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La AIReF recomienda que el Estado asuma el déficit de la Seguridad Social y retrasar la edad efectiva de jubilación

La Autoridad Fiscal constata la "insostenibilidad social" de las subidas del 0,25% del PP por la continuada pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas

El organismo aconseja traspasar parte de la cotización por desempleo a contingencias comunes para pagar las pensiones y sacar algunos gastos de la caja de la Seguridad Social a Presupuestos Generales del Estado

A largo plazo, para afrontar el envejecimiento de la población, la AIReF propone retrasar la edad efectiva de jubilación y ampliar el periodo de referencia para el cálculo de la pensión 

El gasto en pensiones crece el 2,94 % en octubre y suma 8.316,57 millones

Imagen de archivo de personas de avanzada edad. EFE

Una receta para acabar con el déficit de las pensiones a corto plazo y para mantener la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social a largo, teniendo en cuenta subidas anuales de las pensiones con el IPC. Es lo que ha proporcionado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en un estudio presentado este miércoles, en el que aboga por traspasar el déficit de la Seguridad Social al conjunto del Estado y, de cara al largo plazo, ahondar en la reforma de pensiones de 2011, con aumentos de la edad efectiva de jubilación. 

El informe de la Autoridad Fiscal, titulado 'Opinión sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social', recoge una valoración del estado actual del sistema, afectado por un "déficit estructural" que dificulta la credibilidad de la población en el sistema de pensiones.

Por ello, la AIReF recomienda a corto plazo traspasar este déficit al conjunto de la Administración Central, ya que los técnicos consideran que esta tiene "más palancas" para poder gestionarlo que la Seguridad Social, "con escaso margen" para reducirlo, según explican fuentes de la entidad. 

El organismo recomienda efectuar este traspaso del déficit, cifrado en la actualidad por la AIReF en el 1,5% del PIB, mediante dos vías: la reducción de unos "3 o 4 puntos" de la cotización por desempleo en favor de la cotización por contingencias comunes, para aumentar la caja que paga las pensiones; y, en segundo lugar, sacando de los gastos de la Seguridad Social a Presupuestos Generales del Estado unos 7.000 millones correspondientes a gastos no contributivos, como los costes administrativos de la Seguridad Social y las ayudas a la contratación de las empresas. 

Con estas medidas, a corto plazo, la Autoridad Fiscal considera que se acabaría con el déficit de la Seguridad Social, manteniendo el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas más o menos estable, alrededor del 2%. 

Necesidad de cambios a largo plazo

Pero de cara al largo plazo, la AIReF aconseja aprobar cambios en el actual sistema de pensiones para poder afrontar el envejecimiento de la población española en las próximas décadas. Las estimaciones demográficas del organismo, más optimistas que las del INE y Eurostat gracias a un aumento de la inmigración y de la natalidad en los próximos 30 años, se traducen en un aumento del gasto en pensiones en relación al PIB de casi 10 puntos porcentuales en 2048. 

Los efectos de las reformas en vigor a día de hoy, la de pensiones de Zapatero de 2011 y el factor de sostenibilidad del PP que entrará en vigor en 2023, aliviarán algo este aumento, según los cálculos de la AIReF: restarán 3,5 puntos porcentuales de gasto en pensiones. 

Fruto del envejecimiento y la aplicación de estas medidas, con subidas anuales de las pensiones según la inflación, el gasto en pensiones respecto al PIB se situaría en el 13,4% en 2048, frente al 10,9% actual. Para garantizar la sostenibilidad del sistema, la Autoridad Fiscal recomienda "la profundización en las reformas paramétricas" de la reforma de pensiones del 2011 de manera gradual y de tal modo que permita adaptar las expectativas de jubilación de los pensionistas del futuro.

La entidad se centra en dos variables de esta reforma: el retraso de la edad efectiva de jubilación y ampliar el periodo de referencia en la vida laboral para el cálculo de la pensión. En el primer caso, el organismo estima aconsejable reducir la brecha entre la edad real a la que la población accede a la jubilación (62,4 años en la actualidad) respecto a la edad legal de jubilación (65 años y 8 meses), para lo que propone "modificar los requisitos de acceso a la jubilación ordinaria y anticipada". 

Respecto al periodo para el cáculo de la pensión, la reforma de 2011 amplió esta referencia hasta los 25 años de vida laboral en 2027, cantidad a la que se está avanzando de manera progresiva (en 2019 se tienen en cuenta los últimos 22 años). La AIReF recomienda ampliar ese periodo y, como ejemplo, cuantifica que llegar a los 35 años supondría un ahorro de 0,5 puntos en el gasto en pensiones en 2050. 

El 0,25%: socialmente "insostenible"

La esperada valoración de la AIReF sobre las cuentas que sostienen el sistema público de pensiones, que había sido anunciada para diciembre, llega en un momento clave para su futuro. El Gobierno socialista se ha comprometido a modificar en el plazo de seis meses el actual sistema de revalorización de las pensiones que aprobó el PP en solitario en 2013, tras renunciar a derogarlo de manera unilateral en el ‘macrodecreto’ con medidas laborales y sociales de final de año.

El ‘índice de revalorización de las pensiones’ (IRP) ha sido el artífice de las subidas anuales del 0,25% que sacaron a la calle a miles de pensionistas en el último año. Este mecanismo se encuentra anulado en la práctica desde el año pasado, cuando ya el Ejecutivo de Mariano Rajoy acordó con el PNV que las pensiones subieran un 1,6%. Este 2019, los pensionistas volverán a ver crecer sus ‘nóminas’ en el mismo porcentaje de manera general y las mínimas se incrementarán de nuevo en un 3%.

La AIReF constata en su informe, y así lo han expresado fuentes del organismo en su presentación, la "insostenibilidad social" del IRP. Según los cálculos de la Autoridad Fiscal, su vigencia supondría "la revalorización de las pensiones del 0,25% durante todo el periodo de referencia", los próximos 30 años.

Esta "cuasicongelación" de las pensiones produciría una contención del gasto en pensiones de 2,1 puntos del PIB, pero "a costa de una reducción de 8 puntos de la tasa de cobertura de las pensiones". La tasa de cobertura consiste en la relación de la pensión media respecto al salario medio: en 2018 está situada en el 57% y con el 0,25% en vigor se situaría en el 45% en 2048. 

La Autoridad Fiscal subraya que el paquete de recomendaciones del organismo (la reforma de las pensiones de 2011 y ahondar en algunos de sus aspectos, así como el factor de sostenibilidad de 2013) permiten contener el gasto del sistema sin afectar tanto a la pensión que reciben los pensionistas: la mencionada tasa de cobertura sería en 2048 de entre el 53 y el 55%, según sus estimaciones.  

En el próximo semestre, el Gobierno socialista se ha comprometido a establecer "un mecanismo de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo preservando la sostenibilidad social y financiera del sistema de Seguridad Social", a través del diálogo con los sindicatos y la patronal y siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo. La comisión parlamentaria aún no ha elaborado todas sus conclusiones, aunque ya llegó a un acuerdo para que las pensiones se revaloricen “en base al IPC real". 

Aunque las estimaciones de la AIReF se han calculado teniendo en cuenta una subida de las pensiones según la inflación, el organismo sostiene que "existen posibilidades de revalorización de las pensiones complementarias al IPC, como el crecimiento del PIB, de los ingresos del Estado o de las cotizaciones sociales" que,en su opinión, "pueden conjugar el mantenimiento del poder adquisitivo con la sostenibilidad a largo plazo". 

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