Ruth Ferrero, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, ha participado en el curso 'Geopolítica y los retos del espacio Mediterráneo', celebrado en Mazarrón. Un año después de los disturbios racistas que sacudieron Torre Pacheco, la politóloga analiza en esta entrevista qué ha cambiado y qué permanece intacto: desde la islamofobia que subyace a episodios como los ocurridos tras la victoria de Marruecos en el Mundial, hasta el papel de Murcia como “laboratorio” de políticas que después se blindan en otras comunidades autónomas, pasando por la responsabilidad de la prensa a la hora de narrar —o desmontar— el marco del 'problema migratorio'.

Ha pasado un año desde los disturbios de Torre Pacheco. ¿Qué ha cambiado y qué sigue intacto en el diagnóstico que se hizo entonces?

Lo primero que hay que decir es que no se han repetido disturbios. Las autoridades han reforzado la presencia de fuerzas de seguridad, pero no ha habido nuevos brotes, lo que induce a pensar que hubo una inducción externa a esa violencia, en una localidad diversa donde habitualmente no se dan episodios así. El problema es que Torre Pacheco ha quedado fijado en el imaginario colectivo, algo que no beneficia a las autoridades locales, porque en realidad existe una convivencia pacífica entre la población agrícola migrante y el resto de vecinos. La cuestión de fondo es si se han dotado de los recursos necesarios para evitar que esto se repita. Sabemos que ha habido una inversión notable en el apartado punitivo —nuevos agentes de policía local, cámaras de videovigilancia—, pero no tengo tan claro que haya habido la misma inversión en infraestructuras o servicios municipales.

Hace unos días hubo en Torre Pacheco un nuevo altercado entre personas de origen migrante, y desde Vox se volvió a vincular el episodio y a difundir vídeos de la agresión, como ocurrió hace un año.

Los bulos que incitan a este tipo de violencia tienen una base de realidad, pero luego son manipulados por fuerzas políticas que buscan una implosión social. Eso es lo que hay que evitar, informando adecuadamente. Plantear que los migrantes, por el mero hecho de serlo, incitan a la violencia es muy peligroso. Hay que disociar los brotes delincuenciales de la cuestión migratoria: podemos hablar de extranjeros delincuentes, pero no de migrantes delincuentes, porque son términos con una carga muy distinta.

La celebración de la victoria de Marruecos en el Mundial se vivió con alegría en las calles de Torre Pacheco, pero también generó comentarios de rechazo. ¿Por qué la comunidad marroquí provoca ese tipo de reacciones cuando pasarían desapercibidas en otro colectivo?

Porque hay una islamofobia de fondo. La población procedente del norte de África se ha convertido en objetivo de las fuerzas reaccionarias, primero por una cuestión religiosa: el islam se asocia al terrorismo internacional, algo que no es real —hay fanáticos en un colectivo religioso, no todo el colectivo es violento—. Y también porque desde hace años, no solo desde la extrema derecha sino desde posiciones de centroderecha —recuerdo los gobiernos de Aznar—, se ha planteado que hay colectivos no integrables en las sociedades occidentales, entre ellos las personas de religión musulmana. Esa vinculación entre seguridad y migración tiene su origen en los atentados del 11-S, y a partir de ahí se incorpora a las estrategias de seguridad nacional, tanto europeas como española, desde 2001 y con la Estrategia Solana de 2003. Lo que estamos viendo por parte de las extremas derechas, y de parte del centroderecha, es una reconfiguración del cuerpo nacional sobre bases esencialistas en lugar de sobre el respeto al Estado de derecho y la Constitución, que debería ser el único límite.

Hace 25 años, El Ejido vivió una oleada de violencia racista tras un crimen puntual. ¿Qué paralelismos y diferencias encuentra con Torre Pacheco? ¿Hemos aprendido algo como país?

Aquel momento coincidió con los atentados del 11-S y con un incremento muy importante de la presión migratoria desde finales de los noventa. Hubo que adaptar los modelos de integración y la dotación de servicios públicos, y se produjo una fuerte segmentación étnica en el acceso a determinados nichos laborales, como la agricultura y los invernaderos, algo que la sociedad vio con recelo. Desde entonces hemos pasado por momentos de enorme tensión, como los atentados de Atocha, en los que las autoridades españolas respondieron de manera mucho más adecuada: España se puso como modelo de buenas prácticas porque no hubo ataques contra la población magrebí en Madrid. Ahí la narrativa de las autoridades juega un papel fundamental: si no separas claramente a quienes cometen delitos graves del colectivo en su conjunto, acabas generalizando, cuando entre el 80% y el 90% de cualquier colectivo son personas pacíficas.

Más allá de la violencia explícita, ¿cómo se mide académicamente el racismo de baja intensidad que atraviesa espacios cotidianos?

A través de encuestas, cuestionarios y entrevistas. Hay bastantes estudios sobre acceso a la vivienda que detectan una suerte de rechazo cuando el propietario percibe, por el acento, que la persona no es suficientemente española. En el acceso a sanidad o educación no se detectan tanto actuaciones discriminatorias por parte de los funcionarios que atienden, sino comentarios entre usuarios. El problema real está en la dotación de esos servicios públicos, que tiene que adaptarse al número real de población. Por eso ha sido tan importante el proceso de regularización extraordinario: para saber cuál es el universo real sobre el que hay que operar y evitar que los servicios queden infradotados.

El cierre de un centro de menores no acompañados, por ejemplo, o la eliminación del programa de lengua árabe y cultura marroquí en Murcia, ¿qué papel juegan estas decisiones aparentemente administrativas en la normalización del discurso antiinmigración?

Es dar la razón al discurso antiinmigración. Cuando el poder institucional niega la propia diversidad cultural de un colectivo, está diciendo que ese colectivo es un riesgo para la cohesión social. Y eso azuza precisamente esos microrracismos que pueden ir a más.

Torre Pacheco no ha sido un caso aislado en Europa: ha habido disturbios en suburbios franceses, brotes racistas en Reino Unido o, recientemente, en Belfast. ¿Qué tienen en común estos episodios?

Lo que tienen en común es la búsqueda de un colectivo al que culpabilizar de los males de la sociedad, y la manera más sencilla es elegir uno que no cuenta con los mismos derechos que el resto para defenderse. A eso se suma la utilización instrumental de fuerzas políticas reaccionarias para movilizar a su electorado, cuando los partidos sistémicos no dan respuesta a las demandas de cohesión social. Es mucho más sencillo decir que los servicios públicos fallan porque hay demasiados migrantes que hacerse cargo de un aumento del gasto público. Y esto no es exclusivo del centroderecha: lo hemos visto en Dinamarca, en los últimos gobiernos socialdemócratas de Alemania o con Starmer en Reino Unido.

El concepto de 'prioridad nacional' que Vox ha impuesto en los pactos de gobierno con el PP, el último en Andalucía, ¿qué significa en términos jurídicos y qué recorrido tiene para condicionar políticas de vivienda, sanidad o educación?

Lo primero que hay que determinar es si es discriminatorio, y parece bastante claro que lo es, por lo que no se ajustaría a nuestro Estado de derecho. Una característica de las políticas racistas es que quiebran las bases fundacionales de las democracias liberales: negar derechos a una parte de la población residente es síntoma de que lo siguiente irá a más, porque una vez que se vulnera el Estado de derecho una vez, hay casi carta blanca para seguir haciéndolo con otros colectivos. Al principio la población mira hacia otro lado porque no le toca a ella, pero poco a poco esas políticas van favoreciendo un modelo más securitario y de recorte de derechos, donde todo queda supeditado a la seguridad en vez de a la protección de las personas.

¿Ha sido la Región de Murcia un laboratorio de políticas que después se blindan en otros pactos institucionales, como el andaluz?

Sí, evidentemente Murcia ha sido un laboratorio. Por eso es muy importante que el resto de actores políticos y sociales muestren cuál es la realidad: si le quitas derechos a la población que sostiene el modelo económico murciano, la región no tendría el PIB que tiene ahora mismo, porque no hay quien sustituya a esa mano de obra en el campo. Hay un interés en mantener a esa población trabajando pero sin derechos plenos: en situación irregular, con miedo a ser atacada o detenida, es mucho más difícil que se defienda. Detrás de esto hay poderes económicos interesados en una explotación laboral sin límite. Es verdad que la regularización extraordinaria ha permitido aflorar parte de esa economía sumergida, pero muchos empleadores seguían prefiriendo vivir cómodos pagando mal.

Desde la geopolítica de las migraciones, ¿cómo encaja Torre Pacheco en las dinámicas migratorias más amplias del Mediterráneo occidental?

La Región de Murcia y Andalucía son puntos de llegada porque han sido territorios de intensa mano de obra agrícola, mientras la población local ha protagonizado una migración campo-ciudad hacia Cataluña, Madrid o el norte en los últimos treinta años, con el consiguiente riesgo de declive demográfico. Para mantener ese modelo productivo hace falta mano de obra que murcianos y andaluces no quieren hacer, y cuanto menos se pague, mayor es el beneficio. La población migrante no va a regiones sin trabajo: cuando decimos que los sirios 'iban a Alemania', en realidad iban a ciudades concretas con empleo, no a Berlín, que tiene instituciones pero poco tejido productivo. Por eso llega más gente a Murcia que a Baleares, donde el motor es el turismo. Esto podría cambiar con el cambio climático: las olas de calor ya afectan también al norte de Europa, y a medio plazo turismo y mano de obra podrían reorientarse hacia allí.

¿Cómo valora la cobertura que hace la prensa española de los fenómenos migratorios? ¿Se refuerzan los marcos de 'problema' y 'amenaza', o hay ejemplos que rompen esa lógica?

Hay una disputa por ese relato. Hace unos años costaba encontrar en el discurso político un abordaje de la migración como fenómeno y no como problema; ahora hay más cuidado en ese sentido por parte de los operadores políticos. Pero la irrupción de Vox contamina todo el debate público: en buena medida ha conseguido que, incluso cuando el PSOE y el PP ya tenían asumido que se trataba de un fenómeno estructural y necesario para la economía española, sus marcos empiecen a desplazarse. Eso es lo preocupante, y afecta especialmente al PP, que hasta hace poco tenía asumido un discurso de la inmigración como oportunidad de desarrollo económico.

El proceso de regularización de extranjeros avanza con bastante lentitud burocrática. ¿Qué coste político y social tiene este abandono administrativo, más allá del sufrimiento individual de quien espera?

El proceso está avanzando: desde que terminó el plazo, los expedientes resueltos se han ido duplicando. Cuanto antes se resuelvan, mayor seguridad jurídica tendrán personas que, recordemos, no acaban de llegar: ya vivían y trabajaban en España. De lo que se trata ahora es de hacer coherentes los servicios públicos con la cantidad real de personas que existen en el territorio, algo que solo es posible conociendo ese número con precisión.

La investigación sobre el grupo neonazi 'Deport Them Now', responsable de promover los ataques racistas de Torre Pacheco (Murcia) está en punto muerto un año después. No se ha imputado a más miembros de la organización que su líder, cuyos dispositivos electrónicos incautados en julio de 2025 también están pendientes de analizar.

El joven C.L., el líder en España de 'Deport Them Now', es el único investigado, pese a que la causa está abierta por asociación ilícita, entre otros delitos. Del resto de miembros del grupo ultra, que aparecen en las grabaciones de manifestaciones que los neonazis realizaron en la primavera de 2025 en varias poblaciones catalanes, nada se sabe.

Un informe de los Mossos d'Esquadra, al que ha tenido acceso elDiario.es, dio el primer paso para identificar a más miembros del grupo, pero no se ha traducido en imputaciones en la causa que investiga una jueza de Mataró (Barcelona).

En ese documento, la unidad contra los delitos de odio de la policía catalana apuntó que, de acuerdo con la información disponible en Internet y otras fuentes abiertas, los otros miembros de 'Deport Them Now' “serían personas ya conocidas por su ideología de ultraderecha o neonazi”.

Es más, los Mossos también avanzaron que los otros integrantes del grupo ultra residirían en Sabadell (Barcelona). Todo ello forma parte del informe, enviado a la Fiscalía contra los delitos de Odio en agosto de 2025, sobre una manifestación en Terrassa (Barcelona) cinco meses antes contra la “islamización” del municipio, y en la que también participaron los miembros de 'Deport Them Now'.

En esa concentración en Terrassa, convocada por Vox, C.L. ya lanzó mensajes violentos contra los migrantes. “No os imagináis de lo que son capaces estos bárbaros, debemos combatirlos con hierro, con fuerza”, proclamó el líder neonazi, según recoge el atestado policial.

La coincidencia en una marcha racista de Vox y 'Deport Them Now' se repitió en Mataró (Barcelona). El líder de los neonazis se manifestó en mayo de 2025 junto al concejal de Vox en Mataró y consejero en el Consell Comarcal del Maresme, Jose Casado, tal y como desveló elDiario.es.

Las distintas concentraciones promovidas por el grupo neonazi en primavera en Catalunya se saldaron sin incidentes, a diferencia de los altercados racistas promovidos por 'Deport Them Now' en Torre Pacheco. C.L. reconoció ser el autor de algunos mensajes del grupo de Telegram en el que llamaban a la “caza del magrebí”.

Los Comuns, que ejercen la acusación popular, pidieron investigar los “nexos” entre Vox y 'Deport Them Now'. En febrero, también solicitaron a la magistrada dar un impulso al caso con una batería de diligencias para descubrir las conexiones internacionales de 'Deport Them Now' y cómo se relacionaban los integrantes del grupo en Catalunya. La causa tampoco ha avanzado desde entonces.

El parlamentario de los Comuns Andrés García Berrio ha reclamado este jueves en el Parlament mayor contundencia en la investigación de la extrema derecha violenta. “¿Cómo puede ser que solo una persona de 'Deport Them Now' esté investigada? No se está haciendo lo suficiente”, ha enfatizado el diputado.

García Berrio también ha instado a los Mossos a “actualizar” su estrategia contra grupos de extrema derecha organizada “para aumentar su eficacia”. La moción de los Comuns, que pedía rechazar las “estrategias políticas que instrumentalizan” delitos atribuidos a migrantes para fomentar el odio contra ellos, tal y como ocurrió en Torre Pacheco, ha recibido el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo PP, Vox y Aliança Catalana.

El paso del tiempo y la falta de avances sustanciales en la causa fueron los motivos en los que se apoyó la Audiencia para dejar libre a C.L. el pasado noviembre. Entendió el tribunal que, desde el ingreso en prisión del neonazi en julio, “había mediado tiempo suficiente” para haber realizado el análisis de sus comunicaciones tanto en redes sociales como con el resto de miembros de 'Deport Them Now'.

Entre una decisión judicial y otra, el neonazi cambió de defensa: de un letrado del turno de oficio de Mataró pasó a ser asistido por el abogado Juan Cremades, conocido en Catalunya por ser el abogado de Vox en varias causas judiciales.

La madrugada del 9 de julio de 2025 un hombre salió muy temprano a andar por su pueblo, Torre Pacheco, en Murcia, cuando tres hombres se le acercaron y uno de ellos le agredió y dejó tirado en el suelo. Al día siguiente, la ultraderecha de toda España pondría el foco en aquel pueblo, y durante las tres noches siguientes, se vivieron escenas de altercados, violencia, hostigamiento, y asaltos a viviendas y comercios por parte de grupos de ultraderecha que, desde varios puntos de España, acudieron a la llamada para “cazar inmigrantes”. Era el brote racista más grave que había vivido España en 25 años, y nunca estuvimos tan cerca del precipicio.

Con Elisa Almagro, periodista de elDiario.es en la Región de Murcia, que ha vuelto a Torre Pacheco un año después de estos hechos, hacemos un balance de la situación social y de las consecuencias judiciales para algunos de los protagonistas de este grave estallido de violencia xenófoba. Con Oriol Solè, periodista de elDiario.es en Catalunya, actualizamos el estado en el que se encuentra la situación judicial de uno de los principales instigadores de estas campañas de linchamiento.

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es. 

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 190.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

Cuando las cámaras se marcharon y los últimos ultras abandonaron Torre Pacheco, no llegó la calma. Llegó el silencio. Un silencio que no tenía que ver solo con el verano, sino con el miedo. Durante meses, en las calles donde se había señalado, perseguido e insultado a vecinos por su origen, casi nadie quiso volver a hablar de aquellos días. “En octubre, cuando empezó otra vez la campaña y regresó la gente, algunos vecinos reconocían que lo habían pasado muy mal. Pero no muchos”, recuerda Nabil Moreno, presidente de la Comunidad Islámica Al Manar de Torre Pacheco, un municipio de 40.000 habitantes y 99 nacionalidades diferentes.

Hace un año, la agresión a Domingo, un anciano de 69 años, fue utilizada como detonante de una ola de violencia racista. Centenares de ultras llegaron al municipio, espoleados por mensajes de odio difundidos desde canales y perfiles de extrema derecha que llamaban abiertamente a la “cacería” de migrantes. Durante varios días, Torre Pacheco dejó de ser un pueblo agrícola para convertirse en el escenario de una persecución xenófoba.

Nabil lo recuerda en una cafetería a las afueras de Torre Pacheco. Desde la mesa se puede observar una panorámica del establecimiento. Una docena de parroquianos, de todas las edades, se refugian dentro del calor. En la barra se sirve té con menta y dulces típicos de Marruecos, expuestos en una enorme vitrina. Al fondo, pósteres madridistas adornan la pared, recuerdos de la Champions de 2016. “Distribuyen el pan marroquí, hacen dulces, cordero asado por encargo.También se celebran bodas. Antes esta era la única sala en todo el Campo de Cartagena, ahora hay muchas más”, explica Nabil.

“Ante todo somos de este pueblo, somos vecinos. Somos ciudadanos de aquí, tenemos hijos nacidos aquí y ahora vamos con la segunda generación”, explica Nabil. Al presidente de la comunidad islámica le cuesta recordar los disturbios del pasado año, no quiere volver a esos días que define como de inseguridad e incertidumbre: “Todo el mundo tenía miedo por la noche, a las siete la gente ya estaba entrando en su casa”.

“Vino mucha gente de fuera, ultras y algunos marroquíes a buscar líos, pero esto es un pueblo tranquilo, no somos gente violenta”, abunda. “Los niños estuvieron una semana sin salir en pleno verano, sin disfrutar de sus vacaciones. Yo tuve que irme a la baja una semana, explicarle a mi jefe que no podía trabajar teniendo al lado de mi casa a gente armada”.

Ahora, el hombre confiesa que llegó a temer la vuelta de los ultras. La semana pasada, Vox volvió a explotar un altercado en Torre Pacheco, en el que el presunto agresor atacó en repetidas ocasiones a otro hombre con un martillo en la cabeza y después agredió con una botella rota en el cuello a un tercer hombre: “No es exclusivo de Torre Pacheco que haya heridos graves en una pelea”, apuntó el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca (PP), a este diario. “No hay que meter a todo el mundo en el mismo saco”, añade Nabil.

“Torre Pacheco es un municipio con un alto porcentaje de trabajadores migrantes, fundamentalmente vinculado al campo. Estas son las condiciones que en su día alentaron a algunos colectivos de ultraderecha”, expone el profesor de Sociología en la Universidad de Murcia (UMU) Andrés Pedreño

Convivencia sin integración

138.204 comentarios de discurso de odio racista y xenófobo corrieron como la pólvora en redes sociales en apenas dos semanas tras la agresión el 9 de julio de 2025 a Domingo, según un informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De todo ese contenido, las plataformas solo retiraron el 22%. El informe analizó el periodo entre el 6 y el 22 de julio y concluyó que el 91% de los mensajes de odio detectados tuvieron como objetivo a personas del norte de África.

Los disturbios en Torre Pacheco fueron un problema importado, los ultras podrían haber invadido cualquier otro municipio para sus llamadas “cacerías” al migrante, pero lo ocurrido expuso la fragilidad de la integración en la localidad: “Cada uno va haciendo su vida, te ven como extranjero. Y lo peor de todo, te meten en el mismo saco que una persona que hace las cosas mal. La mayoría piensa que estamos invadiendo su país o quitándoles el trabajo”, observa Nabil.

Durante los peores momentos del conflicto, Nabil echó en falta el respaldo del resto de vecinos de Torre Pacheco: “Si hubieran salido más españoles aquí con nosotros, no hubiera pasado nada”. “Hay que ayudar al pueblo, seas de donde seas. Si pasa algo en España y necesitan sangre, soy el primero en donarla. No hay que distinguir entre españoles y no españoles. Somos de aquí y hay que ayudar en lo que haga falta”.

Entre el ajetreo de la cafetería, Moustafa saluda a algunos de los parroquianos. Ha llegado a recoger el pan, que repartirá en el resto de establecimientos de la localidad. La Glorieta de la Tinaja, señala, es una frontera invisible que divide al municipio: “Ellos [la población blanca] viven ahora en una urbanización. Antes, en el barrio de San Antonio estaban las casas de los locales, que acabaron comprando los migrantes”, explica. “La convivencia no ha cambiado desde el año pasado”, añade Moustafa.

El Miloud llegó a España en 1974 para trabajar en las minas del Llano del Beal. Con una experiencia migratoria y de integración muy distinta a la que suelen experimentar sus compatriotas en la actualidad, es optimista respecto a la convivencia. “Yo llegué de forma legal, tenía 20 años”, cuenta mientras muestra orgulloso una copia de su primer contrato y de su visado, que atesora en su teléfono. En la mina conducía los vagones del tren, recuerda, y ganaba “un buen sueldo”.

La experiencia de El Miloud con sus vecinos es positiva: “Entran en mi casa, toman té con nosotros y nos tratamos con respeto; aquí hay de todo como en todos sitios, gente buena y gente mala y yo tengo muchas amistades tanto con españoles como con africanos”.

En el caso de sus compatriotas, apunta, “es importante tener un buen comportamiento cuando tienes la oportunidad de estar aquí en Europa. Llegar hasta aquí no es fácil, muchas familias tienen que vender en Marruecos todo lo que tienen”. En su opinión, los inmigrantes vienen para trabajar y no “para crear problemas”. En el caso de los jóvenes -dice- hay algunos que “salen de fiesta, se meten con todo el mundo o roban”, pero considera que es un fenómeno que alcanza a todas las nacionalidades. “En Pozo Estrecho, por ejemplo, había una banda robando y todo el mundo decía que eran moros, pero mira, eran españoles”.

Recuerda El Miloud que terminó de instalarse en Torre Pachecho en el año 1989, “cuando empezó a cultivarse aquí a gran escala y necesitaban mano de obra, pero entonces el trato era mucho mejor, ahora hay que pagar hasta por trabajar”.

En España, reflexiona, “tienen que aprender un poco de los países que atesoran más experiencia migratoria como Inglaterra, Alemania o Francia, donde se trata al extranjero como un ciudadano, con todo tipo de oficios y se les considera ingleses, franceses o alemanes”.

La regularización “mejorará la vida de miles de familias”

Las calles de este barrio están, como suele ocurrir en estas fechas, desoladas y desprovistas de gente, con la salvedad de la eventual terraza de bar. En su cafetería, Allal Abbou, presidente de la Asociación Marroquí de Consulta y Participación, intenta construir puentes entre los vecinos: “Hay que activar el barrio, no hay muchos sitios de ocio”, explica. “Jugamos al ajedrez, o fuera a la petanca. Aquí no solo vienen los jóvenes marroquíes del pueblo. Viene mi hijo, mi hija, sus compañeros del colegio. Los vecinos son como mi familia”, abunda.

Una de las paredes de la cafetería está presidida por un televisor, que retransmite una tertulia del Mundial de fútbol en árabe: “Está siendo un Mundial cargado de sorpresas”, señala Allal. Una de las mesas junto al televisor está coronada por un jarrón con las banderas de España y Marruecos: “Ahora hay una nueva generación de diferentes nacionalidades, colores y religiones. Echamos en falta una colaboración entre el Ayuntamiento, Servicios sociales y los vecinos para mejorar la convivencia”, explica.

En Torre Pacheco hay censadas 99 nacionalidades diferentes. En los últimos años, su población ha crecido significativamente hasta alcanzar las 40.000 personas. La llegada del agua del Trasvase Tajo-Segura en 1979 vino acompañada de una enorme oferta de trabajo agrícola, que se suplió con población migrante. Nabil llegó en el 2001, cuando las multinacionales ya habían sustituido a las explotaciones de pequeño tamaño, y trabajó en el campo cuatro años: “Si no hubiera migración, este pueblo estaría en la lista de la España vaciada. Los inmigrantes lo han levantado muchísimo. Yo estuve trabajando 14 horas al día, cargando camiones para exportar a Europa los productos de la huerta murciana”, recuerda Nabil.

“Ahora gracias a Dios tengo un trabajo, tengo a mi familia, mi casa. Soy de Tetuán, cerca de España, me fui porque no veía un futuro allí. Nadie deja su país para buscar conflictos”, subraya.

“Algunos vecinos lo pasan mal, no tienen documentación, no tienen nada. No son el problema, pero su situación es parte del problema”, explica Nabil, que celebra la regularización extraordinaria: “Va a mejorar la vida de miles de familias”. Pedreño, por su parte, espera que mejore a la integración de la población local: “Esperemos que contribuya a la normalización e integración que todo proceso de regularización conlleva”.

Como presidente de una comunidad religiosa, Nabil ha sido testigo de los estragos que la falta de papeles puede causar entre sus vecinos: “Me marcó la situación de una mujer que llegó aquí hace tres años. Su hijo murió el año pasado y no tiene dinero para volver a Marruecos y despedirse. Lo está pasando muy mal en el campo, tiene que comprar contratos y se aprovechan de ella”, explica.

“Tener a personas sin papeles y sin estatutos de la ciudadanía condena a la población a situaciones de marginalidad y de sobreexplotación. En definitiva, sin derechos”, detalla Pedreño.

“[La regularización] va a ser buena para la seguridad del pueblo. Una persona que no tiene casa, ni trabajo, que no puede formarse, al final está abocada a la violencia”, añade Nabil.

“En el barrio de San Antonio se está desarrollando un proyecto de dinamización comunitaria que está desarrollando el Ayuntamiento del municipio con financiación de la Comunidad Autónoma. La gente migrante debe sentirse integrada, con derechos, con un reconocimiento de su ciudadanía. Creo que la regularización y el plan de dinamización son pasos en el buen camino”, apunta Pedreño.

La curva del odio

El estallido de julio no fue un hecho aislado. El observatorio traza una cronología de antecedentes que, sostiene el informe, contribuyeron a preparar el terreno: un intento de robo el 2 de mayo protagonizado por un presunto agresor norteafricano, viralizado como ejemplo de “defensa legítima”; la muerte a tiros de un hombre armado con un cuchillo en el aeropuerto de Gran Canaria, el 17 de mayo; la detención de un policía en Torrejón de Ardoz el 18 de junio, tras la muerte de un ciudadano norteafricano; y, sobre todo, la investigación abierta el 30 de junio por una presunta agresión sexual cerca de un centro de menores en Alcalá de Henares, que el propio documento identifica como detonante de manifestaciones con fuerte carga xenófoba, incluida la exhibición de simbología nazi.

Menos de 24 horas después de la agresión a Domingo, recoge el informe, ya circulaban vídeos manipulados y fotografías erróneas de los supuestos implicados; el 11 de julio grupos de Telegram lanzaron llamamientos a atacar a personas extranjeras y el Ayuntamiento (PP) convocó una manifestación bajo el lema 'Torre Pacheco, libre de violencia, libre de delincuencia'.

Para el 12 y el 13 de julio la violencia dio el salto a las calles de Torre Pacheco, que registró los primeros episodios de violencia en el barrio de San Antonio, con al menos cinco detenciones y el ataque a un establecimiento regentado por una persona musulmana, pese al despliegue de más de 75 agentes. El informe documenta la participación del presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, en una manifestación paralela bajo el lema 'Defiéndete de la inseguridad', donde llegó a afirmar sobre la expulsión de inmigrantes que no iba a quedar “ni uno”. El 14 de julio se anunció la detención del líder del grupo ultra de Telegram 'Deport Them Now', donde germinó la “cacería” al migrante.

El 11 de julio ya se registraban, según OBERAXE, del orden de 6.824 mensajes de odio diario, pero el pico máximo llegó el 12 de julio, con 33.046, coincidiendo con la manifestación convocada en la localidad. Después, fue descendiendo poco a poco aunque se mantuvo elevado hasta el 17 de julio (con 8.247 mensajes).

El Observatorio incide en su informe en que el 33% de los mensajes eran deshumanizantes, un 27% presentó al colectivo como una amenaza, un 23% incitó directamente a la expulsión, un 13% incitó a la violencia y un 4% llegó a alabar a los agresores. El informe subraya además que el 78% de los contenidos de odio se articuló en torno al argumento de la inseguridad ciudadana, y que el lenguaje empleado fue explícitamente agresivo en el 88% de los casos, con un uso reiterado y peyorativo del término “moro”.

El vídeo que no era de Torre Pacheco

OBERAXE dedica un apartado específico a uno de los bulos centrales del caso: un vídeo de 25 segundos que circuló como supuesta prueba de la agresión original. Tanto el Ayuntamiento como la Guardia Civil confirmaron que las imágenes correspondían en realidad a una agresión ocurrida en Almería a finales de mayo, sin relación alguna con los hechos de Torre Pacheco. En paralelo, circularon fotografías con identidades falsas de cinco supuestos agresores, que ni siquiera la víctima llegó a reconocer.

Coincide en este punto Alba Solla, redactora en Maldita.es. La fundación analizó durante esos días 50 publicaciones en X con desinformaciones sobre Torre Pacheco que sumaron más de 1,6 millones de visualizaciones. “A 18 de julio de 2025, ninguna tenía Notas de la Comunidad visibles; pero el bulo del vídeo de la agresión fue el detonante más viral y el primero en circular”.

“Este tipo de prácticas en situaciones impactantes y emergencias es una estrategia muy usual”, explica Solla, al tiempo que añade que desde Maldita.es documentaron también la participación de la red rusa Pravda, “una red de propaganda y desinformación que actúa como amplificadora”, que publicó casi 300 contenidos en cinco días, en varios idiomas.

Según la redactora de Maldita.es, “identificamos el primer bulo de Torre Pacheco en Telegram a las 10.00 horas del 10 de julio, y solo 13 minutos más tarde News Pravda ya lo estaba republicando, es algo muy rápido”.

“Identificamos contenidos de desinformación en Twitter o Telegram que seguían circulando días después y no tenían notas de la comunidad; ocurrió también con la dana en 2024, entonces también vimos que el sistema de notas no era suficientemente efectivo”.

“La desinformación se difunde muy rápido, no se contrasta, y en temas tan delicados y en los que hay un vacío informativo en los primeros momentos, es muy fácil que en ese hueco se cuelen los bulos”, explica Solla. Apelando a las emociones el medio o de la ira, el cóctel está servido. “Es muy rentable porque el pánico llama la atención del receptor y dificulta el razonamiento crítico, simplificando los procesos mentales”.

Marruecos ganó a Canadá en el mundial de fútbol. Lo viví en Torre Pacheco entre cientos de hispanomarroquíes. Me fui a San Javier, donde seguía la fiesta en la calle, con banderas, cánticos y coches pitando sin parar. Me subí al Interbus que iba a Murcia, a las 10 de la noche, después de disfrutar entre hombres y mujeres de todas las edades que contagiaban alegría.

En el autobús, cerca de mi asiento, dos señoras manifestaban su molestia con ese ambiente de celebración. “Ni que hubieran ganado el mundial”, dijo una. “Pues cuando lo ganen, me encierro en mi casa, si salgo a la calle me violan seguro”, respondió la otra. “Seguro”, remató la primera.

Satisfechas con su tole tole racista y morófobo, siguieron repitiendo semejantes lindezas. Un tole tole que me persigue. Está en el autobús, en el bar, en la sauna, en la consulta del médico… Es el reflejo de una sociedad enferma de odio al extranjero, al marroquí, al moro, al negro, al islam.

Los insultos y menosprecios racistas se cuentan por millones en las redes sociales, pero también pasan todos los días en lugares públicos, y los sufren personas de carne y hueso, que mira por donde, son lo mejor que le ha pasado a España después de la aprobación de la Constitución de 1978.

Las 10 millones de extranjeros que llegaron para quedarse, dan vida a nuestras calles y color a nuestros sueños. Vinieron a cuidar a mayores, a cortar melones, a servir cafés con sonrisa, y a poner ladrillos, para reactivar un país nostálgico del fascismo, y enfermo de odio.

El proceso de regularización de extranjeros será un éxito a pesar de la desesperante maquinaria burocrática que lleva meses sin tocar expedientes que prometieron resolver en dos semanas. Qué angustia genera ese abandono administrativo.

¿Torre Pacheco? Un año después seguimos esperando a que los dirigentes políticos y los medios de comunicación acierten con el diagnóstico de la situación.

El tole tole racista aumenta, ahora le llaman “prioridad nacional”. La Región de Murcia fue pionera en su consolidación cerrando un centro de menores no acompañados y quitando el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, poniendo alfombra roja en las instituciones al ideario anticonstitucional y neofascista de Vox.

Un tole tole con derechos de autor que torpedea nuestro futuro como Región.

No ha transcurrido ni un año de los disturbios racistas de Torre Pacheco cuando Vox trata de explotar una reyerta callejera en este municipio murciano para volver a lanzar mensajes xenófobos. Este jueves tres hombres tuvieron un altercado sobre las seis de la tarde en la avenida Juan Carlos I de esta localidad. El presunto agresor atacó en repetidas ocasiones a otro hombre con un martillo en la cabeza y después agredió con una botella rota en el cuello a un tercer hombre. Los hechos se produjeron ante la mirada de numerosos vecinos que grabaron la escena con sus móviles y alertaron al 112.

La víctima principal ingresó en estado crítico en el hospital Virgen de la Arrixaca, donde permanece en la UCI debatiéndose entre la vida y la muerte. El alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca (PP), ha informado a este medio de que “a pesar de la gravedad, su situación está mejorando”. La segunda víctima se enfrenta a heridas leves.

“No es exclusivo de Torre Pacheco que haya heridos graves en una pelea”, ha advertido el primer edil pachequero, quien no ha querido entrar a valorar la información que diferentes líderes de Vox están publicando al respecto en redes sociales. La extrema derecha no ha tardado en utilizarlo para reactivar su discurso habitual sobre inmigración e inseguridad. Santiago Abascal ha difundido en X vídeos de la agresión y ha señalado que “nada nos obliga a seguir coexistiendo con esta barbarie, salvo la traición de una clase política desalmada decidida a convertir España en un país de depredadores y presas”.

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, por su parte, escribió en X: “Otra vez. Torre Pacheco. Lo de siempre. Pero no nos acostumbraremos. Nosotros no. Los españoles no. Hay que echarlos”.

Refuerzo de la presencia de Guardia Civil

El autor material de los hechos se encuentra detenido y la investigación, ya en marcha, está siendo llevada a cabo por la Guardia Civil. El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha informado de que se ha reforzado la presencia de agentes de este cuerpo militar en el municipio “por precaución”, aunque ha insistido en que, por el momento, no existe ningún riesgo para la convivencia.

El suceso llega justo cuando se cumple casi un año de la oleada de violencia xenófoba que vivió la localidad en julio de 2025, cuando la agresión a un vecino sexagenario por parte de un joven magrebí fue utilizada para convocar “cacerías” de migrantes que mantuvieron varios días en vilo al municipio y se saldaron con más de veinte detenidos.

Llega unos minutos tarde a la entrevista porque se ha entretenido de camino haciendo algunas fotos de la ciudad y propone retratarse junto a la escultura de una madre sosteniendo a su hija en el céntrico campus de la Merced de la Universidad de Murcia (UMU). Angela O'Hagan (Glasgow, 1966) ha venido a la capital murciana esta semana con credenciales poco habituales: es profesora emérita de Igualdad y Políticas Públicas en la Universidad Caledonia de Glasgow (GCU), preside desde 2024 la Comisión Escocesa de Derechos Humanos y lleva décadas construyendo marcos teóricos para medir si un presupuesto público respeta o vulnera derechos. Su tesis doctoral comparó el análisis presupuestario con perspectiva de género en Escocia, Andalucía y Euskadi. Conoce España, por tanto, desde dentro y, prácticamente, no recurre en ningún momento de la conversación a otra lengua que no sea el castellano.

La investigadora ha participado en el I Simposio Internacional organizado por la Universidad de Murcia en el marco de la red EuWIGeN —conformada por once universidades europeas— con una ponencia en la que conecta los derechos humanos con algo tan concreto como ir al médico, pagar el alquiler o acceder a un servicio de dependencia.

La entrevistamos mientras Belfast vive días de disturbios racistas -el mismo patrón que vivió Torre Pacheco hace menos de un año- y el gobierno laborista de Keir Starmer gestiona la tensión entre su discurso de derechos y una política migratoria cada vez más restrictiva.

¿Cuál fue el motivo que le llevó a investigar los derechos humanos desde la vida cotidiana?

Llevo toda mi carrera profesional trabajando en el ámbito de la igualdad, siempre con un enfoque de género. Las mujeres y los hombres tenemos experiencias distintas de los servicios públicos, del espacio público, de los recursos públicos. Las mujeres usamos el transporte para llevar a los críos, hacer la compra, acompañar a la suegra, y volver a un trabajo de tiempo parcial. Los hombres, en general, van directamente a su trabajo. Eso parece obvio una vez que lo ves, pero el sistema económico y social lo refuerza sin pensarlo, a veces sin mala intención, y así se repite el círculo. Lo que hacemos con la investigación es precisamente romperlo: ver qué produce desigualdad y actuar sobre ello.

Lo que me interesa ahora es cómo enlazar esa vida cotidiana con los marcos normativos de derechos humanos. Tendemos a pensar que los derechos humanos son cosas de guerras, cárceles o crisis humanitarias. Pero los derechos económicos, sociales y culturales recogidos en los convenios internacionales hablan de comida, transporte, educación, vivienda, agua. De las cosas de las cuales dependemos todos en la vida cotidiana.

¿Puede poner un ejemplo concreto?

En el norte y oeste de Escocia, una zona de belleza natural inmensa, pero con una población muy dispersa, hemos investigado el acceso a servicios de maternidad. Si vives muy al norte y estás embarazada, tienes un viaje de cuatro horas en coche para llegar al hospital, porque no hay autobús. Y si vives en una isla y es tu primer embarazo, tienes que salir seis semanas antes de la fecha probable de parto porque no hay servicios de maternidad en las islas más pequeñas. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de eso: de que todo el mundo tenga acceso a un servicio de calidad, accesible y apropiado dentro de su entorno. Eso es lo que exigen las normas internacionales.

En la Región de Murcia y en otras comunidades, las listas de espera en dependencia llevan años enquistadas. ¿Cuándo deja de ser un problema de gestión y se convierte en vulneración de derechos?

Es una cuestión de valores: qué valoramos como sociedad. La economía del cuidado —lo que se llama la economía informal— no recibe el mismo valor que la economía de fabricar o construir cosas, aunque tiene un coste individual y económico enorme. Sin invertir en infraestructura de cuidado, creamos un bloqueo en todo el sistema social y económico. Tenemos una población que envejece, un trabajo cada vez más precario, y un sistema que lleva décadas apoyándose en el cuidado gratuito de las mujeres. Eso frena sus oportunidades económicas y perpetúa la desigualdad.

La dependencia recae sobre las familias y, dentro de ellas, sobre las mujeres. ¿Es un fallo del sistema o una vulneración de derechos?

Ambas cosas. Es un problema estructural, tradicional, que llevamos generaciones reproduciendo con el rol supuestamente aceptado de las mujeres como cuidadoras. El sistema económico, social y cultural ha llegado a este punto. Y resulta en brechas de derechos claras: reduce la posibilidad económica, social y cultural de quienes se encuentran más apartados del mercado laboral porque tienen que cuidar de los demás, precisamente porque no hay servicios públicos suficientes.

Usted ha contribuido al concepto de Wellbeing Gender Budgeting. ¿Cómo lo explicaría a alguien sin formación en políticas públicas?

Las finanzas públicas son de todos. Todos contribuimos a través de nuestros impuestos, pero el beneficio de esos recursos no llega a todos de la misma manera. Presupuestar con perspectiva de género no significa gastar más en mujeres que en hombres. Significa preguntarse: ¿qué impacto va a tener esta decisión de gasto? ¿Va a aumentar el bienestar de mujeres y hombres por igual, o va a reproducir la desigualdad estructural que ya existe? Con más inversión en servicios de cuidado, el impacto para las mujeres sería mayor que para los hombres, no porque sean privilegiadas, sino porque cargan con más de esa necesidad. Eso es lo que hay que corregir.

Se ha presentado en el simposio el WIGI Index, un indicador que mide el impacto de las infraestructuras en el bienestar desde una perspectiva de género. ¿Qué aporta que no recogieran los indicadores anteriores?

Es una de las innovaciones más interesantes de este proyecto. Con una base de datos nacionales de toda España y el conocimiento acumulado sobre presupuestación con perspectiva de género y sobre cómo hombres y mujeres experimentan los servicios públicos de forma diferente, se ha construido un índice que puede decirle a quienes toman decisiones políticas dónde invertir para producir un impacto más igualitario. Es una herramienta de análisis para mejorar la política pública con evidencia, no con intuición.

Torre Pacheco en 2025, Belfast esta semana. El patrón es similar, que consiste en una agresión atribuida a un migrante, bulos y vídeos falsos que se viralizan y disturbios racistas en la calle. En Belfast, y también en Torre Pacheco, la propia familia de la víctima ha pedido que no se instrumentalice su tragedia. ¿Estamos ante una manifestación minoritaria de la xenofobia o ante unos prejuicios mucho más extendidos de lo que queremos reconocer?

Es una experiencia que tenemos en común en muchos países de Europa, y también en Estados Unidos. Hay un impulso político claro, pero yo lo relaciono también con la crisis del coste de vida y los años de austeridad que seguimos viviendo. La gente que tiene menos, para quienes llegar a fin de mes es difícil, está muy frustrada y busca a quien echarle la culpa. Y es muy fácil señalar a las personas inmigrantes, porque algunas voces políticas y algunos medios fomentan la idea de que la falta de recursos en la vida cotidiana es culpa del Estado por haber invertido en ellos. Pero no es así. Estos recursos tienen que ser para todo el mundo. Y tenemos que pensar en por qué hay tanta inmigración: las guerras, el cambio climático, que están forzando a la gente a moverse porque su tierra ya no da de sí.

Además, hay una campaña activa de desinformación. Se dice que los inmigrantes reciben cantidades enormes de dinero al día, que tienen acceso a vivienda, a móviles. No es verdad. Tenemos la responsabilidad de contrastar esa desinformación.

El ministro británico para Irlanda del Norte, Hilary Benn, ha denunciado un “clima de miedo” con personas expulsadas de sus casas por el color de su piel. ¿Qué obligación tiene el Estado más allá de condenar?

Tiene obligaciones concretas bajo el Convenio contra la Discriminación Racial: proteger y actuar para prohibir la discriminación que estamos viendo. La libertad de expresión es un privilegio, pero está limitada: no se puede expresar de una manera que amenace o incite a la violencia. El Estado tiene que hacer cumplir ese límite. Está bien condenar, pero también hay que actuar.

El laborismo británico o los socialdemócratas alemanes atraviesan una crisis de apoyo. En España, el CIS ha revelado recientemente que el 44,6% de los españoles apoya la “prioridad nacional” de Vox, que ya figura en algunos pactos de gobierno regionales con el PP. ¿La socialdemocracia ha perdido ese debate porque abandonó los derechos sociales como marco?

Tenemos una responsabilidad, quienes estamos en instituciones públicas, en la prensa, en la docencia: hacer ver con claridad que la estabilidad social, el bienestar democrático, depende de que las personas disfruten de sus derechos económicos, sociales y culturales. Hay una concepción muy extendida y muy equivocada de que los derechos humanos son una carga innecesaria para el Estado. No: son una manera de ampliar y mejorar las decisiones de política pública, porque empiezan con un principio fundamental que es la dignidad y el respeto para todos. Si empezamos desde ahí, se abre el abanico de lo posible.

En el Reino Unido hay un debate sobre si salir del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El laborismo no lo ha descartado. ¿Qué cambiaría en la vida de alguien en Belfast o Glasgow?

Lo que parecía un debate destinado a debilitar el Convenio ha terminado siendo lo contrario. Los 46 países miembros del Consejo de Europa han reafirmado su confianza en la Convención y en el Tribunal de Estrasburgo. Y tienen razón: los derechos que recoge el Convenio están en toda parte de la vida cotidiana. Vienen de un contexto histórico —la posguerra— pero sus valores fundadores siguen plenamente vigentes. Lo que empezó como un cuestionamiento se ha convertido en una reafirmación. Eso es importante.

El relato oficial de Vox sobre la salida de José Francisco Garre en Torre Pacheco se desmorona. Si hace apenas unos días la formación exigía el acta de concejal a Garre bajo la acusación de haber recibido 16.000 euros en transferencias “sin justificar”, una serie de mensajes de WhatsApp revelados por La Opinión de Murcia demuestran que la cúpula nacional de la formación ultraderechista no solo conocía esos pagos, sino que también los habría validado.

La dirección nacional de Vox, a través de la vicesecretaria de Acción de Gobierno, Montserrat Lluis, recibió el pasado 4 de marzo hasta diez capturas de pantalla que acreditaban que el Grupo Parlamentario estaba al tanto de cada euro transferido a Garre, quien además de concejal en Torre Pacheco había sido el número dos del Comité de Garantías del partido a nivel nacional. En esos mensajes, el propio Garre detallaba que los ingresos correspondían a trabajos jurídicos realizados desde 2020, cuando el partido carecía de estructura y él asumía en solitario la asesoría de numerosos municipios y procesos internos.

A pesar de que Lluis agradeció el envío de la documentación y que los pagos estaban acordados con figuras de peso como Rubén Martínez Alpañez (actual portavoz parlamentario tras la expulsión de José Ángel Antelo), Vox decidió lanzar públicamente la acusación de irregularidades económicas solo después de que Garre rompiera con el partido, junto a las ediles Ana Belén Martínez y Maria José Guillén, para formar gobierno con el PP en Torre Pacheco. Un pacto, justificado por Garre, que buscaba “desbloquear servicios esenciales, como limpieza y agua”, los cuales, según los concejales, estaban paralizados ante la falta de un equipo de gobierno sólido.

La cronología de los mensajes reforzaría la versión aportada por Garre, quien califica la actitud de su antiguo partido como una estrategia de “amedrentamiento”. Según el concejal, Vox estaba buscando un mecanismo de presión para evitar que explorara acuerdos de gobierno fuera del control de Madrid. Garre ha dicho que sabían “perfectamente” cuánto dinero y por qué se le estaba pagando, y asegura que incluso ha llegado a recibir disculpas de responsables nacionales por la carga de trabajo que había soportado durante años antes de que se profesionalizara el área jurídica.

Este nuevo capítulo agrava la crisis interna de Vox en la Región. Aunque el partido ha acusado a Garre de “venderse” al PP por supuestos intereses personales y de no justificar sus ingresos, las últimas informaciones apuntan a que todo estaba, previamente, en conocimiento de la cúpula de Santiago Abascal. Lo que Vox presentó como un expediente de expulsión por falta de transparencia parece haber sido, a tenor de las pruebas, una reacción de castigo ante la pérdida de control territorial en Torre Pacheco, que es una de las plazas fuertes del partido a nivel nacional y donde en las elecciones de 2019 llegaron a alcanzar el 38 por ciento de los votos. Por el momento, la dirección nacional de Vox no ha ofrecido una explicación coherente sobre por qué cuestionó unos pagos que sus propios dirigentes habían coordinado meses atrás.

Por su parte, fuentes de Vox afirman que el partido “no tenía constancia de los pagos que realizaba Antelo, ni de las contrataciones o acuerdos que él ejecutaba. Fue tras su cese cuando empezamos a conocer todos estos movimientos, cuya justificación no fue capaz de aportar”. Según añaden desde la formación: “Por eso, durante muchas conversaciones, se le solicitaron esas aclaraciones a Garre. Él, aunque se comprometía a facilitarlas y a colaborar, manifestando lealtad absoluta al partido, nunca lo hizo. En lugar de ello, aprovechó ese tiempo para pactar un acuerdo de gobierno con el PP a espaldas de la dirección nacional y regional”.

Tras ser consultados por elDiario.es Murcia, también han aportado un comunicado de la concejal en Torre Pacheco, Merche Meroño, quien califica el pacto con el PP como un “robo de acta” y una “traición al mandato de los votantes”. Meroño eleva el tono al asegurar que el acuerdo responde a intereses económicos, señalando que el sueldo de Garre pasará de 20.500 a 33.000 euros, mientras que el del alcalde popular subirá hasta los 56.000 euros.

Meroño sostiene que “desde la dirección nacional se le pidieron explicaciones hace semanas, pero no lo hizo”, una afirmación que choca frontalmente con los mensajes del 4 de marzo en los que Montserrat Lluis agradecía a Garre el envío de toda la documentación justificativa.

El goteo de bajas es incesante. Desde que estallase la crisis de Vox en la Región de Murcia y su antiguo líder, José Ángel Antelo, fuera a parar al Grupo Mixto del Parlamento murciano hace menos de un mes, la mayoría de gobierno en Cartagena quedó en entredicho con la salida de Vox en ese mismo momento de Diego Salinas, quien fuera el primer teniente de alcalde en la ciudad portuaria. Este miércoles también se ha dado de baja de la formación la concejala de Turismo, Nuevas Tecnologías y Transparencia, Beatriz Sánchez del Álamo, a quien el partido había presentado como número dos en la candidatura y que era su mano derecha.

En una publicación en X, Sánchez del Álamo ha hecho pública su dimisión haciéndose eco de los mismos términos con los que otros antiguos compañeros han abandonado la formación: “la deriva del partido”. La edila de Cartagena ha acusado a Vox de “dinamitar sus propios principios” y ha denunciado a la cúpula por “convertir el partido en un auténtido despropósito”. “Hasta aquí. No todo vale”, ha zanjado.

La situación de la alcaldesa, Noelia Arroyo, es, de este modo, más frágil, ya que los votos de Salinas y Sánchez del Álamo son clave para sostener al PP junto a los dos ediles que continúan fieles a Vox.

La duda que se plantea ahora es si Arroyo optará por una solución similar a la adoptada con Salinas, manteniéndola dentro del Gobierno, o si decidirá apartarla, asumiendo el riesgo de afrontar lo que resta de legislatura en minoría y bajo la amenaza de una posible moción de censura. En cualquier caso, la aritmética es compleja, marcada por las tensiones entre el partido cantonalista Movimiento Ciudadano (MC) y la edil no adscrita María Dolores Ruiz, así como por la necesidad de sumar apoyos como los de Salinas o la propia Sánchez del Álamo.

Sánchez del Álamo ha sido señalada en varias ocasiones por MC como una de las impulsoras de la fallida moción de censura contra Arroyo en enero del pasado año. Mantiene una estrecha relación con Salinas y, como él, está enfrentada con el actual portavoz local de Vox, Gonzalo López Pretel, a quien Arroyo ascendió a vicealcalde tras destituir a Salinas como primer teniente de alcalde. Pese a todo, la concejala ha participado este miércoles por la mañana en la reunión de la Junta de Gobierno.

Cartagena no es el único avispero de Vox en la Región: los doce del grupo municipal de Totana abandonaron al completo el partido tras la defenestración de Antelo y en Torre Pacheco, uno de los principales bastiones de Vox, el jueves pasado el grupo municipal del partido de ultraderecha alcanzó un acuerdo de gobierno con el PP, en contra del parecer de la dirección nacional.

Acto seguido, el antiguo vicepresidencia del Comité nacional de Garantías de Vox y antiguo portavoz en el municipio murciano, José Garre, abandonó su militancia de la formación ultraderechista y la crisis se amplió con la baja de otras dos concejalas, Ana Belén Martínez y Josefa Guillén. Mientras que ambas edilas permanecen como concejalas no adscritas y asumirán las áreas de de Política Social y Transparencia, y Sanidad y Medio Ambiente; Garre encabezará la Concejalía de Emergencias, Empresa, Empleo y Nuevas Tecnologías.

El pacto de gobierno de tres de los concejales de Vox enTorre Pacheco ha desembocado en su salida a cuenta gotas del partido de la ultraderecha. En la noche del pasado jueves, los tres ediles firmaron un acuerdo de gobernanza municipal con el Partido Popular para “darle estabilidad” y sacar adelante los presupuestos, estancados desde 2024. El acuerdo, que se alcanzó sin el conocimiento de la cúpula nacional de Vox ni la dirección regional, ha provocado el abandono del partido de los tres concejales.

El primero en anunciar su salida este pasado viernes, pocas horas después de firmar el pacto, fue el portavoz de la formación de ultraderecha en el Ayuntamiento, José Alberto Garre, quien aprovechó para denunciar “comportamientos cuasi mafiosos” de la cúpula del partido de Santiago Abascal. El portavoz de Vox en Torre Pacheco ha declarado en diversas entrevistas que aunque no había puesto en conocimiento del partido el acuerdo con el PP sí que había solicitado en diversas ocasiones “permiso” para pactar, igual que habían podido hacer otros equipos de Vox en los ayuntamientos de Cartagena, Lorca, Molina de Segura o La Unión.

Y este lunes han seguido sus pasos Ana Belén Martínez y Josefa Guillén, que ocuparán respectivamente como concejalas no adscritas las áreas de de Política Social y Transparencia, y Sanidad y Medio Ambiente; mientras que Garre encabezará la Concejalía de Emergencias, Empresa, Empleo y Nuevas Tecnologías. Con la salida de los tres ediles, Vox solo mantiene su representación en el Consistorio con la concejala Mercedes Meroño, quien se ausentó del pleno en el que se materializó el pacto para mostrar su lealtad al partido.

Tras la maniobra de los tres concejales en Torre Pacheco, el partido lanzó un comunicado el pasado viernes en el que se les acusaba de “traicionar a los votantes” aliándose con el PP “a cambio de intereses y ambiciones personales”. La dirección regional de Vox en la Región ha pedido que Garre, quien también era vicepresidente del Comité de Garantías del partido, y las concejalas entreguen sus actas. Desde la cúpula del partido de ultraderecha han acusado a Garre de corrupto y traidor. En este sentido, han apuntado al requerimiento, según Vox, para que justificase “el pago de 8.480 euros que le fue realizado por orden del entonces portavoz en la Asamblea, José Ángel Antelo, apenas días antes de que este traicionara también a Vox”. El mismo comunicado añade que “Garre se comprometió a justificar este ingreso y otro por idéntico importe realizado por igual procedimiento en julio de 2025, este compromiso nunca se cumplió”.

En una entrevista concedida a El País, Garre advierte de que presentará una querella por injurias y asegura que los pagos están “perfectamente justificados y declarados a Hacienda”.

Los movimientos en Torre Pacheco se unen a la fuerte crisis de Vox en la Región de Murcia, después de que el pasado 26 de febrero la dirección regional dimitiese en bloque para forzar la salida del partido de su presidente, José Ángel Antelo. Una ruptura que terminó de materializarse el pasado 5 de marzo con la expulsión del gallego del grupo parlamentario.

José Francisco Garre, que renunció hace unos días a su vicepresidencia del Comité de Garantías de Vox y su baja del partido, está en el punto de mira de sus propios compañeros, que le acusan de corrupto y “traidor” al haber llegado a acuerdos con el alcalde de Torre Pacheco (Murcia) Pedro Ángel Roca, del PP, a espaldas de Vox. Según asegura El País, desde Vox se habrían enterado “por la prensa” de estos acuerdos, y le exigen que devuelva su acta de concejal.

Según informa el mismo medio, Garre, que también fue portavoz de Vox en Torre Pacheco, ha confesado no haber consultado con los directivos del partido su aprobación para realizar estos acuerdos con el alcalde de la localidad, pero sí lo había pedido el permiso “desde hace teimpo”, ya que Vox también gobierna en otras localidades murcianas, como son Cartagena, Lorca, Molina de Segura o La Unión.

Garre, en una conversación con El País, ha insistido en que en Vox “lo sabían de sobra”, pero que en su partido pensaban “que no era el momento, que había que aguantar y esperar”. José Francisco Garre definía la situación como “desesperada, porque el ayuntamiento estaba bloqueado y hay contratos importantes, como la recogida de residuos sólidos, el mantenimiento de parques y jardines o el agua, que han vencido o están a punto de hacerlo”. El mismo que hasta hace unos días fue vicepresidente del Comité de Garantías de Vox, ha confesado que habló com varias compañeras concejales del partido, y “salvo una, las otras dos estuvieron de acuerdo en dar ese paso. En la pasada legislatura teníamos cierta libertad, pero ahora el partido funciona manu militari”.

Sin embargo, Vox no solo acusa a Garre de “traidor”, sino también de corruputo. El propio partido, a tarvés de un comunicado, explicaba que hace unas semanas “se le requirió desde la dirección de Vox para que justificara el pago de 8.480 euros que le fue realizado por orden del entonces portavoz en la Asamblea, José Ángel Antelo, apenas días antes de que este traicionara también a Vox”. El mismo comunicado añade que “Garre se comprometió a justificar este ingreso y otro por idéntico importe realizado por igual procedimiento en julio de 2025, este compromiso nunca se cumplió”.

Según El País, Garre presentará una querella contra su propio partido por injurias, considerándolo “un intento por manchar su honorabilidad”. El que fue vicepresidente del Comité de Garantías de Vox desde 2020 mantiene que no sabe quién ordenó esas transferencias, pero sí que pero sí “responden a un pacto alcanzado en 2023 con el actual portavoz en la asamblea de Murcia, Rubén Martínez Alpañez”, quien, según explica Garre al mismo medio, le pagaría una iguala a cambio de asesoramiento jurídico a los concejales de Vox en Murcia, además de “elaborar informes y borradores de proyectos de ley y dirigir procedimientos judiciales a nivel autonómico y nacional”.

El comunicado de Vox hace referencia a dos pagos que corresponden a sus honorarios del primer y segundo semestre de 2025, justifica Garre a El País: “Hay factura en ambos casos, el importe está perfectamente justificado y declarado a Hacienda”. Garre ha explicado que le dio “todas las explicaciones” a la secretaria general adjunta de Vox, Montse Lluis, tanto por teléfono como en la propia sede de Murcia, y que ella le pidió disculpas. “Me dijo que no conocía mi trabajo, que había preguntado al equipo jurídico y le habían dicho que estaban muy contentos conmigo. Me dio las gracias”, añade Garre.

Ante las acusaciones de sus propios compañeros del partido como corrupto y “traidor”, Garre no está sorprendido, después de las acusaciones de Vox contra el exlíder murciano de Vox, José Ángel Antelo, que define como “comportamientos cuasimafiosos”. Garre cree que “si las denuncias que hacen son ciertas, tienen que llevarlas al juzgado. Y si no, ¿qué necesidad hay de atacar a alguien en lo personal, de poner en la picota a su familia, cuando ya te has cargado su carrera política? El objetivo es amedrentar a la gente pero a mí, que pensaba marcharme sin hacer ruido, me han indignado”.

Echando la vista atrás, Garre recuerda que cuando comenzó su cargo en el Comité de Garantías de Vox “no había injerencias y trabajábamos con plena libertad”. Sin embargo, apunta a que en 2022 se produjo “un punto de inflexión” cuando dos candidaturas al Comité Ejecutivo Nacional no cumplían “los requisitos estatutarios para formar parte de la dirección”. “El CEN las exime de cumplir esos requisitos y las incorpora. Es cosa de ellos, nosotros hemos cumplido con nuestra obligación de ponerlo de manifiesto”, añade Garre.

Garre explica que desde ese momento apreció “un cierto intento de control del Comité de Garantías, que hasta entonces había sido bastante imparcial”, pero intentaban “actuar con objetividad”. En la misma conversación con El País, recuerda que, cuando llegó la denuncia contra Iván Espinosa de los Monteros por supuesto tráfico de influencias, todos los miembros del comité, excepto una, estaban “de acuerdo en que ahí no había infracción alguna”, y que, al hacer una resolución se la echaron para atrás.

“Nos hacen volver a deliberar una y otra vez. Incluso nos meten en una reunión al responsable del Comité de Cumplimiento, Juan de Dios Dávila (dependiente de la Presidencia del partido), que nos presiona insistiendo en que sí hay infracción”. Garre añade que se les presentó un informe escrito por un abogado externo al que se ha contratado “para que diga que, en contra de la opinión del fiscal, que ha archivado dos veces la denuncia, la conducta de Espinosa puede considerarse delito. Como si eso pudiera impresionarnos a nosotros, que también somos abogados. Al final, pese a las presiones, nos mantenemos firmes y no se le sanciona”.

El antiguo vicepresidente del Comité de Garantías de Vox cree que, con ese expediente, quería que lo expulsaran del partido: “Al principio las denuncias eran entre afiliados, un coordinador contra un concejal o viceversa, pero de pronto nos empiezan a llegar denuncias firmadas por la secretaria general adjunta y eso ya impone. El mensaje era claro: si denuncio es porque quiero que lo echéis”, detalla en la misma conversación.

En el expediente contra Antelo, Garre recuerda que se abstuvo por su amistad con él, pero le supuso un distanciamiento con Vox. En relación al caso de Ortega Smith, cree que se utilizó una “técnica antigua”: “Primero lo acosas y, cuando explota ante la prensa, lo expedientas por dañar la imagen pública del partido, que es una falta estatutaria. Creo que en su caso prima la libertad de expresión”. Garre opina que “no se puede ordenar a alguien que dimita. Esa orden es ilegítima”.

José Francisco Garre recibió la visita de la Policía Judicial en su domicilio el pasado viernes, y explicaba a El País que “es por un tema muy grave que he denunciado. Pero la investigación está en marcha y me han pedido discreción. Solo espero que mi expartido no tenga nada que ver”.

El hasta ahora portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, José Alberto Garre, ha anunciado este viernes su baja en el partido de la ultraderecha tras denunciar “comportamientos casi mafiosos en la cúpula” en unas declaraciones a la agencia Europa Press. Lo hace, además, pocas horas después de formalizar un acuerdo de gobierno municipal con el PP. Tras el pleno celebrado este jueves a última hora de la tarde, tres de los cuatro concejales de Vox en el Consistorio han entrado a formar parte del equipo de gobierno.

Abogado de profesión, Garre ha solicitado la baja del partido esta medianoche y ha explicado a Europa Press que mantendrá su acta en el Ayuntamiento, así como la portavocía del grupo, aunque ejercerá su actividad de manera independiente “como están, por ejemplo, Hermann Tertsch en Europa y también Juan Carlos Girauta”.

Según el político, afín al entorno del expresidente de Vox regional José Ángel Antelo, ha tomado esta decisión después de quince días “brutales” de “intentos de amedrentamiento”, tras la expulsión del gallego como líder de la formación el pasado 26 de febrero. “Es un error tras otro”, ha considerado Garre en referencia a la toma de decisiones de la cúpula nacional, y se ha preguntado por qué se le propuso a Antelo en un primer momento la portavocía nacional de Deporte o ser candidato para las elecciones en 2027 “si sospechaban de él”.

Garre también ha anunciado que se desvinculará de la vicepresidencia del Comité nacional de Garantías de Vox, órgano cuya misión es velar para que se respeten los derechos estatutarios de los afiliados.

“Yo creo que nunca se puede despreciar a nadie y mucho menos a compañeros que hemos estado aquí trabajando en muchos casos de forma altruista durante muchos años porque lo hacen por el proyecto y por España”, ha declarado a Europa Press en referencia a las manifestaciones de Santiago Abascal en las que afirmó que “los que no quieren estar en Vox y quieren ir a lo suyo ya saben lo que tienen que hacer”.

Pacto de gobierno municipal en Torre Pacheco

A última hora de este jueves se confirmaba la entrada de Vox en el gobierno municipal de Torre Pacheco, “para dotarle de estabilidad”.  Lo que queda de legislatura, José Alberto Garre tendrá la responsabilidad de Emergencias, Empresa, Empleo y Nuevas Tecnologías; mientras que las concejalas de Vox Ana Belén Martínez López y Josefa Guillén, se harán cargo respectivamente de Política Social y Transparencia, y de Sanidad y Medio Ambiente. Garre no ha aclarado, sin embargo, si seguirán sus pasos y abandonarán la formación.

Una cuarta concejala, Mercedes Meroño, se desvinculó de la decisión de sus hasta ahora compañeros y abandonó el pleno tras el anuncio del pacto, que se hizo al margen del conocimiento de la dirección nacional.

La ultraderecha gobernará en Torre Pacheco de la mano del PP tras una moción de urgencia aprobada esta noche en el pleno celebrado en el Ayuntamiento, uno de los principales bastiones de Vox en la Región de Murcia. Una decisión que según fuentes cercanas a la formación se ha tomado de “manera unilateral”, y “sin el conocimiento de la ejecutiva nacional”, y que argumentan en la “necesidad de dotar de estabilidad política al Ayuntamiento de Torre Pacheco”.

El grupo municipal de Vox, defienden en la moción, “ofrece su apoyo para aprobar los presupuestos (el último en vigor es de 2024) y otras iniciativas si se conforma un gobierno municipal” con el PP. Según el texto, en una reunión mantenida este miércoles entre los portavoces de ambos partidos formalizaron un acuerdo donde se suscribe “que apoyarán el presupuesto para 2026 y 2027”, y “ambas formaciones apoyarán los contratos de servicios públicos que requieran, por su magnitud, ser debatidos y aprobados en el pleno de la Corporación municipal”. Según ha podido confirmar este periódico, Vox entraría al gobierno municipal con tres ediles, que se sumarán a los ocho con los que el PP ha estado gobernando en minoría.

La decisión se ha tomado al margen de la dirección nacional del partido. “Pedimos permiso en reiteradas ocasiones para firmar los presupuestos y siempre nos han dado largas. Nos hemos cansado de que unos tengan trato de favor y otros no”, ha declarado a La Opinión José Francisco Garre, portavoz municipal de Vox en Torre Pacheco. Garre, afín a Antelo, se hará cargo de Emergencias, Empresa, Empleo y Nuevas Tecnologías;  Ana Belén Martínez López, de Política Social y Transparencia, y Josefa Guillén, de Sanidad y Medio Ambiente.

Mercedes Meroño, la cuarta edil de Vox en el municipio, no ha votado y ha abandonado el pleno. “Meroño, que sí que guarda lealtad al partido, no tenía conocimiento de la maniobra”, han asegurado fuentes presenciales. “Garre ha defendido en su intervención que desde el partido su formación le quieren imponer una serie de formas de actuar sin conocer la problemática del municipio”, han comentado las mismas fuentes, que han apuntado “que con toda probabilidad estos tres concejales sigan los pasos de Antelo y sean expulsados de Vox”.

Los movimientos en Torre Pacheco se unen a la fuerte crisis de Vox en la Región de Murcia, después de que el pasado 26 de febrero la dirección regional dimitiese en bloque para forzar la salida del partido de su presidente, José Ángel Antelo. Una ruptura que terminó de materializarse el pasado 5 de marzo con la expulsión del gallego del grupo parlamentario.

Torre Pacheco ha sido históricamente uno de los bastiones de Vox, donde en las elecciones nacionales de 2019 llegó a ser la fuerza más votada.

En julio de 2025 la localidad saltó a todas las portadas de la prensa nacional tras protagonizar una cacería de migrantes en el municipio alentada por organizaciones vinculadas a la extrema derecha como Deport Them Now tras la brutal agresión perpetrada contra Domingo, un vecino de 68 años de la localidad, por parte de tres jóvenes de origen magrebí.

En aquel momento, el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, del PP, vinculó inmigración y delincuencia tras varios días de disturbios originados por el llamamiento de la ultraderecha a responder con violencia a aquella agresión.

La Policía Nacional ha liberado a cinco mujeres explotadas sexualmente en un prostíbulo situado en la localidad de Torre Pacheco (Murcia) y ha procedido a la detención de un hombre a quien se le imputan delitos relativos a la prostitución, favorecimiento de la inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores, al considerarlo responsable de explotar sexualmente a mujeres extranjeras.

La investigación se inició en marzo de 2025 tras establecerse un contacto entre la Policía Nacional y una mujer que manifestó ser víctima de explotación sexual en una casa prostíbulo situada en Torre Pacheco junto a otras jóvenes, que habrían sido engañadas bajo condiciones laborales abusivas.

Además, la víctima manifestó a los agentes que no tenían libertad para entrar o salir del domicilio, eran obligadas a consumir alcohol con los clientes y que el propietario del prostíbulo disponía de cámaras de video vigilancia instaladas en todas las estancias llegando a utilizar las grabaciones de los servicios sexuales para distribuirlo como cine pornográfico a través de internet.

Disponibilidad total y multas económicas

Los agentes corroboraron los hechos denunciados y que las victimas debían permanecer disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, además les imponían multas económicas si incumplían normas internas como rechazar a clientes o ausentarse sin autorización y a entregar la mitad de las ganancias.

Dicha investigación culminó el pasado mes de febrero estableciéndose un dispositivo de inspección sobre el prostíbulo regentado por el investigado que permitió localizar a otras cuatro víctimas más de explotación sexual en las mismas condiciones anteriormente descritas.

Finalmente, los agentes procedieron a la detención del responsable de los hechos como presunto autor de delitos relativos a la prostitución, favorecimiento de la inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores.

Las víctimas de explotación sexual fueron atendidas por APRAMP, Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.

La unidad investigadora de la Policía Nacional continúa con las gestiones indagatorias para poder localizar, identificar y asistir a más mujeres que podrían también haber sido víctimas de esos hechos.

El líder del grupo neonazi 'Deport Them Now', investigado por promover los disturbios racistas en Torre Pacheco (Murcia), ya no está en prisión preventiva. Así lo decidió la Audiencia de Barcelona en noviembre, en un auto al que ha tenido acceso elDiario.es.

Los magistrados destacaron que la investigación no está avanzando ni se ha aportado, por parte de la Guardia Civil, el informe sobre las comunicaciones por redes sociales del joven —arrestado en julio de 2025— con el resto del grupo ultra.

Los Comuns, que ejercen la acusación popular, quieren dar un impulso al caso y han planteado a la magistrada una batería de diligencias para que “a la mayor brevedad” se descubran las conexiones internacionales de 'Deport Them Now' y cómo se relacionaban los integrantes del grupo en Catalunya.

En su escrito, el diputado de los Comuns en el Parlament Andrés García Berrio y el abogado Xavier Muñoz reclaman que el equipo conjunto de Guardia Civil y Mossos d'Esquadra encargado de las pesquisas “proceda al análisis forense completo” de todos los dispositivos electrónicos incautados al joven C.L.

El análisis, agregan el parlamentario y el letrado, debe centrarse en “investigar la estructura y las conexiones nacionales e internacionales” del investigado y del grupo neonazi, toda vez que constan viajes a Italia del líder neonazi en congresos de la extrema derecha, donde se presentaba como jefe de 'Deport Them Now'.

“Cuesta mucho entender que más de medio año después en la causa de 'Deport Them Now' haya una sola persona investigada”, lamenta García Berrio, que recuerda que el grupo neonazi se manifestó “al menos en cuatro ocasiones al lado de Vox”. El departamento de Interior, agrega el parlamentario, “tiene que garantizar más medios y más determinación para hacer frente a un problema de seguridad tan importante como es la ultraderecha violenta”.

El joven neonazi C.L. ingresó en prisión preventiva el 17 de julio del año pasado. En agosto, la Sala de Vacaciones de la Audiencia de Barcelona avaló la decisión de la jueza de Mataró al apreciar que persistía en el neonazi el riesgo de reiteración delictiva —que llamara a nuevos disturbios racistas— y el peligro de que destruyera, ocultara o alterara pruebas clave para la causa. Son dos de los motivos que marca la ley para encarcelar a un investigado antes del juicio.

La sección 2ª de la Audiencia de Barcelona, formada por magistrados distintos a la Sala de Vacaciones, sí atendió un nuevo recurso del neonazi y acordó su libertad inmediata el pasado 13 de noviembre, en contra del criterio de la Fiscalía.

En su auto, los magistrados dejaron sin efecto la prisión preventiva, pero mantuvieron la prohibición a C.L. de acceder a cualquier tipo de red social, que fue el canal a través del que llamó a los disturbios en Torre Pacheco.

El paso del tiempo y la falta de avances sustanciales en la causa fueron los motivos en los que se apoyó la Audiencia para dejar libre a C.L. Entendió el tribunal que, desde el ingreso en prisión del neonazi en julio, “había mediado tiempo suficiente” para haber realizado el análisis de sus comunicaciones tanto en redes sociales como con el resto de miembros de 'Deport Them Now'.

Entre una decisión judicial y otra, el neonazi cambió de defensa: de un letrado del turno de oficio de Mataró pasó a ser asistido por el abogado Juan Cremades, conocido en Catalunya por ser el abogado de Vox en varias causas judiciales.

La respuesta de los Comuns

Además de las conexiones internacionales del grupo, los Comuns, en línea con la Fiscalía, reclaman acelerar la investigación de otros ataques racistas que el grupo promovió en Catalunya antes de los que le dieron relevancia nacional en Torre Pacheco.

Por ello solicitan que la comisaría general de información de los Mossos y los servicios de información de extremismos violentos de la Guardia Civil, entreguen al juzgado “toda la información de la que dispongan sobre la actividad” de 'Deport Them Now 'y sus miembros en Catalunya entre marzo y julio de 2025.

“Especialmente —incide el escrito—, que [los cuerpos policiales] reporten el contenido de los mensajes enviados en redes sociales desde inicios de 2025, y específicamente en Telegram, incorporando toda la información relativa al canal 'Deport Them Now Catalunya'”.

También se pide a los Mossos que aporten “la filiación” del resto de miembros del grupo (por ahora hay solo un investigado), y que amplíen un informe en el que mencionaban que ya tenían identificados a varios de sus integrantes. Todos ellos, indicó la policía catalana, “serían personas ya conocidas por su ideología de ultraderecha y neonazi y la mayor parte residirían en Sabadell”.

Los Comuns quieren averiguar si 'Deport Them Now' está detrás de dos incidentes racistas ocurridos en las mismas fechas que los disturbios de Torre Pacheco: el ataque a un restaurante kebab de Sabadell y a una mezquita de Piera (Barcelona).

La Fiscalía tendrá medio año más para investigar al líder murciano de Vox, Jose Ángel Antelo, por delito de odio. El verano pasado, mientras tenían lugar las cacerías de migrantes en Torre Pacheco, vertió numerosas declaraciones xenófobas: “Toda la violencia que se vive en Torre Pacheco es culpa del PP y del PSOE por financiar y llenar nuestras calles de inmigración ilegal. Con VOX deportaciones, seguridad y paz en nuestros barrios”, sostuvo Antelo a los medios a las puertas del ayuntamiento del municipio.

Sus declaraciones vinieron tras varios días de disturbios originados por el llamamiento de la ultraderecha a responder con violencia a la agresión a un vecino de Torre Pacheco.

Tras esto, Antelo, antiguo socio para los populares en el gobierno regional, fue denunciado el pasado julio por PSOE, Podemos e Izquierda Unida. Tras la apertura de diligencias previas, la Fiscalía tenía un plazo de medio año para determinar si hay indicios de delito de odio por parte del político de Vox.

De acuerdo con el diario local La Opinión la prórroga de otros seis meses más se ha solicitado debido al volumen de documentación del atestado de la Guardia Civil para este caso. Se trata de una ampliación del plazo acorde al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que contempla prórrogas para casos de especial complejidad.

Al menos ocho hombres investigados

No es la única causa abierta tras los ataques en Torre Pacheco. A partir del próximo mes de abril declararán en el juzgado de San Javier ocho hombres implicados en la agresión a un menor de edad durante las cacerías. El joven compareció hace dos semanas ante el forense para documentar las secuelas físicas y psicológicas que la paliza le dejó.

No se descarta que localicen a más implicados en la agresión y por ello la acusación ha solicitado que se analicen los vídeos de la cacería para identificar a más agresores.

Migrantes, en su mayoría mujeres, y muchas de ellas madres de familia. Trabajadores del campo murciano han sido llamados a una nueva huelga tras meses de conflicto laboral en el seno de la empresa Espace Tecno Agrícola, S.L., dedicada al “comercio al por mayor de frutas y hortalizas de todo tipo”. La firma, cuyo domicilio fiscal se encuentra en Ribarroja del Turia, Valencia, cuenta también con instalaciones en la pedanía de Dolores de Pacheco, perteneciente al municipio murciano de Torre Pacheco. Se trata de la localidad donde el pasado mes de julio se desencadenó una ola de odio racista y violencia contra migrantes tras la paliza que un joven de origen marroquí —ahora en libertad provisional por esos hechos— propinó a un vecino de la localidad de 68 años.

Son precisamente los trabajadores, y sobre todo trabajadoras, ligados a la sucursal pachequera quienes han promovido la convocatoria de huelga, que comenzará este viernes y tendrá carácter indefinido. Lo hacen después de que la empresa “se haya negado reiteradamente a abrir un proceso de negociación” sobre las condiciones de trabajo.

Desde el comité de huelga denuncian “irregularidades en la naturaleza de los contratos, incumplimientos en los llamamientos de trabajadores fijos discontinuos, deficiencias en materia de seguridad e higiene y desigualdades salariales”. Además, manifiestan su rechazo a la reorganización productiva de la mercantil que, según los portavoces de los trabajadores, “está repercutiendo negativamente en la plantilla”.

“No se trata de una decisión improvisada, sino del último recurso tras meses sin ser escuchados”, señalan fuentes del comité de huelga. “Los trabajadores están pidiendo simplemente que se cumpla la ley y que se reconozcan derechos que ya existen sobre el papel”, añaden.

Trabajadores en el limbo tras veinte años en la empresa

En 2007, Zahra empezó a trabajar como fija discontinua para Espace Tecno Agrícola, S.L. Su tarea, que se desarrollaba en los almacenes de la mercantil, era la de envasar las hortalizas cosechadas en los campos por un salario de 8,40 euros la hora. Cuenta que, hasta 2022, coincidiendo con la reforma laboral que consolidó el contrato fijo discontinuo como la principal herramienta para cubrir trabajos estacionales e intermitentes, tenían trabajo “todo el año, excepto un mes de vacaciones”. Sin embargo, todo cambió a comienzos de esta década. La empresa decidió que los mismos trabajadores que recolectaban se encargaran también de la preparación, empaque y acondicionamiento de los productos agrícolas en el propio terreno de cultivo. Eso ocasionó que el volumen de trabajo descendiera en los almacenes.

Los afectados, unos 80 trabajadores, han llegado a estar dos años sin que la empresa haya vuelto a llamarles —lo que constituye su obligación en virtud del artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores—, un hecho que ha ocasionado que agoten el paro durante este largo periodo de inactividad en el que, por la modalidad de contratación, tampoco han estado cotizando a la Seguridad Social.

Ante esta situación de incertidumbre, la mayoría de trabajadores piden que se les finiquite para poder buscar empleo en otro lugar, pero la firma no está por la labor, según han contado a elDiario.es Región de Murcia. Así que se encuentran en un limbo laboral y con la presión de haber agotado las prestaciones con las que, durante todo este tiempo, han podido, al menos, mantener a sus familias.

Yusra, envasadora desde el año 2005, no entiende las excusas de los responsables de la empresa, que aseguran que el problema es que no hay trabajo para los almacenes: “Sí que lo hay, pero prefieren que se haga en el campo y ahorrarse el dinero que nos pagaban a nosotros”. Para Ahmed es indignante que no se respete “la antigüedad ni la experiencia” y denuncia la falta de sensibilidad mostrada por los responsables de recursos humanos en las asambleas que han celebrado. “Les da exactamente igual dejarnos en una situación dramática”, se lamenta.

Esta redacción ha intentado, sin éxito, recabar la versión de los responsables de Espace Tecno Agrícola, S.L.

Un conflicto que conecta con una realidad extendida

Aunque la huelga responde a una situación concreta, su trasfondo conecta con una problemática estructural del campo murciano: la precariedad laboral que afecta de manera especial a trabajadores migrantes, muchos de ellos empleados en condiciones de alta temporalidad y escasa protección.

En este contexto, organizaciones sociales recuerdan que la situación actual guarda claras similitudes con las movilizaciones que sacudieron el sector agrícola en 2020, cuando los sindicatos CC.OO, UGT y la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM), denunciaron la explotación laboral y la discriminación que sufrían los jornaleros inmigrantes.

Demandas que se repiten

Representantes de ATIM aseguran que muchas de las demandas planteadas entonces siguen plenamente vigentes. “Lo que está ocurriendo ahora demuestra que los problemas no eran puntuales, sino estructurales”, explican desde la asociación. “En 2020 ya advertimos de que, sin cambios profundos en el modelo laboral del campo, los conflictos volverían a repetirse”.

ATIM denunció en aquel momento jornadas extenuantes, incumplimientos contractuales, falta de medidas de seguridad y una desigualdad sistemática entre trabajadores, especialmente en lo relativo a la población migrante.

“El campo murciano se sostiene gracias a personas que muchas veces no tienen voz. Nuestra labor ha sido y sigue siendo amplificar esa voz”, subrayan desde la entidad.

Desde el entorno sindical y asociativo se advierte de que la precariedad sostenida en el campo murciano revela la falta de soluciones duraderas. Por eso, aseguran que “cada huelga es una señal de alerta que antes no se ha querido escuchar”, apuntan desde ATIM. “Mientras no se aborde la precariedad como un problema estructural, el conflicto seguirá apareciendo en distintas empresas”.

Un nuevo aviso al sector y a las instituciones

La huelga indefinida anunciada por el comité de trabajadores de Espace Tecno Agrícola, S.L., ha sido comunicada tanto a la dirección de la empresa como a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía social que dirige la popular María Isabel López Aragón, y se suma a la cadena de conflictos que han marcado la última década en el campo murciano.

Desde ATIM insisten en que estas movilizaciones no solo interpelan a las empresas, sino también a las administraciones públicas.“No hablamos solo de derechos laborales, sino de dignidad, de igualdad y de convivencia”, concluyen desde la asociación. “El campo no puede seguir creciendo sobre la precariedad de quienes lo sostienen”.

Las personas que se informan a través de medios no tradicionales -como las redes sociales, Youtube y otros canales alternativos- son más reacias a apoyar regulaciones contra los discursos de odio. El análisis, elaborado por el Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP) y publicado en la revista Social Sciences, ha analizado la propagación del discurso de odio que tuvo lugar en los disturbios de Torre Pacheco. En julio de este año ultras procedentes de todo el país invadieron este municipio murciano con la intención de perseguir a la población local magrebí.

Quienes se informan por medios no tradicionales son un 84% menos propensos a medidas de control gubernamental en esta área. El estudio señala que a este factor hay que sumarle las tendencias ideológicas del individuo: “El rechazo de regulaciones se concentra entre las personas con una ideología de extrema derecha, a las que se les puede vincular una retórica antinmigratoria”.

Esta relación entre el consumo de medios no tradicionales y la resistencia a regulaciones contra el discurso de odio confirma, según el CEMOP, el efecto que tiene en la población la exposición selectiva a la información y su interacción con la polarización política: “La percepción de manipulación o sesgo refuerza la resistencia a la intervención [de los medios no tradicionales]”.

“El caso de Torre Pacheco ilustra la conexión entre el discurso digital y la movilización social”, concluyen desde el CEMOP. En conflictos locales, explican, los medios no tradicionales actúan de dos maneras: en primer lugar operan como un impulsor emocional que propaga de forma global la lógica de la extrema derecha, construyendo la identidad colectiva de oposición.

En segundo lugar, “magnifican la polarización de la esfera pública”: “Sus discursos movilizan emociones como el miedo a perder la identidad cultural, el enfado contra un sistema que perciben como corrupto y el resentimiento contra las élites” abunda el estudio. Para la extrema derecha, “oponerse a la regulación deja de ser una opinión, en su lugar se convierte en un acto identitario, un mecanismo de defensa que exacerba el sentimiento de nosotros contra ellos”.

Ante esto, el CEMOP propone estrategias de contradiscurso, además de una educación en alfabetización digital: “Se trata de la forma más prometedora de fortalecer la resiliencia democrática de cara a la desinformación”, concluyen.

En la comunidad autónoma en la que Vox ha sorpasado al PSOE en las encuestas y la migración es la segunda preocupación entre la población, la comunidad musulmana ha decidido decir basta. Tras protagonizar un titular tras otro demonizándolos, acaban de lanzar la Plataforma por los Derechos de la Comunidad Musulmana. 

En menos de seis meses, ciudadanos magrebíes han sido perseguidos por grupos fascistas armados y sin escrúpulos, han intentado prohibir las celebraciones musulmanas en un municipio murciano y han cerrado un centro de menores no acompañados. Y detrás de estos episodios, siempre el discurso de la ultraderecha.

Para abordar estos asuntos nos encontramos en Torre Pacheco con Osama Alalo, politólogo y uno de los impulsores de la Plataforma: “Desde la política se pueden conseguir cambios importantes para el conjunto de la sociedad”, explica convencido y esperanzado. El joven no reside en este municipio, pero sí que se desplaza hasta aquí a diario para cumplir con su horario laboral. El lugar de la entrevista es simbólico: este municipio murciano fue el escenario de una invasión de decenas de ultras organizados a través de las redes sociales y llegados de toda España el pasado julio. Tomaron las calles del pueblo, persiguiendo a la comunidad musulmana y vandalizando sus negocios.

Alalo junto con su mujer Kenza Midoun fueron los responsables de leer los manifiestos antirracistas tanto en la concentración celebrada en Torre Pacheco como en la manifestación que discurrió por el centro de Murcia pocos días después de los disturbios racistas que asolaron esta localidad murciana.

La vida de Alalo ha estado ligada de forma constante al asociacionismo, siendo una de las voces de condena contra los altercados racistas que tuvieron lugar en esta localidad murciana: “Queremos intentar unir a las comunidades musulmanas de los diferentes pueblos. Después de lo ocurrido en Torre Pacheco o en Jumilla, las comunidades musulmanas de estas localidades se han visto solas, por lo que queremos trabajar en esa red de unión”, cuenta. En el municipio del Altiplano, PP y Vox aprobaron una moción el pasado julio para prohibir los rezos islámicos en las instalaciones deportivas.

De padre sirio y madre argelina, el politólogo se ha criado en un entorno que define como “reivindicativo, de lucha contra las injusticias y las desigualdades”. La Plataforma precisamente es fruto de la unión entre amigos: “Tenemos la misma preocupación, sabemos que hay que hacer algo para cambiar la realidad que tenemos y darle voz a aquellas personas que no la tienen”.

¿Cuáles fueron las conclusiones de este primer encuentro de la Plataforma por los Derechos de la Comunidad Musulmana?

Queríamos estudiar cuáles son los principales desafíos a los que nos enfrentamos como comunidad. Según el último informe FOESSA, la mayor parte de la desigualdad recae sobre la población migrante. Si segmentamos este dato, vemos que es la población del norte de África la que sufre mayores tasas de pobreza y pobreza severa.

También observamos una descohesión comunitaria como comunidad musulmana y una falta de representación y participación política de nuestra comunidad en la sociedad donde estamos viviendo.

¿Cómo visualiza el futuro de la Plataforma?

Nuestra intención es que la plataforma sea horizontal, participativa, donde exista una cocreación de contenido entre la comunidad y sus impulsores. No queremos jerarquías ni que haya dirigentes dentro de la organización, solo facilitadores del proceso, que la realidad surja de la propia comunidad.

¿Cómo definiría el tejido asociativo de la comunidad musulmana en la Región de Murcia?

Es muy precario. No existe ninguna asociación profesionalizada con una estructura orgánica estable que trabaje durante todo el año. Hay asociaciones impulsadas por el voluntariado, pero ninguna con un programa anual, que reciba subvención y cuotas de socios. 

La única organización estable que tenemos son los centros islámicos, las mezquitas, pero al final estamos viendo que no responden a las necesidades sociales.

¿A qué se debe?

Partimos de la base de que nuestras comunidades en general no tienen una cultura participativa por los países de origen de donde vienen. Llegan aquí y la principal preocupación es el trabajo. Lo único que han podido hacer en colaboración o para la comunidad han sido las mezquitas. Pero las mezquitas están focalizadas dentro de sí mismas, los dirigentes en su mayoría no tienen una visión del conjunto.

En la mayoría de los municipios las mezquitas son propiedad privada y lo máximo que han podido alcanzar ha sido impulsar clases de árabe.

¿Esta falta de organización dentro de la comunidad musulmana ocurre en el resto de España?

Tenemos en Valencia un tejido asociativo importante, al igual que en Madrid y Barcelona. Se puede decir que Murcia es una tierra virgen para el trabajo asociativo de nuestra comunidad.

¿Cómo encajan las mezquitas dentro de la Plataforma?

Hemos decidido tomar otro camino, pero sin olvidarnos de ellas [las mezquitas]. Queremos hablar, participar con ellos, enseñarles que se pueden hacer las cosas de otra manera. Debemos reflexionar sobre el significado que tiene una mezquita en la Región de Murcia, no tiene por qué ser el mismo que en Marruecos o Argelia porque estamos en diáspora. Entendemos que la mezquita debe ir mucho más allá de un espacio de oración.

¿Siente que esta falta de representatividad se extiende a los medios de comunicación?

Estamos viendo que siempre estamos en el foco, y de manera negativa. Día a día se va construyendo más miedo hacia nosotros. Hay una 'valentía cobarde' contra nuestra comunidad, que quiere quitarnos derechos. Hemos visto que lo normal es que sean voces ajenas las que hablan sobre nosotros. Cuando pasa algo, [los medios] llaman al tercer sector que, en su mayoría, no atiende a la comunidad inmigrante musulmana como tal, sino a los recién llegados. 

Tenemos bastante desventaja. El enfoque que se le está dando es un enfoque incorrecto y, además, siempre una visión paternalista.

Entrando en política, una de las condiciones para que PP y Vox firmasen los presupuestos de este año era la eliminación del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en la Región de Murcia. El consejero de Educación, Víctor Marín, insistió en que esto era “beneficioso para el interés general”. ¿Os sentís moneda de cambio?

Piensan que nosotros podemos ser la moneda de cambio de cualquier cosa porque no estamos organizados para reclamar o para hacer absolutamente nada. [El PP] sabe que Vox siempre va a querer reducir los derechos de nuestra población.

Esta posición que tenemos de debilidad, de falta de cohesión y de organización ya nos está perjudicando directamente sobre nuestros derechos. Ayer fueron las clases de árabe, mañana será otra cosa. Esto es una escalada. Como minoría, nos están aplastando.

Estamos en Torre Pacheco. Han pasado más de cuatro meses desde que ultras de toda España vinieron a lo que denominaron como “la caza al migrante”. ¿Cómo está la población musulmana en el municipio?

No sé qué más le tiene que pasar a la comunidad musulmana para que despierte. Sigue todo igual, no hubo ningún movimiento comunitario. No se sentaron a analizar lo ocurrido, cómo evitar que vuelva a pasar. Sigue la misma atomización: cada uno por su lado y esperando el siguiente golpe.

Tal y como lo describe, parece que llevan la situación con resignación.

Parece que están totalmente resignados. La culpabilidad es multidireccional, también tenemos al Gobierno de España, la Comunidad autónoma y el Ayuntamiento. No estamos viendo movimiento por ninguna de las partes. Ha tenido que venir una asociación de Málaga para montar una jornada de convivencia aquí en Torre Pacheco. Es un poco fuerte, que tengan que venir de 450 kilómetros a organizarte algo en tu pueblo.

La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes ha organizado la jornada “Unidos en la Diversidad: Torre Pacheco Convive”, una gran acción de calle pensada para “sanar, unir y celebrar lo que realmente hace fuerte al municipio: su diversidad humana”.

El encuentro tendrá lugar el viernes 21 de noviembre de 2025, en la Explanada del Mercadillo de Torre Pacheco, de 16:00 a 22:00 horas, convirtiendo el espacio público en un punto de unión, participación y celebración compartida.

“Esta iniciativa nace del deseo colectivo de pasar página, de mirar hacia adelante sin olvidar, pero apostando por el entendimiento, el respeto mutuo y la construcción de un futuro compartido”, han definido desde la asociación.

“Lejos de señalar culpables o avivar tensiones, esta jornada busca abrir espacios de encuentro, diálogo y celebración. No se trata de revivir lo ocurrido, sino de demostrar la capacidad de Torre Pacheco para reconstruirse desde la empatía, la cultura y la participación comunitaria, y de reconocer que este avance ha sido posible gracias a la cooperación entre vecinos, instituciones, asociaciones y colectivos de población migrante”, han explicado desde la Asocación Marroquí.

“Unidos en la Diversidad” es una invitación abierta a todas las personas del municipio: familias, jóvenes, mayores, recién llegados y quienes llevan generaciones aquí. A través de actividades lúdicas, artísticas, deportivas y culturales, se quiere mostrar que la convivencia no solo es posible, sino que puede ser alegre, enriquecedora y transformadora. La jornada aspira a romper la brecha que se generó en la comunidad y recuperar la confianza colectiva desde la cercanía y la convivencia real, devolviendo a la ciudadanía el espacio público como lugar de encuentro y esperanza.

El programa incluye actuaciones musicales de flamenco fusión, dakka marroquí, reggada, rap y poesía urbana; talleres interculturales de henna, caligrafía árabe, mural colaborativo y clases exprés de idiomas; carpas informativas de asociaciones e instituciones locales; un espacio infantil inclusivo; asesoría legal gratuita; intervenciones artísticas en directo, y un cierre simbólico mediante una cadena humana por la paz y la convivencia.

Como antesala del evento, el jueves 20 de noviembre a las 20:00 en el Campo Municipal tendrá lugar el partido mixto “Fútbol por la Convivencia”, donde vecinos de distintas edades y orígenes jugarán en equipos formados desde la diversidad, simbolizando que el municipio avanza unido cuando comparte el mismo campo.

“Unidos en la Diversidad: Torre Pacheco Convive” forma parte del proyecto TETRIS III: ¡Denunciando el Odio!, cofinanciado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo Social Europeo +, y quiere mostrar al país que cuando un pueblo, sus instituciones y la sociedad civil —incluida la comunidad inmigrante— trabajan juntos, la convivencia no es solo un ideal, sino una realidad posible.

“La Asociación Marroquí ha sido uno de los motores más activos en este camino. Desde el primer instante, y pese a no tener sede en Torre Pacheco, desplazó equipos, acompañó a las familias, colaboró con instituciones locales, abrió espacios de mediación y trabajó para evitar que las heridas se convirtieran en fracturas permanentes”, han resumido.

“Su presencia constante, sumada a la implicación del tejido social del municipio, ha permitido generar un clima de encuentro que ahora culmina en esta jornada simbólica. Hoy, junto a asociaciones vecinales, centros educativos, entidades culturales, colectivos deportivos y servicios públicos del municipio, convoca a los medios de comunicación y a toda la ciudadanía a un encuentro que representa ese esfuerzo compartido por reconstruir la confianza y reivindicar una convivencia real”, han abundado.