En el complejo entramado de la seguridad jurídica personal existen dos herramientas fundamentales fácilmente confundibles para quienes no estén familiarizados con el ámbito y la terminología: el poder notarial y el testamento. A pesar de tener funciones muy dispares es importante comprender su utilidad.

“Son dos tipos de documentos que no tienen nada que ver entre sí, son muy diferentes en su utilidad y el uso que se les da”, asegura María Teresa Barea, portavoz nacional del Consejo General del Notariado, para quien la distinción es radical, ya que mientras uno permite que alguien actúe por nosotros en vida, el otro dicta nuestra voluntad para cuando hayamos fallecido.

“Un poder es una autorización que yo te doy a ti para que, en mi nombre, tú puedas hacer algo”, resume Barea, que destaca su flexibilidad como virtud ya que “puede ir desde lo más sencillo, como recoger un certificado académico en la universidad, hasta un poder general”.

Esta última modalidad permite al apoderado o persona que recibe el poder realizar casi cualquier gestión: comprar, vender, hacer gestiones bancarias o trámites administrativos. “Solo se quedan excluidos del poder general lo que se llaman actos personalísimos, como hacer testamento, casarse, divorciarse o votar en elecciones”, añade la notaria.

Las ventajas del poder notarial

La confianza es el pilar de esta escritura pública que permite que otra persona actúe en nombre de otra, recuerda Barea, que recomienda limitarlo a un círculo de máxima lealtad y confianza, “ya que los actos del apoderado vinculan legalmente a quien otorga el poder”. Una de las grandes ventajas que señala la experta es que “tiene vuelta atrás”, ya que se trata de un instrumento revocable ante notario.

Tradicionalmente, un poder se extingue con el fallecimiento de la persona que lo otorgó, “nadie puede actuar en mi nombre porque yo ya no estoy”, razona Barea, que apunta, sin embargo, que existe la cláusula de subsistencia en caso de discapacidad, si una persona pierde su capacidad de discernimiento.

“Justo en ese momento es cuando yo necesito más ayuda porque no puedo por mí mismo tomar una decisión o expresar una voluntad”, señala la notaria, que valora la utilidad de incluir esta cláusula para que el documento continúe siendo útil en este supuesto.

El valor de la última voluntad

Al contrario que el poder, el testamento no tiene ningún efecto mientras quien lo firma está vivo. “Sus efectos nacen cuando la persona muere, es un acto mortis causa”, aclara Barea. Por esta razón, explica, puede modificarse tantas veces como se quiera: “Si una persona ha hecho 27 testamentos, el número 27 es el que se va a aplicar cuando muera”.

La principal utilidad del testamento es facilitar la burocracia a los herederos y simplificar trámites, valora la notaria, que defiende que “no es una cuestión de edad o de gran patrimonio”. “En el testamento tengo, además, la oportunidad de elegir quiénes son mis herederos, haciendo uso de mi libertad, respetando siempre las líneas rojas que marca la ley, que son las legítimas, la parte del patrimonio que la ley me obliga a dejar a un hijo o un cónyuge, por ejemplo”, sintetiza la experta.

Por último, es pertinente también diferenciar la función del popularmente llamado testamento vital, pero cuyo nombre técnico es documento de instrucciones previas o voluntades anticipadas, dependiendo de la comunidad autónoma.

“Es un documento distinto, en el que yo doy instrucciones sobre los tratamientos médicos que quiero recibir o que no quiero recibir en el momento en el que se plantee una situación de enfermedad en la que yo no pueda expresarme por mí mismo”, aclara la notaria. En él se nombra quién queremos que haga de interlocutor con los médicos y se dan pautas sobre qué cuidados se quieren recibir o rechazar.

“El poder general también puede incluir o no alguna cláusula sobre la representación en el ámbito médico. En caso de que coincida con la que está nombrada en el testamento vital, no hay problema. Y si no coincide, tengo dos representantes. También podemos tener dados varios poderes generales, aunque no es lo habitual, pero todos los apoderados van a poder actuar de la manera en que yo lo determine con el poder que les otorgue”, puntualiza Barea, que recomienda acudir al notario para configurar estos documentos de forma personalizada.

Espaldarazo judicial de Sarah y Judith Andic, la dos hijas del fundador de Mango, a su hermano Jonathan. Las dos hermanas han negado este viernes ante la jueza de Martorell (Barcelona) que investiga al primogénito por el presunto homicidio de su padre que hubiera conflictos familiares por el reparto de la herencia, que anualmente se consensuaba entre los hijos y su progenitor.

Tras la declaración como testigos el pasado martes de la viuda del empresario, Estefania Knuth; la terapeuta de la familia, Julia L.; y los dos excursionistas que asistieron al primogénito minutos después de la caída de su padre en un sendero de la montaña de Montserrat el 14 de diciembre de 2024, la jueza Raquel Nieto ha tomado declaración este viernes a las dos hermanas de Jonathan, así como a un psiquiatra que le trató.

Según fuentes jurídicas, ambas hermanas han testificado que estaban involucradas y al corriente del reparto del patrimonio del hijo del fundador de Mango. Una vez al año, han relatado, se actualizaba el testamento, que servía para compensar las eventuales donaciones a alguno de los tres hijos.

La declaración de las hermanas sirve a la defensa para rebatir la tesis de la jueza, que sitúa la mala relación entre padre e hijo, la “obsesión” del primogénito por el dinero y el temor de que su padre cambiara el testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación de ayuda social como móviles del eventual homicidio.

La viuda del empresario dio un balón de oxígeno a la acusación al afirmar que el empresario fallecido había anunciado su intención de modificar su testamento para dejar parte de su patrimonio a una fundación con fines sociales. Las hijas de Andic han deshinchado este globo y han defendido que la intención de los tres hijos es seguir adelante con esos planes con finalidades sociales de su padre.

Sarah y Judith tampoco han apuntalado las sospechas de los investigadores sobre que la mala relación entre padre e hijo se debía a que Isak pretendía apartarlo del mando de Mango. Según las hermanas, Jonathan había acordado con su padre su salida como ejecutivo de la compañía, manteniendo eso sí su puesto en el consejo, para poder dedicarse a sus proyectos personales fuera de Mango.

Además de las hermanas Andic, ante la jueza de instrucción ha declarado un psiquiatra que trató los conflictos económicos entre Jonathan y su padre. Lo hizo, según ha contado, en una única sesión de terapia en la que se vio con ambos y también por separado. A sus pacientes les vio dispuestos a superar sus roces, ha indicado a la jueza.

El psiquiatra, que ha obtenido la dispensa del Colegio de Médicos para eximirle del secreto profesional y declarar, se ha mostrado en desacuerdo con la propuesta de la terapeuta que trató a la familia, quien instó al fundador de Mango a ceder en vida parte de su herencia al primogénito. Una vez finalizada su testifical de una hora, el psiquiatra ha entregado documentos y dispositivos al juzgado para su copia.

Tras las declaraciones, portavoces de la familia han emitido un comunicado en el que reiteran que, tras 18 meses y “sin haber tenido aún el necesario espacio de sosiego para procesar el duelo por la dolorosa muerte de su padre”, las hermanas mantienen su “absoluta convicción” en la inocencia de Jonathan y en que “la verdad acabará prevaleciendo”.

La magistrada de Vitoria Cristina Rodríguez Ruiz, conocida en el pasado por ser una de las instructoras de la procelosa investigación penal de las denuncias de filtraciones en las oposiones médicas de Osakidetza de 2018, ha desestimado la pretensión de los descencientes de una mujer fallecida en 1979, Eulalia Virginia Sáez de Ormijana, de anular la herencia por la cual la casa de la finada es ahora propiedad del Ayuntamiento. Doña Virginia, como era conocida, cedió Florida, 28 al hospicio municipal para fines sociales y, además, fijó como condición que se hicieran 108 misas anuales a perpetuidad en su memoria con cargo a las arcas públicas, extremo que no se ha cumplido.

Rodríguez Ruiz, titular de la plaza 3 de la sección civil del Tribunal de Instancia de Vitoria, dictó el 17 de junio un fallo desestimatorio de un pleito que ha adquirido cierta relevancia pública porque el Ayuntamiento lleva años intentando vender el inmueble para sus planes urbanísticos. Está ubicado en pleno centro de la capital. El último inquilino de los alquileres municipales, ante la amenaza de desahucio, rescató las voluntades de Doña Virginia y constató que había un incumplimiento flagrante de la petición clara y rotunda de que hubiera 108 misas anuales. Después, los descendientes de la propietaria se agruparon y entendieron que, si no se habían cumplido las condiciones que se fijaron, debería quedar anulada la tranmisión de la propiedad y debería regresar a la familia. Así lo solicitaron en los tribunales.

Argumenta la magistrada que hay que diferenciar en una herencia las condiciones que hacen que no se pueda firmar el cambio de titularidad de un bien, en este caso un inmueble, de las “cargas” que ha de asumir el nuevo propietario. “Abona esta tesis el hecho de que la obligación parece impuesta a perpetuidad, de manera que, si considerásemos que es una condición, el instituido nunca adquiriría la cualidad de heredero, puesto que nunca terminaría de cumplir la condición. Es por ello por lo que debe entenderse que la disposición testamentaria es una carga modal, una obligación que se impone al instituído heredero, y cuyo incumplimiento no conlleva que deje de ser heredero, sino que se podrá exigir su cumplimiento por los interesados”, expone Rodríguez Ruiz.

Abunda que ni siquiera habría que debatir si se hicieron o no algunas misas, como alegó en su día el Ayuntamiento para dar por buena su titularidad. O que se dispusiera en su momento una cantidad económica para comprar una suerte de bula para evitar la obligación. “El incumplimiento de la obligación de ofrecer misas no conlleva la consecuencia patrocinada por los codemandantes, esto es, la nulidad de la institución de heredero y la apertura de la sucesión intestada, ni tampoco su anulabilidad. Y ello con independencia de que se haya incumplido manifiestamente tal obligación, o se haya cumplido de forma defectuosa o parcial, elementos sobre los que no se entrará a debatir, dada su intrascendencia para el conocimiento del fondo de la cuestión. Tampoco afecta a la validez de la institución de heredero el hecho de que la demandada tuviera la intención de incumplir esa obligación impuesta, incluso antes de aceptar la herencia, quedando tal extremo dentro de su esfera ética privada, donde debe igualmente quedar la acción de los demandantes, intentando preservar la voluntad de la causante 40 años después de la apertura del testamento”, manifiesta la magistrada, dando a entender que los herederos han mostrado ahora un interés económico que nunca antes tuvieron.

El fallo analiza también la situación del último inquilino, pero lo hace cambiándole el nombre constantemente. La sentencia insiste en referirse a un “José Luis” en al menos cinco ocasiones a lo largo de la resolución, una persona inexistente. No es firme la sentencia y, por lo tanto, cabe recurso ante la Audiencia Provincial. Las partes perdedoras en primera instancia confirman a este periódico que mantendrán la batalla judicial por Florida, 28. El Ayuntamiento ha intentado alegar que el asunto estaba prescrito o que los demandantes no estarían legitimados para pleitear, pero la magistrada entiende que una “nulidad radical” de una herencia, que es lo que se discute, nunca prescribe y tampoco ve problema en que los herederos de Doña Virginia y el inquilino puedan recurrirlo, más allá de que no les dé la razón. Es más, les afea que nunca hasta ahora “han manifestado ninguna preocupación por la memoria espiritual de la causante”.

Maxi y Paola, de 46 años, ven la muerte de cerca todos los días. Son médicos. Y por su trabajo diario saben perfectamente que “nadie tiene firmada la vida eterna”.

Esta pareja afincada en Gran Canaria dedica buena parte de su tiempo a salvar a personas. A curarlas. Por eso creen que, mientras estén aquí, ya habrán “cumplido” con la humanidad, dicen entre risas. Después de la muerte, añaden, es otra historia.

“Los humanos ya tienen bastante. No están en peligro de extinción ni nada”, bromean antes de volver a soltar una carcajada. “Así que, en aquello en lo que no influimos, que es la naturaleza, está en nuestra mano devolver un poquito de todo lo que hemos utilizado y contaminado”.

Ambos han decidido firmar un testamento solidario en favor de la organización ecologista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en sus siglas en inglés). Lo hicieron hace años. Ante notario, dejaron establecido que una parte de su herencia se destinara al cuidado de sus mascotas (siete en total, cinco gatos y dos perros), que quedarían a cargo de la hermana de Maxi. Y el resto irá destinado a la mencionada ONG.

Ellos sienten que están en deuda con el planeta y quieren devolverle algo, en especial ahora, cuando atraviesa una crisis climática y de pérdida de biodiversidad provocada por la actividad humana.

“Siempre he pensado que nosotros, solo por existir, contaminamos. Tenemos un impacto. Y el sistema ya está hecho, así que es muy difícil volver atrás o cambiarlo todo. No podemos hacer eso. No está en nuestra mano. Pero sí podemos aportar un poquito y mitigar ese impacto”, asegura Paola. “No me interesa exactamente lo que se haga. Pero que sea útil, que sirva para algo bueno”, remacha.

Al principio impactó. Se encontraron con un fuerte rechazo en notarías locales, donde les juzgaron por hacer un testamento siendo tan jóvenes y por su decisión de no tener hijos. En una de ellas incluso les llegaron a decir que “esto no es una película yankee”, recuerdan.

Pero siguió impulsándoles la posibilidad de que su legado tuviera efectos tangibles en favor de la naturaleza. Según WWF, una donación de 6.000 euros permite recuperar una hectárea de bosque degradado; con 12.000 euros podrían retirarse doce toneladas de plástico de las playas; con 100.000, dotar de vehículos a equipos de vigilancia de especies amenazadas como el lince ibérico, el rinoceronte o el panda; y con 300.000, impulsar la creación de una reserva marina que garantice la pesca sostenible para las generaciones futuras.

A ellos les habría encantado formar parte del proceso de reintroducción del lince, que ha pasado de registrar menos de cien ejemplares a principios de siglo a contabilizar 2.630 en la actualidad. Pero quizá en el futuro llegue el turno de otros proyectos, como la recuperación del lobo o la restauración de bosques degradados. Les gusta pensar que, de alguna manera, contribuirán a ellos. Y que ya lo han dejado atado.

“Una compañera de trabajo falleció muy joven. Tenía animales, responsabilidades, y no dejó nada previsto sobre qué hacer con ellos. Ese fue el momento en que dijimos: vale, hay que hacerlo”, relata Maxi. “Ahora tenemos tranquilidad. Creo que esa es la palabra. Está todo en orden. Y, si nos vamos, aportamos un poquito a solucionar algo”, agrega Paola.

Los datos de WWF muestran que el número de peticiones de información para incluir a la organización en el testamento ha mantenido una tendencia al alza durante la última década. Tras registrar 382 solicitudes en 2016, las cifras volvieron a situarse en niveles elevados en 2024, con 313 peticiones. En 2025 se contabilizaron 118 consultas.

En total, más de 1.500 personas han contactado con la ONG para proteger la naturaleza con su legado. 199 ya lo hacen de manera activa. Canarias suma un total de 47 personas interesadas, el cuarto dato más elevado detrás de Madrid, con 237, Barcelona (133) y Alicante (54).

El perfil mayoritario de quienes firman un testamento solidario ha sido tradicionalmente el de una mujer adulta. Según WWF, el 59,5% de las personas que lo hacen son mujeres. Leyre Ayastuy, portavoz de Haz Testamento Solidario, explica que esto se alinea con otros estudios nacionales que muestran que las mujeres suelen implicarse más que los hombres en este tipo de causas.

Pero en los últimos años se observa una nueva tendencia: cada vez más jóvenes están mostrando interés por este tipo de legados vinculados a la protección del medio ambiente, en un contexto de creciente conciencia ecológica. La edad media de los testadores en WWF se sitúa ahora en los 54 años. El 61% de las personas interesadas tiene menos de 60 años. En Canarias, el 46,9% de los interesados es menor de 50 años. Incluso se ha registrado el caso de una persona de 24.

En Greenpeace confirman este patrón. “Es una señal de que algo está cambiando. Frente al cambio climático y a la pérdida de la biodiversidad necesitamos acción. Ya no se trata solo de actuar en el presente, sino de garantizar que esa acción continúe en el futuro. El testamento solidario es quizá la expresión más profunda y duradera de ese compromiso”, reflexiona Justine Huppert, responsable de Legados y Donaciones en Greenpeace España.

Ayastuy apunta también que el perfil más habitual de testador solidario ha sido el de una persona sin hijos, que al no contar con “herederos forzosos” dispone de mayor libertad para destinar su patrimonio. Sin embargo, en los últimos años ha crecido el número de personas casadas (y con hijos) que han descubierto que pueden recurrir al denominado “tercio de libre disposición”, la parte de la herencia (un 33,3%) que el testador puede dejar a quien quiera, incluso teniendo descendencia.

La suma de todas estas nuevas sensibilidades está generando un aluvión de peticiones de información. En Greenpeace detallan que el número se ha duplicado en el último lustro. El crecimiento en la base de personas interesadas en este tipo de legados, añaden, alcanza el 150%.

“La preocupación por nuestro planeta y su futuro crece. La crisis climática y la pérdida de biodiversidad ya no son conceptos lejanos, sino la realidad que respiramos, con episodios de calor más intensos, temperaturas récord del mar e inundaciones que muchas personas están viviendo en primera persona”, señala Huppert. “El testamento solidario se está normalizando como una forma de colaborar, una manera de seguir luchando por los valores y las causas que nos importan, aunque ya no estemos”.

Hacerlo es muy sencillo. Las fuentes explican que solo cuesta entre 40 y 80 euros, puede realizarse en cualquier notaría y es revocable. Ayastuy, portavoz de Haz Testamento Solidario, recuerda además que las ONG están exentas del impuesto de sucesiones y donaciones. Y que, en caso de recibir inmuebles u otros bienes, como joyas, las pondrían a la venta a precio de mercado para destinar lo recaudado a sus proyectos. 

WWF recibió en 2025 un total de 259.773 euros. En 2021 alcanzó su pico, con 610.600 euros. Las aportaciones varían cada año, pero la media anual se sitúa en torno a los 220.690 euros, mientras que la donación media por testamento es de 127.600 euros. Desde Greenpeace, por su parte, apuntan que el año pasado recibieron 347.000 euros en legados y herencia, lo que supone aproximadamente el 1,6% de su presupuesto anual. Agregan que la cifra “va creciendo, aunque puede variar”.

“Proteger los océanos y denunciar la destrucción de ecosistemas únicos como los que rodean a Canarias necesita financiación independiente y sostenida en el tiempo. El testamento solidario es precisamente eso: un gesto hacia el futuro del planeta que trasciende nuestra propia vida”, concluye Huppert.

En WWF, además, plantan un árbol en honor de cada persona que decide incluir a la organización en su testamento, con su nombre y apellidos, explica Bárbara Crespí, responsable de Herencias y Legados de la organización. “Lo hacemos en Montejo de la Vega, en Segovia, que fue la cuna de los campamentos de verano para gente joven que inició Félix Rodríguez de la Fuente”, el primer vicepresidente de WWF España, un naturalista español que defendía que la naturaleza es el mejor legado que podemos dejar.

La muerte en agosto de 2021 del empresario Ángel Luengo, fundador y propietario del grupo Samca, abrió una disputa por su milmillonaria herencia que sigue abierta. A finales de 2024, una jueza de Zaragoza dio la razón a los herederos designados por el empresario turolense, dos nietos suyos, frente a los demandantes, también parte de la familia. El recurso está ahora en manos de la Audiencia Provincial. Pero el debate va más allá del reparto económico: destacadas voces jurídicas creen “inconstitucional” el pacto sucesorio suscrito en 2010 entre Luengo y su esposa, Aurora Sanz, que la despojaba de toda capacidad para gestionar el legado en caso de que falleciera antes el marido, como así sucedió. A esto se suma un hecho posterior al fallo: el cambio de posición de uno de los demandados, ex alto cargo de Samca muy cercano al matrimonio, que ha pedido incorporar a la causa unos hechos que dan a entender que la voluntad de la mujer era distinta a lo que suscribió.

Desde mediados del siglo pasado, Ángel Luengo (La Hoz, Teruel, 1928-2021) fue levantando un imperio empresarial que, partiendo de la explotación de carbón en la comarca de las Cuencas Mineras, ha llegado a abarcar miles de hectáreas de cultivo –Samca es uno de los mayores perceptores de ayudas de la PAC a nivel nacional–, centenares de gigavatios hora anuales en plantas de renovables, producción de resinas, fertilizantes, cerámica, logística, construcción... y ahora también centros de datos. Año tras año, Luengo se situaba a la cabeza de los más ricos de Aragón solo detrás de los Balet-Aragüés (Saica). En la actualidad, el conglomerado factura más de 1.500 millones de euros al año y da empleo a unas 4.000 personas en más de una decena de países.

Pese a mantener en vida un perfil extremadamente discreto –sus apariciones públicas fueron muy contadas–, el nombre de Ángel Luengo era como es lógico muy conocido en la sociedad aragonesa. Todo lo contrario que el de su esposa, Aurora Sanz, con quien estaba unido en régimen de consorcio conyugal aragonés. Ambos tuvieron ocho hijos y 16 nietos. Ella fijó su residencia a mediados de los años noventa en Tudela y llevaba una vida ajena al frenesí empresarial de su marido.

Un polémico pacto sucesorio

El origen de la actual disputa se sitúa en el contrato sucesorio firmado por los dos cónyuges ante notario en 2010. Aquel documento destinaba la mayor parte de la herencia a dos nietos, Javier y Guillermo Luengo Egido. Disconformes, dos hijos (Ángel y Javier) y una nieta (Caroline) lo llevaron a los tribunales a finales de 2022. Como demandados figuraban igualmente los seis hermanos restantes, los otros 15 nietos y cinco directivos de Samca.

Pero ¿qué es el pacto sucesorio? Constituye una figura particular del derecho civil aragonés, presente en unas pocas comunidades más –con otras denominaciones– y prohibido en el derecho común, que surgió en el siglo XIV para garantizar en esa época la transmisión de la casa aragonesa. Se diferencia del testamento en que este es revocable libremente, mientras que el contrato sucesorio solo resulta modificable con el beneplácito de las dos partes. En el acuerdo suscrito por el matrimonio Luengo-Sanz se daba una particularidad: en caso de fallecimiento de ella (“premoriencia”), todos los bienes iban a él, pero en el supuesto contrario –que el marido muriera antes, como así sucedió– el patrimonio quedaría en manos de un “órgano colegiado”; a ella le quedaban “los frutos derivados de su derecho de usufructo, pero no el de administrar los indicados bienes”.

Para los demandantes, el contrato sucesorio vulneró derechos fundamentales de la viuda y constituyó un abuso de poder. Y no están solos. Según Altamira Gonzalo, jurista feminista y especializada en Derecho de Familia, el acuerdo “es claramente inconstitucional” porque “privó a una mujer casada del poder de disposición y administración sobre sus propios bienes”. “El contenido del pacto sucesorio –argumenta Gonzalo– es el paradigma de unas relaciones conyugales preconstitucionales y discriminatorias por razón de sexo”. En conversación con este periódico, la jurista valora que el hecho de que la mujer lo suscribiera no lo legitima. “Es un atropello, anula la plena capacidad para obrar de la mujer”, incide.

Altamira Gonzalo pone también el foco en el notario que autorizó la firma del contrato sucesorio: “Me rechina que valide un acto que no se ajusta a los derechos fundamentales de una persona: a la libertad, a la dignidad, a la igualdad”. “Es un tema llamado a llegar al Tribunal Constitucional –valora la jurista–. Hay que contar con que este asunto va a llevar todo el recorrido procesal”.

El Juzgado de Primera Instancia nº2 de Zaragoza sentenció en su día –con imposición de costas– en contra de los demandantes, dos hijos y una nieta del matrimonio Luengo-Sanz, y a favor de los demandados: los otros seis hijos, el resto de nietos y cinco directivos de Samca.

El “deterioro cognitivo” de Aurora Sanz

Respecto del contrato sucesorio, la jueza recoge en el fallo las manifestaciones del notario, Adolfo Calatayud, según las cuales Aurora Sanz “se fijó mucho en quién se nombraba como sucesores y estaba totalmente de acuerdo” con que, si fallecía antes su marido, la gestión de la empresa “fuera profesionalizada”. Pese a que los demandantes argumentaron que Aurora Sanz padecía ya un deterioro cognitivo que derivó posteriormente en alzhéimer, la jueza esgrime jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual la “carga de la prueba” recae sobre “el impugnante”, concreta que debe ser demostrada en el “momento mismo del otorgamiento” y vuelve a dar credibilidad al notario, que acreditó la “capacidad del testador”: frente a su valoración, recuerda la magistrada, debe haber pruebas “muy cumplidas y convincentes”. Y enumera varios informes médicos que inclinan su criterio hacia el 'favor testamenti', la “validez del testamento”.

En cuanto al posible vicio de consentimiento que plantean los demandantes, según el cual el pacto sucesorio supuso “una anulación de la autonomía de voluntad” de Aurora Sanz debido al “carácter fuerte” de Ángel Luengo, la jueza explica que “no se ha practicado prueba alguna” que lo demuestre. Y tampoco ve “dato alguno que permita determinar” que el contrato sucesorio “dejaba en situación de desigualdad” a la mujer.

Finalmente, en relación con unas grabaciones incorporadas como prueba entre la madre y uno de sus hijos, Javier, en las que ella manifestaba su incredulidad e “incluso” disconformidad con que el patrimonio no fuera a los ocho vástagos, la magistrada recalca en la sentencia que se “desconoce el contexto” de las conversaciones o si la “manifestación” de Aurora Sanz “era o no sincera”. “Es decir, dichas conversaciones no sirven para determinar, sin lugar a dudas, que doña Aurora tenía otra voluntad distinta de la expresada en el contrato sucesorio”, explica la juez, Belén Paniagua.

Todo ello llevó a la togada a desestimar las pretensiones de los demandantes, que recurrieron a la Audiencia Provincial de Zaragoza. Pero unos hechos posteriores pueden influir en la decisión del tribunal.

Un exdirector general cambia su versión

En noviembre de 2024, dos meses después del fallo, un exdirector general de Samca que formó parte de los demandados y que suscribió la tesis de la defensa, pese a no sumarse a la línea de actuación procesal del resto –decidió ir por libre–, presentó un escrito ante el Juzgado de Zaragoza en el que trasladaba cuestiones controvertidas. En primer lugar, aseguraba que su posición durante el juicio estuvo condicionada por el “acuerdo verbal” al que había llegado previamente con “los dos herederos” para su “salida” de la empresa; sin embargo, apenas unos días después de la sentencia –siempre según lo que asegura el exdirectivo de la compañía– se le habría comunicado que el acuerdo estaba roto. De hecho, venía a afirmar que los dos herederos reunieron en 2022 a los directivos de Samca demandados para dar instrucciones de cara a una respuesta procesal conjunta a través de un único despacho jurídico.

Una vez conocido el fallo y como respuesta a su frustrada indemnización, el exdirector general de Samca, que junto a su esposa había mantenido una relación muy estrecha a nivel personal con el matrimonio –llegaron a irse juntos de vacaciones–, argumentó en el escrito que Ángel Luengo había impuesto “su voluntad” a la de Aurora Sanz en el contrato sucesorio. A su vez, atribuía al empresario “una fuerte personalidad y un carácter autoritario”: “Consideraba que solo él era quien debía decidir el futuro de Samca”. Y manifestaba que en opinión de la mujer la herencia debía ir a parar a todos los hijos.

Por último, el exdirectivo pedía incorporar a la causa unas grabaciones telefónicas entre su esposa y una de las demandantes, Caroline Luengo, en las que la primera –muy unida a Aurora Sanz– expresaba las mismas ideas argumentadas por la acusación: que la mujer nunca llevaba “la contraria” a su marido “ni en los asuntos más cotidianos” y que lo que “deseaba de modo claro” es que los bienes fuesen “a parar a manos de sus hijos”.

En la apelación a la sentencia, la parte demandante insiste en pedir que se acepte como prueba unas conversaciones según las cuales se habría presuntamente presionado a testigos a favor de los demandantes y que determinarían que se impulso la voluntad del marido en el pacto sucesorio.

Contactada por este periódico, la parte demandada ha manifestado que “no hace ninguna valoración adicional sobre las acciones que hayan podido emprender otros actores ni sus planteamientos”. Además, se remite a la mencionada sentencia de septiembre de 2024, “que desestima íntegramente la demanda interpuesta por los demandantes, además de condenarles al pago de las costas”.

José Pedregal dejará su piso de 60 metros cuadrados, la plaza de garaje y el dinero que quede de su pensión a dos organizaciones sin ánimo de lucro para perpetuar su apoyo a las causas que más le representan. Jubilado de su puesto de celador sanitario, casado y sin hijos, hace dos años decidió hacer el testamento solidario para donar su patrimonio a Greenpeace España y a Médicos del Mundo. Las imágenes de los buques de la organización ecologista impidiendo a los arponeros japoneses capturar ballenas le empujaron a hacerse socio cuando la organización empezaba en España. “Me sentía un poco identificado con ellos, pero no tenía el valor para meterme en eso. Así que, por lo menos, iba a dar dinero para ayudarles. Y hasta la fecha”, explica por teléfono desde su casa en Valencia.

Tenía preparado un testamento ordinario a favor de su esposa cuando conoció esta opción a través de la revista para socios. Tras pensarlo durante un año, decidió modificarlo para que, en ausencia de su mujer, su herencia se repartiera a partes iguales entre las dos ONG. “Estoy en deuda con el planeta que me ha ofrecido tanto y yo a cambio no doy nada más que esto, dinero, para que otros hagan mi trabajo. No es mucho, pero me siento mejor que si no hiciera nada”, comenta José. Su mujer Ángeles, también socia de Greenpeace España desde sus inicios, no solo estaba de acuerdo, también fue al notario con su marido para modificar su testamento.

Las cifras más recientes indican que en 2024 se registraron en España 691.224 testamentos unipersonales abiertos, el tipo más habitual. En los últimos diez años, el número de registros ha aumentado un 13,4%. “Hay una mayor conciencia de los ciudadanos de que no solo facilita las cosas a nuestros familiares cuando llega el momento, además es un documento que nos permite hacer uso de nuestra libertad, aunque tengamos límites, para decidir qué hacer con nuestro patrimonio en el futuro. También tengo la sensación de que la gente que hace testamento es cada vez más joven”, explica María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado.

Se desconoce cuántos de estos testamentos son solidarios, pero la plataforma Haz Testamento Solidario, que reúne a 26 entidades no lucrativas humanitarias, médicas, infantiles y ambientales, sitúa en 54,4 millones de euros la recaudación de las organizaciones por esta vía en 2023, la última cifra disponible, lo que supone un incremento del 33% con respecto a 2022. A Leyre Ayastuy, portavoz de la plataforma, le gusta decir que “el testamento es un punto final y el solidario es un punto y seguido. O sea, que nada termina, todo continúa o incluso empieza. Cuando ya no estés, tu solidaridad puede seguir actuando”.

Frédérique R. también es testadora solidaria. Terapeuta canina, esta francesa de 62 años no tiene descendientes y ha nombrado como heredera universal de su “sencillo” piso en Castelldefels (Barcelona) a WWF España, la organización con la que colabora desde hace 40 años, primero en su país de origen y después aquí. “Para mí siempre ha sido fundamental la naturaleza. Si tienes familiares cercanos es lógico que quieras ayudarles. Yo no tengo esa conexión con los míos, pero he pensado que indirectamente, al cuidar del planeta, la biodiversidad… les estoy haciendo un regalo enorme. Porque si no hay un planeta saludable, da igual el dinero que tengamos en la cuenta”, confiesa por videollamada.

Los testamentos son revocables y sustituibles tantas veces como el testador necesite para adaptarlos a las circunstancias vitales que se vayan presentando. Frédérique lo modificó un año después de firmarlo para dejarle a su pareja, mayor que ella, el uso y disfrute vitalicio de la vivienda en caso de fallecer ella primero. Su pareja le dijo que no hacía falta, pero ella, “por amor” y por los 20 años que llevan compartiendo ese hogar, lo quiso cambiar.

Es un compromiso a largo plazo. Desde que la persona se informa de las distintas causas, hasta que pone por escrito su voluntad y ésta se transforma en ayuda directa para las entidades, pueden pasar muchos años. Por ley, y exceptuando las diferencias en las comunidades autónomas que se rigen por derechos forales, si el testador no tiene herederos puede donar la totalidad del patrimonio a las causas que desee y, si hay herederos forzosos, es decir, hijos y descendientes, padres y ascendientes, y viudo/a, es el tercio de libre disposición el que se suele donar a las ONG en su totalidad o asignando un legado: un bien concreto, una cuantía o un porcentaje.

María Teresa Barea, del Consejo General del Notariado, recomienda que la persona acuda a la notaría “con las intenciones claras y dispuesta a sentarse con el notario para acomodar esa voluntad a la ley”. El trámite cuesta unos 50 euros y “es el más barato, con una diferencia abismal en todo el entorno europeo y fuera de Europa, precisamente para que nadie se vea excluido de hacerlo por motivos económicos”, explica.

Buena parte de la labor de visibilizar y sensibilizar sobre esta forma de colaboración consiste “en romper tabúes”, como dice la responsable de Legados y Donaciones Medias en Greenpeace España, Justine Huppert. Por ejemplo, no hay que tener un gran patrimonio. Los testamentos solidarios están exentos de impuestos, de manera que la cantidad donada se recibe íntegra. “Por poco que sea, ya tiene un impacto”, señala Huppert. Tampoco es cierto que perjudique a los herederos, continúa. “Es compatible cuidar a los seres queridos –su parte legítima está respetada– y hacer una contribución, que, por otro lado, muchas veces es motivo de orgullo para ellos”. Por último, hay un tabú cultural en torno al tema de la muerte todavía presente.

Hace 20 años, cuando Leyre Ayastuy empezaba a plantear esta forma de financiación a las entidades sin ánimo de lucro, identificaba ese tabú en las propias organizaciones. Pero asegura que hablar del testamento solidario es reflexionar sobre “los valores que nos importan, decidir cómo quieres que se te recuerde”. Y añade: “Muchas veces es una forma de educar a los que nos siguen, no solo a los hijos sino incluso a los nietos, sobre la importancia de ese valor de solidaridad y esas causas”.

El efecto Félix Rodríguez de la Fuente

WWF y Greenpeace empezaron recibiendo testamentos de forma reactiva y hace casi diez años comenzaron a comunicarlo. La otra gran organización veterana, SEO/BirdLife, ofrece esta posibilidad a través de un colectivo de abogados con el que colabora, pero no cuenta con un departamento propio dedicado a ello.

Bárbara Crespí, gestora de Legados y Grandes Donaciones en WWF España, confirma que se va notando una tendencia al alza de este tipo de donaciones que atribuye a diferentes factores: “Hay una mayor concienciación ambiental y más indignación por el uso de la naturaleza como una despensa de recursos. Por otro lado, cada vez hay más personas que han disfrutado de la naturaleza cuando eran pequeñas a las que les preocupa el futuro que van a tener sus hijos. Cada vez hay más gente mayor que vive sola con animales y estos les hacen preocuparse por la naturaleza. Y otro factor es Félix Rodríguez de la Fuente, que metió la vida natural en las casas de los españoles. Muchos niños de entonces están haciendo ahora su testamento”.

El perfil mayoritario del testador de causas ambientales es mujer y soltera de entre 46 y 60 años implicada como donante o voluntaria en alguna causa. Sin embargo, Ayastuy lleva midiendo datos desde 2008 y reconoce que la representación por género “cada vez se va equilibrando más”. La diferencia entre los solteros sin hijos, que representaban el 80%, y las personas que sí los tienen también se acorta. El hecho de que la mayor parte de los testadores no tenga descendencia explica por qué la vivienda es la donación más frecuente junto con dinero, aunque también hay quien dona joyas u otros bienes. Las comunidades autónomas más solidarias en este sentido son Catalunya, Madrid, Andalucía y País Vasco.

Hay una mayor concienciación ambiental y más indignación por el uso de la naturaleza como una despensa de recursos. Por otro lado, cada vez hay más personas que han disfrutado de la naturaleza cuando eran pequeñas a las que les preocupa el futuro que van a tener sus hijos.

Bárbara Crespí — Gestora de Legados y Grandes Donaciones en WWF España

Crespí añade la particularidad de que el 20% de sus testadores son extranjeros. “Gran parte vive en Madrid o Barcelona y, en general, las personas del norte de Europa que vienen a vivir a España cuentan con una conciencia ambiental más arraigada y se enamoran tanto de la naturaleza sin fronteras como del entorno más próximo”.

En este momento, cuentan con 147 testamentos sin abrir y los 27 que sí se han abierto y que suponen un porcentaje muy modesto del presupuesto total de WWF España, en torno al 2%. En Greenpeace, Justine Huppert esboza una situación similar. La contribución al presupuesto de los ecologistas es muy variable, desde el millón de euros que recibieron en 2018 hasta cuantías inferiores a los 10.000 euros otros años. Asegura que toda forma de aportación –tanto las cuotas de los socios como los donativos puntuales o los testamentos solidarios– es muy importante porque “nos permite hacer campañas de manera totalmente independiente, eso nos da mucho poder”. Para Huppert, lo que diferencia a los testamentos solidarios es “el compromiso máximo con la causa de Greenpeace. Para nosotros, cada herencia y cada legado es un motivo de orgullo, gratitud y gran responsabilidad porque detrás hay una voluntad de hacer cumplir y estar a la altura de sus deseos”.

Desgravaciones

Aquí aún se trata de una tendencia incipiente, pero en otros países europeos, como Países Bajos, está experimentando un importante crecimiento. Reino Unido es donde este canal de financiación alcanza las cuotas más altas. En 2024, las ONG recibieron la cifra récord de 4.500 millones de libras (5.300 millones de euros) en testamentos solidarios. El 21% de los donantes a causas mayores de 40 años son además testadores solidarios.

Lucinda Frostick, directora de la plataforma Remember a Charity, que engloba a 200 entidades para ayudarlas a promocionar el mercado de los legados, explica que “el 80% de las donaciones son cuantías de unas 4.500 libras, el resto son porcentajes del patrimonio, con una media de 65.000 libras por donación”. Dos diferencias importantes con respecto al sistema español y que incentivan a los testadores británicos son la desgravación en el Impuesto de Sucesiones al donar al menos el 10% del patrimonio y el hecho de que los propios abogados informan sobre la existencia del testamento solidario cuando se va a tramitar la escritura. En España, puntualiza la portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea, “la misión del notario no es sugerir a quién dejar las cosas. La voluntad de la persona es sacrosanta”.

Las organizaciones médicas lideran el mercado británico de legados solidarios (38,6%) y la protección de animales es el segundo sector más apoyado (15,8%). “Lo que resulta muy interesante es que la conservación es una de las principales áreas de crecimiento de los últimos cinco años, en particular la protección ambiental. Aunque siempre haya un retraso entre decisión y formalización de esa ayuda, es fabuloso ver la variedad de causas reconocidas en organizaciones de distintos tamaños”, concluye Frostick.

Dar es tan antiguo como pedir. Leyre Ayastuy reflexiona sobre esto: “En España se llevan haciendo testamentos solidarios a la Iglesia toda la vida, lo que pasa es que no se llamaba así. La Iglesia tiene un captador en cada pueblo. ¿Por qué nos choca a las organizaciones que pidamos a nuestros fieles, que son la gente solidaria?”.

A Josep le diagnosticaron Parkinson cuando tenía 53 años. La medicación funcionó un tiempo, pero tal como le avisaron los médicos, un lustro después empezó a notar un empeoramiento rápido y un principio de demencia, una consecuencia habitual de esta enfermedad. Cuando ya llevaba casi una década en tratamiento, la cosa se agravó tanto que ingresó en un centro de día y recibió la incapacidad.

Entonces le dijo a su mujer Teresa que quería morir. Era 2020 y la ley de la eutanasia todavía no estaba aprobada, así que pensó seriamente en el suicidio. “Pero le daba mucho miedo equivocarse, que saliera mal y convertirse en una carga”, recuerda ahora su esposa. Acabaron decidiendo que esperaría a que la ley entrara en vigor para garantizarse una “muerte correcta y digna”.

Finalmente, la norma se estrenó el 25 de junio de 2021, hace ahora justo cuatro años. Por aquella época, Josep estaba con una medicación que le funcionaba y decidió quedarse un poco más, pero en 2024 vio que su tiempo de calidad había acabado. Y le dijo a Teresa que el momento había llegado.

Vivía en Osona, una comarca en la que solo se habían practicado dos eutanasias y ambas habían sido ambulatorias. Pero la de Josep iba a ser hospitalaria, porque antes de morir quería pasar por quirófano para donar sus órganos. Y nadie sabía qué pasos seguir a pesar de que ya habían pasado tres años de la aprobación de la ley. Entre eso y que cuando empezaron a tramitarlo era verano, el proceso duró más de tres meses, cuando la normativa explicita que el periodo máximo es de 30 días o 20 en el caso de enfermedad terminal.

El caso de Josep ejemplifica una de las principales quejas que tienen las entidades. Desde Derecho a Morir Dignamente (DMD) calculan que para tramitar una solicitud en España se tarda, de media, 49 días. “Cuatro años después, ¿Podemos decir que la eutanasia funciona? Pues depende”, asegura Fernando Marín, médico y vicepresidente de DMD.

A parte de los plazos, hay otras cifras que preocupan mucho a las entidades, como que se aprueben menos de la mitad de solicitudes o que el 15% de personas muera antes de que se pueda tramitar la petición. “Necesitamos que haya un protocolo de respuesta, un compromiso del Ministerio para formar a los profesionales, campañas informativas para la ciudadanía y ayudas para que los médicos puedan cumplir los plazos”, apunta Marín.

“Son profesionales con mucha carga de trabajo y ocuparse de una solicitud de eutanasia es algo que lleva tiempo. Si nadie les libera de sus obligaciones y nadie les forma debidamente, es normal que tarden”, añade Marín, quien asegura que lo que falla es la falta de voluntad política y que “en muy raras ocasiones” hay mala fe.

Los casos judicializados de Noelia y Francesc

El cuarto aniversario de la ley llega marcado por los casos judicializados de Noelia y Francesc que están viendo “atropellados sus derechos fundamentales”, según apunta Cristina Vallès, presidenta de DMD en Catalunya. Llevan esperando más de un año para poder morir a pesar de que siguieron al pie de la letra los pasos y requisitos que exige la ley.

Primero, transmitieron a sus médicos de cabecera que querían morir debido a un dolor insoportable y con pocos o ningún viso de mejorar. Después de ser debidamente informados de alternativas, ratificaron su voluntad con su facultativo, quien debió buscar a lo que se conoce como médico responsable, un profesional independiente que evalúa y da el visto bueno a la petición. Por último, el Comité de Garantías y Evaluación dio el sí definitivo.

A pesar de tener todas estas garantías, los padres de ambos solicitantes llevaron la eutanasia de sus hijos a los tribunales. La justicia ha dado la razón tanto a Noelia como a Francesc, pero sus familias han recurrido la decisión judicial. Eso supone que no podrán morir hasta que sus casos se cierren definitivamente.

El de Noelia está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y el de Francesc en las del Supremo. “Tienen margen para llegar hasta Europa, lo que supondría meses o años de retraso”, alerta Ramon Riu, jurista experto en derecho sanitario.

Desde las entidades se muestran muy seguros de que la justicia dará la razón a ambos, ya que tienen “más que acreditado su dolor grave e irreversible”. Lo que les preocupa es que estos procesos judiciales solo están pensados para “dilatar” la muerte de estas dos personas. “Su propia familia les obliga a vivir contra su voluntad. Es inhumano, degradante, equivalente a una tortura”, remacha Riu.

El experto en derecho sanitario no teme que estos casos generen jurisprudencia, pero sí le preocupa que algunas personas inicien el camino legal para evitar que sus familiares reciban la eutanasia y, en cambio, acaben muriendo como consecuencia -directa o indirecta- de sus enfermedades. Es por ello que desde DMD plantea la posbilidad de reformar la jurisdicción contenciosa administrativa.

En concreto, estudian pedir que el proceso para resolver los recursos sea especialmente abreviado, equivalente al que se aplica en casos de otros derechos fundamentales como el de manifestación. “Si cuando se prohíbe o se cambia el recorrido de una manifestación se debe resolver el recurso en 10 días, ¿por qué el caso de una eutanasia se puede dilatar más de un año?”, se pregunta Riu.

Falta de transparencia

Tanto Noelia como Francesc son de Catalunya y, a pesar de que su caso es “indecente”, las entidades admiten que son excepciones. De hecho, esta Comunidad Autónoma es donde más eutanasias se practican. Aun así, es una decisión muy “minoritaria” y todavía supone solo el 0,21% del total de las defunciones. Ahora bien, también es la región en la que las peticiones tardan más de media: 63 días, llegando a triplicar lo que dicta la ley.

Por otro lado Catalunya es referente en transparencia. Es de las pocas regiones que publica periódicamente los datos, tal como exige la norma. Hoy la mitad de las comunidades todavía no han compartido las cifras de 2024 y otras como Canarias y la Comunitat Valenciana siguen sin haber compartido las de 2023.

La falta de transparencia evita poder tener una “foto completa” de qué falla en la aplicación de la ley. Sin datos actualizados, las entidades detectan los problemas de la mano de los usuarios, que les alertan de los incumplimientos de plazos, de si hay una alta tasa de objetores de conciencia o de la falta de facultativos responsables.

Lucas, desde Andalucía, sufrió estos inconvenientes mientras ayudaba a su madre a gestionar su propia muerte. Contempló la eutanasia como una posibilidad desde que se empezó a tramitar la ley, ya que coincidió con un diagnóstico agresivo, degenerativo y sin cura. Cuando llegaron los dolores, que sabía que sólo harían que empeorar, se decidió y fue al médico. “Bueno, es que ahora me voy de vacaciones. Cuando vuelva lo hablamos”. Esa fue la respuesta que le dieron.

Era Navidad y a la vuelta de las fiestas, volvió a insistir. “¿No crees que es prematuro?”, le preguntaron a esa mujer que estaba obligada a tomar morfina a diario desde agosto. “Y tú, ¿no preferirías llevarla a una residencia antes que la eutanasia?”, le espetaron a Lucas. A pesar de esas respuestas, no cesaron y consiguieron que el médico de cabecera les aprobara la solicitud. Pero les quedaba el segundo visto bueno, el de los médicos responsables.

“Nos dijeron, simplemente, que la eutanasia era contra natura e iba contra la ley de la vida”, asegura ahora este joven, quien recuerda que los médicos responsables son voluntarios que deciden libremente apuntarse a una lista para evaluar peticiones. “Me pasé los últimos meses de vida de mi madre luchando por su muerte, no despidiéndome de ella, que es lo que habríamos querido”, lamenta ahora. El proceso fue largo y tedioso pero, finalmente, después de dos meses, su madre recibió una respuesta positiva.

“Fue un miércoles y el lunes ya estábamos en el hospital”, recuerda Lucas. Después de todo lo vivido, su madre temió que alguien se echara para atrás, así que tardó solo cuatro días en agendar su muerte, cuando la media es de entre dos y tres semanas. El final fue más abrupto de lo que hubiera querido su hijo, pero se muestra contento de que su madre consiguiera lo que quería. Asegura que “no hay mejor manera de entender el derecho a la muerte digna que estar ahí en el momento en que se van, cuando y como quieren, y sin dolor”.

Teresa coincide con Lucas. Su marido sí se planteó el momento de su muerte con calma. Le dio tiempo a editar un libro con las acuarelas que pintaba para entregárselo a sus seres queridos. Pudo despedirse de todos y cada uno de ellos e, incluso, fijo la fecha de tal manera que el entierro pudiera hacerse en fin de semana. “Nosotros teníamos el dolor dentro, pero él se fue con una sonrisa y en paz porque, por fin, pudo dejar de sufrir”, recuerda ahora.

Los animales de compañía se han convertido en parte integral de muchas familias. Por ello, es normal que queramos velar por su bienestar, dándoles la mejor alimentación y cuidados posibles. Si tienes gatos o perros en casa, es posible que te hayas preguntado qué ocurrirá con ellos el día que faltes. De acuerdo con una encuesta del portal Rover, el 94% de los dueños de peludos de cuatro patas consideran “importante” el bienestar de sus animales ante su ausencia.

Cuando se plantea la posibilidad de incluir en el testamento a un animal, es posible que se te pasen por la cabeza las extravagancias de algunas celebridades, capaces de dejar todos sus bienes materiales a sus compañeros peludos. Aunque más del 16% de las personas preguntadas en la citada encuesta preferirían dejar herencia a sus mascotas antes que a algunos miembros de su familia, en nuestro país esto no es posible. Pese a esto, sí que se les puede proteger dentro de este documento legal. Por ejemplo, existe la opción de designar un tutor legal o establecer que una parte de la herencia irá destinada a sus cuidados.

Pese a que muchas de estas personas que conviven con animales han pensado o mostrado interés por esta posibilidad, solo un 9% se ha asesorado con un abogado o notario sobre cómo incluir a sus perros y gatos en el testamento. De los que no lo han hecho, un 34% tienen intención de consultar con expertos en la materia. Esto refleja, en parte, que los recursos para proteger a nuestros perros y gatos tras nuestro fallecimiento son conocidos por pocos. Según la encuesta, el 63% de los testadores desconocen que es posible proteger a nuestros amigos de cuatro patas en el testamento.

Cómo proteger a tu perro o gato en el testamento

Como hemos comentado, existen numerosas formas de proteger a tu perro o gato en el testamento. El marco legal para proteger a nuestros peludos es relativamente reciente. La Ley 17/2021 supuso la modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la que se deja de considerar a las mascotas como bienes inmuebles, reconociéndolos como seres vivos dotados de sensibilidad. Esto, como hemos comentado, no les permite heredar, puesto que solo pueden recibir bienes las personas físicas y jurídicas. Pero sí que les otorga nuevas coberturas, como la designación de un tutor legal. También se puede establecer una cantidad económica para su manutención. Incluso, se puede asignar una especie de albacea, para garantizar que los fondos se utilicen adecuadamente y que el animal reciba el trato estipulado por el testador.

Esta es la opción favorita de los encuestados: designar quién asumirá la tutoría legal del animal de compañía, tras el fallecimiento del propietario. Una posibilidad por la que se inclina el 70% de los consultados, mientras que el 8% optaría por asignar esa responsabilidad a un tercero o una fundación. En esta línea, se puede donar una cantidad económica a una protectora de animales, con el fin de que cuide del animal en ausencia de su propietario.

Respecto a quién sería designado como el tutor legal de sus peludos, los encuestados depositan su confianza en su familia o círculo más cercanos. Un 45% de las personas preguntadas elegirían a su pareja, un 32% a sus hijos y un 14% a sus hermanos. Elijas a quien elijas, es muy importante que tengas en cuenta ciertos aspectos al hacerlo:

La falta de información sobre el testamento vital ha llevado a que muchas personas con enfermedades degenerativas terminales enfrenten procesos de muerte prolongados y dolorosos, tanto para el paciente como para los familiares. Este documento legal, también conocido como documento de voluntades anticipadas o instrucciones previas, permite a los pacientes expresar anticipadamente sus deseos respecto a tratamientos médicos en situaciones donde no tienen capacidad de decidir o de comunicarse.

Sin embargo, su desconocimiento y escasa implementación impiden que numerosos pacientes ejerzan su derecho a una muerte digna, por lo que se subraya la necesidad de una mayor difusión y educación sobre su importancia en la planificación anticipada de decisiones médicas. Este documento también puede incluir decisiones sobre la donación de órganos o el destino del cuerpo tras el fallecimiento.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad, se han registrado 561.517 declaraciones de instrucciones previas en el Sistema Nacional de Salud (SNS) hasta enero de 2025, cifras que suponen un incremento del 23,54 % respecto al año anterior. Además, las mujeres formalizan más instrucciones previas que los hombres, con 346.929 registros femeninos frente a 201.966 masculinos.

La distribución por comunidades autónomas muestra que Catalunya encabeza la lista con 157.989 registros, seguida de Madrid con 64.932 y el País Vasco con 61.827. En cuanto a la tasa de testamentos vitales por habitante, Navarra destaca con 32,5 registros por cada 1.000 personas, mientras que Ceuta y Melilla presentan las tasas más bajas, con 2,92 por cada 1.000 habitantes.

Por grupos de edad, las personas mayores de 65 años representan el 62% del total de registros, con 348.902 inscripciones. El grupo de 51 a 65 años cuenta con 150.633 registros. Es notable el aumento en las declaraciones entre jóvenes menores de 30 años, que ascienden a 6.682 inscripciones, destacando especialmente en Catalunya, donde se han registrado 62 declaraciones de menores de edad.

Procedimiento general

Existen tres formas principales de formalizar el testamento vital en España:

Es esencial inscribir el testamento vital en el registro de voluntades anticipadas de la comunidad autónoma correspondiente para garantizar su validez y accesibilidad por parte de los profesionales sanitarios.

Procedimientos por comunidad autónoma

Cada comunidad autónoma en España gestiona su propio registro de instrucciones previas, por lo que el procedimiento para formalizar este documento puede variar ligeramente según la región. Desde Derecho a Morir Dignamente (DMD) facilitan los procedimientos para otorgar el testamento vital dependiendo de la comunidad autónoma. A continuación, te detallamos las particularidades y enlaces a los registros de instrucciones previas de algunas comunidades:

El abuelo de Violeta desarrolló demencia cuando ella era apenas una preadolescente. “No le recuerdo lúcido”, dice. Eso le pone triste, pero a la vez le alivia no recordar el ocaso de su capacidad cognitiva, cuándo dejó de reconocerla y de comunicarse con nadie. Hace años que no se vale por sí mismo y necesita alguien a su lado las 24 horas. Los miembros de la familia se turnan para estar con él, le dan de comer y aguantan sus delirios, que normalmente se basan en balbuceos sin sentido.

Pero una tarde, estando Violeta con él, la miró y le dijo: “Me quiero morir. ¿Por qué no me puedo morir?”. Aquella frase le heló la sangre; había visto el declive de su abuelo, pero jamás se había planteado cómo estaba. “Como ya no era él, ni hablaba ni se movía, no había pensado que pudiera seguir ahí dentro, sufriendo”, explica.

En aquel momento se acababa de aprobar la ley de la eutanasia en España y empezó a investigar, pero su abuelo, al tener demencia y no estar en pleno uso de sus facultades, no podía solicitarla ya. Y Violeta se vino abajo. “Él quiere morir y, aunque hay una ley, no puede. Estuvo tan cerca de poder decidirlo... me parece muy cruel que tenga que estar atrapado en ese cuerpo”, asegura.

Esta joven empezó a darle vueltas y a informarse sobre las maneras que tiene alguien de decidir cómo morir. Y encontró el Documento de Voluntades Anticipadas (DVA) o Testamento Vital. Se trata de una herramienta para especificar preferencias médicas como, por ejemplo, ser desconectado si se llega a un punto en que la supervivencia depende de un respirador, recibir o no tratamientos experimentales o medicamentos paliativos y determinar en qué casos se quiere recurrir a la eutanasia.

De esta manera, aunque el paciente haya desarrollado alguna enfermedad o haya tenido cualquier accidente que le impida estar en pleno uso de sus facultades, su voluntad ha quedado por escrito y deberá ser respetada. Cuando Violeta descubrió esa posibilidad, en seguida se animó a hacerlo para ella misma, para no encontrarse “jamás” en la misma situación que su abuelo. “Da mucha impresión, porque de alguna manera es como firmar una especie de sentencia de muerte para ti misma. Pero duermo mucho más tranquila”, asegura.

Esta joven apenas tiene 31 años y es una de las 34.600 personas que en 2024 firmaron el Testamento Vital en Catalunya. El pasado año hubo un verdadero ‘boom’ de altas debido a una modificación en la ley 2/2024, que es la que regula los derechos de los pacientes y que facilita formalizar el DVA. Hasta entonces, se necesitaba recurrir a un notario -con un coste de entre 50 y 100 euros- o contar con tres testimonios que no podían ser familiares directos. Pero ahora basta con pedir cita con el médico de cabecera y entregarle el documento.

El cambio se ha traducido en que en 2024 hubiera un 60% más de altas que el año anterior. Otra cifra que llama la atención es que dos de cada diez personas que han dado el paso tienen menos de 60 años. Tras este auge, Catalunya se ha situado como la tercera comunidad autónoma con más porcentaje de Testamentos Vitales, por detrás de Navarra, el País Vasco y La Rioja. Pero todavía es una decisión muy residual: ninguna de estas cuatro regiones supera el 4% de población.

“Estas cifras muestran que la modificación de la ley era absolutamente necesaria”, asegura Cristina Vallès, presidenta de Derecho a Morir Dignamente (DMD) en Catalunya, organización que promovió la iniciativa para que el Govern cambiara la norma. Explican que la mayoría de personas que han recurrido al Testamento Vital son ancianos o pacientes con enfermedades terminales, gente que, a menudo, carecía de red para juntar a tres testimonios o de dinero para pagar a un notario. “Ahora pueden hacerlo con mucha más tranquilidad”, añade.

Estas facilidades han provocado también que personas jóvenes se animen a dar el paso. “Es lo que tendría que ser, es un documento pensado para hacerse en salud”, recalca Vallès. Eso es precisamente lo que pensó Anna. Ella tenía claro que quería hacerlo, pero iba dejando pasar el tiempo. “Era un follón, pero ahora que es tan fácil, he dado el paso” explica.

Sus motivos, a pesar de tener 32 años y estar “perfectamente sana”, son que está en contacto permanente con la enfermedad. Por un lado, ella es voluntaria de DMD. Por el otro está su pareja, que trabaja en un hospital y cada día ve personas a las que “les aguantan la vida innecesariamente. Si no tienes un testamento vital, pues suerte”, asegura. “Aunque tu familia sepa qué defiendes y qué prefieres, si no lo pones por escrito, las palabras se las lleva el viento”.

Anna habló con su pareja y se decidieron a rellenar el documento juntas. Se sentaron y se descargaron el modelo de formulario que proporciona DMD -el Departament de Salud también tiene uno- y se asomaron a hablar sobre su propia muerte. “Es una experiencia agobiante, aunque lo tengas claro”, asegura. El formulario es de un formato muy simple y solo requiere marcar unas casillas. Pero lo fácil de las formas se contrapone con la profundidad de las preguntas.

En apenas dos páginas, quienes lo rellenan se enfrentan a decidir en qué supuestos quieren o no alargar su vida con medicamentos o apoyo mecánico. También tienen que plantearse cuándo, dónde y con quién recibir la eutanasia y si quieren, por ejemplo, que lo decidido anteriormente quede anulado en el caso de estar embarazadas. “Son muchas cosas que nunca te habías planteado. Y, aunque nosotras lo tenemos claro, fue inevitable que nos pusiéramos a llorar como dos tontas”, relata Anna.

El miedo a “ser una carga”

La mayoría de personas que firman el Testamento Vital hablan del impacto de decidir sobre la propia muerte durante la juventud, cuando -en principio- el final todavía debería estar lejos. Pero Daniela lo enfoca diferente; ella asegura que no se trata de decidir cómo morir sino cómo vivir. “Mi vida no me vale si no es con unas condiciones mínimas”, sentencia. Y esas condiciones pasan por ser consciente y autosuficiente. “Creo que nos estamos pasando un poco alargando la vida cuando es innecesario”, asegura.

Esa postura, que ha sido muy ponderada, no se basa tanto en lo que ella misma pueda estar sintiendo o sufriendo (“no sé hasta qué punto te enteras de nada siendo un vegetal”), sino por lo que supone para los demás cuidar de alguien totalmente dependiente. Daniela es de esas personas que lleva años rumiando y coqueteando con el DVA, pero no daba el paso. Todo cambió hace poco, cuando vivió la muerte de una persona muy cercana, de apenas 50 años.

Le diagnosticaron un tumor cerebral muy agresivo y empezó a poner en orden sus asuntos, a toda prisa. Entre otras cosas, quería alistar sus Voluntades Anticipadas y un testamento, pero no le dio tiempo. Esta es una situación que sufren muchas de las personas que empiezan los trámites para decidir sobre su propia muerte. De hecho, según datos recientes del Departament de Salud, casi la mitad de pacientes que solicita la eutanasia acaba falleciendo antes de poder llevarla a cabo, con el sufrimiento y los dolores que ello comporta.

Según alertan desde DMD, mucha gente empieza los trámites cuando ya es tarde, cuando el malestar empieza a ser demasiado. Por eso, el amigo de Daniela se puso manos a la obra en cuanto tuvo un diagnóstico. “Quería dejarlo por escrito porque él tenía claro cómo quería que fuera su final. Porque, de haber aguantado más, lo que se le venía encima era muy heavy”, asegura.

Toda esa situación hizo reflexionar profundamente a Daniela sobre qué quiere ella. Reconoce que todavía tiene muchas dudas, pero lo que sí tiene claro es que no quiere ser “una carga para nadie ni para el sistema”.

Y es que según estudios recientes, la asistencia de los pacientes terminales (que suponen cerca de un 20% del total) equivale al 80% del gasto médico en España. Es más, según la OMS, el 70% de lo que cuesta una persona médicamente se dedica a los últimos seis meses de su vida. Ahorrar este gasto a la sanidad pública es uno de los argumentos repetidos entre quienes han firmado su DVA. Ese, y el de ahorrar sufrimiento a sus seres queridos.

Para los jóvenes que se deciden, a menudo, la experiencia vivida con abuelos y abuelas es determinante, como le pasó a Violeta y también a Rubén. Él tiene 37 años y todavía recuerda lo mal que se sentía cuando su abuela vivía con ellos. “No podíamos estar todas las horas que queríamos con él”, cuenta.

El trabajo, los estudios y la necesidad de descansar es una losa que, a menudo, hace pensar que no se hace lo suficiente. “No solo sufre la persona enferma; también su entorno, que se carga con todos los cuidados”, asegura. Es por eso que se animó a firmar un Testamento Vital y, además, habló con sus padres para que ellos también lo hicieran.

En el caso de Rubén fue fácil comunicarlo a la familia, pero hay muchas personas que tienen más dificultades para hacer entender su decisión. De hecho, muchos de los que firman el Testamento Vital reconocen que la parte más complicada es decidir quién será su persona de referencia (el encargado de asegurarse de que se cumple la voluntad del paciente en casos en que pueda haber dudas). “La gracia de este documento es que haya pocas circunstancias en que tengan que decidir nada, pero es importante tener claro que esa persona pueda mantener la cabeza clara y respetar tus decisiones”, asegura Júlia.

Ella tiene 28 años y ha escogido a su prima, porque sabe que sus padres y hermana ven este asunto de manera distinta a ella. Además, reconoce que siempre es “difícil tomar estas decisiones sobre la vida de alguien muy cercano. Decirle a mis padres que quiero que me desenchufen sería muy doloroso para ellos”, asegura.

“A la gente le cuesta mucho hablar de este tema. Y yo creo que tengo una visión especial de la muerte: no tengo problema en morirme cuando tenga que pasar”, explica esta joven. Reconoce que leer y rellenar el documento fue “duro”, pero también revelador. “No escoges cuándo ni de qué te mueres, pero la eutanasia es una manera de decidir cómo quieres morir y, sobre todo, cómo quieres vivir. Es bonito tener esta opción”.

Esa postura la comparten todas las personas que se decantan por el Testamento Vital. Se han imaginado cómo quieren que sean sus últimos días en vida, pero en ningún caso la imagen es triste. Por ejemplo, Anna quiere acabar por todo lo alto: “Yo, cuando tenga una edad y empiece a estar mal de salud, cuando no tenga más ganas de vivir, quiero hacer una fiesta y despedirme de los míos antes de empezar a ser una carga. Decir adiós mientras todavía sea yo misma”.

“Hay que prepararnos con convicción y con una sonrisa para lo que es inevitable”. Se refería así a la muerte el director Costa-Gavras durante la presentación de la película Le dernier soufflé (El último suspiro) en la reciente edición del Festival de Cine de San Sebastián. El nonagenario director pidió valentía política para facilitar la muerte. Allí estaba también el autor del libro en el que se basa este filme, Claude Granger, que afirmó no coincidir en absoluto con Gavras. Representaban las dos posiciones más generalizadas en nuestra sociedad sobre el abordaje de la muerte al final de la vida, cuya preocupación parece estar en aumento. La película se estrenará a principios de 2025 y recoge las reflexiones de un médico especialista en cuidados paliativos y un escritor.

Aunque construir una nueva cultura del final de la vida tiene un difícil abordaje, es uno de los objetivos de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), la gran impulsora de la aprobación de la Ley de Eutanasia en España hace tres años. El trabajo de sensibilización que desarrolla, lo realiza con equipos de activistas como Blanca Calvo (Villanueva de los Caballeros, 1948), directora de la Biblioteca pública de Guadalajara durante 32 años y muy conocida en la región por sus facetas cultural y política. Hablamos con ella en las horas previas a una jornada organizada en Guadalajara con motivo de los 40 años que cumple la asociación

“Llega un momento en que tienes que pensar en tu propia muerte y me he ido reafirmando en la idea, al ver morir a personas cercanas cuyos últimos momentos no han sido tan agradables como podrían haber sido. Animo a la gente a que sea libre hasta al final, es algo bonito, y eres libre de verdad cuando puedes elegir las cosas fundamentales de tu vida”. Se refiere así a la Declaración de Voluntades Anticipadas que es como se llama en Castilla-La mancha el Testamento Vital: la manifestación escrita de las instrucciones para la asistencia sanitaria que la persona desea recibir en situaciones que le impidan comunicar personalmente su voluntad, o sobre el destino de su cuerpo y sus órganos, una vez fallecida.

Llega un momento en que tienes que pensar en tu propia muerte y me he ido reafirmando en la idea, al ver morir a personas cercanas cuyos últimos momentos no han sido tan agradables como podrían haber sido. Animo a la gente a que sea libre hasta al final

Con satisfacción, esta activista, repasa las cuatro décadas que DMD ha hecho en España. “Creo que hemos llegado bastante lejos. Sin esta asociación hoy no tendríamos una ley de eutanasia y somos uno de los pocos países europeos que la tiene. Ahora estamos trabajando porque la ley se administre bien en todos los territorios porque hay comunidades que creen más que otras en los derechos al final de la vida. Navarra es nuestro modelo”, asegura, porque dice quue es allí donde hay más testamentos vitales, más formación y más conocimiento. “Nuestra asociación allí ha conseguido, en muchas ocasiones, reducir los plazos y ahí es donde nos tenemos que mirar”, añade.

Recuerda cómo las encuestas entre la población española, previas a la aprobación de la ley, eran mayoritariamente favorables y sin embargo a los poderes públicos les daba miedo afrontar ese tema. “También nos preocupa que el testamento vital sea mucho más conocido”.

Normalizar hablar de la muerte y pensar en ella

Una jornada hace unos días en el Palacio del Infantado de Gualajara proponía hacer una llamada de atención social para que el tema de la muerte entre en nuestras vidas con normalidad y sin tragedia. “Estamos tan preocupados por el día a día que no pensamos en cómo pueden ser nuestros últimos momentos, pero aconsejo a todos que pensemos y hablemos de nuestra propia muerte porque es bastante curativo”.

“Una amiga italiana me dijo una vez: últimamente cuando voy a algún funeral me vuelvo a casa pensando que algún día seré yo la que esté allí y serán otros los que vuelvan a su casa. No he podido olvidarlo porque esa evidencia tan clara la tenemos que asumir”.

Habla de la labor de la asociación. “En los talleres que impartimos, mucha gente tiene hecho el testamento ante notario porque le preocupa cómo van a quedar sus bienes y heredar sus hijos, pero no se plantea el testamento vital que es mucho más importante porque te afecta de una manera más íntima. Es una contradicción muy grande y creo que hay que luchar contra ella”.

La asociación hace un llamamiento a las instituciones para profundizar en los derechos que nos asisten al final de la vida y es necesario que aumenten los testamentos vitales en Castilla-La Mancha. “Estamos a la cola en número de registrados. Solo tenemos por detrás a Ceuta y Melilla, Extremadura y Murcia. Estamos muy lejos de Navarra que tiene 26 por mil de la población. Nuestra región solo el cinco por mil, aunque es muy fácil hacerlo. Solo hay que romper una cierta inercia a ignorar la muerte”.

Mucha gente tiene hecho el testamento ante notario porque le preocupa cómo van a quedar sus bienes y heredar sus hijos, pero no se plantea el testamento vital que es mucho más importante porque te afecta de una manera más íntima.

Se echan en falta más campañas de información, dice, “pero en nuestra región se van ampliando los puntos para registrar la Declaración de Voluntades Anticipadas y la Administración no ha puesto demasiadas dificultades. Ahora se puede hacer en muchos centros de salud y se ha formado a profesionales, mayoritariamente mujeres, que son las que la recogen. Cuantos más seamos más podemos pedir, de ahí la importancia del activismo”

La eutanasia y otros derechos en los que DMD cree que hay que avanzar

Preguntada por la situación actual del derecho a la eutanasia en Castilla-La Mancha, Blanca Calvo dice que “afortunadamente está bastante normalizado y funciona bastante bien”.

Según los datos facilitados por el Gobierno regional a elDiarioclm.es, la Comisión de Evaluación de la eutanasia ha analizado 80 peticiones desde su creación. “Mucha gente ha quedado por el camino y hay que mejorar los plazos. Esperamos a pedirla muchísimo, reflexiona, y lo hacemos tal vez con demasiado poco tiempo. En algunas comunidades sí se obstaculiza. Se ponen muchas trabas. El doctor Luis Montes decía que si mueres bien o mal, depende de tu médico. Le recuerdo mucho. Ahora depende de la comunidad autónoma en la que vivas”. 

La eutanasia es algo que solo puede pedir uno mismo. “Si a mí me pasara algo sin el testamento vital, no se me aplicaría la eutanasia. Por mucho que mis hijos lo sepan y yo se lo haya dicho mil veces, no podrían convencer a nadie. Desde que la ley existe es mucho más importante tenerlo hecho”.

El desafío: conseguir más socios en Castilla La mancha

Lo que si lamenta es que, aunque la asociación es federal y tiene representación autonómica en algunas comunidades, Castilla-La Mancha, con 109 socios, es una de las autonomías en las que la DMD tiene menos desarrollo. Solo funcionan grupos en Ciudad Real y Guadalajara, la que más socios tiene. El desafío es lograr una estructura más fuerte y que aparezcan grupos en otras provincias.

“La mejor forma de colaborar con la asociación es inscribirse -dice- porque para preservar nuestra independencia no tenemos ayudas públicas. Como solo nos nutrimos de las cuotas de los socios, cuantos más haya más fuertes seremos. Es muy fácil a través del formulario que se encuentra en la web de DMD”. 

Ahora la asociación está estudiando la relación de la enfermedad mental y la eutanasia y el suicidio por vida cumplida. Considera que el suicidio lúcido de personas mayores debe entenderse en sentido positivo, como una expresión de libertad de personas que no se resignan a soportar lo que para ellas es una pérdida de dignidad. “Puede ser que ya hayas cumplido tus deseos -dice Blanca- y quieras despedirte tranquilamente, pero es un tema que exige bastante reflexión y en ello estamos”.

Según los datos de la Consejería de Sanidad, desde que nuestra región puso en marcha el Registro de Voluntades Anticipadas en 2006, más de 11.500 castellanomanchegos han realizado y registrado sus ‘voluntades anticipadas’. En el primer semestre de 2024 se registraron 1.112 declaraciones.

De las personas inscritas, más del 63 por ciento han manifestado su deseo de donar y aproximadamente el 67 por ciento desean que, en los supuestos reconocidos por la ley, se les aplique la prestación de eutanasia.

Más de 2.000 cántabros han gestionado con la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria la realización de su testamento vital en lo que va de año, hasta octubre, lo que supone un 60% más que las solicitudes tramitadas en todo el año 2023. Concretamente, ascienden a 2.007 los cántabros que han tramitado en la Consejería el Documento de Voluntades Previas, más conocido como Testamento Vital, que sigue incrementado cada año su demanda, según ha informado en un comunicado el Gobierno de Cantabria.

De hecho, esta cifra supera de forma significativa a la registrada el año pasado, en el que se gestionaron un total de 1.255 voluntades previas, 907 de ellas de mujeres y el resto, 450, de varones. Sin embargo, a fecha de 31 de octubre de 2024, ya son 1.343 las mujeres y 664 los varones que han gestionado el documento de voluntades previas, en su mayoría (1.892) ante funcionario público, 101 ante notario y 14 ante testigos.

El Documento de Voluntades Previas, también conocido como Testamento Vital o Voluntades Anticipadas, manifiesta anticipadamente la voluntad de cualquier persona en relación a cómo quieren vivir la etapa final de su vida, los cuidados que desean recibir, así como sus deseos en relación a ciertas intervenciones sanitarias y tratamientos de salud.

Se trata, en definitiva, de un importante documento, que revela la autonomía del paciente y debe ser considerado como una ayuda en el proceso de prestación de cuidados sanitarios cuando la persona no se pueda manifestar. Tal es así que, según recuerda el Gobierno regional, el equipo sanitario ha de respetar lo expuesto por el otorgante cuando su situación clínica sea previsiblemente terminal e irreversible, dentro del marco de la legalidad y de las buenas prácticas médicas.

¿Quién puede registrar el testamento vital?

Cualquier persona mayor de edad, con plena capacidad para la toma de decisiones y que actúa libremente, puede gestionar el Documento de Voluntades Previas, que se realiza por escrito en la comunidad autónoma de residencia, mediante tres procedimientos distintos, pero igualmente válidos.

El primero de ellos, totalmente gratuito, es una declaración ante el personal funcionario habilitado para tramitar los documentos de la Consejería de Salud. El otorgante también puede gestionar la declaración ante tres testigos o ante notario, esté último método con el consiguiente coste económico. Dado que tienen los mismos efectos, cada persona puede elegir el modo de gestión más conveniente. La opción más sencilla es acudir presencialmente al Servicio de Atención al Usuario de la Consejería de Salud donde, tras pedir cita previa, el otorgante es atendido por funcionarios habilitados, capacitados para solventar cualquier duda que surja.

Más profesionales para hacer frente a la demanda

En vista del creciente aumento de la demanda y el interés de los cántabros por registrar públicamente su Testamento Vital, la Consejería de Salud, a través de la Dirección General de Farmacia, Humanización y Coordinación Sociosanitaria, ha reforzado el Servicio de Atención al Usuario, encargado del proceso con más personal funcionario.

Así, el equipo está dotado actualmente con psicólogos, trabajadores sociales y personal administrativo, que brindan su conocimiento y profesionalidad para atender a una ciudadanía cada vez más informada, interesada e implicada en hacer valer sus deseos en cuestiones relacionadas con su salud. El personal de la Consejería de Salud es testigo, a diario, de cómo todas estas personas agradecen el servicio ofrecido y la atención prestada y así lo manifiestan por escrito al finalizar sus gestiones. Todas aquellas personas interesadas en el Testamento Vital pueden obtener más información y consultar las preguntas frecuentes a través del siguiente enlace.

María Teresa M. J., viuda del prestigioso abogado valenciano Luis G. J., estampó su huella dactilar en un testamento el 24 de agosto de 2012, mientras reposaba en la habitación de un hospital privado de Alzira. Más de la mitad de su patrimonio, valorado en un total de 12,1 millones de euros, fue a parar directamente a una fundación católica presidida por un general retirado del Ejército español y en cuyo patronato figura también un sacerdote. La mujer, de 80 años y oriunda de Gandia, había sufrido un mes antes de firmar el testamento dos accidentes cerebrovasculares que le causaron una grave alteración multifactorial. “No tenía capacidad de respuesta en absoluto, no hablaba, no respondía a estímulos, el estado era catatónico”, relató Manuel M. P., familiar en quinto grado que se crió con la mujer prácticamente como si fueran primos. La anciana sufría un “deterioro gravísimo a nivel cognitivo” y no tenía “capacidad para otorgar” testamento “ni para resolver problemas matemáticos sencillísimos que resolvería un niño de seis años”, según Pedro D. S. J., entonces director clínico del servicio de daño cerebral del Hospital de Aigües Vives de Alzira (València), un conocido centro especializado en este tipo de pacientes. María José F. V., la notaria que acudió al hospital para dar fe, hizo constar que la firma del testamento se había producido en su despacho profesional. El documento también indicaba: “Tiene a mi juicio la capacidad legal necesaria para el otorgamiento de su testamento (...)”. Ante el “trajín” de personas que circulaban por el hospital, el director clínico del centro puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía por recomendación de un amigo juez. Más tarde, el primo segundo de la mujer denunció el testamento.

“Es la única vez que me ha pasado en mi vida, en 30 años de trabajo”, afirmó el antiguo director clínico del servicio de daño cerebral de Aigües Vives durante la sesión dedicada a las declaraciones de testigos del juicio oral por estos hechos, celebrada este jueves ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de València. “Pensé, Dios mío, cómo va a firmar una señora así, sin capacidad alguna, en notaría”, exclamó el neuropsicólogo.

La Fiscalía pide una pena de cinco años de prisión para la notaria por un supuesto delito continuado de falsedad de documento público en concepto de autora, además de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión de fedataria durante un lustro. Los beneficiarios del testamento figuran como partícipes a título lucrativo y la Fiscalía pide que restauren la “masa hereditaria” conjunta y solidariamente.

El Ministerio Público también solicita que se declare la nulidad de la escritura pública. Así, al no tener descendientes la fallecida, su millonario patrimonio pasaría a manos de la Generalitat Valenciana (la Abogacía figura personada). La acusación pública considera responsable civil directa a una empresa aseguradora con la que la notaria tenía suscrita una póliza para el ejercicio de su actividad profesional.

El reparto del testamento

El testamento otorgaba 6,8 millones de euros a la Fundación Gozalbo Marqués, una entidad de asistencia social fundada en Madrid por la fallecida pocos meses antes de que sufriera el primer ictus, en marzo de 2012. Por otro lado, también otorgaba 650.000 euros por cabeza a varios patronos: a los sobrinos de su difunto marido Luis F. G. y José Luis G. A. Además, a María Dolores F. G. y a Joaquín F. G. se les otorgó la misma cifra. Al general José Luis M. C. (presidente de la fundación) y al sacerdote Javier R. M. les daba la misma cifra.

El testamento también reservaba 650.000 euros por cabeza a Rosario B. L. y Yolanda P. R. (jefa de administración y asesora fiscal, respectiavmente, de la fallecida) y a Manuel M. A., todos ellos patronos de la fundación. Por otro lado, a dos menores en el momento de los hechos les dejaba 3.000 euros a cada uno. Y, finalmente, 6.000 euros a los ahijados del matrimonio. A la única hermana de su difunto marido, el testamento le devolvía cinco cuadros, una talla y una tabla religiosas y un relicario procedentes de una herencia familiar.

El escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso elDiario.es, sostiene que la notaria hizo aparentar que los documentos se habían redactado a petición de la anciana cuando en realidad lo había solicitado Joaquín F. P., sobrino de su difunto marido.

La mujer estaba, según la acusación pública, en “estado de mínima conciencia” (anartria, en términos clínicos), sin capacidad para establecer ningún tipo de comunicación, “por lo que no era posible que hubiese dado las órdenes precisas para la redacción del testamento, ni del otorgamiento del poder, ni que presentara su consentimiento con el contenido” de los documentos notariales.

Ni la notaria ni los testigos que intervinieron en la habitación del hospital de Aigües Vives en la firma del testamento consultaron con el director del centro ni con ningún profesional médico, “a pesar de ser conscientes de los sucesivos accidentes cardiovasculares sufridos en fechas previas y del evidente estado de mínima conciencia en el que se encontraba”, concluye la fiscal.

Rosa S. F., antigua empleada de la anciana, compareció como testigo en la vista oral, a petición de las defensas, y aseguró que tras el primer ictus, la mujer “tenía su parte izquierda afectada pero podía hablar”. En una segunda visita, la viuda “ya no podía hablar, aunque lo intentaba”. También recordó que la anciana “había hablado con una notaria” a cuenta de unos poderes.

Sin embargo, el resto de testigos coincidieron en que la mujer tenía sus capacidades muy mermadas. Pedro D. S. J., director clínico del servicio de daño cerebral del hospital de Aigües Vivas, describió las capacidades cognitivas de la anciana como “perfectamente nulas”, con “respuestas mínimas” y sin opición de otorgar testamento. La paciente, con “respuesta mínima”, seguía haciendo “funciones automáticas” (latido del corazón y respiración) y poco más.

Gente “pululando” en el hospital

Al neuropsicólogo le alertó la gente “pululando” en la habitación de la anciana. Había, según dijo, un “trajín de personas”. A los profesionales del centro, la situación les mosqueó. “Apareció sin previo aviso un señor que se presentó como abogado de la paciente y empezó a contarme cosas técnicas que no entendía nada”, relató Daniel G. C., médico de la Unidad de Daño Cerebral del centro hospitalario.

Ante la “incertidumbre” de quién era el tutor legal de la mujer, “se decidió ponerlo en conocimiento de la Fiscalía para que tuviésemos un interlocutor para poder tomar decisiones”, declaró el facultativo.

La trabajadora social encargada de elaborar un informe sobre la anciana, a petición de la Fiscalía de Alzira, explicó en el juicio que sus únicas fuentes fueron los caseros de una finca propiedad de la mujer. Los “caseros de la señora” le aseguraron que los sobrinos del difunto marido eran los familiares más cercanos.

Manuel M. P., el primo segundo de la anciana, también aludió a una supuesta “orden expresa” del sobrino del difunto marido para que no se le diera información. “Me pusieron muchísimas pegas y no me querían dar información”, dijo. Tras insisitir en el centro y alegar que también era familiar de la mujer, pudo acceder junto con su hermana y sus primas Amparín, Pilar y Paquita en visitas diarias a su ser querido. “Pensábamos que contándole cosas de la infancia podíamos conseguir que reaccionara, le dábamos caricias y algún beso”, dijo el testigo.

A pesar de que su prima lejana “estaba fatal” y ni siquiera los reconocía, se enteraron de que había sido confeccionado un testamento: “Entraron y le pringaron los dedos con tinta”. El hombre sospechaba que pretendían “desposeerla de su patrimonio”.

Francisco Javier C. G., psicólogo del equipo multidisciplinar que trató a la paciente en el hospital de Aigües Vives, coincidió en afirmar que la mujer presentaba una “capacidad de comprensión muy limitada” o “ninguna”. “Al final se está hablando de una gran dependiente”, dijo el testigo, para quien la mujer estaba en una suerte de “estado de vigilia”.

A preguntas de las defensas, el primo segundo de la anciana declaró que cuando denunció los hechos ante la Fiscalía desconocía que la normativa prevé una recompensa a quien ponga en conocimiento de la Administración la posibilidad de heredar abintestato (el término jurídico que alude al procedimiento de adjudicación de bienes en el supuesto de un testamento nulo). “Ahora sí, pero en el momento que se iniciaron los hechos no solo desconocía eso sino que desconocía qué era un legado en una herencia, yo mismo no había hecho herencia”, afirmó Manuel M. P.

Un total de 1.357 cántabros han realizado ya su ‘testamento vital’ en lo que va de año para dejar selladas sus voluntades en relación al tratamiento que desean recibir, u otras cuestiones de índole médica, en el caso de que pierdan sus capacidades funcionales y cognitivas, una cifra superior a la registrada en el conjunto del año pasado (1.255).

Predomina el número de mujeres que registran sus ‘voluntades previas’ frente al de hombres, con 907 frente a 450. La Consejería de Salud ha reforzado recientemente sus medios y cuenta con un equipo de cinco funcionarios para satisfacer las demandas de todos los usuarios que quieren realizar este trámite, ha informado el Gobierno en nota de prensa.

En lo que va de año, 1.274 usuarios han registrado sus ‘voluntades previas’ ante funcionario habilitado, es decir, acudiendo al servicio de atención al usuario de la Consejería, mientras que 75 lo ha hecho con notario y ocho mediante testigos.

Mientras, el año pasado fueron 1.131 las personas las que lo hicieron ante funcionario, 97 con notario y 27 mediante testigos.

Del total de las 1.255 personas que hicieron su ‘testamento vital’ en 2023, las mujeres también fueron mayoritarias (863) en comparación con los hombres (392).

Desde que se puso en marcha este servicio en 2005, el número de cántabros que han registrado sus ‘voluntades previas’ es cada vez más alto. Y es que esta opción permite que cada persona deje constancia de voluntades como, por ejemplo, el tratamiento que desean recibir u otras cuestiones de índole médica en el caso de que pierdan sus capacidades funcionales y cognitivas, y siempre que no vaya en contra de las buenas prácticas médicas.

Así, el documento produce efecto únicamente en los casos que el otorgante se encuentre en una situación, previsiblemente terminal e irreversible que no le permita expresar libremente su voluntad. Es decir, mientras conserve plenamente su capacidad de expresarse y de actuar libremente, prevalecerá siempre su voluntad sobre lo manifestado en el documento, que tiene validez en todo el territorio.

Además, tal y como recoge la norma sobre autonomía del paciente, también tiene la posibilidad de nombrar a un representante para que, en el caso de que se den las circunstancias mencionadas anteriormente, éste sea el interlocutor con el médico o el equipo sanitario.

Los interesados en registrar su ‘testamento vital’ pueden hacerlo tanto presencialmente en la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria ante un funcionario habilitado, y de forma gratuita, o mediante notario, con el coste económico correspondiente.

La opción más sencilla es acudir presencialmente al servicio de atención al usuario de la Consejería tras pedir cita. Los usuarios presentarán el DNI o pasaporte, además de una fotocopia del mismo, así como la solicitud de inscripción debidamente cumplimentada.

El Tribunal Supremo ha dado la razón a una mujer que había sido desheredada por su padre bajo la acusación de no haber tenido contacto con él durante 30 años, ni siquiera cuando enfermó de un grave cáncer. Los jueces declaran probado que, efectivamente, padre e hija no hablaron durante tres décadas y que ella no se interesó cuando supo que su progenitor iba a morir, pero entienden que fue ilegal dejarla fuera del testamento: fue él quien abandonó a su hija cuando tan solo tenía siete años de edad, no ella quien dejara de hablarle por otro motivo. “La que fue abandonada por el padre fue la niña”, dicen los jueces.

Los jueces de la sala de lo civil han estudiado el caso del testamento que dejó un hombre a mediados de 2015 ante un notario del casco antiguo de Sevilla. Un testamento en el que el hombre, que murió poco después víctima de un grave cáncer de estómago, explicaba por qué desheredaba a su hija: “Ha habido un maltrato psicológico, una falta de afecto y cariño que como hija le corresponden, habiéndose dado una clara situación de abandono, e incluso, no estar atendido en estos momentos en los que se encuentra gravemente enfermo”, decía el testamento.

La mujer decidió llevar la última voluntad de su padre a los tribunales, explicando que la historia de abandono era al revés: fue su padre el que había cortado todo contacto con ella muchos años atrás. Se había casado en 1978 y su hija había nacido un año después. La separación había llegado cuando ella tenía siete años, a mediados de la década de los ochenta, y nunca más había sabido de él. En 2003, incluso, su padre firmó otro testamento previo en el que declaraba ser soltero y no tener ninguna hija.

“La abandonada fue la niña”

Tanto el juzgado como la Audiencia de Sevilla dieron la razón a los herederos del hombre frente a las pretensiones de la hija. Según su relato, el “impedimento reiterado” de la madre impidió que tuvieran relación, “lo que determinó que el padre acabase tirando la toalla”, pero a partir de su mayoría de edad ella tampoco intentó “tener el mínimo contacto”, tampoco cuando supo que el hombre estaba enfermo.

El Tribunal Supremo entiende que el relato del padre y su testamento no puede ser considerado válido. “No es la hija la que libremente rompió un vínculo”, dicen los jueces, sino que el vínculo “no ha existido” y no es reprochable a la hija la ausencia de contacto, más aún cuando en ese momento “tenía siete años de edad”.

“La que fue abandonada por el padre fue la niña, que ha desarrollado toda su vida, incluidas las etapas cruciales para la crianza y formación personal de la infancia y la adolescencia, sin contar con la presencia de un padre que cumpliera todos los deberes, incluidos los afectivos, propios de la relación paternofilial”, dice el Supremo. El padre, añaden, firmó varios testamentos hace dos décadas en los que negaba tener una hija: “Consta expresamente que tampoco sentía ni quería sentir a la hija como propia”.

La sentencia, que en la práctica implica que queda anulada la exclusión de esta mujer del testamento de su padre, termina con un reproche para el hombre, que falleció en 2015, y da la vuelta a la historia que plasmó en su última voluntad: “Es el padre quien, tras haber abandonado a la hija siendo una niña, pretende hacer recaer sobre ella el reproche y las consecuencias de que no sintiera afecto por él, pese a haberla abandonado siendo una niña”.

“Cuando miraba a los ojos de mi padre, él me preguntaba: ¿hasta cuándo?”. El padre de Celia Arenas no llegó a tiempo para que la legislación le permitiese acabar con su sufrimiento. Murió por un cáncer que le hizo sufrir tres años antes de que la Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada, entrase en vigor para que cualquier ciudadano pueda interrumpir voluntariamente su vida si pierde su capacidad de decidir. Celia representa una de las decenas de personas que lo intentan en Andalucía sin éxito porque el sistema está atascado desde hace años, tal y como admite la Consejería de Salud.

Asociaciones como Derecho a Morir Dignamente (DMD) llevan cuatro décadas luchando por algo que es posible desde hace 20 años, pero que no termina de contar con los recursos suficientes para que se lleve a efecto. Desde 2004, un total de 51.882 andaluces han hecho constar la llamada Voluntad Vital Anticipada con la que le indican a la sanidad pública que, llegado el caso, no quieren prolongar artificialmente su vida.

Tras las cifras, como siempre, están las historias. Celia Arenas, que tiene 76 años y es natural de Jaén, lleva meses intentando registrar su testamento vital. Ella recuerda cómo el cáncer que se llevó a su padre le legó un desenlace que quiere evitar para sí misma. “Tengo problemas del corazón y no quiero que me mantengan viva de forma artificial si me pasa algo”. Sin hijos, ha recurrido a una sobrina para que ella sea la que tome las riendas. “Nadie de mi entorno se ha sorprendido porque saben cómo he sido siempre”, reconoce orgullosa Arenas.

Pese a su intento por dejar constancia de qué quiere que ocurra cuando no pueda valerse por sí misma, no logra una cita para que le registren la documentación. “Llamas y te dicen que abren periodo para solicitarlas el día 15 y a los 10 minutos de llamar ya no hay consultas disponibles”. Además, personas como ella, que tiene una edad avanzada, se ven ante la angustia de sentir que “cualquier día te puede pasar algo”.

Un pensamiento muy similar al que tiene María Dolores Joya. Como Celia, lleva meses intentando que Salud Responde le responda. Natural de Sevilla, tiene 75 años y de momento una salud de hierro, pero tiene claro que no quiere verse incapaz de seguir viviendo. “No quiero ser una persona dependiente si algún día ocurre”. El paso del tiempo juega en su contra por si esa desgracia termina haciéndose realidad. No ha tenido casos en su familia, pero no quiere replicar lo que sí ha visto en otras personas.

“Me han dado citas en algunos puntos, pero he llegado a ir y no me han podido atender”, lamenta. Dice sentir una “gran frustración” por no poder hacer real la voluntad de decidir sobre su vida. Sospecha que la demora está más relacionada con una cuestión moral que afecta a la Junta de Andalucía, gobernada por el PP. “Ideológicamente no les parece bien que podamos tomar este camino y están haciendo todo lo posible para que las personas no puedan acogerse a la ley”.

Si bien lo común es que estos testamentos los redacten personas mayores, también las hay jóvenes. Lucía, que ronda los 50 años y cuyo nombre es falso por temor a que se le reconozca, trabaja precisamente en la Consejería de Salud y ella misma ha tratado de pedir en varias ocasiones cita para registrar el testamento sin éxito. “Mis propios compañeros me admiten que el sistema informático, sobre todo, falla habitualmente”.

En su caso, decidió firmar su última voluntad médica al ver cómo un amigo suyo se enfrentaba a una enfermedad terminal hace un año. “Él me decía que no tenía miedo a morir, sino a sufrir”. La tesitura en la que se encuentran todos los que optan por esta vía para darle dignidad a su adiós. Lucía cree que “falta voluntad y faltan recursos por parte de la Consejería de Salud para que los testamentos vitales se puedan hacer”.

“Nos prometieron que a mediados de mayo habría un nuevo sistema”

Desde que hace un lustro el PP accediera al Gobierno andaluz, el proceso está especialmente atascado. Pese a que la demanda es creciente entre la población, las citas para registrar el testamento se dan con cuentagotas. Según Salud, en 2023 se solicitaron 9.866 citas para registrar el testamento, pero sólo se resolvieron 4.931. “Es muy difícil conseguir una”, denuncian en DMD y los propios ciudadanos que intentan hacer uso de la ley. La situación es especialmente mala en Sevilla, pero el resto de la comunidad no se libra de esta problemática.

Los datos del Ministerio de Sanidad muestran un desfase con los datos que apunta la Consejería de Salud y un ascenso acompasado en el número de testamentos en la última década en todo el país y también en Andalucía. Hasta enero de 2013, un total de 23.397 andaluces habían registrado el suyo, pero a día de hoy ya son 51.882 los registros totales. Unos 2.000 testamentos por año, aunque en 2021 y 2022 las cifras se incrementaron hasta los casi 3.000 anuales. Volviendo a los 2.000 en 2023, según el RNIP (registro nacional de instrucciones previas) del Ministerio de Sanidad.

Para solicitar la Voluntad Vital Anticipada en Andalucía hay que rellenar cuatro formularios, accesibles desde internet y solicitar después una cita para entregarlos a través de Salud Responde en uno de los 55 puntos asignados para ello en toda la comunidad. El problema es que “salud no está respondiendo”, explica Ángeles Jiménez Vico, una de las portavoces de DMD. Los ciudadanos llaman o acuden a los puntos que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tiene repartidos por la autonomía, “pero resulta muy difícil que les atiendan porque, además, los trabajadores están saturados”. Jiménez Vico señala que estos funcionarios “trabajan en otras funciones y deben sacar su propio tiempo para atender a la voluntad vital”.

“Si la Consejería de Salud les asignase únicamente para esta función, no habría tanta demora”, entiende la portavoz de DMD. Pero ese no es el único problema que genera un retraso en las citas que admiten desde el Ejecutivo regional. El otro contratiempo es que el sistema informático que debe registrar la voluntad de la persona, que luego quedará reflejada en su historial clínico, presenta fallos “habitualmente”, según explican desde los propios puntos que tiene Salud repartidos por toda Andalucía para este fin. Por eso, desde DMD reclaman que se aumente la transparencia sobre cómo funciona el proceso. “Nos prometieron que a mediados de mayo habría un nuevo sistema, pero seguimos esperando”. Salud dice que será en junio.

Según defienden en DMD, “antes de que llegara el PP a la Junta de Andalucía era más accesible y transparente el acceso al registro, aunque no le dieron tampoco difusión, pero el programa informático funcionaba, podías consultar las agendas por internet y publicaban trimestralmente un informe muy detallado”. Ahora, “las agendas están cerradas y las que se dan son muy pocas por falta de personal”.

“Alta demanda” que desborda a Salud

“La alta demanda experimentada en los últimos años de solicitudes de inscripción de las declaraciones de voluntad vital anticipada ha provocado demoras en la asignación de las citas especialmente en algunas provincias, por lo que se están acometiendo una serie de medidas a nivel estructural, organizativo y de dotación de recursos que garanticen una respuesta ágil, eficaz y adaptada a las necesidades de la ciudadanía”, explican desde la Consejería de Salud.

“La demanda ha crecido mucho en los últimos años”, explican fuentes de DMD. Especialmente desde que se aprobó la Ley de la Eutanasia en 2021, que volvía a poner en el centro la voluntad de la persona por decidir el final de su vida. “Tras el descenso de casi el 50% registrado durante 2020 debido a la pandemia, a partir de 2021 se ha producido un incremento progresivo de la demanda, en la línea de los primeros años del servicio, que se manifiesta en las 4.931 inscritas durante 2023”, añaden desde la Consejería de Salud.

“No obstante, debemos señalar que estas acciones de carácter general deben complementarse además con una respuesta prioritaria y personalizada a determinadas situaciones clínicas. Si bien Salud Responde concede las citas de acuerdo con la disponibilidad de las agendas, ante casos en los que la persona por su características o estado de salud necesita una atención más específica, se movilizan los recursos necesarios para que la inscripción se lleve a cabo en el propio domicilio o si hay ingreso hospitalario, en la habitación del centro sanitario. Igualmente, se intentan atender aquellas citas que pueden tener un carácter urgente por motivos diversos”.

Además, desde la Consejería aseguran que también hay personas que rechazan las citas que Salud Responde sí consigue resolver. En 2023 se cancelaron 255 consultas y hubo 75 incidencias de las casi 10.000 citas que, según los datos de Salud, se concedieron en todo el año.

Para DMD, también es muy necesario que Salud ponga los medios adecuados para que la gente sepa que existe la posibilidad de solicitad un testamento vital que en comunidades como Cantabria o Euskadi son mucho más habituales entre sus ciudadanos. “Hemos intentado poner puntos de información en algunos centros de salud y se nos ha negado”, lamenta Ángeles Jiménez Vico de DMD.

Y es que la última voluntad de quienes quieren darle un final a su vida no puede esperar, especialmente para aquellas personas que como Celia Arenas o María Dolores Joya el paso tiempo es una cuestión que les apela.

La diputada socialista María Somalo ha anunciado que el Grupo Socialista ha registrado en el Proposición no de Ley ante el Parlamento “para incorporar en el ámbito de La Rioja la posibilidad de que el testamento vital se pueda formalizar ante un profesional sanitario del ámbito de la atención primaria, hospitalaria o sociosanitaria, preferentemente de los centros de referencia el paciente”. Además, Somalo ha señalado que también “queremos realizar las oportunas modificaciones normativas, administrativas y económicas necesarias para que dicha medida pueda ser efectiva cuanto antes”.

La diputada Socialista ha explicado que la Ley reguladora del documento de instrucciones previas en el ámbito de la sanidad “establece que este documento podrá otorgarse, en primer lugar, ante notario, en segundo lugar, ante tres testigos debidamente identificados y, finalmente, ante el personal al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja o de sus Organismos Autónomos”. 

María Somalo ha asegurado que esta Ley “conlleva diferentes trabas burocráticas que perjudican más a las personas más vulnerables, así como a la gente mayor y la gente sin recursos económicos”. La diputada Socialista ha remarcado que “la mayoría de las Comunidades Autónomas ya han establecido unos requisitos más asequibles que lo dispuestos en la legislación riojana”.

Somalo ha dicho que a través de esta PNL “queremos incorporar la posibilidad de otorgar el testamento vital ante los profesionales sanitarios, de forma que estos profesionales puedan cumplir también la función de testigo”. La diputada Socialista considera que esta posibilidad “permitirá agilizar todo este proceso”. 

Un juzgado de Instrucción de Sevilla ha incoado diligencias previas por una presunta falsificación de documentos privados contra un notario de la capital hispalense por permitir otorgar un segundo testamento a una persona enferma de 79 años “claramente incapaz”, según la denuncia del representante legal de su viuda, a quien dejó “sin usufructo ni herencia” mientras de aquella modificación obtuvieron un “claro beneficio” los hijos del ahora fallecido, a la sazón hijastros de la viuda.

El auto que admite la denuncia dice que los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”. El mismo juzgado ha remitido un oficio al Instituto de Medicina Legal para que un médico forense informe si la persona ahora fallecida, a la vista de la enfermedad que padecía por entonces, se hallaba con capacidad suficiente para poder otorgar en diciembre de 2020 un testamento que sustituía al emitido en 1996 y en el que su mujer, ahora viuda, resultaba usufructuaria de todos sus bienes.

El ahora fallecido se divorció en los noventa de la madre de sus tres hijos y en 1996 empezó una nueva relación sentimental con la que después sería su nueva esposa, a quien en testamento abierto le legó usufructo universal y vitalicio de su herencia. Una vez sobrevino la enfermedad en el año 2020, según el relato de la denuncia, el hombre acudió “pocos días antes de morir” a la Notaría “llevado por sus hijos” para otorgar su segundo testamento “enfermo grave (cáncer terminal de páncreas), medicado, desnutrido, sin articular palabra y sedado por la morfina, en tanto no movía la cabeza, no podía andar y no se movía de la silla de ruedas”. En esas condiciones, según el abogado la viuda y “otros testimonios”, el investigado “aceptó recoger las manifestaciones” del luego fallecido.

En la denuncia se relata que el hombre fue diagnosticado del cáncer en junio de 2020, muriendo a los pocos meses, en diciembre, advirtiendo que “no concuerda” que la persona fallecida “deje completamente desvalida a su esposa en sus últimos años de vida cuando en el anterior la nombraba usufructuaria de todos sus bienes”. La acusación se pregunta “si pudo ser fruto de abuso de influencia o influencia indebida y/o si podría tener mermadas sus capacidades cognitivas y volitivas para otorgar con plena eficacia el testamento de diciembre de 2020”.

“Capacidades cognitivas y volitivas gravemente mermadas”

El notario investigado, siempre de acuerdo a la denuncia que se investiga, refirió que “a mi juicio” que el testador tenía la “capacidad” para testar cuando “salta a la vista que no era dueño de sus actos, por cuanto era evidente que tenía sus capacidades cognitivas y volitivas gravemente mermadas por el tratamiento de la enfermedad terminal”.

En las disposiciones del nuevo legado dejó a la esposa sin usufructo ni herencia, con el notario como albacea y contador-partidor de la masa hereditaria. En la presunta última voluntad, el ahora fallecido sólo le otorgó pensión vitalicia de 300 euros a su viuda. El día de autos le otorgó ante el notario denunciado un poder amplio.

Tras su muerte, los poderes de la ya viuda artificiarían un contrato de alquiler sobre el piso que compartió el matrimonio, generándose impagos y una consiguiente demanda de desahucio, que no fue replicada en plazo. En tiempo récord, a la viuda la echaron del piso. En la actualidad está en la calle, en residencia provisoria y a cargo de los servicios sociales. Su defensa sumó a la denuncia penal una queja ante el Colegio de Notarios por la supuesta y probable mala praxis de uno de sus afiliados, cuya actuación ya investiga por el juzgado.

La representante legal de la viuda denunció los hechos a primeros del pasado mes de diciembre y el juzgado está realizando ya las diligencias oportunas, incorporando informes médicos aportados por esa parte de un par de clínicas de Sevilla que “acreditan” que el testador “se encontraba en el último estadio de la enfermedad terminal, por tanto, a la vista incapaz”.

Este periódico ha intentado insistentemente conocer la posición del denunciado al respecto, sin que hasta el momento haya atendido la petición de este medio.

“No es creíble que mantuviera su testamento durante 25 años para una vez enfermo y en silla de ruedas, sin poder moverse y apenas hablar, acudir al Notario de confianza de sus hijos para otorgar nuevo testamento en el que despoja a su esposa del usufructo vitalicio de sus bienes le niega ex novo sus derechos testamentarios y legales de viuda casada en gananciales a favor de sus hijos”, concluía la denuncia que investiga el juzgado.

La Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) celebrará este jueves 22 de febrero una charla informativa, seguida de un coloquio, para promover las inscripciones en el registro del Documento de Voluntades Previas, también conocido como Testamento Vital. La conferencia tendrá lugar a las 19.30 horas, en el salón de actos del Ateneo de Santander. 'Vivir bien, morir bien' es uno de los lemas que impulsa la labor asociativa de DMD, que afirma que “todavía hoy en España una de cada dos personas muere mal, lo que indica que queda mucho camino por andar”.

El Documento de Voluntades Previas “garantiza los cuidados de la salud al final de la vida”, se informa desde DMD. Consiste en un documento en el que un mayor de edad manifiesta por anticipado su voluntad sobre los cuidados de la salud al final de su vida, al objeto de que esa voluntad se cumpla llegado el momento en caso de que no se pueda exponer personalmente. “Consideramos importante seguir dando a conocer lo que implica registrar un Testamento Vital, qué ventajas tiene, cómo se elabora, cómo se administra y qué alcance tiene”, se añade desde la asociación.

Un total de 1.255 cántabros se inscribieron en 2023 en este registro de la Consejería de Salud para dejar selladas sus voluntades en relación al tratamiento que desean recibir, u otras cuestiones de índole médica, en el caso de que pierdan sus capacidades funcionales y cognitivas. Se trata de la cifra más alta desde que se puso en marcha en 2005 el servicio y casi dobla a las inscripciones las registradas en 2022, cuando hubo 765 solicitudes de voluntades previas, según ha informado la propia Consejería.

“El Documento de Voluntades Previas es, en definitiva, un acto voluntario, pero cada vez más trascendental para manifestar cómo queremos vivir nuestros últimos días. Cantabria es una de las comunidades donde mejor se está gestionando este derecho individual recogido en la LORE (Ley de Muerte Digna), aprobada hace casi tres años por el Gobierno de España. Este trámite es gratuito y se realiza en la Consejería de Salud y Servicios Sociales”, señalan desde la organización.

Cantabria es una de las comunidades donde mejor se está gestionando este derecho individual

Requisitos

Los requisitos para solicitar el registro de voluntades previas son varios, como tratarse de una persona mayor de edad, es decir, con los 18 años cumplidos; tener plena capacidad natural de entender y querer los actos que se protagonizan, sin que se presente ninguna clase de modificación de la capacidad (como, por ejemplo, personas incapacitadas sometidas a tutela), y que la petición de testamento se realice de forma totalmente voluntaria, sin que pueda concurrir ninguna clase de violencia o intimidación en el acto o en su contenido.

Los interesados en inscribirse deben de aportar el DNI en vigor y una fotocopia del mismo para el registro. También han de dar cuenta de los datos personales que se les requiera y tener claras y detalladas las instrucciones a dejar por escrito.

La petición debe realizarse en el Registro de Instrucciones Previas dependiente de la Consejería de Salud. Posteriormente, a fin de asegurar que las Instrucciones Previas otorgadas sean conocidas en todo el territorio nacional, se depositarán en el Registro Nacional de Instrucciones Previas (RNIP).

En Cantabria, la cita previa para hacer el testamento vital se puede solicitar por teléfono (942 20 76 97 / 942 20 36 37 / 942 20 77 37). Después, puede descargarse el modelo de testamento vital de la página de Derecho a Morir Dignamente. Una vez impreso, se rellenará con los datos oportunos.

El interesado puede designar uno o dos representantes. Su papel es defender el testamento vital ante el equipo médico. DMD recomienda que sea una persona de confianza y más joven que el firmante del testamento. Se puede descargar el formulario de aceptación del representante y del sustituto y cumplimentarlo con las personas referidas. A la cita previa ha de acudirse con fotocopias de los DNI de todas las personas que firman el testamento vital, según recuerdan desde la asociación.

José Luis, de 72 años, y su mujer Pilar, de 69 años, siempre han tenido claro cómo quieren que sea su muerte: “sin dolor, ni sufrimiento”. Han dejado por escrito sus instrucciones sobre las actuaciones médicas que se deben seguir en sus últimas horas de vida. Sus preferencias, con lo que quieren y lo que rechazan, han quedado registradas en un testamento vital.

Este matrimonio avilesino ha sido uno de los primeros que ha recurrido en Asturias a este documento donde ha dejado expresado por escrito sus últimas voluntades, al estar actualmente en plenas facultades intelectivas y volitivas. “Nosotros queremos ser libres para decidir cuándo queremos morir sin sufrimiento”, afirman.

Una ampliación para incluir la eutanasia

José Luis fue diagnosticado de un cáncer de médula ósea y ha superado con éxito dos trasplantes. Antes de conocer que había contraído la enfermedad tanto él como su mujer ya se mostraban favorables al testamento vital.

“Éramos proclives, pero no había condiciones para hacerlo. En una primera instancia se abrió la posibilidad de hacer el documento de instrucciones previas, como se llamaba en aquel momento ya antes de existir la Ley de la Eutanasia de 2021.Cuando salió la ley, los dos modificamos nuestro escrito para incluir también la posibilidad de que si estábamos ya en condiciones de que lo pudiéramos decidir que el testamento vital lo contemplase”, señala.

A él no le pusieron ningún impedimento, ni inconveniente para registrarlo. Acudió a la oficina de Testamento Vital en la Consejería de Salud de la capital asturiana y lo inscribieron.

Al principio no conocía la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), aunque con posterioridad se asoció. En su opinión, las campañas divulgativas que realiza la asociación facilita que la opinión pública esté mejor informada sobre estos temas. “Ahora hay más interés por estos temas. A nosotros nos viene mucha gente pidiendo información. Es un derecho que tenemos y una garantía de que no te van a hacer lo que tú no quieres que te hagan”, explica.

En su caso particular, José Luis quiere que cuando la enfermedad sea ya irreversible, que no le mantengan vivo artificialmente aunque no tenga solución. “Te pueden mantener vivo durante meses con un respirador automático y una sonda gástrica para alimentarte. Hoy en día hay miles de máquinas que te pueden mantener vivo cuando tú no puedes decidir nada por ti mismo y eso es lo que yo no quiero. Las sondas son incómodas y dan un sufrimiento que es un poco banal porque te vas a morir lo mismo. Entonces hay que admitir que te vas a morir y que por adelantar unos meses la muerte no pasa nada y sufres menos”, argumenta.

José Luis considera que antes de hacer un testamento vital se debe hacer una reflexión sobre la vida y la muerte, lo que se quiere y lo que se rechaza. “La muerte es el gran enigma de la humanidad. Por mucho que tengas creencias en algún tipo de religión que te garantice el más allá, nadie viene a decirte cómo era. Lo que sí se sabe es que el tránsito antes de morirte puede ser doloroso, puede ser de mucho sufrimiento o puede ser plácido. Como tú quieras. Yo he hecho el testamento vital para la segunda opción, ahora que soy plenamente consciente y puedo decidir para el momento en que ya no pueda hacerlo”.

Una razón similar es la que llevó a su mujer Pilar a realizar también este documento. En su caso comenta que tiene claro que en determinadas condiciones no quiere vivir. “Yo gozo de una salud excelente. Me gusta vivir, por supuesto, pero no en cualquier condición. Tengo claro que con dolor no quiero vivir. Además esto no es ninguna frivolidad. La ley no está diseñada para que tú digas 'ay, quiero morirme'. No está diseñada para eso, sino que tiene todas las garantías para que cuando a una persona le resulte insoportable estar aquí por diversas razones, tenga la posibilidad de irse”, sostiene.

Dulce Prieto Fernández, de 71 años, es una activista convencida de que cada persona es libre para dejar expresado por escrito su deseo de morir sin sufrimiento en un momento de plena lucidez mental. Natural del pueblo de Margolles, en el concejo de Cangas de Onís, vive en el barrio ovetense de Pumarín, donde es muy conocida como promotora de muchas campañas informativas sobre esta temática.

A su faceta divulgadora también se suma el hecho de que durante nueve años presidió la Asociación de Enfermos Artríticos en Asturias, una enfermedad que sufre desde hace tiempo. Viuda desde hace apenas tres meses, tiene un hijo que vive en Mallorca y del que ha tenido un apoyo total en su decisión de realizar el testamento vital.

La muerte de la gata

Dulce reconoce que su interés por la eutanasia surgió a raíz de la muerte de su gata hace más de 25 años. Aunque pueda parecer un hecho anecdótico, admite que el día en que tuvo que acudir al veterinario para ponerle la inyección que acabaría con su sufrimiento fue más trascendental de lo que ella creía inicialmente.

Ella misma lo relata: “En casa teníamos una gata que padecía cáncer de mama. El veterinario me dijo que, dado su estado, era más conveniente ponerle la inyección porque iba a sufrir y se iba a morir. Ese día yo pensé que quería algo así para mí, quería morir sin sufrimiento”.

Dulce quiere dejar bien matizado que aunque pueda parecer una perogrullada, a diferencia de las personas, los animales se sacrifican, no pueden pedir la eutanasia porque ni hablan, ni lo pueden dejar escrito. “Ese mismo día pensé que mi gata había tenido mucha suerte porque se murió sin sufrir con una inyección y empecé a indagar sobre las posibilidades que había en este terreno para las personas”, añade.

Su interés por investigar esa vía la condujo hasta la antigua sede de la entonces Consejería de Sanidad, en la calle General Elorza de Oviedo, donde la pusieron en contacto con Derecho a Morir Dignamente (DMD) de Barcelona, al estar en ese momento el único registro para este tipo de situaciones.

Dulce tiene el carné de socia número 19 de DMD de Asturias: “Mi convicción es absoluta. Era un testamento vital donde yo había puesto que por mi enfermedad quería morir sin sufrimiento. En aquel momento sólo se podían poner unas pocas frases. De hecho ya lo voy renovando cuatro veces y cada vez se pueden ampliar más los motivos”.

Entre esas ampliaciones figuraba la posibilidad de que, una vez aprobada ya la Ley de la Eutanasia, se pudiera recoger expresamente el deseo de su aplicación. Una petición que ya presentó cuando la Consejería se trasladó al conocido como edificio del Calatrava, en Oviedo.

Opina que no hay que tener una enfermedad terminal para decir que no se quiere vivir más. En su caso, dice que no se trata sólo de evitar un sufrimiento físico. Ella defiende que se pueda pedir que la vida no se prolongue de forma artificial porque “quiero morir tranquilita”, sin dejar una carga de responsabilidad a terceras personas en el momento en que ya no te puedes valer por ti misma.

Dulce participa junto a otras activistas como ella dos campañas informativas al año, donde sacan mesas a la calle con folletos informativos sobre estos temas. Cuenta que los comentarios que escuchan son de todo tipo: “Hay personas que se acercan y nos preguntan con gran interés sobre la forma de realizar el testamento vital y también hay otras personas que nos dicen que a ellos no les mata nadie. Hay de todo”, admite.

Las peticiones se duplicaron en un año

La Consejería de Salud tramitó el año pasado 3.370 expedientes del documento de instrucciones previas (DIP), más conocido como testamento vital, lo que supone un crecimiento del 128% (1.893 solicitudes más) respecto a 2022. La descentralización progresiva de este trámite, que se puede realizar en la red de centros y servicios de Atención Primaria, así como en el registro de la propia consejería, ha contribuido al aumento de estos expedientes, el 85% de los cuales se cursaron a través de las ocho áreas sanitarias.

La labor realizada por las trabajadoras sociales ha contribuido también de forma importante al aumento de este tipo de disposiciones, que suman en la actualidad 11.461 custodiadas en el registro autonómico.

El documento de instrucciones previas es un escrito por el cual una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta de forma anticipada su voluntad sobre los cuidados y el tratamiento de salud, así como el destino de su cuerpo o de sus órganos tras su muerte, para que esos deseos se cumplan cuando no se encuentre en condiciones de expresarlos personalmente.