La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) asegura que está realizando “trabajos de reparación” en el sifón del postrasvase Tajo-Segura en Orihuela (Alicante) tras una fuga de agua registrada en esta infraestructura.

En declaraciones distribuidas a los medios, el director técnico adjunto de la CHS, Alberto Vera, ha detallado que el escape “que se ha producido a través de una de las juntas del sifón de Orihuela” este lunes por la noche se explica en que “actualmente” esta “se encuentra en trabajos de reparación, para lo cual se requiere que el tubo se encuentre en seco”. “Esto se consigue mediante la bajada de la compuerta que se encuentra hacia arriba del citado tubo del sifón”, ha apuntado.

Y ha indicado que “lo que ha ocurrido anoche es que, debido a los arrastres que se han producido por lluvias y fuertes vientos, ha provocado que materiales de gran envergadura cayeran al cuenco donde se encuentra la citada compuerta, provocando que se elevase el nivel del agua y el agua vertiese por encima de la compuerta”.

Las imágenes del momento ha sido captadas y difundidas a través la cuenta en X de MeteoOrihuela.

La Confederación dice que “la fuga ha disminuido hasta mínimos”

“Lo que ha provocado esto es que ha empezado a cargar el sifón, provocándose la fuga que hemos podido ver”, ha apostillado, tras lo que ha detallado que, una vez que se ha tenido constancia de ello, “tanto vigilantes como la empresa adjudicataria” del mantenimiento de dicho tramo “han acudido a la zona inmediatamente y una vez constatada la problemática han procedido a retirar los objetos de gran tamaño”, algo que “se ha realizado a lo largo de toda la noche”.

En esta línea, ha añadido que a las 08.00 horas de este martes aproximadamente “se ha conseguido bajar la lámina y ya ha dejado de verter dicho agua por encima de la compuerta que cierra el tubo derecho del sifón de Orihuela”.

Y ha apuntado: “Una vez que se ha producido esto, el agua que se encontraba o que ha pasado al tubo se ha desaguado a través del río y, por lo tanto, paulatinamente ha ido disminuyendo la fuga hasta mínimos”.

Grabaciones secretas del máximo capo de la basura en Orihuela (Alicante) al PP; un partido roto entre campistas y zaplanistas; un empresario que repartía fondos para campañas electorales, y reuniones en el agua de un balneario para evitar micros (aunque con un detective rondando y captándolo todo). Son algunas de las escenas más llamativas de la trama del 'caso Brugal' en la capital de la Vega Baja, localidad en la que el PP cosechó tremendas mayorías absolutas y en la que todos sus exalcaldes populares han sido salpicados por la corrupción al calor de la burbuja inmobiliaria. La última sentencia del 'caso Brugal' avala las grabaciones efectuadas por el empresario Ángel Fenoll y las escuchas telefónicas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en el marco de una compleja investigación comandada por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. La sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, se autoenmienda en la sentencia, dictada esta semana, tras la anulación inicial en su primer fallo de las escuchas por parte del mismo tribunal y el aval posterior a los pinchazos del Tribunal Supremo, tras un recurso de Anticorrupción, representada por el fiscal Pablo Romero. El alto tribunal, tal como informó este diario, se escudó en la jurisprudencia nacida de las grabaciones del 'caso Gürtel', en una sentencia cuya ponente fue la magistrada Ana Ferrer.

El último fallo del 'caso Brugal' impone a Ángel Fenoll penas que suman tres años y nueve meses de cárcel por tres delitos de cohecho (uno de ellos de carácter continuado), prevaricación en concurso con fraude, uso de información privilegiada y extorsión. Por su parte, la exalcaldesa popular Mónica Lorente ha sido condenada a cuatro meses de prisión y 20 meses de inhabilitación por un delito de prevaricación en concurso con un delito de fraude. A todos los condenados se les ha aplicado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Las grabaciones de Fenoll propiciaron la investigación de la trama corrupta. En los registros del 'caso Brugal', los investigadores de la UDEF hallaron un “sofisticado sistema de grabación y numerosos material grabado, con la ayuda de un detective”, tal como recuerda la Audiencia de Alicante. En el domicilio de Ángel Fenoll se toparon con 87 cintas VHS “rotuladas de políticos de Orihuela” y en la sede de una de sus empresas con dos grabadoras y un ordenador que almacenaba las transcripciones de las conversaciones. En el domicilio de otro de los condenados (por extorsión), los agentes se incautaron de 103 cintas y DVD “similares”, así como una “grabadora de bolsillo”.

Toda la trama de Ángel Fenoll se centraba en conservar su negocio de recogida de residuos en la localidad. El empresario se encargaba, sin contrato y (“al menos”) desde 1993, de la gestión de la basura en Orihuela, según relata la sentencia. El contrato se licitó en 2000 en un concurso al que solo se presentó la UTE formada por Necso Entrecanales Cubiertas y Colsur, representada por Ángel Fenoll.

Un lustro después, se produjo la tremenda “fractura” en el grupo municipal del PP, cuando la teniente de alcalde, Mónica Lorente, se hizo con la Ejecutiva de los populares de Orihuela en sustitución del entonces primer edil, José Manuel Medina. El municipio vivió en aquella época una “explosión urbanística” en su zona de costa, con los consiguientes “problemas técnicos que impedían afrontar con seriedad” la contrata de Ángel Fenoll, explica la sentencia.

“El crecimiento exponencial de las urbanizaciones que no tenían contador de agua y alcantarillado impedía conocer el número exacto de viviendas existentes al no estar catastradas, no pudiendo concretarse en el pliego de condiciones técnicas los puntos exactos de recogida de la basura”, agrega.

La oferta que hizo la UTE al primer concurso de la basura ya fue “técnica y jurídicamente anómala desde el principio”. Tras un informe del técnico municipal, la adjudicataria simplemente cambió “las reglas del juego” y solo se comprometió a dar servicio a las urbanizaciones costeras del término municipal recepcionadas por Ayuntamiento de Orihuela hasta aquella fecha y hasta un máximo de 20.000 viviendas. El concurso quedó finalmente desierto.

Un empresario en las “guerras internas” del PP en Orihuela

Ángel Fenoll, según la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, “decidió aprovecharse de las guerras internas que se produjeron en la provincia de Alicante entre unos y otros sectores del Partido Popular (conocidos popularmente como 'campistas' y 'zaplanistas'), apoyando en Orihuela la candidatura de la 'zaplanista' Mónica Lorente, próxima al líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, entonces presidente de la Diputación de Alicante, candidatura enfrentada con el 'campista' José Manuel Medina”.

Así, la “ruptura oficial” entre Medina y Lorente “se formalizó” el 4 de octubre de 2005, cuando el primero destituyó a la teniente de alcalde. Poco después, el comité provincial del PP cesó a José Manuel Medina de su Ejecutiva, mientras Ripoll apoyaba a Lorente. Al quedar en minoría el sector del PP de Medina en Orihuela, a consecuencia de la “división” de los populares, “cobró protagonismo” un grupo municipal minoritario que recibiría el apoyo soterrado de Ángel Fenoll.

Después de haberse “estropeado las buenas relaciones” de Fenoll con José Manuel Mediana, el empresario “planteó la estrategia para retrasar el concurso” con la inestimable ayuda de Antonio Rodríguez Murcia y Ginés Sánchez, dos de los concejales del PP partidarios de Mónica Lorente, “la cual tenía pleno conocimiento de dicho concierto”.

El empresario, al ver peligrar su negocio, emprendió una táctica que, a la postre, se revelaría suicida en términos penales. Consistía, por un lado, en “beneficiarse de la estrecha relación que venía manteniendo con personas influyentes en la política oriolana” y, además, “utilizar las grabaciones que realizaba él mismo a los políticos con la colaboración esencial” de su hijo, Ángel Antonio, y de otro empleado, ambos condenados.

El 22 de marzo de 2005, tras haber fracasado las presiones sobre Medina con un concejal de un grupo minoritario usado como bisagra para paralizar el concurso, el empresario hizo públicas algunas de las grabaciones, en las que aparecía él mismo, y se hablaba de presuntas comisiones por parte de una de las empresas aspirantes a la adjudicación (de la competencia). En una rueda de prensa posterior con su abogado, Ángel Fenoll “manifestó que lo publicado era sólo una pequeña parte de todo un proceso de conversaciones, que había más implicados y que iba a enseñar más grabaciones”, tal como recuerda la sentencia.

Fenoll, con su fonoteca, buscaba presionar a determinados políticos del PP con “hacer públicas dichas grabaciones si no actuaban en beneficio de sus intereses y conseguir así la adjudicación del concurso a su empresa Colsur SL o, en todo caso, la declaración de desierto del concurso, y poder así mantener la situación irregular por la que venía prestando el servicio de recogida de basura en el Ayuntamiento de Orihuela en beneficio propio”, según afirma la sentencia.

“Gaviotas”: las cartas por Seur para “presionar” a Camps y Zaplana

También redactó “cartas” dirigidas a los dos capitanes generales que comandaban la guerra interna en el PP: Francisco Camps, presidente de la Generalitat, y su antecesor en el cargo, el entonces portavoz popular en el Congreso (tras haber sido ministro del Gobierno de José María Aznar), Eduardo Zaplana. En las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía, el empresario se refería a las misivas como “gaviotas”.

En los registros del domicilio del empresario, los investigadores de la UDEF hallaron “resguardos” de la empresa Seur correspondientes a las cartas enviadas a ambos dirigentes del PP, que tenían la misma finalidad que las grabaciones a los concejales: “presionar a los políticos” para “tratar de influir en la confección de las listas electorales” y meter a afines a Mónica Lorente (“objetivo que fue finalmente logrado”).

Los audios demostraron que Fenoll tenía “puntual y previo conocimiento de los acontecimientos que se iban produciendo en la tramitación del expediente administrativo con relación al concurso público” de la gestión de la basura, “como reflejan las conversaciones grabadas entre Antonio Ángel Fenoll [hijo del empresario] y políticos de distintos partidos”. Así pudieron constatarlo los investigadores de la UDEF tras los registros en 2007 y la incautación de “numerosa documentación, efectos y material informático referido a grabaciones a políticos”.

Mónica Lorente y dos concejales del PP, Antonio Rodríguez Murcia y Ginés Sánchez (ambos condenados), se concertaron con Ángel Fenoll para “defender sus intereses empresariales por encima del interés público del Ayuntamiento de Orihuela, lo que se traduciría posteriormente durante la campaña de las elecciones municipales de mayo de 2007” en el apoyo del empresario a la candidata zaplanista.

Reunión “dentro del agua” de un balneario en Murcia

“Mientras tanto, Ángel Fenoll siguió grabando conversaciones con políticos con relación al concurso”, afirma la sentencia de la Audiencia de Alicante. Ante la desconfianza con un empresario que ya había revelado públicamente audios grabados subrepticiamente, el concejal Jesús Ferrández (actualmente fallecido) celebró una reunión con el hijo de Fenoll “dentro del agua” de un balneario en Fortuna (Murcia), “a fin de asegurarse que no iban a ser grabados”.

Sin embargo, el clan de los Fenoll se las sabía todas y un detective (de la firma Cipol de Murcia) grabó el encuentro, según indica la sentencia. Jesús Ferrández, escindido del PP y portavoz del partido Centro Liberal, se convirtió en uno de los apoyos de Fenoll en su alianza con Lorente contra el alcalde Medina para preservar su negocio de la basura.

El empresario financió a ambos partidos. Su hijo le entregó al edil Ginés Sánchez un sobre con 1.200 euros durante el acto de inauguración de la sede del PP en Orihuela Costa, según se desprende de las escuchas telefónicas.

La Audiencia de Alicante concluye que —“con la intención de obtener influencia en el Ayuntamiento de Orihuela para sus propios intereses”— Fenoll “intervino en el proceso electoral” en favor de ambos partidos, “sufragando gastos electorales” de las dos formaciones, “cuya victoria podía suponerle un beneficio, al asegurarse la presencia en el Consistorio de quienes iban a defender sus intereses”, según la sentencia, que enumera aportaciones como gorras, programas electorales, banderas o camisetas.

El empresario también ayudó a la candidata del PP, Mónica Lorente, con “publicidad electoral” y “movilizando gente para asistir a actos electorales”. Eso sí, “tratando siempre de que no se conociera que era él quien sufragaba esos gastos”. La mercantil Comercial Candel Reclamo y Publicidad SL facturó a una de las empresas de Ángel Fenoll 10.799 euros por la publicidad electoral de ambas formaciones, unos recursos que nunca fueron fiscalizados en la contabilidad declarada ante el Tribunal Supremo.

Sin embargo, esos hechos acreditados en la sentencia no eran constitutivos de delito en la fecha de su realización, señala la sentencia del 'caso Brugal'.

“Conversaciones comprometedoras” para diseñar las listas

Por otro lado, el hijo de Fenoll aludía, según las escuchas telefónicas, a su capacidad de influir en la conformación de las listas “utilizando conversaciones comprometedoras grabadas por él mismo o por gente de su entorno de manera coactiva, y poniéndole en conocimiento de que iba a enviar para ello lo que él llamaba 'gaviotas”.

La campaña soterrada del empresario se centraba en conservar el negocio de la basura, tal como destaca la sentencia. Una vez nombrada alcaldesa Mónica Lorente, en 2007, Urbaser SA presentó la mejor oferta al concurso y los políticos favorables a Fenoll trataron de declarar desierto el concurso. Por su parte, el empresario se planteó una nueva estrategia: “adquirir empresas interpuestas dirigidas por testaferros”.

El 9 de noviembre de 2007, la mayoría absoluta del PP declaró desierto el concurso, dejando vía libre para que el 'señor de la basura' de Orihuela siguiera con el negocio. La alcaldesa era “plenamente” consciente “de lo arbitrario de su proceder y de la ilegalidad que comportaba dicha decisión al no estar motivada, quebrantando de este modo la normativa en materia de contratación pública (...)”, según concluye la sentencia.

Mientras que las empresas Colsur SL y Proambiente SL continuaron prestando el servicio de recogida de basuras, Urbaser SA, que había presentado la mejor oferta al concurso declarado desierto, reclamó el derecho a que le fuera adjudicado el concurso. En 2009, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche número 1 estimó íntegramente el recurso de Urbaser SA, cuya oferta consideró “incontrovertible” como la mejor y merecedora, por tanto, de la adjudicación.

Indemnización a Urbaser SA de 4,7 millones, según una pericial

El Ayuntamiento de Orihuela, con Mónica Lorente de alcaldesa, recurrió el fallo. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) desestimó el recurso y volvió a darle la razón a la empresa ganadora del concurso (condenado en costas al consistorio). Actualmente, existe un incidente de ejecución en el seno de ese procedimiento en el que Urbaser SA reclama al Ayuntamiento de Orihuela 7,8 millones de euros. Una pericial judicial estima la cuantía de la indemnización de 4,7 millones, tal como recuerda la sentencia de la Audiencia de Alicante.

El siguiente concurso del servicio de recogida de basura fue en 2008, en la misma legislatura de Lorente. Ángel Fenoll “diseñó la estrategia de adquirir empresas del sector” para formar una UTE, en el marco de una licitación con denuncias de irregularidades por parte de los grupos de la oposición municipal, tal como recuerda la sentencia. Ese año, varios responsables de la UTE se reunieron con el hermano de la alcaldesa, Jorge Lorente (absuelto), en un restaurante de Raal (Murcia), según las vigilancias y seguimientos policiales. Los comensales, indica la sentencia, tomaron medidas de seguridad “para no ser localizados”.

Tanto en esa comida como en una posterior en la que no asistió el hermano de la alcaldesa y a la que sí que acudió Ángel Fenoll, el concejal Manuel Abadía (condenado) facilitó a los asistentes “informaciones” sobre el concurso que “no debían ser divulgadas, de las que tenía conocimiento por razón de su cargo”.

Los empresarios “aprovecharon las informaciones facilitadas por el concejal” del PP para la elaboración de las ofertas, según reza la sentencia de la Audiencia de Alicante. Los votos favorables de los 14 ediles del PP dieron el concurso a la UTE pilotada por Ángel Fenoll, que “incurrió en numerosos incumplimientos”.

La Universidad de Alicante (UA), a través del grupo de investigación de Ingeniería y Riesgo Sísmico, celebra los días 11 y 12 de diciembre las IV Jornadas Internacionales de Sensibilización frente al Riesgo Sísmico, un encuentro que convierte a Orihuela en el epicentro europeo del debate sobre la prevención y gestión de desastres naturales. El evento, financiado por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Ocupación mediante el programa CIAORG/2024/187 y cofinanciado por el Ayuntamiento de Orihuela, reúne en el Auditorio de La Lonja a especialistas de Italia, Noruega, Islandia, Reino Unido, Grecia y España, junto a responsables municipales, equipos de emergencia y representantes institucionales.

El investigador de la UA y responsable del grupo organizador, Sergio Molina, y el concejal de Protección Civil y Emergencias de Orihuela, Víctor Valverde, han presentado las jornadas subrayando su propósito principal: reducir el riesgo de desastres naturales mediante la transferencia de conocimiento entre científicos, administraciones, servicios de emergencia y ciudadanía. Ambos han destacado la necesidad de aumentar la resiliencia de territorios especialmente expuestos como la Vega Baja.

Molina ha remarcado la importancia de estrechar la colaboración entre ciencia y administraciones públicas: “La ciencia tiene la responsabilidad de estar al servicio de la sociedad. Investigar no es suficiente si ese conocimiento no se convierte en prevención, planificación y seguridad para las personas”.

Por su parte, Valverde ha recordado que “Orihuela ha aprendido que la prevención salva vidas. Nuestro compromiso es convertir el conocimiento científico en herramientas reales de protección para la ciudadanía”. El edil ha resaltado además que estas jornadas “sitúan a Orihuela en el mapa internacional de la protección civil”, reforzando su papel como referente en formación e investigación aplicada a riesgos naturales.

Orihuela y la Vega Baja, laboratorio para el estudio de riesgos

El profesor Molina ha explicado que la Vega Baja es hoy un territorio clave para el análisis científico de amenazas naturales: “Ha sufrido eventos extremos, tiene patrimonio vulnerable y un crecimiento urbano acelerado. Es un laboratorio excepcional para diseñar estrategias eficaces de protección civil”.

También ha destacado el papel de la tecnología aplicada en la reducción del riesgo: “Hoy podemos anticipar el comportamiento del terreno en un terremoto, simular un tsunami o medir el movimiento de un edificio en tiempo real. La tecnología ya no es futura, es la herramienta que puede salvar vidas hoy”.

El programa de las jornadas se desarrolla durante dos días y combina los últimos avances científicos con las necesidades operativas de ayuntamientos y servicios de emergencia.

La sesión inaugural tendrá lugar el día 11 a las 9:00 horas con la participación del vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Salud Laboral de la UA, Salvador Ivorra; el conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama Zurián; el alcalde de Orihuela, José Vegara Durá; el concejal Víctor Valverde; y el propio Sergio Molina.

La primera jornada estará centrada en los resultados del proyecto FAST-IMPACT, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Unión Europea. La UA presentará nuevas metodologías de pronóstico temprano de terremotos, monitorización avanzada del terreno y edificios estratégicos, mapas rápidos de impacto y la simulación casi instantánea de escenarios sísmicos mediante la plataforma UrgentShake. La inteligencia artificial, los gemelos digitales y las herramientas de análisis predictivo marcarán el eje principal de esta sesión.

El 12 de diciembre, el programa se centrará en la gestión municipal y territorial, con ponencias sobre coordinación operativa, infraestructuras críticas, protección del patrimonio histórico —con especial atención al Colegio Santo Domingo de Orihuela— e impacto social de las inundaciones. También se abordará el uso de mapas rápidos de movimiento del suelo como soporte para los primeros intervinientes.

Orihuela, escenario histórico de fenómenos naturales extremos

La elección de Orihuela para acoger estas jornadas vuelve a subrayar la relevancia del municipio en el estudio de riesgos naturales. La ciudad sufrió en 2019 una de las peores inundaciones registradas, con 346,2 mm de lluvia en un solo día, y forma parte del área afectada por el histórico terremoto de Torrevieja de 1829, de magnitud 6,5.

Los organizadores destacan que estas jornadas pretenden reforzar la preparación del territorio, mejorar la capacidad de respuesta y fomentar estrategias de protección civil basadas en evidencia científica y en la innovación tecnológica.

El juicio contra el alcalde de Orihuela, José Vegara (PP), ha vuelto a aplazarse y no comenzará hasta dentro de medio año. El proceso debía haberse iniciado el pasado 14 de noviembre en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Orihuela, pero fue suspendido por motivos de salud de la jueza responsable del caso. La vista se reprogramó inicialmente para el 21 y el 28 de noviembre, aunque finalmente tampoco pudo celebrarse. Según informan fuentes del TSJCV, el motivo vuelve a ser el estado de salud de la magistrada.

El juicio tendrá ahora como nuevas fechas de inicio los días 22 y 29 de mayo y 5 de junio, lo que supone un aplazamiento de seis meses respecto al calendario previsto.

Un caso ligado a la gestión de la ITV de la Vega Baja

La causa se centra en la gestión de la ITV de la Vega Baja y de la empresa Orikoffee. La Fiscalía pide para Vegara una pena de siete años de prisión por un presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil y por dos delitos contra la Hacienda Pública, relacionados con fraude en el IVA y en el Impuesto de Sociedades.

Según el Ministerio Público, Hacienda dejó de ingresar 917.935 euros en 2005 debido a las “maniobras y deducciones fraudulentas” que habría empleado la estación de Inspección Técnica de Vehículos, de la que José Vegara era consejero delegado y apoderado general. El auto señala tanto al actual alcalde como a otros dos miembros del consejo de administración por supuestamente aparentar una reducción artificial del beneficio de la actividad, con el objetivo de disminuir las cuotas tributarias correspondientes.

La Fiscalía considera a Vegara “cooperador necesario” en el presunto delito de falsedad documental y “coautor material” de los dos delitos contra la Hacienda Pública. Por estos hechos solicita dos penas conjuntas de siete años de cárcel para los cuatro acusados, además de multas que suman 5.192.821 euros e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo y para recibir beneficios fiscales o de la Seguridad Social.

Un caso que estalló en plena campaña electoral

Este presunto fraude fiscal saltó a la luz en los meses previos a las elecciones municipales de mayo de 2023, cuando Vegara encabezó por primera vez la candidatura del PP en Orihuela. En aquel momento, el ahora alcalde denunció ser víctima de una “cacería” derivada de “diferencias” entre su empresa y Hacienda. Pese a la polémica, el PP ganó las elecciones y mantuvo el gobierno local gracias a un pacto con Vox.

Ya casi un año después, en marzo de 2024, la defensa de Vegara rechazó cualquier opción de acuerdo con la Fiscalía. El alcalde reiteró entonces su inocencia y afirmó que no aceptaría “otra cosa que no sea la absolución” de todos los cargos que se le imputan.

Desde 1986, el Ayuntamiento de Orihuela ha estado gobernado en su mayoría por el PP, salvo dos breves interrupciones. Dentro de ese largo periodo, los populares han tenido cinco alcaldes, y todos ellos han tenido que sentarse en el banquillo de los acusados por casos de corruupciòn y de estafa: dos ya fueron condenados y tres afrontan causas judiciales abiertas.

El último de ellos es el alcalde en ejercicio, Pepe Vegara, elegido en el año 2023, y que el próximo viernes 21 de noviembre se sentará en el banquillo de los acusados por presuntos delitos contra la Hacienda pública. La Fiscalía le acusa de fraude en el impuesto sobre sociedades, fraude de IVA y falsedad documental, relacionados con su etapa como apoderado general y consejero delegado de una ITV. Además, la acusación reclama una multa elevada por los supuestos perjuicios fiscales.

Pero el legado judicial de los exalcaldes del PP en Orihuela se extiende desde los años 80. Estos han sido Luis Fernando Cartagena, José Manuel Medina, Mónica Lorente, Emilio Bascuñana y José Vegara.

Luis Fernando Cartagena (1986‑1995)

Fue el primer alcalde popular de la lista y estuvo nueve años en el cargo, hasta que fue llamado por Eduardo Zaplana para su primer gobierno en 1995, que nombró al oriolano conseller de Obras Públicas.

Su periplo judicial acabó con una condena por corrupción. Fue condenado por malversación de fondos públicos y falsedad en documento mercantil por haberse apropiado de 49.000 euros donados por una congregación religiosa al hospital municipal de Orihuela, fondos que no ingresaron en las arcas municipales. Según el fallo, Cartagena actuó con ánimo de beneficio propio junto al empresario Ángel Fenoll.

Cartagena fue condenado a cuatro años de prisión en 2002 y esta pena fue ratificada por el Tribunal Supremo. No obstante, no entró en prisión hasta el año 2008 y tras la denegación del indulto por parte del Gobierno. El exalcalde cumplió dos años (la mitad de la pena) en el penitenciario de Villena.

José Manuel Medina (1995‑2007)

José Manuel Medina fue el sucesor de Cartagena desde 1995 (cuando el primero todavía no estaba encausado) y fue el más longevo en el cargo, ya que gobernó durante tres mandatos consecutivos.

Su nombre se vinculó a la corrupción con el célebre caso Brugal, una gran trama relacionada con la adjudicación del contrato de basuras en Orihuela, por la que fue imputado en 2006, todavía en ejercicio del cargo. En un primer momento, la Audiencia Provincial absolvió a Medina y a la que fue su sucesora en la alcaldía, Mónica Lorente, porque anuló las escuchas telefónicas clave.

Pero ese fallo fue revisado: el Tribunal Supremo decidió que esas escuchas sí eran válidas y ordenó a la Audiencia de Alicante repetir el juicio con esas pruebas admitidas.

Además de los delitos de corrupción denunciados por la Fiscalía —que eran muchos, incluyendo prevaricación, cohecho y tráfico de influencias— su caso forma parte de esa macrocausa de Brugal que ha marcado la historia del PP local.

Mónica Lorente (2007‑2011)

La sucesora de Medina tanto en el PP como en la alcaldía de Orihuela fue Mónica Lorente, y también siguió sus pasos en los paseos por los tribunales. Lorente está implicada en el caso Brugal desde el año 2012, junto a Medina, por la adjudicación de contratos de residuos.

Además, Lorente ya fue imputada en 2011 por un presunto delito de falsedad de documento público en relación con las obras de la plaza oriolana de El Escorratel, todavía siendo alcaldesa, cuyo contrato, según la denuncia interpuesta por Los Verdes, se firmó en 2008, meses después de que fuera inaugurada. Por ello fue condenada en 2016 por falsedad documental, lo que le costó nueve meses de inhabilitación y una multa.

Emilio Bascuñana (2015‑2022)

Emilio Bascuñana recuperó la alcaldía para el PP tras el primer paréntesis de un mandato gobernado por Los Verdes en Orihuela. Pero antes de ser alcalde, Bascuñana tuvo otras responsabilidades en la dirección territorial de Sanidad, aunque este cargo durante seis años se ha puesto en entredicho porque no acudía a trabajar mientras cobraba un sueldo público y, a la vez, mantenía una clínica privada.

No obstante, este escándalo no fue suficiente para descabalgarlo de la alcaldía, porque sus socios de Ciudadanos no apoyaron la propuesta del PSPV. Bascuñana fue reelegido en 2019 e imputado en 2021. La Fiscalía le acusa de prevaricación y malversación, reclamando tres años de prisión y seis años de inhabilitación. El caso sigue pendiente en el Juzgado de instrucción nº1 de Orihuela desde 2023.

Ante esta judicialización, el partido naranja no pudo negarse al segundo envite de los socialistas, y entonces sí prosperó una moción de censura en 2022 que aupó a una alcaldesa del PSPV. No obstante, no pudo mantener la alcaldía en 2023, cuando volvió a imponerse el PP.

José Vegara (2023‑actualidad)

La nueva victoria de los populares en Orihuela tuvo como protagonista al hoy alcalde José Vegara. Al munícipe le persiguen las investigaciones judiciales incluso antes de acceder al cargo, cuando era candidato. El caso: irregularidades fiscales mientras gestionaba su empresa de ITV.

La Fiscalía le reclama siete años de prisión, además de una multa millonaria, por un supuesto fraude en IVA e impuesto de sociedades y falsedad en documentos mercantiles. Vegara ha rechazado un acuerdo con la Fiscalía, defendiéndose y alegando que la causa se había politizado.

Además, su caso expuso una debilidad interna del PP: el partido tardó 21 meses en abrir un expediente disciplinario, lo que ha provocado críticas sobre su compromiso ético.

José Vegara se sentará definitivamente en el banquillo el próximo viernes 21 de noviembre tras diversos obstáculos que han retrasado el juicio. Pendiente queda así de lo que diga la justicia, como sus antecesores en la alcaldía y en el PP: Medina, Lorente y Bascuñana.

Este jueves por la mañana han finalizado las diferentes exposiciones, charlas o representaciones teatrales de la semana cultural dedicada a Miguel Hernández en el centro penitenciario Murcia II Campos del Río que comenaron el pasado 16 de junio. Durante el acto de clausura, tres internos han recitado sendos poemas del autor oriolano y, finalmente, otros dos internos han plantado en el huerto terapéutico de la prisión, que desde hoy adquiere el nombre del poeta de Orihuela, un esqueje procedente de la higuera de la casa de Miguel Hernández, cedido por la Escuela Politécnica Superior de Orihuela.

La delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, ha asistido a la clausura y ha señalado que “Miguel Hernández es una figura inspiradora en términos vitales y creativos, si en su caso pudiera separarse una cosa de la otra, pues solo alguien con esa dimensión humana sería capaz de hilvanar algunos de los versos más conmovedores de la historia de la literatura española”.

La delegada del Gobierno ha pedido a los internos e internas, que han participado activamente en todos los actos programados durante la semana, que tuvieran en cuenta el ejemplo del poeta, que, según ha dicho, “fue capaz de transformar toda la rabia, tristeza y desesperanza de su situación en prisión en la apabullante belleza de sus versos”.

“Por eso, queridos internos, igual que él aplacaba la soledad y la melancolía con el recuerdo de su mujer y su hijo, necesitamos de vuestra actitud, compromiso y voluntad de promoción y crecimiento personal, pensando en vuestras familias y en toda esa gente que hay ahí fuera y que también os quiere y necesita, para que logréis una reinserción plena y satisfactoria”, les ha trasladado.

Guevara también ha reconocido el trabajo y la implicación de los funcionarios de prisiones durante esta semana cultural y ha destacado “la inconmensurable labor social que realizan en su tarea diaria”.

Al acto también han asistido el secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente, el concejal de Educación del Ayuntamiento de Orihuela, Vicente Pina, la nuera del poeta, Lucía Izquierdo, y el rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz, entre otros.

El PSPV-PSOE ha denunciado “las maniobras de Carlos Mazón y del PP para convertir las infraestructuras de la Comunitat Valenciana en un negocio privado” y ha señalado que “todos los valencianos y valencianas sabemos que de negocio en el Partido Popular saben mucho”.

Así se ha pronunciado este domingo el secretario de Infraestructuras, Transportes y Movilidad Sostenible del PSPV-PSOE, Pere Rostoll, quien ha apuntado que “vemos con una enorme preocupación el anuncio de Martínez Mus de construir el desdoblamiento de la CV95 entre Torrevieja y Orihuela, en la Vega Baja, a través de un pago por concesión con la que elimina de un plumazo las cantidades previstas en los presupuestos autonómicos para poner el derecho de los ciudadanos a la movilidad en manos privadas”.

En este sentido, el dirigente socialista ha afirmado que “esta decisión del Consell sobre la CV95 es muy preocupante, puesto que convierten las infraestructuras en un negocio hinchando los costes” y ha explicado que “la conversión de la CV95 en un proyecto privado evidencia, una vez más, la voluntad destructiva del PP de liquidar el Vega Renhace del Consell del Botànic y pone de manifiesto la falta de proyecto de Mazón tanto para la Vega Baja como para toda la Comunitat Valenciana”.

Los presupuestos de 2025 de la Generalitat han eliminado la inversión plurianual para arrancar la construcción de un proyecto de adjudicación directa con una primera partida de 25 millones.

Además, ha recordado que “en el Consell de Mazón se cargó una iniciativa pública para impulsar la comarca tras la DANA sufragada con los presupuestos del Consell para, a partir de ahora, dedicarse a regalar las infraestructuras al sector privado” y ha insistido en que “no están en la solución de los problemas de la gente, están en su negocio”.

La operación del Consell con la CV95 encierra a su vez “daños colaterales” que, en opinión del PSPV-PSOE, afectarán directamente a la ciudadanía puesto que con este “modelo de negocio” para las infraestructuras se hipoteca el futuro de los presupuestos con pagos a la empresa concesionaria que se pueden alargar por un periodo de hasta 40 años, según la ley, a lo que se suma el mantenimiento de la carretera también se lo queda la concesionaria con lo cual la seguridad vial de los ciudadanos va a quedar igualmente en manos privadas. “Nos van a hipotecar para el futuro, como ya hicieron durante 20 años, y encima le van a traspasar la seguridad vial de la gente en esa carretera al negocio privado. Es absolutamente inadmisible”, ha concluido.

La Generalitat presentó el pasado 23 de abril a los alcaldes de la Vega Baja la hoja de ruta para el desarrollo del desdoblamiento de la CV-95 entre los municipios alicantinos de Orihuela y Torrevieja, que será fruto de un modelo “de concesión público-privada” y a la que se prevé que se destinen 180 millones de euros.

Además, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, explicó que, “aunque la tramitación es larga, el compromiso del Consell es tener acabado el proyecto antes de que finalice la legislatura, además de que esté aprobada la declaración de impacto ambiental (DIA) y que la licitación de la concesión esté en marcha”.

Un detalle importante este del impacto ambiental teniendo en cuenta que en 2007 la Generalitat adjudicó la construcción de la autovía de esta CV-95 con otra concesión a una UTE y el proyecto se descartó tras una sentencia del Tribunal Supremo por carecer de evaluación ambiental del mismo.

El nuevo vial discurre en paralelo a la actual CV-95, a la derecha en sentido Torrevieja y atravesaría zonas de huerta tradicional bien conservadas, con el consiguiente impacto sobre estas áreas de regadío histórico, como el camino de Fabregat, la Vereda de Los Tobalos, el Azarbe Piqueras, el Rincón del Portillo o el Azarbe de los Caballos para evitar las travesías urbanas de Correntías.

La Fiscalía pide siete años de prisión al actual alcalde de Orihuela, el popular José Vegara, por un presunto delito de falsedad en documento mercantil y dos delitos contra la hacienda pública por un supuesto fraude del IVA y en el impuesto de sociedades mientras el primer edil estaba al frente de una empresa de ITV. Vegara se sentará en el banquillo, junto con otros cuatro acusados, miembros del consejo de administración de la entidad ITV Vega Baja SA y de otras dos sociedades, el próximo 22 de enero ante el Juzgado de lo Penal 1 de Orihuela. El PP anunció este martes que le ha abierto un expediente disciplinario, en cumplimiento del código ético del partido. Los estatutos y el reglamento disciplinario de régimen jurídico del PP valenciano establecen que, en el momento en que se tenga conocimiento de la apertura de juicio oral a cualquier cargo público del partido en un procedimiento judicial, el expediente se transforma en disciplinario, según un comunicado de la formación.

Sin embargo, el partido que lidera Carlos Mazón llevaba un año y ocho meses de retraso. El Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela dictó el auto de apertura de juicio oral contra el entonces candidato del PP en plena precampaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales de 2023. A pesar de que la resolución judicial era pública y notoria, la formación se ha esperado hasta el señalamiento del juicio, cuyo inicio está previsto para el próximo 22 de enero, para abrirle expediente disciplinario.

De hecho, el auto de apertura de juicio oral se conoció el 21 de abril de 2023, en plena visita de Cuca Gamarra, secretaria general del PP, a Orihuela para apoyar al candidato popular. Mazón defendió entonces que la instrucción que afectaba a su candidato en Orihuela se refería a cuestiones “administrativas”, del ámbito de su empresa privada, y no tenía “nada que ver” ni con la “corrupción” ni con su faceta de “cargo público”.

Los sucesivos alcaldes populares de Orihuela, auténtico feudo del PP en la comarca de la Vega Baja, han acabado sistemáticamente condenados o procesados en el marco de causas judiciales vinculadas a la corrupción. Tres exalcaldes —Luis Fernando Cartagena, Jose Manuel Medina y Mónica Lorente— acabaron condenados por corrupción, y el último, Emilio Bascuñana (desbancado por una moción de censura) está procesado en una causa judicial por los seis años en que estuvo cobrando de la Conselleria de Sanitat sin acudir a su puesto de trabajo. La Fiscalía Anticorrupción pide a Bascuñana, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación, tres años de prisión, seis años de inhabilitación absoluta y otros cinco años y medio más sin poder desempeñar cargo o empleo público en servicios públicos en organismos dependientes de la Generalitat Valenciana.

Sobre la situación de José Vegara, el secretario general del PP valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, ha señalado que el partido mantiene la presunción de inocencia del alcalde. Por su parte, Vegara siempre ha defendido su “inocencia” en este procedimiento y ha tachado de “cacería y persecución” la causa. Los populares valencianos creen “firmemente en la inocencia de quien, de hecho, ha rechazado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y no acepta el delito por el que se le acusa”, según ha afirmado su secretario general.

Pérez Llorca ha subrayado que los hechos que se juzgan “nada tienen que ver con un delito de corrupción en el ejercicio de cargo público y, además, son de hace más de veinte años, muy anteriores a la asunción de su responsabilidad pública, ocurridos en el ámbito privado de su actividad empresarial y nada tienen que ver con la actividad política”.

Un plan “ilícito” para perjudicar a Hacienda

Hacienda, según la acusación pública, dejó de ingresar 917.935 euros en el ejercicio 2005 como consecuencia de las “maniobras y deducciones fraudulentas empleadas por la Estación Inspección Técnica de Vehículos”, de la que Vegara era consejero delegado y apoderado general: 760.539 euros del impuesto de sociedades y otros 157.396 euros de IVA. La Fiscalía enmarca el presunto fraude en las supuestas facturas falsas por la compra de la empresa a un proveedor de 100.000 agendas publicitarias para deducir impuestos.

Además de las penas de prisión, la Fiscalía reclama para los cuatro acusados el pago, “conjunta y solidariamente”, de una multa de 629.587 euros por el supuesto fraude de IVA y otros 563.234 euros por el fraude en el impuesto de sociedades, además de indemnizar a Hacienda con 917.000 euros.

El escrito de acusación del Ministerio Público sostiene que Vegara y el resto de acusados, “movidos por la común intención de ocasionar perjuicio patrimonial a la Hacienda Pública, urdieron y orquestaron” un plan “ilícito” mediante un contrato para la compra de 100.000 agendas telefónicas publicitarias y la generación de facturas por esa adquisición, con el objetivo de crear unos gastos deducibles a favor de la ITV en el ejercicio de 2005 para el caso del impuesto de sociedades y unas cuotas de IVA “ficticias y falaces”.

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara (PP), se sentará en el banquillo de los acusados por un presunto fraude fiscal el próximo 22 de enero. La cita es en el Juzgado de lo Penal, tanto el día 22 como el 24 a las 9,30h. Esto será así si no se pospone el juicio después de que la defensa de Vegara haya pedido un aplazamiento por motivos de salud de su abogado.

La causa tiene que ver con su gestión de la ITV de la Vega Baja y la empresa Orikoffee. La Fiscalía pide una pena de siete años de cárcel por un presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil y dos delitos contra la Hacienda Pública por fraude de IVA y en el impuesto de sociedades. 

Hacienda, según el Ministerio Público, dejó de ingresar 917.935 euros en 2005 por las “maniobras y deducciones fraudulentas empleadas por la estación de Inspección Técnica de Vehículos”, de la que José Vegara era consejero delegado y apoderado general. El auto señala tanto a Vegara como a otros dos miembros del Consejo de Administración de Estación ITV, por aparentar reducir el beneficio de su actividad para que así se redujeran también las cuotas a ingresar tanto por el Impuesto de Sociedades como por el IVA del mismo ejercicio contable.

La Fiscalía señala al alcalde de Orihuela como “cooperador necesario” del supuesto delito de falsedad documental y “coautor material” de los dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública. Por estos dos últimos supuestos delitos contra la Agencia Tributaria, el Ministerio Público entiende pide dos penas conjuntas de siete años de prisión para los cuatro acusados y dos multas que suman 5.192.821 euros. Por otro lado también la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo y a la posibilidad de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

Este presunto caso de fraude fiscal estalló en los meses previos a las elecciones municipales de mayo de 2023, cuando Vegara encabezó por primera vez la candidatura del PP en Orihuela. En este contexto Pepe Vegara afirmó que sufría una “cacería” por lo que calificaba como “diferencias” entre su empresa y Hacienda. Un mes después el PP ganaba las elecciones y mantenía el gobierno de la localidad de la Vega Baja con un pacto con la extrema derecha de Vox.

Casi un año después, el pasado mes de marzo de 2024, la defensa de Vegara rechazó alcanzar un pacto con la Fiscalía. Ya entonces el primer edil ratificó en declaraciones a este periódico que es inocente y que no aceptará otra cosa que no sea la absolución de todos los que cargos que se le imputan.

Ribera Salud quiere construir un hospital privado en Orihuela. Para ello, ha pedido suelo público al Ayuntamiento y levantarlo en una zona de turismo de lujo de playa, y el alcalde de la ciudad alicantina, Pepe Vegara (PP), está por la labor.

La empresa sanitaria ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Orihuela la concesión demanial de una parcela de titularidad municipal para construir su hospital en la urbanización de costa ‘Lomas de Cabo Roig’, y explotar allí unas instalaciones que atiendan las necesidades sanitarias del turismo de esta localidad de la Vega Baja. Cabo Roig es una zona residencial exclusiva, con playas protegidas y campo de golf, situado además a treinta minutos del aeropuerto de Alicante.

El alcalde de Orihuela, acompañado de los concejales de Urbanismo, Sanidad y Costa, Matías Ruiz, Irene Celdrán y Manuel Mestre, respectivamente, ha explicado la propuesta que ha elegido Ribera Salud para levantar su hospital en una parcela dotacional de uso sanitario de aproximadamente 33.247 metros cuadrados.

Vegara ha valorado positivamente esta solicitud afirmando que su equipo de gobierno “continúa trabajando para que la costa de Orihuela cubra las carencias asistenciales sanitarias que se ven incrementadas en época estival y que provoca la saturación del Hospital de Torrevieja”. Además, añade que este nuevo hospital privado “viene a complementar la oferta pública que seguimos defendiendo”, señalando que “seguimos trabajando para que el segundo centro de salud en Orihuela Costa esté en marcha lo antes posible”.

Con todo, el alcalde afirma que el Ayuntamiento iniciará el proceso administrativo necesario “garantizando la transparencia y equidad y, finalmente, la licitación pública para asegurar la concurrencia y adjudicación”. Por su parte, el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, ha señalado que “si es viable para esta mercantil puede ser también viable para otras interesadas, incluso mejorando la propuesta”.

El ejecutivo liderado por Vegara afirma que con este proyecto “se va a complementar las necesidades sanitarias del litoral y del municipio, especialmente en Orihuela Costa, suponiendo la creación de más de 300 puestos de trabajo de manera directa y más de 1.000 de manera indirecta. Además de los ingresos que recibirá el Ayuntamiento mediante un canon”.

Añaden también que “este proyecto generará numerosos beneficios como la mejora de la capacidad asistencial, los tiempos de espera, atendiendo tanto a residentes como a turistas extranjeros que tienen pólizas con compañías privadas. Esto redundará en beneficio de la atención en la sanidad pública”.

Mercantiles, empresarios, lobistas y política. La empresa STV Gestión SL, con sede en Murcia y en la que trabajó José Manuel Cuenca, actual jefe de gabinete de Carlos Mazón, entre el 23 de noviembre de 2017 y el 31 de enero de 2023, disparó su negocio en la provincia de Alicante con el secretario autonómico como responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales.

José Manuel Cuenca, un conocido periodista deportivo de la cadena Cope en la capital alicantina, consiguió que la empresa a la que representaba metiera la cabeza con grandes contratos de servicios en municipios alicantinos gobernados por el PP y en la propia Diputación de Alicante, también en manos de los conservadores. Con el contrato de la institución provincial se forjó su amistad de hierro con Carlos Mazón, que se lo llevó como 'mano derecha' y responsable de su imagen mediática cuando ganó la Generalitat en mayo de 2023. Durante los cinco meses anteriores a las elecciones autonómicas, el periodista figuraba como asesor del grupo parlamentario popular en las Corts Valencianes. Ya con Cuenca y Mazón en el Palau de la Generalitat, STV Gestión SL ha conseguido contratos de emergencia, a dedo, para la reconstrucción de la DANA. La firma, según indicó el pasado 11 de noviembre, también ha estado “desde el primer día” después de la catastrófica DANA “trabajando en primera línea para apoyar a los municipios más afectados”.

STV Gestión SL, creada en 1993, tiene su domicilio social en Torre-Pacheco (Murcia). Entre su accionariado, según los datos consultados por elDiario.es en el Registro Mercantil, figuran nueve empresas: siete de Murcia, una de Orihuela (Alicante) y otra de Madrid. Entre ellas, la sociedad Bueno Martínez Patrimonio SL ostenta el 12,47 por ciento del accionariado de STV Gestión SL. Al frente de Bueno Martínez Patrimonio SL, creada en 2020, figuran Cristina Encarnación Martínez (administradora única) y José Bueno Galán (apoderado), hija y yerno de Santiago Martínez Esparza, empresario y expresidente del PP de San Javier, según el diario La Verdad.

El director general de STV Gestión SL desde hace más de dos décadas es Juan Alcántara Martínez. Pero el impulsor de la empresa y uno de sus primeros representantes legales ha sido su hermano José Alcántara Martínez, según los contratos en Murcia de 1993 en poder de elDiario.es.

José Alcántara, tras haber ejercido de administrador de la sociedad, desapareció de la gestión de la compañía según iba ampliando los negocios a la comarca de la Vega Baja y tras los problemas judiciales de uno de sus primeros socios alicantinos. Ese socio de Alcántara fue el policondenado en casos de corrupción Ángel Fenoll, sentenciado en el 'caso Brugal'. José Alcántara, aunque ya no aparece en la empresa, sigue siendo el “brazo político” en Orihuela. De hecho, ha manejado los hilos de la política municipal estas últimas dos décadas con el control total de partidos que reivindican la centralidad del espectro político: Centro Liberal Renovador y Ciudadanos.

Tanto ha sido el poder de Alcántara en Orihuela que los liberales han dado y quitado varas de mando en la capital de la Vega Baja, a derecha e izquierda, en los últimos 20 años. La última, en 2022 con la moción de censura que realizaron Ciudadanos y PSPV-PSOE (apoyada por Cambiemos Orihuela) contra el entonces alcalde del PP, Emilio Bascuñana, el edil conservador que estuvo cobrando si ir a trabajar durante seis años, como reveló elDiario.es en exclusiva en 2018.

La moción de censura, que aupó a la socialista Carolina Gracia como alcaldesa y con los liberales en el Gobierno, fue negociada por parte de Ciudadanos por el propio José Alcántara, quien convenció a la dirección nacional de la formación naranja de la idoneidad de la jugada para desalojar al PP en Orihuela, según fuentes conocedoras de la negociación.

El propio Alcántara, según ha podido confirmar este periódico, fue quien cerró las negociaciones con el secretario de Organización del PSPV-PSOE, José Muñoz. Un año después, en las elecciones municipales de 2023, el PP recuperó la alcaldía con el apoyo de Vox. Actualmente, María Luisa Boné, hijastra de José Alcántara, es concejal de Ciudadanos en Orihuela. Ni José Alcántara ni la empresa han contestado las llamadas de este diario.

Una firma accionista de STV Gestión, domiciliada en Orihuela

Una de las empresas que ostenta el accionariado de STV Gestión SL está domiciliada precisamente en Orihuela. Se trata de Numa Patrimonio SL, constituida en 2020 para gestión y administración de la propiedad inmobiliaria y que cuenta con un 12,47 por ciento de la propiedad de STV Gestión. Ángela Núñez Martínez figura como administradora única de la firma y María Ángeles Martínez Martínez como apoderada.

Pero, pese a la influencia en el Ciudadanos de Orihuela, con quien la firma STV Gestión está más conectada es con instituciones públicas controladas por el PP alicantino. Ha conseguido contratos en Finestrat, donde es alcalde el secretario general del PP, Juan Francisco Pérez Llorca, y más recientemente de la Generalitat, con José Manuel Cuenca en el corazón del Palau.

De hecho, STV Gestión ha obtenido un contrato de 230.615 euros adjudicado por la mercantil pública Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital, de la que Cuenca es consejero.

Además, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) adjudicó un contrato de emergencia por la DANA de 3,2 millones de euros a varios accionistas de STV Gestión SL.

En Orihuela, tu pueblo y el mío. Quién lo diría. Ha sido penoso el espectáculo de su Consistorio haciendo contorsionismos para acomodar la muerte de Miguel Hernández a los márgenes que ofrecen unos supuestos cálculos electorales. Y la Generalitat valenciana no le ha ido a la zaga. Aunque ha hecho el intento de desmarcarse, tampoco ha honrado la memoria del poeta. No se puede pedir reparación si se oculta que fue perseguido por defender a la Segunda República y condenado por tribunales militares sin ningún rigor jurídico.

En Valencia, como en otros lugares en los que se ha impuesto la lógica fascista, se ha optado por una ignominiosa Ley de Concordia, en la que no se condena a la dictadura franquista y se sustituye el mapa de fosas por una vaga alusión a las personas “desaparecidas”. Expresiones eufemísticas con las que se pretende borrar a las víctimas, eliminar sus huellas y despersonalizarlas. Un marco que acalla conciencias y que solo puede tranquilizar a los victimarios.

Hoy no hay ninguna duda de que los crímenes cometidos por el franquismo son crímenes de lesa humanidad que, por su propia naturaleza, son imprescriptibles, y eso afecta también a las sentencias judiciales, que no son otra cosa que normas particulares. La ley de memoria vigente en España se sitúa ya en esta línea, de manera que no deberíamos depender de la sensibilidad de según qué cargos públicos para anular esos juicios y sus consecuencias (pseudo)jurídicas. 

Parece que el derecho a la memoria y el deber de recordar no acaba de cuajar en este país. Hay una resistencia sólida y rocosa de la que Vox solo es un síntoma. Miedo congénito, indiferencia o relativismo que ha propiciado la apología del olvido, la amnesia social, las equidistancias, los encubrimientos y las diversas formas de “revisionismo” y “negacionismo” mediante las que se han justificado y negado el sinfín de atrocidades que hemos sufrido.

Reconstruir los hechos a partir de interpretaciones forzadas o medias verdades es, además, una forma de revictimización orientada a romper los lazos de las víctimas con su propia comunidad, debilitar la empatía que la gente pudiera sentir por ellas, desvirtuar su reclamo y desactivar su impacto social. Uno podría pensar que pretender algo semejante con la figura de Miguel Hernández es de una torpeza inaudita, pero se trata de demostrar que, si puede hacerse con alguien de fama mundial, de quien toda una nación se siente orgullosa, puede hacerse con miles de personas anónimas mucho más impunemente.

Hace unos meses, el Tribunal Supremo rechazó el “derecho al olvido” de Antonio Luis Baena Tocón, el secretario judicial que firmó la pena de muerte de Miguel Hernández, al concluir que debía primar el derecho a la libertad de información, expresión e investigación histórica. No existe el derecho al olvido por la sencilla razón de que es incompatible con el derecho a la verdad y el de la verdad es un derecho colectivo que toda una comunidad puede reclamar y que no prescribe nunca porque, entre otras cosas, es el que garantiza que nos identifiquemos con lo que somos. Parece mentira que quienes están más obsesionados con el ardor patriótico sean también nuestros más ardientes vende-patrias. 

Lo que las sociedades eligen recordar y olvidar, y el modo en que lo hacen, condiciona tanto sus opciones de futuro como la construcción de su identidad. Y no se trata de reivindicar más dosis de memoria sino de recordar “bien”; respondiendo a la injusticia objetiva y al sufrimiento subjetivo, incorporando la mirada de la víctima y de quienes tuvieron vínculos con ella. Tan importante es la verdad oficial como los elementos emocionales y evaluativos del relato. “Es hora de contar los pormenores de esta conmoción nacional antes de que lleguen los historiadores”, decía García Márquez en 'Los funerales de la Mamá Grande'. Es lógico que haya una desconfianza justificada en la historiografía construida al margen de las víctimas porque recordar exige poner voz donde había silencio y hacer hablar al dolor.

Sumar registró el pasado jueves una PNL en el Congreso en la que se pide una Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal a favor de Miguel Hernández y su familia, así como la anulación de los juicios, las sentencias y los sumarios arbitrarios e ilegítimos que le condenaron a muerte y conmutaron después su pena por la de 30 años de prisión. O sea, se pedía el simple cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática.

A Miguel Hernández se le dejó morir de tuberculosis, en la cárcel de Alicante, el 28 de marzo de 1942. La falta de asistencia médica no es solo una forma evidente de omisión de socorro, sino que, en este caso, además, constituye, como mínimo, un delito de homicidio con dolo eventual (suponiendo que no hubiera una intención expresa de matar, que ya es mucho suponer). En la red infernal X, donde se propician noticias falsas y falsos debates, una legión digital afeaba al Ministerio de Cultura que hablara del asesinato del poeta a manos del franquismo. Legión de cráneos privilegiados. Así nos va.

El Consell de Carlos Mazón ha aprobado una declaración institucional a través de la cual quiere “sumar su voz” a la petición de la familia del poeta oriolano Miguel Hernández para que el Gobierno de España anule los sumarios judiciales abiertos en su contra y se realice una declaración de reconocimiento y reparación personal en favor del poeta y su familia. Así mismo, la Generalitat insta al Ejecutivo central a que esta declaración tenga lugar en un acto institucional que se celebre “en el entorno más adecuado, preferiblemente el 30 de octubre, día de nacimiento de Miguel Hernández”.

Con este texto se quiere “reafirmar” el compromiso del Gobierno valenciano con la figura de este “poeta universal”, al tiempo que se “honra” a Miguel Hernández, “el poeta que desde su tierra natal elevó la voz por la libertad, la justicia y los derechos humanos, y cuyo legado nos compromete a seguir luchando por una sociedad más justa y digna”.

La declaración recuerda que el escritor alicantino “fue un firme defensor de la libertada”, “condenado a muerte”, una pena que le fue conmutada por la de 30 años de prisión (las sentencias se encuentran en los sumarios 21.001 y 4.407), donde murió enfermo de tuberculosis, concretamente en la cárcel de Alicante, el 28 de marzo de 1942. La solicitud para que la sentencia fuera anulada ya fue denegada en 2010 por el Tribunal Supremo y en 2013 por el Constitucional.

“Actualmente, lejos de la época de posguerra y en un estado democrático en que las libertades no deberían estar en riesgo, es preciso que aquellos sumarios sean revocados”, reza la declaración institucional, que ha sido aprobada en virtud de la controvertida 'Ley de Concordia' impulsada por PP y Vox pero que no hace referencia alguna al Golpe de Estado y a la dictadura de Franco.

“Horrible” condena del poeta

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha subrayado en declaraciones a los medios que es “fundamental” que la Generalitat Valenciana y el pleno del Consell “se sume a tantas voces para eliminar esa horrible condena que sufrió el poeta” Miguel Hernández.

El jefe del Consell ha explicado que esta reivindicación se incorporará a las peticiones que trasladará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que mantendrán este viernes en la Moncola, en la ronda abierta por Sánchez con todos los presidentes autonómicos.

Mazón ha resaltado que se trata de una petición “que hace Orihuela, que hace la Comunitat Valenciana, que hacemos los que amamos el legado de Miguel Hernández, los que hemos cuidado el legado de Miguel Hernández”.

Els tribunals d'Alacant han de repetir la sentència sobre el 'cas Brugal' de corrupció lligada al Partit Popular a Oriola però amb un canvi fonamental: les escoltes telefòniques que van fonamentar la investigació no es poden considerar nul·les. El Tribunal Suprem ha estimat el recurs de la Fiscalia i ha ordenat repetir la sentència, anul·lant la resolució que va absoldre 34 acusats per irregularitats en l'adjudicació del contracte de recollida de fem a la ciutat alacantina d'Oriola.

El cas va acabar en absolució després que l'Audiència d'Alacant determinara que les escoltes fetes a través del sistema SITEL van ser nul·les. El Suprem retrau ara que aquesta autenticitat “es va qüestionar de manera extemporània, sense que es practiquara una prova que desvirtuara la presumpció d'autenticitat dels enregistraments”. Entre els acusats hi havia els exalcaldes del PP Mónica Lorente i José Manuel Medina, així com l'empresari Ángel Fenoll, al qual la Fiscalia atribuïa la màxima responsabilitat. Lorente va protagonitzar el juny del 2022 la inauguració de la seu del PP juntament amb Carlos Mazón, actual president de la Generalitat.

L'Audiència d'Alacant va signar el 2020 l'absolució dels 34 encausats en una de les 17 peces separades que formen el 'cas Brugal' de corrupció a la província d'Alacant. En aquest cas, que gira al voltant de l'adjudicació irregular del contracte de recollida de fem per part del consistori d'Oriola, la Fiscalia va arribar a demanar fins a 12 anys de presó per a l'exalcalde pel PP, José Manuel Medina. Fins a 15 dels acusats van tindre al seu moment la condició d'autoritat o de funcionari públic, incloent-hi dos alcaldes i set regidors de la localitat.

L'absolució va arribar després que els jutges alacantins decretaren que la prova clau del cas era nul·la: les escoltes telefòniques als acusats. Començant pels enregistraments que l'empresari Fenoll va lliurar i seguint per les punxades telefòniques acordades per la Justícia ja el 2008, cosa que segons l'Audiència d'Alacant van vulnerar els drets fonamentals dels processats.

Ara és el Tribunal Suprem el que ordena repetir aquesta sentència però en un escenari diferent al donar validesa a les escoltes telefòniques. “Es declaren vàlides les intervencions telefòniques acordades a la causa des del seu origen i els registres que la sentència recorreguda va considerar nuls”, explica el Suprem. Els jutges de la Sala Penal no consideren que els polítics encausats “patiren indefensió”. No obstant, sí que es va vulnerar el dret de l'acusació pública a la tutela judicial efectiva en excloure aquests enregistraments del cas.

El judici no s'haurà de repetir i els acusats no hauran de tornar a la banqueta perquè el Suprem ha ordenat al mateix tribunal repetir la sentència. “És cert que ha transcorregut molt de temps”, reconeix el Suprem, però els enregistraments del judici i l'“abundant suport documental” ajudaran, diu, a pal·liar “els efectes del voltant”.

Los tribunales de Alicante tendrán que repetir la sentencia sobre el 'caso Brugal' de corrupción ligada al Partido Popular en Orihuela pero con un cambio fundamental: las escuchas telefónicas que cimentaron la investigación no pueden considerarse nulas. El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de la Fiscalía y ha ordenado repetir la sentencia, anulando la resolución que absolvió a 34 acusados por irregularidades en la adjudicación del contrato de recogida de basuras en la ciudad alicantina de Orihuela.

El caso terminó en absolución después de que la Audiencia de Alicante determinara que las escuchas hechas a través del sistema SITEL fueron nulas. El Supremo reprocha ahora que esta autenticidad “se cuestionó de manera extemporánea, sin que se practicara una prueba que desvirtuara la presunción de autenticidad de las grabaciones”. Entre los acusados estaban los exalcaldes del PP Mónica Lorente y José Manuel Medina, así como el empresario Ángel Fenoll, a quien la Fiscalía atribuía la máxima responsabilidad. Lorente protagonizó en junio de 2022 la inauguración de la sede del PP junto con Carlos Mazón, actual presidente de la Generalitat.

La Audiencia de Alicante firmó en 2020 la absolución de los 34 encausados en una de las 17 piezas separadas que forman el 'caso Brugal' de corrupción en la provincia de Alicante. En este caso, que gira en torno a la adjudicación irregular del contrato de recogida de basuras por parte del consistorio de Orihuela, la Fiscalía llegó a pedir hasta 12 años de cárcel para el exalcalde por el PP, José Manuel Medina. Hasta 15 de los acusados tuvieron en su momento la condición de autoridad o de funcionario público, incluyendo dos alcaldes y siete concejales de la localidad.

La absolución llegó después de que los jueces alicantinos decretaran que la prueba clave del caso era nula: las escuchas telefónicas a los acusados. Empezando por las grabaciones que el empresario Fenoll entregó y siguiendo por los pinchazos telefónicos acordados por la Justicia ya en 2008, lo que según la Audiencia de Alicante vulneraron los derechos fundamentales de los procesados.

Ahora es el Tribunal Supremo el que ordena repetir esta sentencia pero en un escenario distinto al dar validez a las escuchas telefónicas. “Se declaran válidas las intervenciones telefónicas acordadas en la causa desde su origen y los registros que la sentencia recurrida consideró nulos”, explica el Supremo. Los jueces de la Sala de lo Penal no consideran que los políticos encausados “sufrieran indefensión”. Sin embargo, sí se vulneró el derecho de la acusación pública a la tutela judicial efectiva al excluir estas grabaciones del caso.

El juicio no tendrá que repetirse y los acusados no tendrán que volver al banquillo porque el Supremo ha ordenado al mismo tribunal repetir la sentencia. “Es cierto que ha transcurrido mucho tiempo”, reconoce el Supremo, pero las grabaciones del juicio y el “abundante soporte documental” ayudarán, dice, a paliar “los efectos de la inmediación”.

Hablar de Miguel Hernández es hablar de literatura pero es también hablar de futuro. Porque su caso se ha convertido, en pleno siglo XXI, en un ejemplo perfecto de los debates sobre la libertad de información en Internet. El Tribunal Supremo acaba de rechazar una petición de los descendientes de Antonio Luis Baena Tocón, un secretario del Juzgado de Prensa donde es condenado Miguel Hernández. Una petición para que en Internet desaparezca toda la información en la que se cuente la responsabilidad histórica que tuvo Baena Tocón en la sentencia a muerte de Miguel Hernández. 

Conocemos la historia de la muerte de Miguel Hernández con el catedrático de Literatura Española en la Universidad de Alicante Juan Antonio Ríos Carratalá. Con el periodista de elDiario.es especializado en información de tribunales, Alberto Pozas, indagamos en la sentencia del Supremo que avala la veracidad e importancia histórica del proceso judicial del franquismo contra Miguel Hernández.

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La alcaldesa de Beniel, Mari Carmen Morales, ha firmado un convenio con Pedro José Gómez, autor del proyecto MeteOrihuela. Gracias a este acuerdo de colaboración, los vecinos del municipio podrán consultar los datos meteorológicos de manera concreta y precisa. También los registros históricos que se van almacenando automáticamente.

Para ello, se ha instalado una estación meteorológica profesional en la sede de Protección Civil Beniel. Este dispositivo se encargará de registrar en tiempo real variables como temperatura, humedad, velocidad del viento, radiación solar o nivel de precipitaciones, entre otros. Los datos y el histórico de anotaciones diarias se podrán consultar a través de internet y en la página web del Ayuntamiento.

Morales ha señalado que “con este servicio que ponemos en marcha apostamos por la ciencia y por el estudio de la evolución de nuestro clima, ante los posibles efectos el cambio climático”. Gracias a este acuerdo, el responsable de MeteOrihuela podrá emitir también informes meteorológicos periciales sobre eventos singulares que se produzcan en el municipio.

La cala Mosca de Orihuela (Alicante), el último espacio sin urbanizar de la fachada marítima de la localidad, está cada vez más cerca de llenarse de viviendas. La demarcación de Carreteras del Estado de la Comunitat Valenciana, además de la formación Cambiemos Orihuela, recurrieron el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP, que aprobó definitivamente, 2 de septiembre del 2021, la modificación parcial del Plan de Mejora del Sector D-1 'Alameda del Mar'. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha desestimado ambos recursos.

La entidad estatal emitió un informe desfavorable al proyecto de urbanización alegando deficiencias en el estudio del tráfico, no representar correctamente los planos las zonas de protección o no haber aportado las determinaciones necesarias para conseguir efectividad de las servidumbres acústicas.

La formación Cambiemos Orihuela, que también recurrió el acuerdo municipal, argumentaba que se había infringido el ordenamiento jurídico al carecer del informe favorable de la dirección general de Carreteras.

En paralelo, el Seprona de la Guardia Civil, durante la ejecución de las obras detectó la presencia de una especie vegetal protegida, por lo que el agente urbanizador, la mercantil Playa Salvaje SA, presentó un documento de ajuste de las parcelas (modificándolas por otras de uso dotaciones público compatible con su preservación) que obtuvo un informe favorable del Servicio Territorial de Medio Ambiente.

La sociedad promotora sostiene que las actuaciones del Seprona se llevaron a cabo cuando ya estaba iniciadas y ejecutadas en un 70% de superficie las obras de urbanización. Además, también arguye que la modificación “no altera el modelo territorial vigente” y que se mantiene “invariable el diseño del acceso” previsto a la carretera N-332 a través de una rotonda ya ya ejecutado e incluso en funcionamiento, que disminuye el volumen de tráfico. 

La Abogacía del Estado, por su parte, pedía la nulidad del acuerdo al considerar “preceptivo y vinculante” el informe de la Administración del Estado. Sin embargo, la sección primera de la Sala de lo Contencioso del TSJ-CV niega la mayor. Una sentencia, dictada el pasado 14 de noviembre y adelantada por El País, concluye que el instrumento urbanístico “no comporta afección alguna a la carretera”.

Incluso afirma que uno de los informes de la dirección general de Carreteras “falta a la certeza”. El TSJ-CV asegura que el acuerdo no introduce ningún elemento adicional. “Tampoco se ha producido ninguna modificación de los usos, ni del aprovechamiento objetivo del sector, sino redistribución para facilitar la dotación de espacios de protección a la especie vegetal hallada, ni modificación de la red viaria secundaria, que pudiera suponer un incremento de la densidad del tráfico, o incremento de las emisiones sonoras (...)”, afirma el fallo, que no es firme e impone 2.000 euros en costas a la Demarcación de Carreteras y 1.000 euros a Cambiemos Orihuela.

“No cabe pues, so pretexto de la aprobación de un instrumento de modificación puntual, que tiene por objeto la preservación de la especie vegetal protegida, revisar aquellos aspectos que quedaron aprobados y ejecutados bajo los instrumentos anteriores”, concluye la sentencia.

“Va a ser terrible”, según Cambiemos Orihuela

“Es una noticia bastante triste”, afirma Quique Montero, concejal de Cambiemos Orihuela. “Lo que hace”, agrega el edil, “es terminar con una de las últimas vías que teníamos para frenar” el proyecto urbanístico. La formación estudia recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo: “Seguimos pensando que esto es un error”.

Montero alude a las “consecuencias medioambientales”. “Va a ser terrible, es una pérdida irreparable para el municipio de Orihuela que va a perder una de sus playas más emblemáticas”, concluye.

Emilio Bascuñana, exalcalde popular de Orihuela (Alicante), está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. La titular del Juzgado de Instrucción 1 de Orihuela, según ha adelantado el diario Información, ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra el exprimer edil, procesado por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos tras haber cobrado de la Conselleria de Sanitat presuntamente sin haber acudido a trabajar. La resolución, del pasado 26 de octubre, pide para el exalcalde una fianza de 141.031 euros para hacer frente a la posible responsabilidad civil.

La Fiscalía Anticorrupción solicita tres años de prisión, seis años de inhabilitación absoluta y otros cinco años y medio más para desempeñar cargo o empleo público en organismos dependientes de la Generalitat Valenciana.

El alcalde de Orihuela, tal como desveló este periódico, estuvo seis años cobrando de asesor sin acudir a su puesto de trabajo en la dirección territorial de la Conselleria de Sanitat en Alicante (entre 2008 y 2014). La Fiscalía de Alicante concluyó que Bascuñana cometió un presunto delito de apropiación indebida, tras evaluar los informes internos de Sanidad que confirmaron que el alcalde del PP fue un asesor zombi. 

La imputación en la causa le costó el puesto de primer edil tras una moción de censura, en abril del 2022, en la que sus socios de Ciudadanos entregaron su cabeza.

Anticorrupción considera que Bascuñana “se enriqueció injustamente con cargo al erario público al recibir el importe de las retribuciones que le eran entregadas mensualmente por las supuestas actividades que realizaba, cantidades que fueron distraídas de su legítima finalidad al no ser aplicadas a ningún fin público”.

En la causa figura un informe pericial encargado a la Agencia Valenciana Antifraude que concluye que el exalcalde popular permaneció seis años cobrando como asesor de la dirección territorial de la Conselleria de Sanitat en Alicante sin acudir a trabajar. Todo ello, mientras mantenía la propiedad de una clínica privada.

Antifraude, en funciones de auxilio judicial, coincide con los informes internos de la Conselleria de Sanitat que señalaban que no queda rastro alguno del supuesto trabajo de asesoría de Bascuñana. 

Dos mujeres de 76 y de 54 años son posiblemente las última dos víctimas de asesinatos machistas en la Comunitat Valenciana, y que se han producido en menos de 24 horas.

El primer caso ha sido una mujer británica de 76 años edad puede ser la última víctima de un asesinato machista, ocurrido en Orihuela Costa. El caso está siendo investigado por la Guardia Civil. La mujer ha muerto en su domicilio a causa de las heridas de arma blanca infligidas presuntamente por su pareja, un hombre noruego de 82 años, que ya ha sido detenido.

La muerte se ha conocido después de que un amigo denunciara el presunto asesinato. La Guardia Civil ha comprobado los hechos e informado al juzgado de guardia.

El Instituto Armado también ha señalado que no constan antecedentes de denuncia por violencia de género.

El segundo caso se ha producido en la ciudad de Castelló de la Plana, donde una mujer de 54 años ha sido encontrada muerta en su domicilio, donde también se ha encontrado el cadáver de su marido, de 52 años, que presuntamente se habría ahorcado tras asesinar a su mujer. La Policía Nacional también está investigando este caso como un posible crimen de violencia de género, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

De confirmarse ambos crímenes como asesinatos por violencia de género, el número de mujeres asesinadas por esta causa ascendería a 46 en 2023 -cinco de ellas en la Comunitat Valenciana- y a 1.230 desde 2003, según ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.