Un informe marca los mínimos para una atención de calidad en las residencias: “Si falta personal, hay falta de cuidados”

Tener tiempo para asearles, alimentarles, acostarles, incluso para escucharles. Es decir, cuidar al residente, pero también al trabajador. Ese es el objetivo que persigue la propuesta de “ratios reales para vivir y trabajar con dignidad” presentada hoy al público por UGT, CC. OO. y la Plataforma por la dignidad de las personas mayores en las residencias (Pladigmare). Lejos de las ratios que marca la legislación actual, el informe tiene en cuenta todas las categorías profesionales de atención directa e indirecta al usuario evitando conceptos “tramposos” como “plantilla equivalente”, según han denunciado.

El Espacio Ecooo de Lavapiés (Madrid) ha sido el escenario de la presentación de este informe. Han participado las entidades que lo impulsaron hace dos años y Más Madrid. El trabajo científico, avalado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, precede a las conclusiones, vertebradas a través del análisis de la información proporcionada por más de 700 personas de todas las categorías profesionales implicadas en el funcionamiento de una residencia, así como de familiares de usuarios.

Minutos antes de comenzar la presentación, la secretaria de Políticas Sociales de UGT Madrid, Laura Muñoz, ha explicado que el estudio está focalizado en “determinar qué cantidad de personal se necesita en las residencias de mayores para que tengan una atención de calidad”. Según ha comentado a elDiario.es, la propuesta que realizan entronca de forma directa con las condiciones laborales de las plantillas de estos centros de trabajo. “Aquí no vale solo con decir un número de ratio, hay que ir viendo qué se necesita de cada cosa y cuánto tiempo invertir en los residentes”, ha añadido.

En estos momentos, la Administración marca el número de profesionales que debe haber en función de la cantidad de usuarios. Sin embargo, este número es “muy tramposo”, han catalogado estas organizaciones sociales, ya que en él se mezclan las categorías, cuando cada una de ellas cumple unas funciones determinadas. No es lo mismo aquellas categorías de atención directa, y dentro de estas las de primer y segundo nivel, que las de indirecta. “No podemos hablar de jardineros y gerocultores en el mismo número”, ilustra Muñoz.

Unas ratios basadas en la dignidad

De esta forma, el estudio calcula el tiempo y la cantidad de trabajadores necesarios para dar una atención digna al residente sin que la plantilla acabe exhausta. Han clasificado a los internos en tres clases, dependiendo de su grado de disposición: colaboradores, no colaboradores y conductuales. Estiman que el porcentaje existente de los mismos, en cualquier residencia, es del 20, 30 y 50%, respectivamente.

Asimismo, han desglosado las tareas diarias en cada una de las categorías. También se han establecido unos tiempos mínimos para garantizar unos cuidados que no solo consistan en las tareas profesionales, sino en “un trato centrado en la persona, que permita saber cómo se encuentra en cada momento”, tal y como recoge el documento.

Por ejemplo, los datos que emanan de sus cálculos para la categoría de gerocultora o TCAE son los siguientes. Por la mañana, son necesarias 2,773 horas de una gerocultora o TCAE para atender a un residente. Como su jornada es de 7,5 horas, el personal necesario es de 0,37. Es decir, 37 gerocultoras o TCAES por cada 100 residentes. En el turno de tarde, la cifra baja a 34 profesionales de este tipo, mientras que por la noche se queda en 12 gerocultoras por cada centenar de usuarios.

Puede parecer demasiado, sobre todo para la realidad que se acostumbra a ver en las residencias privadas, que son la inmensa mayoría en la región de Madrid, enfatiza la secretaria de Políticas Sociales de UGT Madrid. “Y no podemos olvidar que las personas mayores ahora mismo en las residencias tienen grados de dependencia bastante altos”, apuntilla esta sindicalista.

La dependencia, otro negocio para la privada

El portavoz de Pladigmare, Miguel Vázquez, ha participado en la presentación del informe. Tal y como señala a este medio, el Gobierno central ha puesto unas bases “tímidas” hacia un cambio de modelo en la gestión asistencial de las residencias. “O vamos hacia ese modelo, o las cosas irán cada vez peor”, defiende. Desde su punto de vista, si las ratios no mejoran en la Comunidad de Madrid y las empresas privadas no se ven obligadas a contratar más personal, la calidad en la atención al residente continuará resintiéndose.

“El problema que tenemos aquí es que más del 90% de las residencias están en manos privadas. Ahora diles tú a esos que hacen su negocio por la falta de personal que tienen que incrementar las ratios, por poco que sea”, subraya el representante de los familiares de residentes. Vázquez es conciso ante la cuestión: “Si falta personal, hay falta de cuidados”.

El portavoz de la Plataforma también ha defendido que muchas empresas de la Comunidad de Madrid que prestan servicio en las residencias se limitan a tener las mínimas ratios de personal que les exigen. “Si eso es así, nos están estafando, nos están engañando. Con esas ratios es imposible que presten un servicio digno”, sostiene antes de criticar la política emprendida por el Gobierno regional: “Para ellos todo es una oportunidad de negocio. Esta gente solo piensa en las empresas y en sus intereses, no en los de la gente”.

La privada acapara la gestión de las residencias

La responsable de Políticas Sociales y Diversidad de CCOO en la Comunidad de Madrid, Francisca Gómez, ha tildado de “preocupante” la situación de las residencias. Esta sindicalista defiende que las ratios son el principal indicador que define la carga de trabajo de un profesional y que determina el tiempo de dedicación efectiva para cada usuario. “Es un término bastante confuso que con este informe queremos explicar bien, de forma científica”, esgrime.

Las organizaciones que han impulsado el estudio, asimismo, han publicado la fórmula empleada para llegar a los resultados que ahora dan a conocer. “Sabemos que nuestras cifras son aspiracionales, muy alejadas de las que hay ahora, pero eso es lo que queremos confrontar. Lo que intentamos es poder dejar atrás el concepto de ‘plantilla equivalente’, porque nunca se traduce en una atención de calidad al usuario”, agrega.

No es lo único que han confrontado esta tarde. Todas las organizaciones participantes han resaltado que en la Comunidad de Madrid existen ahora más de medio millar de residencias. “Hace unos 30 años que no se construye ninguna pública”, ha denunciado Gómez. De todas ellas, tan solo 25 son de gestión autonómica, totalmente públicas, con unas 6.430 plazas. En este sentido, la integrante de CCOO ha recordado que el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso transfirió en enero 61 millones destinados a sufragar las residencias públicas de la región al pago de la deuda con Quirón.

Del mismo modo, unas nueve residencias son públicas gestionadas por ayuntamientos, con unas 416 plazas. Le siguen 18 residencias públicas, pero de gestión privada, con 2.700 plazas. Hay 13 residencias con unas 1.132 plazas de residencias públicas municipales, pero también de gestión privada. Las concertadas se acercan a las 150, mientras que las totalmente privadas rondan las 300.

Un informe que respalda las exigencias de la plantilla

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, ha protagonizado la parte política del encuentro. “A veces, parece que este tema es minoritario y algo que no importa. Quizá una de las razones de ello es que la mayoría de las plantillas están compuestas por mujeres”, ha comentado al inicio del evento. Por otro lado, ha recalcado que este acto tendría que haber tenido lugar en la Cámara autonómica. “En la Asamblea impera la censura para que no hablemos de las cosas que molestan a Ayuso”, ha criticado.

En cuanto al informe, la portavoz lo ha calificado de “importante” porque es una forma de “estar respaldadas” para “seguir reivindicando las mejoras en las condiciones laborales”. Asimismo, ha denunciado la “privatización galopante” que sufre la Comunidad de Madrid: “No es solo insostenible para las arcas públicas en detrimento de los usuarios, sino que supone un recorte en las condiciones laborales de quienes sustentan ese trabajo”, ha finalizado Bergerot.