No sé si los lectores recordarán que Josep Piqué encabezó la lista del PP en las elecciones parlamentarias de 2003 en Catalunya como candidato a la presidencia de la Generalitat. El desplazamiento de Josep Piqué a Catalunya tenía mucho sentido para quien así lo decidió, que no era otro que José María Aznar. Tras haber alcanzado la mayoría absoluta en las elecciones generales de 2000, José María Aznar se disponía a cumplir la promesa de no permanecer más de ocho años en la presidencia del Gobierno, pero no por ello dejaba de planificar lo que debería ser la trayectoria del PP en el futuro. Y en esa planificación del futuro Catalunya ocupaba un lugar muy destacado. El PP había conseguido ir mejorando sus resultados en Catalunya, pero estaba todavía lejos de la representación que necesitaba en dicha “nacionalidad” para asentarse como “partido de gobierno” de España. El resultado de las elecciones generales de 2000 era engañoso para el PP, como lo fue el de las elecciones de 1989 para el PSOE. Eran resultados que difícilmente se repetirían para cualquiera de los dos partidos. Para aproximarse nuevamente al resultado del año 2000, aunque no se alcanzara, el PP tenía que mejorar su presencia en Catalunya primero y estabilizarla después. Para ello, necesitaba poner al frente del partido a un catalán fiable en el interior del partido y con proyección política consolidada. 

El proyecto de futuro de José María Aznar empezó a quebrarse con el resultado de las elecciones catalanas en otoño de 2003, en las que se impuso el PSOE en número de votos y CiU en número de escaños. Pasqual Maragall acabaría siendo president de la Generalitat al frente de un “tripartito” constituido por PSC-PSOE, ERC y ECV-EUiA, e inmediatamente se puso en circulación el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía para Catalunya. 

Continuaría quebrándose con el resultado de las elecciones generales de marzo de 2004, en las que el PSOE encabezado por José Luís Rodríguez Zapatero conseguiría la presidencia del Gobierno. La reforma estatutaria que, con el PP en el Gobierno, no tenía posibilidad alguna de llegar a ser tomada en consideración por las Cortes generales, se convirtió en un proyecto político viable. 

En esa inicial puesta en marcha del proceso de reforma del Estatut, Josep Piqué intentó convencer a la dirección del PP de que sería conveniente que el partido se implicara en la misma, con la finalidad de impedir que la reforma llegara a donde no debería llegar en ningún caso. Pero el PP se negó rotundamente a participar en el proceso de reforma estatutaria, confiando en que tal proceso naufragaría ante el Tribunal Constitucional, como así ocurriría.

Como consecuencia de ello, Josep Piqué abandonó el Parlament y la presidencia del PP en Catalunya y dejó de estar activo en política a continuación. Nunca más volvió a concurrir a ningún proceso electoral. El rechazo del PP a participar en la negociación de la reforma estatutaria y el abandono de Josep Piqué acabarían teniendo consecuencias funestas para todos. En ese momento PSOE y PP tenían consistencia suficiente en Catalunya para condicionar la reforma estatutaria que empezaba a dar sus primeros pasos. Pero no fue así. El resultado es conocido.

De la trayectoria de Josep Piqué en aquel momento me acordé este martes cuando se produjo la intervención de Borja Sémper en euskera en el Pleno del Congreso de los Diputados, en el que por primera vez se hizo uso de las lenguas cooficiales tras la oportuna reforma del Reglamento parlamentario.

Es obvio que no es lo mismo la reforma del Estatut de Autonomía que la reforma del Reglamento del Congreso para posibilitar el uso de las lenguas cooficiales. Jurídicamente sin ninguna duda. Y políticamente también, pero no tanto. La reforma del Estatut de Autonomía suponía una reinterpretación de la Constitución con consecuencias profundas en el bloque de la constitucionalidad que define el contenido y alcance tanto de la titularidad como del ejercicio del derecho a la autonomía por parte de la “nacionalidad catalana”. La reforma del Reglamento del Congreso tiene un alcance mucho menor. Aquí no hay comparación posible.

Sin embargo, políticamente, sí hay una cierta relación entre ambos momentos. En ambos casos, el PP se niega rotundamente a discutir siquiera sobre cualquier tema que afecte a la integración de las nacionalidades en el Estado. Ese tema está resuelto en la Constitución y únicamente el Tribunal Constitucional tiene autoridad para decidir sobre el mismo. Darle entrada en el debate parlamentario supone deslizarse por una pendiente que, en un primer momento, puede parecer de poca importancia, pero que después se convierte en una bola de nieve imparable. En lo que a la distribución territorial del poder se refiere en el sentido más amplio en que pueda hacerse uso de dicha expresión, el PP se ha autoatribuido la potestad de decidir lo que se puede discutir. No lo que se puede decidir, sino sobre qué se puede hablar. 

Esto es lo que supone la reacción dentro del PP frente a la intervención de Borja Sémper del pasado martes. No se puede siquiera contemplar la posibilidad de que pueda ocurrir lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados este martes. Lo mismo que le dijo Mariano Rajoy a Josep Piqué, le está diciendo quien sea a Borja Sémper. En este terreno el PP sigue estando donde ha estado siempre. Se sigue considerando con la autoridad para decidir de qué se puede hablar y de qué no se puede. O en qué lengua se puede hablar y en cuál no se puede.  

Con ello el PP se cierra la posibilidad de hablar con nadie que no sea la extrema derecha, como Alberto Núñez Feijóo está comprobando. Pero, al cerrarse a sí mismo esta posibilidad, además de hacer difícil para sí mismo el acceso a la presidencia del Gobierno, afectando de esta manera a la normal alternancia en el poder, condena al sistema político español a conflictos constitucionales de imposible solución. Con la actitud del PP en el Pleno del Congreso sobre el uso de las lenguas cooficiales, ¿es posible pensar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial?, ¿o en definir un estatuto de RTVE que garantice de manera indefinida la imparcialidad mínimamente exigible del mismo?, ¿o en llegar a acuerdos que impidan la tramitación de proposiciones de ley como la que está a punto de aprobar el Parlamento Andaluz sobre los regadíos en Doñana? 

El PP tiene que poder hablar con todos, menos, tal vez, con el único con el que está hablando. Por él y por todos. Así no puede llegar al Gobierno, y si por azar llega en algún momento, estará condenado a un ejercicio brutal del mismo. Esas son las alternativas, si continúa empeñado en considerar que tiene la autoridad para decidir de qué se puede hablar y de qué no. 

Josep Piqué ya sabemos lo que hizo. Me parece que Borja Sémper está condenado a ir por el mismo camino.  

Políticos de distintos partidos han despedido este viernes al exministro y exlíder del PP catalán, Josep Piqué, en su capilla ardiente en el Tanatorio M-30 de Madrid y han destacado su “lealtad”, “calidad humana” y capacidad de diálogo.

“Necesitaríamos en España muchas más personas como él”, ha aseverado el expresidente del Gobierno, José María Aznar, en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al tanatorio, al que han asistido también empresarios, familiares y amigos de Piqué.

Aznar ha alabado la figura del exministro por su “lealtad” y labor de servicio público, y, en concreto, por su trabajo al frente de los ministerios de Industria, de Asuntos Exteriores y de Ciencia y Tecnología. “En todos los cargos desempeñaba una gran brillantez y fue un hombre muy inteligente y leal”, ha ensalzado, visiblemente afectado.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha mostrado sus condolencias “en nombre del pueblo de Madrid” a la familia del exministro, a quien se ha referido como “un gran hombre de Estado”, “con el mejor humanismo”. “Es una pérdida irreparable sin lugar a dudas, quedará siempre en nuestra memoria, ya que es un fiel representante de la capacidad de tener puntos de encuentro en una sociedad como la española”, ha declarado.

En esa misma línea se ha expresado el exministro de la Presidencia de España Javier Arenas, quien ha definido a Piqué como “un gran español, un gran catalán, un gran economista, un gran profesor y un gran político” del que, sin embargo, “lo que más destacó fue su calidad humana”.

Hasta la capilla ardiente también se ha acercado el exministro del Interior e impulsor de Neos, Jaime Mayor Oreja, que ha recordado a Piqué como “un gran compañero tanto personal como político”. “Tuvo una gran capacidad de llevarse bien con todo el mundo desde el sector económico hasta la comunicación, por eso es una gran pérdida para todos”, ha indicado.

Asimismo, la senadora del PP Alicia Sánchez Camacho, quien presidió el PP de Cataluña de 2008 a 2017, tras dejar Piqué ese cargo, ha reivindicado la figura del exministro como una de las “más importantes que ha tenido España, el PP y Cataluña”.

“Fue mi jefe, mi maestro, un gran hombre de Estado y un referente para todos en Cataluña”, ha agregado, para celebrar que deja un “Gran legado de constitucionalidad, estabilidad, progreso y concordia”: “Creía en una Cataluña y una España de todos”.

PSOE y Ciudadanos

Además de dirigentes del PP, a la capilla ardiente de Piqué han acudido políticos de otros partidos, como la exministra de Asuntos Exteriores y Sanidad del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, Trinidad Jiménez, quien ha destacado del exministro su perfil de “servidor público”.

“Fue un gran ministro y una persona con la que se podía hablar y dialogar. Hay que destacar el respeto que siempre mantenía. Le tenía mucho cariño personal”, ha manifestado.

Igualmente, el diputado de Ciudadanos en el Congreso Miguel Gutiérrez ha lamentado el fallecimiento de Piqué, quien, ha recordado, denunciaba “lo que era la posible deriva del independentismo catalán” cuando Ciudadanos nacía. “Para Cs fue un gran referente”, ha añadido, para subrayar que en estos momentos, “de política de muy bajo nivel”, hacen falta personas como el exministro.

Trayectoria

Piqué (Vilanova i la Geltrú, Barcelona, 1955), que falleció este jueves a los 68 años, fue líder del PP en Cataluña y ocupó los cargos de ministro de Industria y Energía (1996 -2000), ministro Portavoz del Gobierno (1998-2000), de Asuntos Exteriores (2000-2002) y de Ciencia y Tecnología (2002-2003) en los gobiernos de Aznar.

Desde que abandonó la política, Piqué recuperó su faceta empresarial y ocupó, entre otros cargos, el de presidente de la compañía aérea 'low cost' Vueling, el de consejero delegado de OHL, y actualmente también formaba parte del consejo de administración del fabricante automovilístico español Seat.

El Partido Popular había incluido recientemente a Piqué como integrante de la nueva fundación del partido, denominada 'Reformismo21' y con la que la formación pretende atraer talento y experiencia con el objetivo de dar “valor añadido a la política en general y al PP en particular”.

Josep Piqué, exministro y exlíder del PP catalán, ha muerto este jueves a los 68 años en el hospital 12 de octubre de Madrid. Con una amplia trayectoria en la política, la empresa y las relaciones internacionales, Piqué encarnó una genuina personalidad liberal dentro de una formación mayoritariamente conservadora como el Partido Popular.

La capilla ardiente del exministro será instalada en Madrid, en el Tanatorio de la M30 este viernes, 7 de abril, desde las 9 hasta las 14 horas.

Durante los gobiernos de José María Aznar, entre 1996 y 2003, Piqué estuvo al frente de diversos ministerios como Industria, Ciencia o Asuntos Exteriores. En su etapa al frente de Industria, el Gobierno del PP privatizó varias empresas públicas o que contaban con participación estatal como Telefónica, Repsol, Endesa o Aceralia.

En la cartera de Exteriores se posicionó a favor de las tesis del Ejecutivo estadounidense encabezado entonces por George W.Bush, que lideró la invasión de Irak de 2003. Pese a que durante la invasión la ministra era ya era Ana Palacio, años más tarde Piqué admitió que en la guerra se cometieron “errores muy serios”. No obstante, el exministro revindicó la 'foto de las Azores' en la que Aznar, Blair y Bush acusaron de forma falsa a Irak de tener armas de destrucción masiva.

Como líder del PP en Catalunya entre 2002 y 2007, Piqué intentó un giro catalanista en la formación frenado por la dirección nacional. Su desencuentro con los postulados centralistas de la dirección nacional del PP, que forzaron que la formación acabara excluyéndose del proceso de reforma del Estatut, terminaron con su dimisión al frente del partido y su renuncia como diputado en el Parlament y como senador.

Al acabar su carrera política, Piqué se dedicó a la empresa y se convirtió en presidente de la aerolínea Vueling entre 2007 y 2013. También ocupó cargos en las empresas OHL, Seat, Airbus o Abengoa como consejero. También perteneció a consejos de patronatos y fundaciones como el Instituto Elcano y fue presidente del Cercle d'Economía.

Nacido en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) Piqué era doctor en Ciencias Económicas y licenciado en Derecho por la Universitat de Barcelona. Empezó su andadura política, en su juventud, como militante antifranquista en las organizaciones Bandera Roja o PSUC. Luego, pasó a formar parte de las filas populares, primero en la administración catalana y luego en la española.

Diversas personalidades del mundo político han reaccionado a la muerte de Piqué desde primera hora de la mañana. Los populares González Pons (vicepresidente del Partido Popular Europeo) o Xavier García Albiol, candidato del PP en Badalona, han expresado su pesar.

También se han pronunciado otros líderes como la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, o Salvador Illa, presidente del PSC, que lo ha calificado como “un político dialogante y comprometido con sus ideales”. También ha tenido palabras para Piqué Foment del Treball, que ha emitido un comunicado lamentando su muerte. Lo valoran como “una persona sabia y afable, de amplia visión económica y empresarial”.

Como empresario, Josep Piqué estuvo involucrado en algunas polémicas, como la que destapó una investigación de elDiario.es junto a Lighthouse Reports, en la que se desvelaba que la empresa ITP Aero, presidida por Piqué, producía los motores de los cazas saudíes que bombardeaban Yemen.

A pesar de que la legislación europea prohíbe exportar armamento a países en guerra, el gobierno de Mariano Rajoy autorizo a la empresa de Piqué para mantener sus lazos con Arabia Saudí hasta, mínimo, dos años después de que empezara el conflicto del Yemen.

El nombre de Piqué también volvió a resonar cuando se hizo público que había cobrado más de 41.500 euros después de estar cinco meses en Airbus sin acudir a ninguna reunión.

Piqué fue colocado en el consejo de Airbus por el Gobierno de Mariano Rajoy en mayo de 2012 en sustitución del exministro socialista Juan Manuel Eguiagaray. Pero su dedicación a Airbus cayó en picado tras ser nombrado unos meses después (octubre de 2013) consejero delegado y vicepresidente segundo de OHL, la constructora del exministro Juan Miguel Villar Mir. Como ejecutivo en esa empresa tenía un sueldo mucho más elevado (800.000 euros en 2014).

Piqué también fue acusado de fraude cuando era ministro, debido a supuestas actividades ilícitas como director de estrategia corporativa de la petrolera Ercros en la venta de su filial Ertoil. La operación se denunció ante la Fiscalía Anticorrupción en 1999 por posibles delitos de apropiación indebida, alzamiento de bienes o delito fiscal. Pero finalmente, la Audiencia Nacional archivó el caso en 2004 tras no encontrar indicio de delito en la operación de venta.

El PP lo vuelve a intentar a ver si esta vez, a la tercera, va la vencida. Alberto Núñez Feijóo ha marcado como uno de sus grandes objetivos el de relanzar la fundación del PP. A punto de cumplir un año al frente del partido, el dirigente gallego acabó con otro legado de Pablo Casado y presentó este viernes Reformismo21, la nueva marca de lo que antes fue Concordia y Libertad. Mucho antes se llamó Humanismo y Democracia. Nombre remozado (mismo NIF), logo rediseñado y un recambio en los nombres propios, con un elenco anclado en el pasado que, en realidad, no formará parte del día a día del think tank con el que Feijóo pretende llenar el vacío que dejó FAES cuando José María Aznar rompió con Mariano Rajoy y se la llevó.

Ese espacio se intentó rellenar con la integración definitiva de Humanismo y Democracia en el organigrama del PP y el traslado de su sede social al edificio del número 13 de la madrileña calle de Génova. Languidecía 2016 y Rajoy recurrió a la vieja fundación creada por el expresidente del Congreso Fernando Álvarez de Miranda en los primeros años de la vuelta de España a la democracia. 

Relacionada siempre ideológica y políticamente con el PP, se integró definitivamente en el partido tras la ruptura política y personal de los dos presidentes del Gobierno de la derecha. Comenzó así una competición que Aznar va ganando por goleada. 

Y eso que, antes del cataclismo entre los dos grandes líderes que ha tenido el PP, la financiación pública que recibió Humanismo y Democracia de administraciones manejadas por el PP aumentó casi al mismo ritmo que descendió la de FAES. La práctica prosiguió en el tiempo mientras la Moncloa fue azul.

A Rajoy no le dio tiempo de hacer mucho con la fundación, más allá de regarla con dinero público. Pero su trabajo como laboratorio de ideas apenas arrancó. Año y medio después de la fusión con el partido, el líder del PP fue desalojado del Palacio de la Moncloa por una moción de censura. Era 1 de junio de 2018 y, ese mismo verano, un cruento congreso interno terminó con Pablo Casado aupado a la Presidencia del partido gracias al apoyo de María Dolores de Cospedal, para quien liderar el partido se convirtió muy pronto en su objetivo número dos. El primero era evitar el triunfo de Soraya Sáenz de Santamaría.

Casado sí tuvo tiempo, y dinero, gracias a sus gobiernos autonómicos, para invertir en la fundación del PP. Lo primero que hizo fue cambiarle el nombre: del original Humanismo y Democracia al nuevo Concordia y Libertad. Y puso al frente a Adolfo Suárez Illana, hijo del presidente del Gobierno durante la Transición y en cuyo partido acabó el fundador, Álvarez de Miranda.

Pero a Casado no le salió bien. Como casi nada durante su mandato. Dos años después de su refundación y sin que se le diera ninguna relevancia interna o externa, el PP se vio obligado a “reforzar” Concordia y Libertad ante el surgimiento de otras fundaciones o centros ideológicos afines al ideario de la derecha.

Nada sirvió para mejorar el conocimiento público ni la labor de la fundación, al menos hacia afuera. Su última memoria de actividades publicada, la de 2021, refleja una actividad muy limitada en España, centrada en cursos de formación para cuadros internos del partido, y casi más destacada en Latinoamérica. La pandemia no ayudó a que el equipo de Suárez Illana y de Teodoro García Egea (quien fue vicepresidente de la fundación) desarrollara su labor.

La actual dirección del PP no ha contado con el primero para nada y él solo ha optado por dejar la política y volver a su bien pagada actividad privada. En cuanto al que fue 'número' dos de Casado, esta semana anunció también su salida del Congreso antes de tiempo.

Quien también apoyó a Casado en el congreso extraordinario de 2018 fue Alberto Núñez Feijóo. El barón amagó con lanzarse él mismo, pero optó por permanecer en Galicia y respaldar la apuesta contraria a la de su autocalificado como “referente político”, Mariano Rajoy. Casi un lustro después, es Feijóo quien ocupa el despacho noble de la séptima planta de Génova, 13.

“Independencia” trufada de afines al PP

A punto de cumplirse un año de su ascenso a las cumbres del PP, el gallego ha optado por relanzar la fundación cuando apenas quedan unos meses para las elecciones generales que le pueden llevar a la Moncloa.

De momento, la dirección del PP ha tomado poco más que medidas cosméticas. Feijóo eligió como director general a un gallego, Pablo Vázquez, un economista de prestigio entre sus pares directamente ligado a los gobiernos de Aznar y de Rajoy: presidente de Ineco y de Renfe, pasó también por la Subsecretaría de Sanidad y Consumo y formó parte del gabinete del presidente en Moncloa. 

Vázquez ha sido director ejecutivo de Fedea, una fundación patrocinada por las grandes empresas del país. Antes de asumir el encargo de Feijóo, era directivo de la consultora McKinsey & Company y director general de otra fundación, Madrid Futuro, dependiente del Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez-Almeida.

De momento, es el único nombre del staff de Reformismo21 que se conoce. Su despacho de trabajo está en la sede nacional. La fundación no tiene presidente, vicepresidente, ni se ha informado de ningún miembro del patronato. La web que sigue activa es la de Concordia y Libertad (también Humanismo y Democracia, a efectos legales). 

De hecho, la fundación está “inoperativa” desde el pasado mes de noviembre. Pese a ello, en diciembre recibió 110.000 euros de la Comunidad de Madrid para sendos proyectos de los que nadie sabe nada en la fundación, según informaba el diario Público este viernes.

Los nombres que sí se conocen son los del Consejo Asesor de Refundación21, un órgano en realidad ajeno al quehacer de la fundación y cuyos miembros no tendrán ninguna relación real con los trabajos más allá de las cuestiones para las que les pueda ser requerida su opinión. O no.

¿Y quiénes son los integrantes de ese Consejo Asesor? Feijóo presumió este mismo viernes de la “independencia” del organismo, en un breve discurso que puso fin a un deslucido acto de presentación de Reformismo21 tras una corta reunión de minutos de ese supuesto Consejo Asesor.

A la cita acudió uno de los nombres más reconocibles: Toni Nadal. El que fuera entrenador del tenista Rafael Nadal se suma como asesor en materia deportiva. O Rafael Matesanz, fundador de la Organización Nacional de Trasplantes. Además de Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Entre los convencidos por Feijóo hay también representantes empresariales, según ha ido informando el PP en un goteo de fichajes que ha servido al líder para hablar este viernes de “selección nacional”, como si de un equipo de fútbol se tratara. Algunos nombres destacados: la directora de Alestis Aerospace, María Eugenia Clemente; la directora de ASTI Mobile Rotics, Verónica Pascual; Alicia Richart, directora general para España y Portugal de la empresa de inteligencia artificial Afiniti; Elena Pisonero, presidenta ejecutiva de Taldig y José María Abad, profesor de ICADE y consultor.

Pero los nombres afines al PP son muchos también. Como Ramón Gil-Casares, secretario de Estado de Asuntos Exteriores con Aznar. O Nuno Crato, exministro de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior de Portugal durante el Gobierno del derechista Pedro Passos Coelho, partido hermano del PP.

En el podio están tres exministros de Gobiernos del PP: Fátima Báñez, Josep Piqué y Ramón Escolano. Tres ausentes en el acto de este viernes, en el que Feijóo ha hablado de “salir de trincheras y capillas”, y de “huir de facciones ideológicas”. Báñez fue la ministra de Trabajo de Rajoy que aprobó, y aplicó, la reforma laboral de 2012 que 11 años después no se ha revertido del todo. Hoy trabaja para la CEOE e Iberdrola. En cuanto a Piqué, tras su paso por Industria es un habitual en consejos de administración de diferentes empresas y para distintos cargos. 

La fundación del PP ha echado a andar, por tercera vez, en pleno año electoral y solo como una colección de nombres más o menos reconocidos. El resultado de sus trabajos está por ver.

Los cazas saudíes que bombardean Yemen desde 2015 llevan un motor producido en parte por una empresa española, ITP Aero, presidida por el exministro y exportavoz del Gobierno de Aznar Josep Piqué. La empresa también lleva a cabo para el ejército de Arabia Saudí el mantenimiento de estos motores.

Esta relación comercial, previamente autorizada por el Gobierno de Rajoy, podría vulnerar la legislación europea y española sobre exportaciones de material bélico, que prohíbe a los Estados autorizar el envío de armamento a países inmersos en guerras o que vulneran los derechos humanos.

Contactada por este periódico, ITP Aero ha rechazado responder al cuestionario enviado por eldiario.es y ha contestado que “actúa con integridad y sigue la regulación de export control de manera estricta en todos sus negocios”.

Según una investigación de eldiario.es junto a Lighthouse Reports, las relaciones comerciales de ITP Aero con esta dictadura se alargaron hasta como mínimo 2017, dos años después de que Arabia Saudí y los Emiratos Árabes empezaran la guerra en Yemen contra los rebeldes hutíes apoyados por Irán. Existen indicios, sin embargo, de que la relación podría mantenerse hasta 2019.

Los bombardeos sobre posiciones civiles y las reiteradas violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército saudí, ampliamente documentadas por la ONU, no han impedido que algunas empresas españolas hagan negocios con esta dictadura, a pesar de que países europeos como Alemania, Dinamarca y Países Bajos han optado recientemente por suspender la venta de armamento a Riad.

Un bombardero letal

El Eurofighter Typhoon es un avión de combate producido por un consorcio de empresas españolas, italianas, alemanas y británicas. Alcanza velocidades supersónicas y tiene capacidad para efectuar bombardeos aire-tierra y aire-aire. Puede llevar hasta 12 misiles y bombas.

Los gobiernos británicos, alemán y francés han reconocido que este caza se usa por las fuerzas saudíes para bombardear Yemen. Según una filtración de documentos de la agencia de inteligencia francesa DRM, Arabia Saudí ha llegado a realizar unas 120 salidas diarias con este avión hacia objetivos yemeníes desde tres bases distintas repartidas por el país.

Esta investigación periodística ha podido geolocalizar a estos cazas en las bases mencionadas así como otro Eurofighter saudí sobrevolando la frontera yemení en 2016 con material preparado para efectuar un bombardeo aire-tierra.

La compañía presidida por Piqué resulta vital para la producción de este caza. Tanto en su web como en informes anuales de la empresa -que pertenece al Grupo Rolls Royce- asegura que participa en el “diseño, fabricación, montaje, ensayos y soporte en servicio” del motor de estos aviones, el EJ200.

También afirma que la compañía “realiza el mantenimiento de los módulos de los que es responsable de diseño para Austria, Arabia Saudita, Omán, Kuwait y Catar”. En el reporte anual de 2017 de Rolls Royce, el grupo propietario de ITP Aero, también se confirma que la empresa produce los EJ200 para Arabia Saudí.

Según la documentación de ITP Aero, la relación comercial con la dictadura saudí se alargó como mínimo hasta 2017, año en el que se entregaron los últimos Eurofighter a este país. Sin embargo, en otro informe de la empresa publicado en 2019 sobre los resultados no financieros del año anterior, el régimen de Riad sigue apareciendo en una infografía como uno de sus clientes internacionales del motor EJ200. Piqué fue elegido presidente del consejo de administración a finales de 2017.

Middle East Propulsion Company (MEPC), una empresa saudí que lleva a cabo servicios de mantenimiento para aviones militares, aseguró en su cuenta de Twitter el pasado febrero de 2019 que varios trabajadores se desplazaban a las dependencias de ITP Aero en España para realizar una formación centrada en el mantenimiento del motor EJ200. En marzo de 2018, Arabia Saudí firmó un memorándum de interés para intentar adquirir 48 cazas Eurofighter más para su ejército.

Exportación previa a Reino Unido

Los motores producidos en la empresa de Piqué, cuya sede está en Zamudio (Bizkaia), son exportados al Reino Unido, donde se montan en el Eurofighter para después ser trasladados a Arabia Saudí. Según datos de la Secretaría de Comercio, las exportaciones españolas a Reino Unido de componentes para el caza Eurofighter superan los 451 millones de euros, solo entre 2015 y 2017.

A pesar de que la empresa exporta previamente a Reino Unido, la normativa sobre exportación de armamento del Consejo de la UE, aprobada en 2008 y legalmente vinculante, establece que las licencias de exportación “se concederán únicamente cuando exista conocimiento previo fiable del uso final en el país de destino final”. También dice que los Estados deberán tener en cuenta “el uso potencial del producto acabado en el país de producción y el riesgo de que se pueda desviar o exportar el producto acabado a un destinatario final no deseado”.

La misma legislación señala que los Gobiernos “denegarán la licencia de exportación cuando exista un riesgo manifiesto de que el receptor previsto pueda utilizar la tecnología o los equipos militares” para “agredir a otro país o para imponer por la fuerza una reivindicación territorial”. El mismo texto añade que otro motivo para denegar una exportación es la “existencia del riesgo de que la tecnología o el equipo militar se desvíen dentro del país comprador o se reexporten en condiciones no deseadas”.

El hecho de que los materiales exportados sean componentes de un motor de un caza y no armas en sí mismas tampoco exime de cumplir la legislación comunitaria. Los “motores aeronáuticos de propulsión” y los “componentes diseñados especialmente para ellos” también están incluidos en la lista común de material militar de la UE.

También la legislación española (ley 53/2007) establece que se deben denegar las licencias de exportación cuando los materiales “puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional” o “en situaciones de violación de derechos humanos”.

La pujanza española en el sector bélico

España es el séptimo país que más armas exporta en todo el mundo. La importancia de este sector se ha ido multiplicando durante los últimos años hasta el punto de que, desde 2004, las exportaciones y autorizaciones de venta de armamento se han multiplicado por 10.

El mayor aumento, que coincide con la llegada de Mariano Rajoy al Ejecutivo, se da a partir de 2012 y alcanza su pico en 2017, cuando las autorizaciones para exportar armamento superaron los 21.000 millones de euros, multiplicando por cuatro las de 2016. Los datos completos de 2018 todavía no se han hecho públicos.

La pujanza de España en este sector, sin embargo, ocurre a costa de vulnerar en muchas ocasiones la legislación europea y española sobre venta de armamento, que prohíbe exportar a países en conflicto, a gobiernos que vulneren los derechos humanos e incluso a países que pudieran exportar ese material a otros Estados donde ocurren los supuestos mencionados anteriormente.

Quien toma la decisión en España sobre a qué lugares se pueden exportar armas es un organismo llamado Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMMDU), integrada por representantes de los ministerios de Industria, Turismo y Comercio, de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Defensa, de Economía y Hacienda y de Interior. Las reuniones son a puerta cerrada y las actas son secretas e inaccesibles.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, al que está adscrito la JIMMDU, no ha querido hacer ningún comentario para este reportaje.

El consejo de Administración de Aena ha aprobado este viernes el nombramiento del ex secretario de Estado de Comercio Jaime García-Legaz como nuevo presidente ejecutivo y consejero delegado en sustitución del dimitido José Manuel Vargas. La propuesta parte del grupo público Enaire, dependiente del Ministerio de Fomento y titular del 51% de las acciones del grupo aeroportuario.

En la reunión de este viernes Aena también ha aprobado el nombramiento como consejero “independiente” del exministro de José María Aznar y exconsejero delegado de OHL, Josep Piqué. Piqué, expresidente de Vueling, pasará a formar parte de la Comisión Ejecutiva (la más importante) y de la de Nombramientos y Retribuciones. Cubrirá la vacante del empresario hotelero Simón Pedro Barceló, que presentó su dimisión el pasado 18 de septiembre.

García-Legaz, nacido en Murcia en 1968, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF y doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Desde noviembre de 2016, era presidente de CESCE, la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación, en la que el Estado es accionista mayoritario. Además, dentro de su trayectoria profesional fue directivo de FAES, la fundación que preside José María Aznar. Ahora pasa a pilotar Aena, que cotiza en el Ibex 35.

Entre los retos que debe afrontar García-Legaz en su mandato se encuentran potenciar la expansión internacional de la compañía aprovechando las oportunidades de negocio que surjan en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, fundamentalmente, y mantener los costes a raya, tras la decisión del Gobierno de bajar un 11% las tarifas aeroportuarias hasta 2021, lo que limita el crecimiento de sus ingresos.

Aena controla el 51% del aeropuerto de Luton (Londres), que es el quinto mayor de Reino Unido, y tiene además presencia en 12 aeropuertos de México, dos en Colombia y uno en Jamaica.

En el ámbito inmobiliario, también tiene la opción de activar el plan que guardaba Vargas en la recámara para desarrollar 2.000 hectáreas alrededor de los aeródromos de Madrid y Barcelona.

Con este nombramiento se elimina la incertidumbre que generó la dimisión de Vargas, anunciada públicamente el pasado 26 de septiembre esgrimiendo “motivos personales”, después de que el Gobierno haya rechazado en diversas ocasiones avanzar en la privatización de la empresa.

La nueva Abengoa vuelve a tirar de expolíticos tras esquivar in extremis la quiebra el año pasado. El grupo andaluz de ingeniería y energía renovable ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el nombramiento como consejero independiente del exministro Josep Piqué.

Piqué, que fue titular de Exteriores e Industria con José María Aznar, se incorpora al máximo órgano de administración de Abengoa tras cesar hace un año como primer ejecutivo de la constructora OHL.

El exministro, con una amplia experiencia empresarial (en empresas como Ercros o la aerolínea Vueling, que presidió), suma este puesto a su cargo como consejero de Seat o vicepresidente del grupo de inversiones Alantra y a la reciente creación de la sociedad Aviation Pasiphae, cuyo objeto social es la prestación de servicios técnicos de consultoría a empresas del sector de la aviación.

Esta designación se produce a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y con el objetivo de cubrir por cooptación la vacante existente. Piqué también será miembro de la Comisión de Nombramientos yRetribuciones en sustitución de José Luis del Valle Doblado. En el consejo de administración coincidirá por ejemplo con Pilar Cavero, cuñada del expresidente madrileño Ignacio González.

Abengoa, que ya tuvo como consejeros a, entre muchos otros, al exministro socialista Josep Borrell o al ex secretario de Estado Ricardo Martínez Rico (ex socio de Cristóbal Montoro en la polémica consultora Equipo Económico), ha quedado en manos de la banca acreedora tras la reestructuración que el año pasado implicó una quita del 97% para los acreedores y supuso la inyección de dinero nuevo para su recapitalización.

El pasado 3 de octubre, FAES y el PP se separaron de forma oficial y pasaron a ser independientes. Hace menos de un mes, el 20 de diciembre, José María Aznar formalizó la situación hasta el punto de renunciar al cargo de presidente de honor del PP y quedarse como simple militante.

La explicación oficial fue que el antecesor de Mariano Rajoy en La Moncloa completaba el proceso después de una última etapa de críticas a su política más duras de lo habitual. El jueves, el exmandatario reúne en un acto de FAES a dos de sus exministros, Josep Piqué y Alberto Ruiz Gallardón, que conversarán con Javier Zarzalejos, director del think tank, sobre la situación política.

El acto lleva por título “Ideas para la sociedad española” y Aznar se limitará a hacer un comentario al final. Aunque muchos lo consideran como el lanzamiento de un nuevo ideario y se especula sobre la creación de un nuevo partido político, en el PP esperan más de lo mismo y que vuelvan a vertirse críticas contra la subida de impuestos por parte del Gobierno o contra la política territorial en Cataluña.

La versión oficial más extendida entre los todavía cercanos a Aznar, como es el caso de Pablo Casado, quien trabajó a sus órdenes durante años, es que la posición política de Aznar y de Rajoy no es tan distante. Pero el sentir mayoritario es que las críticas del expresidente a su sucesor han sido continuas y que la separación de FAES no comportará grandes cambios en ese aspecto.

L'exministre d'Indústria i Exteriors i actual conseller delegat de la constructora OHL, Josep Piqué, va cobrar l'any passat 41.668 euros per la seva pertinença al consell d'administració del grup aeronàutic Airbus, del qual va ser el representant espanyol fins el 27 de maig. Piqué va rebre aquesta remuneració sense participar en cap de les reunions celebrades pel màxim òrgan de gestió de la companyia durant aquests cinc mesos.

Així es desprèn de la documentació remesa dijous passat pel consorci a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). El document, també disponible al web d'Airbus, assenyala que Piqué va cobrar 46.668 euros de retribució fixa i zero euros en concepte de dietes d'assistència. Les seves inassistències van propiciar que la comissió d'Auditoria d'Airbus, de la qual formava part i que l'any passat es va reunir cinc vegades, tingués una taxa d'assistència del 80%, “inferior al que és habitual a causa de la no disponibilitat de l'exmembre del consell Josep Piqué i Camps”, segons recull l'informe d'Airbus, que a preguntes sobre aquest assumpte no ha volgut fer comentaris.

Piqué va ser col·locat al consell d'Airbus pel Govern de Mariano Rajoy rl maig de 2012 en substitució de l'exministre socialista Juan Manuel Eguiagaray. Després d'una reforma dels estatuts del grup aeronàutic, va renovar com a vocal el 2013 i la seva qualificació va passar de dominical (en representació d'un accionista, el Govern espanyol) a la d'independent. Però la seva dedicació a Airbus va caure en picat després de ser nomenat uns mesos després (octubre de 2013) conseller delegat i vicepresident segon d'OHL, la constructora de l'exministre Juan Miguel Villar Mir. Com executiu en aquesta empresa té un sou molt més elevat, de 800.000 euros el 2014 (últim exercici disponible).

El 2014, Piqué ja es va perdre quatre de les set reunions celebrades aquell any pel consell d'administració d'Airbus, que l'any passat es va reunir en nou ocasions i on s'hi asseuen, entre d'altres, l'anterior president del Banc Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet. El 2014, la retribució de l'actual executiu d'OHL a Airbus va ser de 115.000 euros: 100.000 de retribució fixa (80.000 per la seva pertinença al consell i uns altres 20.000, per estar en una de les comissions); i uns altres 15.000 euros en dietes (llavors s'abonaven 5.000 euros per reunió). El 2015 va cobrar la part proporcional a la seva retribució fixa per aquests cinc mesos però, com que es va saltar totes les reunions, no va cobrar dietes.

“Elevat absentisme laboral”

L'exministre amb José María Aznar, que el 2003, quan era titular de Ciència i Tecnologia, advocava per una reforma laboral “per aconseguir majors nivells de flexibilitat i evitar problemes com l'elevat absentisme laboral”, va ser substituït al maig de l'any passat al consell d'Airbus per l'expresidenta d'IBM Espanya i exdirectiva d'Iberdrola, Amparo Moraleda, en una junta d'accionistes on Piqué ni tan sols va assistir perquè coincidia amb l'assemblea anual d'OHL. Poc abans d'aquesta junta, l'exministre va afirmar a El Mundo que més d'un any abans havia avisat al Govern espanyol que no podria compatibilitzar el seu càrrec en Airbus amb les seves noves responsabilitats executives en OHL, i va assegurar que fins i tot havia formalitzat la seva renúncia a l'abril de l'any passat.

La veritat és que ha cobrat com si hi hagués estat fins el maig, quan es va fer efectiva la seva dimissió. El seu cas contrasta amb el de quatre exconsellers d'Airbus que el 2013 van estar tres mesos en el màxim òrgan de gestió de la companyia (fins el març d'aquest any) sense percebre cap remuneració.

La seva substituta, Amparo Moraleda, va ser nomenada malgrat el vot en contra del Govern espanyol, que controla un 4,11% d'Airbus a través de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) després de vendre's l'abril de l'any passat un 1,2% i quedar-se sense dret a nomenar representant. L'executiu de Mariano Rajoy era partidari d'altres noms, com l'excolaboradora de Luis de Guindos i expresidenta del Banc Dolent (Sareb), Belén Romana, o l'exministre de Defensa, Eduardo Serra.

El exministro de Industria y Exteriores y actual consejero delegado de la constructora OHL, Josep Piqué, cobró el año pasado 41.668 euros por su pertenencia al consejo de administración del grupo aeronáutico Airbus, del que fue el representante español hasta el 27 de mayo. Piqué recibió esa remuneración sin participar en ninguna de las reuniones celebradas por el máximo órgano de gestión de la compañía durante esos cinco meses.

Así se desprende de la documentación remitida el pasado jueves por el consorcio a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El documento, también disponible en la web de Airbus, señala que Piqué cobró 46.668 euros de retribución fija y cero euros en concepto de dietas de asistencia. Sus inasistencias propiciaron que la comisión de Auditoría de Airbus, de la que formaba parte y que el año pasado se reunió cinco veces, tuviera una tasa de asistencia del 80%, “inferior a lo habitual debido a la indisponibilidad del ex miembro del consejo Josep Piqué i Camps”, según recoge el informe de Airbus, que a preguntas sobre este asunto no ha querido hacer comentarios.

Piqué fue colocado en el consejo de Airbus por el Gobierno de Mariano Rajoy en mayo de 2012 en sustitución del exministro socialista Juan Manuel Eguiagaray. Tras una reforma de los estatutos del grupo aeronáutico, renovó como vocal en 2013 y su calificación pasó de dominical (en representación de un accionista, el Gobierno español) a la de independiente. Pero su dedicación a Airbus cayó en picado tras ser nombrado unos meses después (octubre de 2013) consejero delegado y vicepresidente segundo de OHL, la constructora del exministro Juan Miguel Villar Mir. Como ejecutivo en esa empresa tiene un sueldo mucho más elevado, de 800.000 euros en 2014 (último ejercicio disponible).

En 2014, Piqué ya se perdió cuatro de las siete reuniones celebradas ese año por el consejo de administración de Airbus, que el año pasado se reunió en nueve ocasiones y en el que se sientan, entre otros, el anterior presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet. En 2014, la retribución del actual ejecutivo de OHL en Airbus fue de 115.000 euros: 100.000 de retribución fija (80.000 por su pertenencia al consejo y otros 20.000, por estar en una de sus comisiones); y otros 15.000 euros en dietas (entonces se abonaban 5.000 euros por reunión). En 2015 cobró la parte proporcional a su retribución fija por esos cinco meses pero, como se saltó todas las reuniones, no cobró dietas.

“Elevado absentismo laboral”

El exministro con José María Aznar, que en 2003, cuando era titular de Ciencia y Tecnología, abogaba por una reforma laboral “para alcanzar mayores niveles de flexibilidad y evitar problemas como el elevado absentismo laboral”, fue sustituido en mayo del año pasado en el consejo de Airbus por la expresidenta de IBM España y exdirectiva de Iberdrola, Amparo Moraleda, en una junta de accionistas a la que Piqué ni siquiera asistió porque coincidía con la asamblea anual de OHL. Poco antes de esa junta, el exministro afirmó a El Mundo que más de un año antes había avisado al Gobierno español de que no podría compatibilizar su cargo en Airbus con sus nuevas responsabilidades ejecutivas en OHL, y aseguró que incluso había formalizado su renuncia en abril del año pasado.

Lo cierto es que ha cobrado como si estuviera hasta mayo, cuando se hizo efectiva su dimisión. Su caso contrasta con el de cuatro exconsejeros de Airbus que en 2013 estuvieron tres meses en el máximo órgano de gestión de la compañía (hasta marzo de ese año) sin percibir ninguna remuneración.

Su sustituta, Amparo Moraleda, fue nombrada pese al voto en contra del Gobierno español, que controla un 4,11% de Airbus a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) tras vender en abril del año pasado un 1,2% y quedarse sin derecho a nombrar representante. El ejecutivo de Mariano Rajoy era partidario de otros nombres, como la excolaboradora de Luis de Guindos y expresidenta del Banco Malo (Sareb), Belén Romana, o el exministro de Defensa Eduardo Serra.

El recurso del PP contra la Ley de Igualdad aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero provocó en 2007 una bronca a gritos entre Josep Piqué y Sebastián González, por entonces coordinador de organización del partido. Durante una convención del PP en Valladolid, al dirigente catalán se le atragantó la cena al enterarse de que su partido había decidido recurrir la ley porque las cuotas “restringían los derechos de las personas en atención a su género. ”¡Sólo nos faltaba eso, ya hemos metido la pata en muchas cosas como para que encima pasemos por machistas oficiales!“, bramó antes de abandonar la mesa.

El PP siempre se ha defendido de las acusaciones de machismo con el argumento de que fue el primer partido en situar a mujeres en cargos relevantes. Eso no le impidió recurrir ante el Tribunal Constitucional las tres leyes más importantes del gobierno socialista y que constituyeron un avance más importante para las mujeres: la de Igualdad, la ley integral contra la violencia de Género y la ley de plazos que permite interrumpir el embarazo. A falta de que el tribunal se pronuncie sobre la última, el PP perdió los dos primeros.

Entre los ejemplos de los puestos de importancia ocupados por mujeres del partido conservador se encuentran las primeras presidentas del Congreso y del Senado, Luisa Fernanda Rudi y Esperanza Aguirre. También las alcaldesas de grandes ciudades como Rita Barberá en Valencia, Rudi en Zaragoza, Teófila Martínez en Cádiz y Celia Villalobos en Málaga. En la actualidad, Villalobos es vicepresidenta primera de la Cámara Baja y Soraya Sáenz de Santamaría es la número dos de Mariano Rajoy en el Gobierno y ministra de la presidencia.

Pero el hecho de que muchas hayan sido aupadas a puestos relevantes ha convivido con el silencio de la mayoría cuando alguno de sus compañeros de filas se ha despachado con declaraciones machistas. En la última polémica protagonizada por el alcalde de Valladolid, el patrón de respuesta se ha repetido y ninguna mujer ha desautorizado de forma explícita a Javier León de la Riva. Sólo Susana Camarero, secretaria de Estado de Igualdad, ha expresado una condena genérica sobre ese tipo de declaraciones, pero sin nombrar a De la Riva o al PP.

La máxima responsable del PP, Mª Dolores de Cospedal, aprovechaba el Día Internacional de la Mujer para insistir es esa idea y en su oposición a reservar puestos a mujeres para avanzar en cuanto a paridad. “Siempre hemos tenido en las listas a mujeres. Hay algunos que no las llevan de primeras, pero siempre llenan la cuota. Es muy ofensivo y lo más machista que hay para una mujer”, declaró.

Las siglas por delante de los principios

En ese encuentro con mujeres, la secretaria general consideró necesario aclarar que nunca ha querido “ser un hombre ni ser tratada como tal” y cosechó muchos aplausos. Pero unos meses después, cuando Miguel Arias Cañete se refugió en la dificultad de debatir con Elena Valenciano para que su presunta superioridad intelectual no se interpretara como machista, Cospedal y el resto de mujeres del PP quitaron hierro al asunto. “Desafortunada” o “lamentable” son los adjetivos más contundentes que utilizaron.

Hasta el momento, ninguna otra mujer con peso en el PP se ha atrevido a exigirle que pidiera perdón por su ofensa y por sus acusaciones sobre violaciones falsas. Ana Mato, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Celia Villalobos, muy beligerante cuando se trata de defender el derecho al aborto, o la vicepresidenta han permanecido calladas. De esta forma, ha resultado evidente su decisión de anteponer la pertenencia al partido a la defensa de sus ideas.

Cuando estalló el escándalo, en noviembre de 2011, y tras la posterior imputación del duque de Palma en febrero pasado, son muchos los que han ensalzado la actitud de la Casa Real y del propio monarca, Juan Carlos I, de distanciarse del marido de su hija, la infanta Cristina, de apartar a ambos de las actividades públicas de la Corona y de reivindicar que la Justicia es igual para todos –excepto para él mismo, que según la Constitución es inimputable–.

El hecho de que Urdangarin recurriera a los servicios del abogado Mario Pascual Vives, quien dijo que su relación procedía exclusivmente de que eran compañeros de tenis, parecía denotar que el duque de Palma no contaba con el apoyo de la Corona ni siquiera a la hora de elegir abogado. Ninguno de los bufetes asociados a la Casa Real se iba a hacer cargo del caso. El propio historial de Pascual Vives como penalista sólo contaba hasta ahora con un caso mediático, haber defendido a las hijas del juez corrupto Lluís Pascual Estevill durante el proceso contra su padre en calidad de responsables civiles de los delitos del ex magistrado. Nadie reparó en que Pascual pertenece a un bufete estrechamente vinculado a La Caixa, al Barça y al grupo de amigos de Josep Piqué, ex ministro de Aznar, presidente de Vueling y hombre con un profundo ascendente sobre Mariano Rajoy.

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Ahora las cosas han cambiado para la Casa Real. El desliz del rey durante su cacería en Botsuana y la ruptura de Urdangarin con su socio en Nóos, Diego Torres, imputado como él por el juez Castro de Palma, han contribuido a que cada vez se cuestione más la actitud del monarca. Las negociaciones entre ambos responsables del Instituto Nóos han derivado en lo que la defensa de Urdangarin ha calificado de chantaje: la exigencia de cantidades de dinero que han ido disminuyendo por el abogado de Torres, el letrado barcelonés Manuel González Peeters, a cambio de no hacer públicos 200 correos electrónicos que acreditarían la implicación en las conductas supuestamente delictivas de la infanta Cristina y del propio monarca. Desde entonces, las presiones sobre González Peeters no han cesado y el abogado asegura en privado que está siendo vigilado por el CNI. Su comportamiento paranoico parece certificar que el defensor de Diego Torres está convencido de lo que dice.

La declaración de hoy del ex presidente balear Jaume Matas, también ex ministro de Aznar y, probablemente, artífice del estallido del caso Urdangarin como maniobra de distracción, no ha aportado nada a la instrucción. Una vez imputado Urdangarín y con la Corona en el foco de atención, ha decidido que ya no tiene más que decir, aunque en su día revelara que el Gobierno balear pagó 2,3 millones de euros a Nóos sólo porque se lo pidió el duque de Palma.

González Peeters teme que su cliente acabe cargando con toda la responsabilidad y por eso se puso en contacto con la Fiscalía para intentar alcanzar un acuerdo de conformidad. Un acuerdo que, en todo caso, exigía que Urdangarin también lo suscribiera. Ante las reticencias de Mario Pascual y del propio Urdangarin, la defensa de Torres puso en marcha la estrategia de presiones sobre Urdangarin. Pero fuentes conocedoras del proceso aseguran que ni habrá pacto ni compensación económica alguna para Torres, y que González Peeters ya lo sabe.

El aspecto de sabio despistado de Pascual Vives es muy engañoso. Detrás del letrado está el bufete Brugueras García-Bragado, Molinero & Asociados, escasamente mediático, pero muy influyente en Barcelona. Entre los socios que dan nombre a ese despacho está Juan Ignacio Brugueras, presidente de la Caixa dels Advocats de Barcelona, ahora absorbida por Multicaja, ahora Bantierra, donde es vicepresidente segundo. Fue vicepresidente del FC Barcelona en la época de Maradona, tesorero en la última Junta de Joan Gaspart y se quedó a las puertas de ser 'Síndic del soci' con el presidente accidental Reyna. Sigue ostentando el puesto ejecutivo en la Caixa dels Advocats, que es la entidad que percibe el dinero de la Consellería de Justicia de la Generalitat para el pago del turno de oficio a los abogados.

Alejandro García-Bragado Dalmau es también abogado del estado en excedencia y secretario y asesor de Aguas de Barcelona, Inmobiliaria Colonial. Y sobre todo: secretario del Consejo y asesor jurídico de Caixa de Ahorros y Pensiones de Barcelona, transformada ahora en Caixabank, y patrono de la Fundación La Caixa, donde trabaja la infanta Cristina. Por su parte, César Molinero Santamaría, profesor de derecho en la UAB y en su día redactor de La Vanguardia. Además es hermano del que fue teniente de alcalde de Barcelona con el PSC desde Pasqual Maragall a Jordi Hereu, pasando por Joan Clos.

Lo cierto es que Diego Torres, además de poseer una serie de correos electrónicos que vinculan directamente no solo a la infanta Cristina si no a su mismo padre, también tiene otros correos que demostrarían la connivencia de una institución financiera en la gestión de las cuentas en el extranjero de la infanta y de Urdangarin. La vinculación de la familia real con dicha entidad de depósitos tiene una larga tradición. No es casual que el despacho elegido para la defensa de Urdangarin sea el del secretario del Consejo y asesor jurídico de Caixabank. La misión del bufete, pues, es triple: defender al duque de Palma; evitar por cualquier medio que ni la infanta Cristina pueda ser imputada o el rey quede salpicado por sus ayudas a su hija Cristina y a su yerno Iñaki.

Además, en el despacho está representada la flor y nata tanto de la clase política como de la burguesía catalanas. Como Federico Calabuig Alcalá del Olmo, nacido el 6 de mayo de 1960, nombrado abogado del estado el 2 de febrero de 1987, número de registro personal 35028465, actualmente en excedencia. En el año 2009, ocupaba el 227 en el escalafón del cuerpo de Abogados del Estado. Su hermano Juan Ignacio es magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona.

La esposa de Calabuig es Pilar Fernández Bozal, actual consellera de Justicia de la Generalitat. Nombrada abogada del Estado el 2 de abril de 1991, el mismo día que Dolores de Cospedal ya que son compañeras de promoción. Su número de registro personal es 46222961 y en 2009 ocupaba el puesto 321 en el escalafón del cuerpo de abogados del Estado.

El preparador de Federico Calabuig fue el también abogado del Estado Pedro Ferreras Díez. Calabuig trabajó como abogado del Estado en el Tribunal de Expropiación y otros destinos siempre en Barcelona. Pidió la excedencia voluntaria en 1994 e inició su andadura como abogado en ejercicio en el despacho de Pedro Ferreras al tener que abandonarlo este por ser nombrado primero, en marzo de 1996, subsecretario de Industria y Energía y después, en junio de ese mismo año, presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Ferreras consiguió ese puesto a gracias a su condición de amigo personal de Josep Piqué y Anna Birulés.

Piqué se incorporó al Gobierno de José María Aznar como independiente en 1996, desde el puesto de presidente del Círculo de Economía de Barcelona, uno de los foros empresariales más influyentes de España y al que sigue vinculado. Ocupó la cartera de Industria. Fue el propio Mariano Rajoy quien le convenció de que se afiliara al PP y se decidiera a liderar el partido en Cataluña. Piqué aceptó y no tardaría en ascender en el Gobierno de Aznar. Primero se convirtió en portavoz del Gobierno y, cuando Aznar obtuvo la mayoría absoluta en 2000, fue nombrado ministro de Exteriores. Sigue teniendo gran ascendiente sobre Rajoy y sobre el sector más moderado del PP hasta el punto de que sonó como ministrable de Economía tras las elecciones de noviembre, pero Rajoy tuvo que hacer una doble concesión: una a los mercados, con el nombramiento de Luis de Guindos, ex Lehman Brothers, y uno al aznarismo con la designación de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda.

La relación de Piqué con La Caixa, por cierto, siempre ha sido excelente. De hecho, se formó en su departamento  de estudios, y, aunque hubo algunos roces cuando, tras salir del Gobierno, intentó hacerse con la presidencia de la entidad, sigue manteniendo una fluida relación con los directivos del ahora banco.

El denominado Clan de Urús no es el único con cuota en el bufete que se encarga de la defensa de Urdangarin. En la plantilla figuran Antoni Esquerra-Torrescasana Llobet, secretario de la Fundación Güell; Carlos Ginebreda, amigo de la infancia de Federico Calabuig y profesor de práctica jurídica en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona; Carlos de Miquel, profesor de la facultad de derecho de la UB; Enric Emo, compañero de curso en el elitista colegio de jesuitas de Sarriá de José Ignacio Calabuig Alcalá del Olmo; José Carballeda, inspector de finanzas del Estado en excedencia; Luis del Olmo, hijo del locutor y abogado de Bankia; Tatiana Garí, heredera del imperio Garí, nieta de Manuel Garí de Arana, su familia sigue sentándose en el Consejo de Administración del Banco Santander por herencia del Banco Central, y Bartolomé Masoliver, exnotario, excónsul de Canadá en Barcelona.