflicto. Su conclusión es que deben prevalecer “los de carácter general” frente a las circunstancias personales y laborales de ambos activistas. Recalcan los togados que la infracción de la ley de extranjería de la que se acusa –participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países– a Badaoui es “muy grave”.

Los jueces recuerdan que la sentencia que resuelva el recurso no perderá su efectividad pese a que no se adopte la medida cautelar de suspensión de la expulsión, ya que si es estimatoria y la expulsión se ha ejecutado, “ningún obstáculo se advierte en el retorno a nuestro país y, si procede, la reparación de los daños causados”.

Mohamed Said Badaoui llegó a España con diez años procedente de Marruecos. Tras 30 años, ha echado raíces en nuestro país, donde vive en Reus (Tarragona) con su mujer y sus tres hijos y se ha convertido en un interlocutor reconocido en defensa de los intereses de la comunidad musulmana y contra el racismo.

Pero Badaoui podría estar viviendo sus últimas semanas en España: a principios de agosto recibió un documento de la Policía Nacional que le comunicaba el inicio del procedimiento de expulsión de nuestro país. Badoui denuncia que su eventual expulsión es “una represalia” contra su activismo.

Entre los motivos aducidos por la brigada de extranjería de Barcelona para echarle de España se incluye un supuesto intento de Badaoui para “injerir en la política para desestabilizar al Estado español y sus instituciones” a través de la entidad que preside, la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Comunidad Musulmana (ADEDCOM).

El documento policial recoge como ejemplos de la citada estrategia de injerencia recortes de la prensa de Tarragona de los que los agentes desprenden que Badaoui “lideró una protesta para reclamar que se impusiera la clase de religión islámica en las escuelas”. El derecho de los alumnos musulmanes a recibir enseñanza de su religión está contemplado en la ley de 1992 promulgada tras el acuerdo entre el Estado y la Comisión Islámica de España. Hace un par de años la Generalitat instauró un plan piloto para desarrollar la norma.

Según expone la Policía, Badaoui “predica el salafismo más ortodoxo” y hace gala de su “radicalismo ideológico”, algo que, a juicio de los agentes, se muestra en el “aumento del radicalismo” en la provincia de Tarragona (del que no se aportan más datos) así como en una entrevista del activista en la que comentó la ampliación de la mezquita de Reus para dar cabida a más fieles. Los agentes señalan que Badaoui explicó que las obras costaron 100.000 euros pero que el activista “no acreditó el origen de los fondos”, si bien el informe tampoco aporta ninguna sentencia judicial para demostrar que dicho origen sea ilícito.

La Policía también acusa a Badaoui de pretender “neutralizar” la iniciativa para prevenir la radicalización de jóvenes musulmanes y de “liderar” una demanda para conseguir un estatuto propio del musulmán “al margen del ordenamiento jurídico español” e “imponer” el uso del hiyab en los colegios, hospitales o en fotografías del DNI.

Otros elementos de “injerencia política” que la Policía menciona son las acusaciones de Badaoui contra promotores de la etiqueta 'halal' por “prácticas fraudulentas” y su defensa de las tumbas y nichos para musulmanes, este último un aspecto que la Generalitat ya incluye en sus guías para cementerios públicos sobre diversidad religiosa.

Badaoui denuncia que los motivos que aduce la Policía para iniciar un procedimiento de expulsión son “políticos”, ya que sus acciones como activista no se han movido del marco establecido por el acuerdo entre el Estado y la comunidad musulmana de 1992.

El activista tampoco ve casual que le notificaran el inicio del procedimiento un 7 de agosto, con su abogado de vacaciones para plantear las alegaciones, y tampoco que llegara después de un recurso contra la denegación de la nacionalidad que solicitó al llevar más de 30 años en España y justificar su arraigo.

Rechazo de la nacionalidad por arraigo

A Badaoui le denegaron la nacionalidad por ser supuestamente una persona “radicalizada”, si bien en su recurso ante los juzgados de lo contencioso-administrativo el juez, antes de resolver, ha requerido a la Policía que aporte los fundamentos de esa consideración.

Badaoui remarca que todavía no ha recibido las alegaciones policiales solicitadas por el juez y que en cambio se ha encontrado con el inicio de su expulsión de España. “Me dicen que soy un peligro para el Estado pero todavía no sé por qué, solo dicen que soy activo en redes sociales y que tengo pretensiones de injerencia política”, lamenta el activista.

“La gente que me conoce sabe que yo trabajo para la igualdad y la multiculturalidad y para que todos tengamos los mismos derechos independientemente de nuestras creencias religiosas”, asevera Badaoui, que reclama “un procedimiento justo” y que su expulsión no se decida “desde una oficina” de la Policía.

Badaoui ha recibido el apoyo de varias entidades de Reus así como de la mayoría de partidos políticos del consistorio. En un comunicado, Junts, ERC, PSC, CUP y Ara Reus han valorado que Badaoui es una persona que siempre ha trabajado “codo con codo con las entidades y el Ayuntamiento para garantizar los derechos de los vecinos”.

Los partidos ensalzan la “importante función de cohesión social y de intercambio con la comunidad musulmana de Reus” a la que ha contribuido Badaoui. “Desde la solidaridad con él, su familia y amistades, pedimos al Ministerio del Interior que tenga en cuenta ese arraigo antes de resolver el procedimiento de expulsión”, solicitan los partidos.

Pese al apoyo político y social que ha recibido, Badoui vive la situación “con temor”. “En casa estamos preocupados y nerviosos, no sé si se presentarán para expulsarme ante mi mujer y mis hijos”.

“Sois unos racistas de bicicletas”. A Igor Gancedo, la frase de aquel cliente desairado al que un compañero de tienda le dijo que no podían arreglarle su vieja máquina (porque la reparación no resultaba rentable para el comercio), se le quedó grabada en la cabeza. Cómo podía ser que una bici que todavía se presentaba en buen estado pudiera verse arrumbada al montón de la chatarra por falta de voluntad. Obsolescencia ciclista programada que Gancedo quiso contrarrestar algunos años más tarde, cuando derroteros laborales le llevaron a abrir su propio negocio de venta y reparación, Igor Bike Tailerra, en Amurrio, Álava.

Mecánico de bicicletas con muchos años de experiencia, reconoce ser un pequeño Diógenes que a lo largo del tiempo ha ido recolectando piezas de viejas bicis que le regalaban o recogía de la basura. Cuadros, cambios, desviadores, frenos, guardabarros, zapatas, pedales y bielas (entre otros muchos componentes) que esperan recuperar una nueva vida. Volver a ser útiles para alguien. Con estas ayudas, más el recurso a buscar piezas de segunda mano en plataformas de venta online o recambios en el siempre sorprendente mercado chino, el mecánico amurriano resucita viejas máquinas que en ocasiones llevan consigo un componente afectivo: “Fue mi primera bici”, le dijo un cliente emocionado al recogerla y ver que estaba como nueva.

Concienciado contra el dispendio, Igor también repara cámaras de rueda, de esas que venden en pack en las grandes tiendas deportivas. Cámaras desechadas al primer pinchazo. A él se las regalan los ciclistas locales y las arregla con el parche de toda la vida. Comprueba que no pierdan aire y las vuelve a poner en circulación a un precio sensiblemente más barato. Así ayuda al mantenimiento de su negocio y libra a la naturaleza de otros 150 gramos (peso estándar por cámara) de caucho sintético que acaban en la basura. 

Despertando a una segunda vida

Fruto de la concienciación en pro de la sostenibilidad, quizás del apretón de la economía o tal vez de la mezcla de ambas, las tiendas que comercializan bicis nuevas y también reparan y venden bicis de segunda mano (comercios por lo demás muy abundantes en los años 70 y 80) proliferan en nuestro país. A poco que se rebusque en la web se encuentran comercios especializados como el veterano Ciclos Altzaga de Erandio (inaugurado hace treinta años por Óscar Moreno, relevado ahora por su hijo Igor), Re-cycling (Madrid y Barcelona), Secondbike (Madrid), Rebici (Móstoles), Bike Taller (Reus), Manrubia, (Vall d'Uixó), Mestre Bikes (Tárrega), Bicicletas Taboada (Lugo), Bicicletas Segundo Ciclo (Pamplona) y Bicicletas San José (Palencia). Pero hay muchas más. Una de las pioneras en este campo y por lo demás vinculada al concepto de Economía Solidaria es Recicleta (Zaragoza).

Un 80% corresponde a bicicletas nuevas y un 20% a las de segunda mano, por el filtro necesario de comprobar que estas no sean robadas, porque no admitimos cualquier bicicleta que entre por nuestra puerta

Óscar Gómez — Recicleta (Zaragoza)

Nacida en 1996, en el seno de la asociación del mismo nombre ubicada en el barrio La Magdalena, en ella se dedicaban a encauzar laboralmente a los chavales en busca de empleo, lo que les llevó a fundar una ciclomensajería, Grupo La Veloz Cooperativa, “que trabaja desde 1993 por construir y potenciar proyectos económicamente viables, ecológicamente sostenibles y socialmente justos”. Ya en 1996 surgió Recicleta como marca comercial de La Veloz. Óscar Gómez, uno de los socios de la cooperativa, señala que entre los objetivos de Recicleta se halla “fomentar el uso de la bicicleta en todas sus variantes (urbana, cicloturismo, deportiva, etc), apostando por el reciclaje y venta de bicicletas de segunda mano, priorizando así valores de conservación”. Indica, no obstante, Gómez que en el global de ventas de Recicleta, “un 80% corresponde a bicicletas nuevas y un 20% a las de segunda mano, por el filtro necesario de comprobar que estas no sean robadas”, porque como él bien señala, “nosotros no admitimos cualquier bicicleta que entre por nuestra puerta”.

En Zaragoza, igualmente, se halla Ciclofactoría, tienda especializada en ciclismo urbano y en la restauración de bicicletas clásicas. Su ideario es ser “un espacio donde creamos, reciclamos, e intentamos arreglar las cosas antes que sustituirlas”, de ahí que cuenten incluso con una marca de bicicletas de “segunda vida”, Palmira. Máquinas donadas que reciclan para convertirlas en bicicletas urbanas con una especial utilidad social, pues al comprarlas destinan el 25% de los beneficios a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer.

Y de Aragón nos movemos al noroeste de España, a Valladolid. Allí está Reciclo, tienda especializada en la venta de bicis de segunda mano. La abrió hace ocho años Alberto Blanco, un arquitecto al que la crisis económica del año 2000 hizo reorientar su vida laboral. Optó por una opción sencilla y al tiempo sostenible. Quien en Valladolid quiere vender una bici que no usa se dirige a Reciclo. Allí la tasan y la compran, la limpian, la reparan y la dejan lista para ser vendida nuevamente, dándole una “segunda vida”, a un precio razonable, de ocasión. Apunta Blanco un problema no menor (por lo demás señalado por otros  comercios que aparecen en este reportaje) que lastra la venta de bicis reutilizadas, la posibilidad de que estas sean robadas. Es un extremo que ellos minimizan al máximo consultando con la policía las denuncias de bicicletas sustraídas y revisando concienzudamente foros de la web y páginas de venta en internet.

Reparando para la gente del barrio

Este viaje en busca de recuperadores de bicicletas nos lleva luego a Vitoria. Allí se halla el Taller de Asier, abierto desde 2013. Asier García Casteig es su propietario, dedicado por vocación a la reparación de bicis más bien bastante usadas, aunque también a la venta de máquinas nuevas, pero muy concretas —“de las que me gustan”, precisa él mismo—: bicis de pista, de carga, de viaje. 

Trabajador en su día en el servicio de préstamo de bicicletas del Ayuntamiento de Vitoria y formador itinerante de circulación en colegios de dicha capital, Asier abrió su taller hace siete años y medio. Allí repara de todo, como él mismo dice: “Desde bicis de apariencia cochambrosa que llevan años abandonadas en un camarote a bicis de antiguos stocks, sillas de ruedas y, cómo no, bicis modernas”. Mecánico pasional, recuerda con orgullo que hace unos años devolvió a la vida una bici de 1909. “Una bici complicada, con mucha ingeniería —dice—, con muchos engrasadores y una cadena gordísima. Una bici pensada para durar que a base de limpiar, cortar, lijar y añadir elementos volvimos a echar a rodar”.

Hago algo muy específico como la reparación y no tengo gran competencia. En Vitoria hay muchas tiendas de bicicleta, pero son casi concesionarios

Asier García Casteig — Taller de Asier (Vitoria)

Dinero. Le preguntamos a Asier si es caro devolver a la vida una bici vieja y a un interrogante tan tonto responde con lógica: “Tengo clientes de muy bajos recursos a los que diez euros les supone mucho. Gente que me paga con un montón de monedas de veinte céntimos que han ahorrado a lo largo de semanas. Caro o barato, depende. Todo es relativo”.

Al ser Vitoria una de las ciudades de España que más apuesta por la movilidad sostenible, la mayoría de su clientela está concienciada en el uso de este medio transporte, extremo que le llevó a detectar la necesidad de la existencia de pequeños talleres de barrio que, como el suyo, diesen servicio de reparación a gentes que no encontraban dónde repararlas. Y ahí es donde se lanzó. Por suerte su taller tiene mucho trabajo. “Hago algo muy específico como la reparación y no tengo gran competencia. En Vitoria hay muchas tiendas de bicicleta, pero son casi concesionarios —dice—. Comercios para ciclistas deportivos, gente que va a gastarse mucho dinero. Yo soy lo que siempre había querido ser, como el taller mecánico de coches que antes había en los barrios, pero en bicicletas”.

Dos ejemplos a seguir

Apostando por esta vía de dar una segunda vida a bicicleta en desuso, hallamos diversos proyectos ecológicos y participativos como el de la Asociación Gurpil Taldea de la Comunidad de San Marcos (la agrupación de municipios que gestiona los residuos domiciliarios de la Comarca de San Sebastián). Formado por un grupo de amigos aficionados a la bicicleta, desde 2015 vienen recuperando entre 60 y 100 bicicletas al año en su taller de Beraun. Bicicletas aportadas por donación de particulares y también gracias a la colaboración de la Policía Municipal de Errenteria, que les avisa si en sus rondas de vigilancia detecta alguna que esté abandonada.

Dicen que toda buena acción tiene su consecuencia. Por ello, a la estela de Gurpil Taldea nació en septiembre de 2020 Bir-ziklatu, un proyecto institucional auspiciado por la Dirección de Movilidad Territorio y el departamento de Medio Ambiente del Territorio de Gipuzkoa. Su objetivo: recuperar, reutilizar y poner en valor aquellas bicicletas aún utilizables que por diferentes motivos han sido desechadas o arrojadas a la basura, evitando así la innecesaria generación de residuos y creando un modelo alternativo de consumo más sostenible. Reparadas mediante una red de talleres colaborativos que trabajan sin ánimo de lucro, como ocurre en otros países como Francia o Alemania, dichas bicis están garantizadas por una etiqueta de calidad que avala que están perfectamente reparadas y listas para volver a la carretera y prolongar su vida útil.

Manresa, en la provincia de Barcelona, y Reus, en la de Tarragona, son ahora mismo las ciudades catalanas que sufren una mayor incidencia del coronavirus. La primera, con una incidencia acumulada de 724 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas; la segunda, con 717. Ambas se sitúan entre las 25 grandes ciudades españolas con mayor impacto de la epidemia. 

Los malos datos ya se hacen notar en ambas ciudades y en el Hospital Sant Joan de Déu de Manresa se ha superado en esta tercera ola la cifra de ingresados de la segunda. En estos momentos, según han explicado sus responsables a TV3, hay 118 personas ingresadas por COVID-19, más que las 91 que alcanzaron en el pico de la segunda ola, aunque lejos de los 385 de la primera.

Más allá de estas dos ciudades, los casos siguen en aumento en Catalunya. En las últimas 24 horas, se han notificado 4.780 positivos por PCR o tests de antígenos. Los ingresados en el hospital han superado por primera vez la barrera de los 2.500, mientras que los que están en la UCI son 493, que ocupan más de la mitad de camas. Por otra parte, se ha informado de 11 nuevas muertes y el total es de 17.725.

Este 13 de enero se cumple una semana desde que se aplicaron más restricciones en Catalunya posteriores a las fiestas de Navidad, pero los datos no reflejan ninguna mejora. El Govern deberá revisarlo a finales de esta semana. Por ahora, Catalunya mantiene un confinamiento perimetral de todos los municipios, el cierre de comercios en fin de semana y importantes restricciones horarias y de aforo en los bares.

“La situación es muy preocupante y hemos tomado medidas muy restrictivas para mantener la curva de la pandemia”, ha defendido este miércoles en sede parlamentaria la consellera de Presidencia, Meritxell Budó.

La Justicia ha vuelto a concluir que los policías no pueden ser víctimas de delito de odio. El titular del juzgado de instrucción 3 de Reus (Tarragona) ha archivado la causa contra un mecánico de coches investigado durante un año por presunto delito de odio a raíz de una denuncia de una policía a la que se negó a arreglarle el vehículo tras el 1-O.

El mecánico le dijo, al llevar a reparar el coche, que a partir del 1 de octubre no trabajaría más con la Policía Nacional ni la Guardia Civil porque eran “unos opresores”. “Búscate otro taller porque yo no trabajo con maltratadores”, dijo el mecánico, recoge el auto. El mecánico añadió que al no ser un concesionario oficial podía negarse a atender a clientes.

El juez recuerda que, tal y como ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en varias ocasiones, “el discurso de odio u hostilidad contra la autoridad o contra los agentes de la misma no puede ser sancionado conforme al artículo 510 del Código Penal”, ya que este tipo delictivo protege a colectivos vulnerables y discriminados por razón de género, raza u orientación sexual, no el hecho de ser policía o agente de la autoridad.

“El investigado, con sus palabras, será un empresario muy poco diligente pero no ha cometido un delito de odio”, concluye el juez instructor, que destaca que de las palabras del mecánico “no hay elementos que las permitan incluir en el delito de odio, con independencia de la intolerancia y hostilidad que reflejan”. No obstante, abre la puerta a reclamar una sanción por la vía administrativa.

El mecánico permanecía imputado en la causa por la que el alcalde de Reus y cuatro concejales del municipio están a un paso de ir a juicio por delito de odio por un manifiesto contra la Policía. Los bomberos y los responsables de un gimnasio inicialmente denunciados también fueron exculpados.

“Instamos a la titularidad de los establecimientos hoteleros de Reus a que hagan todo aquello que resulte para que de manera inmediata la Policía deje de alojarse en sus establecimientos y, por tanto, abandone nuestra ciudad”. Las palabras de este manifiesto, suscrito por el alcalde de la localidad tarraconense, Carles Pellicer (PDeCAT), y los portavoces municipales del PDeCAT, ERC, la CUP y Ara Reus han provocado que la jueza deje a un paso del juicio a los cinco políticos por un presunto delito de incitación al odio.

En un auto, la titular del juzgado de instrucción 2 de Reus concluye la investigación de la causa y la traslada a la Fiscalía para que acuse a los cinco políticos. Considera la instructora que el manifiesto, leído por los políticos en la plaza del pueblo el 3 de octubre del año pasado, “contiene una conminación expresa que incita al odio y la discriminación” contra la Policía “no por el hecho de ser policías, sino 'policía española'”.

Es decir, la jueza entiende que el rechazo de los políticos a la presencia en Reus de los policías que se alojaron hasta el 4 de octubre en un hotel del municipio no se basa en su condición de agentes de la autoridad ni a la actuación el 1-O, sino a su nacionalidad española.

De ahí que la instructora pueda encajar el manifiesto en los delitos de odio, que castigan la discriminación por orientación sexual, raza o nacionalidad, todos ellos colectivos de los que, a priori, no formaría parte la Policía. Para apoyar su argumentación, la instructora recuerda el caso de Alsasua, en el que la Audiencia Nacional aplicó la agravante de odio contra los jóvenes que se pelearon con dos guardias civiles al entender que buscaban “expulsar a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra”.

En su auto, la instructora valora que el objetivo de los concejales era “alentar e incitar a la población para que expulsaran a los policías” de Reus. Remarca que el manifiesto, al que siguió una manifestación hasta el hotel donde se alojaban los agentes, es una “conminación expresa que incita al odio y la discriminación” que “fue realizada con publicidad ante una gran masa de personas”.

Es más, la jueza entra en consideraciones políticas y reprocha que los concejales “calentaran e incitaran a los ciudadanos” cuando su obligación era “calmar los ánimos de la población”. Y asegura la jueza que los agentes terminaron “atrincherados” en el primer piso del hotel donde se alojaban debido a la manifestación, aunque reconoce que ningún manifestante entró en el establecimiento al estar bloqueadas las puertas y que lo máximo que hicieron fue colocar pegatinas y “aporrear” el cristal de la fachada.

Por contra, la instructora ha archivado la causa contra otros dos concejales de la CUP porque no suscribieron el manifiesto; y contra dos responsables de un gimnasio, en su caso investigados por vetar la entrada de agentes en su establecimiento. La jueza los exculpa porque sí dejaron apuntarse a los agentes en el gimnasio antes del 1-O y no fue hasta después de la votación que los vetaron, debido a la presión de clientes que amenazaban con darse de baja si no expulsaban a los policías, todo ello “como consecuencia del ambiente de hostilidad y animadversión” generado por los políticos.

Asimismo, han quedado fuera de la causa nueve bomberos imputados por ir con uniforme y usar uno de los camiones del cuerpo en la manifestación en el hotel donde se alojaban los policías el 3 de octubre. Entiende la jueza que el uso de material público no es suficiente para continuar con una causa penal, pero abre la puerta a que se les puede sancionar por la vía administrativa.

López Bofill, absuelto

Por otro lado, la Audiencia de Barcelona ha absuelto de un delito de odio al profesor de la Universidad Pompeu Fabra Hèctor López Bofill ante la duda razonable de si sus tuits contra jueces y fiscales rebasaron la “delgada línea roja” de la libertad de expresión, si bien le ha advertido de que “sembrar la semilla del odio es peligroso”. La Fiscalía pedía para el docente 15 meses de cárcel y que fuera inhabilitado como profesor durante cuatro años.

En su sentencia, la sección octava de la Audiencia de Barcelona exculpa al excandidato de Solidaritat per la Independència (SI) de un delito de incitación al odio por varios mensajes que publicó en Twitter en 2016, entre ellos uno en que afirmaba: “Cuando seamos independientes me acordaré de los jueces, fiscales y funcionarios varios que ahora contribuyen a extorsionar Catalunya”.

En su resolución, la Audiencia remarca que López Bofill difundió sus tuits con intención de expresar su opinión en el ejercicio de su libertad de expresión, “siendo consciente de la gran polarización que afectaba a la sociedad catalana y al resto de España en aquel momento, producida por las graves tensiones derivadas del proceso independentista que estaba y sigue sufriendo dicha sociedad, con una gran agitación, fractura y enfrentamiento de carácter social”.

La Audiencia apunta que la Justicia no está para proteger el “buen gusto”, sino el derecho a exponer libremente el pensamiento, “por rechazable que parezca a muchos, incluso cuando lo parece a casi todos”. Según el tribunal, López Bofill, en su condición de profesor de derecho constitucional, “debería saber por la disciplina que imparte y los autores a quien lee, que sembrar la semilla del odio es peligroso” y que, por los destinatarios a los que puede llegar, “está utilizando un lenguaje cuando menos censurable”.

Los Mossos d'Esquadra han detenido este lunes a la concejal de la CUP en el Ayuntamiento de Reus (Tarragona) Mariona Quadrada por no haberse presentado a declarar tras haber sido requerida por el juez.

La policía catalana la ha detenido sobre las 8.40 horas tras una orden judicial, han informado a Europa Press los Mossos d'Esquadra. Quadrada tenía que declarar este lunes por un presunto delito de incitación al odio a raíz de una denuncia de Ciudadanos tras la huelga soberanista del 3 de octubre.

El pasado mes de marzo, Quadrada ya fue detenida por plantar el juez, en este caso en el marco de la causa donde se negó por tres veces a comparecer voluntariamente como investigada y por la que están imputados todos los concejales independentistas de Reus por un manifiesto contra la presencia de la Policía en el municipio en el 1-O.

Los padres castellanohablantes cuyos hijos estudian en la Escola Marià Fortuny no necesitan un traductor de catalán para acudir a las reuniones escolares. En este centro público de Reus (Tarragona), esta sugerencia de la dirección del colegio solo se dirige a los padres que no hablan ni castellano ni catalán. Algo que ocurre con algunas familias de origen magrebí o chino, por poner ejemplos.

Varios medios han publicado en los últimos días que este colegio “exigía traductor a los padres castellanohablantes” o que “pese a que el profesor sabe castellano y podrían hablar en el mismo idioma, el centro ve necesario que acuda un traductor”. Una información que se basaba en una circular del propio centro, en la que se dice: “Si no habla o entiende el catalán hay que asistir a la entrevista acompañados de una persona que pueda traducir. Si no conocen a una persona que os pueda hacer de traductor informe al tutor o tutora”.

Las mayores críticas al centro llegaron desde Twitter. Especialmente desde cuentas vinculadas al movimiento de Tabarnia o desde Ciudadanos. Incluso Albert Rivera se pronunció al respecto.

La directora del centro, Núria Sabaté, admite en conversación con eldiario.es que han cometido un error y que van a corregir ese texto para que quede más claro que la instrucción es para los padres que no conocen las lenguas cooficiales por venir de otros países. Pero niega rotundamente que sea aplicable para aquellos que solo hablen castellano y no catalán.

“Tenemos muchas familias que son de fuera, especialmente magrebíes, y no entienden ni castellano ni catalán, y por eso incluimos ese texto en las notas para los padres. Hablamos normalmente en castellano por eso precisamente, y dimos por hecho que con esa circular se nos entendía perfectamente. Pero ya lo hemos modificado en la web”, aclara Sabaté.

Además de las explicaciones de su directora, que asegura que ningún medio se ha puesto en contacto con ella para contrastar lo que decía ese texto, la escuela Marià Fortuny ha emitido otro comunicado aclaratorio. “Hace tres años se optó por añadir esta frase debido al alto número de padres y/o madres que venían a las entrevistas y no hablaban ninguno de los dos idiomas oficiales. Obviamente, hay un error y la dirección la enmendará”, explica el centro.

Los dos concejales de la CUP de Reus (Tarragona) que fueron detenidos este miércoles han quedado en libertad este jueves tras comparecer ante la jueza que les investiga por un presunto delito de incitación al odio por el manifiesto que firmaron en contra de la Policía Nacional. Marta Llorens y Oriol Ciurana se han acogido a su derecho a no declarar ante la titular del juzgado de instrucción 2 de Reus.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a Ciurana y a Llorens después de que los concejales se negaran por dos veces ir a declarar como imputados ante la jueza que investiga al alcalde y a seis ediles del municipio dentro de la causa que instruye a raíz de la denuncia de la Policía.

A la salida del juzgado, Llorens y Ciurana han agradecido el apoyo del centenar de personas que les esperaban. “Nos mantendremos en pie para seguir luchando”, ha afirmado Llorens.

Asimismo, la concejala de la CUP de Reus Mariona Quadrada, denunciada por la Policía Nacional por incitación al odio por firmar un manifiesto contra su presencia en esta localidad, ha anunciado que este viernes no se presentará a declarar, al igual que sus compañeros.

Quadrada está citada a declarar este viernes por segunda vez, ya que la primera citación no se pudo materializar porque su abogado tenía otra causa a la misma hora. “Esperaré que procedan como crean que tienen que hacer. Seguramente, la detención está asegurada”, ha aseverado.

Del total de 14 imputados en la causa de Reus, siete son el alcalde y los concejales independentistas por un manifiesto del pasado 4 de octubre en el que condenaron la “violencia” ejercida por los cuerpos policiales el el 1-O y criticaron que los antidisturbios convivieran “con nuestro vecindario” en el municipio. Los políticos instaron al hotel de Reus donde se alojaban antidisturbios a “hacer todo lo que resulte adecuado y necesario para que de manera inmediata” los agentes dejaran el establecimiento, frente al que vecinos de Reus protestaban desde el 1-O.

Además, en la causa están imputados cuatro bomberos por presuntamente usar material del parque de bomberos de Reus durante las protestas frente al hotel y dos responsables de un gimnasio de Reus (Tarragona) que habrían echado del gimnasio a un grupo de agentes, acusaciones que negaron en su declaración judicial.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos concejales de la CUP de Reus (Tarragona) que se negaron por dos ocasiones a ir a declarar como imputados ante la jueza que investiga al alcalde y a seis ediles del municipio por un manifiesto contra la Policía Nacional. La detención tiene como único objetivo que los concejales comparezcan ante el juzgado este jueves a las 9:00h., han informado fuentes judiciales.

La titular del juzgado de instrucción 2 de Reus citó a los concejales de la CUP el 23 y el 29 de noviembre para comparecer como imputados –investigados, según la nueva denominación– por un presunto delito de incitación al odio dentro de la causa que se instruye a raíz de la denuncia de la Policía.

Los ediles anticapitalistas plantaron a la jueza, por lo que lo que la instructora ha dictado una orden de arresto con el objetivo de que comparezcan ante la justicia. Desatender las citaciones judiciales es algo habitual en los cargos públicos de la CUP, pues los anticapitalistas no reconocen la autoridad de los tribunales.

Los dos concejales, Marta Llorens y Oriol Ciurana, han comparecido frente al ayuntamiento de Reus antes de ser detenidos para reafirmarse en su rechazo a comparecer ante la jueza. “La justicia española no nos representa”, han asegurado.

Del total de 14 imputados en la causa de Reus, siete son el alcalde y los concejales independentistas por un manifiesto del pasado 4 de octubre en el que condenaron la “violencia” ejercida por los cuerpos policiales el el 1-O y criticaron que los antidisturbios convivieran “con nuestro vecindario” en el municipio.  Los políticos instaron al hotel de Reus donde se alojaban antidisturbios a “hacer todo lo que resulte adecuado y necesario para que de manera inmediata” los agentes dejaran el establecimiento, frente al que vecinos de Reus protestaban desde el 1-O.

Además, en la causa están imputados cuatro bomberos por presuntamente usar material del parque de bomberos de Reus durante las protestas frente al hotel y dos responsables de un gimnasio de Reus (Tarragona) que habrían echado del gimnasio a un grupo de agentes, acusaciones que negaron en su declaración judicial.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha enmarcado en el “normal funcionamiento de la justicia”  la detención los concejales. A su juicio, si los dos hubieran ido el día que les citaron “no hubiera pasado nada de esto”.

“Ojalá no tuviéramos que conocer estos casos de personas que son renuentes a colaborar con la Justicia”, y entonces “la Justicia se ve obligada a llevarles de esa manera forzada que parece que es algo llamativo”, ha reflexionado Catalá.

Los tres concejales de la CUP de Reus (Tarragona) imputados por un presunto delito de incitación al odio por un manifiesto contra presencia de la Policía Nacional en el municipio se han negado a acudir a declarar este miércoles. La titular del juzgado de instrucción 2 de Reus les había citado porque no comparecieron el pasado día 23 de noviembre junto al alcalde del municipio y otros concejales investigados dentro de la causa que se instruye a raíz de la denuncia de la Policía.

Ninguno de los tres concejales de la CUP –Marta Llorens, Mariona Quadrada y Oriol Ciurana– ha comparecido este miércoles en el juzgado, aunque sí lo han hecho sus letrados y el del resto de investigados.

Fuentes judiciales han informado que por el momento la jueza no ha tomado ninguna medida en relación a los investigados y que en los próximos días resolverá lo que considere pertinente. En anteriores ocasiones, cuando ediles de la CUP se negaron a acudir a declarar, los jueces decidieron que los Mossos les arrestaran para pasar a disposición judicial.

Del total de 14 imputados, siete son el alcalde y los concejales independentistas por un manifiesto del pasado 4 de octubre en el que condenaban la “violencia” ejercida por los cuerpos policiales el el 1-O y criticaban que los antidisturbios convivieran “con nuestro vecindario”. Por ello pedían al Gobierno revertir el despliegue de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en Catalunya.

Los políticos animaban además al hotel de Reus a hacer “hacer todo lo que resulte adecuado y necesario para que de manera inmediata” los agentes dejaran sus establecimientos. Vecinos de Reus protestaban desde el 1-O frente al hotel donde estaban alojados los policías en protesta por las cargas.

Además, en la causa están imputados cuatro bomberos por presuntamente usar material del parque de bomberos de Reus durante las protestas frente al hotel y dos responsables de un gimnasio de Reus (Tarragona) que habrían echado del gimnasio a un grupo de agentes, acusaciones que negaron en su declaración judicial.

Segunda jornada de interrogatorios en el juzgado de instrucción 2 de Reus (Tarragona). Este jueves fue el turno del alcalde y de los concejales independentistas, y este viernes cuatro bomberos y dos responsables de un gimnasio de la localidad han declarado por un presunto por un presunto delito de incitación al odio contra la Policía Nacional por las protestas contra la presencia de los agentes en el municipio.

Fuentes judiciales han informado que los responsables del gimnasio han negado el presunto delito de incitación al odio. La Policía les denunció por este delito por supuestamente haber echado del gimnasio a un grupo de agentes.

Los imputados han explicado que varios clientes, al saber que agentes se entrenaban en el gimnasio, advirtieron de que se darían de baja, y que, tras hablar con los policías, llegaron a un acuerdo con los agentes para devolverles las cuotas, por lo que en ningún caso se les vetó ni echó.

Los bomberos, además de por el delito de incitación al odio, están imputados por malversación por supuestamente haber usado material del cuartel en las manifestaciones frente al Hotel Gaudí de Reus para pedir que los agentes se marcharan del pueblo.

El alcalde de Reus, Carles Pellicer (PDeCAT), defendió este jueves ante la jueza que el manifiesto contra la presencia policial en el municipio que firmaron los concejales de su grupo, ERC, AraReus y la CUP buscaba “recuperar la convivencia” y “tranquilizar” a la población tras las cargas del 1-O.

El alcalde de Reus, Carles Pellicer (PDeCAT), ha defendido ante la jueza que el manifiesto contra la presencia policial en el municipio que firmaron los concejales de su grupo, ERC, AraReus y la CUP buscaba “recuperar la convivencia” y “tranquilizar” a la población tras las cargas del 1-O.

Pellicer ha declarado este jueves como imputado por un presunto delito de incitación al odio ante la titular del juzgado de instrucción 2 de Reus, que mantiene abierta una investigación contra él y otras 13 personas por su actuación contra la presencia de antidisturbios de la Policía que se alojaban en el Hotel Gaudí de Reus desde mediados del mes de septiembre y hasta mediados de octubre, cuando finalizó el contrato.

Del total de 14 imputados, siete son el alcalde y los concejales independentistas por un manifiesto del pasado 4 de octubre en el que condenaban la “violencia” ejercida por los cuerpos policiales el el 1-O y criticaban que los antidisturbios convivieran “con nuestro vecindario”. Por ello pedían al Gobierno revertir el despliegue de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en Catalunya.

Los políticos animaban además al hotel de Reus a hacer “hacer todo lo que resulte adecuado y necesario para que de manera inmediata” los agentes dejaran sus establecimientos. Vecinos de Reus protestaban desde el 1-O frente al hotel donde estaban alojados los policías en protesta por las cargas.

El resto de imputados, a raíz de una denuncia de la Policía, son bomberos que presuntamente participaron en las protestas frente al hotel y el propietario de un gimnasio que presuntamente habría vetado al entrada en su establecimiento a algunos agentes. Estos últimos están citados este viernes.

Junto a Pellicer, estaban citados este jueves la teniente de alcalde Montserrat Vidella, también del PDecAT; el portavoz del grupo municipal AraReus, Jordi Cervera; la de ERC, Noemí Llauradó, y la de la CUP, Marta Llorens, además de los concejales de la CUP Mariona Quadrada y Oriol Ciurana.

Vidella ha recordado que la manifestación denunciada fue “en absoluto silencio” y “con las manos en alto”, por lo que no puede ser tachada de violenta ni de incitar al odio.

De los tres concejales de la CUP citados a declarar, Marta Llorens y Oriol Ciurana se han negado a acudir y, a la puerta de los juzgados, Llorens ha calificado de “caza de brujas” la causa judicial. Ciurana, por su parte, ha manifestado que obedecen a “la República catalana y no a los juzgados españoles”. Una tercera concejal de la CUP, Mariona Quadrada, tampoco ha declarado porque su abogada tenía otro señalamiento.

La Generalitat ha imposat una multa de mig milió d'euros a Gas Natural per la mort de Rosa, l'anciana víctima de la pobresa energètica morta a Reus  en un incendi al seu domicili el passat novembre. Segons l'expedient sancionador de l'Agència Catalana de Consum, la companyia subministradora va tallar l'electricitat a la dona sense reclamar als serveis socials l'informe de vulnerabilitat a què obliga la llei.

Així ho ha anunciat aquest dijous en roda de premsa el secretari d'Empresa i Competitivitat, Joan Aregio, que ha informat de la imposició de la sanció a la companyia energètica després que la Generalitat hagi resolt l'expedient. És una multa exemplar, tipificada com a “molt greu”, la primera d'aquest tipus que imposa la Generalitat, tot i que l'empresa té un termini de dos mesos per recórrer.

Aregio ha explicat que el tall de subministrament sense reclamar l'informe de vulnerabilitat és un fet “greu” però que, en el cas de la dona morta a Reus, la infracció s'eleva a “molt greu” per haver originat “una alteració social greu, d'alarma i desconfiança”. A més, ha indicat que, per l'edat, la persona afectada pertanyia a un col·lectiu que el Codi de Consum protegeix especialment.

La llei catalana contra la pobresa energètica, la 24/2015, obliga les companyies a reclamar informes de vulnerabilitat sobre les famílies a les que tenen intenció de tallar-los el subministrament per impagament. Aquesta petició d'informe funciona com avís a l'administració que, en cas que la família estigui en risc d'exclusió, es fa càrrec de les factures acumulades i futures.

Des de l'entrada en vigor de la llei, la Generalitat ha imposat 108 multes en total per pobresa energètica, sent l'administració catalana que més ha sancionat, tal com va explicar Catalunya Plural. A més, el municipi de Sabadell també va imposar 11 multes el passat mes de maig . 

La Generalitat ha impuesto una multa de medio millón de euros a Gas Natural por la muerte de Rosa, la anciana víctima de la pobreza energética fallecida en Reus en un incendio en su domicilio el pasado noviembre. Según el expediente sancionador elaborado por la Agencia Catalana de Consumo, la compañía suministradora había cortado la electricidad a la mujer sin reclamar a los servicios sociales el informe de vulnerabilidad al que obliga la ley.

Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa el secretario de Empresa y Competitividad, Joan Aregio, que ha informado de la imposición de la sanción a la compañía energética después de que la Generalitat haya resuelto el expediente. Se trata de una multa ejemplar, tipificada como “muy grave”, la primera de este tipo que se impone desde la Generalitat, aunque la empresa tiene un plazo de dos meses para recurrirla.

Aregio ha explicado que se trata de un hecho “grave” el corte de suministro sin reclamar el informe de vulnerabilidad pero que, en el caso de la mujer fallecida en Reus, la infracción se eleva a “muy grave” por haber originado “una alteración social grave, de alarma y desconfianza”. Además ha indicado que la persona afectada pertenecía por motivos de edad a un colectivo que el Código de Consumo protege especialmente.

La ley catalana contra la pobreza energética, la 24/2015, obliga a las compañías a reclamar informes de vulnerabilidad sobre las familias a las que tienen intención de cortarles el suministro por impago. Esta petición de informe funciona como aviso a la administración que, en caso de que la familia esté en riesgo de exclusión, debe hacerse cargo de las facturas acumuladas y futuras.

Desde la entrada en vigor de la ley, la Generalitat ha impuesto 108 multas en total por pobreza energética, siendo la administración catalana que más ha impuesto, tal y como reveló Catalunya Plural. Además el municipio de Sabadell también impuso 11 multas el pasado mes de mayo. 

El entrenador del CD Tenerife, José Luis Martí, ha asegurado que el CF Reus, rival del domingo del conjunto blanquiazul, es “un rival difícil”, que juega “con las líneas muy juntas” por lo que lo convierte en uno de los equipos más complicados de la categoría.

“A estas alturas y con sus resultados, por supuesto que no es casualidad. Hay mucho trabajo detrás y está encontrando su recompensa”, ha agregado.

El técnico ha afirmado en rueda de prensa que son conscientes de la dificultad del encuentro de este fin de semana, como serán todos hasta el final de la temporada porque “las dificultades en este tramo de competición son todavía mayores”.

“El equipo llega bien, con la confianza necesaria para afrontar un partido muy complicado. Sabemos de las dificultades del CF Reus, como ha venido demostrando a lo largo de toda la competición. Pero evidentemente con la idea de explotar nuestras armas para conseguir los tres puntos”, ha agregado.

José Luis Martí ha insistido en que es importante “notar el apoyo y el cariño de la afición”, al tiempo que ha recalcado que están preparados para “asumir la responsabilidad que supone ser futbolista del CD Tenerife”.

“Habrá que circular el balón con la máxima velocidad y buscar crear superioridad, y ojalá podamos encontrar los espacios. Sabemos que un equipo que bascula muy rápido, que junta sus líneas y que no será fácil”, ha comentado el técnico, quien ha avisado de que deben estar “atentos a sus contras”.

El entrenador ha afirmado que prefiere no entrar en valoraciones arbitrales, “pero en los dos últimos partidos hubo errores en contra del CD Tenerife, es evidente y hay que convivir con ello”.

“Nos centramos en lo que podemos hacer y esperamos que el colegiado tenga su día, igual que nosotros”, ha agregado.

En cuanto a las declaraciones del entrenador del Getafe, José Bordalás, quien dijo que los jugadores del CD Tenerife fueron antideportivos durante el encuentro, el técnico ha dicho que sus futbolistas “juegan al fútbol de maravilla” y “lo que piensen los demás” no le preocupa “en exceso”.

El CD Tenerife disputará el encuentro del próximo domingo ante el Reus con cuatro futbolistas apercibidos de sanción, Aitor Sanz, Raúl Cámara, Aarón Ñíguez y Germán Sánchez, quienes se perderían el encuentro ante el Cádiz de la próxima semana si son amonestados ante el cuadro catalán.

Los cuatro jugadores son futbolistas habituales en las alineaciones de José Luis Martí, quien no podrá contar en Cádiz con el delantero hondureño Anthony Choco Lozano, que ha sido convocado con su selección para jugar el 24 y el 28 de marzo.

Mientras tanto, vuelve a estar disponible tras cumplir un partido de sanción por acumulación de cartulinas amarillas el lateral izquierdo francés Samuel Camille.

Por el contrario, están a dos amarillas de completar ciclo de amonestaciones Ismael Falcón, Jorge Sáenz e Iñaki Sáenz.