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El FMI admite la buena marcha de la economía española, pero ofrece el recetario neoliberal para el futuro

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Daniel Yebra

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Uno tras otro. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ofrecido todo el recetario neoliberal al Gobierno de coalición tras su visita a España, pese a admitir la buena marcha de la economía, que en 2023 avanzó un 2,5%, cinco veces más que el conjunto de la eurozona.

El informe de “la misión” de evaluación del organismo reconoce que la actividad en nuestro país “ha mostrado una gran resistencia en un contexto de menor crecimiento en la eurozona y de condiciones financieras más restrictivas [por las subidas de los tipos de interés del BCE]”. Sin embargo, propone un cambio de rumbo en la política económica y recomienda elevar la edad de jubilación, extender el periodo de cotización sobre el que calculan las pensiones, abaratar el coste del despido y hasta advierte sobre las hipotéticas consecuencias negativas de volver a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

“La actividad económica creció un 2,5% en 2023, respaldada por el mayor poder adquisitivo de los hogares, el aumento del consumo público y los sólidos resultados de las exportaciones de servicios, tanto turísticos como no turísticos”, arranca el documento del FMI, publicado este viernes.

“El mercado de trabajo siguió mostrando un buen comportamiento, con un crecimiento del empleo del 3,2% impulsado por la gran afluencia de inmigrantes y el aumento de la actividad, mientras que la tasa de desempleo se estabilizó recientemente por debajo del 12%”, continúa. “La inflación cayó bruscamente desde sus máximos de 2022 gracias a la bajada de los precios de la energía y los alimentos, mientras que las presiones salariales se mantuvieron moderadas tras el acuerdo nacional alcanzado en mayo de 2023”, prosigue.

Las principales debilidades que detecta son que “la inversión privada sigue siendo débil, y el consumo sólo se ha recuperado recientemente hasta los niveles de finales de 2019, lo que indica una demanda interna moderada en general desde la pandemia”. Eso sí, de cara a este año y al próximo, el FMI espera que la economía de España coja una velocidad de crucero, con previsiones de crecimiento del 1,9% y el 2,1%, respectivamente.

Un ritmo de avance que impulsará precisamente la demanda interna. Primero, gracias a “un aumento moderado de la renta real [de las familias, por la moderación de la inflación y las subidas de los salarios] y a una normalización gradual de la tasa de ahorro de los hogares, que deberían respaldar el consumo. Y, segundo, gracias a los desembolsos continuados del Plan de Recuperación y unas condiciones financieras más favorables [por el inicio de las bajadas de los tipos de interés del BCE], que ”propiciarán un cierto repunte de la inversión privada“.

Además, el informe del FMI apunta que “la retirada de las medidas de apoyo para la inflación de la energía y los alimentos generará subidas de precios puntuales, pero la inflación debería reanudar su tendencia a la baja a partir de entonces, acercándose al objetivo del BCE [el 2%] a mediados de 2025”. Y considera “que el crecimiento del empleo se moderará a medida que se normalicen los flujos migratorios y la tasa de desempleo descenderá lentamente hacia su nivel estructural a medio plazo, en torno al 11%”.

Entre los principales riesgos, el organismo resalta que “la fragmentación parlamentaria podría obstaculizar la aplicación de reformas estructurales y la consolidación fiscal, lo que a la larga podría empeorar la confianza empresarial, la inversión y el crecimiento”. Y añade la amenaza de “una utilización menos eficaz de los fondos europeos del Plan de Recuperación”.

Hasta aquí, la fotografía de la economía de España y sus proyecciones. Después, siguen las recomendaciones más específicas, sobre política fiscal, pensiones o sobre el mercado de trabajo. Respecto a la reforma laboral de 2021, por ejemplo, admite que ha reducido fuertemente la temporalidad, “hasta los niveles medios de la UE”, pero matiza que “se necesitan políticas adicionales para lograr una mayor estabilidad del empleo”.

“Flexibilizar” la protección del empleo

¿Cuáles? Las de siempre. Una, “la flexibilización de la legislación de protección del empleo, incluida la reducción de la incertidumbre en torno a los costes de despido, proporcionaría incentivos adicionales a los empresarios para crear contratos indefinidos regulares”, dice el informe del FMI. También entra en que “la introducción de cotizaciones más elevadas para la prestación por desempleo para los empresarios con mayor rotación podría desincentivar los cambios excesivos entre la actividad y la inactividad en el marco de contratos fijos discontinuos, que a su vez deberían controlarse con mayor precisión mediante información estadística adicional”.

Hay más. De nuevo, repite: “Tras aumentar más del 50% en los últimos cinco años, el salario mínimo [SMI] ha alcanzado el objetivo del Gobierno del 60% del salario medio; cualquier nuevo aumento deberá tener en cuenta los posibles efectos adversos sobre el empleo poco cualificado”.

Asimismo, el FMI considera que “la reducción de los contratos temporales en el sector público, tal como está previsto, también contribuiría a reducir la proporción de empleo temporal”. Y añade que “para reducir el desempleo estructural, que sigue siendo elevado, es preciso impulsar las políticas activas del mercado laboral y reforzar los incentivos a la contratación”.

Consolidación fiscal

Sobre las finanzas públicas, el organmismo señala que “siguieron mejorando en 2023”, aunque a un ritmo más lento que en años anteriores, pero la deuda sigue siendo elevada“.

“A medio plazo, a medida que el crecimiento se modere, la inflación se normalice y el auge de los ingresos fiscales [alcanzaron un récord en 2023] disminuya, se prevé que el déficit fiscal y la deuda pública se estabilicen en torno al 3% y el 104% del PIB, respectivamente, en ausencia de una consolidación fiscal discrecional adicional”, comenta.

“Con la economía funcionando casi a plena capacidad y beneficiándose del Plan de Recuperación, se justifica una política fiscal restrictiva sostenida para restablecer un margen de maniobra fiscal adecuado frente a futuras crisis y reducir la elevada deuda a medio plazo”, traslada el FMI, en línea con las nuevas reglas fiscales de la UE, que se activarán finalmente en 2025.

En este aspecto, incide en la necesidad de una reforma fiscal. “Junto con la eliminación progresiva programada de los restantes medidas contra la inflación, el ajuste fiscal recomendado por el personal podría lograrse eliminando las exenciones del IVA, armonizando los tipos del IVA entre productos y elevando la fiscalidad medioambiental hacia los niveles de los homólogos de la UE”, enumera. “El impacto potencial sobre los hogares con rentas más bajas podría abordarse mediante otras políticas específicas, como una desgravación fiscal por incorporación al trabajo, la ampliación de las políticas activas de empleo y el aumento de la oferta de viviendas asequibles”, continúa.

En caso de que el Gobierno de coalición “decida convertir los gravámenes temporales sobre los bancos y las empresas energéticas en impuestos permanentes, sus bases deberían ajustarse a una definición más clara de beneficios excepcionales para minimizar sus efectos distorsionadores”, añade.

Recomendaciones sobre las pensiones

Por último, el FMI apunta que “es muy probable que en el futuro se necesiten medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. La cláusula introducida en 2023 es una herramienta importante para corregir posibles desequilibrios. Si se activa, debe considerarse un conjunto equilibrado de reformas, evitando una dependencia excesiva de la opción de último recurso de aumentar los tipos de cotización, lo que elevaría los costes laborales y podría afectar al empleo”.

“Podría estudiarse la posibilidad de reducir las tasas de sustitución [lo que se cobra de pensión respecto a salario obtenido], que se sitúan muy por encima de las de los países de su entorno, alargando a una carrera completa el periodo de cotización considerado en el cálculo de las prestaciones. Otra opción sería elevar aún más la edad efectiva de retirada del mercado laboral mediante actuaciones en un frente más amplio”, concluye.

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