El conflicto en el que se entrecruzan la comunidad científica, las administraciones y las empresas por los vertidos mineros al Guadalquivir ha entrado este martes en una nueva etapa, al dar el Ayuntamiento de Chipiona (gobernado por una coalición entre Unidos por Chipiona e IU) el paso de presentar una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente. Todo ello, tras un nuevo estudio científico en el que han participado profesores de las universidades de Cádiz, Granada y Sevilla que insiste en la creciente presencia de metales pesados, mientras las minas y el Gobierno andaluz –que ha dado las licencias– defienden la viabilidad de los proyectos.

La Universidad de Sevilla ha sido el escenario de una multitudinaria puesta en escena, en la que algunos de los investigadores que firman el último trabajo (publicado en la prestigiosa revista Oxford Academic) han sido arropados por ayuntamientos ribereños, ecologistas y representantes de los sectores pesquero y agrícola. El “miedo” que han expresado ha sido común: el empeoramiento del estado del río que provocará el aumento de vertidos de las minas Cobre Las Cruces y Los Frailes (la de Aznalcóllar) será una catástrofe ambiental que liquidará el medio de vida de miles de familias.

El punto de partida sería el que las autorizaciones de vertidos concedidas por la Junta de Andalucía “están mal hechas y no tienen fundamento científico”, lo que según el estudio “multiplicaría por diez” la contaminación que en estos momentos sufren el estuario y la desembocadura del Guadalquivir. Esto, denuncian los autores, “supone un riesgo para los ecosistemas, la producción de alimentos derivada del río, como la pesca, la acuicultura y la ganadería, y para la salud pública”.

Primera denuncia en la Fiscalía

Desde la Consejería de Industria, Energía y Minas, en cambio, defiende que las autorizaciones ambientales concedidas a ambos proyectos “garantizan el cumplimiento de los límites legales establecidos para el desarrollo de cualquier actividad ya sea agrícola, residencial, industrial o minera, entre otras”. Y se ha vuelto a poner el acento en que los proyectos mineros “cuentan con todos los informes y autorizaciones preceptivos que avalan el cumplimiento de la legalidad y de la normativa vigente, y tienen una especial vigilancia de la protección ambiental”.

En la misma línea se expresan las dos iniciativas mineras, que subrayan que cuentan con todos los permisos administrativos y ambientales necesarios. Desde ambas empresas se reitera que han sido sometidas a exhaustivos controles durante una tramitación oficial que se ha prolongado durante bastantes años.

Pero al alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero (del partido Unidos por Chipiona), le convencen más los argumentos científicos que los administrativos, de ahí que haya dado el paso de presentar una denuncia en la Fiscalía de Medio Ambiente por un posible delito ambiental que ha provocado la contaminación de los ríos Agrio y Guadiamar, así como del estuario del Guadalquivir. “Esto va por donde tiene que ir, que es por lo penal, espero que la Fiscalía tome medidas”, ha insistido Aparcero, que ha alertado de los efectos sobre la salud y del impacto económico de este problema.

El regidor ha abierto la posibilidad al resto de colectivos y administraciones presentes a sumarse a esta denuncia, aunque inicialmente lo que se barajó es que cada parte presentara la suya propia. De hecho, la organización de consumidores Facua ha anunciado que irá por su parte al apreciar riesgos graves para la salud y la seguridad alimentaria, por lo que ha instado a la Fiscalía a tomar medidas cautelares en aplicación del principio de precaución.

Comité científico y moratoria

Aparcero es una de las voces que más alto está hablando dentro del frente común que se ha creado, que incluye a organizaciones agrarias como COAG y cofradías de pescadores, además de los por los ayuntamientos gaditanos de Chipiona, Rota (PSOE), Sanlúcar de Barrameda (IU) y Trebujena (IU). También están las localidades sevillanas de Camas (PSOE), Coria del Río (Andalucía por Sí), Isla Mayor (PSOE), Lebrija (PSOE), Los Palacios (IU) y La Puebla del Río (DeLaPuebla e IU), un conglomerado que hace un año entregó una carta a Juan Manuel Moreno en San Telmo con una doble petición que se mantiene: crear un comité científico independiente que analice la salud del río y, mientras tanto, que se aplique una moratoria que paralice los proyectos mineros.

En cuanto al artículo ahora publicado –el último de una larga serie de investigaciones en esta línea–, califica de “simplistas” los modelos de impacto utilizados por las empresas y la administración, porque no integran el papel de los sedimentos, la biota ni los efectos acumulativos y sinérgicos de dos vertidos coincidiendo en la misma zona. Jesús Castillo, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla y primer firmante del estudio, ha desgranado que se está produciendo una “contaminación con efectos ecotóxicos” no sólo Guadalquivir abajo desde los puntos de vertido, sino también aguas arriba entre La Puebla del Río, Sevilla y la presa de Alcalá del Río.

Los autores hablan de concentraciones de cientos de kilos de metales como zinc, cobre, arsénico y níquel, cuyas partículas contaminadas permanecen durante largos periodos dentro del estuario, lo que dificulta su exportación hacia el mar abierto. El trabajo recuerda, además, que la exposición crónica a estos contaminantes se ha vinculado en la región a problemas como mayor riesgo de cáncer de vejiga o efectos sobre el desarrollo cognitivo infantil, “lo que refuerza la preocupación por las descargas en un entorno densamente poblado”.

Las empresas se defienden

En cuanto a las compañías que están en el punto de mira, Cobre Las Cruces esgrime que su nuevo proyecto ha sido sometido a “un examen exhaustivo y muy exigente” por parte tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno de España. De paso, se recuerda que el pasado mes de octubre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tumbó una denuncia de Ecologistas en Acción y validó las autorizaciones ambientales recibidas, además de rechazar los informes universitarios sobre un presunto daño ambiental al Guadalquivir derivado de la actividad de la mina.

“Cobre Las Cruces cumple escrupulosamente todas las obligaciones de la normativa en materia ambiental”, añade. Y también esgrime un estudio universitario, en este caso del Área de Ingeniería Química Ambiental de la Universidad de Sevilla, que concluye que su actividad industrial “no ha generado impactos adversos en la calidad del agua ni en los sedimentos del estuario” y que los niveles de metales en el estuario “se han mantenido muy por debajo de los valores de referencia ambiental”. Este análisis técnico ha sido minimizado por los autores que insisten en el riesgo de los vertidos, ya que consideran que sido encargado y pagado por la propia empresa.

Desde Minera Los Frailes, que recibió el pasado mayo el permiso definitivo, se resalta por los estudios realizados en los últimos diez años “descartan cualquier riesgo de contaminación en el río Guadalquivir asociado al proyecto de Aznalcóllar”. “Los niveles resultantes del vertido tratado se situarán muy por debajo de los límites establecidos por la normativa ambiental vigente, una de las más exigentes del mundo”, a lo que añade que el sistema contará con controles diarios en varios puntos del río y revisiones periódicas de los datos por parte de un ente externo e independiente.

Asimismo, se recuerda que este proyecto “es la solución para abordar el pasivo ambiental existente en la zona de Aznalcóllar, consecuencia de la actividad minera del pasado”. Esto permitirá restaurar “de forma definitiva” alrededor de 600 hectáreas afectadas por la minería histórica, “resolviendo un problema ambiental heredado y recuperando el entorno para el futuro”.

Gloria María Martín Valcárcel (Madrid, 1979) tomó posesión como presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en julio del año pasado, pero ya conocía de sobra el paño: entró en 2006 en el organismo (dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y que en 2027 cumplirá un siglo) y ocupó varios cargos, incluido el de secretaria general desde 2019.

Destaca que tras tanta borrasca las reservas viven su mejor momento desde 2014, reitera que no se van a dar más permisos de riego y reconoce que al Guadalquivir ya no le cabe ningún nuevo embalse más allá de los dos pendientes. Y sobre los pozos sin licencia de la Casa de Alba, lanza un mensaje: “En este caso se va a cumplir el proceso sancionador como con cualquier otro”.

¿Cuánta agua ha dejado en la cuenca la sucesión de temporales que hemos tenido?

Después de este enjambre de borrascas hemos aumentado unos 2.700 hectómetros cúbicos de reservas y tenemos en total 8.000, lo que supone que estamos al 80% aproximadamente de capacidad. Veníamos de una situación en la que estábamos al 40% y hemos subido al 80% en mes y medio.

¿Para cuánto tiempo hay agua garantizada entonces?

Para abastecimiento tenemos tres años seguro. El regadío, que es el 86% de la demanda del Guadalquivir, tiene dos años prácticamente garantizados en su totalidad, el tercero ya dependerá mucho de cómo se produzcan las precipitaciones en estos dos o tres años. Pero un par de años sí que podemos decir que van a ser campañas bastante potentes.

A su predecesor le tocó gestionar la miseria de la sequía y a usted afrontar la abundancia...

Bueno, con la sequía era secretaria general de la Confederación, así que también la sufrí, porque además estuvimos trabajando en los decretos en los que se establecían ayudas a los usuarios. Hace un par de años hubo restricciones del 80 y el 90% en el regadío, prácticamente se daba agua sólo para salvar la arboleda y poco más. Pero sí, la situación ha dado un giro radical, hemos pasado de riegos de emergencia para intentar salvar la arboleda a tener zonas en las que el agua llegó hasta las copas de los árboles.

¿Hubo algún momento especialmente delicado en estos días de borrascas, de asustarse de verdad?

Ha sido un mes muy complicado y el problema fue que ocurrió en toda la cuenca, no hubo un único sitio que hubiese que vigilar especialmente, y sí que hubo situaciones concretas preocupantes. Pero estuvimos alerta, el daño habría sido mucho mayor si no hubiéramos actuado de forma preventiva y anticipada y en coordinación con el resto de administraciones. Pero sí, hubo unos cuantos sitios en toda la cuenca con bastante incidencia y con desalojos: Los Puentes en Jaén, en Huétor Tájar en Granada, en Córdoba, en Sevilla... 

Aunque haya zonas que ahora no se han inundado, siguen siendo inundables. Este episodio de borrascas, aunque ha sido muy extenso y muy persistente, no ha sido especialmente excepcional

¿Los problemas principales se han vuelto a producir en zonas que son inundables pero en las que se sigue construyendo?

No es cuestión de que se siga construyendo o no, es que son zonas inundables y sabíamos que los daños se iban a producir ahí, tienen problemas recurrentemente. Aun así, en algunas zonas se ha conseguido mitigar, como en Villanueva de la Reina en Jaén, donde los daños han sido mucho menores porque el Ayuntamiento ha hecho actuaciones.

¿Pero sigue habiendo mucho construido en zonas inundables?

Son zonas concretas que están en el plan de gestión de riesgo de inundación, pero eso lleva su tramitación, su periodo de información pública y hablamos de zonas inundables con un periodo de retorno de 500 años. Eso quiere decir que es inundable aquello que se pueda inundar con un evento que pueda pasar una vez cada 500 años. El evento que ha pasado ahora ha sido aproximadamente en toda la cuenca de un T10, de diez años: aunque haya zonas que ahora no se han inundado, siguen siendo inundables, si no se han inundado ahora no significa que no sean inundables. Porque este episodio de borrascas, aunque ha sido muy extenso y muy persistente, no ha sido especialmente excepcional. El periodo de retorno de diez años no es el de 500 todavía, ni mucho menos.

En este sentido, ¿qué posición tiene la Confederación en relación con Tablada en Sevilla, es una zona inundable? Porque ahora no se ha inundado y ya se ha vuelto a reabrir el debate sobre su posible urbanización.

Sí, porque está dentro de los mapas de áreas con riesgo significativo e inundables, su carácter sólo podría cambiar si se revisan esos mapas, no cuando ocurra un episodio excepcional y se inunden o no. Lo que queda claro es que los episodios excepcionales no marcan las zonas inundables. Ahora tenemos imágenes por satélite de gran parte de la cuenca, precisamente estamos cotejando nuestros mapas con esas zonas inundadas. Estos episodios lo que sí nos valen mucho es para mejorar el conocimiento y comprobar y calibrar nuestros modelos.

Entonces, ¿la Confederación considera que Tablada se tiene que quedar como está?

Todas las zonas inundables deben respetar los usos permitidos en las zonas inundables. Creo que ya lo hemos dicho muy claro.

Tras el tren de borrascas han vuelto a surgir de nuevo voces diciendo que se desperdicia todo el agua que no se embalsa, ¿qué opinión le merece?

Bueno, es que no podemos poner el doble de embalses en la cuenca. Ahí todavía quedan dos proyectos que están en el Plan Hidrológico y que se está avanzando, que son las presas de San Calixto (entre Puente Genil y Écija) y de Cerrada de la Puerta (en Jaén, cerca de la provincia de Granada). En San Calixto hay un proyecto que se está actualizando y se va a adjudicar en las próximas semanas, con Cerrada de la Puerta también se está trabajando para licitar la redacción del proyecto. Estas son las dos grandes presas que quedan y que permitirán afianzar la garantía de la cuenca y también laminar las avenidas, como ha ocurrido con los 49 embalses principales que tenemos y que han conseguido laminar todo lo que ha llovido. Pero agua por los ríos tiene que correr, porque se tienen que mantener los ecosistemas y el estuario, que eso también es importante. No es agua que se pierde, por supuesto. Y hemos almacenado 2.700 hectómetros, desde 2014 no teníamos las reservas como ahora.

Al margen de estas dos, ¿al Guadalquivir ya no le caben más presas?

Es que esto no es una cuestión de si queremos una presa o no, sino que para construir un embalse hace falta un sitio acorde y una tramitación ambiental, no es tan fácil. Es difícil ya encontrar un proyecto viable para una gran presa en la cuenca del Guadalquivir. 

En la cuenca del Guadalquivir hay 900.000 hectáreas de regadío, el 25% de toda la zona regable de España, y no se dan nuevos permisos desde 2005. ¿Está previsto replantearse esa política?

¿Por un episodio de lluvias de un mes? No se van a dar porque no puede ser de otra manera, la cuenca se encuentra en una situación ya muy tensionada, con un déficit estructural de unos 200 hectómetros cúbicos. No es posible dar nuevas autorizaciones y nuevas superficies de riego salvo lo que ya está planificado, y creo que los usuarios en general lo saben y lo defienden en muchos casos: lo que hay que hacer es mantener lo que hay en la cuenca. En un contexto de incertidumbre, de cambio climático, creemos que ahora el problema es la garantía, hay un déficit que ya hemos sobrepasado.

¿Y no hay posibilidad de crecer con aguas regeneradas?

En el Guadalquivir no es fácil, eso tiene más sentido en la costa. Aquí realmente, si el agua de la depuradora llega a un cauce, se utiliza aguas abajo, no es un recurso nuevo que saquemos. En el Plan Hidrológico actual se dieron 20 hectómetros, pero para el siguiente (2028/2033) ya no está previsto ningún volumen adicional de agua regenerada porque no tiene más sentido seguir aumentando.

¿El nuevo Plan Hidrológico incorpora algún elemento relevante?

Estamos en la fase del esquema provisional de temas importantes, pero hay cuestiones que evidentemente son recurrentes porque siempre hay que tratarlas, como las zonas protegidas y las aguas subterráneas. Yo creo que lo más novedoso entre comillas son la garantía y el cambio climático, que es una cuestión transversal en todos los temas. El cambio climático ya se tenía en cuenta en el plan vigente, pero ahora está imbricado en todos los temas porque vemos que influye en todo. Y después el sostenimiento de la garantía, que cada vez es más complicada en este contexto de incertidumbre.

Lo que sí que tanta agua habrá venido bien para la salud del río y su estuario, ¿no?

Sí, claro, si el volumen aumenta, la dilución aumenta y todo mejora. Estas crecidas son imprescindibles para que el río funcione bien, y desde 2010 no teníamos nada parecido.

Y a propósito del río y su estuario, ¿cómo valora los nuevos vertidos autorizados para las minas de Aznalcóllar y Las Cruces en Sevilla?

Bueno, esto debe hacerse con todas las garantías. La cuestión es que en minería al final el órgano sustantivo es la Junta de Andalucía, nosotros ahí intervenimos como un órgano sectorial en lo que compete al agua. Además, los vertidos son al Guadalquivir pero en zona de dominio público marítimo-terrestre y nosotros no tramitamos esas autorizaciones, es también la propia Junta de Andalucía. Por tanto, son ellos los que tienen que autorizar esos vertidos y hacer el control. No digo que no me preocupe, pero es la Junta la que tiene que hacer ese seguimiento.

Ya hemos cerrado 800 pozos ilegales en unos cinco años y tenemos 175 en trámite. No me atrevo a decir una fecha cierta, pero tardaremos mucho menos de cinco años en terminar esto porque el grueso ya está cerrado

Hablando de preocupación, otro punto es Doñana, ¿cómo va el cierre de pozos ilegales?

Pues en cinco años hemos cerrado ya 816 y tenemos en trámite 176. Hay que matizar que el cierre de pozos no es algo inmediato porque es un proceso lógicamente muy garantista, se trata de cerrar explotaciones de usuarios que están regando y que tienen un perjuicio económico. Tienen que alegar y defenderse, y eso dilata en el tiempo el proceso. Por otra parte, lo que sí que podemos es adoptar medidas cautelares de cierre de pozos mientras se tramita todo el proceso. También lleva su tiempo, porque hay que pedir autorización al juzgado para entrar en la finca, pero cerramos más rápido. 

Pero da la impresión de que nunca se termina.

Es que los pozos también van cambiando. No partimos de un número concreto, sino que a veces se van identificando nuevas captaciones y eso hace que se abran nuevos procedimientos. Ya hemos cerrado 800 en unos cinco años y tenemos 175 en trámite, no me atrevo a decir una fecha cierta pero tardaremos mucho menos de cinco años en terminar esto porque el grueso ya está cerrado. Pozos nuevos sí que se siguen localizando, pero ya hacemos una teledetección (que es accesible hasta para el público) de la superficie de los invernaderos que están instalados y se ve cuáles son las zonas que no tienen derecho de riego. Eso también tiene un efecto disuasorio, hemos visto que la superficie que no cuenta con derechos no sigue aumentando, así que creo que vamos por el buen camino.

Para la Confederación, ¿la marisma de Doñana es de agua dulce, como se ha dicho históricamente, o salada, como defiende el Ministerio para la Transición Ecológica para justificar el deslinde que se ha aprobado?

Es una cuestión complicada y que ahora mismo está en estudio. Tenemos que esperar al resultado de todos los recursos e iremos viendo la consecuencia que tiene ese deslinde, tanto en el Plan Hidrológico como en las actuaciones que tenemos en marcha. Ahora mismo hay un procedimiento administrativo y una serie de recursos, pero no sé si se llegará a contentar a todo el mundo. Un deslinde es un procedimiento complicado que siempre cuenta con bastante oposición por parte tanto de los usuarios del territorio como por el resto de actores. 

La lluvia le habrá venido muy bien al acuífero de Doñana, pero esto no se recupera de un día para otro…

No, no. Los primeros estudios que hemos hecho dicen que la superficie de la marisma se ha inundado prácticamente el doble respecto al año pasado y los piezómetros del acuífero han mejorado algo, pero en las zonas de mayor explotación no tanto. Por tanto, esto viene muy bien, pero no resuelve un problema estructural. Un mes de lluvias no recupera el acuífero de Doñana, necesitaría varios años así y trabajar más en todas las vías que ya tenemos abiertas para que realmente se vea una mejora notable.

A propósito de acuíferos, ¿confía en que la actuación judicial por los pozos sin licencia en Aljóbar, la finca de la Casa de Alba en Aznalcázar, siente un precedente importante y tenga un efecto disuasorio?

Yo no creo que sea un precedente porque no es la primera vez que aplicamos un procedimiento sancionador en una explotación de más o menos entidad o más mediática. Hay que actuar en todos los casos, y si esto hace que la sociedad sea más consciente de que esto no va de superficies ni de determinadas personas, sino que si hay una infracción se actúa, pues perfecto. Pero no es una situación desde luego novedosa, ni que hayamos cambiado nuestra manera de proceder.

¿Pero es consciente de la repercusión del caso y la sensación que pueda tener alguien de que pueda haber un trato distinto?

No controlamos las sensaciones, pero si la infracción está y el sancionador llega a la resolución que sea, será independiente de quién sea el infractor. Que luego se piense desde fuera que se ha actuado mejor o peor que en otros casos, eso nosotros no lo podemos controlar. Pero que en este caso se va a cumplir el proceso sancionador como con cualquier otro, eso es así.

¿Y no es contradictorio que, en paralelo a la causa judicial, haya un proceso administrativo para regularizar esos mismos pozos que se investigan por un posible delito ambiental?

Esa concesión se está tramitando y con una serie de condiciones. En muchos otros casos, cuando se aplica un procedimiento sancionador existe la posibilidad de legalización de lo que ha ocurrido. En este caso, la concesión se está tramitando. Veremos qué dicen todos los informes, pero tiene que llevar una serie de condicionados y tiene que tener un control de los volúmenes de agua. En el caso de que se resuelva así, no tiene por qué ser contradictorio con una infracción que se ha cometido, que tendrá una sanción y unas consecuencias.

La Comisaría de Aguas de la Confederación ya ha dado su visto bueno, por lo que considera que estos pozos son regularizables…

Pero es que el hecho de que tenga un proceso sancionador en marcha no significa que esa petición no pueda ser viable. Ellos contaban con un derecho previo, pero se abre un proceso sancionador porque no se estaba actuando acorde a la autorización que tenían. Si la autorización que se solicita es compatible con la planificación hidrológica, se puede tramitar independientemente de que entre medias haya habido alguna infracción o alguna sanción por parte del usuario.

¿Le frustraría que ocurra lo mismo que con la finca Hato Blanco Viejo, que por primera vez un juez condenó a cárcel a una familia de terratenientes por pozos ilegales y al final se libraron de la prisión al rebajarse la pena?

En un proceso judicial nosotros no tenemos toda la información concreta, le perdemos un poco la pista, y hasta que no se finaliza… Pero bueno, no frustra, porque nosotros hacemos nuestro trabajo y sabemos que luego pasa a la vía judicial, ahí realmente nosotros ya no controlamos qué es lo que se va a resolver. Lo que tenemos que hacer es nuestro procedimiento administrativo y llevarlo a cabo con todas las garantías.

¿Y hay muchos procesos abiertos en la cuenca por extracción ilegal de agua?

Hay muchos, todos los meses se tramitan cientos. Pero no todo son grandes explotaciones ilegales, hay muchas infracciones menores por no tener por ejemplo el contador bien instalado. 

El Ayuntamiento de Sevilla ha desactivado en la mañana de este miércoles el Plan Territorial de Emergencias de la ciudad tras el paso del tren de borrascas que ha azotado a toda Andalucía. Asimismo, se ha procedido a la reapertura de las compuertas del muro de defensa del Guadalquivir en la Vega de Triana, que se cerraron el pasado 5 de febrero, con lo que la capital va recuperando una normalidad que todavía no alcanza al cementerio, que continúa cerrado tras la caída de 60 árboles.

Las compuertas llevaban cerradas desde el pasado jueves como medida preventiva ante “ante una eventual crecida” del río Guadalquivir, que actualmente se encuentra en nivel amarillo a su paso por Sevilla. Por otro lado, fuentes municipales han confirmado a Europa Press que todos los parques de la ciudad se encuentran abiertos tras la revisión por parte de los técnicos.

En cuanto al cementerio de San Fernando, sigue cerrado desde que el pasado 26 de enero el Ayuntamiento hispalense activara las medidas de seguridad. Por el momento no hay previsión de reapertura, según han confirmado fuentes municipales a Europa Press.

Según un primer balance del Ayuntamiento, más de 60 árboles se han visto afectados por el viento, entre ejemplares dañados, ramas de gran porte desprendidas y algunos vuelcos. Unos datos que no son definitivos al estar todavía en supervisión un recinto que cuenta con una extensión aproximada de 28 hectáreas, “lo que requiere una revisión pormenorizada que aún continúa”.

Sepulturas afectadas

Sobre la situación de estos árboles, el alcalde, José Luis Sanz, ha indicado que algunos afectados “se tendrán que talar”. “No es ya lo que se ha caído, sino lo que hay que talar ahora, porque una vez que se han movido, por lo visto no tienen arreglo”, señalaba el regidor a las preguntas de los medios.

Asimismo, el Consistorio ha indicado que está revisando mausoleos, panteones y sepulturas, donde ya se han detectado afecciones, en al menos, 40 sepulturas que están siendo inspeccionadas, con el objetivo de garantizar que todo el recinto “se encuentre en condiciones adecuadas antes de su reapertura”.

El Ayuntamiento ha indicado que el procedimiento de actuación prioriza en primer lugar la eliminación de riesgos inminentes o elementos con peligro inmediato; posteriormente, la retirada de árboles ya volcados o gravemente dañados; y, a continuación, una inspección técnica del resto del arbolado para evaluar su estabilidad y determinar posibles intervenciones adicionales. Asimismo, se ha registrado la caída de un muro interior del recinto, sin que se hayan producido daños personales.

Calle Imagen y SE-20

Pese al cierre del recinto, el Ayuntamiento ha habilitado itinerarios seguros para familiares y trabajadores del Cementerio al mantenerse la actividad en los sepelios y las incineraciones. Esta posibilidad se puede realizar al encontrarse ubicado en una zona próxima a la entrada y sin afección del arbolado.

Como medida preventiva, las zonas balizadas permanecen restringidas y se ha indicado al personal del cementerio que “no desarrolle trabajos en estos espacios hasta que queden completamente asegurados”. El Ayuntamiento ha afirmado que “una vez garantizada la seguridad, por el operativo de Parques Jardines y Bomberos”, el personal del cementerio “retomará progresivamente las labores habituales de mantenimiento, conservación y atención a las instalaciones”.

Eso sí, el temporal no ha retrasado las obras que se llevan a cabo en el entorno de las Setas de la Encarnación con motivo de la segunda fase del tranvibús, que unirá Santa Justa con la Plaza del Duque, y al respecto, la calle Imagen, lugar de tránsito de muchas cofradías estará abierta con normalidad en esas fechas y no afectará a la Semana Santa.

Por otro lado, el Ayuntamiento está preparando un plan de reasfaltado de las vías de la ciudad afectadas por el temporal. El proyecto de reurbanización y reajardinamiento de la SE-20 está a la espera del “fin de las lluvias” para poder comenzar.

El nivel del Guadalquivir sigue a la baja

En cuanto a la provincia, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha confirmado este miércoles el regreso a su residencia de las 36 personas mayores de Tocina que fueron desalojadas la pasada semana por los efectos del temporal. Asimismo, los 50 vecinos de la zona de El Calerín en Lora del Río podrán dormir en sus casas esta noche tras haber finalizado las tareas de limpieza de sus hogares. Según una publicación del 112 en redes sociales, solo quedan cuatro vecinos de El Palmar de Troya fuera de sus casas.

A esto ayuda que el caudal del río Guadalquivir continúa descendiendo en la provincia de Sevilla tras los efectos del temporal. Según datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), se encuentra en nivel amarillo en la capital y en naranja en Lora del Río. Actualmente, solo se encuentra en nivel rojo el embalse de Torre del Águila.

El Ayuntamiento de Lora del Río ha señalado que la cota se encuentra a 31,96 metros por encima del nivel del mar. El alcalde de la localidad, Antonio Enamorado, ha indicado que es cuestión de horas que se pueda bajar la emergencia de nivel 1 a nivel 0. “Los vecinos vuelven esta noche a sus casas, aunque por ahora se les va a seguir manteniendo la comida porque aún tienen problemas con la electricidad y desorden en las zonas comunes y cocina”, ha asegurado el primer edil en referencia a los 50 vecinos de la zona de El Calerín.

Desalojados y situación de los embalses

En la provincia continúan desalojadas 15 personas en Cantillana y cuatro en El Palmar de Troya, según ha señalado la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Cantillana ha rebajado el Plan Territorial de Emergencia Local a fase de Preemergencia. Además, se ha procedido a la limpieza de las vías públicas afectadas, “avanzando de forma progresiva en la recuperación de la normalidad”.

En cuanto al niven de los pantanos, el del Huesna es el único sevillano que está por debajo del 80%, con un 74,48%. El embalse de El Agrio supera con creces el valor de capacidad máxima útil, con un 117,57%. Le sigue el de Gergal, con 106,4%; Melonares, con 105,81%; José Torán, con 102,88%; Zufre –de Huelva, pero adscrito a la 'zona Sevilla'–, con 100,34%; La Puebla de Cazalla, con 100,14%; La Torre del Águila, con 95,49%; Aracena –pasa por la misma circunstancia que Zufre–, con 93,21%; El Pintado, con 91,87%; Cala, con 85,05% y La Minilla, con 83,49%.

Estaba previsto que Marta golpease Andalucía desde la tarde del sábado y así fue. La borrasca, que sustituye a la recién despedida Leonardo, provocó la rápida crecida de unos ríos que recogen de la tierra empapada las lluvias acumuladas durante la semana y el aporte de los desembalses. El Guadalquivir es el mejor ejemplo: a la preocupación por Córdoba durante las jornadas previas se sumaron este sábado Sevilla capital y municipios como El Palmar de Troya, Écija, Tocina y Lora del Río (Sevilla), Villafranca, Almodóvar del Río o Palma del Río (Córdoba). Con el río en nivel rojo en varios puntos de su cauce a última hora de la tarde, incluyendo Sevilla capital, Emergencias desmintió durante la tarde que la anegación de zonas inundables de la capital andaluza se debiese a su desbordamiento.

A última hora el derrumbe de un muro en Canena (Jaén) atrapó a una persona que fue rescatada por los servicios de Emergencia. La Junta de Andalucía insiste en pedir a la población que evite desplazamientos. El temporal mantiene afectadas más de 200 carreteras y 148 cortadas, sobre todo en la provincia de Cádiz. La cifra de desalojados asciende a 11.089 y seis núcleos permanecen aislados.

La mayoría de los desalojados Cádiz (7.707, cifra que bajó ayer con la vuelta condicionada de los vecinos de San Roque) y Córdoba (1.500), seguidas de Jaén (687), Málaga (586), Granada (400) y Sevilla (209).

En Ubrique (Cádiz) algunas calles se convirtieron en torrentes de agua mientras sus vecinos se afanaban por retirar obstáculos al agua. Unos 50 fueron desalojados. En una entrevista en Antena 3 el presidente Juan Manuel Moreno ha avanzado “más desalojos” a lo largo de la noche (“unas 150 o 200 personas”) por los movimientos de aguas subterráneas en este municipio.

A última hora de la tarde del sábado los operativos de Emergencias actuaban en 17 puntos diferentes de Andalucía, y mantenían 71 operaciones abiertas. El Consejero de Emergencias Antonio Sanz ha expresado en Canal Sur TV su preocupación por el “desgaste de las infraestructuras”, como viviendas y carreteras, previendo una pausa el domingo antes de la vuelta del “río atmosférico” el lunes: “Parece interminable”. La expectativa es que la situación mejore a partir del martes.

El Guadalquivir, que cruza Andalucía de noreste a oeste, centra ahora la atención. Su crecida hasta los 5,90 metros (cuando el nivel rojo se sitúa en los 2,50) a su paso por Córdoba había hecho temer el viernes por su desbordamiento. A última hora de la tarde el nivel volvía a subir allí, con la posibilidad de una crecida superior a la del jueves.

Esos temores se extendieron a Sevilla durante el sábado, con imágenes virales de una zona inundada en Torre Triana. El Ayuntamiento aclaró que no se debía al desbordamiento del río, sino a balsas de agua. El río alcanzó zonas inundables de la capital en el área de la isla de la Cartuja. Las compuertas del muro de defensa están cerradas desde el pasado jueves.

Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla, ha señalado durante la tarde que se espera que el crecimiento del río sea “sea sostenido y progresivo hasta estabilizarse” y que luego la estabilización “se sostendrá durante algún tiempo hasta que empiece a descender”.

Las lluvias y el riesgo de desbordamiento de los ríos en la provincia de Sevilla obligaron a desalojar a decenas de vecinos de Tocina y Lora del Río. También se ha suspendido el espectáculo del Circo del Sol en Sevilla capital, así como los partidos de Liga entre el Sevilla FC y el Girona y el Cádiz – Almería.

Málaga y Cádiz

En Málaga, los problemas se concentran en la serranía de Ronda. Se mantiene el desalojo de los vecinos de la pedanía de la Estación de Benaoján ante el riesgo de que el agua rebase los límites de la presa de los Caballeros, en Montejaque. Se trata de una infraestructura sin uso ni mantenimiento desde hace 100 años, abandonada precisamente por las filtraciones por el terreno kárstico sobre el que se asienta. Ahora se ha llenado, y los técnicos la monitorizan desde hace días.

En Cortes de la Frontera preocupa, como en Benaoján, el riesgo de que la acumulación de agua infiltrada en el terreno pueda provocar desprendimientos de tierra. Los técnicos del Instituto Geológico y Minero desplazados a la zona han informado al alcalde de que el municipio “no está en peligro”, según ha trasladado el propio regidor. Durante la madrugada del viernes al sábado se han registrado varios seísmos en la zona, todos de magnitud inferior a 3, pero los técnicos descartan por ahora que tengan relación con las lluvias.

También en esa comarca, los ayuntamientos de los municipios malagueños de Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera han prohibido usar el agua de sus redes de abastecimiento para beber, cocinar, lavar alimentos o lavarse los dientes debido a la turbidez que presenta.

También fueron desalojados los vecinos de dos calles de San Martín del Tesorillo, y se mantiene la evacuación completa de Grazalema, el pueblo que simboliza el fenomenal impacto que ha tenido este tren de borrascas sobre Andalucía.

Daños económicos

Por la mañana ya lo había advertido Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, desde el Puente Romano de Córdoba: “Habrá situaciones que han mejorado y pueden volver a empeorar”. El respiro que Leonardo dio al despedirse el viernes se acabó de sopetón cuando Marta entró nuevamente por el Atlántico. Con menos agua, quizá, pero con el añadido de que llueve sobre mojado, con los acuíferos colmados, la tierra empapada, los ríos por encima de sus métricas habituales y los pantanos entre el 85 y el 95% de su capacidad.

“Si tenemos precipitaciones abundantes en esos puntos vamos a tener problemas serios porque los pantanos tendrán que desaguar”, apuntó Moreno, advirtiendo de que se preveían 200 litros por metro cuadrado, “y eso es mucho”. La cuestión es dónde caerían, porque en eso puede estar ahora la diferencia entre que un río se desborde o no. “A veces 20 kilómetros arriba o abajo cambia, o viene un viento que cambia la situación”.

En ese nivel de incertidumbre se mueve estos días Andalucía, especialmente la zona occidental, con puntos como la Serranía de Ronda, Guadalete, Campo de Gibraltar o Grazalema donde no cabe más agua. En este último pueblo, evacuado por completo el jueves, han caído en poco más de un mes más de 2.000 litros por metro cuadrado.

El temporal ha provocado también cuantiosos daños materiales que condicionarán la previsión económica de este año, obligando a retirar partidas presupuestarias. Sólo en la red de carreteras andaluzas los daños ascienden por ahora a unos 500 millones de euros, según una cuantificación muy preliminar ofrecida por Moreno el sábado por la mañana. El Presidente andaluz anunció que pedirá la ayuda tanto del Fondo de Contingencia del Estado como del Fondo de Solidaridad de la UE. “El impacto económico va a ser millonario. A partir del martes o miércoles haremos cuantificación, pero podemos decir que ha golpeado muy duramente al sector primario, agricultura, ganadería y pesca que lleva amarrada desde diciembre. También en el sector turístico. Y muy severo en las infraestructuras”.

Un estudio colaborativo entre la Universidad de Sevilla (US), la Estación Biológica de Doñana y la universidad italiana de Roma Tre ha detectado la presencia de microplásticos en la almeja Scrobicularia plana, conocida comúnmente como coquina de fango y que se recolectan para el consumo humano, en los estuarios de los ríos Guadiana y Guadalquivir. La mayoría de los microplásticos encontrados en ambos estuarios eran fibras oscuras, probablemente derivadas del lavado de ropa y de una deficiente filtración en las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Este tipo de microplásticos es “especialmente abundante” en ambientes acuáticos, ya que, por su forma y composición, tienden a flotar con mayor facilidad que otras partículas. No obstante, los análisis sí revelaron diferencias en la composición de polímeros de microplásticos entre estuarios, tal y como apunta la Universidad de Sevilla en un comunicado.

En este contexto, ambos estuarios presentan contaminantes comunes como PET, celulosa, celofán, PVC, poliamidas y acrílicos, lo que refuerza la idea de una contaminación generalizada por estos materiales. Pero en el estuario del Guadiana son más frecuentes el tereftalato de polietileno (PET) y la celulosa pigmentada.

Las coquinas se defienden

Otro hallazgo relevante del estudio es que los individuos de menor tamaño contenían, en promedio, más partículas de microplásticos que los ejemplares más grandes. Esto sugiere que, a medida que crecen, las almejas podrían desarrollar mecanismos más eficaces para expulsar o evitar la acumulación de estas partículas.

La almeja Scrobicularia plana es un molusco bivalvo que vive enterrado en los sedimentos blandos de estuarios y marismas. Se caracteriza por su concha ovalada y frágil, de color grisáceo, y por sus largos sifones, con los que se alimenta filtrando partículas del agua y del sedimento.

De esta manera, el estudio demuestra que Scrobicularia plana, además de ser un reconocido bioindicador de contaminación por metales pesados, también podría desempeñar un “papel clave” en la detección de microplásticos en estos entornos.

A diferencia de otras especies utilizadas con este fin, y debido a sus hábitos alimenticios y de vida, esta almeja podría reflejar condiciones ambientales tanto de la columna de agua como del sedimento, lo que la convierte en una herramienta especialmente útil para evaluar la contaminación a diferentes escalas espacio-temporales.

Niveles similares en entornos diversos

Los estuarios son zonas de transición entre ríos y océanos, donde tienden a acumularse diversos contaminantes, incluidos los microplásticos. Los resultados revelaron que, pese a las diferencias en la presión humana entre los estuarios del Guadiana y del Guadalquivir, las concentraciones de microplásticos en los bivalvos fueron similares.

Este hallazgo sugiere que factores naturales, como el hidrodinamismo y las variaciones estacionales, podrían influir en el transporte y la acumulación de estos contaminantes, más allá de las fuentes locales.

Además, no se observó un gradiente claro en la contaminación de microplásticos a lo largo del curso de los estuarios, lo que indica que la proximidad a focos puntuales de contaminación no basta para explicar su distribución. Por ello, se apunta que es esencial considerar también los procesos naturales de dispersión y sedimentación.

Transferirse a lo largo de la cadena alimentaria

En este sentido, es fundamental evaluar la acumulación de microplásticos en la coquina de fango y en otras especies de bivalvos a largo plazo, no sólo por su valor como bioindicadores, sino también por su posible papel como vectores de contaminantes hacia otros niveles tróficos, incluido el ser humano.

Asimismo, esta coquina es una especie clave en los ecosistemas estuarinos y, además, se recolecta habitualmente para el consumo. Por ello, “resulta crucial investigar en mayor profundidad” hasta qué punto los microplásticos pueden transferirse a lo largo de la cadena alimentaria y con ellos los contaminantes que pueden estar asociados.

Finalmente, el estudio ha concluido que, más allá de los efectos directos sobre los organismos, la presencia de estos materiales “podría alterar el equilibrio de las redes tróficas y favorecer procesos de biomagnificación, con potenciales consecuencias para la salud ambiental y humana”.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha informado de la detección de surgencias de aguas “con altas concentraciones de metales pesados” en la zona este del contraembalse del Agrio, procedentes de la escombrera norte de complejo minero Los Frailes, en Aznalcóllar (Sevilla).

Ello, en un marco en el que pesa la reciente autorización por parte de la Junta de Andalucía del nuevo proyecto de explotación y el plan de restauración de la mina de Los Frailes a manos de la alianza empresarial promovida por Grupo México y la andaluza Minorbis; de cara a la reactivación de esta corta cerrada desde 2002 tras la gran catástrofe natural acontecida en 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).

Al respecto, recordemos que los grupos ecologistas vienen avisando de que el proyecto de nueva explotación de la mina, marcada por la citada catástrofe medioambiental, supone “verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja”, con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000, extremo que niegan a su vez la Administración andaluza y las empresas promotoras del proyecto.

De este modo, los ecologistas alertan insistentemente del “envenenamiento del Bajo Guadalquivir de manera permanente, y probablemente irreversible”.

La Junta de Andalucía, de su lado, alega que el proyecto “viene a aportar una solución para depurar el agua que se encuentra almacenada en las cortas de la antigua explotación minera y que se realizará aplicando las mejores tecnologías disponibles”; reseñando que “más del 80 por ciento del agua que se utilice para el tratamiento del mineral se va a recircular en el propio proceso”.

En ese marco, la CHG expone que ha realizado desde el pasado mes de marzo, abundante en lluvias, un seguimiento continuo de la afección detectada en la calidad del agua del contraembalse del Agrio y en el río Crispinejo, hasta su confluencia con el río Guadiamar, contaminado por el grave episodio de 1998; tras las abundantes precipitaciones de ese mes.

Los resultados del estudio elaborado por la CHG, que detecta aguas con altas concentraciones de metales pesados procedentes de la escombrera norte de complejo minero Los Frailes, en la zona este del contraembalse del Agrio; han sido remitidos en mayo a la Junta de Andalucía como organismo competente en la materia, tanto en concesión de autorizaciones para explotaciones mineras, protección medioambiental y gestión de los pasivos mineros, y “se le ha instado a que adopte las medidas necesarias antes de las próximas lluvias para que no se repita el problema”.

La CHG expone que ha informado así de la afección a la Dirección General de Minas de la Consejería de Industria, Energía y Minas y a la Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Sevilla, a las que se les solicita que pongan en conocimiento de este organismo de cuenca “su programa o plan de contingencia con las actuaciones previstas”.

Asimismo, la Confederación ha requerido al responsable del complejo minero, Minera Los Frailes S.L., sociedad de propósito creada por Grupo México y Minorbis para la nueva gestión de la mina de Aznalcóllar; que informe sobre las medidas adoptadas para evitar la contaminación, sobre el estudio de la conexión hidráulica entre la citada escombrera norte y el contraembalse del Agrio, sobre actuaciones previstas, plan de contingencias y programa de vigilancia y control del dominio público hidráulico. También se ha informado al Ayuntamiento de Aznalcóllar sobre la situación.

La Guardia Civil ha desmantelado una de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico de cocaína más activas del sur de España, que introducía la droga a través del río Guadalquivir. La operación se ha realizado en tres fases que ha acabado con la detención de 17 personas, entre ellas los líderes del grupo –dos hermanos que llevaban en búsqueda y captura desde hacía más de tres años– así como la incautación de un arsenal que incluía armas de guerra.

La operación ha concluido tras una investigación de más de un año que comenzó con la incautación de 7.000 kilos de cocaína en una finca en el municipio de Coria del Río y la detención de tres personas que ingresaron en prisión. La segunda fase se desarrolló con dos nuevas detenciones.

En la última fase han sido detenidas 12 personas en 13 registros en las localidades sevillanas de Dos Hermanas, Coria del Río, Los Palacios, Sevilla capital y en una vivienda en Málaga. Tras su puesta a disposición judicial se ha decretado el ingreso en prisión de cuatro de ellas, otras seis han quedado en libertad bajo fianza y dos en libertad con cargos.

La red operaba de forma meticulosa y con una estructura jerárquica sólida con sus miembros organizados en ramas con funciones diferenciadas. Para evitar ser detectados tomaban estrictas medidas de seguridad desplazándose únicamente durante la noche.

Los líderes, detenidos en Málaga

Como líderes de la organización se encontraban dos hermanos considerados ambos como principales dirigentes y sobre quienes figuraban órdenes judiciales de búsqueda y captura desde hacía más de tres años. Han sido localizados en una vivienda en Málaga.

Cada miembro de la dirección asumía responsabilidades específicas, desde la coordinación de contactos con proveedores internacionales hasta la supervisión de pagos a familiares de integrantes encarcelados.

Los familiares, que también estaban vinculados a la organización, actuaban como enlaces informando del estado de la investigación y aseguraban el sostenimiento económico de los encarcelados. Otros miembros se encargaban de la logística, ocultación y vigilancia de la droga. Los domicilios donde se han realizado los registros contaban con sistemas de seguridad y vigilancia.

Armas de guerra

En ellos han sido incautados 75.000 euros en metálico, una pistola, varios fusiles y subfusiles de asalto, una escopeta robada, abundante munición, un arma blanca, armas de fuego simuladas, chalecos antibalas, drones, visores nocturnos, walkie-talkies y dispositivos de comunicación.

Se ha descubierto también que algunos de los detenidos mantenían una actividad ilícita centrada en el cultivo de marihuana. A los detenidos se les relaciona con delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública y tenencia ilícita de armas.

Esta operación ha sido desarrollada por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Sevilla junto con el Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico. También se ha contado con el apoyo técnico de la UCO y el Grupo de Apoyo Operativo y apoyo operativo del GAR, GRS, Desactivación de Explosivos, la USECIC o el Servicio Cinológico. También ha colaborado la Policía Local de Sevilla.

La mina de Aznalcóllar ya tiene todos los parabienes para reabrir, y aunque entidades ecologistas anuncian que seguirán planteando batalla, a día de hoy la previsión es empezar la extracción de mineral en 2028. El camino del proyecto ha estado lleno de altibajos desde su adjudicación hace una década, pero si ha llegado a buen puerto ha sido por el considerable giro que se le dio en plena tramitación: los vertidos que genere la actividad se verterán en el Guadalquivir, no en el Guadiamar como estaba previsto inicialmente.

De hecho, la historia sería hoy muy distinta si Grupo México y Minorbis (concesionarias y creadoras de la empresa que gestionará el complejo, Minera Los Frailes) hubiesen persistido en verter en el río Agrio, afluente del Guadiamar. ¿Y por qué es tan importante que al final se optase por el Guadalquivir? Pues porque se pasó del dominio público hidráulico al marítimo-terrestre, lo que implica que los vertidos pueden ir con una carga contaminante más elevada y que la autorización la concede la Junta de Andalucía, que fue precisamente la que en 2013 puso en marcha el proceso para reactivar la explotación.

La empresa tiene un horizonte operativo que de partida se sitúa hasta 2045, tiempo durante el que verterá más de 85 hectómetros cúbicos (85.000 millones de litros) de aguas tóxicas contaminadas con metales pesados: zinc, plomo, cobre, níquel, arsénico, mercurio... Esto, según han alertado ayuntamientos, sectores productivos y organizaciones sociales, conllevará la contaminación del estuario, por lo que reclaman que un comité científico analice la situación ante la voz de alerta que ya han dado estudios preliminares.

Incumplía los parámetros

Volcar los vertidos en el Guadiamar vía Agrio suponía replicar la fórmula de Boliden Apirsa, propietaria de la mina cuando se produjo el desastre ambiental de 1998. El argumento de la nueva concesionaria es que el procedimiento no tenía nada que ver, que ahora es un proyecto subterráneo que no necesita balsa de residuos como la que estalló en el que está considerado como la mayor catástrofe ambiental en España.

Pero estos argumentos no convencieron a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo estatal encargado de dar la autorización ambiental al pertenecer el Guadiamar al dominio público hidráulico. De hecho, transmitió a la empresa que su solicitud incumplía los parámetros requeridos para un permiso como el que pedía por los niveles tóxicos de los residuos que se iban a verter, que incluían cadmio y mercurio.

“No iban a cumplir nunca los requisitos porque el Guadiamar es hoy uno de los río más controlados de Europa”, ha llegado a señalar el presidente de la CHG, Joaquín Páez, que declaró como testigo en el juicio por la concesión administrativa –todavía en curso– y recordó la “controversia” que generó la propuesta inicial. Así que le dieron un volantazo al proyecto y se fueron al Guadalquivir, donde “sería más fácil cumplir los requisitos legales de este tipo de vertidos”.

“Única fórmula para conciliar” todos los aspectos

Así las cosas, la Confederación pidió en 2019 una ampliación del análisis de alternativas de vertido de las aguas del complejo minero, tanto en lo relativo a sistemas de tratamiento como a otros puntos diferentes de vertido. Esto, explicó la empresa en la nueva documentación que presentó para desatascar el proceso, “motivó un cambio en el diseño conceptual del proyecto”, enfilando ahora al Guadalquivir.

Minera Los Frailes explicó que este viraje –un “giro sustancial”, como lo ha llegado a definir el presidente de la CHG– era la “única fórmula para conciliar los aspectos administrativos, ambientales, sociales y técnicos” y así conseguir la autorización ambiental. Para ello, ya en 2021, presentó una adenda al proyecto de explotación con esta reconfiguración que suponía pasar del dominio público hidráulico al marítimo-terrestre, lo que incluía cambiar como administración de referencia el Gobierno central por el andaluz.

El Guadalquivir pertenece al dominio público hidráulico desde que nace hasta la presa del municipio sevillano de Alcalá del Río, hasta donde el estuario del río ejerce su influencia en forma de mareas. A poca distancia, a la altura del estadio de la Cartuja, la compañía ha elegido el punto de vertido, para lo que construirá una tubería que recorrerá 30 kilómetros desde sus instalaciones.

Opiniones enfrentadas

La empresa esgrime una y otra vez que cuenta con todos los parabienes ambientales, y que de hecho su actuación permitirá neutralizar el riesgo potencial que todavía suponen las dos cortas mineras de la época de Boliden que todavía están llenas de aguas tóxicas y rodeadas de unos vertederos que continúan filtrando. Los Frailes calcula que en torno al 20% de su inversión global (500 millones de euros) se destinará a un plan de restauración integral de la antigua concesión minera, que dará continuidad al Corredor Verde del Guadiamar.

No lo ve igual el catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla Jesús Castillo, uno de los autores de un último estudio que alerta de una contaminación ya asentada en el Guadalquivir por la actividad de Cobre las Cruces y que ahora se multiplicará con Aznalcóllar. “Aquí nadie hace nada y se está poniendo la alfombra roja pese a que el estudio de impacto ambiental se basa en una hipótesis falsa, la de que los metales van a salir del estuario”.

En cambio, a su juicio estos restos tóxicos se van a pegar a partículas y depositarse en el fondo del estuario. El resultado sería un escenario “altamente contaminado con efecto ecotóxico”, lo que afectará a un ecosistema que es el sustento económico de miles de familias.

Interés público superior

Por su parte, el vicepresidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Joan Corominas, señala que verter al Guadalquivir rebaja los requisitos con respecto al Guadiamar, pero pone el acento en un procedimiento administrativo que ha supuesto una “devaluación” de la figura de lo que antes se conocía como interés general. El proyecto, de hecho, recibió de la Junta de Andalucía la declaración de interés público superior para así cumplir con lo que estipula la Directiva Marco del Agua.

Pero Joan Corominas recuerda que hasta ahora el reconocimiento como interés superior llegaba vía ley o real decreto ley, es decir, que tenía que aprobarlo o el Consejo de Ministros o el Congreso. En cambio, el interés público superior del proyecto de Los Frailes no lo ha concedido ni el Consejo de Gobierno ni el Parlamento andaluz, sino la Delegación Territorial de Industria, Energía y Minas, con un documento que “copia párrafos completos de las formulaciones de la empresa minera”.

Segundo carpetazo judicial a la muerte de Mamouth Bakhoum, el senegalés de 43 años que trabajaba en la venta ambulante y que murió ahogado en el río cuando trataba de huir de unos agentes de la Policía Local de Sevilla. La titular del Juzgado de Instrucción 17, en un auto fechado este 15 de abril, ha desestimado el recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto de 23 de enero de 2025 por el que se acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones.

La familia de la víctima, que considera que loshechos pueden ser constitutivos de un delito de imprudencia grave con resultado de muerte, o subsidiariamente un delito de imprudencia menos grave con resultado de muerte, así como de un delito de omisión del deber de socorro y de un delito de prevaricación, tiene previsto acudir a la Audiencia Provincial para continuar recurriendo e insistir en que las instituciones tienen responsabilidad en la muerte de Mamouth.

“De las diligencias de investigación practicadas sobre las circunstancias en que se produjo el fallecimiento de Mamouth Bakhoum, tras su ahogamiento en el río Guadalquivir, al que cayó tras la huida y persecución por parte de agentes de la policía local que lo sorprendieron en la Avenida de la Constitución, junto a otros vendedores, ejerciendo la venta ambulante de productos presuntamente falsificados, no se desprende la existencia de base indiciaria para proseguir la imputación por delito de homicidio bajo imprudencia grave o menos grave”, zanja el auto, al que ha tenido acceso SevillaelDiario.es.

La jueza se basa en los atestados de la propia Policía Local, de la Policía Nacional, del grupo de homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial, y en las declaraciones de testigos a presencia policial y visionado de las imágenes captadas por las distintas cámaras de seguridad para asegurar que “los únicos datos objetivos evidencian que se produjo una intervención policial en las inmediaciones de la Avenida de la Constitución contra personas que se hallaban ejerciendo la venta ambulante de productos presuntamente falsificados, produciéndose una dispersión de los vendedores en dirección al Paseo Colón, accediendo algunos de ellos a los bajos del muelle de Nueva York, en dirección al muelle de las Delicias”.

En ese punto del relato dice que el auto que a la altura de la Glorieta de los Marineros, cuatro agentes “observaron a la víctima con dos hatillos andando por el muelle de las Delicias, por lo que accedieron a pie por el muelle de Nueva York y le siguieron para interceptarlo”. “Simultáneamente” otros dos agentes accedieron en vehículo por la Avenida Santiago Montoto hasta la entrada del Puerto de Sevilla, continuando a pie. Al llegar a la zona inferior del restaurante Maquiavelo, “Mamouth detuvo su marcha al observar la presencia de los agentes e hizo amago de volverse, si bien al comprobar que los cuatro primeros agentes caminaban hacia él desde la oposición opuesta a los otros dos agentes ”se aproximó poco a poco a la zapata del río y sin atender las advertencias de los agentes de que se tranquilizara y tuviera cuidado con sus movimientos, se agarró al noray de amarre, sin desprenderse de los hatillos, y se deslizó, ofreciéndole los agentes la mano para que se agarrara, cosa que no hizo, soltándose y cayendo al agua con los hatillos“. Acto seguido, dos de los agentes ”tras quitarse los chalecos antibalas, los zapatos y los cinturones se tiraron al agua, realizando varias inmersiones sin llegar a encontrar a la víctima. Personado el cuerpo de Bomberos doce minutos después procedió a la búsqueda del cuerpo“.

Tras ese relato dice la jueza que “de lo actuado hasta la fecha, no consta ni tan siquiera indiciariamente esa relación de causalidad que se invoca, entre la persecución y cercamiento policial de la víctima en los bajos del puente y la caída al río de ésta tras agarrarse al poste de amarre y deslizarse, falleciendo por ahogamiento, basada tan sólo en simples conjeturas sobre el modo de producirse los hechos y sobre la supuesta previsión del resultado por los agentes, al hallarse la víctima agotada por la larga persecución y por ir cargada con los hatillos, lo que según la recurrente aumentaba el riego de caer con facilidad al agua, manifestación no avalada en dato objetivo alguno”.

Por otra parte, “no resultan indicios suficientes como para concluir la existencia indiciaria seria, efectiva y sólida del ilícito penal de omisión del deber de socorro” ya que “de la causa se desprende que” dos policías locales “acudieron de forma inmediata en auxilio de la víctima, arrojándose al río un minuto después de caer al agua Mamouth, tras quitarse los chalecos antibalas, los zapatos y los cinturones, realizando hasta seis inmersiones para recatarlo sin éxito”.

“De otro lado, no hay indicios bastantes para considerar que los hechos denunciados puedan constituir el delito de prevaricación administrativa en su suerte de comisión por omisión, al haberse omitido de manera deliberada el protocolo para casos de emergencias”, rechaza también el auto.

“La inacción denunciada -omisión del protocolo de emergencias- no alcanza entidad criminal, fundamentalmente por dos razones. Primero, porque no se advierte un interés o beneficio propio para los agentes que intervinieron en los hechos. Segundo, para la prevaricación no basta con la mera ilegalidad, sino que es preciso un plus de antijuridicidad, tanto si se trata de actividad reglada como discrecional, porque así lo exige el principio de intervención mínima, que impide poner en marcha el derecho penal ante cualquier alteración o desviación de la actividad administrativa. El recurso no concreta ese necesario plus”.

Las diligencias instadas por la familia de Mamouth (testificales y oficios a la Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla, entre otras) “se consideran innecesarias e inútiles a la vista de las diligencias de investigación practicadas que permiten descartar la posible apreciación de base indiciaria para mantener la imputación por delito de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y prevaricación que justifique la continuación del procedimiento”, concluye el auto.

En torno a Doñana hay mucho ruido. Lo generan multitud de actores (políticos, agricultores, ecologistas) que hablan, discuten, acuerdan, avanzan y retroceden en torno a la gran joya natural del sur de Europa. Frente el ruido, La marisma (Manu Trillo, 2024) va contracorriente: una obra casi silente que confía en el peso de las tradiciones, la voz de sus elementos y la fuerza de sus imágenes para contarse. La marisma, primer documental de la 28ª edición del Festival de Málaga (que comenzó este viernes), desplaza el foco hacia los hombres y mujeres que habitan ese lugar cada vez más salino, más seco, menos natural y, a la vez, menos humano.

“La marisma es la protagonista. Genera tanta atracción y tiene tanta energía, que cuando empezamos a montar nos dimos cuenta de que si nos salíamos de ahí no funcionaba”, cuenta Trillo, quien ha alumbrado una obra que destila un profundo respeto por su personaje principal, a su vez un cuerpo complejo: “Intentamos generar una vinculación con el paisaje y con el paisanaje de Doñana: se trata de mostrar la joya que tenemos, con una población tan vinculada a la tierra”.

La Marisma, en la que se enmarca Doñana, es un cuerpo pero también un hábitat poblado por yeguas, patos, flamencos, ganado, hombres, mujeres que han mantenido durante siglos una relación simbiótica con ella. “Doñana no es nada sin ellos, ni ellos sin Doñana”, dice el director. Durante siglos, han mantenido una cultura adaptada al medio. Sus modos de vida son respetuosos con los demás habitantes de la marisma: las coquinas pequeñas vuelven al agua. Hoy, la amenaza al medio pone también en peligro la cultura y el modo de vida del que nace. “En Doñana, la cultura y la relación con la naturaleza sigue sorprendentemente viva”, aunque está amenazada.

El documental no ahorra imágenes que lo reflejan. Pepe Herrera cruza a caballo la marisma encharcada en 1969, y el mismo hombre en el mismo sitio más de cincuenta años después contempla la llanura seca y las casas perdidas al fondo. “Esto no se conoce. Todo perdido. Todo lleno de almajos”, dice.

La sequía y la sobreexplotación del acuífero convierten la Marisma en un “erial”

“La transformación del río Guadalquivir para la navegación de grandes mercantes y la desecación para el cultivo del arroz dejó tan sólo una quinta parte de la marisma original. Pero una larga sequía, las altas temperaturas, la salinidad y la sobreexplotación del acuífero para el turismo y la producción de frutos rojos están convirtiendo la Marisma en un erial”, relata el documental para comenzar.

El documental no busca culpables, sino que trata de mostrar Doñana y la Marisma con todos sus elementos, también los que han sido minimizados durante años. “Echar a los habitantes de Doñana, también de otros parques nacionales, fue un error, porque se trata de ecosistemas generados también por el hombre”, observa Trillo. Pepe Herrera regulaba los caños para que las aves migratorias tuvieran siempre y agua y alimento. “Se ha querido conservar Doñana como si no pudiese tocar la mano del hombre, pero es que ya está tan tocado que el abandono genera fuego o colmatación en la marisma”.

Trillo, biólogo de formación, militó en la tesis opuesta cuando era voluntario en la Estación Biológica. “Yo veía a los almonteños como una incursión en el medio, porque era un friki de los pájaros”, recuerda. Pero una experiencia en Venezuela le cambió el chip. Y comprendió que para conservar hay que partir de la relación entre la población y el medio. Entonces regresó y empezó un proyecto que le ha llevado nueve años. Ahora está enfrascado en una miniserie documental sobre la Marisma con José María Montero Sandoval como coguionista.

Entre medias, Doñana está sufriendo la crisis más grave de su historia. Una sequía brutal generada por la falta de lluvias y el uso intensivo y abusivo del agua por el turismo y la agricultura. “La sequía está matando cientos de pinos o alcornoques, y lagunas que no se habían secado nunca ahora sí”, observa Trillo. “Estos días [con las lluvias abundantes] hay quien me recuerda que esto es un ciclo. Pero la dureza del ciclo y la capacidad de extraer recursos por los agricultores no es la de siempre: la vid, el olivo y el almendro son de secano. La crisis climática va a traer ciclos más frecuentes y más intensos, y no nos estamos adaptando, sino que estamos acelerando los procesos extractivos”.

No son solo los frutos rojos que esquilman el agua de los acuíferos que nutren al parque. A los pueblos marismeños de la margen izquierda, Los Palacios o Lebrija, les impusieron los cultivos de arroz y les retiraron la caza y la pesca. “Eso formaba parte de su identidad. Y ahora de repente tienen un problema como el virus del Nilo, que está originado por la falta de biodiversidad”, lamenta Trillo, quien aboga por mimar la cultura atávica. Esa que puntea la película con imágenes de hoy que podrían ser las de hace siglos. “Uno de los factores que más resiliencia va a dar a la población son culturas de este tipo, arraigadas a la tierra y con soluciones basadas en la naturaleza. Pero eso hay que creérselo”.

Un río cada vez más ajeno

El documental comienza en un fascinante blanco y negro que plasma en pantalla una peregrinación a El Rocío. Los hombres que acompañan a la Virgen se tapan para evitar que el polvo les llene la boca y terminan la plegaria con una salva de disparos al aire.

De ahí, la pantalla salta al río: un inmenso carguero chino rebasa a una barquita de pescadores fondeada en el Guadalquivir. El río es la aorta que riega el cuerpo vivo que es la Marisma, cada vez más profanado por manos ajenas. Hoy, el coquinero comparte espacio con narcolanchas, cargueros y cruceros. Y el sistema hídrico está próximo al colapso, porque el estero ya apenas conecta con la marisma.

En un oportuno cierre circular, la película culmina con la entrada de los caballos a la aldea. Animales que “comparten la vida del hombre, con todas sus vicisitudes”, igualmente benditos, dice el sacerdote.

“Los proyectos de renaturalización en Doñana y alrededor dan esperanza de que volvamos a tener… quizá no lo que había hace ochenta años, pero sí en los noventa”, dice el director de La Marisma: “Estos ecosistemas tienen gran resiliencia, y a poco que les des se recuperan”. 

La fiscal antidroga en Sevilla, Raquel de los Ríos, ha advertido este domingo de la falta de medios para afrontar la creciente entrada de droga por el río Guadalquivir, con el paso de narcolanchas por la capital hispalense e incluso sobrepasando la ciudad, ante lo que ha admitido su “alarma” como “fiscal y ciudadana”.

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, ha recordado que el Guadalquivir sirve como vía de acceso de estupefacientes “desde hace muchos años, incluso décadas”, si bien ha reconocido que en los últimos meses “hemos pasado de la entrada exclusiva prácticamente de toneladas importantísimas de hachís” a ser receptor de también cocaína.

De los Ríos ha puesto de relieve que “la orografía del Guadalquivir” y la “falta de medios” materiales y personales, “abocan a que la posibilidad de interceptación y localización de estas narcolanchas sea ínfima, lo que garantiza que esta droga entre a través de Sevilla al resto de Europa”.

Preguntada por la ausencia de un servicio marítimo contra estas embarcaciones ilegales en el Guadalquivir, ha afirmado que desconoce “cuál es la motivación” de que no exista este servicio en Sevilla, aunque ha reconocido ignorar si la solución pasaría por la creación de este o “la mayor dotación de recursos a los ya existentes”.

Por el momento, “lo que no cabe duda es que desde las autoridades judiciales se están concediendo usos provisionales de embarcaciones de gran potencia y de elevada velocidad para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado puedan proceder a su utilización en este río”, ha explicado la fiscal.

En este sentido, ha indicado que la ley de enjuiciamiento criminal permite el uso provisional de narcolanchas decomisadas, aunque ha explicado que su mantenimiento supone “un elevado coste”. De hecho, “incluso en estas ocasiones en las que se han concedido, se han producido importantes averías que tampoco tiene suficiente dinero o presupuestado para que puedan hacer frente a las mismas”, ha añadido.

“No es suficiente”

De los Ríos no duda de que las administraciones públicas “están poniendo todos los medios que ellos consideran pertinentes”, pero puntualiza que “no es suficiente”, marco en el que ha puesto de relieve que son “diarias” las incursiones de embarcaciones.

“No podemos olvidar que el ámbito del río Guadalquivir tiene una extensión de más de 90 kilómetros con importantísimos canales y salidas en las que los narcotraficantes pueden esconderse”, ha expresado la fiscal, que considera “insuficiente esta dotación material y personal, incluso judicial” ante “la abundancia y la proliferación que está existiendo en el narcotráfico”.

Tras ser cuestionada por la permeabilidad de las narcolanchas, que llegan y sobrepasan la ciudad de Sevilla, ha ejemplificado que “en algunas ocasiones nos encontramos con que estas narcolanchas han entrado de forma que es momentánea o temporal”, si bien “en otras ocasiones” se conoce que van a entrar y, a pesar de ello, al carecer de medios “como helicópteros y también embarcaciones, con la fuerza y la potencia necesaria”, no logran interceptarlo, pese a que “conocían de que iban a llegar hasta el centro” de la capital hispalense.

Del mismo modo, ha incidido en la ingente cantidad de trabajo que representa para la fiscalía y la justicia la lucha contra el narcotráfico, lo que ahonda en la falta de medios también en este campo.

En aquel desternillante número de Los payasos de la tele, Gabi intentaba hacerles adivinar a Miliki y Milikito una evidencia. “Es una superficie muy grande de agua, con olas, barcos por encima y peces por debajo”, decía el payaso serio. Y los otros dos, empanados, no atinaban con la respuesta. Finalmente, Gabi, visiblemente enojado, les gritaba: “El mar, idiota, el mar”.

Tras la reciente desgracia causada en Valencia por la DANA, agravada por la incompetencia y temeridad de sus gobernantes, ha reaparecido en Sevilla el debate sobre el uso futuro de Tablada, la dehesa de 367,4 hectáreas situada en el curso natural del Guadalquivir, al sur de Los Remedios, el Real de la Feria y la barriada militar del mismo nombre. Una cuestión en la que ganas dan de coger a algún político sevillano de las solapas y gritarle aquello de “el río, idiota, el río”.

Tablada es un tema recurrente en el debate urbanístico sevillano desde 1997, cuando el Ministerio de Defensa, tras ocho décadas de uso militar y aeronáutico (aún se conserva la pista de aterrizaje), subastó los terrenos, calificados entonces como rurales y no urbanizables. A pesar de su catalogación, las cajas de ahorro El Monte y San Fernando se unieron en esta operación claramente especulativa y, con la promesa del alcalde Rojas Marcos de una futura recalificación para edificar viviendas, pagaron más de 40 millones de euros de entonces (7.000 millones de pesetas).

Apenas cuatro años después, en 2001, y presionadas por el Banco de España, que calificó la operación como una “aventura inmobiliaria de alto riesgo”, las cajas de ahorro sevillanas revendieron los terrenos por el doble de lo pagado (84 millones de euros). El comprador, una agrupación de interés económico que reunía bajo un mismo paraguas a 15 inmobiliarias, entre las que destacan nombres como Osuna, Sando, Galia, Arenal 2000 o Cartuja Inmobiliaria. ¿Cuánto dinero no esperarían ganar para pagar semejante dineral por un terreno rústico inundable? ¿Qué promesas no tendrían de unos y de otros en la política municipal para meterse en tal desembolso?

Sería el negocio redondo definitivo. Compro por 8 un rural, aguanto un par de décadas y, como no me lo hacen urbanizable, me llevo 20. A veces os juro que no entiendo el capitalismo

Para chasco de todos, y gracias a la inquebrantable voluntad de Manuel A. González Fustegueras, arquitecto y director de la revisión del PGOU de la ciudad, la dehesa quedó blindada en 2006 como “suelos no urbanizables de especial protección”. Y así las cosas, las inmobiliarias propietarias del suelo se han planteado desde entonces hasta devolver los terrenos a Defensa o dejárselos expropiar por el Ayuntamiento; pero claro, todo previa petición de jugosa indemnización que, lejos de los 84 millones que pagaron, ha llegado a ascender hasta los más de 200. Una mijita de morro, ¿no? Eso ya sería el negocio redondo definitivo. Compro por 8 un rural, aguanto un par de décadas y, como no me lo hacen urbanizable, me llevo 20. A veces os juro que no entiendo el capitalismo.

En mitad de todo este puzzle empresarial, especulador y político, hay un pleito judicial que reclama la nulidad de la subasta inicial de Defensa por no haber reservado la franja de 200 metros de ancho más cercana al río para el dominio público marítimo terrestre. Un pleito en el que ya se ha pronunciado el Supremo, confirmando la necesidad de haber protegido ese margen, y la Audiencia Nacional, que declara inejecutable esa reserva por tratarse ya de suelos privados y no públicos. Imposible anticipar cómo acabará este tema en los tribunales.

Millones arriba o abajo, expectativas de negocio más o menos inundables, procesos judiciales pendientes de resolución, Tablada vivía una situación inestablemente tranquila hasta que el actual alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, recuperó, en su campaña electoral, los planes de edificación en la dehesa.

El Ayuntamiento, aún bajo mandato socialista y con la abstención del PP, había reclamado a la Junta en 2015 que Tablada se convirtiera en un parque periurbano, al estilo del Alamillo, aunque mucho más grande, el triple. Pero en 2023, los populares volvieron a proponer la edificabilidad parcial del espacio. “Lo único que he dicho es que quiero que Tablada sea un grandísimo pulmón verde de la ciudad, pero que ese grandísimo pulmón verde tiene que ser compatible con equipamientos deportivos, culturales y, evidentemente, residencial. Las ciudades que no crecen no tienen futuro y Sevilla, en este momento, necesita crecer. La dehesa de Tablada es una zona magnífica para que la ciudad se siga desarrollando y siga creciendo”, insistía Sanz a las pocas semanas de ser elegido alcalde.

Personalmente, yo no dormiría tranquilo si decidiera permitir la construcción de cientos de viviendas en una zona inundable. Entre la evidencia científica, los antecedentes históricos y la reciente experiencia de Valencia, parece que no debería ser necesario seguir discutiéndolo

Con la imagen de la desolación y el desastre absoluto causados por la DANA en Valencia en las pantallas de televisión y en las redes sociales, Sanz aceptó rápidamente la evidencia. El 4 de noviembre, en una entrevista en la Cadena Ser, afirmó que “este tipo de catástrofes naturales nos tienen que llevar a repensar muchas cosas y si evidentemente hay zonas que son inundables, más vale olvidarse de ellas. No tiene sentido que pensemos en urbanizar zonas inundables, como las que se han inundado en Valencia”. Tras estas palabras, podríamos pensar que el asunto quedaba zanjado y que, ruina de inmobiliarias, solar eterno o parque periurbano a medio plazo, el futuro de Tablada quedaba libre de la sombra de la edificación de viviendas.

Sin embargo, apenas tres días después, el 7, Sanz aseguró en un foro del diario ABC que “pronto vamos a crear la oficina para empezar a elaborar ese nuevo PGOU y en estos debates es donde hay que abrir abiertamente el debate de Tablada, ver cuál es la zona inundable y ver qué zona no es inundable”, manteniendo la puerta abierta a una urbanización parcial de la dehesa.

A pesar de los indisimulados deseos del alcalde Sanz y su equipo en el Ayuntamiento de satisfacer las expectativas de negocio de las inmobiliarias, distintos informes científicos, incluso un pronunciamiento reciente del secretario municipal del propio Ayuntamiento, Luis Enrique Flores, señalan los riesgos de esta posible urbanización. Sería obligado construir nuevos muros de defensa, de entre 3 y 3,6 metros de altura que, más allá de limitar el acceso de la ciudad al río, tendría efectos evidentes sobre la orilla de enfrente. “Esta solución tendría especial trascendencia sobre los barrios bajos de San Juan de Aznalfarache y Gelves, que se inundarían con mayor frecuencia al construirse el dique de Tablada. Ello obligaría a construir muros de defensa en ambas márgenes del río Guadalquivir, aunque esta solución se descarta por la propia condición de zona inundable y por sus valores paisajísticos”, indica el documento municipal. Nuevos diques que desplazarían el riesgo de inundación más abajo en el curso fluvial, hacia Coria y Palomares. Un riesgo creciente por culpa del cambio climático.

Personalmente, yo no dormiría tranquilo si decidiera permitir la construcción de cientos de viviendas en una zona inundable. Entre la evidencia científica, los antecedentes históricos y la reciente experiencia de Valencia, parece que no debería ser necesario seguir discutiéndolo. Pero igual habría que buscar a un payaso contemporáneo que pudiera coger de las solapas al alcalde y gritarle aquello de “el río, idiota, el río”.

La organización Ecologistas en Acción ha dicho sentirse “obligada” a convocar a los medios de comunicación ante la “omisión de información y falta directa a la verdad” que le achacan al consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela. Coincidiendo con el día en que la Junta de Andalucía ha aprobado la autorización ambiental para la apertura de la mina de Aznalcóllar, el grupo ecologista ha convocado una rueda de prensa en aras de evidenciar las incongruencias que ellos encuentran en los informes presentados desde 2015 por la empresa responsable del nuevo proyecto de explotación del yacimiento de Aznalcóllar, Minera los Frailes.

El encargado de informar a los medios ha sido Isidoro Albarreal, responsable del área de minería de Ecologistas en Acción, quien ha acusado al Gobierno andaluz y a la compañía minera de “mentir descaradamente”. “Nos toman por tontos”, ha afirmado, en referencia a la promesa que abanderan de que el vertido al estuario del Guadalquivir con aguas contaminadas con metales pesados, implícito en el proyecto de reapertura, será “casi potable”.

Ecologistas en Acción denuncia también que la concesión de los derechos mineros cedidos en 2015 al consorcio Minorbis-Grupo México (la alianza empresarial que fundó la sociedad instrumental de Minera los Frailes) fue fraudulenta, por cuanto se encuentra inmersa en un proceso por el cual se celebrará en 2025 un juicio oral en el que hay imputados 14 funcionarios y dos empresarios. Albarreal ha querido también hacer referencia a “la falta de memoria” de la administración al conceder la licencia a una empresa que en 2014 fue responsable del mayor desastre ecológico de México, un vertido tóxico en el río Sonora.

Además, los ecologistas advierten de que Minera Los Frailes lleva incumpliendo los términos de la concesión relativa al complejo de Aznalcóllar “desde 2015”, pues estaba obligada a hacerse cargo de los pasivos ambientales acumulados en la corta tras la rotura de la balsa de residuos que desencadenó en 1998 un desastre ambiental sin precedentes en Europa. Para ello, estaba obligada a mantener y tener en funcionamiento la antigua depuradora para tratar las aguas de contacto, pero “desde 2015”, dicha instalación “no funciona” con el consecuente vertido de aguas “sin control” desde el recinto al río Guadiamar, según denuncian los ecologistas.

Una balsa de lodos encubierta

Otro de los puntos a los que ha hecho referencia Jorge Paradela, y que los ecologistas han querido matizar, es la inexistencia de una balsa de lodos. Sólo el 50% de los lodos mineros procedentes de la extracción van a ser usados para rellenar galerías abandonadas (backfilling), mientras que la otra mitad será vertida a la ya mencionada corta de Aznalcóllar, pero sin reconocerse su condición de balsa de lodos mineros. Esta denominación, lejos de ser trivial, permite a la empresa minera no tener que presentar documentos propios de estas balsas como el Plan de Emergencia Exterior ante posibles roturas, grietas, rebosamientos o vertidos accidentales, según Albarreal.

La Consejería asegura que en la fase preoperacional se realizarán más de 15.000 analíticas sobre el vertido al Guadalquivir, unos datos que, como señala el responsable del área de minería del grupo ecologista, se contradicen con la documentación que presenta la propia empresa en sus reuniones con los organismos de la zona, que cifra estos controles en 1.116, un dato ostensiblemente menor que el planteado por Jorge Paradela en la Comisión de Industria, como le reprochan desde Ecologistas en Acción.

“Agua casi potable”

Esta organización también ha querido hacerse eco en su comparecencia ante los medios de “las continuas aseveraciones por parte de la empresa, el alcalde de Aznalcóllar y las autoridades de la Junta de Andalucía de que el agua que se pretende verter en el Guadalquivir es casi potable”. Una afirmación que, en palabras de Isidoro Albarreal, “es tomarnos por tontos”, pues el responsable del área de minería de Ecologistas en Acción considera que no es creíble que el agua, en caso de que estuviera en tales condiciones de salubridad, no fuese aprovechada para el riego en los entornos colindantes “antes que hacer una inversión en una tubería de 30 km para hacer el vertido directamente al Guadalquivir”, como se ha proyectado.

La organización ecologista ha querido recalcar que los informes de salubridad y vertidos a las aguas se hacen “a posteriori”, y que muchas veces “las sanciones incluso están incluidas dentro de las cuentas de resultados de las propias minas”. Ante esto, Albarreal ha querido instar a la Junta a revocar la primera concesión, a hacerse cargo de la gestión de los pasivos ambientales y sobre todo del agua, “para aprovecharlo más allá de las actividades de rédito económico”.

En una batalla legal

El responsable del grupo ecologista también ha querido mencionar el proyecto de Refinería Polimetálica de Cobre Las Cruces y el litigio que mantiene con Ecologistas en Acción. La organización inició un recurso en lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra todas las autorizaciones principales del proyecto.

Entre otras, las denuncias recogidas aluden a la cantidad de agua usada en el proyecto, que triplica la actual y que actualmente son reservas para consumo humano en estaciones de sequía. También se hace referencia a los vertidos de aguas contaminadas con metales pesados que tendría la nueva Planta de Beneficio, y ambos procesos se encuentran ya en su última fase.

Finalmente, Albarreal ha querido llamar la atención a las empresas por “reírse de las sentencias firmes”, como son las escombreras declaradas ilegales en 2020, reabiertas para el proyecto y la recalificación de los terrenos donde se ubica la Planta de Beneficio pese a la resolución de 2023. Por todo ello, ha afeado a la Consejería la “falta de rigor” en la evaluación ambiental de la zona de especial conservación, plasmada en un informe “con sinsentidos flagrantes”.

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en coordinación con la Guardia Civil, ha realizado diferentes dispositivos en los últimos días, dentro del marco de la lucha contra las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de drogas, centradas en el litoral andaluz, especialmente en puntos de la costa gaditana y el cauce del río Guadalquivir, dando como resultado la detención de cinco personas.

Además, se han intervenido un total de seis embarcaciones, cuatro de ellas semirrígidas y dos de menor tamaño empleadas supuestamente para el apoyo logístico de la organización. Igualmente, se han aprehendido 400 litros de combustible destinado a abastecer las embarcaciones semirrígidas, según informan la Agencia Tributaria y el Ministerio de Interior.

En una de las actuaciones se contó con la colaboración de la Guarda Nacional Republicana portuguesa (GNR), con la detención de una persona y la incautación de una de las embarcaciones, tras ser perseguida por una patrullera del Servicio Marítimo con rumbo a la localidad de Faro (Portugal).

Todas estas actuaciones se enmarcan dentro de los servicios que desarrolla el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en coordinación con las unidades de la Guardia Civil, dentro del IV Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, para luchar contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

En los diferentes dispositivos para la interceptación de estas embarcaciones han participado unidades de Unidades combinadas de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Algeciras, Cádiz, Huelva y Málaga, en coordinación con unidades de la Guardia Civil pertenecientes a las comandancias de estas localidades, así como agentes del Centro de Coordinación y Vigilancia Marítima de la Guardia Civil, Grupo de Acción Rápida y Servicio Aéreo.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha incoado un expediente sancionador a una industria, situada en el término municipal de Puertollano (Ciudad Real), “por realizar vertidos susceptibles de contaminar el Dominio Público Hidráulico (DPH) y tener instalado un sistema de dilución del vertido”.

Aunque no se facilita el nombre de la empresa infractora, la CHG informa de que una vez se concluyan los análisis de las muestras recogidas, realizados los informes pertinentes “se podrá remitir denuncia a la Fiscalía Provincial de Ciudad Real, sección de Medio Ambiente, para que se instruyan las diligencias penales que pudieran derivarse de los hechos”. 

El dispositivo empleado por la empresa permitía alterar las condiciones de vertido en el punto oficial fijado para la recogida de las muestras, según explica la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

En este sentido, las sanciones que contempla la normativa para este tipo de hechos oscilan entre una multa de entre 50.000 y 500.000 euros si la infracción es calificada como grave, y de entre 500.000 y 1.000.000 euros si la misma se califica como muy grave. 

El dispositivo empleado por la empresa permitía alterar las condiciones de vertido en el punto oficial fijado para la recogida de las muestras. Para ello se servían de una conducción, sita en la instalación y oculta en un registro, por la que se impulsaba una corriente de agua de gran caudal y buena calidad cuando se realizaban las inspecciones por el Organismo de cuenca. Dicha corriente, unida a la de agua residual, facilitaba el cumplimiento de los límites legales autorizados, ocultando una realidad distinta a la Administración.  

El empleo de técnicas de dilución, recuerda la CHG, “está expresamente prohibido” en el artículo 245 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

La detección de los hechos ha sido posible gracias al esfuerzo de los inspectores de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, mediante el empleo de equipos de medición 'in situ' de la calidad del agua, que pusieron de manifiesto la discordancia existente en los parámetros de vertido. 

La CHG se encuentra actualmente inmersa en un proceso de incorporación de nuevas tecnologías entre las herramientas de trabajo a emplear en las inspecciones, con objeto de detectar con mayor precisión situaciones de este tipo. 

Hace justo un mes que José María de Marco volvió a nacer. Lo hizo tras lograr zafarse de las pedalinas de su embarcación skiff buscando refugio en los bajos de un catamarán turístico para esquivar su hélice, segundos después de ser arrollado por el mismo mientras entrenaba en el río. Remero olímpico español en los Juegos de Barcelona 92 y Atlanta 96, y campeón del mundo en 1983 y 1984, de Marco se valió de sus 56 años de vida y experiencia, así como de su gran pericia, para lograr la proeza. Imagino que en lo primero que pensaría al constatar que logró salvar el pellejo, a pesar de que su embarcación quedara cortada en dos, es que su hija adolescente, que se inicia ahora en el deporte, no hubiera tenido la misma suerte.

Sin ser experta en seguridad vial, se me antoja que son muchas las medidas que se pueden tomar para garantizar el uso plural del río, como se garantiza el del resto de los espacios públicos, incluyendo por supuesto el turístico y deportivo. Semáforos, límites de velocidad controlados por una guardia fluvial, tamaño máximo de embarcaciones o zonas preferentes de uso, entre otras muchas soluciones que seguro que han sido probadas en otras ciudades del mundo y pueden servir como ejemplo.

Posibilidad cierta de perder la vida

Siendo experta en derecho lo que sí me queda claro es que si, en general, los poderes públicos tienen la obligación de velar por nuestra seguridad, esa obligación se ve reforzada cuando la amenaza a la seguridad de la vida se concreta de forma cierta e inminente. La posibilidad cierta de que el remero sevillano perdiera la vida aumenta pues la premura en la toma de medidas para evitar la repetición de los hechos con consecuencias potencialmente letales. Los reclamos en este sentido por parte de los colectivos de deportistas afectados que a los pocos días se concentraban en el río reclamando que “¡el río es de todos!” y el resto de acciones de reivindicación que desde entonces se hayan podido emprender constituyen la advertencia necesaria que agrava esa responsabilidad de las autoridades públicas competentes. De todas y cada una de ellas.

Tratándose del uso de un espacio público no se trata sin embargo únicamente de compatibilizar y optimizar preferencias de uso de una forma segura, sino también de definir desde la política (entendida como el gobierno de la polis) qué queremos ser, qué queremos potenciar, cómo queremos, en definitiva, que nos perciba el mundo. Y en este sentido conviene recordar que el remo es un deporte que ha puesto a Sevilla en el mundo: a lo largo de la historia, los remeros sevillanos han participado en nada menos que 27 juegos olímpicos y son 74 las medallas de campeonatos del mundo que han cosechado, 21 de oro. Por supuesto también el turismo pone a Sevilla en el mundo. Pero cuando observamos el número y tamaño de las embarcaciones turísticas, por cierto, altamente contaminantes, que circulan, a menudo vacías, sin normas que impidan que arrollen a deportistas que, por la naturaleza misma del deporte, avanzan de espaldas, y que, por definición, siempre están en inferioridad de condiciones, nos preguntamos cuáles son las prioridades que, a través de estos hechos, manifiestan los gestores del espacio público.

Entristece, en concreto, saber que deportistas de élite de todo el mundo como  los noruegos, alemanes o suecos que en el pasado venían a concentrarse a nuestra ciudad por la bondad de su clima y las condiciones de nuestro Guadalquivir hayan dejado mayoritariamente de hacerlo y opten hoy por destinos como Galicia o Portugal que garantizan mejor las condiciones de seguridad y uso, aunque tengan peor clima.

En el caso de José María de Marco el patrón de barco que casi le quitó la vida no frenó los motores y ni siquiera detuvo su curso cuando observó el accidente. Siguió de largo infringiendo su deber de asistencia y tendrá que depurar antes la justicia su responsabilidad legal por la omisión. Los poderes públicos no pueden seguir pasando de largo. La diligencia debida a la que están obligados les conmina a tomar con carácter urgente medidas para responder a su responsabilidad, ahora agravada, de garantizar la seguridad de los deportistas. Y al resto de la ciudadanía, al conjunto de los sevillanos, nos toca preguntarnos qué somos, qué queremos ser y por qué queremos que se nos conozca en el resto del mundo.

La historia del dragado de profundización del Guadalquivir va camino de hacerse mayor de edad con episodios de todo tipo. En su penúltimo capítulo, el Gobierno central cerró en falso el proyecto, eliminándolo de los presupuestos generales, pero dejando la puerta entreabierta: el dragado no quedaba cancelado, sino suspendido sine die.

“El muerto sigue muy vivo”, le señalaba a este diario el mayor experto en el Guadalquivir, Miguel Losada, quien hace siete años radiografió el estado del río con un equipo formado por un centenar de científicos y desmontó el proyecto del dragado con su demoledor informe: el río estaba en “estado terminal”, nadie acudía en su auxilio y el dragado sería la puntilla.

Según Losada, “el Puerto no es el único responsable. La Confederación no se ha sentado con el Puerto para ver cuánta agua dulce tiene que aportar en función de un perspectiva ecosistémica del Estuario. Ni la Junta ha dicho cuántas zonas puedo inundar, regenerar, para que su territorio, trabajando con las otras administraciones, se convierta en un territorio limpio, saludable, sostenible, ecosistémico, donde se favorezcan otras economías como la pesca o el turismo”.

Con este mar de fondo, la Junta de Andalucía ha querido este miércoles hacer un gesto de apoyo al Puerto de Sevilla. Ambas instituciones han comparecido junto al biólogo de la Universidad de Sevilla José Carlos García Gómez, que lidera los nuevos estudios del estuario. ¿Quién faltaba en esa foto de familia? La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que es la institución que gestiona los recursos del río.

Y es que todos los índices apuntan en la misma dirección: la CHG tiene que asumir su responsabilidad. Leandro del Moral, experto en nueva cultura del agua de la Universidad de Sevilla, afirma que “la actitud más reprochable es la de la CHG, ya que, a pesar de su responsabilidad en el plan hidrológico del Guadalquivir, se llevó un varapalo jurídico ante el Tribunal Supremo y eso no le ha impedido volver a meter el dragado en el ciclo actual (de planificación)”.

Las administraciones, según dejan entrever, temen ya las sanciones que puedan proceder desde Europa a partir de 2023, si no intervienen ya en el Guadalquivir. En 2010, el llamado informe Losada lo decía claro: hay que actuar ya, en las condiciones actuales no se puede llevar a cabo un dragado de profundización que aumente la turbidez y apuntale la muerte del río.

Mayor transparencia

Han pasado siete años y la situación ambiental del río no ha mejorado. Durante ese tiempo, se ha tratado de sacar adelante, de una manera u otra, un dragado de profundización que, según los científicos, dañaría el río Guadalquivir. Juan José Carmona, responsable de la organización ecologista WWF en Andalucía, señala que “el proyecto actual se tiene que cancelar. Necesitamos mayor transparencia en los estudios, el Puerto está encargándoselo a los investigadores que ellos quieren. El Puerto tiene que cancelar este proyecto y si no, se lo tiene que cancelar el Gobierno. Decirle a la Unesco y a Europa que no lo va a hacer, pero dejarlo sin final administrativo es un fraude”. Según WWF hace falta una gobernanza del río entre administraciones públicas, científicos y ciudadanía.

Desde el 29 de mayo de 2013, José Carlos García Gómez tiene firmado un contrato con la Autoridad Portuaria de Sevilla para el “desarrollo de actividades científicas y docentes vinculadas al acuario del puerto de Sevilla y al Estuario del Río Guadalquivir y zonas marinas aledañas”. Ese estudio ha de culminarse en mayo de este año y sus conclusiones se presentarán, según palabras del propio García Gómez, a finales de este año. El propio Losada denuncia que este tipo de estudios carecen de una comisión científica externa, “no se ha publicado lo que van a hacer y no se informa de los datos que obtienen”.

Tras las críticas vertidas por el mayor experto en el Guadalquivir, los agentes implicados, el propio investigador y el Puerto, acompañados de la Junta de Andalucía han tratado de hacer un ejercicio de transparencia, aportando algunos datos del proyecto que está a punto de finalizar. “Nos ha sorprendido mucho la pobreza extrema del estuario, en su parte casi final, en fauna vinculada al fondo. Hemos tenido oportunidad de compararlo con el Guadiana, el Tinto o el Odiel y que, a pesar de que sufren una contaminación mayor, cuentan con una biodiversidad superior”.

Entre los aspectos positivos, que han sorprendido al equipo de biólogos del catedrático de biología una gran cantidad de larvas y juveniles de peces, algo que relaciona con la abundancia de zooplancton en el estuario del río. García Gómez señala que especies como la dorada, la lubina o la corvina desovan en estuarios turbios. También han descubierto corales, esponjas y hasta colonias de gorgonia gigante en la desembocadura.

¿Servirá este estudio para justificar un dragado, apoyándose en estos bioindicadores? Según el presidente del puerto, Manuel Gracia, simplemente “estamos cumpliendo con una de las cosas que dijo la comisión científica y es que se hagan los estudios científicos que permita que se haga una gestión integral del estuario. Entonces se podrán plantear proyectos de la mejora del calado”.

Un dragado, por tanto, sólo se contemplaría a medio plazo, según lo que den “de sí estos estudios. Al puerto le interesa conseguir el mejor calado posible en la vía navegable, pero somos conscientes de que no se puede conseguir de cualquier manera”.

Miguel Ángel Losada es una autoridad en el Río Guadalquivir. No ostenta cargo ni poder alguno. La suya es la autoridad del conocimiento: la de haber radiografiado el estuario del río con más de un centenar de instrumentos durante tres años. Lo hizo con un equipo multidisciplinar y su conclusión dejaba poco lugar a dudas: el Guadalquivir estaba en estado terminal y un dragado de profundización le daría la estocada de muerte.

La polémica se avivó la semana pasada, cuando el Puerto de Sevilla convocó una rueda de prensa y anunció que se suspendía un proyecto que llevaba coleando casi dos décadas. Muchos lanzaron las campanas al vuelo, pero el profesor de la Universidad de Granada debió torcer el gesto al repasar las palabras de Manuel Gracia, el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla.

“El muerto sigue muy vivo”

Tal y como reflexiona Losada, “se trata de la suspensión de un proyecto, no de una cancelación ni de una anulación. La suspensión era obligada, porque Puertos del Estado ha quitado de sus presupuestos una cuantía económica (para el dragado). Por lo tanto, lo mismo que sale, puede volver a entrar. El muerto sigue muy vivo. Para que este proyecto se declare cerrado, Medio Ambiente tiene que declarar, por orden ministerial, que cualquier intervención nueva en el Guadalquivir necesita un nuevo estudio ambiental y que el proyecto anterior no se puede tramitar”.

La secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, comunicó la semana pasada en el Senado que “el proyecto actual no cumple con las condiciones que estableció la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en su momento y, por lo tanto, no puede ejecutarse, no hay ninguna intención de hacerlo”. El Gobierno ha eliminado el dragado de sus presupuestos generales, pero Losada teme que en cualquier momento se reactive.

Esa reactivación podría venir con el apoyo de algún estudio científico nuevo. “Nuestro estudio puso de manifiesto con medidas, observaciones, teorías y desarrollo cuál eran las condiciones precarias y terminales. Teníamos más de cien instrumentos, que durante tres años dieron información con más del 90% de fiabilidad y nos ha permitido hacer esta radiografía tan precisa del estuario. El Puerto desmanteló una red de medidas, que costaba mantenerlas menos de 100.000 euros al año. Difícilmente podrá contrastar lo que proponga” con cualquier nuevo estudio. 

Como recuerda Losada, el estudio científico que él dirigió contaba con una comisión científica externa, que “evaluó y aprobó la propuesta, le hizo un seguimiento y al final sacó unas conclusiones”. Lo financió la Junta de Andalucía, lo coordinaron miembros del CSIC y la Universidad de Granada y pusieron en marcha a más de un centenar de personas, que recogieron millones de datos que han dado no solo para frenar un proyecto que podía ocasionar graves daños ambientales, sino para generar más de cien artículos científicos. 

Losada denuncia que los estudios científicos actuales carecen de comisión externa, “no se ha publicado lo que van a hacer y no se informa de los datos que obtienen. Estamos haciendo más de lo mismo que se hace desde 2006”. Para el biólogo se trata de una “actitud camaleónica”, en la que se emplean “palabras de científicos y ONG, que a la sociedad le suena bien, pero en realidad se van preparando para hacer lo que les dé la gana sin control”.

La dinámica del estuario del Guadalquivir

Para entender el problema de un dragado de profundización de hasta ocho metros, gracias al cual podrían entrar barcos de mayor calado en el Guadalquivir, hay que entender cómo son las dinámicas del río. Cuando el Guadalquivir está a punto de llegar al mar, se convierte en estuario y el agua dulce se mezcla con la salada. Es en esa mezcla de agua dulce y salada, movida por las mareas que entran desde el Atlántico, donde está “todo el potencial de vida”.

“Al dragar se incrementa de forma artificial la marea que entra en el estuario. Que haya más amplitud de marea, quiere decir que hay mas velocidad y más capacidad de resuspensión de sedimento. El del Guadalquivir es uno de los estuarios más turbios del mundo. Con tanta turbidez, no penetra la luz, no hay procesos fotosintéticos y se limita la vida. Ese proceso solo se puede inhibir con agua dulce”, explica Losada.

De ese modo, para hacer un dragado de semejante calado, habría hecho falta mucha agua dulce que controlara esos procesos de turbidez. Cuanto más se inunde, “más agua de marea entrará. Si se convierte el estuario del Guadalquivir en canal y no se deja que entre agua en las zonas mareales, la única agua para limpiar y renovar es la que entra por el canal. Si no dejo que se expansione esa marea, le quito al estuario el potencial de meter agua limpia y sacar agua sucia. ¿Quién controla el dragado? El Puerto. ¿Quién controla el agua dulce? La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. ¿Quién controla las zonas territoriales que se inundan o no? La Junta. La CHG con su falta de gestión está promoviendo la muerte ecosistémica del río”.

Es decir, el científico reparte responsabilidades sobre el estado del río. “El Puerto no es el único responsable. La CHG no se ha sentado con el Puerto para ver cuánta agua dulce tiene que aportar en función de un perspectiva ecosistémica del Estuario. Ni la Junta ha dicho cuántas zonas puedo inundar, regenerar, para que su territorio, trabajando con las otras administraciones, se convierta en un territorio limpio, saludable, sostenible, ecosistémico, donde se favorezcan otras economías como la pesca o el turismo”.

El Supremo y la UNESCO, contra el dragado

El Gobierno no solo ha eliminado el proyecto de los presupuestos generales para este año, sino que ha informado de que que era imposible aprobarlo teniendo en contra al Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, una sentencia del Tribunal Supremo, las conclusiones de la Comisión Científica y la posición del Consejo de Participación de Doñana, que votó en contra de manera contundente.

Desde la Junta de Andalucía, se han limitado a lo obvio: que respetan la decisión del gobierno central y, como ha dicho el consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, que al Puerto le toca “reinventarse” y desarrollar “un plan estratégico que sea compatible con la pervivencia de Doñana”.

Los empresarios del arroz, por su parte, celebran que se elimine un proyecto que, por el aumento de la salinidad en el río, podía afectar sus cultivos. Julián Borja, expresidente de la patronal de arroceros, que ha luchado contra este proyecto durante años, le señalaba a este diario que el aumento de la salinidad “significaría un aumento de la dotación de agua necesaria para cultivar el arroz. En una cuenca con temporadas de tantas sequías, iríamos muy ajustados de agua”.

Desde WWF coinciden con Miguel Ángel Losada y consideran “imprescindible que el rechazo del Gobierno al dragado del Guadalquivir se concrete con un acto administrativo concreto, que ponga Doñana a salvo de manera definitiva y ofrezca garantías legales de que no se permitirá ningún proyecto similar. Un paso básico es anular la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, del año 2003”.

El portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, ha abogado este domingo por “dar carpetazo” a la idea del dragado del río Guadalquivir, tras saber que la Comisión Europea (CE) “no piensa aportar fondos” a dicho proyecto. En una respuesta de la CE a una pregunta realizada por el IU en el Parlamento Europeo y consultada por este diario, sobre el proyecto de profundización que desde hace años promueve el Puerto de Sevilla para el tramo navegable del río, se confirma esta decisión.

“La evaluación sigue en curso (...). En octubre de 2015 se pidieron aclaraciones complementarias a las autoridades españolas. No se reembolsarán Fondos Estructurales y de Cohesión hasta que se haya constatado el cumplimiento de la legislación pertinente de la UE”, precisa.

Para el portavoz municipal de IU, Daniel González Rojas, la contestación de Bruselas reafirma su opinión de que hay que desistir de un proyecto que “no ha hecho más que cosechar reveses, tanto dentro del país como en el exterior”. En su opinión, “llueve sobre mojado” al volverse a emplazar al Gobierno de España a demostrar que el dragado se ajusta a la legalidad en materia medioambiental.

Cabe recordar que la CE abrió a España un procedimiento de infracción, en marzo del año pasado, por considerar que no había examinado en detalle, tal como exigen las normas, el impacto medioambiental del dragado y en particular “los efectos negativos sobre los espacios protegidos cercanos, como el parque natural de Doñana”. Las autoridades españolas disponían entonces de un plazo de dos meses para adoptar medidas correctivas. Por eso, ante la ausencia de noticias, la europarlamentaria de IU Paloma López registró a principios de este año una pregunta interesándose por la cuestión.

Una “solución innovadora” al conflicto de competencias sobre el río Guadalquivir: la gestión unitaria de la cuenca por la Junta de Andalucía. Con un modelo “similar” al que se aplica en Autoridades Portuarias. Es lo que propone un estudio jurídico realizado por dos investigadores de la Universidad de Cádiz con la idea de solventar los “intentos fallidos” de asumir la administración de aguas que transcurren en un 98% por suelo andaluz.

Una de las principales conclusiones del informe Competencias autonómicas y gestión de la cuenca del Guadalquivir defiende, por tanto, que la comunidad autónoma designe al presidente y la mayoría de miembros de la Junta de Gobierno del organismo de referencia. El trabajo, realizado por dos expertos en Derecho Constitucional, el catedrático Miguel Revenga Sánchez y el profesor José Joaquín Fernández Alles, ha sido publicado en el número 72 de la colección Actualidad del Centro de Estudios Andaluces.

Esta medida supondría una “solución equilibrada y funcional” de la gestión de las aguas del Guadalquivir con “pleno respeto a la jurisprudencia constitucional”, señalan estos especialistas. Así, el informe señala que la legislación “no deja lugar a dudas sobre la importancia de la participación de la Junta de Andalucía en un asunto que le atañe y sobre el que posee relevantes títulos e intereses competenciales”.

Reforma de la Ley de Aguas

Los miembros de la universidad gaditana proponen de este modo una reforma de la Ley de Aguas que implicaría la designación del presidente del organismo de la cuenca por la Junta y la de tres vicepresidentes por parte de las otras regiones afectadas: Castilla La Mancha, Extremadura y Murcia. Esta fórmula se asemeja, según el documento, a la que se usa para las Autoridades Portuarias.

Ahí, refieren, se configura la participación autonómica en la estructura y organización de los puertos mediante una descentralización territorial y funcional. Una intervención que se concreta en atribuir a las comunidades la potestad de designar la presidencia y composición de estos consejos de administración.

Tanto Revenga Sánchez como Fernández Alles consideran que la figura de las autoridades portuarias de interés general bajo presidencia autonómica “sigue siendo una fórmula eficaz”. Y un “precedente legislativo contrastado por la experiencia”, subrayan, con encaje avalado “por la jurisprudencia constitucional”.

Tres fórmulas “fallidas” hasta el momento

Por esto, el citado informe defiende esta idea como alternativa “preferible” frente a las tres vías reivindicativas ensayadas hasta el momento: el traspaso de competencias, la proposición de ley orgánica de transferencia o delegación y el convenio de encomienda de gestión. Los expertos consideran estas fórmulas “fallidas” aunque “de indudable valor en lo que tienen de experiencia pionera de relaciones intergubernamentales en materia de gestión de aguas”.

Caso del real decreto (17 de octubre de 2008) que articulaba el traspaso de funciones y servicios del Estado a la administración regional y que perdió validez tras la anulación del artículo 51 del Estatuto de Autonomía. Su aplicación, no obstante, supone para los autores del informe “una rica experiencia de tres años de gran interés como antecedente de la gestión autonómica de la cuenca del Guadalquivir: calidad de servicio, financiación, recursos humanos, participación de usuarios y asociaciones, control del traspaso y 'provincialización' de la cuenca”.

El estudio refiere también la encomienda para gestionar el río de la Dirección General del Agua como un periodo transitorio que articuló la cooperación entre administraciones y respondía a necesidades de compromiso mutuo y urgencia de solución. Cuando ésta fórmula perdió vigencia (21 de octubre de 2011), las competencias regresaron a nivel estatal.

La última receta ensayada fue la proposición de ley orgánica que elevó el Parlamento andaluz al Congreso de los Diputados para delegar el aspecto competencial a la región. Sometida al informe del Consejo Consultivo, éste declaró que la iniciativa se ajustaba al ordenamiento constitucional y que ambas administraciones arbitrarían fórmulas de coordinación, suministro de información y asesoramiento técnico para cumplir las funciones delegadas. La propuesta fue rechazada en el Parlamento nacional (11 de junio de 2013).

En la actualidad, el presidente del organismo que gestiona la cuenca es nombrado por el Consejo de Ministros a propuesta del ministerio de Medio Ambiente. Un mínimo de cinco vocales de la Junta de Gobierno son designados en representación de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas incorporadas al ente están representadas por al menos un vocal cada una.