Arranca el año 2026 y con él llegan novedades para quienes cobran una pensión o quienes pasen a hacerlo en los próximos meses. El Gobierno aprobó a final de año una subida general de las pensiones del 2,7%, para compensar las subidas de precios de los productos básicos, aunque las más bajas crecen más: las mínimas, entre un 7% y un 11,4%, y las no contributivas, un 11,4%. Entre los cambios que llegan con el nuevo año, destaca el inicio del nuevo periodo de cómputo opcional, que se reguló en la reforma de pensiones de 2023, pero que aún no había empezado a desplegarse.

A continuación, resumimos algunas de las novedades más importantes sobre las pensiones para 2026.

¿Cuánto suben las pensiones?

En 2026, las pensiones crecen en general un 2,7%, que es el dato de inflación media del año anterior y la referencia aprobada en la reforma de pensiones de 2021 para mantener el poder adquisitivo de sus beneficiarios. Hay más de 9,4 millones de pensionistas en España y, aunque la gran mayoría son jubilados, estas prestaciones incluyen más tipos: incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares.

La subida del 2,7% supondrá, aproximadamente, “572 euros adicionales al año” para las personas con la pensión media de jubilación, que se sitúa alrededor de los 1.500 euros al mes. Son casi 41 euros más al mes, ya que las pensiones se abonan en 14 pagas, con la extra de verano y la de Navidad.

¿Cuánto aumentan las pensiones mínimas?

Más que el resto. Este año, el Gobierno ha aprobado un incremento del 7%, que en las “pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares” alcanza el 11,4%, según indica la Seguridad Social.

Por ejemplo, a partir de enero, la pensión mínima de jubilación para los hogares unipersonales aumenta en casi 62 euros al mes: queda fijada en 936,2 euros brutos al mes frente a los 874,4 euros mensuales de 2025. En el caso de la pensión mínima con cónyuge a cargo aumenta en 129 euros al mes, hasta situarse en 1.256,6 euros al mes (en 2025, ha sido de 1.127,6 euros al mes). Aquí se puede consultar el cuadro con todas las modalidades.

“Las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) se revalorizarán también en un 7,07% para 2026, lo que supone alcanzar los 599,60 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 582,10 euros mensuales para las concurrentes”, explicaba la Seguridad Social.

En la reforma de pensiones de 2023 se pactó una senda de incrementos independiente para estas prestaciones, las más bajas del nivel contributivo, y también para las pensiones no contributivas, con el objetivo de aproximarlas al umbral de la pobreza. Así se ha hecho desde 2023 y se mantendrá hasta 2027.

¿Y las no contributivas?

Las pensiones no contributivas crecen un 11,4%. Así, en 2026, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez íntegra, en su modalidad no contributiva, aumenta en 64 euros al mes y queda establecida en 629 euros mensuales, frente a los 564,7 euros al mes de 2025.

¿Cómo queda la pensión máxima?

La pensión máxima del sistema rozará los 3.360 euros al mes, en 14 pagas, o 47.034 euros anuales. Se trata de 92 euros más al mes que en 2025, un 2,815% más respecto a los 3.268 euros mensuales de este año.

El incremento de la pensión máxima es algo superior a la subida general (2,7%) porque en el segundo bloque de la reforma de pensiones se acordó que los sueldos más altos fueran cotizando más al sistema de la Seguridad Social y, en paralelo, las pensiones máximas también irían aumentando algo más. Así, su aumento es del IPC medio más un 0,115 puntos porcentuales cada año.

No obstante, este incremento del 2,815% solo se aplica a las nuevas pensiones máximas del sistema, ya que es una compensación por la mayor cotización que se está aplicando desde 2024 a los salarios más altos. Las pensiones máximas ya reconocidas aumentarán un 2,7%, como el resto de pensiones.

Además, puede haber algunas pensiones por encima del nuevo máximo del sistema, esos 3.360 euros mensuales: aquellas que perciban además el complemento contra la brecha de género en las pensiones cuyos cambios detallamos a continuación.

¿Y el complemento para reducir la brecha de género?

Aumenta un 2,7%, en un porcentaje similar al de la subida general de las pensiones. Se trata de un plus por hijo en las cuantías de las pensiones que fue regulado en 2021 —para sustituir al anterior de maternidad— y que se asigna principalmente a las mujeres, aunque también lo pueden percibir hombres. 

Este complemento aumenta en un euro al mes su cuantía respecto a 2025 y llegará a los 36,9 euros al mes por hijo en 2026. Este plus está ahora mismo siendo objeto de revisión por el Gobierno tras la sentencia europea que consideró que era discriminatorio para los hombres. Tras este fallo, el complemento se está reconociendo a más padres que a madres.

Arranca el nuevo periodo de cómputo opcional

A partir del 1 de enero se inicia el nuevo periodo de cómputo dual u opcional que reguló la reforma de pensiones de 2023. Este consiste en que, en los próximos años, los trabajadores podrán jubilarse teniendo en cuenta los actuales últimos 25 años de la carrera laboral para calcular su pensión o elegir los mejores 27 años dentro de los últimos 29, según cuál sea la más beneficiosa. Esta segunda opción se desplegará progresivamente a partir del año que ahora empieza y, desde 2044, el periodo que quedará será solo el segundo.

Este 2026, el periodo de cómputo se podrá calcular con los últimos 304 meses cotizados (25,33 años), de los que podrán descartarse dos meses, o seguir optando por los 25 años vigentes. La Seguridad Social aplicará de oficio la opción más beneficiosa para el pensionista.

¿Cuál será la edad de jubilación?

La edad legal para la jubilación ordinaria sube dos meses en este nuevo año, hasta los 66 años y diez meses cumplidos. Se trata del último paso del periodo de transición iniciado en 2013 para alcanzar la meta de los 67 años en 2027.

Las carreras más largas de cotización, de aquellas personas que hayan cotizado 38 años y 3 meses o más, se mantendrá en 65 años.

Así, en 2026 se puede acceder ya a la jubilación anticipada voluntaria a partir de los 64 años y 10 meses para aquellas personas que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses, y de los 63 años cuando hayan alcanzado este umbral. Es decir, dos años antes de la edad ordinaria y siempre que se cumplan el resto de requisitos.

¿Cómo quedan las penalizaciones por jubilación anticipada?

En el caso de las personas con derecho a la pensión máxima, desde 2024 —fruto de la reforma de pensiones de 2021— las penalizaciones (o coeficientes reductores) por jubilarse anticipadamente de manera voluntaria se van ampliando poco a poco.

En 2026, las penalizaciones máximas —por anticipar dos años la jubilación— irán del 9,1% al 6,7%, según los años cotizados.

El Parlamento Vasco ha suspendido la grabación de EiTB Maratoia a favor del envejecimiento saludable que iba a tener lugar este jueves, 4 de diciembre en el salón de plenos a las 08.45 horas. No se ha dado explicaciones de la suspensión de la grabación, que se ha producido tras un acuerdo de la Mesa fuera del orden del día, pero esta coincide con las críticas de EH Bildu, quien ha anunciado que no va a participar este año en la iniciativa solidaria al considerar que “no es coherente” que la Cámara apoye el envejecimiento saludable, cuando recientemente ha rechazado la toma en consideración de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para establecer unas pensiones “dignas”.

Desde EH Bildu defienden que es “difícilmente comprensible” que el Parlamento “pretenda reivindicar un envejecimiento saludable en EiTB Maratoia, cuando hace apenas dos meses rechazó sin siquiera debatirla una iniciativa legislativa popular que reclamaba pensiones dignas”. “No es coherente rechazar esta iniciativa que se basaba en garantizar unas condiciones de vida dignas para las y los pensionistas, y a continuación bailar para reivindicar el envejecimiento activo”, defiende la coalición que manifiesta que “es responsabilidad de las fuerzas políticas hacer políticas públicas y, en este caso, garantizar unas condiciones de vida dignas para promover el envejecimiento activo”.

En este sentido, desde EH Bildu recuerdan que el Movimiento de Pensionistas “lleva años luchando por mejorar sus pensiones”. “Por el respeto que como representantes políticos se le deben tanto a la propia política como al conjunto de la ciudadanía”, ha anunciado que no participará en la grabación que horas más tarde ha quedado suspendida.

Este periódico ha consultado a EiTB si van a realizar declaraciones al respecto, pero no han ofrecido declaraciones.

EiTB Maratoia es una campaña solidaria anual organizada por el grupo de comunicación público vasco EITB (Euskal Irrati Telebista). Su doble objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre una causa social de gran calado y recaudar fondos para la investigación o apoyo a la misma. La iniciativa surgió en los años 2000 y el pasado 2024 celebró su 25 aniversario, en el que pusieron el foco en las enfermedades cardiovasculares. A lo largo de estas dos décadas han recaudado fondos para investigar enfermedades como el Alzheimer, el autismo o el cáncer infantil, pero el Parlamento Vasco participa en la iniciativa al menos desde el año 2019 a través de vídeos musicales solidarios.

En el 2019, los parlamentarios grabaron una versión de “Lau Teilatu” de Itoiz, por la investigación del cáncer infantil; en 2020, se adhirieron a la “cadena de bertsos” de ese año, destinada a la investigación de la COVID-19; en 2021, cantaron “Zeinen ederra izango den” del grupo Zetak por el Alzheimer; en el año 2022 la Cámara vasca cantó “Euritan dantzan” de Gatibu por la Esclerosis múltiple, mientras que en el año 2023 los parlamentarios y parlamentarias cantaron y bailaron al ritmo del grupo ETS la canción “Aukera berri bat” por la investigación del cáncer.

En esta ocasión, la iniciativa se centra en el envejecimiento activo y saludable. Bajo el lema “¡Larga vida a la buena vida!” (Bizi bedi bizipoza! en euskera), la campaña tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de no solo vivir más años, sino de vivirlos mejor, y recaudar fondos para la investigación e innovación en este ámbito. Para ello, estaba previsto que el Parlamento Vasco, además de otras instituciones y ciudadanía en general, canten y bailen el icónico tema “Euskal rock 'n' roll” de Niko Etxart, versionado por él mismo junto a Aurora Beltrán y Janus Lester para la campaña.

El empuje que mantiene el empleo en los últimos diez años ha elevado el número de cotizantes por cada pensionista, de forma que en junio había 2,34 trabajadores por cada perceptor de una pensión en España, una cifra que se sitúa muy por encima de la que registra Asturias que, con 1,44 cotizantes por pensionista se sitúa a la cola del país.

En Asturias había a finales de junio 272.753 pensionistas y 393.659 afiliados, lo que sitúa la ratio de dependencia en el 1,44, según los datos de la Seguridad Social.

Ratio de dependencia

Al cierre de junio había en España 21,86 millones de afiliados y casi 9,4 millones de pensionistas, lo que sitúa la ratio de dependencia en el 2,34.

Esta tasa ha experimentado una evolución ascendente en la última década, pasando del 2,04 de junio de 2015 hasta el 2,34 del mismo mes de 2025, gracias a que el número de cotizantes ha crecido un 26,7 por ciento, casi tres veces más que el de pensionistas, que ha aumentado un 10,7 por ciento.

Diferencias territoriales

Pese al incremento notable de esta tasa de dependencia, hay diferencias territoriales que fluctúan desde los tres ocupados y medio por pensionista de Baleares a la poco más que paridad de Orense.

La tendencia al alza de la tasa de dependencia cambiará en el futuro, una vez se jubile la llamada generación del “baby boom” (aquellos nacidos desde finales de 1950 a mediados de 1970).

Más pensionistas

Este retiro en masa elevará el número de pensionistas hasta cerca de los 16 millones de personas, según las proyecciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que espera una población en edad de trabajar similar a la actual (36 millones).

En los últimos años, el Gobierno ha pactado con los agentes sociales reformas en el sistema de pensiones que buscan poder afrontar el incremento del gasto previsto en prestaciones durante las próximas décadas.

Autónomos

En una primera parte, aprobó un mecanismo de equidad intergeneracional y cambios en los incentivos y penalizaciones con el objetivo de alargar la edad real de jubilación, así como una reforma del sistema de cotización de los autónomos.

Asimismo, se incrementó la base máxima de cotización del sistema y se creó una cuota de solidaridad para los salarios más altos, todo ello con el fin de elevar los ingresos del sistema, para lo que también avanza en la actualidad con medidas para alargar la vida laboral de forma voluntaria.

Cada tres años

La reforma aprobada incluía una cláusula de salvaguarda que obliga a evaluar cada tres años los la proyección de gastos sobre ingresos del sistema y se ha concluido que no es necesario tomar medidas para evitar que se descuadren las cuentas de la Seguridad Social.

En la actualidad, la tasa de crecimiento anual de la afiliación media a la Seguridad Social (2,19 por ciento) es algo menos del doble que el crecimiento del número de pensionistas (1,70 %), de acuerdo con los datos de la Seguridad Social.

Régimen general

Al detalle, el grueso de los cotizantes (21,86 millones) se encuentra actualmente enmarcado en el régimen general (17,4 millones), en tanto que hay 3,4 millones de autónomos, 65.000 trabajadores del régimen del mar y 876 del carbón.

Del total de los 9,4 millones de pensionistas, la mayor parte recibe pensiones de jubilación (6,5 millones de personas), seguidos de los perceptores de viudedad (1,5 millones), incapacidad permanente (un millón), orfandad (321.116) y a favor de familiares (45.968).

La tasa de dependencia entre afiliados y pensionistas se ha mantenido en torno al 2 por ciento desde que hay registros (1990), si bien llegó a situarse cerca del 3 por ciento en 2007, año a partir del cual se ha ido moderando, aunque con altibajos, hasta la situación actual.

Provincias

Aunque la relación entre ocupados y pensionistas en el territorio nacional se sitúa en 2,34, las regiones presentan diferencias que evidencian cuáles son las más envejecidas o las más dinámicas en cuanto al empleo.

Así, las menores ratios de dependencia se registran en las comunidades uniprovinciales de Baleares (con 3,48 trabajadores por cada pensionista) y Madrid (3,25) o en Almería (3,06), mientras que las mayores se contabilizan en Orense (1,13), Lugo (1,33) y León (1,36).

Miles de personas se ha manifestado este sábado en las capitales vascas secundando la convocatoria del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria bajo el lema 'Soldata eta pentsio duinak hemen eta denontzat. Por unas pensiones y un salario mínimo justo y eficiente', a la que se han sumado todos los sindicatos, para exigir un salario mínimo y pensiones dignas “ya, aquí y ahora”.

Por la mañana, los pensionistas se han movilizado en Vitoria y esta tarde ha vuelto a recorrer las calles de la capital vizcaína y las de Donostia, para defender y exigir salarios y pensiones dignas, “ya, aquí y para todos, para garantizar a todas las personas pensionistas y trabajadoras poder acceder a unas condiciones de vida dignas”, informa Europa Press.

Momentos antes de iniciarse la manifestación de Bilbao desde el Sagrado Corazón, la portavoz del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria Andrea Uña, que ha explicado que llevan a cabo estas movilizaciones tras haber mantenido reuniones con todos los sindicatos, ha advertido que “no puede ser que mientras que las grandes empresas financieras cada vez ganan más dinero, y además dinero obsceno, la mayoría de los pensionistas y muchos trabajadores estén con salarios y pensiones de miseria”. Además, ha señalado que la mitad de los pensionistas de la Comunidad Autónoma Vasco son mujeres con “pensiones de miseria”, por lo que ha demandado que “se recorte la brecha de género” para que puedan “vivir mejor”.

Uña ha destacado el gran apoyo que ha recibido la convocatoria de manifestación por parte de movimientos sociales, grupos de mujeres y estudiantes, y ha asegurado que es una movilización “plural” abierta a “toda la ciudadanía, que cuenta con el respaldo de la mayoría de ella”. También antes de iniciarse la marcha, el responsable de Estudios de ELA, Aitor Murgia, ha dicho que las luchas “por los salarios y por las pensiones dignas van de la mano” porque “difícilmente tendremos unas pensiones dignas si no tenemos unos salarios dignos”.

En este sentido, ha criticado la negativa de Confebask a sentarse a negociar un salario mínimo para Euskadi con “la excusa, como siempre, de la competitividad de las empresas”, y ha acusado a la patronal vasca de “cerrar la puerta a que mucha gente pueda salir de la precariedad laboral”. También ha advertido al Lehendakari, Imanol Pradales, que, en este tema, “no tiene que ser equidistante y tiene que pedir a la patronal que se siente a negociar”.

Murgia ha considerado que el salario mínimo que “se impone desde el Estado es insuficiente para tener una vida digna en Euskal Herria” y ha asegurado que “poder decidirlo aquí y un aumento sustancial del mismo mejoraría la vida de muchísimas personas, especialmente de las más precarias, que tienen el rostro de mujer, personas migrantes, jóvenes y personas con discapacidad”.

Por su parte, la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha explicado que la movilización de este sábado tiene como finalidad reivindicar un “reparto más equitativo de la riqueza, unos salarios y pensiones dignas y poder decidir aquí nuestros salarios y pensiones”. Tras recordar que se han recogido más de 100.000 firmas respaldando la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a favor de equiparar las pensiones mínimas al SMI, ha advertido que ahora, “les corresponde al Parlamento vasco y a los partidos no dar la espalda a esa reivindicación”.

En cuanto al SMI, ha precisado que están “luchando por las condiciones del presente y por las del futuro”, ante una patronal que “ha abogado claramente por la explotación y que rehuye de su deber de negociación”. También ha criticado que la patronal “pretende ligar el debate del salario mínimo con el del absentismo” y traslada el mensaje de que si se quiere “avanzar en ciertos derechos” se tienen que “aceptar recortes”. “No lo vamos a aceptar”, ha reiterado, “nos van a tener enfrente y vamos a seguir peleando por un salario digno”. Ha asegurado así que van a reunir “miles de firmas a favor de la ILP para decidir aquí el salario mínimo interprofesional” y para reclamar que se tienen que tener “plenas competencias para ello”.

Aranburu ha exigido al Gobierno vasco que “presione a la patronal y dejar de dar apoyo a una patronal que apuesta por la conflictividad y que renuncia a su deber de negociación”, al tiempo que ha considerado que el Ejecutivo de Pradales “debe tener mayor valentía y determinación a la hora de defender el salario mínimo interprofesional”. “Vamos a seguir en la pelea para conseguir unos salarios y unas pensiones más dignas”, ha concluido.

La manifestación en Bilbao, que ha discurrido entre gritos de 'Gora pensionistas', 'Terrorismo es no llegar a fin de mes', 'Si el cgobierno no escucha seguiremos en la lucha' o 'Sin movilización no hay solución', ha estado acompañada por 'txistus' que encabezaban la marcha y centenares de personas ataviadas con chalecos y pañuelos rojos. Ante el Ayuntamiento de Bilbao, donde ha concluido la marcha, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha dado lectura a un manifiesto en el que han advertido de que “son cientos de miles las personas vascas las que no pueden cubrir sus necesidades básicas, pensionistas que perciben pensiones bajas o míseras y trabajadores con el salario mínimo interprofesional (SMI) establecido a nivel estatal, con el que no pueden hacer frente el coste de la vida en el país vasco”.

Según han denunciado, esta situación es “inaceptable, mientras las grandes empresas financieras y de energía baten récords de beneficios y el beneficio empresarial crece cuatro veces más porcentualmente que los salarios”. Al mismo tiempo, ha censurado que “las políticas fiscales siguen beneficiando a las rentas del capital en detrimento de las del trabajo, los ricos son cada vez más ricos a costa de la mayoría de la sociedad y las reformas de pensiones perpetúan pensiones mínimas miserables cada vez más alejadas del Salario Mínimo Interprofesional”.

Además, han reprochado a las patronales vasca y navarra que se nieguen a negociar y acordar un salario mínimo, “acorde a las condiciones socioeconómicas en Hego Euskal Herria”. “Y habrá que ver qué respuesta dan los gobiernos de Gasteiz y de Iruñea a la demanda del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria para que las pensiones mínimas se complementen hasta equipararlas al SMI”, han apuntado.

Según el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, “el reto de las movilizaciones es importante, pero hay que entenderlo como un paso más en las iniciativas a impulsar en los próximos meses”. Así, continuarán con la campaña de recogida de firmas en apoyo de la ILP que presentarán ante el Parlamento vasco el 15 de mayo, día que también han convocado una manifestación.

Por otro lado, ha señalado que el 1 de Mayo, Día Internacional de los trabajadores, “debe constituir otra cita de movilización y reivindicación en la que trabajadores, pensionistas y otros colectivos sociales y populares compartan las demandas que planteadas, así como otras que afectan de un modo cada vez más preocupante”. “El sistema neoliberal capitalista al que estamos confrontados con sus secuelas de explotación, opresión, guerras y rearmes, nos impone la necesidad de impulsar movilizaciones sociales cada día más amplias y unitarias que pongan freno al deterioro social y político en que estamos inmersos tanto en Euskal Herria como a nivel internacional”, ha concluido.

Empieza 2025 y lo hace con novedades en las pensiones, el alquiler, el transporte, con el fin de algunas rebajas fiscales y la introducción de nuevos impuestos, entre otras medidas.

Estos son los cambios y novedades legislativas en materia económica que entrarán en vigor en España a partir de este miércoles:

Pensiones

El Consejo de Ministros aprobó a finales de diciembre la subida de las pensiones contributivas en un 2,8%, beneficiando a más de 12 millones de ciudadanos. Las pensiones mínimas subirán alrededor del 6%, mientras que las no contributivas aumentarán un 9%. “Hemos protegido el poder adquisitivo de nuestros mayores, también de los trabajadores y ya les anticipo que vamos a volver a hacerlo en el año 2025”, dijo el 23 de diciembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La subida obedece a la fórmula de revalorización recogida en la Ley de reforma de las pensiones, en la que se tiene en cuenta como referencia el IPC interanual promedio de doce meses. La revalorización supondrá unos 600 euros al año adicionales para el bolsillo de las personas con una pensión media de jubilación contributiva, unos 500 para las pensiones medias del sistema.

Salarios

La Seguridad Social aplicará desde el 1 de enero de 2025 una cotización adicional, denominada cuota de solidaridad, por los salarios que superen la base máxima, que para el próximo año se situará en 4.909 euros mensuales —58.908 euros al año—, tras revalorizarse un 4% respecto a 2024. Esta cuota de solidaridad se repartirá entre empresario y trabajador, aunque no en la misma proporción: en torno al 83,4% irá a cargo de la empresa y cerca del 16,6% correrá a cargo del trabajador.

Además, la última reforma de las pensiones introduce también un pequeño cambio en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un impuesto obligatorio introducido en 2023 que hace al cada trabajador aportar un porcentaje a la Seguridad Social. Este año, dicho porcentaje incrementa levemente, pasando del 0,7% de 2024 al 0,8%. El aumento se distribuye en un 0,67% a cargo de la empresa y un 0,13% a cargo del trabajador y el ajuste —progresivo— continuará hasta alcanzar el 1,2% en 2029.  

Mientras, aunque no está todavía concretado, el Ministerio de Trabajo prevé introducir un incremento del Salario Minimo Interprofesional para este nuevo año. Este mes, la cartera de Yolanda Díaz pactó con los sindicatos una subida de un 5%, hasta los 1.134 euros mensuales en 2024. La patronal de la CEOE no ha firmado aún el acuerdo.

Descuentos del transporte

El Gobierno ha anunciado que mantendrá hasta finales de junio de 2025 los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalíes, Media Distancia Convencional y las líneas de autobús estatal para viajeros habituales. Se trata de las medidas de descuento al transporte que comenzaron a funcionar hace un par de años al introducirlas el Ministerio de Óscar Puente ante la subida de la inflación. También se incluyen descuentos de al menos el 50% en los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo urbano y metropolitano, además de un 50% de descuento en los sistemas públicos de alquiler de bicicletas.

Alquileres

El jueves se conocer el nuevo índice de referencia para la actualización de rentas. La nueva fórmula —un mecanismo que intenta limitar la subida general de los precios de los alquileres y proteger a los inquilinos españoles de un aumento excesivo de su alquiler— “incorpora mecanismos de corrección para la moderación en caso de incrementos superiores al 2%”, según informaron los ministerios de Vivienda y Economía.

Dicha fórmula tiene en cuenta el IPC y el IPC subyacente, una estimación a largo plazo de Economía sobre estos parámetros y un coeficiente establecido por Vivienda, que tendrá en cuenta “las circunstancias del mercado del alquiler”.

Además, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 la prohibición de desahucios y cortes de suministros básicos —agua, luz y gas— para consumidores vulnerables.

Fiscalidad

A partir de enero de 2025, finalizarán algunas rebajas fiscales implementadas para mitigar la inflación. El IVA de los alimentos básicos como pan y verduras volverá al 4%, mientras que las pastas y aceites de semilla retornarán al 10%. El aceite de oliva se mantendrá al tipo superreducido del 4%.  

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada la extensión del gravamen a las grandes energéticas para 2025. La medida plantea que las inversiones en descarbonización sean deducibles del impuesto, para incentivar proyectos de sostenibilidad. La intención del Ejecutivo con esta prórroga es que las compañías energéticas con grandes beneficios contribuyan de manera adicional en un contexto de transición energética, aunque la medida todavía tiene que pasar por el Congreso de los Diputados para ser aprobada de forma definitiva. Sánchez necesita para ello los votos de Junts y el PNV, apoyos que no tiene garantizados.

Además, se incrementará en dos puntos el IRPF para las rentas del ahorro superiores a 300.000 euros. También se modifica el impuesto de Sociedades: se aplicará un tipo mínimo del 15% para las grandes multinacionales.

Cuotas de autónomos

A partir del 1 de enero de 2025, el sistema de cotización para los trabajadores autónomos en España experimentará algunos cambios. Se ajustarán las cuotas según los ingresos reales. Es decir, que se determinarán en función de los rendimientos netos del autónomo. El objetivo es lograr una mayor equidad en el sistema, porque el nuevo enfoque busca que quienes obtienen menores ingresos paguen cuotas más bajas, mientras que aquellos con ingresos más elevados contribuyan con cuotas superiores.

Se han establecido nuevas tablas de cotización, con 15 tramos de rendimientos netos, cada uno con una base de cotización mínima y máxima asociada. En la mayoría de los tramos, las bases de cotización se incrementan respecto a 2024, lo que implica un aumento en las cuotas a pagar para muchos autónomos.

Protección en sectores estratégicos

Hace unas semanas el Ejecutivo prorrogaba también hasta el 31 de diciembre de 2026 el “escudo antiopas”, mecanismo que busca proteger a las grandes empresas clave españolas frente a adquisiciones extranjeras no deseadas. Estas operaciones requerirán, como hasta ahora, autorización gubernamental cuando superan el 10% del capital de empresas españolas o implican una participación significativa en su gestión.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha registrado su nivel más alto desde 2018. La hucha de las pensiones acumulaba, a 31 de mayo, un total de 7.022 millones de euros, según datos del ministerio, que atribuye buena parte del incremento al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que entró en vigor en 2023.

La hucha de las pensiones terminó el pasado ejercicio con 5.578 millones de euros, por lo que ha recibido desde entonces un total de 1.373 millones de euros, que el Gobierno vincula directamente con esa pequeña cuota adicional pactada entre el ejecutivo y los sindicatos en 2021 y cuyo incremento entró en vigor en 2023. El plan es un aumento progresivo, desde el 0,6% hasta el 1,2% en 2029, que se mantendrá hasta 2050, para hacer frente a las pensiones de la generación del baby boom. El aumento será de una décima al año, que asume en su mayor parte el empleador, hasta el punto, mientras el empleado hace frente al 0,2 restante.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ya indicó el pasado miércoles que “la principal fuente que nutre nuestro fondo de reserva es el mecanismo de equidad intergeneracional”. Según los datos de este departamento, gracias a esta fórmula se ingresan unos 300 millones adicionales al mes, por lo que estiman que “previsiblemente” la hucha de las pensiones alcance los 9.000 millones a finales de 2024.

La cifra, en cualquier caso, continúa muy lejos del máximo histórico de la hucha, registrado en 2011, el último año de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno. Aquel ejercicio, el fondo atesoraba 66.815 millones de euros. Rajoy vació el 90% en seis años, dejándolo en 8.095 millones en 2017.

Con todo, la ministra aseguró hace unos días que “el trabajo es la mejor garantía para el sistema de pensiones”. Y en ese ámbito el Ejecutivo también ha sacado pecho. Con datos de empleo en cifras récord, Saiz ha señalado que “los ingresos por cotizaciones crecieron un 10% en 2023”, por lo que “el sistema es sostenible”.

Trabajar más años y posponer la jubilación. Esa es la receta que están recomendando distintos organismos, nacionales e internacionales, para dar un respiro a las cuentas de la Seguridad Social. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) propone que España eleve la edad en la que dejamos de trabajar y extender el periodo de cotización sobre el que calculan las pensiones. Mientras, el Banco de España aboga por alargar la vida laboral porque “contribuye a reducir algunos de los efectos adversos del envejecimiento poblacional sobre el mercado laboral”. Sin embargo, el supervisor también asume que esta medida tiene, en realidad, un efecto limitado en el gasto en pensiones.

“El alargamiento de la vida laboral debería fomentarse  –más allá del aumento de la edad legal de jubilación– con la eliminación de distintos elementos, que, en la práctica, están contribuyendo a expulsar del mercado laboral a los trabajadores de mayor edad”, asegura el gobernador Pablo Hernández de Cos en el Informe Anual del último ejercicio, sin entrar al detalle sobre cuáles son esos elementos. 

Hernández de Cos sí apunta que, de cara al futuro, sería “deseable analizar en profundidad el efecto de los distintos cambios normativos introducidos”, en referencia a la última reforma de las pensiones. Sin embargo, reconoce que los incentivos para posponer la edad de jubilación tienen “un efecto limitado en la reducción del gasto” en estas prestaciones. 

“También convendría estudiar los efectos sobre el mercado de trabajo y la competitividad de las empresas derivados del incremento de las cotizaciones sociales, así como sus consecuencias sobre la equidad intergeneracional, analizar medidas alternativas, incluidas las que afectan a las tasas de reemplazo, que se encuentran en niveles superiores a los de la media de los países de nuestro entorno, y examinar la evolución del ahorro privado para la jubilación y su capacidad para complementar las prestaciones del sistema público”, enumera.

Un plus por jubilarse más tarde

Lo que introdujo la última reforma de las pensiones es un plus para quienes decidan trabajar más años, bien a través de un plus anual del 4% en la pensión –antes del último cambio legal era el 2%–; bien con un pago único que se abona en el momento de la jubilación.

Como punto de partida, el supervisor indica los datos más recientes. “El número de jubilaciones demoradas ha aumentado significativamente con respecto a los años previos a la introducción de las nuevas medidas destinadas a prorrogar la permanencia en el mercado laboral”. El peso de esta modalidad, desglosa, ha ido creciendo, porque se situó en 4,8% en el año 2021, el 5,4% en 2022 y el 8,1% en 2023. En este último año, “el número de jubilaciones demoradas superó las 26.000, lo que implicó un crecimiento del 50% con respecto al año anterior”, apunta.

En cuanto al análisis sobre el efecto en las cuentas públicas de retrasar la jubilación, el Banco de España ha planteado diferentes escenarios dependiendo de cuántas personas opten por la jubilación demorada. Es decir, por trabajar más años cuando ya ha llegado la hora de retirarse.

“A partir de la distribución de las edades de jubilación obtenida en el horizonte de proyección, se ha supuesto un aumento de entre uno y tres años de dichas edades para un porcentaje creciente de trabajadores”, explica el supervisor. “En el escenario de menor impacto de los nuevos incentivos, se asume que únicamente el 10% de las altas de jubilación ordinaria pospondría su jubilación y la retrasarían solo un año. En cambio, en el escenario de mayor efecto de los incentivos, se asume que un 100% de las mismas prorrogaría tres años su salida del mercado laboral”. Además, incluye dos opciones, o que opte por elevar un 4% la prestación anual o se prefiera un pago único con la primera pensión. 

“En el promedio del período 2022-2050, puede observarse que la ratio de gasto en pensiones sobre PIB caería en apenas una décima si un 20% de los trabajadores que en la proyección base se jubilan a su edad ordinaria extendiese un año su permanencia en el mercado laboral”, desglosa. “Y entre tres y cinco décimas si el 100% de las altas de jubilación ordinaria decidiese posponer un año su acceso a la misma”.

En el siguiente gráfico se ve cómo bajaría el gasto en pensiones, si la jubilación se demora uno, dos o tres años.

El organismo admite que “a extensiones más dilatadas de la vida activa resultarían en un menor gasto en pensiones”. “Estos ejercicios, que deben ser tomados con mucha cautela”, reconoce, debido a la gran cantidad de supuestos que requieren. Por ello, “incluso en escenarios donde las nuevas bonificaciones tienen un efecto notable a la hora de incrementar la edad efectiva de jubilación, la reducción del gasto en pensiones sería, al menos en una primera aproximación, relativamente limitada”. 

En el siguiente gráfico se comprueba cómo se reduce el gasto en pensiones si se demora jubilación en el conjunto de escenarios planteados por el Banco de España.

En resumen, el supervisor asegura que las simulaciones que ha realizado “permiten establecer una relación entre un aumento de la edad efectiva de jubilación y un cambio en la ratio de gasto en pensiones”.

“Tomando como referencia el año 2050 y estimando dicha relación mediante una forma lineal, puede concluirse que cada año de incremento en la edad efectiva de jubilación estaría asociado a una disminución del gasto en pensiones de entre dos y seis décimas de PIB”, concluye.

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha puesto fin a su semana de movilizaciones con una gran manifestación en Bilbao en la que han advertido que seguirán con la “lucha” hasta que, entre otras cuestiones, se garanticen pensiones mínimas de 1.080 euros, cuestión en la que también han interpelado a los Gobiernos de Euskadi y Navarra. Los pensionistas han desarrollado hasta ayer viernes, entre otras iniciativas, un encierro-ayuno en un local de Bilbao para reclamar pensiones “públicas, dignas, justas, suficientes y de 1.080 euros”.

El colectivo, que se moviliza todos los lunes desde el 15 de enero de 2018 frente al Ayuntamiento de Bilbao así como en diversos municipios vascos, mantiene una tabla reivindicativa que incluye, entre otras cuestiones, pensiones “dignas”. En la movilización de este sábado, tras una pancarta en la que se podía leer el lema 'Recortes de pensiones no-1.080 pensión mínima, se han proferido gritos en favor de las pensiones públicas, contra la brecha salarial y se ha advertido al lehendakari, Iñigo Urkullu, que los pensionistas siguen “en lucha”, según informa Europa Press.

Con el apoyo de pensionistas de toda Euskadi y de diversos puntos del Estado, portavoces del Movimiento han recordado que este sábado también se desarrolla en Pamplona una movilización en defensa de la sanidad pública, “otra de las preocupaciones del colectivo”. “Venimos a mostrar que para nosotros no solo son importantes las pensiones de hoy en día sino que también las del futuro. Por eso entendemos justificable que sindicatos y organismos sociales se sumen”, han sostenido al inicio de la manifestación.

La marcha, que ha arrancado pasadas las 12.15 horas desde las inmediaciones de la Plaza Moyúa, ha finalizado frente al Ayuntamiento de la capital vizcaína donde se ha leído un comunicado en el que han resaltado que el Movimiento “sigue vivo y fuerte”. Tras reivindicar que una pensión mínima de 1.080 euros en 14 pagas es “un ingreso básico para que un pensionista pueda acceder a una vida digna en su vejez”, han asegurado que ello es también “responsabilidad de los gobiernos e instituciones vascas y navarras”. Asimismo, han censurado que “reforma tras reforma” ven cómo se reducen sus pensiones de tal forma que pese a la subida del 8,5%, un total de 167.943 pensionistas en Euskadi y 51.358 en Navarra cobran menos de 1.080 euros.

“Esta no es la reforma que venimos reclamando”

En esta línea, han asegurado que el recientemente aprobado decreto ley de reforma de las pensiones sigue sin garantizar una pensión mínima de 1.080 euros, algo que “tampoco hacen los Gobiernos vasco y navarro”. “A pesar de los aspectos positivos que contiene, el decreto ley es parte de un proceso de reformas que está recortando pensiones y derechos a los pensionistas”, han alertado, al tiempo que han defendido que reformas como la de 2011 deberían haber sido derogadas.

A su juicio, “ésta no es la reforma que desde hace más de cinco años” vienen reclamando en las calles y han subrayado que seguirán con la “lucha” hasta que, entre otras cuestiones, los Gobiernos de Euskadi y Navarra complementen las pensiones hasta los 1.080 euros. Derogar los recortes de las reformas de pensiones, recuperar la pérdida de poder adquisitivo de salarios y pensiones restableciendo la paga compensatoria de las pensiones, así como aplicar medidas para erradicar la brecha de género o derogar los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años cotizados son también elementos de su tabla reivindicativa.

Nos hemos pasado una década oyendo que había que recortar las pensiones porque no eran sostenibles. Que la única solución era cobrar menos o trabajar más años. Y que no había más alternativa. Pues sí que la había. 

Conocemos la letra pequeña de la reforma de las pensiones que ha anunciado el Gobierno con la periodista especializada en información laboral de elDiario.es Laura Olías. Además, con Ignacio Escolar, director de elDiario.es, analizamos la trascendencia política de este acuerdo.

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al Día”. El número es el 699 518 743.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Lo puedes escuchar en Podimo, la app de podcast y audiolibros que apoya ‘Un tema Al Día’. Si te abres una cuenta en Podimo desde este enlace, tienes 60 días de acceso gratuito a todo su contenido exclusivo.

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

Rodeados de tiendas de campaña, mantas, colchones y botellas de agua, un grupo de pensionistas vascos y navarros ha comenzado este lunes un ayuno y encierro de cinco días para exigir al Gobierno de España, al Gobierno vasco y al Gobierno de Navarra unas “pensiones dignas” de mínimo 1.080 euros. Tras su manifestación de cada lunes frente al Ayuntamiento de Bilbao, un grupo de 30 pensionistas se ha trasladado hasta los locales de la calle Fernández del Campo número 24 de Bilbao donde dormirán y ayunarán durante toda la semana.

Los pensionistas, que dormirán en sacos en la planta baja del edificio, se irán turnando para realizar el ayuno en grupos de 30 personas, que dejarán de comer y beber cada noche a las 23.00 y hasta las 11.00 de la mañana. Aun así, “habrá cerca de diez personas que hagan el ayuno los cinco días”. Uno de los que se ha ofrecido a hacer el ayuno todos los días es Iñaki, de 66 años. Para “entrenar al cuerpo”, lleva cinco días haciendo ayunos. “A estas horas ya tengo apetito porque llevo preparando el cuerpo durante cinco días, pero es algo que merece la pena si queremos denunciar que el Gobierno ha dejado a las personas que más han dado por este país pensiones que no les llegan para nada”, lamenta.

A su lado, Felisa, de 67 años, considera que es “injusto” que por ser mujer su pensión sea menor que la de los hombres. “¿Por qué tenemos que ganar menos que ellos? Si trabajamos lo mismo o más porque trabajamos fuera de casa, pero también dentro. Estoy aquí por justicia, por las pensiones de todos los que vienen detrás”, asegura.

Según han criticado, la propuesta del Gobierno para la nueva reforma de las pensiones no les “satisface” pese a que incorpora “ciertas mejoras” ya que “gran parte” de sus demandas han sido “excluidas”.

De este modo, desde el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, han instado a “aprovechar la ocasión para establecer de inmediato” la pensión mínima de 1.080 euros. “Según el mismo Banco de España, cada año de aumento del periodo de cálculo ha supuesto un 0,5% de reducción de la pensión. Ni 25, ni 29, ni 30, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria reclamamos que el periodo de cálculo de la pensión se sitúe en los 15 mejores años cotizados”, han explicado.

Maite Arregi, de 70 años y María Lourenso, de 73, son dos de las mujeres cuyas pensiones no llegan a los 1.000 euros al mes. La de Arregi es de 924 euros, mientras que la de, Lourenso de “menos aún”. “Empecé a trabajar a los 15 años, pero no coticé hasta muy tarde, porque trabajaba cuidando a una niña, que al final eso era un pretexto, porque limpiaba la casa, me encargaba de todo y, además, cuidaba a la niña. Todo, por supuesto, sin contrato”, lamenta.

En el caso de Arregi, estuvo dos años trabajando en una pastelería, otros veinte en una fábrica, hasta que ésta cerró y sus últimos años laborales en la hostelería en la cocina de un restaurante en Donostia. “Cuando tenía 61 años cerró el restaurante en el que cocinaba y me quedé sin trabajo, pero como tenía muchos años cotizados decidí prejubilarme porque la hostelería se me estaba haciendo muy dura. Eso hizo que me penalizasen y por eso mi pensión es menor”, explica.

¿Por qué las pensionistas tenemos que ganar menos que ellos? Si trabajamos lo mismo o más porque trabajamos fuera de casa, pero también dentro

Las dos coinciden en que “hay que luchar por la pensión mínima de 1.080”. “Hay mujeres que tenemos mucha diferencia de las pensiones por el tipo de trabajo que hemos tenido y eso se refleja. Este tipo de movilizaciones son duras, pero cuando estás convencida y crees en algo, no te cuesta tanto. Lo haces porque sientes que debes hacerlo. Tenemos que seguir luchando”, sostiene Arregi, quien asegura tener experiencia en este tipo de movilizaciones, ya que, cuando cerró la fábrica en la que trabajaba hizo una huelga de hambre.

A pesar de ello, reconocen que la situación será más complicada para aquellos que tienen medicación. “Depende de cuál sea la medicación que tengan o si necesitan oxígeno para dormir, va a ser más complicado para ellos”, detallan.

El encierro ha comenzado este lunes, 13 de marzo, sobre las 13.00, después de la manifestación del las 12.00 en el Ayuntamiento de Bilbao que llevan haciendo desde hace cinco años y terminará el 18 con una manifestación a las 12.00 que partirá desde la Plaza Elíptica. “No es ninguna tontería”, ha advertido María Serrano, miembro del movimiento de pensionistas. “La situación actual de los pensionistas con la subida de los precios es crítica, y más en el caso de las pensionistas, quienes puede que no estemos en el mercado laboral, pero seguimos trabajando porque nos encargamos de seguir cuidando a hijos, sobrinos y nietos”, ha lamentado. “No podemos seguir esperando indefinidamente a ver qué sucede y tenemos que hacer más patente ante el conjunto de la sociedad el problema”, han señalado portavoces del movimiento de pensionistas durante la concentración del Ayuntamiento.

La situación actual de los pensionistas con la subida de los precios es crítica

Los pensionistas han exigido al Gobierno vasco y al Gobierno de Navarra que “también se responsabilicen”. “En Euskadi y Navarra, tras incluir la última subida del 8,5%, el 30% de las personas pensionistas, 199.800 pensionistas (155.000 en Euskadi y 44.800 en Navarra) no llegan a una pensión de 800 euros mensuales y de todas ellas 154.000 son mujeres. Los pensionistas que no llegan a 1.000 euros son el 39,2%, un total de 279.480 (216.880 en Euskadi y 62.600 en Navarra) y del total, 199.800 son mujeres”, han detallado.

Más allá del “ayuno encierro” cada día los pensionistas protagonizarán movilizaciones por las mañanas a partir de las 11.30 en la Plaza Elíptica de Bilbao y por las tardes, a las 18.00 en el local en el que se encerrarán, realizarán mesas redondas en las que participarán miembros de colectivos de pensionistas del resto de España y de Iparralde. En las mesas redondas debatirán sobre el futuro de las pensiones tanto en España como en Francia, ya que contarán con la presencia de la activista contra las reformas de Emmanuel Macron, Argitxu Dafau; sobre la brecha de género y sobre la situación de la lucha de las pensiones en distintos puntos del país.

El Senado francés ha aprobado a última hora del sábado el polémico proyecto de la reforma de pensiones impulsado por el Gobierno de Emmanuel Macron, a pesar del fuerte descontento popular, que vivía un nuevo capítulo con la séptima jornada de movilizaciones nacionales convocadas por los sindicatos.

El texto se ha debatido además por un procedimiento acelerado activado por el Ejecutivo para esquivar numerosas enmiendas interpuestas por la oposición para entorpecer el debate, recibió el respaldo de 195 senadores y 112 votos en contra.

Las primeras reacciones del Gobierno celebrando la decisión no se han hecho esperar. Solo unos minutos después de la votación, la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, ha celebrado el “paso decisivo” hacia una reforma que “garantizará el futuro” de las pensiones francesas. “Estamos totalmente comprometidos para permitir una adopción definitiva en los próximos días”, remarcó Borne a través de un mensaje en Twitter.

“Una jornada negra para los asalariados”

El bloque macronista se benefició del posicionamiento a favor de los conservadores de Los Republicanos, cuyo jefe de filas, Bruno Retailleau, ha defendido esta reforma del sistema de jubilaciones como algo imperativo para salvarlo del “shock demográfico” que la evolución de la población provocará en los próximos años.

“El principal acto de solidaridad es garantizar el equilibrio del sistema”, había defendido antes en el Senado el ministro de Trabajo francés, Olivier Dussopt.

En el campo contrario, la senadora socialista Monique Lubin aseguró en su último turno de palabra que este sábado permanecerá como una “jornada negra para todos los asalariados” del país.

El texto de la reforma de las pensiones se debatirá el día 15 de marzo en comisión mixta paritaria para acordar una versión común que deberá ser luego validada, a partir del 16 de marzo, por ambas cámaras.

En la Asamblea Nacional, que anteriormente no llegó a votar el proyecto completo en primera lectura, el resultado se prevé ajustado. El voto definitivo llegará como pronto ese mismo día y el plazo máximo abarca hasta el 26 de marzo.

El principal eje de la reforma que promueve Macron es retrasar la edad mínima de jubilación dos años, de los 62 años actuales a los 64. El Gobierno defiende estos cambios como la única vía factible para garantizar el equilibrio financiero del sistema para 2030. Macron estima que si no se hiciera nada, Francia acumulará en una decena de años un déficit de cerca de 150.000 millones de euros.

Las manifestaciones continúan

El debate de este sábado se ha celebrado mientras miles de franceses protestaban en las calles contra la reforma, convocados por el conjunto de los sindicatos, que la rechazan frontalmente.

Se trata de la séptima jornada de movilizaciones desde que el Ejecutivo desveló los detalles del proyecto el pasado mes de enero, aunque contó con menos seguimiento que en otras ocasiones.

Los líderes sindicales han asegurado que el rechazo de los franceses a la reforma es “más que absoluto” —las encuestas muestran que la gran mayoría de los ciudadanos están en contra— y han desafiado al presidente a convocar una consulta.

“¿Qué más hay que hacer?”, se preguntó Philippe Martínez, líder del sindicato de la Confederación General del Trabajo (CGT), desde la cabecera de la manifestación que ha recorrido París este sábado, desde la Plaza de la República hasta la de la Nación.

Las protestas se han repetido por todo el país, acompañadas de los paros y piquetes cuyos efectos se han notado durante toda la semana —especialmente desde el día 7, cuando se dio la última gran jornada de manifestaciones nacionales— en sectores como el transporte público, el tráfico aéreo, el energético y la recogida de basuras, que se acumulan en las calles de ciudades como París desde hace días.

Los sindicatos han querido dejar claro este sábado que el malestar popular ante la reforma persiste, pero las manifestaciones fueron menos concurridas que en otras ocasiones. De acuerdo con la CGT, en París se han manifestado 300.000 personas, 200.000 menos que la última vez que se habían convocado protestas en sábado, el pasado 11 de febrero.

El Ministerio de Interior ha rebajado la participación de la jornada a 48.000 personas en la capital y ha cifrado en 368.000 los manifestantes a nivel nacional. Esta último dato, para los sindicatos, superó el millón.

“Hoy la única cosa que podemos decir es: si (Macron) está tan seguro de sí mismo, que consulte a los franceses”, ha dicho el líder de la CGT, en respuesta a la postura inamovible adoptada por el presidente francés frente a los reclamos de los sindicatos, que esta semana habían pedido, sin éxito, ser recibidos en el Elíseo.

Las organizaciones han convocado una nueva jornada de protesta el próximo miércoles, coincidiendo con el debate de la ley en la comisión mixta paritaria del parlamento francés.

150 pensionistas de Euskadi y Navarra ayunarán y se encerrarán durante cinco días en los locales de la calle Fernández del Campo número 24 de Bilbao para exigir al Gobierno de España, al vasco y al navarro, que se cumpla la pensión mínima de 1.080 euros en 14 pagas. Los pensionistas se irán turnando para realizar el ayuno en grupos de 30 personas, que dejarán de comer y beber cada noche a las 23.00 y hasta las 11.00 de la mañana. Aun así, “habrá cerca de diez personas que hagan el ayuno los cinco días”, han asegurado este jueves en una rueda de prensa realizada en el mismo lugar en el que se encerrarán.

El encierro comenzará el próximo lunes, 13 de marzo, sobre las 13.00, después de la manifestación del las 12.00 en el Ayuntamiento de Bilbao que llevan haciendo desde hace cinco años y terminará el 18 con una manifestación a las 12.00 que partirá desde la Plaza Elíptica. “No es ninguna tontería”, ha advertido María Serrano, miembro del movimiento de pensionistas. “La situación actual de los pensionistas con la subida de los precios es crítica, y más en el caso de las pensionistas, quienes puede que no estemos en el mercado laboral, pero seguimos trabajando porque nos encargamos de seguir cuidando a hijos, sobrinos y nietos”, ha lamentado.

Según los pensionistas vascos y navarros, la subida anual de las pensiones en un 8,5% en 2023 propuesta por el Gobierno es “insuficiente” ya que “queda lejos” de lo que llevan exigiendo desde hace un lustro. Con este incremento, la pensión máxima quedará situada en los 42.829,2 euros anuales el próximo año, por encima de los tres mil euros al mes. En concreto, en 3.059,2 euros al mes en 14 pagas. Sin embargo, las pensiones mínimas, que dependen de la situación del beneficiario quedarán en en los 10.405,1 euros anuales (743,2 euros al mes) si tiene cónyuge no a cargo; en 10.962,6 euros al año (783 euros al mes) si no tienen cónyuge; y en 13.526,7 euros anuales (966,2 euros al mes) en los casos con cónyuge a cargo.

“Llevamos más de cinco años reivindicando una pensión mínima de 1.080 euros en 14 pagas, por considerar que responde a los criterios de suficiencia fijados en la Carta Social Europea (CSE). Es un ingreso básico para que una persona pensionista pueda acceder a una vida digna en su vejez, y es además, una medida efectiva para reducir la brecha de género en las pensiones”, han asegurado.

Los pensionistas han exigido al Gobierno vasco y al Gobierno de Navarra que “también se responsabilicen”. “En Euskadi y Navarra, tras incluir la última subida del 8,5%, el 30% de las personas pensionistas, 199.800 pensionistas (155.000 en Euskadi y 44.800 en Navarra) no llegan a una pensión de 800 euros mensuales y de todas ellas 154.000 son mujeres. Los pensionistas que no llegan a 1.000 euros son el 39,2%, un total de 279.480 (216.880 en Euskadi y 62.600 en Navarra) y del total, 199.800 son mujeres”, han detallado.

Manifestaciones y mesas redondas

Más allá del “ayuno encierro” cada día los pensionistas protagonizarán movilizaciones por las mañanas a partir de las 11.30 en la Plaza Elíptica de Bilbao y por las tardes, a las 18.00 en el local en el que se encerrarán, realizarán mesas redondas en las que participarán miembros de colectivos de pensionistas del resto de España y de Iparralde. En las mesas redondas debatirán sobre el futuro de las pensiones tanto en España como en Francia, ya que contarán con la presencia de la activista contra las reformas de Emmanuel Macron, Argitxu Dafau; sobre la brecha de género y sobre la situación de la lucha de las pensiones en distintos puntos del país.

“En estos momentos en los que la subida de los precios de recursos básicos como la energía y los alimentos están siendo utilizados para incrementar los beneficios de los oligopolios financieros y de la energía, las personas en general y las pensionistas en particular vemos cómo empeoran nuestras condiciones de vida. Pensiones, salarios y servicios públicos son los paganos de un desigual reparto de la riqueza que, a través de las políticas públicas, hace que los ricos cada vez sean más ricos a costa de la mayoría social”, han concluido.

Diferentes colectivos de pensionistas han celebrado este sábado una manifestación en Pamplona en la que han reivindicado, entre otras cuestiones, que se complementen las pensiones mínimas así como medidas ante el incremento de los costes energéticos y para paliar el cambio climático. La manifestación, que ha sido convocada por Amona, Anapen, Anapp, FP CCOO, Lacarra, Oneka, Pentsionistak Martxan, Sasoia, UJP-UGT con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, ha partido a las 12 del mediodía desde la plaza del Ayuntamiento de Pamplona precedida por una pancarta con el lema 'Día de las Personas Mayores. Vida Digna'. También se han podido ver carteles con lemas como 'Por una atención sanitaria presencial', 'Ley integral de los derechos de las personas mayores' o reclamando una banca pública, según informa Europa Press.

A lo largo del recorrido se han ido realizando paradas para llamar la atención sobre sus distintas reivindicaciones. Así, antes de salir, en la misma plaza Consistorial, se ha reclamado al Ayuntamiento de Pamplona, al alcalde Enrique Maya, a Navarra Suma y al PSN, que se “cumpla la sentencia favorable” a las trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) y que “se les reviertan a la situación anterior, que era depender del Ayuntamiento”. En declaraciones a los medios de comunicación, Fernando Viedma, de Mayores contra la Crisis, ha criticado que esta sentencia “sigue sin cumplirse”. “Las personas mayores en su casa necesitan ayuda de calidad y la atención excelente que se requiere”, ha demandado.

La movilización ha recalado también ante el Parlamento de Navarra donde se ha exigido que se complementen las pensiones mínimas “que en Navarra son bastantes y están por debajo de los 600 euros” para que “permitan tener una vida digna”. Así, ha pedido que se complementen esta prestación “como vienen haciendo habitualmente pero con más cantidad” ya que “la inflación nos está machacando a todos”. De la misma manera, ha subrayado la necesidad de que los salarios “se suban según la carestía de la vida”. Igualmente, se ha realizado una parada ante el local de Iberdrola, ubicado en el Paseo Sarasate, para exigir que “basta ya de tanto beneficio abusivo” y que “permitan que la gente pueda vivir sin pasar frío”. “Se están forrando con nuestros dineros, nos están inundando de facturas que nadie puede pagar a fin de mes”, ha rechazado. También en el Paseo Sarasate, frente a una entidad financiera, se ha criticado que “la banca está abusando de las personas mayores y de los colectivos excluidos” y ha reclamado que “cumplan con la atención directa”. Y se ha reivindicado la creación de una banca pública “que es la solución a los problemas que estamos padeciendo”.

Finalmente, la manifestación ha pasado junto al Palacio de Navarra para exigir al Ejecutivo foral “que se implique mucho más en la crisis climática que estamos padeciendo”. “Hoy en día hemos visto la sequía, los incendios, los huracanes..., todo es consecuencia de una mala mano de los gobiernos y las empresas”, ha afirmado Viedma que ha pedido a los gobiernos que “se impliquen y paren la hecatombe que estamos padeciendo”. La movilización ha concluido en la Plaza del Castillo donde se ha exigido una atención personalizada, ayudas a la pobreza energética, “topes” a la cesta de la compra y a las hipotecas, mejoras salariales y una reforma fiscal “profunda y progresista que no debe pararse en los impuestos a la banca y las energéticas”. Igualmente, se ha demandado “medidas urgentes” ante el cambio climático y “garantizar la suficiencia económica” revalorizando las pensiones conforme al IPC.

Acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos sobre el 'mecanismo de equidad intergeneracional' de las pensiones, que supondrá una cotización adicional de 0,6 puntos porcentuales durante la próxima década para garantizar la jubilación de la numerosa generación del baby boom. Pacto social solo a dos bandas, sin las patronales de empresarios, que se descolgaron este lunes de la propuesta del ministro José Luis Escrivá para sustituir el 'factor de sostenibilidad' del PP. Los empresarios se resistían a cotizar más para contribuir al sistema de pensiones, algo que han apoyado CCOO y UGT al considerar que permite abandonar la lógica de recortes del pasado y sustituirla por un refuerzo de los ingresos de la Seguridad Social.

El mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) pactado con los sindicatos consiste en lo siguiente: las empresas y los trabajadores aportarán 0,6 puntos porcentuales más a la Seguridad Social durante los próximos diez años, de 2023 a 2032, para financiar las pensiones. El reparto de cómo se asumirá esta carga adicional es finalmente más ventajosa para el trabajador de lo inicialmente planteado: 0,5 puntos adicionales los pagará la empresa y 0,1 puntos quedan a cargo del empleado, frente a la relación de 0,4 y 0,2 que había propuesto el ministro José Luis Escrivá a empresarios y sindicatos el pasado lunes.

Los fondos recaudados a través de esta cotización adicional se acumularán en la llamada 'hucha de las pensiones', el Fondo de Reserva, y pretenden funcionar como un “colchón” de ingresos para afrontar el reto de la jubilación de los baby boomers.

Bajo la “generación del baby boom” en España se engloba a las personas nacidas entre mediados de los 50 y los 70, años en los que aumentó mucho la población del país. Estas cohortes de población se encuentran ahora en edades entre los 44 y los 64 años, aproximadamente. Las generaciones siguientes, en cambio, fueron menos extensas. Y he aquí el reto: el sistema tendrá que soportar durante algunas décadas un gran número de pensionistas con una masa de trabajadores más limitada. Por poner una referencia: según estima la Autoridad Fiscal (AIReF), la tasa de dependencia de mayores –población mayor de 66 años sobre población en edad de trabajar– se duplicará, pasando del 26% actual al 53% en 2050, el año de mayor tensión.

“50.000 millones” en la hucha de las pensiones en 2032

El responsable de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha comparecido ante los medios de comunicación al término de la tarde para dar cuenta del acuerdo con los sindicatos. El ministro ha lamentado que las patronales se hayan desmarcado al final de la negociación del MEI y ha criticado que los empresarios “no han presentado ninguna propuesta” como alternativa.

Para un salario medio, como “caso representativo”, el mecanismo de equidad supondrá cotizar unos “12 euros mensuales” más a las arcas de la Seguridad Social, ha afirmado Escrivá. “No llega a 2 euros del trabajador y 10 euros por parte de la empresa”, ha apuntado el ministro. La distribución, que deja algo más del 80% de la aportación a cargo del empleador, es la misma que rige la cotización a la Seguridad Social hasta la fecha (23,6% de la empresa y 4,7% del empleado).

Según los cálculos del Ministerio, esto permitirá sumar unos “50.000 millones de euros de colchón” en la 'hucha de las pensiones' en 2032, al final de la década de cotización adicional, ha sostenido José Luis Escrivá. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social llegó a acumular casi 67.000 millones de euros, pero en la actualidad tiene apenas 2.000 millones después de que el Gobierno de Rajoy la vaciara casi por completo.

Un mecanismo en dos fases

El aumento de la cotización supone solo la primera fase del MEI. El ministro encargado de la reforma de pensiones, José Luis Escrivá, ha pactado con los sindicatos un seguimiento de las cuentas de la Seguridad Social y de la previsión del gasto en pensiones en estos años más tensionados, con la posibilidad de que pueda desplegarse una segunda fase del mecanismo de equidad en el futuro. En este punto, los sindicatos han conseguido también modificar la propuesta inicial del Ejecutivo.

“En el caso de que no se diera una desviación de la senda de gasto previsto” en pensiones, “no se aplicará ninguna medida y se planteará la utilización de los recursos del fondo de reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones”, recoge el comunicado conjunto difundido esta tarde.

Pero, si a partir de 2033 “se apreciara en los Informes de Envejecimiento (Ageing Report) de la Comisión Europea una desviación de la previsión de gasto en pensiones a 2050 respecto al informe de 2024 (que se usará como referencia)”, se utilizará el dinero acumulado en la 'hucha de las pensiones' gracias a esta cotización adicional, “con un límite de disposición anual del 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB)”, recoge el pacto.

Si estos fondos no fueran suficientes para cubrir la desviación del gasto previsto, “el Gobierno negociará con los interlocutores sociales para su elevación al Pacto de Toledo, de acuerdo con sus recomendaciones, una propuesta que, de forma equilibrada, se dirija bien a reducir el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB, bien a incrementar el tipo de cotización u otras fórmulas alternativas para aumentar los ingresos”, apunta el texto.

¿Qué cambia el acuerdo final respecto a la oferta de partida de Escrivá? La segunda fase del mecanismo queda pendiente de negociación futura, pero ya no se decanta por aplicar de manera prioritaria medidas de reducción del gasto (que podrían suponer recortes en pensiones, entre otras posibilidades). El pacto contempla estas medidas, pero también “incrementar el tipo de cotización u otras fórmulas alternativas para aumentar los ingresos”, una reclación de CCOO y UGT.

Cotizar más en lugar de recortes en las pensiones

Ante el reto del baby boom, el ministro José Luis Escrivá defiende que el sistema público de pensiones es sostenible con algunos ajustes, sin tener que aplicar los recortes que producía la reforma de 2013, y que el propio Gobierno de Mariano Rajoy dejó sin aplicación al final de su mandato.

Una de las herramientas clave de la legislación del PP era el 'factor de sostenibilidad', que vinculaba la cuantía de las prestaciones de los futuros pensionistas a la esperanza de vida, de tal manera que se reducían progresivamente. Los que asumían mayores recortes en la pensión futura eran, por tanto, las personas más jóvenes, ya que se supone que vivirán más años.

El Gobierno de coalición se comprometió a derogar este factor y a sustituirlo por el 'mecanismo de equidad intergeneracional' (MEI). En un inicio, el ministro José Luis Escrivá afirmó que el nuevo elemento podría producir un “pequeño ajuste” en la pensión de los baby boomers o retrasar su acceso al retiro, lo que generó una gran polémica y forzó al ministro a matizar sus palabras.

Al final, la propuesta de MEI que la Seguridad Social ha llevado a la mesa de negociación ha sido muy diferente. El mecanismo se dirige a recaudar más fondos para la Seguridad Social, a cargo de los trabajadores y las empresas en activo en la próxima década, frente al enfoque de los recortes crecientes sobre todas las pensiones a partir de 2023, que suponía la legislación anterior.

Este cambio de enfoque es lo que ha llevado a los sindicatos a pactar con el Gobierno y lo que más han destacado los líderes de CCOO y UGT en los últimos días. Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha subrayado en su cuenta de Twitter varios motivos por los que considera que el MEI pactado es “equitativo”.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha celebrado por su parte enviar “al baúl de los recuerdos” el factor de sostenibilidad del PP. “Conseguimos que las pensiones no se bajen, que no aumente la edad de jubilación, mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y sobre todo asegurar el futuro”, ha subrayado Álvarez tras el acuerdo de este lunes.

Los empresarios se descuelgan de la negociación del mecanismo de equidad intergeneracional de las pensiones. Las patronales han rechazado este lunes sumarse al acuerdo para cotizar más durante una década con el objetivo de crear un “colchón” de ingresos para garantizar las pensiones de la generación del baby boom. El Gobierno seguirá negociando a lo largo de este lunes con los sindicatos, durante la tarde. Este 15 de noviembre finaliza el plazo para llegar a un acuerdo social sobre este elemento, que sustituirá el factor de sostenibilidad de las pensiones del PP, que provocaba elevados recortes en las pensiones futuras. Sobre todo, las de los más jóvenes.

“El Comité Ejecutivo de CEOE ha rechazado hoy la propuesta del Gobierno en relación con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional de las pensiones, que debe sustituir al Factor de Sostenibilidad, al considerar que es insuficiente, que no garantiza el equilibrio del sistema y que necesitará medidas adicionales en el futuro para asegurar su sostenibilidad”, explica la patronal en un comunicado difundido poco antes de las 14 horas.

Esta mañana se ha producido una reunión tripartita entre el Ministerio de la Seguridad Social, los empresarios y los sindicatos mayoritarios para negociar este elemento. Al término, los empresarios han sometido a votación interna la última propuesta del Gobierno y han descartado entrar a un acuerdo. Los sindicatos seguirán negociando a lo largo del día para tratar de cerrar un pacto bilateral sobre el mecanismo, explican fuentes sindicales y de la Seguridad Social.

Tanto CEOE como Cepyme subrayan que “aumentar las cotizaciones sociales y hacer que la mayor carga recaiga sobre las empresas tiene efectos negativos sobre el empleo y va en dirección contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones. El crecimiento del empleo es la principal garantía de sostenimiento del sistema de pensiones”.

La propuesta: cotizar más durante una década

La última oferta del ministro responsable sobre la reforma de pensiones, José Luis Escrivá, consistía en aumentar la cotización de empresas y trabajadores durante la próxima década, de 2023 a 2032, en 0,6 puntos porcentuales. El Gobierno quería que la cantidad adicional se distribuyese así: 0,4 puntos que asumirían las empresas y 0,2 puntos a cargo de los trabajadores. En la actualidad, el reparto de las cotizaciones sociales es asimétrico, con más aportación de los empresarios que de la persona empleada en lo que se suele considerar “salario diferido” de los trabajadores, como ha destacado este lunes Pepe Álvarez, líder de UGT.

El Gobierno de coalición se ha inclinado por reforzar los ingresos de la Seguridad Social a través del llamado 'mecanismo de equidad intergeneracional' en lugar de reducir la cuantía de las pensiones futuras, es decir reducir el gasto, que es lo que hacía el 'factor de sostenibilidad' del PP para afrontar el reto de la jubilación de los baby boomers.

El retiro de esta generación, de las personas nacidas entre mediados de los 50 y los 70, supone un reto para el sistema, ya que es muy numerosa frente a generaciones de trabajadores menos extensas. Para ello, el ministro Escrivá defiende que el sistema público es sostenible con la aprobación de varios ajustes, pero sin grandes recortes como supuso la anterior legislación.

¿Qué ajustes? Los que incluirá la reforma de pensiones del Ejecutivo de coalición, que se está abordando por fases. El primer bloque de la reforma, acordado con sindicatos y empresarios tras una década sin acuerdo social en pensiones, supone la derogación de los dos elementos clave de la legislación del PP (las subidas del 0,25% y el factor de sostenibilidad) y se incorporan varios incentivos para retrasar la edad efectiva –que no legal– de jubilación. Por ejemplo, premiar más económicamente el retiro demorado y penalizar más los dos primeros meses en los que se puede acceder a la jubilación anticipada.

En este primer bloque quedaba pendiente, entre otros flecos, el mecanismo de equidad intergeneracional como una herramienta más para contribuir a la sostenibilidad de las pensiones del baby boom.

Los empresarios han optado esta mañana por descolgarse de esta medida, que se sigue negociando con los sindicatos. Hay que recordar que las patronales han pactado muchos acuerdos con el Gobierno progresista, lo que les ha valido de críticas internas de algunos empresarios y también de la derecha política. Por ejemplo, el líder del PP, Pablo Casado, tachó de “gran error” el acuerdo sobre el primer bloque de la reforma de pensiones.

Los sindicatos buscan un pacto más ventajoso

La negociación sobre el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) no ha terminado. En CCOO y UGT insisten en su voluntad de llegar a un acuerdo con el Gobierno, pero también en que la situación ahora ha cambiado. Con los empresarios fuera de la ecuación, los sindicatos tienen más poder de negociación con el Ejecutivo.

Los representantes mayoritarios de los trabajadores han planteado en la mesa de negociación varias propuestas de “mejora” al respecto, explican a este medio, como un reparto de la cotización adicional más ventajosa para los trabajadores, ampliar los años en los que se cotizaría más o, incluso, cambios en las fases propuestas del MEI. El Gobierno planteó que la primera 'pata' del mecanismo de equidad supusiera esta cotización adicional pero, en caso de ser insuficiente, se desplegarían otras fases que se centrarían en la reducción del gasto.

Todo esto, explican fuentes sindicales, está ahora en cuestión. El Gobierno y sindicatos deberían llegar a un acuerdo al respecto en el día de hoy para cumplir con los plazos que se ha dado el propio Ejecutivo.

Cientos de personas se han manifestado este sábado en Madrid para exigir que las pensiones se blinden en la Constitución como un derecho fundamental de los ciudadanos en lugar de ser, como hasta ahora, orientativo. La marcha, que avanzó desde la Puerta de Sol hasta la plaza Reina Sofía, reclamaba lo que consideran “la única medida” para evitar recortes y privatizaciones.

La manifestación ha sido convocada por la Mesa para el Blindaje de las Pensiones (MERP), formada en 2013, y que reúne ocho años después a cerca de 400 organizaciones. La MERP ya consiguió juntar en Madrid en 2018 a cerca de 15.000 personas, aunque en esta ocasión se han quedado lejos de aquella convocatoria.

Una de las portavoces de la Mesa, Sara García de las Heras, ha llamado a la “unidad” del Sistema Público de Pensiones ante la “necesidad del blindaje”, para evitar recortes o privatizaciones ante reformas de diferente signo político. “Si hubiera blindaje, no habría necesidad de protestar”, ha dicho, porque ese mecanismo ya garantizaría el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones públicas, a la vez que prohibiría tocar, recortar o privatizar total o parcialmente el sistema.

En el manifiesto, que han leído al finalizar la marcha, han exigido un artículo que “recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones públicas y, por tanto, la imposibilidad de que ningún tipo de medida o discriminación, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos, discapacidad o cualquier otra pueda afectar a las pensiones, excepto aquellas que sean favorables para ellas”.

A Madrid han llegado autobuses de diferentes puntos de España. Teresa es jubilada y ha viajado desde Cantabria. “Con el cálculo que quieren hacer, de 35 años, ya verás qué pensiones os van a quedar”, dice rápidamente. Se refiere a la propuesta del Gobierno de ampliar el periodo de cálculo de 25 a 35 años, enviado a Bruselas, que ha generado indignación entre los asistentes y respuestas dentro del propio Ejecutivo, donde Unidas Podemos se ha mostrado en contra.

Aunque la protesta estaba convocada para exigir el blindaje constitucional de las pensiones, otras reclamaciones de los manifestantes han sido variadas. También las denuncias. Entre las pancartas se han leído críticas contra el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea que “amenazan las pensiones” y contra el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Una petición, esta última, de la que se desmarcan los organizadores.

Otra reivindicación recurrente ha sido la de unas pensiones mínimas dignas. “Hay gente cobrando una pensión y viviendo en la pobreza”, denuncia una manifestante que exige “poder vivir dignamente cuando llegamos a la vejez”.

A Karina Rodríguez, que es responsable del sector de hostelería del sindicato FETICO, también le parece que es importante “proteger el futuro para que todos podamos tener acceso a las pensiones”. Según las nuevas tablas, a ella le quedan 20 años de trabajo y ve la jubilación “complicada”. “Tenemos que forzar a los políticos para que se pongan de acuerdo en buscar un sistema que llegue a todos”, dice.

Enrique Iza ha llegado de Vitoria. Él se jubilará “dentro de siete años, con suerte”. “Está muy difícil. Es un derecho que se reclama, pero hay que buscarle una solución”, plantea. ¿Cuál? “Habrá que pagar más, que es lo que no le gusta a nadie”, plantea tras ironizar con que “vivimos muchos años”. Tras él, un grupo de manifestantes corean su propuesta: “Un 155 para las pensiones”.

Mientras accede a la plaza del museo Reina Sofía, Pilar Herrero defiende convencida que hay que pagar impuestos. “Nos da rabia, pero habrá que pagar impuestos para la educación, la sanidad, las pensiones… Todas estas cosas salen de los ahí”, dice, pero estas últimas deben estar “blindadas en la Constitución y que gobierne quien gobierne sean sagradas”, porque, afirma, “el panorama para los jóvenes está muy mal”. Ella es pensionista, pero sale a la calle porque “los más mayores” han “luchado siempre por los derechos de todos”. “Creo que si no lo hacemos, esto va a tener un mal final”, advierte. Por eso, pide a los políticos que se pongan de acuerdo. “Parece que en el Pacto de Toledo no se ponen, pero se tendrán que poner”, reclama.

Esta marcha viene respaldada por un manifiesto firmado por más de 150 personalidades del mundo de la cultura, la política y la economía y unas 400 organizaciones. Fernando Trueba, Isabel Coixet, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, Baltasar Garzón, Elvira Sastre, Javier Cercas, José Sacristán, Manuela Carmena, Mónica Oltra, Joan Baldoví, Cuca Sánchez, Mar Espinar o Marta Higueras, entre otras, han apoyado el texto que exige la “prohibición expresa” de “recortar o privatizar total o parcialmente” el Sistema Público de Pensiones.

Las pensiones vuelven a la primera línea de la actualidad. El Gobierno presentó este martes a sindicatos y empresarios una propuesta del “mecanismo de equidad intergeneracional” (MEI), que pretende reforzar los ingresos del sistema público de pensiones ante el reto que supondrá la jubilación de la numerosa generación del baby boom. Las próximas dos semanas son claves para su discusión con los agentes sociales, que no puede extenderse más allá del 15 de noviembre. Sobre la mesa de negociación está en debate cómo se aplicará el mecanismo, su efectividad y una reflexión sobre a quiénes afecta la medida.

Antes de entrar al detalle de la negociación sobre el MEI, lo primero que hay que aclarar es quiénes son los llamados baby boomers. En España se considera como tal a las personas nacidas entre mediados de los 50 y de los 70, generaciones muy numerosas que aumentaron mucho la población del país. En estos momentos, estas cohortes de población se encuentran en edades entre los 44 y los 64 años, aproximadamente. Las generaciones siguientes, en cambio, fueron menos extensas.

Con este marco, desglosamos algunas de las claves del debate sobre el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI).

1) Se cambia el enfoque: más ingresos en lugar de recortes

Lo primero a destacar es el cambio de enfoque de la propuesta del Gobierno para el mecanismo de equidad en comparación con el índice que va a sustituir: el factor de sostenibilidad del PP de 2013. Con esta herramienta, el Ejecutivo de Mariano Rajoy optó por enfocar la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo –ante el aumento de la esperanza de vida– gracias a recortes en las pensiones futuras. La cuantía de las pensiones iniciales de los futuros pensionistas se reducía cada vez más con los años, de manera que los que más recorte sufrían eran los hoy jóvenes, con estimaciones que lo cifran alrededor del 30%.

Parecía que el ministro responsable de la reforma de pensiones, José Luis Escrivá, incidiría en esta lógica de contención del gasto en pensiones con el nuevo MEI, dadas sus declaraciones sobre un posible “ajuste” en la pensión de los baby boomers o de un retraso en su acceso a la jubilación. Sin embargo, el ministro se retractó enseguida de sus palabras ante la polémica generada y la propuesta que ha llegado finalmente a la mesa de diálogo social contempla un enfoque distinto.

El mecanismo de equidad planteado tiene dos fases, pero la principal y que se desplegaría de manera inmediata es la apuesta por un aumento de los ingresos, para crear un “colchón” de apoyo a la jubilación del baby boom. Este incremento de los fondos de la Seguridad Social se propone a través de un aumento temporal de las cotizaciones sociales que pagan empresas y trabajadores: de 0,5 puntos porcentuales –se elevó a 0,6 en la última propuesta planteada– durante la próxima década, de 2023 a 2032, que se acumularían en la llamada “hucha de las pensiones”. Este es solo el planteamiento inicial y puede ser modificado durante la negociación.

2) Dudas sobre que el “colchón” sea suficiente

Una de las principales dudas radica en si el dinero que se recaudara con esta cotización adicional sería suficiente para afrontar el aumento del gasto en pensiones que se espera por las jubilaciones del baby boom. Según la Autoridad Fiscal (AIReF), la tasa de dependencia de mayores –población mayor de 66 años sobre población en edad de trabajar– se duplicará, pasando del 26% actual al 53% en 2050.

Es cierto que el mecanismo de equidad no actúa en la sostenibilidad a largo plazo en solitario, sino que también se espera que tengan repercusión medidas del primer acuerdo de pensiones de Escrivá y de la legislación de 2011, que sigue desplegándose (por ejemplo con el aumento de la edad legal de jubilación hasta los 67 años). Pero, aun así, la subida de 0,5 puntos en la cotización durante los próximos dos años ha sido considerada una medida “insuficiente” por economistas y por el líder de CCOO, Unai Sordo, que ha opinado que posiblemente el dinero recaudado no logre cubrir el reto del aumento del gasto en pensiones.

Si el “colchón” recaudado fuera insuficiente, se activarían medidas de contención del gasto en pensiones, según la segunda fase del MEI propuesto por el Gobierno, que se aborda en el siguiente punto.

3) Dejar el futuro de los ajustes a los gobiernos venideros

En 2032, con la “hucha de las pensiones” más llena gracias a la cotización adicional recaudada durante una década, el Gobierno propone que se inicie una segunda fase del MEI, que consista en la revisión cada tres años de la previsión del gasto en pensiones para 2050, el pico esperado de mayor número de pensionistas.

Si las estimaciones están dentro de lo previsto, no habría que tomar más medidas. Pero, si el gasto en pensiones estimado supera las previsiones, se desplegarían otra serie de medidas. En resumen, primero se recurriría a los fondos acumulados en la “hucha de las pensiones”; si esto no fuera suficiente, se plantea que el gobierno de turno negocie medidas de reducción del gasto en pensiones; y, si aún así no se cubriera la desviación de gasto prevista, se propone que el Ejecutivo acuerde más ingresos mediante las cotizaciones sociales.

Por tanto, si –como varias voces advierten– el dinero recaudado con la cotización adicional de 0,5 puntos no fuera suficiente, habría que desplegar sí o sí medidas de contención del gasto en pensiones ante una desviación del gasto en pensiones. Y estas medidas de contención del gasto no quedan detalladas por la propuesta de Escrivá, sino que se dejan pendientes para el futuro, para que el Gobierno en el poder en ese momento las negocie con los agentes sociales y el Pacto de Toledo.

Los sindicatos ya han adelantado que no comparten la lógica de recortes en el gasto en pensiones. Hay muchos tipos de medidas que pueden contener el gasto: desde una reducción de la cuantía de la pensión, un retraso en la edad de jubilación, modificar el periodo que se tiene en cuenta para calcular la pensión, medidas que afecten solo a colectivos concretos (jubilación anticipada), incentivos...

4) El debate intergeneracional

El mecanismo lleva en su propio título la palabra “intergeneracional” y este es uno de los debates instalados en la sociedad sobre la herramienta (y de manera más amplia sobre las pensiones). Quién asume el aumento del gasto en pensiones de los baby boomers. Las pensiones se sufragan gracias a las cotizaciones de los trabajadores, pero cuando llegue el retiro de esta generación tan numerosa se dará la situación de que habrá muchos pensionistas y una masa de trabajadores más pequeña.

El Gobierno defiende que el factor de sostenibilidad del PP era una medida contra los más jóvenes, ya que a ellos les recortaba más su pensión futura por el aumento de la esperanza de vida. La propuesta del MEI supone compartir el esfuerzo entre todos los trabajadores y empresas (entre los años 2023 y 2035) para sufragar las pensiones de las décadas siguientes.

Hay quien huye, sobre todo en los sindicatos, de estas retóricas que enfrentan a unos colectivos de ciudadanos con otros. El escenario que se prevé en España para los próximos años implica que habrá que tomar algún tipo de medida para afrontar este incremento del gasto. No hacer nada no es una opción, según la Autoridad Fiscal, dada la necesidad de garantizar las pensiones públicas, un pilar fundamental de la protección social.

Por lo que el debate reside en elegir cómo compartir este esfuerzo presupuestario. La generación del baby boom, tan numerosa como pensionista, también lo ha sido como trabajadora y ha contribuido con sus impuestos y sus cotizaciones al Estado del Bienestar actual. En el futuro, será además un gran colectivo de consumidores clave para la economía.

5) Reticencias de las empresas a cotizar más

Otra discusión sobre el mecanismo de equidad reside en cómo se recauda finalmente este “colchón” de ingresos. Porque las empresas se resisten a asumir un aumento en las cotizaciones sociales que pagan por los trabajadores, que están entre las mayores de Europa. Eso sí, los salarios en España son más bajos, por lo que los costes laborales totales se reducen bastante frente a otros países con sueldos más altos.

En cualquier caso, las patronales recelan de la medida, que consideran que les puede restar competitividad, como ha criticado hoy la asociación de pequeñas empresas Cepyme. Los trabajadores tradicionalmente asumen una cotización más baja, pero porque las rentas del trabajo aguantan una mayor carga fiscal a través de figuras tributarias que las rentas del capital, destacan en sindicatos. Los agentes sociales tratarán de lograr un acuerdo con el Gobierno en las próximas semanas para consensuar este “fleco” que quedó colgando del primer pacto social en pensiones en una década.

El Gobierno ha vuelto a tener que recurrir a la llamada 'hucha de las pensiones' para poder pagar la extra de Navidad, como había adelantado ya la ministra de Trabajo en funciones. El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes una disposición de 3.598,20 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Además, el Ejecutivo ha aprobado un incremento de 600 millones de euros en la transferencia de fondos del Estado a la Seguridad Social para atender a este abono a los casi 9 millones de pensionistas.

La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, ha sido la encargada de detallar el real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros este viernes para garantizar los recursos que sufraguen la nómina regular de las pensiones en diciembre más la paga extra que se abona finales de año. En total, “un desembolso superior a los 19.000 millones de euros”.

Aunque la recaudación de cuotas a la Seguridad Social está aumentando con fuerza, mucho más que la afiliación –crece “en torno al 8%”, ha destacado Valerio–, las cotizaciones sociales todavía no son suficientes para afrontar el pago de las pensiones en los meses en los que se suman las pagas extra (hay una en invierno y otra en verano).

La 'hucha' puede quedarse en 1.500 millones

Dado el déficit de recursos de la Seguridad Social, de unos 16.000 millones de euros, en estos dos momentos del año se está tirando en los últimos ejercicios de préstamos del Tesoro Público a la Seguridad Social (senda que inició el Gobierno del PP al final de su mandato) y de la llamada 'hucha de las pensiones'.

Para el abono de la extra de Navidad de este año, la ministra Valerio ha explicado que se ha autorizado la disposición de 3.598,20 millones de euros de la 'hucha', pero con la intención de no tener que usar finalmente toda esta cantidad si la recaudación de las cotizaciones sociales lo permite. La cantidad que se utilice finalmente del Fondo de Reserva a día de hoy no se conoce, ha sostenido la titular de Trabajo en funciones.

Si se utilizara finalmente la totalidad de esos casi 3.600 millones de euros, la 'hucha' se quedaría a mínimos, con unos 1.500 millones de euros. El Fondo de Reserva, que llegó a tener casi 67.000 millones de euros en 2011, fue vaciado en un 90% por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Fuentes del Ministerio de Trabajo confirman que, como también estaba previsto, el Gobierno usará parte del préstamo del Tesoro Público a la Seguridad Social de este año, que ascendió a un total 13.830 millones de euros, para pagar las pensiones este mes. “El préstamo se ha ido usando de forma prorrateada. Efectivamente, una parte prorrateada de ese préstamo también se usará”, explican.

600 millones más de fondos transferidos del Estado

El real decreto-ley aprobado este viernes recoge además una autorización para que la nómina de las pensiones se pague con cargo a los ingresos previstos para lo que queda de año. Valerio ha explicado que esta previsión legal es necesaria puesto que los Presupuestos Generales con los que está funcionando el país son los de 2018, prorrogados, por lo que no contemplan este incremento en las cotizaciones sociales que se prevé registrar.

Más allá de la concreción del dinero que el Gobierno habilita retirar de la 'hucha de las pensiones', la novedad de este viernes pasa por el incremento aprobado de 600 millones de euros en los fondos que el Estado transfiere a la Seguridad Social este 2019 para pagar las pensiones. Esta cantidad se suma a la transferencia del Estado ya prevista para este año de 1.331,9 millones de euros.

Estos fondos no son un préstamo, es decir que no endeudan a la Seguridad Social, sino que se trata de presupuesto que el Estado destina a financiar el sistema de pensiones sin que exista una contrapartida. Este modelo, en el que el pago de las pensiones se complementa con impuestos (además de las cotizaciones sociales), es por el que aboga el PSOE y Unidas Podemos. Magdalena Valerio ha puesto como referencias el ejemplo de Francia, que tiene un impuesto finalista para pagar las pensiones, y Alemania, que aporta ingresos a través de la imposición general.

El Ejecutivo prevé tener que sacar de nuevo este año dinero del Fondo de Reserva de las pensiones, la llamada 'hucha de las pensiones', para afrontar el pago de las nóminas de los pensionistas este 2019. El importe que ha presupuestado es de 3.693 millones de euros. Es una de las medidas aprobadas por el Gobierno para mantener el abono de las pensiones pese al déficit del sistema de la Seguridad Social, de 18.650 millones de euros.

El Fondo de Reserva cuenta en la actualidad con 5.043 millones de euros, respecto a los casi 67.000 millones que llegó a tener en 2011. Con la retirada estimada por el Gobierno socialista la 'hucha de las pensiones' se quedaría en mínimos: unos 1.350 millones de euros. La cifra podría variar algo según la rentabilidad de los activos financieros del fondo, que el pasado año fue negativo. La hucha perdió más de 23 millones solo por ese motivo.

Este invierno el Gobierno de Pedro Sánchez retiró por primera vez dinero de la hucha, 3.000 millones, después de que Mariano Rajoy vaciara durante su mandato casi la totalidad de lo ahorrado.

La ministra Magdalena Valerio ha reconocido que su intención es no agotar el Fondo de Reserva. “No me gustaría pasar a la historia como la ministra que agotó la hucha”, afirmó el pasado diciembre.

Préstamo a la Seguridad Social de 15.164 millones

Lo acumulado en la 'hucha de las pensiones' no sería suficiente de todos modos para afrontar el abono de las pensiones a lo largo del año, especialmente los meses que el Gobierno abona las pagas extra de verano y Navidad.

El gasto en pensiones se eleva en estos Presupuestos en un 6,2% respecto a las cuentas de 2018, hasta los 153.864 millones de euros, lo que se lleva el 42,1% del gasto consolidado.

Para asegurar su pago, el Tesoro Público volverá a prestar dinero a la Seguridad Social este ejercicio, según queda recogido en los Presupuestos Generales. En concreto, 15.164 millones de euros, como adelantaron fuentes de la Seguridad Social.

El proyecto de Presupuestos también recoge que “se presupuesta por primera vez como aportaciones del Estado una transferencia a la Seguridad Social en apoyo a su sostenibilidad”, con un importe de 850 millones de euros. Esta transferencia es la que anunció el viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que justificó por el mantenimiento de la senda de déficit del 1,3% del PP.

Estas vías complementarias de financiación a lo recaudado a través de las cotizaciones a la Seguridad Social sustentan la revalorización de las pensiones este 2019 del 1,6% de manera general y del 3% en el caso de las mínimas y no contributivas. Además, las pensiones de viudedad de las personas mayores de 65 años, verán incrementada su pensión en 4 puntos hasta alcanzar su cuantía el 60% de la base reguladora.

El Consejo de Ministras ha autorizado la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social de 6.330 millones de euros para poder sufragar la nómina de noviembre, con la pensión ordinaria y la extra de Navidad para los pensionistas. En total, el gasto asciende a los 18.000 millones de euros, con los que cumplirá el Gobierno gracias también a que sacará fondos de la llamada “hucha de las pensiones”, el Fondo de Reserva. Según adelantó esta semana la ministra, la cantidad que retirarán del fondo será de unos 3.000 millones.

La ministra portavoz, Isabel Celaá, ha informado de la autorización del préstamo del Tesoro Público a la Seguridad Social en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministras. Esos 6.330 millones forman parte del préstamo del Estado ya incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para este fin. El préstamo del Tesoro recogido en las cuentas de 2018 ascendió a 13.830 millones, a los que se añadieron 1.334 millones de euros que el Estado transfirió a la Tesorería de la Seguridad Social para apoyar su “equilibrio presupuestario”.

El Ministerio de Trabajo ya tuvo que autorizar el préstamo de 7.500 millones (de esos 13.830) para poder pagar la extra de verano a los pensionistas, y ahora hace uso del resto, 6.330 millones con los que se agota esta vía de financiación.

Según afirmó la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, el Gobierno necesitará pedir un préstamo al Tesoro Público también el próximo año y, aunque no determinó en qué cuantía, apuntó que esperaba que fuera inferior al recogido en los Presupuestos de 2018.

3.000 millones de la “hucha de las pensiones”

Pero con lo que quedaba del préstamo, más las cotizaciones sociales, no es suficiente para cubrir los 18.000 millones de la nómina de las pensiones en noviembre, por lo que el Gobierno de Sánchez tendrá que sacar fondos por primera vez de la “hucha de las pensiones”. Según fuentes de Trabajo, la cantidad de 3.000 millones de euros son “unos 2.000 millones menos” de lo previsto por el Ministerio en un primer momento.

Tras retirar esos 3.000 millones la “hucha de las pensiones”, el Fondo de Reserva quedará con unos 5.0000 millones. La ministra portavoz ha recordado que el fondo contaba con 67.000 millones cuando Mariano Rajoy llegó a la Moncloa. En su mandato, vació la hucha en casi un 90%, hasta los 8.000 millones de euros.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, criticó el pasado octubre la gestión del anterior Gobierno del Fondo de Reserva, ya que aseguró que pierde dinero por su política de inversión de la “hucha de las pensiones”. Hasta octubre y desde finales de 2017, se habían esfumado casi 24 millones sin haber tocado esta partida.

Entre los próximos retos que deberá afrontar el Ejecutivo en el pago de las pensiones públicas figura la paga compensatoria prometida por el Gobierno si el IPC concluye el año por encima del 1,6%, cantidad en la que se revalorizaron las pensiones este 2018. El Ministerio prometió que, de concluir el indicador por encima de esa cantidad, abonará la diferencia a los pensionistas con una “paguilla” en enero.