UGT ha exigido a la ONG Mensajeros de la Paz, encargada de gestionar distintas residencias en la región, el abono inmediato de la paga extraordinaria pendiente del mes de junio.

El sindicato considera injustificados estos retrasos, los cuales, según afirma, se vienen repitiendo desde hace ya cinco años en ambas pagas extraordinarias, recordando que según contempla el convenio colectivo, debe abonarse el día 15 de junio de cada año.

Concreta que que el pasado 1 de agosto Mensajeros de la Paz comunicó a sus trabajadores y trabajadoras que el abono de la misma se realizaría, como máximo, el 15 de septiembre, señalando que “representa un doble perjuicio, en primer lugar por no ver reflejada esta retribución en la nómina de junio y, en segundo lugar, por no ser avisados con antelación de dicha circunstancia”.

“Los retrasos en el abono de las pagas resulta ser una práctica muy habitual que se repite desde hace cinco años, incumpliendo reiteradamente el convenio colectivo”, han afirmado desde la central sindical.

Este periódico se ha puesto en contacto con la ONG, sin que por el momento haya sido posible obtener su valoración.

UGT critica que a día de hoy se mantenga vigente lo establecido en el Real Decreto de mayo de 2010 en cuanto al recorte en las pagas extraordinarias de los empleados públicos, por lo que pide que -de manera urgente- se contemple la vuelta al cobro del sueldo y de los trienios completos en ambas pagas.

El sindicato lamenta que los profesionales públicos llevan ya 13 años con la paga extra recortada, concretamente desde el real decreto de 2010 de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

“Llevamos más de una década de injustos recortes a los profesionales públicos, nos premian con aplausos, placas y actos protocolarios por el trabajo realizado, pero mientras se mantengan estos recortes se nos está castigando retributivamente”, afirma el responsable del sector sanitario de UGT en Castilla-La Mancha, Fernando Peiró.

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores señala que siguen los recortes en las pagas extra en su sueldo base y trienios a pesar de que la ley 55/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud define como retribuciones básicas “el sueldo y los trienios que se asignan a cada categoría en función del título exigido para su desempeño”.

Recortes

De acuerdo con lo establecido en dicha ley, se contemplan que las pagas extraordinarias serán dos al año, preferentemente en los meses de junio y diciembre, y que el importe de cada una de ellas “será como mínimo de una mensualidad del sueldo y trienios, al que se añadirá la catorceava parte del importe anual del complemento de destino”.

UGT cifra en más de un 38,30% el recorte que tienen todos los médicos y los profesionales del subgrupo A1 en el importe del sueldo base de las extras. El recorte en los enfermeros y el resto de profesionales del subgrupo A2 supera el 27,10%.

“Si echamos la vista atrás, a lo largo de estos 13 años la pérdida retributiva en este y otros conceptos ha sido considerable”, afirma Fernando Peiró. Por todo ello, considera de justicia que -con carácter urgente- el nuevo Gobierno Estatal contemple que todas las categorías vuelvan a cobrar sueldo y trienios completos en las dos pagas extras. “No será ya en la paga de Navidad de 2023. Esperemos que sea en la próxima”.

La Fiscalía de Sevilla acusa a la exalcaldesa de Bormujos (Sevilla) Ana Hermoso (PP) de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por haber abonado a los empleados municipales de forma encubierta la paga extraordinaria de Navidad de 2012, que por entonces había suprimido el Gobierno de Mariano Rajoy para garantizar la estabilidad presupuestaria. El caso se archivó en 2019 pero el Ayuntamiento de la localidad sevillana, que ejerce la acusación particular, consiguió el año pasado que la Audiencia Provincia lo reabriera.

Se trata de una exregidora popular que ya fue juzgada en 2016 por un presunto cohecho al aceptar un bolso de Loewe a cambio de apoyar una moción de censura en 2005 para expulsar al PSOE del Consistorio local en beneficio del independiente Baldomero Gaviño. Pese a que resultó condenada por la Audiencia a seis meses de cárcel, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló la sentencia en enero de 2017 al no ver acreditado que el bolso fuera un regalo por votar a favor de la moción. En junio de 2021 también fue archivada la querella de Hermoso contra su sucesor al frente de Bormujos, Francisco Molina (PSOE), a quien había acusado de calumnias a cuenta de un comentario sobre el polémico bolso.

Volviendo al caso de la paga extra de 2012, recuerda el fiscal que Hermoso en 2012, con la “clara intención” de eludir aquellas medidas para la estabilidad presupuestaria en España, “ordenó” al departamento de personal del Ayuntamiento de Bormujos que informáticamente se creara en aplicación de nóminas un subcomplemento de productividad a través del cual se abonara a cada empleado municipal entre julio y diciembre de 2012 una sexta parte de lo que es hubiera correspondido por la paga extraordinaria suprimida. Siempre, de acuerdo al relato del fiscal, en su escrito de 26 de septiembre de 2023, Hermoso dictó siete resoluciones “para encubrir esos pagos fraccionados” de la paga extra de Navidad.

Los funcionarios, “partícipes a título lucrativo”

Todo ello supuso un desembolso de 169.678,66 euros, cantidad coincidente con el importe total de la paga extra eliminada y en la que la exalcaldesa deberá indemnizar ahora al Ayuntamiento y de la que deberán responder también de forma solidaria los empleados municipales a quienes se hubiere pagado las cantidades como productividad no justificada como partícipes a título lucrativo, según las peticiones del fiscal.

La Fiscalía recuerda que, a finales de 2014, la Ley de Presupuestos Generales del Estado aprobó el abono al funcionariado de cantidades en concepto de recuperación de los importes dejados de percibir. Tanto Hermoso como su sucesor dictaron las resoluciones para la efectiva aplicación de la normativa estatal y se desembolsó un total de 119.162,86 euros, por lo que “se produjo un doble ingreso por los empleados públicos en la parte cuya devolución se acordó”. Fue una “huida hacia adelante para no dejar al descubierto lo actuado con anterioridad”, según lo dicho textualmente por la Audiencia de Sevilla.

Hermoso declaró en sede judicial en febrero de 2018 por este caso y negó que abonara de forma encubierta la paga extra, apuntando que las cuantías de más en sus nóminas eran “complementos de productividad legales”. 

El Gobierno ha vuelto a tener que recurrir a la llamada 'hucha de las pensiones' para poder pagar la extra de Navidad, como había adelantado ya la ministra de Trabajo en funciones. El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes una disposición de 3.598,20 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Además, el Ejecutivo ha aprobado un incremento de 600 millones de euros en la transferencia de fondos del Estado a la Seguridad Social para atender a este abono a los casi 9 millones de pensionistas.

La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, ha sido la encargada de detallar el real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros este viernes para garantizar los recursos que sufraguen la nómina regular de las pensiones en diciembre más la paga extra que se abona finales de año. En total, “un desembolso superior a los 19.000 millones de euros”.

Aunque la recaudación de cuotas a la Seguridad Social está aumentando con fuerza, mucho más que la afiliación –crece “en torno al 8%”, ha destacado Valerio–, las cotizaciones sociales todavía no son suficientes para afrontar el pago de las pensiones en los meses en los que se suman las pagas extra (hay una en invierno y otra en verano).

La 'hucha' puede quedarse en 1.500 millones

Dado el déficit de recursos de la Seguridad Social, de unos 16.000 millones de euros, en estos dos momentos del año se está tirando en los últimos ejercicios de préstamos del Tesoro Público a la Seguridad Social (senda que inició el Gobierno del PP al final de su mandato) y de la llamada 'hucha de las pensiones'.

Para el abono de la extra de Navidad de este año, la ministra Valerio ha explicado que se ha autorizado la disposición de 3.598,20 millones de euros de la 'hucha', pero con la intención de no tener que usar finalmente toda esta cantidad si la recaudación de las cotizaciones sociales lo permite. La cantidad que se utilice finalmente del Fondo de Reserva a día de hoy no se conoce, ha sostenido la titular de Trabajo en funciones.

Si se utilizara finalmente la totalidad de esos casi 3.600 millones de euros, la 'hucha' se quedaría a mínimos, con unos 1.500 millones de euros. El Fondo de Reserva, que llegó a tener casi 67.000 millones de euros en 2011, fue vaciado en un 90% por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Fuentes del Ministerio de Trabajo confirman que, como también estaba previsto, el Gobierno usará parte del préstamo del Tesoro Público a la Seguridad Social de este año, que ascendió a un total 13.830 millones de euros, para pagar las pensiones este mes. “El préstamo se ha ido usando de forma prorrateada. Efectivamente, una parte prorrateada de ese préstamo también se usará”, explican.

600 millones más de fondos transferidos del Estado

El real decreto-ley aprobado este viernes recoge además una autorización para que la nómina de las pensiones se pague con cargo a los ingresos previstos para lo que queda de año. Valerio ha explicado que esta previsión legal es necesaria puesto que los Presupuestos Generales con los que está funcionando el país son los de 2018, prorrogados, por lo que no contemplan este incremento en las cotizaciones sociales que se prevé registrar.

Más allá de la concreción del dinero que el Gobierno habilita retirar de la 'hucha de las pensiones', la novedad de este viernes pasa por el incremento aprobado de 600 millones de euros en los fondos que el Estado transfiere a la Seguridad Social este 2019 para pagar las pensiones. Esta cantidad se suma a la transferencia del Estado ya prevista para este año de 1.331,9 millones de euros.

Estos fondos no son un préstamo, es decir que no endeudan a la Seguridad Social, sino que se trata de presupuesto que el Estado destina a financiar el sistema de pensiones sin que exista una contrapartida. Este modelo, en el que el pago de las pensiones se complementa con impuestos (además de las cotizaciones sociales), es por el que aboga el PSOE y Unidas Podemos. Magdalena Valerio ha puesto como referencias el ejemplo de Francia, que tiene un impuesto finalista para pagar las pensiones, y Alemania, que aporta ingresos a través de la imposición general.

El Gobierno utilizará 7.500 millones de euros de préstamo del Estado para abonar la paga extra de las pensiones de verano, que llegará “en los próximos días” a los pensionistas. En total, la suma de la paga ordinaria, la extraordinaria y el pago del IRPF de las pensiones alcanza los “19.000 millones de euros”, para los que el Ejecutivo tiene que recurrir a esta financiación complementaria a los recursos obtenidos vía cotizaciones sociales.

El Ministerio de Trabajo ha recordado este martes que los 7.500 millones proceden del préstamo concedido a la Tesorería General de la Seguridad Social el pasado 1 de marzo de 2019, que alcanzó el total de 13.830 millones de euros. Ya en ese momento, el Gobierno preveía librar estos 7.500 millones de euros para abonar la nómina doble de verano y los 6.330 millones restantes está previsto que se utilicen para abonar las pagas ordinarias y extraordinarias en el mes de noviembre.

Trabajo destaca que “gracias a la buena marcha de la recaudación, no va a ser necesario recurrir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social” –la llamada 'hucha de las pensiones'–, para cumplir con este pago, aunque tampoco se utilizó el pasado verano. Para la extra de julio de 2018, el Ejecutivo recurrió también a 7.500 millones de préstamo del Tesoro.

El Tribunal de Cuentas criticó recientemente esta vía de financiación –que inició el Gobierno de Rajoy en 2017 y ha mantenido el Ejecutivo de Sánchez– para atajar el déficit de la Seguridad Social, de unos 18.000 millones de euros.

El órgano supervisor considera que el “agujero” de la Seguridad Social debería cubrirse vía impuestos, a través de “transferencias corrientes de la Administración General del Estado, no de la concesión de nuevos préstamos”, que “deja a la Seguridad Social en una posición comprometida de endeudamiento frente al Estado, afectando negativamente a su solvencia”.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) también se decanta por que el Estado asuma el déficit de la Seguridad Social a corto plazo y, de cara al futuro, propone ahondar en la reforma de pensiones de 2011 y complementarla con medidas en materia de natalidad e inmigración que hagan frente al envejecimiento de la población española y al incremento del gasto en pensiones de los próximos años debido a la jubilación de la generación del baby boom.

La pensión media de jubilación llega a 1.138 euros

Los datos del Ministerio de Trabajo recogen que la nómina total (ordinaria) del conjunto de pensiones contributivas de la Seguridad Social de junio alcanza los 9.644,34 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 5,1%, en términos homogéneos.

La pensión media de las distintas clases del sistema (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) alcanza los 990,87 euros mensuales, con grandes diferencias según el sexo de sus beneficiarios. En el caso de las mujeres, la pensión media es de 787,84 euros y en el de los hombres, de 1.208,18 euros mensuales.

Si atendemos a la pensión de jubilación, la media es de 1.137,99 euros mensuales (857,89 euros en el caso de las mujeres y 1.312,68 euros en el de los hombres). El importe de la pensión de viudedad, cuyas beneficiarias son mayoritariamente mujeres (92%), alcanza en junio la media de 712,19 euros mensuales (729,49 euros en el caso de las mujeres y 508,56 euros en los hombres).

El número total de pensiones sigue aumentando por encima del 1% en términos interanuales (1,24%), hasta llegar a las 9.733.234 pensiones contributivas. De ellas, casi una de cada cinco están complementadas por parte del Estado para alcanzar el mínimo establecido en cada clase, un 24,1%.

La compañía francesa dedicada a la fabricación de neumáticos, Michelin, ha dejado de pagar la cuantía íntegra de la paga extraordinaria de julio, septiembre y navidad a sus empleadas y empleados en situación de baja por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo o lactancia, desde mediados de 2018. El motivo: una diferencia salarial –constatada por la empresa– que beneficiaba a los trabajadores que percibían una prestación derivada de este tipo de bajas.

Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional ha dado la razón a los empleados de la empresa, que han demandado por la vía de conflicto colectivo a la multinacional para reclamar la percepción íntegra de las pagas. La institución ha condenado a la compañía francesa –que emplea a más de 7.500 trabajadores– a abonar a sus empleados la cuantía que dejaron de percibir durante su período de baja por estos motivos.

La empresa, desde los años 70, ha abonado a todos sus trabajadores las tres pagas extraordinarias anuales, independientemente de si se encontraban en situación de baja, o no, tal y como reconoce la propia compañía en el procedimiento judicial. La Audiencia Nacional precisa que esta condición “supone un incentivo a la conciliación de la vida personal y familiar” de los trabajadores.

Este hecho constituye una “condición más beneficiosa” en el contrato de trabajo, es decir, es un derecho adquirido. Este tipo de derechos “deben darse de forma habitual y el disfrute por parte del trabajador no puede ser intermitente, sino que tiene que persistir”, apunta Mariano Salinas, abogado especialista en Derecho del Trabajo. Este es el caso de Michelin, que ha llevado a cabo esta práctica con sus empleados durante más de 20 años, recoge la sentencia.

“El sistema de nóminas era tan complejo que en 1998 se constituyó un acuerdo de homogeneización”, explica Iñaki Leniz, secretario de Michelin por CCOO y trabajador de la empresa, a eldiario.es. Este sistema garantizaba a los empleados –en situación de baja por maternidad-paternidad– percibir el 100% de su salario.

La compañía dedicada a la fabricación de neumáticos señala que la “digitalización de las nóminas” en 2018 reveló una “disfunción en las cuantías percibidas por los trabajadores que se encontraban de baja por maternidad”. El motivo: al incluir la prestación de Seguridad Social percibida por cada uno de ellos y el complemento adicional que aportaba la empresa, daba como resultado unos ingresos superiores a los que percibe un trabajador en activo, destaca la sentencia. “Por lo que, de forma unilateral, se decidió corregir esta disfunción”, reconoce la empresa.

La empresa no puede eliminar derechos adquiridos 

“Los derechos adquiridos solo pueden desaparecer si existe una condición más beneficiosa que resulte más favorable, ”el empresario no puede eliminarlo, son los trabajadores los que deben alcanzar un acuerdo diferente que lo invalide“, apunta Salinas. Leniz (CCOO) subraya, en este contexto, que ”la empresa no avisó a los trabajadores afectados del descuento de salario en la paga extra“.

Michelin, en esta línea, niega que existan condiciones más beneficiosas a nivel salarial e insiste en que “el reconocimiento de la pretensión sindical llevaría a una situación de desigualdad retributiva entre los trabajadores en activo y los que causan baja”.

La Audiencia desmonta en el procedimiento que no existan derechos adquiridos que la multinacional insiste en negar. Los expertos, en este sentido, subrayan que “este tipo de derechos no son modificables”, apunta Mª José Iglesias Toro, abogada laboralista. 

Desde CCOO consideran que esta decisión “unilateral” es una medida contraria al compromiso escrito, que además fomenta la brecha de género, ya que afecta en su mayoría a mujeres de la compañía, recoge la sentencia. “Es discriminatorio”, sostiene el sindicato, que recuerda el artículo 33 de su convenio para reforzar el desequilibro que supone este descuento de salario: “la consecución de la armonía entre la vida laboral de los trabajadores de Michelin, tales como sus responsabilidades familiares y sus necesidades personales y sociales, constituye una preocupación común de la empresa y de los representantes sociales.”

Michelin finalmente tendrá que abonar la cuantía íntegra de las pagas extraordinarias de julio, septiembre y navidad a todas las trabajadoras y trabajadores en situación de baja por maternidad o paternidad, riesgo durante el embarazo o lactancia, que no la hayan recibido por el hecho de encontrarse en esta situación. Así lo ha constatado la Audiencia Nacional. Fuentes de la compañía –tras recurrir la sentencia– indican que Michelin cumplirá la decisión judicial “una vez que sea firme”.

El Consejo de Ministras ha autorizado la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social de 6.330 millones de euros para poder sufragar la nómina de noviembre, con la pensión ordinaria y la extra de Navidad para los pensionistas. En total, el gasto asciende a los 18.000 millones de euros, con los que cumplirá el Gobierno gracias también a que sacará fondos de la llamada “hucha de las pensiones”, el Fondo de Reserva. Según adelantó esta semana la ministra, la cantidad que retirarán del fondo será de unos 3.000 millones.

La ministra portavoz, Isabel Celaá, ha informado de la autorización del préstamo del Tesoro Público a la Seguridad Social en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministras. Esos 6.330 millones forman parte del préstamo del Estado ya incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para este fin. El préstamo del Tesoro recogido en las cuentas de 2018 ascendió a 13.830 millones, a los que se añadieron 1.334 millones de euros que el Estado transfirió a la Tesorería de la Seguridad Social para apoyar su “equilibrio presupuestario”.

El Ministerio de Trabajo ya tuvo que autorizar el préstamo de 7.500 millones (de esos 13.830) para poder pagar la extra de verano a los pensionistas, y ahora hace uso del resto, 6.330 millones con los que se agota esta vía de financiación.

Según afirmó la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, el Gobierno necesitará pedir un préstamo al Tesoro Público también el próximo año y, aunque no determinó en qué cuantía, apuntó que esperaba que fuera inferior al recogido en los Presupuestos de 2018.

3.000 millones de la “hucha de las pensiones”

Pero con lo que quedaba del préstamo, más las cotizaciones sociales, no es suficiente para cubrir los 18.000 millones de la nómina de las pensiones en noviembre, por lo que el Gobierno de Sánchez tendrá que sacar fondos por primera vez de la “hucha de las pensiones”. Según fuentes de Trabajo, la cantidad de 3.000 millones de euros son “unos 2.000 millones menos” de lo previsto por el Ministerio en un primer momento.

Tras retirar esos 3.000 millones la “hucha de las pensiones”, el Fondo de Reserva quedará con unos 5.0000 millones. La ministra portavoz ha recordado que el fondo contaba con 67.000 millones cuando Mariano Rajoy llegó a la Moncloa. En su mandato, vació la hucha en casi un 90%, hasta los 8.000 millones de euros.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, criticó el pasado octubre la gestión del anterior Gobierno del Fondo de Reserva, ya que aseguró que pierde dinero por su política de inversión de la “hucha de las pensiones”. Hasta octubre y desde finales de 2017, se habían esfumado casi 24 millones sin haber tocado esta partida.

Entre los próximos retos que deberá afrontar el Ejecutivo en el pago de las pensiones públicas figura la paga compensatoria prometida por el Gobierno si el IPC concluye el año por encima del 1,6%, cantidad en la que se revalorizaron las pensiones este 2018. El Ministerio prometió que, de concluir el indicador por encima de esa cantidad, abonará la diferencia a los pensionistas con una “paguilla” en enero.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado este viernes que ha autorizado un préstamo del Tesoro Público de 10.192 millones de euros a la Tesorería General de la Seguridad Social, que ya estaba presupuestado en las cuentas de 2017. De esos recursos, el Gobierno solo utilizará “7.500 millones” para poder abonar las pensiones ordinarias y la paga extra de julio a los pensionistas.

Así lo ha comunicado este viernes la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que ha afirmado que este acuerdo se ha adoptado para poder hacer frente al pago de estas prestaciones, como ha sido necesario en ocasiones pasadas. El desembolso de la paga ordinaria y extraordinaria de la nómina de cerca de 9,6 millones de pensiones, que perciben unos 8,5 millones de pensionistas, alcanza los “17.727 millones de euros”.

Celaá ha recordado que la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, se ha encontrado a su llegada a la cartera con una “urgencia”: abonar la pensión ordinaria del mes de julio más la paga extra del verano, que se ingresa en este mes. Por ese motivo, y ante la falta de recursos suficientes de la caja de la Seguridad Social, el Ejecutivo ha dado luz verde a ese préstamo del Tesoro para afrontar el pago de las pensiones públicas, pero no ha tocado la llamada 'hucha de las pensiones'.

La ministra de Trabajo ha acusado en los últimos días al anterior Gobierno de “mirar a otro lado” ante la caída de ingresos en la caja de la Seguridad Social en los últimos años. Rajoy vació el 90% de la 'hucha' de las pensiones durante su mandato, que cayó a los 8.095 millones este diciembre de 2017, desde los máximos de cierre de 2011 (66.815 millones). En los Presupuestos de 2018, el anterior Gobierno contempló que se sacarían otros 3.826 millones de este fondo de reserva creado en el año 2000.

“Seis años mirando para otro lado. Primero, tirando de los ahorros del fondo de reserva hasta llegar a 8.000 millones de euros que terminó el 31 de diciembre de 2017. Y luego ya el año pasado empezamos a endeudarnos: 10.000 millones de euros, este año con otros 13.000 millones que están presupuestados”, afirmaba esta semana Magdalena Valerio a eldiario.es en una entrevista. En esa conversación, la ministra adelantaba que el Gobierno socialista tendría que seguir endeudándose en un inicio para pagar las pensiones.

Sin embargo, Magdalena Valerio ha defendido la necesidad de ampliar los ingresos de la Seguridad Social por otras vías, más allá de las cotizaciones sociales: a través de impuestos, ya sea por impuestos específicos (como a la banca o a las transacciones económicas) o mediante la imposición general, y a través de la racionalización de gastos (es decir, sacando “gastos impropios” que por ahora se pagan con cotizaciones sociales para que pasen a costearse vía impuestos en los Presupuestos Generales del Estado).

Los funcionarios navarros cobrarán, en los cinco primeros días del próximo mes de enero, el 25% de la paga extra que dejaron de ingresar en 2012. El 25% restante que aún les adeudan las arcas públicas lo cobrarán “a lo largo del año” y siempre que haya recursos suficientes. Así lo recoge la ley foral aprobada por el cuatripartito (Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda Unida) y que, pese a las críticas de la oposición, ha salido adelante sin votos en contra. UPN, PSN y PP han optado por abstenerse “para no perjudicar a los funcionarios”.

De esta manera, continuará el ritmo de “cuentagotas” con el que los trabajadores públicos navarros van reembolsándose la paga extra que el Gobierno de Yolanda Barcina dejó de pagarles en 2012. En cuatro años, y en dos veces, han recuperado el 50% del importe de aquella paga. La ley les garantiza ahora recuperar el 25% en los cinco primeros días de enero, pero también fija una serie de circunstancias económicas para poder cobrar el último 25% a lo largo del año: será necesario, en primer lugar, que exista “disponibilidad presupuestaria” y, además, que el dinero no se necesite para algún otro gasto que pueda ser considerado prioritario para el Gobierno.

Durante 4 años, los funcionarios vienen presenciando las numerosas contradicciones en las que han incurrido los partidos políticos durante el debate en torno a la devolución de la extra. UPN, partido bajo cuyo Gobierno se decidió “retrasar” el pago, solicitaba ahora al cuatripartito la devolución íntegra de lo que se adeuda a los funcionarios. Pero su postura cuando no formaba parte de la oposición era similar a la que mantiene ahora el cuatripartito en el Gobierno, es decir, se devolverá la extra en función de la mejor o peor salud de las cuentas públicas.

Los grupos del cuatripartito, por su parte, reclamaron durante dos años al Gobierno de UPN la devolución inmediata de la extra. A los argumentos de estabilidad presupuestaria del Gobierno respondían con argumentos sobre la justicia con los funcionarios. Curiosamente, desde que están en el Gobierno, emplean con este asunto un discurso de prudencia económica.

Pero la postura del cuatripartito no ha sido unánime en este asunto. Podemos ha sido el partido que más al extremo ha llevado su reclamación de que la paga sea devuelta a los funcionarios íntegramente en los primeros meses de 2017. Las desavenencias públicas con sus socios, especialmente con Geroa Bai, han desaparecido para dejar paso a la unidad de voto. Podemos acepta ahora devolver el 25% de la paga, pero no puede garantizar que se devuelva el 25% restante.

La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias informó este viernes que abonará al profesorado la próxima semana la parte de la paga extra de 2012 que estaba pendiente de pagar.

Una nota de la Consejería indica que la Dirección general de Personal cumple así el calendario de pagos previsto por el servicio desde el inicio del procedimiento, el pasado 21 de septiembre, que fue cuando se liberó la partida para realizar el abono

Añade la nota que la disponibilidad de la partida para realizar el pago se produjo el pasado 21 de septiembre, al día siguiente de la publicación de la Ley de Crédito Extraordinario, con las 26.000 nóminas de docentes prácticamente cerradas, lo que hizo aconsejable disgregar ambos pagos, cerrar la nómina ordinaria de septiembre y hacer un pago adicional en la primera semana de octubre.

De lo contrario, según señala en la nota el director general de Personal, David Pérez-Dionis, se habría retrasado el pago de todo el salario.

Listas de empleo para el personal laboral

Por otra parte, la Consejería de Educación ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Canarias la orden por la que abren las listas de empleo para el personal laboral.

En concreto, la orden regula el procedimiento de selección de personal laboral para integrar las listas de reserva de las categorías de cocinero, auxiliar educativo, servicio doméstico, ayudante de cocina y auxiliar de servicios complementarios para diversos municipios de las islas.

Una nota de Educación indica que con el objetivo de agilizar los trámites para la participación en el proceso, la Consejería ha puesto en marcha un aplicativo web con el que los usuarios pueden inscribirse para acceder a las pruebas de selección de personal para listas de reserva, que permite rellenar vía web el impreso y presentarlo con posterioridad en el registro de entrada de la sede del departamento autonómico.

La Consejería señala que la apertura de las listas de reserva en estas categorías responde a la necesidad de agilizar el procedimiento de contratación de profesionales que den cobertura a servicios no docentes en los centros educativos de Canarias, dado que la última ampliación de listas se produjo en el año 2006.

Para participar en el proceso, los interesados deberán acreditar contar con la titulación exigida para la categoría profesional a la que aspiran, según los requisitos que quedan recogidos en la convocatoria, y seleccionarán, en el propio aplicativo electrónico, el ámbito territorial con el que desea concurrir al procedimiento.

Así el municipio prioritario de elección tendrán carácter irrenunciable y será señalado como primero en la solicitud de participación.

Las solicitudes podrán realizarse a partir del día 3 de octubre y el plazo se mantendrá hasta el día 22 de octubre, señala la orden de Educación.

El Gobierno de Canarias ha abonado la última parte de la paga extraordinaria de 2012 que estaba pendiente de transferir a los empleados públicos de la comunidad autónoma, ha informado este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso (PSOE) en un comunicado.

Este pago se ha efectuado junto con la nómina de septiembre, señala la nota, que recuerda que la paga extra de 2012 fue suprimida de forma unilateral por el Ejecutivo central como consecuencia de los recortes aplicados por la crisis económica.

Afonso, que había ratificado en repetidas ocasiones la voluntad del Gobierno autonómico de abonarla, señala en la nota que se trata del pago de una deuda de carácter legal cuya efectividad había quedado a expensas de la aprobación de la Ley de Crédito Extraordinario por importe de 107,7 millones de euros.

De este importe, se acordó destinar 62,3 millones de euros a devolver la paga extra de 2012 a los funcionarios autonómicos.

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha anunciado que el Consell prevé abonar el 50% de la extra pendiente de 2012 a los empleados públicos autonómicos antes de verano, una vez la Comunitat Valenciana reciba la cantidad pendiente de la liquidación del ejercicio de 2014 (unos 700 millones de euros) que el Gobierno central abona a las autonomías en el mes de julio, además del FLA extraordinario o una parte sustancial de éste.

Estas son las previsiones que maneja la Conselleria de Hacienda tras lograr el desbloqueo del FLA extraordinario y del ordinario, que asciende a 203 millones para la primera mitad del año, un importe calculado sobre el límite de déficit del 0,3% del PIB, toda vez que el Gobierno no ha gestionado aún el incremento hasta el 0,7% acordado posteriormente, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

En concreto, la extra pendiente de 2012 -que supone unos 150 millones en el caso de los empleados públicos valencianos- ya la cobraron en abril y mayo los funcionarios del Estado, pero en la Comunitat Valenciana no se pudo abonar ante “la negativa” del Ministerio de Hacienda a entregar un anticipo a cuenta de la financiación de la Generalitat de 2014 y que el Gobierno central no paga hasta julio.

Según ha explicado Soler, esta situación “unida al bloqueo del FLA ordinario y extraordinario, a diferencia de lo ocurrido en 2015, es lo que impidió la necesaria liquidez”. “Esas tensiones de tesorería, como consecuencia, en último extremo, de la injusta financiación autonómica, no permitieron la restitución completa de la extra suprimida por el Gobierno en 2012”, ha puntualizado.

“Los 1.300 millones que parece que vamos a cobrar del FLA extraordinario no son los 1.800 que esperábamos, pero sí que ayudan a destensionar la Tesorería”, ha señalado Vicent Soler, quien ha recordado que “la Comunitat Valenciana era además la única autonomía que hasta hace unos días seguía teniendo bloqueado el acceso al FLA ordinario, como consecuencia de la dura negociación que ha llevado a cabo el Consell con el Gobierno central en la elaboración del Plan de Ajuste para no aplicar recortes en servicios públicos fundamentales”.

Asimismo, ha lamentado que el Gobierno central sólo ha transferido hasta el momento en anticipos el 43% de los fondos de la liquidación de 2014, a pesar de que el año pasado por estas mismas fechas había enviado al anterior Consell “el 73% de los recursos que integraban la liquidación de 2013”. El abono de la cantidad pendiente por la liquidación de 2014 supondría unos 700 millones.

Por tanto, ha explicado que el FLA extraordinario, que cubre la desviación del déficit autorizado en 2015, permitirá abonar miles de facturas y aliviará los graves problemas de liquidez, de manera que sumado a la llegada de la liquidación del modelo en julio, se podría hacer frente al abono de la extra.

En el supuesto de confirmarse la aprobación de un tramo de 1.300 millones de euros en FLA extraordinario, esa cantidad se sumará a los 203 millones del FLA ordinario del primer y segundo trimestre y a los 536 millones recibidos hasta ahora como anticipos de la liquidación.

De este modo, la Generalitat habría recibido a estas alturas del año un total de 2.039 millones por parte del Estado, pero cuya cifra “aún sería un tercio inferior a la cantidad que el Gobierno central inyectó al anterior Consell del PP el año pasado en estas mismas fechas (2.954 millones)”, ha lamentado el titular de la Hacienda Valenciana.

Vicent Soler ha reiterado la necesidad de acabar con esta situación “de dependencia” y “de estar a expensas de la arbitrariedad del ministerio”, y para ello ha defendido que “la única forma es disponer de un nuevo modelo de financiación que nos dote de los recursos que nos corresponden y que nos permita acabar con el FLA y dejar de depender de la respiración asistida del Estado”.

“En el actual contexto, el FLA es necesario pero supone una doble estafa, primero porque es un crédito y segundo porque aumenta la deuda que tenemos. El FLA supone cambiar derechos por préstamos”, ha señalado. 

Por su parte, la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, ha señalado que “desde el Consell hemos luchado por cumplir la promesa de devolver el 50% de la paga extra pendiente a los funcionarios, una retribución que se arrebató a todos los empleados públicos por imposición del Gobierno central”. 

“Es de justicia que los empleados públicos de la Generalitat reciban el dinero que les corresponde y además, que lo reciban en los mismos términos en los que lo han hecho los funcionarios del Estado. Lo contrario supondría un agravio comparativo impensable”, ha indicado la secretaria autonómica para agregar que desde el Consell “siempre” se tuvo la intención de abonar esta retribución y por ello se incluyó en los Presupuestos de la Generalitat para 2016.

Comisiones Obreras ha pedido al Gobierno de Canarias que realice con carácter inmediato el abono de la parte de la extra de 2012 que queda por pagar a los empleados públicos, tal y como ya han hecho o se han comprometido tanto la Administración del Estado como numerosas comunidades autónomas.

CCOO considera en un comunicado que al Gobierno de Canarias ya no le quedan argumentos para no realizar la devolución del 49,73% de la extra que falta por pagar.

El sindicato recuerda las iniciativas judiciales que ha llevado a cabo para reclamar el abono de la parte de la paga y entre otras cita la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC) del recurso contra la constitucionalidad de la supresión de la paga extra.

Además indica que durante estos años ha reclamado en distintos ámbitos de negociación al Gobierno de Canarias el abono de la paga extra correspondiente a la anualidad de 2012, puesto que eran conocidas las numerosas resoluciones judiciales favorables en relación a esta materia.

Añade que sin embargo la Administración Pública de la Comunidad Autónoma Canaria rechazó aplicar estas sentencias, aduciendo la falta de una resolución judicial firme que le obligara a abonarlas.

El sindicato recuerda que tras varias resoluciones judiciales favorables que condenaron a la Administración Pública Canaria a abonar un porcentaje del total detraído a los empleados públicos, se produjo un primer abono, de un 24% de la paga extra, en abril de 2014, al que sigue un segundo abono en diciembre de 2015.

CCOO advierte que en la ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2016 no queda constancia cuando se pagará el restante 49,73% de la paga y se deja a criterio de las comunidades autónomas que devuelvan o no esa parte de la paga “en función del etéreo concepto disponibilidades presupuestarias”.

El Ministerio de Hacienda ha contestado a la carta que le remitió hace semanas el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, rechazando la petición de la Generalitat de que se le habilitase la tesorería necesaria, estimada en 150 millones, para poder abonar ya el 50% de la paga extra pendiente de 2012 a los empleados públicos autonómicos, una retribución que los funcionarios del Estado sí han cobrado en abril y mayo. En su misiva, el conseller demandada esa liquidez “mediante el instrumento” que el ministerio considerase adecuado para propiciar la restitución de la extra de 2012 a los funcionarios de la Generalitat, “en los mismos términos que lo hace la Administración del Estado”.

El ministerio, siempre según un comunicado de la Generalitat, ha respondido ahora rechazando la solicitud, tanto mediante un anticipo de la liquidación del sistema de financiación autonómica, que se cobra en julio y que en el caso de la Comunitat Valenciana ascenderá a 1.245,21 millones de euros, como a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Respecto a la posibilidad de un anticipo, cabe subrayar que el Gobierno central solo ha transferido hasta la fecha el 42% de los fondos de la liquidación de 2014, un dinero que es de la Comunitat Valenciana pero que el Ejecutivo central no abona hasta dos años después (en julio se ingresará la liquidación de 2014), cuando el año pasado envió al anterior Consell el 73% de los recursos que integraban la liquidación de 2013.

La otra vía para arbitrar esa liquidez que expone el ministerio era facilitando su financiación a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). El Ministerio de Hacienda ha rechazado tanto el anticipo como la financiación vía FLA. “Montoro ha dado un no rotundo a los funcionarios de la Generalitat, negándoles ayuda para facilitar que cobren en los mismos términos que los del Estado y generando un agravio comparativo grave y, sobre todo, terriblemente injusto”, ha explicado la secretaria autonómica Clara Ferrando.

“Una vez más, el ministro no está a la altura de las circunstancias y prefiere no ver la realidad que sabe de sobra que existe, ya que es perfectamente conocedor de las finanzas de nuestro territorio. La Comunitat Valenciana acumula una infrafinanciación crónica motivada por el modelo de financiación y a ello se suman además ahora las dificultades de tesorería provocadas por el propio ministerio”, ha señalado Clara Ferrando. Cabe recordar que el ministerio mantiene bloqueado a la Comunitat Valenciana el FLA correspondiente al primer trimestre del año, cuando ya ha dado vía libre al del resto de autonomías.

Ferrando ha explicado que “cuando desde el Consell se solicita un anticipo de la financiación no estamos pidiendo al Gobierno central que nos haga un favor, sino que estamos reclamando un dinero que nos corresponde y que tenemos todo el derecho a exigir”. “Es una bofetada a los funcionarios valencianos, a los que se pretende considerar como empleados públicos de segunda. No lo vamos a consentir”, ha recalcado.

“Cumpliremos la promesa”

En ese sentido, Ferrando ha subrayado que el actual Consell va a cumplir su promesa de devolver el 50% restante de la paga extra que, por imposición del Gobierno central, se arrebató, siempre según la Generalitat, a todos los funcionarios en las Navidades de 2012“. Un abono que se producirá en cuanto la Generalitat disponga de la liquidez necesaria para afrontar el desembolso.

La secretaria autonómica de Hacienda insistió en que el ministerio inyectó al anterior Consell del PP, en época preelectoral, anticipos por valor de 727 millones, de los que 500 millones correspondían a la liquidación (que ese año ascendía a 684 millones) y 227 a la financiación de meses posteriores (entregas a cuenta). En contraposición, la cantidad recibida por el actual Consell es casi un 30% inferior. “Se trata de un agravio evidente que los valencianos no tenemos el porqué soportar; no somos ciudadanos de segunda y no nos merecemos menos que nadie”, ha indicado la secretaria autonómica de Hacienda.

La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont, ha asegurado que el Gobierno de Navarra no dispone de tesorería suficiente para abonar en este momento la parte de la paga extra de 2012 que falta de pagar a los funcionarios

“No hay tesorería”. Así ha justificado la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont, la imposibilidad del Gobierno navarro de pagar la parte de la paga extra de 2012 que falta de abonar a los funcionarios. El pago este año de esa parte de la paga extra, que el Gobierno de Navarra prevé ir devolviendo hasta 2018, ha sido propuesta por la portavoz de Podemos, Laura Pérez, aprovechando el aumento de ingresos tributarios, y por la secretaria general del PSN, María Chivite, que plantea financiar la medida con la modificación del techo de déficit para 2016.

Beaumont ha señalado que “actualmente no tenemos [el Gobierno navarro] tesorería suficiente como para abordar un adelanto de la paga extra diferente al plan que hizo el Gobierno”. La consejera ha deseado que fuera posible pagar ese dinero a los funcionarios, “por terminar con este capítulo de una vez”, pero “visto que no podemos”, se ha elaborado un plan de plazos “seguro”, para que “todo el mundo sepa a qué atenerse”.

Beaumont ha recordado que en el acuerdo programático se establece que, si hay un incremento de los ingresos, la devolución de la paga extra tendrá carácter prioritario, pero ha subrayado que “no es el caso actualmente”.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ya ha publicado la resolución de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral por la que se registra y publica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de Castilla-La Mancha 2015-2019, suscrito el pasado 1 de febrero.

Dicho acuerdo, suscrito por CCOO, FSES y FSP-UGT, con el rechazo de CSIF e Intersindical, contempla el correspondiente incremento general de las retribuciones, la devolución de las cantidades pendientes de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, la recuperación de los días de permiso por asuntos particulares y de los días adicionales de vacaciones por antigüedad, la recuperación de la disminución retributiva y los días de ausencia por enfermedad o accidente sin baja médica.

Además, la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tal y como reza el acuerdo, se ha comprometido a aprobar una oferta de empleo público utilizando las tasas de reposición máximas establecidas por el Estado anualmente.

Tal y como detalló el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, este acuerdo supone el incremento general de las retribuciones en el 1%, el máximo que autoriza la Ley de Presupuestos Generales de Estado de 2016 y las devoluciones de las cantidades pendientes de la paga extra de Navidad de 2012. Del 50% que resta por devolver, el 25% se hará en cuanto sean aprobados los presupuestos regionales, entre abril y mayo; y la otra mitad el próximo mes de octubre si la situación presupuestaria lo permite y si se cumple el objetivo del déficit del 0,3%. En caso contrario, esta última se abonaría en enero de 2017.

Las medidas ratificadas suponen también la recuperación de la denominada ‘tasa Cospedal’, es decir, una subida del 3% de sueldo a los funcionarios. Concretamente, el 1,5% se abonará en el ejercicio 2017 y el otro 1,5% en 2018. Además, la Junta ha añadido un 0,5% adicional con el objetivo de acomodar la pretensión de los representantes los trabajadores con la devolución “asumible presupuestariamente” por la Junta.

Tras semanas de negociación en la Mesa General de la Función Pública y tras desmarcarse del acuerdo final la Intersindical de Castilla-La Mancha (STE y STAS) y CSIF, finalmente el Consejo de Gobierno ha ratificado el acuerdo final alcanzando con el resto de sindicatos -CCOO, UGT y FSES (ANPE y SATSE)- el pasado 1 de febrero. Aunque las negociaciones siguen abiertas para seguir avanzando en las condiciones laborales, este acuerdo supone la ratificación de las medidas adoptadas con aproximadamente el 56% de los representantes de los trabajadores, según ha estimado el consejero de Hacienda y Administraciones Pública, Juan Alfonso Ruiz Molina.

Este acuerdo supone el incremento general de las retribuciones en el 1%, el máximo que autoriza la Ley de Presupuestos Generales de Estado de 2016 y las devoluciones de las cantidades pendientes de la paga extra de Navidad de 2012. Del 50% que resta por devolver, el 25% se hará en cuanto sean aprobados los presupuestos regionales, entre abril y mayo; y la otra mitad el próximo mes de octubre si la situación presupuestaria lo permite y si se cumple el objetivo del déficit del 0,3%. En caso contrario, esta última se abonaría en enero de 2017.

Las medidas ratificadas hoy suponen también la recuperación de la denominada ‘tasa Cospedal’, es decir, una subida del 3% de sueldo a los funcionarios. Concretamente, el 1,5% se abonará en el ejercicio 2017 y el otro 1,5% en 2018. Además, la Junta ha añadido un 0,5% adicional con el objetivo de acomodar la pretensión de los representantes los trabajadores con la devolución “asumible presupuestariamente” por la Junta.

Según ha destacado Ruiz Molina, el acuerdo es “coherente” con el proyecto de Presupuestos regionales y con el plan de recuperación económica y social que tiene como horizonte toda la legislatura. Por eso ha querido agradecer la comprensión y disponibilidad de las organizaciones sindicales que lo han firmado, y que han entendido “que había que hacer compatible la recuperación de los derechos de los ciudadanos con la de los empleados públicos”.

El consejero ha dicho que las medidas aprobadas hoy cuentan con el apoyo de la mayoría de los representantes de los trabajadores, en torno a un 56%. En referencia a Intersindical y CSIF ha afirmado que respeta su decisión de no respaldarlo, pero les ha recordado que el incremento de la oferta de empleo público que pedían no era compatible con esa necesidad de recuperación de derechos ciudadanos. Por eso, ha elogiado que el resto de sindicatos hayan sido más “comprensivos”. Por último, también ha puntualizado que las negociaciones con los sindicatos no están finalizadas, y que se seguirá negociando en próximas semanas en cuestiones referidas a las condiciones de trabajo.

Los acuerdos para recuperar los “derechos perdidos” de los funcionarios de la Junta de Comunidades siguen todavía sin resolverse en su totalidad. Así lo demostró la última Mesa de Negociación de la Función Pública que se cerró con fuertes críticas de los sindicatos, en especial en contra de la actitud que tomaron los representantes de la Junta de Comunidades. En este sentido, Comisiones Obreras señala que la falta de acuerdo de la última Mesa terminó sin acuerdo por “exclusiva responsabilidad” del Gobierno regional, liderado por Emiliano García-Page.

Así lo señala Ramón González, coordinador autonómico de Comisiones Obreras, quien ha querido diferenciar dos periodos temporales en las negociaciones relacionadas con los funcionarios de la Junta. “Hasta finales de 2015, la posición del Gobierno fue absolutamente inmovilista, tanto así que a los seis meses de tomar posesión, el Gobierno sacó a los sindicatos a la calle”, señala González. Sin embargo, el sindicalista también señala que “contra todo pronóstico” se ha visto un cambio de actitud en el Ejecutivo de Castilla-La Mancha.

Y sí, hay diferencias, en especial a lo que se refiere a la devolución de la paga extra de 2012 y la llamada “tasa Cospedal”, la rebaja salarial del 3% que llevó a cabo el anterior Gobierno liderado por el Partido Popular. “Esperamos que el Gobierno esté dispuesto a ceder a una postura razonable. Es cierto que la mayoría de las reivindicaciones que hemos hecho se han puesto encima de la mesa”, señala González.

Desde Comisiones Obreras piden que se escuche las reivindicaciones del sindicato y que se negocie de manera pausada, a través de diversos acuerdos parciales. Esto, para evitar la posición inicial de la Junta de Comunidades, que señalaron como una “carta blanca”. “Nos parece importante atar en corto un acuerdo de la recuperación de los derechos y abrir un espacio de negociación real”, señala González. En este sentido, el sindicato señala la importancia de la Oferta Pública de Empleo que “debe” abrir la Junta para subsanar la merma de personal, que ha sido del “30% del total de los despidos en el Estado”. “Lamentamos que el Gobierno desperdiciara la ocasión de llegar a un acuerdo, espero que atienda a la responsabilidad que tiene encima de los hombres”, señalan desde CCOO.

La Intersindical ha sido mucho más dura que Comisiones Obreras. Tanto STE como STAS denunciaron la “insuficiencia” de lo recogido en lo propuesto en la Mesa de negociación, asegurando que se intenta financiar la devolución de la paga extra con el 3% que se rebajó de los salarios de los empleados públicos. “Con lo cual, se está sustrayendo casi otra extra completa”, señalaron los sindicatos. Por otro lado, aseguraron que en el acuerdo propuesto por la Junta no se recogian temas “fundamentales” como la bajada de ratios y horarios lectivos, en el caso de los trabajadores de la enseñanza.

En este sentido, denuncian que el “Gobierno regional prometió la recuperación de los recortes cuando estaba en la oposición y en campaña electoral, y ahora nos encontramos con la consolidación de los recortes”. Por esto, aseguran que es fundamental que se cree empleo neto y no que sólo se consolide el personal interino o la reposición de las jubilaciones. “Exigimos a PSOE y Podemos que cumplan lo que pactaron”, concluían los sindicatos.

La CUP lo avisó cuando se dio a conocer el acuerdo de estabilidad con Junts pel Sí: su apoyo parlamentario estaba circunscrito al avance del proceso soberanista; no a la validación automática de los presupuestos o de otras iniciativas legislativas del Govern. Y no ha tardado en aparecer la primera discrepancia en las dos formaciones independentistas del Parlament: la CUP apoyará junto al resto de la oposición la propuesta de resolución para que los trabajadores públicos recuperen la paga extra de 2012, y rechazará la enmienda de JxSí que propone condicionarla a la disponibilidad presupuestaria.

De esta forma, si no hay cambios de última hora, Junts pel Sí perderá su primera votación en el Parlament este miércoles, en el primer pleno de la legislatura tras la investidura de Carles Puigdemont. La legislatura catalana se abrirá con un conflicto, el de la actualización de los salarios de los trabajadores públicos catalanes, que los ejecutivos de Mas y ahora de Puigdemont arrastran desde hace más de tres años.

El diputado de la CUP, Albert Botran, ha valorado que la votación sobre los funcionarios no condiciona la estabilidad que los anticapitalistas se comprometieron a proporcionar. Por su parte, el diputado de JxSí y flamante secretario de Economía del Govern, Pere Aragonès, ha cifrado el coste de la resolución de los grupos parlamentarios en 480 millones de euros.

Asimismo, Aragonès ha advertido que, de salir adelante la votación, el texto “no se puede aplicar de un día para otro”. Y es que la depauperada situación de las finanzas de la Generalitat empeoraría todavía más si tuviera que afrontar la recuperación de los derechos de los trabajadores públicos recortados durante los gobiernos de Mas.

El Parlamento debatirá una propuesta de resolución, que se presentó el 25 de noviembre por cinco de los seis grupos parlamentarios (todos menos Junts pel Sí). La iniciativa insta al Govern a negociar con los representantes de los empleados públicos el regreso de los derechos económicos y laborales perdidos a raíz de los recortes aplicados a partir de 2012. Si no hay una sorpresa o el ejecutivo se aviene a negociar el inicio la legislatura se podría estrenar con una derrota del grupo mayoritario de la cámara.

La propuesta de resolución insta al Govern a dejar sin efecto el Acuerdo de Gobierno de 10 de marzo de 2015 y a no tomar ninguna otra medida que impida la recuperación de la paga de 2012, así como la convocatoria de la Mesa de la Función Pública en la que el ejecutivo presente un calendario para recuperar la paga de 2012, los días de permiso y vacaciones por razón de la antigüedad y demás derechos laborales y sociales suspendidos por el Real Decreto Ley 20/2012.

Este texto es pertinente porque, a pesar de las reiteradas peticiones de los sindicales más representativos de este ámbito: CCOO, IAC y UGT, el Gobierno cuando estaba en funcionamiento no quiso entrar en el fondo de esta petición. Pero una vez nombrado el nuevo ejecutivo, que en este caso mantiene la misma consejera en el área de Gobernación: Meritxell Borràs, los sindicatos han vuelto a pedir la reunión de la Mesa de la Función Pública sin que se haya recibido ninguna respuesta desde del ejecutivo catalán.

La acción parlamentaria también insta a la presentación de un calendario para el pago de las pagas eliminadas los años 2013 y 2014. Los sindicatos han pedido a todos los grupos parlamentarios que apoyen esta propuesta, de forma que los trabajadores y trabajadoras de la Generalidad y de los sectores públicos y concertados puedan recuperar los derechos que ya han recuperado los del resto de administraciones públicas de Catalunya.

La acción parlamentaria llega después de varios intentos de llegar a acuerdos. Los sindicatos han manifestado varias veces que estarían dispuestos a recuperar las pagas que les deben en forma de plazos.

Alrededor de 30 personas, en su mayoría representantes del Área Pública de CCOO Aragón, se han encerrado esta mañana, sobre las 12:30 horas, en la cúpula Moncayo del edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo autonómico. Su objetivo es reclamar los derechos de los empleados públicos de la Diputación General de Aragón (DGA), después de que, el pasado martes, las negociaciones entre sindicatos y Gobierno se rompieran definitivamente.

Aseguran que permanecerán allí hasta mañana, viernes 28, a las 11:00 horas, salvo que, como ha explicado el coordinador del Área Pública en Aragón, Juan Colom, “haya una respuesta inmediata por parte del Gobierno”.

Esta, dicen en el sindicato, solo es la primera de las acciones que se va a llevar a cabo. No descartan, incluso, hacerse visibles “en alguno de los actos de final de campaña electoral de los partidos políticos y la recogida de firmas entre los empleados públicos para exigir que en los presupuestos de la Comunidad se incluya el abono de la paga extraordinaria de 2012”.

En la última reunión con la Administración, la que a la postre significó el fin de la supuesta cordialidad, CCOO (sindicato mayoritario en la DGA) pidió “la recuperación, a partir de 1 de enero de 2016, de todos los permisos que había hasta 2012 y la restitución del complemento de 100 % de las retribuciones en caso de incapacidad temporal”.

Para ellos, la situación de la negociación colectiva es “caótica”, aunque no vislumbran lejana la solución: solo el compromiso, dicen, “del Gobierno de Aragón de convocar la Mesa General de negociación antes del 31 de diciembre con orden del día concreto y voluntad clara e inequívoca de negociación daría cumplimiento a la exigencia que ha señalado el Área Pública de CCOO Aragón para desbloquear el conflicto”.