El periodista albaceteño Pedro Piqueras ha recibido “muy orgulloso” la Medalla de Oro de Honor y Gratitud de la Provincia de Albacete, que concede la Diputación, en un acto en el que ha afirmado que “no habría sido nada en mi trabajo de no ser por esta ciudad y esta provincia”.

En un acto en el que ha estado acompañado de sus amigos de siempre y de su familia, Piqueras ha subrayado que en Albacete siempre “me han tratado de maravilla” y ha puesto en valor que mantiene “una magnífica relación con gente de cualquier ideología”.

En este sentido, ha puesto en valor la unidad institucional de los distintos grupos políticos en la Diputación, que le concedieron esta distinción por unanimidad, un consenso que ha echado a falta a nivel nacional.

“No debemos soportar que en el Parlamento Español se insulten de esa manera, que el ‘trumpismo’ llegue a todos, que la gente joven entienda que esa es una forma normal de tratarse entre personas”, ha advertido. Piqueras ha alertado que “los jóvenes que se están formando no pueden entender que los mayores nos tratemos de esa manera” y ha razonado que los políticos y los periodistas “tenemos una especie de responsabilidad social” para evitar esta situación.

En esta misma línea, ha abogado por “prohibir los insultos” en el Parlamento porque “la educación no sobra ni entre amigos, que decía mi padre”.

El periodista, ya retirado de los informativos diarios “que no jubilado”, ha puntualizado, ha asegurado que llevará la medalla “con todo el honor del mundo” y como un elemento más para seguir luchando porque prevalezca esa verdad que siempre ha defendido en sus intervenciones.

“Nuestro paso por la vida debe dejar un legado. Un legado importante. Y ese legado es, aparte de la honestidad y el compromiso, la capacidad de mejorar. No de empeorar, por lo que tenemos que luchar por la capacidad de mejorar”, ha reiterado Pedro Piqueras.

Se ha referido a la Feria de Albacete como “la mejor del mundo” y ha recordado que “yo cuento mi vida por Ferias y este año será la 71”. “Albacete me ha dado los cimientos más importantes para, por lo menos, intentar no defraudar”, ha indicado.

Un “acto de justicia”

El presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero, que ha sido el encargado de hacerle entrega de la Medalla de Oro a Pedro Piqueras, ha subrayado que este era “un acto de justicia”.

Ha puesto en valor “la profesionalidad y el respeto por su oficio” de la que siempre ha hecho gala el periodista, de quien ha destacado que es “un referente” que “ha demostrado que se puede informar con rigor desde la verdad, sin gritar, sin atacar y sin polarizar”.

El también periodista Manuel Campo Vidal ha intervenido en el acto para hacer una semblanza de Piqueras, de quien ha valorado su “honestidad y serenidad”, además de “una vocación de defensa de sus orígenes que comparto plenamente”. “Él, donde ha ido, por lejos que fuera, siempre ha dicho que es de Albacete”, recordaba Campo Vidal.

Junto a familiares y amigos de Pedro Piqueras y representantes de la Diputación Provincial, en el acto han estado varios concejales del Ayuntamiento de Albacete; el subdelegado del Gobierno en esta provincia, Miguel Juan Espinosa, representantes judiciales, militares o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otros.

Tras la intervención de Piqueras, todo el público se ha puesto en pie para dedicarle una sonora ovación.

Todo comenzó el 15 de febrero de 2023. Aquel día, Alberto Ordóñez, redactó una de esas rutinarias noticias que cada mes informan de los avances del IPC. “Los precios subieron en Galicia en el mes de enero un 6,4%. En toda España, la subida fue del 5,9. Son los datos oficiales que hoy publicó el Instituto Nacional de Estadística”, escribió en la entradilla que tendría que leer el presentador del informativo de la Radio Galega antes de darle paso. Cuando pulsó el botón de enter, este respetado periodista económico, con más de dos décadas en la emisora autonómica, no podía imaginar que estaba a punto de verse involucrado en una cadena de traslados que tanto él como el resto de implicados siempre consideraron una clara represalia. Dos años y media docena de derrotas judiciales después, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia les ha dado la primera alegría. La Sala de lo Social ha condenado a la CSAG, la antigua CRTVG, por vulnerar los derechos fundamentales de una de sus compañeras.

Parece una obviedad recordar que el ámbito de influencia de la Radio Galega es Galicia y, por eso, con un lógico criterio periodístico, Ordóñez puso para aquella información los datos de la comunidad autónoma en primer lugar, sin valorar que eran peores que los del conjunto del Estado y que eso podía resultar incómodo para el discurso oficial. Tal y como relató después ante la jueza, su superior le pidió “de forma ambigua” que modificase la pieza para “disimular” esas malas cifras. “Ya sabes...”, contó que le dijo. El periodista, que había dejado su pieza grabada, se amparó en la cláusula de conciencia para negarse a cambiar nada. Sin embargo, cuando la noticia se emitió en antena, el paso fue muy diferente: “Dato definitivo del IPC. Los precios subieron en enero en toda España un 5,9% con respecto a hace un año. La inflación subyacente, que no cuenta ni los alimentos frescos ni los carburantes, se sitúa en el 7,5%”. Tras todos esos datos, llegaba el autonómico: “En Galicia, los precios subieron en el mes de enero un 6,4%”.

Al día siguiente, empezaba un tsunami de cambios. El subdirector de Informativos llamaba a su despacho a Ordóñez para comunicarle que, tras 23 años en la radio, se iba a la TVG, a cubrir una jubilación en el programa Vivir o mar, lejos de la actividad económica que había marcado su carrera y en un medio que desconocía. Con él se iba también a la tele Nuria López, redactora multipremiada sin experiencia en el medio televisivo y que acabaría trabajando en la página web. El cambio de cromos se completaba con dos redactores de la tele, completamente neófitos en su nuevo destino, que daban con sus huesos en la radio: David Fernández, el “daño colateral”, y Mónica Rosas, vinculada al canal desde 1998. A ella es a quien el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia le acaba de reconocer la vulneración de derechos fundamentales por parte de la corporación gallega de medios públicos, la CSAG (la antigua CRTVG).

Desde el primer momento, Ordóñez, Rosas y López denunciaron esos cambios de puesto como una represalia por su postura crítica con la manipulación informativa, que los había convertido en rostros visibles del movimiento Defende a Galega. Era habitual verlos posar cada venres negro —van ya 407— vestidos de luto junto a decenas de compañeros. Tanto ellos como el comité intercentros entendieron que se estaba enviando un mensaje a los disidentes. La respuesta fue una convocatoria de huelga que hizo caer programas de las parrillas de la radio y la televisión y que llevó las protestas hasta la puerta del Senado. Allí, en la Cámara Baja, con un escaño otorgado por designación autonómica, debutaba el expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que iniciaba su carrera como líder del PP en Madrid. Precisamente, a ese nuevo papel de Feijóo achaca lo que le sucedió la quinta protagonista de este juego de las sillas.

Mayte Cabezas era otro rostro histórico de la TVG. Llevaba más de 30 años en pantalla, los últimos como parte del equipo de Vivir Aquí. En 1989, días después de que ella empezase a trabajar en el canal autonómico, el padre Cabezas, guardia civil, fue asesinado por los Grapo. En 2019, Feijóo, como presidente de la Xunta, se acercó a Mayte en un homenaje para comprometerse personalmente, “de manera muy íntima y vehemente” a aprobar de inmediato una ley de apoyo a las víctimas del terrorismo. Cuatro años más tarde, sin que de esa ley siga sin saberse nada y con Feijóo ya en Madrid, el candidato popular afirmaba: “Hacer política que merece la pena pasa por recordar a las víctimas del terrorismo”. Era sábado, 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

Cabezas estalló en su muro de Facebook personal y respondió que Feijóo “con mayoría absoluta dio la espalda sistemáticamente a las víctimas”. “Qué sinvergüenza. Reír por no llorar”, añadía entre signos de exclamación. El lunes, cuando llegó a su puesto de trabajo, tenía esperando sobre su mesa la carta que le comunicaba su traslado inmediato a la radio. La explicación oficial aseguraría después que el motivo era la cancelación del programa, algo que estaba previsto con anterioridad. La CSAG ha llegado a respaldar esa afirmación presentando ante la Justicia unos correos electrónicos supuestamente previos a las afirmaciones de la periodista. Ni ella ni sus abogados se lo creen y han presentado una impugnación por falsedad. La admisión o rechazo de esa querella está aún en trámite en un juzgado compostelano.

El vía crucis judicial

Todos los afectados por estos cambios recurrieron a la Justicia, excepto Fernández. A él le habían dejado claro que era un “daño colateral” en esos movimientos de piezas. “Tú no estás castigado... Bueno, nadie está castigado”, declaró ante la jueza que le había dicho el subdirector de informativos, Alejandro López Carballeira, hoy ascendido a director. Hablar en favor de sus compañeros tuvo un coste para él. Como tantos otros trabajadores que habían pasado años encadenando contratos temporales, denunció a la CSAG y la Justicia lo declaró indefinido. En una decisión “sin precedentes”, según el comité, en lugar de readmitirlo, como siempre se había hecho, lo indemnizaron y lo despidieron. Y eso que, cuando lo enviaron de la tele a la radio —un medio en el que también carecía de experiencia— lo hicieron “para crear equipo y generar buen ambiente”. Pero eso fue antes de comparecer ante la jueza.

Ordóñez, Rosas, López y Cabezas denunciaron que los traslados suponían una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo y la vulneración de sus derechos fundamentales. Las dos juezas que vieron sus casos fallaron lo mismo: que como esa modificación no existía, no era necesario entrar al fondo del asunto. Las magistradas consideraron equivalente el trabajo en la radio, en la televisión y en la página web, aunque hubiese que utilizar programas informáticos y herramientas diferentes para los que los afectados no habían recibido formación. Una de las expertas encargadas de defender la postura de la CSAG fue Ana Isabel Rodríguez, decana de la Facultade de Comunicación de Santiago en la que —junto a otros cargos de la Corporación— imparte clases López Carballeira. Entre sus argumentos, que “en la titulación oficial de Licenciado/Graduado en Periodismo no existe una especialización en función de los soportes de distribución de la información”.

Tras ese primer fracaso, que no indaga bajo la superficie de los cambios, llegan las distintas estrategias judiciales y los resultados diferentes, incluso opuestos, hasta utilizando los mismos argumentos. Ordóñez recurrió la sentencia ante el TSXG, que desestimó sus demandas y cerró el caso. Sus tres compañeras, sin embargo, se agarraron a la decisión de las juezas de no entrar al fondo de la cuestión y solicitaron, ante el mismo órgano, la anulación de la sentencia y que la causa se recondujese a la vulneración de derechos fundamentales. Con las mismas razones, la petición de Rosas y Cabezas sí fue aceptada; la de López, que recayó en otra sala, se rechazó.

La CSAG anuncia recurso

La de Mónica Rosas, con fecha de 2 de marzo y conocida este fin de semana, ha sido la primera de las sentencias favorables. Después de cinco derrotas judiciales, fue recibida con alborozo tanto por la plataforma Defende a Galega como por el comité y los trabajadores críticos con la deriva de los medios públicos. En su escrito, la Sala de lo Social hacía suyo “el reproche jurídico” a la jueza de primera instancia que suponía admitir el recurso justo antes decretar “la existencia de vulneración de los derechos fundamentales de la actora” y ordenar a la CSAG “cesar en esa conducta”.

Además, el TSXG condena a la corporación a abonar a la periodista 7.501 euros “en concepto de indemnización por daños y perjuicios morales por la vulneración de derechos fundamentales”. Una cantidad que puede parecer irrisoria tras los dos años de proceso y después de que Rosas tuviese que acogerse a una baja por trastorno de ansiedad tras un traslado que ahora la justicia considera injustificado. “Qué barato resulta violar la Constitución”, resume Matías Movilla, consejero del despacho de abogados Vento –su compañero, Ignacio Alén, llevó la demanda de Rosas– y todo un veterano en la defensa de los trabajadores de la CSAG.

Para la presidenta del comité intercentros, Raquel Lema (CUT), la sentencia es “importantísima” porque, a partir de ahora, la corporación tendrá “la obligación de justificar muy bien” cualquier decisión de traslado de trabajadores que hasta ahora utilizaba “como una excusa para las represalias”.

Este lunes, en su comparecencia semanal tras el Consello de la Xunta, el presidente Alfonso Rueda envió balones fuera y pasó la pelota a la Corporación. En su respuesta, Rueda obvió que la actual directora xeral de la CSAG, Concepción Pombo era la directora de informativos y superior directa de López Carballeira cuando se produjo la vulneración de derechos fundamentales sentenciada ahora por el TSXG. “La decisión del cambio de unidad orgánica de la demandante se tomó por el Director de Informativos de la CRTVG, Don Alejandro López Carballeira, junto con las Direcciones implicadas en dicho cambio”, escriben textualmente los magistrados.

Pombo llegó a la dirección xeral de la Corporación el pasado mes de julio, después de un cambio en la ley de medios públicos que permitió al PP designarla en solitario sin necesidad de una mayoría cualificada y pese a ser señalada como principal responsable de la manipulación informativa durante los casi ocho años que ejerció la jefatura del departamento. Cuando ascendió a lo más alto, López Carballeira heredó su puesto.

Tras el despeje de Rueda, llegaba la respuesta de la CSAG, fiel a sí misma. A través de correo electrónico, un portavoz relacionaba la demanda de Rosas con las otras tres, todas presentadas a raíz de lo que define como “reestructuración organizativa”, una “potestad de la dirección empresarial” y señala que los cuatro casos “obtuvieron sentencias favorables para la Corporación en primera instancia”. Añade que contaron con informes de la Fiscalía que, “al igual que las resoluciones judiciales, no apreciaban vulneración de derechos fundamentales”. Sin embargo, esos fallos no negaban la vulneración: simplemente, las juezas evitaban valorar si existía amparándose en que no había una modificación sustancial de las condiciones laborales.

“De los cuatro casos, éste es el único en el que el TSXG hace una lectura distinta y se aparta del criterio establecido previamente”, concluye antes de anunciar que la Corporación “recurrirá esta sentencia ante el Tribunal Supremo al entender que la reestructuración organizativa responde a una causa objetiva”.

Queda por saber si esa “lectura distinta” será la última. El caso de Mayte Cabezas está pendiente de la resolución de la querella por supuesta falsedad en los correos de la CSAG antes de seguir adelante. El de Nuria López, en punto muerto tras la decisión del TSXG de no anular su primera sentencia, podría reavivarse tras el empujón que ha supuesto el final feliz del de su compañera. Un final que aún no es definitivo, ante el anuncio de recurso de la Corporación, pero la defensa de las trabajadoras otorga muy pocas posibilidades a ese último intento. Afirman que la Sala de lo Social del Supremo apenas admite un 2% de los recursos de casación para la unificación de doctrina. Para conseguirlo, necesitarían encontrar un caso similar al de la periodista gallega en el que se justificase un desenlace diferente. Algo que no parece nada fácil.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) condena el hostigamiento sufrido por los profesionales de un equipo de Castilla-La Mancha Media por parte de dos empresarios en el polígono de Torrehierro en Talavera de la Reina (Toledo).

Los hechos ocurrieron este pasado 26 de febrero durante una atención a medios convocada por el alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, y la FAPE expresa “su solidaridad con los compañeros afectados y reclama que se respete el trabajo de los periodistas y de los reporteros”.

La Asociación Provincial de Periodistas de Talavera de la Reina (APTA) lamentaba, en un comunicado en su perfil de la red social Instagram, la “grave situación” vivida por un redactor y su cámara cuando se encontraban preguntando al alcalde por una información publicada por un medio regional en una convocatoria de medios realizada en la sede de Six Valves en este polígono industrial de Talavera de la Reina, donde fueron increpados por dos empresarios hasta el punto de interrumpir la labor informativa de los profesionales.

Tanto FAPE como APTA recuerdan que “en una sociedad democrática, la labor que realizan los profesionales de los medios de comunicación es un derecho constitucional, por lo que es esencial que puedan desarrollar con plena libertad su tarea de informar a la ciudadanía. La opinión de estos empresarios no da derecho a obstaculizar el libre ejercicio de la profesión periodística”.

Ambas exigen que “esta situación de acoso no quede impune” y solicitan a las autoridades que tomen “las medidas necesarias” para dar mayor protección a los profesionales de la información.

Por otra parte, las dos entidades hacen también un llamamiento a los responsables de los partidos políticos a que se sumen a esta condena y que, “lejos de alentar los señalamientos a periodistas y a medios de comunicación, se esfuercen por inculcar el respeto a la libertad de información, protegida por la Constitución Española”.

CMMedia condena la intimidación hacia sus empleados

Según explican fuentes de la dirección de CMMedia, han trasladado su apoyo a los trabajadores increpados y además han remitido un escrito a la Asociación de Empresarios del Polígono Torrehierro de Talavera de la Reina para lamentar y denunciar “el trato dispensado por dos personas de su organización a un equipo de esta casa durante una comparecencia de prensa”.

La dirección de CMMedia entiende que “no es de recibo que se interrumpa la labor de los trabajadores y entiende que no se puede consentir que se cuestione el libre desempeño que les corresponde como periodistas”. Por otro lado, recalcan que “no se pueden aceptar alusiones a la pertinencia de las preguntas que se realizaban en ese momento y menos aún la actitud intimidatoria hacia nuestro equipo”.

El PP de Talavera de la Reina lo lamenta “profundamente”

El Partido Popular de Talavera de la Reina lamenta “profundamente” que un equipo de Castilla-La Mancha Media no pudiera realizar su labor informativa diaria ante la interrupción de dos empresarios durante una convocatoria de prensa en un acto convocado el pasado jueves 26 de febrero.

El PP se suma así a la condena de la APTA y lamentan esta “situación anómala, incómoda y desagradable para todos los presentes”. Explican que aunque esta rueda de prensa la convocó el gabinete de alcaldía, “no era un acto del Ayuntamiento, sino que el alcalde, acudía como invitado y entraba dentro de la agenda diaria que normalmente suele ser pública a los medios de comunicación a los que siempre se atiende con el mayor respeto y rigor”.

Destacan que desde el PP “no se alienta de ninguna manera ningún tipo de persecución a ningún periodista ni medio de comunicación” y que “condenamos los hechos acaecidos, en público y en privado como se lo trasladamos a los dos compañeros de CMM implicados en esta desagradable situación”.

Por último, reiteran su “compromiso y respeto absoluto” por la profesión periodística y por la libertad de información, “que como bien dice la APTA en su comunicado, está protegida por la Constitución Española”.

Defende a Galega ha llegado a su venres negro número 401 reivindicando el fin de la manipulación informativa en la corporación de medios públicos gallegos, la CSAG –antigua CRTVG–. En esta ocasión, el mensaje escogido para las redes sociales se centra en pedir “respeto y dignidad” para el personal de la casa, “nuestra tarea pendiente”. Y lo han hecho homenajeando a la periodista Mabel Montes, uno de los rostros visibles del colectivo, fallecida este lunes a los 50 años de edad.

“Un día te cambian de departamento; otro, prescinden de tu trabajo. Te van descartando hasta invisibilizarte profesionalmente. Así le sucede a buena parte de la plantilla”. Esa realidad que Montes vivió en sus propias carnes fue la que tuiteó hace un año, en enero de 2025, compartiendo una noticia sobre la causa por acoso laboral contra el que era director xeral de CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, y parte de su cúpula. El caso quedó finalmente archivado.

Ese post de Montes, retuiteado tras su fallecimiento por algunos de sus compañeros, es el que Defende a Galega ha elegido para sus redes sociales en este viernes. Un texto que finalizan con un recuerdo: “No te olvidamos”.

Mabel Montes falleció este martes, víctima de un cáncer de páncreas. Vinculada a TVG desde 1997, hizo carrera en los informativos hasta que fue destinada a los servicios meteorológicos. De allí, fue enviada a la radio donde –tras pasar varios meses casi “de brazos cruzados”– le asignaron el programa Atmosféricos, retirado tras sólo una temporada aduciendo baja audiencia. El espacio recibió, después de su desaparición, uno de los Premios Prisma de los Museos Científicos Coruñeses.

Al informar de su muerte, la CSAG la recordaba como una periodista “comprometida con su profesión, con una clara vocación por la rigurosidad y por la verdad”. Defende a Galega, ya anunciaba entonces que “el compromiso y la independencia” sería, para ellos, el “legado” de Mabel.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo que condenaba al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz y, por lo tanto, le abocaba a la dimisión, tiene una deriva que es el cuestionamiento y el daño infringido al papel del periodismo en las sociedades modernas. 

Que el Alto Tribunal cuestionara durante la vista el papel de una serie de periodistas que, bajo juramento y exponiéndose a ser encausados, declararon haber tenido constancia de la declaración fiscal autoinculpatoria de Alberto González Amador, previa al asunto en litigio, lo que convirtió su declaración en irrelevante, con el añadido de considerarse la invocación al secreto profesional como una “amenaza” al propio tribunal.

Si ya de por sí la profesión periodística se depauperaba en la opinión de la ciudadanía, el Supremo ponía otro clavo en el ataúd de la profesión para regocijo de aquellos a los que encantaría una ley de prensa como la que llevó al cierre y demolición del diario ‘Madrid’.

Sin embargo, pese a la opinión del tribunal, la declaración de los periodistas no fue en detrimento, sino todo lo contrario, de la profesión, pese a los pareceres y las decisiones del tribunal, algo por lo que sentir orgullo de ejercerla. Quedó constancia de la necesidad, aún en 2025, de este ejercicio de un derecho constitucional como una garantía del buen estado de salud democrática de un país.

El periodismo, a mi modo de ver, aborda una realidad problemática con técnicas complejas con el fin de ofrecer una interpretación profunda de la realidad. Cuando el periodismo aborda verdades simples me parece menos periodismo, pero este gana altura y se justifica como un servicio social cuando intenta meter el escalpelo no solo en dar cuenta puntual de acontecimientos, sino de interpretarlos, y hacerlo en profundidad.

Para ello dispone de la crónica, que es el Ferrari del periodismo: un género rápido, bello, una ‘macchina’ en todos los sentidos. Es el género narrativo por antonomasia, el más parecido a la literatura, de la que ha tomado prestados estilos y técnicas (Leila Guerriero, la gran cronista en habla hispana, lo encuadra sin titubeos en la narrativa sin más). 

Luego está el Rolls-Royce del periodismo, el reportaje, que pretende hacer lo mismo pero por otro camino: menos personal, más cediendo el protagonismo a terceros. Y está la entrevista, la entrevista en profundidad, de apariencia liviana pero muy reveladora: un utilitario de ciudad, práctico y muy resolutivo. 

Hay más, pero estos son los géneros esenciales a mi modo de ver para abordar realidades complejas, mucho más interesantes y efectivos que la mera noticia.

Y mucho más honestos, todo hay que decirlo, que el periodismo de declaraciones de hoy en día, reforzado por la precariedad de los medios y la pereza de los profesionales, que prefieren poner el micro y transcribir, sea lo que sea y aunque caiga en contradicción con otras declaraciones.

Se ha visto en este juicio que el periodismo está ahí y que tiene tarea por delante. Sigue siendo útil a la sociedad y solo por esto sobrevivirá. No es que sea tarea suya la defensa de la separación de poderes, de la presunción de inocencia, de la impartición de justicia, que con controlar al poder ya tiene suficiente. Pero está visto que también, ya que el momento actual es de una extrema delicadeza y España corre el riesgo de caer en una espiral autocrática, asolada por los vientos que soplan de otras latitudes y asaeteada por aquellos que no se resisten a no ejercer el poder, sí o sí.

Por ello es cada vez más importante el acceso a la información, bien el ciudadano a través de medios de comunicación veraces y fiables, bien los profesionales, en lo tocante al acceso a los datos, sobre todo en poder de las instituciones públicas. ¿Por qué las instituciones no parecen tener conciencia de que con la información han de actuar igual que actúan con los caudales y el patrimonio público? 

La información, los datos, no son de las instituciones, que meramente los generan o los administran, por lo que cualquier intento de retenerlos o demorarlos es un mal uso de un patrimonio que es de todos. 

De nada sirve la información si no es rápida, del mismo modo que la justicia es menos justicia si no se ejerce con diligencia. El secuestro de la información o su empantanamiento tal vez sea hoy uno de los escollos más importantes que hay para el ejercicio del derecho a la información y quien lo retiene lo sabe. La privatización de la información pública es hoy uno de las principales amenazas de la democracia.

Gobiernos de todo el mundo persiguen el sueño de la Inteligencia Artificial, depositando sus esperanzas de prosperidad económica en estas tecnologías. Sin embargo, las autoridades no están invirtiendo en el recurso fundamental que sustenta todas las economías del Siglo XXI: una información independiente y verificable.

El buen funcionamiento de las economías depende en gran medida de contar con información accesible, verificada y confiable. El periodismo de interés público suministra información vital al visibilizar la corrupción, el fraude y la manipulación de los mercados, dar estabilidad al mercado financiero, contrarrestar la desinformación y empoderar a los actores económicos para tomar sus decisiones de inversión de manera informada. Sin un periodismo de estas características, las economías nacionales, el comercio internacional y los flujos de capital entre países no podrían funcionar correctamente, con consecuencias de gran alcance y efectos negativos para el bienestar social.

Lamentablemente, este valioso recurso atraviesa una crisis existencial, financiera y política a nivel mundial.

El Panel de Alto Nivel sobre Medios de Interés Público, que incluye a dos laureados con el Premio Nobel, nace con el fin de evaluar las implicancias económicas y sociales de la crisis, confrontando a los medios de interés público a nivel global. Hemos revisado la evidencia y analizado las tendencias globales, lo que nos deja con una creciente aprensión.

Nos preocupa que las economías están cada vez más vulnerables a información que no es precisa, ni independiente. Durante 2024, alrededor de 90 países fueron blanco de esfuerzos de manipulación informativa con patrocinio de estados extranjeros. El auge de la IA generativa pone en riesgo un aceleramiento de estas tácticas, lo que aumenta las dificultades de controlar la propagación de información falsa en línea. Por otra parte, el periodismo independiente y las organizaciones de medios, están sometidas a crecientes presiones políticas y económicas como consecuencia del avance de las autocracias y la consolidación de intereses creados.

En nuestro informe 'El Imperativo Económico de Invertir en Medios de Interés Público' explicamos por qué las fuerzas del mercado son incapaces de sostener por sí solas este bien público vital. Los modelos de negocio que tradicionalmente fueron rentables están fracasando a medida que los ingresos migran hacia plataformas digitales, lo que permite a intereses poderosos cooptar, intimidar o neutralizar a los medios independientes. Si bien el apoyo de donantes a los medios de interés público siempre ha sido bajo, actualmente este queda eclipsado por las sumas de dinero que los actores autocráticos invierten en propaganda. Rusia gasta en desinformación y propaganda, incluyendo contenidos destinados fuera de sus fronteras, al menos tres veces más de lo que gastan las principales democracias del mundo como ayuda externa en apoyo a los medios libres e independientes. Y Rusia no es el único país que lo hace.

La situación es todavía más complicada en las economías en desarrollo, donde la creciente desigualdad en el acceso a información exige impulsar la innovación local para corregir los sesgos sistémicos y las desigualdades digitales, como se puede observar, por ejemplo, en el ecosistema mediático africano.

Sin información confiable, no podemos hacer frente a los desafíos económicos, sociales y ambientales más urgentes de nuestro tiempo. Desde el abordaje de la crisis climática hasta gestión de las pandemias globales, la proliferación de desinformación sobre los hechos, conlleva altos costos. Sin una acción decisiva, tanto a nivel nacional como global, nos encaminamos a lo que la premio Nobel Maria Ressa ha llamado “un Armagedón de la información”, que pone en peligro la estabilidad económica mundial, el bienestar social y el crecimiento sostenible.

Hacemos un llamado urgente para la adopción de acciones públicas decisivas ahora. Nuestra propuesta consta de dos grupos de acciones prioritarias para la protección de los medios de interés público y para el desarrollo de políticas orientadas a modelar los mercados informativos del futuro, en aras de la prosperidad económica y el bienestar social.

Ambas propuestas de acción requieren una re-evaluación del valor económico y social fundamental de la información independiente y verificable, en tanto infraestructura fundacional para mercados y sociedades prósperas.

Primero, los gobiernos deben invertir en los nuevos modelos requeridos para incentivar, apoyar y salvaguardar los medios libres e independientes. El apoyo financiero a los medios de interés público es una de las intervenciones más rentables para garantizar sistemas económicos responsables, que funcionen bien, y con potencial de retornos sociales y económicos significativos en el futuro. Tales inversiones, sin embargo, deben venir acompañadas de sólidas salvaguardas para prevenir la captura gubernamental y fomentar un ecosistema mediático pluralista que incluya al sector privado y a una sociedad civil participativa y vibrante. Estas inversiones deben canalizarse a través de mecanismos nacionales y multilaterales ya probados y eficientes, que aseguren suministros informativos veraces y proporcionen barreras protectoras en contra de influencias indebidas. Mecanismos como el International Fund for Public Interest Media (Fondo Internacional para Medios de Interés Público) demuestran cómo la independencia y la escala pueden combinarse para generar un impacto global significativo, tal como lo han hecho instrumentos de financiación similares en ámbitos como la salud y la educación.

Segundo, los gobiernos necesitan modelar activamente los mercados de la información a través de mecanismos que promuevan fuentes de información independientes, pluralistas y confiables. Se necesita una “política industrial de la información” que fomente un ecosistema mediático viable e independiente, que incentive el dinamismo del mercado junto con una propuesta regulatoria administrada cuidadosamente y adecuada para una economía impulsada por la IA. Esta política debe incorporar de mejor manera las necesidades y la supervisión pública, que serán cruciales tanto para las economías desarrolladas, como las economías en desarrollo, y recompensar los hechos por sobre las mentiras. Por su parte, los marcos de cooperación multilateral como la Asociación Internacional para la Información y la Democracia pueden ayudar en el fomento de los aprendizajes compartidos, y de las mejores prácticas en intervenciones de la política pública.

Ya estamos viendo las primeras señales de progreso. Durante las próximas semanas, los presidentes de Francia y Ghana celebrarán una Conferencia Internacional para reforzar su respuesta a la crisis global de la información. Es urgente que más líderes se sumen a esta agenda. Sin una acción decisiva, nuestros ecosistemas informativos seguirán deteriorándose rápidamente, debilitando así los beneficios de la revolución de la IA, y amenazando tanto la prosperidad global como el bienestar social. El momento de actuar es ahora.

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Firmantes:

Prof. Daron Acemoğlu (Premio Nobel de Ciencias Económicas 2024; Catedrático del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT)

Prof. Philippe Aghion (Catedrático en el Collège de France, INSEAD y la London School of Economics, LSE)

Prof. Sir Tim Besley (Profesor de Economía y Ciencias Políticas en la London School of Economics)

Prof. Dr. Francesca Bria (Profesora Honoraria del Instituto de Innovación y Propósito Público, de la UCL Londres)

Prof. Diane Coyle (Profesora de Políticas Públicas, Universidad de Cambridge)

Dra. Obiageli Ezekwesili (Presidenta de Human Capital Africa)

Prof. Mariana Mazzucato (Profesora de Economía de la Innovación y el Valor Público en el University College London, UCL)

Prof. Atif Mian (Profesor de Economía, Políticas Públicas y Finanzas en la Universidad de Princeton)

Prof. Andrea Prat (Profesora de Economía en Universidad de Columbia)

Dra. Vera Songwe (Presidenta y Fundadora de la Liquidity and Sustainability Facility)

Prof. Joseph Stiglitz (Premio Nobel de Ciencias Económicas 2001; Universidad de Columbia)

Este artículo forma parte de la participación de elDiario.es en el World News Day, una campaña global para destacar el valor del periodismo.

Eran las seis de la tarde del 28 de febrero de 2023 cuando la periodista especializada en medioambiente Carolina Amaya avisó en redes sociales de que en un par de horas publicaría una investigación importante. Meses de indagaciones sobre cómo una empresa vinculada a la familia del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se estaba enriqueciendo con la destrucción de un paraje natural protegido. Pasadas las ocho, cuando Amaya volvió a encender su teléfono, cayeron en aluvión los mensajes: su padre, líder campesino, había sido detenido.

“Estaba claro que había sido por mi ejercicio periodístico”, relata Amaya a elDiario.es. Empezaron para ella meses agotadores: investigar qué había detrás del encarcelamiento de su padre, que pasó casi un año preso; el miedo a perderle en un sistema penitenciario conocido por la tortura; una demanda contra ella por parte de la compañía que señalaba en el reportaje inicial… “Me di cuenta de que en El Salvador ya no podía trabajar”, sentencia la informadora desde México, país en el que se exilió en mayo de 2025.

La deriva autoritaria a la que Bukele lleva años arrastrando a El Salvador avanza en paralelo al deterioro de la libertad de expresión y al acoso a los periodistas críticos. Su victoria en 2019 logró, en cierta medida, cumplir la promesa que gobiernos anteriores ya habían intentado sin éxito: acabar el terror del crimen organizado.

La violencia de las maras se sustituye por la del Estado

La violencia de las maras ha sido sustituida, sin embargo, por la del Estado: bajo el paraguas de un Régimen de Excepción que ya ha sido 42 veces renovado, las fuerzas de seguridad detienen de manera masiva y aleatoria, encarcelan sin investigación, en muchos casos ni juicio, en penales abarrotados sin acceso a abogados y donde cientos de personas han sido asesinadas a golpes o de hambre, según organizaciones de Derechos Humanos y testimonios recogidos por este medio. Eso ocurre en el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo: 1,6% de una población de menos de seis millones y medio de habitantes.

El presidente se encuentra en su segundo mandato, algo que ya es inconstitucional, y la Asamblea Legislativa ha aprobado recientemente la posibilidad de la reelección indefinida. Poco a poco, Bukele ha ido adueñándose de los principales poderes estatales y dotándose de un marco legal que coarta cualquier tipo de oposición, ahogando a la prensa y a las organizaciones civiles.

El Régimen de Excepción es el cénit de este sistema de persecución, ya que sirve de herramienta para la eliminación de facto de toda garantía jurídica y está siendo empleado por el Gobierno para criminalizar a quienes contradicen la narrativa oficial. El padre de Amaya, a quien una empresa quería echar de tierras que le habían sido entregadas por el Estado y que cultivaba para vivir, fue acusado de tener relación con las pandillas. Esgrimiendo motivos similares, también hay órdenes de captura contra al menos siete periodistas de El Faro, medio de comunicación de referencia en Centro América.

Decenas de periodistas en el exilio

A comienzos de mayo El Faro publicó una serie de entrevistas en las que dos líderes pandilleros explicaban las negociaciones entre las maras y el Gobierno de Bukele. Los principales periodistas involucrados abandonaron de manera preventiva el país, “un exilio temporal”. Aunque Óscar Martínez, jefe de Redacción de El Faro, explica que ya habían hecho ese tipo de salidas, también con gobiernos anteriores, pero esta fue la primera vez que no pudieron regresar: sus fuentes les avisaron de que un dispositivo policial les esperaba para detenerles en el aeropuerto.

“El Faro tiene 27 años de existencia. Ahora mismo somos menos, 18, pero cuando Bukele entró, éramos 28, ha ido gente renunciando por temor o por persecución”, sostiene Martínez también desde México, a donde ha llegado tras varios meses errante por varias ciudades y donde aún no tiene pensado establecerse. Desde el exilio trabaja casi toda la redacción, cuya figura legal fue trasladada a Costa Rica meses antes por los constantes ataques. Sus periodistas han sido señalados por el Gobierno, que ha ordenado auditorías y hasta espionaje con el software Pegasus.

Las publicaciones de El Faro inauguraron un mes de mayo nefasto para El Salvador. La violencia policial con la que fue reprimida una manifestación de campesinos a punto de ser desplazados de sus hogares fue retransmitida en directo por redes sociales, generando indignación también el arresto de dos de los líderes comunitarios, uno de ellos un pastor evangélico. Y a los pocos días el país fue sacudido por la detención de Ruth López, prestigiosa abogada y miembro de la directiva de Cristosal, una de las organizaciones de Derechos Humanos más relevantes de El Salvador, en el exilio desde julio.

No dejen de poner atención en El Salvador desde fuera. Cuando además de los medios locales lo empiezan a decir también los internacionales se cae el teatro, la gente empieza a darse cuenta y a doler que hablen así de tu país

Suchit Chávez — Periodista

“Todos pensamos que si fueron a por Ruth, pueden ir contra cualquiera”, dice Suchit Chávez, periodista y miembro de Junta Directiva de la Asociación de Prensa de El Salvador (APES). En coordinación con la Red Centroamericana de Periodistas, han ayudado a salir a en torno a 50 informadores. Hay, además, al menos una treintena de defensores de Derechos Humanos que también han abandonado el país, aunque las cifras no son exactas porque muchos lo hacen en silencio.

Chávez es la única de los tres periodistas salvadoreños que este medio ha entrevistado en San Salvador que accede a dar su nombre. Quienes se quedan se enfrentan a la persecución constante y al miedo de saberse en la diana: llamadas anónimas, cambios de teléfono móvil y de rutinas por precaución, allanamientos de vivienda e incautación de ordenadores y de discos duros, agentes de Policía que estacionan o toman fotos alrededor de las casas, o que tocan la puerta de las familias de los informadores bajo el pretexto de estar investigando accidentes de tráfico, incluso pandilleros rondando redacciones o apostados cerca de donde viven los periodistas. Todos estos son ejemplos narrados a este diario, y en muchos casos el acoso sigue produciéndose incluso estando el profesional en el exilio.

La estrategia de Bukele triunfa

Agotados en el plano emocional y ahogados en el burocrático, los periodistas añaden una dificultad a su trabajo: el éxito de la estrategia de comunicación de Bukele. Los índices de aprobación del presidente inconstitucional son de los más altos del mundo, entre un 85 y más de un 90%, según diferentes encuestas. Su modelo arrasa más allá de las fronteras nacionales y amenaza con extenderse en América Latina, donde su popularidad supera incluso a la del Papa. Retratado casi como un dios, quien fuera antes publicista, es un líder carismático que cuenta con un fuerte aparato de medios creados ad hoc y una presencia abrumadora en redes sociales.

“Da la sensación de que la noche oscura está comenzando con el exilio, el cierre de los espacios cívicos, la censura, la criminalización, el encarcelamiento…”, lamenta uno de los periodistas que permanece haciendo su labor dentro del país. Con una narrativa y un sistema tan bien armados puertas adentro y el apoyo de Donald Trump desde la Casa Blanca, cuyas políticas contra la población migrante resuenan a los métodos de la Policía salvadoreña contra sus propios nacionales, muchos de los periodistas entrevistados coinciden en la importancia de la presión internacional. “No dejen de poner atención en El Salvador desde afuera”, sostiene Chávez, “cuando además de los medios locales lo empiezan a decir también los internacionales se cae el teatro, la gente empieza a darse cuenta y a doler que hablen así de tu país”.

Desde muy joven, Alberto Amaro soñó con ser periodista. En 2018 fundó 'La Prensa de Tlaxcala', un medio digital dedicado a denunciar violaciones de derechos humanos, abusos de poder institucional y corrupción, además de difundir información de interés público. Su objetivo, aparentemente sencillo, era dar voz a las víctimas sin cobrar por ello, un gesto de integridad excepcional en un país donde lo contrario es la norma.

“Nunca cobré a las víctimas por publicar notas (noticias) periodísticas de sus agresiones, algo muy habitual en México”, explica Amaro. “Cuando me llegaba una denuncia, lo único que me interesaba era contrastarla y comenzar a escribir para publicarla”.

Amenazas y agresiones: la respuesta del poder

La línea editorial que adoptó Amaro de desafío al mismísimo poder tuvo un alto coste. Las amenazas comenzaron en redes sociales y pronto escalaron a agresiones físicas. Fue perseguido por motociclistas, dispararon contra su vehículo y su domicilio, e incluso le privaron de libertad durante varias horas, mientras era golpeado.

En 2019, en su propio país ingresó en el 'Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas'. Inicialmente, se le asignó un “botón de pánico” y una patrulla policial. Sin embargo, no fue suficiente y las agresiones continuaron, y la protección que le brindaban se convirtió en una paradoja: “Quienes debían protegerme eran precisamente a quienes mis artículos molestaban; entonces, todo carecía de sentido”.

La impunidad como norma

En 2023, tras un ataque a su familia y la retirada de su protección por parte del Mecanismo, Amaro interpuso un recurso de amparo para anular esa decisión. Sin embargo, la situación cada vez era más insostenible y fue entonces cuando Amnistía Internacional conoció su caso e intervino, facilitando su salida de México y su acogida en Asturias, a través del programa de protección temporal de defensores y defensoras de los derechos humanos en riesgo.

Y es que no en vano, según la organización Artículo 19, más del 45% de las agresiones a periodistas en México provienen de autoridades gubernamentales, y el 89% de estos casos quedan impunes. Esta impunidad perpetúa un ciclo de violencia contra la prensa y limita el ejercicio del derecho a la información.

La situación global: periodistas como objetivo

Pero el caso de Amaro, por desgracia, no es aislado. En 2023, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) registró 94 asesinatos de periodistas, siendo actualmente Gaza el epicentro del conflicto más mortífero de la historia para la prensa, con más de 210 periodistas asesinados desde el inicio de las hostilidades en octubre de 2023. El gobierno israelí de Netanyahu ha decidido claramente romper todas las estadísticas y llevar la desaparición física de las y los periodistas hasta el extremo más cruel. Sin periodistas, no hay periodismo, ese es el lema de la profesión y algunos se lo han aprendido bien: no quieren profesionales de la información, nadie que cuente la verdad. Buscan eliminar a quienes, como testigos profesionales, difunden lo que ocurre cuando se violan los derechos humanos.

Países como Ucrania (debido a la guerra), Birmania (por la represión militar), Pakistán (por el extremismo y la política volátil), Siria (por el conflicto civil) y Haití (por la violencia de las pandillas y la anarquía) figuran constantemente entre los lugares más peligrosos para ejercer la “profesión más apasionante del mundo”. En estos contextos, las y los reporteros enfrentan una combinación letal de peligros: desde detenciones arbitrarias, tortura y campañas de desprestigio orquestadas por gobiernos autoritarios, hasta la amenaza directa de ser asesinados o secuestrados por grupos armados o actores estatales. El riesgo de ser periodista va más allá de la bala, abarcando la asfixia económica, el acoso judicial y la autocensura forzada, comprometiendo gravemente el derecho a la información en todo el mundo.

Y es ahí donde Amnistía Internacional juega un papel crucial en la defensa de periodistas en riesgo a nivel global, extendiendo su labor más allá de los conflictos más mediáticos para abarcar más de 150 países. La organización actúa como un faro de denuncia, investigando y documentando violaciones de derechos humanos—incluyendo asesinatos, detenciones arbitrarias, tortura y acoso judicial—perpetradas contra la prensa por gobiernos autoritarios y grupos armados. Además, lanza campañas mundiales para exigir la liberación de reporteros encarcelados injustamente, presiona a los Estados para que rindan cuentas por la impunidad y moviliza a su base de activistas para ejercer presión política internacional, asegurando que el derecho a informar y ser informado se mantenga como un pilar fundamental en cualquier sociedad.

El historial mexicano

Desde el año 2000, ARTÍCULO 19, la organización internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, basándose en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que documenta agresiones y asesinatos de periodistas, censura y restricciones a la información, y brinda asistencia legal a quienes son amenazados por su labor informativa, ha documentado 174 asesinatos de periodistas en México. Están presuntamente relacionados con su labor informativa, de los cuales 144 fueron hombres y 12 mujeres. Durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa (2006–2012), Enrique Peña Nieto (2012–2018) y Andrés Manuel López Obrador (2018–2024) se registraron 47 asesinatos de periodistas en cada sexenio, mientras que el gobierno de Javier Duarte en Veracruz (2010–2016) resultó el más letal para los comunicadores, con 18 periodistas asesinados, incluido el fotoperiodista Rubén Espinosa; Veracruz acumula, además, el mayor registro estatal con 31 casos. En 2023, se documentaron 561 agresiones contra la prensa, lo que equivale a una agresión cada 16 horas. Estos datos sitúan a México como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Además, como cuenta el propio Amaro, las estadísticas oficiales suelen ser engañosas. En México es habitual que los periodistas desempeñen otras actividades, como ser taxistas o gestionar un pequeño negocio, y cuando son asesinados en esas circunstancias, rara vez se les contabiliza como periodistas, aunque la motivación de los crímenes esté vinculada directamente a su labor informativa.

Una llamada a la acción

El Día Internacional del Acceso Universal a la Información es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de este derecho y la necesidad de proteger a quienes lo ejercen. La historia de Alberto Amaro es un recordatorio de que la lucha por la libertad de información es también una lucha por la justicia y la democracia. No en vano, la UNESCO también recuerda cada 3 de mayo, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que ambos derechos son inseparables: sin acceso a la información no hay prensa libre y sin prensa libre no puede haber sociedades verdaderamente democráticas. Defender esto es, en última instancia, defender la libertad de cada persona que quiere informar o mantenerse informada libremente.

Por eso, organizaciones como Amnistía Internacional desempeñan un papel fundamental en la protección y promoción de estos derechos. Al visibilizar los casos de periodistas y activistas que arriesgan su vida por informar, al exigir rendición de cuentas a gobiernos y al fomentar la educación sobre derechos humanos, Amnistía contribuye a que la información circule libre y segura. Sus campañas recuerdan que el acceso a la información no es un lujo, sino un pilar de la democracia, y que la libertad de prensa es inseparable del derecho de la ciudadanía a conocer, cuestionar y decidir. Sin estas iniciativas, la verdad quedaría muchas veces silenciada y la justicia se convertiría en algo subjetivo.

Amnistía Internacional, en colaboración con redes de apoyo como la Taula per Mèxic o CEAR Euskadi, ha contribuido a visibilizar y respaldar estos programas de acogida temporal en España para otros periodistas mexicanos en riesgo, víctimas de amenazas por su labor informativa. Gracias a estas iniciativas, profesionales como Jacob Morales y Luis Daniel Nava, corresponsales del diario El Sur en Guerrero; Carlos Manuel Juárez, de Elefante Blanco en Tamaulipas; o Martín Durán, del medio La Pared en Sinaloa, han encontrado en ciudades como Barcelona un espacio seguro desde el que continuar denunciando la violencia y la censura que enfrentan en su país.

Extremadura, tierra de refugio

Tras el encuentro de periodistas, algunas de las participantes expresaron su deseo de que se impulse en Extremadura un proyecto que consolide la región como un lugar de refugio y sosiego permanente para quienes defienden los derechos humanos en todo el mundo y más lo necesitan. Estas situaciones extremas no solo afectan lo más íntimo de cada persona, sino también a su entorno cercano. Cuando la respuesta es colectiva, todo resulta más humano y protege frente a la normalización de la violencia, el fenómeno que Hannah Arendt describió como la “banalidad del mal”: quien vive violencia de manera constante puede llegar a aceptarla como normal, y la única manera de romper ese ciclo es salir de ella.

Así como Extremadura fue tierra de conquistadores, quizá ahora sea el momento de convertirla en tierra de defensores y defensoras de los derechos humanos: un refugio seguro para quienes luchan por la justicia y sufren en su compromiso.

Una sentencia clave para la era de la inteligencia artificial. El Tribunal Supremo ha dado la razón a la Fundación Ciudadana Civio en su batalla por conocer cómo funciona el algoritmo que decide qué hogares tienen derecho al bono social eléctrico, un fallo que crea jurisprudencia para los próximos casos relativos a la transparencia de estos sistemas de decisión automática, a las puertas de la era de la inteligencia artificial.

En una sentencia fechada el 11 de septiembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo condena a la Administración a entregar a la organización el código fuente de BOSCO, la aplicación informática desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica para verificar los requisitos de los solicitantes.

“El derecho de acceso a la información pública adquiere especial relevancia ante los riesgos que entraña el uso de las nuevas tecnologías en el ejercicio de las potestades públicas o la prestación de servicios públicos”, indican los magistrados. “En estos casos debe conllevar exigencias de transparencia de los procesos informáticos”, continúan, “con el objeto de proporcionar a los ciudadanos la información necesaria para su comprensión y el conocimiento de su funcionamiento”.

El fallo cobra una importancia especial en un contexto en el que la inteligencia artificial empieza a incorporarse a la gestión pública. La decisión del Supremo no solo afecta a un caso concreto —el algoritmo que decide el bono social eléctrico—, sino que sienta un precedente para exigir transparencia en cualquier sistema automatizado que condicione derechos ciudadanos. En los albores de la era de la IA, el Tribunal advierte que estas herramientas no pueden permanecer opacos, “especialmente cuando tienen por objeto el reconocimiento de derechos sociales”.

La resolución, que corrige los fallos previos de la Audiencia Nacional y del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, establece como doctrina que el acceso a la información pública incluye el derecho a conocer el código fuente de los sistemas automatizados empleados por la Administración. El Supremo vincula esta transparencia con la defensa de los derechos fundamentales, recordando que los algoritmos influyen directamente en el reconocimiento de prestaciones sociales y no pueden operar como “cajas negras”.

El litigio comenzó en 2018, cuando Civio reclamó al Ministerio acceso al software. La petición fue denegada primero por el Consejo de Transparencia y después por los tribunales, que avalaron los argumentos del Gobierno sobre la propiedad intelectual y los riesgos para la seguridad pública. La Abogacía del Estado alegó que abrir el código de BOSCO podría facilitar que los ciberdelincuentes atacaran las posibles “vulnerabilidades” que este pudiera tener.

“Se podrían utilizar dichas vulnerabilidades para acceder a las bases de datos conectadas con la aplicación, que recogen datos especialmente protegidos, como la discapacidad o la condición de víctima de violencia de género del solicitante”, aseveraba un informe al respecto elaborado por el Centro Criptológico, encargado de la ciberseguridad de las administraciones públicas. “El conocimiento del código fuente aumenta el riesgo de que la explotación de las vulnerabilidades pueda afectar a la seguridad nacional, la seguridad pública o la seguridad de los administrados”, añadía.

En su sentencia, el Supremo ha tumbado ese argumento. “El límite de seguridad pública solo puede impedir el acceso a la información pública cuando ello se encuentre justificado y resulte proporcionado”, argumentan los magistrados, considerando que no puede cerrar el acceso al código informático de un algoritmo público como medida de seguridad general va en contra del derecho a la información.

“Aun cuando en abstracto el acceso al código fuente de un programa pudiera incrementar potencialmente algunos riesgos”, recuerdan, esa transparencia pueden llevar también “a la mejora del código y fortalecimiento de su seguridad”, puesto que “incentiva a la Administración a extremar las cautelas” y permite “su escrutinio por actores diversos e independientes permite aflorar vulnerabilidades inicialmente inadvertidas”.

“Un algoritmo no es un lápiz”, había defendido durante el proceso Eva Belmonte, codirectora de Civio, subrayando que la tecnología nunca es neutral y que su opacidad puede tener consecuencias directas sobre los derechos de los ciudadanos. Ahora, con este fallo, el alto tribunal abre la puerta a que más organizaciones puedan exigir acceso a los algoritmos públicos, en un momento en el que estas herramientas marcan cada vez más decisiones clave de la Administración.

“El protocolo anula la conciencia de clase, uniformiza el tejido social y dificulta las relaciones más informales y la solidaridad”. Desde el inicio de La servidumbre de los protocolos (Arcàdia, en catalán y castellano), la investigadora cultural y ensayista Ingrid Guardiola (Girona, 1980) sumerge al lector en reflexiones necesarias sobre un mundo cada vez más marcado por los algoritmos. Guardiola describe el protocolo, en su doble vertiente, la burocrática y la tecnológica, como herramienta del poder, pero también propone una alternativa en forma de un nuevo contrato social para no ceder ante la nueva era de los tecnopoderosos.

¿Cómo llegó a identificar y desarrollar este concepto del protocolo?

Empecé a trabajar en el concepto de protocolo en 2019 para explicar lo que significaba vivir a través de las interfaces tecnológicas y digitales. Un año después, con el confinamiento, la palabra se popularizó, y todos terminamos participando en un protocolo primero sanitario y después universal, pero marcado por la tecnología. El contacto permanente con los protocolos informáticos me hizo observar cómo, de repente, todas nuestras formas de relación pasaban inevitablemente por las interfaces digitales.

¿Hemos reflexionado lo suficiente sobre lo que nos pasó en la pandemia como sociedad?

No. Los libros sobre la pandemia no se venden, por ejemplo. Hemos preferido esconder la cabeza, no darle muchas vueltas y pasar el trauma, pero no hemos reflexionado ni sobre la parte positiva de la pandemia (la solidaridad y la organización) ni sobre la parte negativa (fue un experimento de ingeniería social importante y de uso de la tecnología digital como mecanismo de control). Tampoco se usaron tecnologías muy sofisticadas ni surgió con la COVID-19, porque las tecnologías de control nacen en los años 40 del siglo XX.

¿Hasta qué punto necesitamos contar con protocolos?

El protocolo tranquiliza. Nuestro mundo de excesivos estímulos y sobreabundancia de información, que no acaba siendo una forma de conocimiento, genera una ansia permanente, que se tranquiliza mediante formas de orden como el protocolo. Es una forma de ordenar la realidad para intentar dar una respuesta a la complejidad, la incertidumbre y el caos.

¿Tiene una parte de ritual?

El protocolo podría ser una versión laica de los ritos religiosos. Tiene algo de versión tecnoburocrática de la culpa, porque sus instrucciones y pautas pueden generar un chantaje social. Con el confinamiento lo vimos con la policía de balcón: a la que a alguien le parecía que otro se saltaba el protocolo, se veía capacitado para ejercer de agente del orden. Se le quitó la parte metafísica y acabó siendo una versión mucho más técnica de la culpa para señalar a los que no participaban del sistema de orden.

He visto que cada vez más hay una especie de malestar inducido por el tipo de información que se comparte en mis espacios de socialización

¿Culpamos a la tecnología de unos males que no dejan de ser una forma actualizada de los poderosos oprimiendo a los débiles?

¡El protocolo es el aguijón del poder! La tecnología no está sola en el mundo, interactúa con varios aspectos de nuestra vida. No creo que tengamos que caer en los discursos falaces de que supone o una amenaza radical o una fascinación incuestionable. Para no caer en esta versión simplificada de la tecnología se tiene que entender como ecosistema y aterrizarla en el tiempo. En el libro, me he centrado en dos tipos de protocolos, los tecnoburocráticos y los informáticos, propios del siglo XX y el XXI.

Sociólogos como Max Weber o Siegfried Kracauer ya hablaron de los burócratas como la nueva clase social que, a cambio de un sueldo a final de mes, establecía un sistema para mantener la jerarquía social a partir de los procedimientos administrativos. Tampoco es algo nuevo del siglo XIX o XX, sino que es la manera en que cualquier sistema social ha mantenido el orden. Lewis Mumford se remitía hasta el antiguo Egipto y decía que para que un orden social, sea bárbaro o democrático, funcione, necesita dos instrumentos para gestionar el poder: una organización fiable del conocimiento (desde un chamán al clero) y una estructura rígida e incuestionable de transmisión de órdenes, es decir, la burocracia.

¿Hemos pasado de la biblioteca de Alejandría a los grandes centros de datos?

La bifurcación del poder se mantiene de forma bastante constante. Hoy quien gestiona el conocimiento terminan siendo los algoritmos y los protocolos informáticos. A la vez, esta tecnología también es la que permite la burocracia del siglo XXI.

La evolución actual además genera cambios que nos impactan, empezando por el cansancio de estar todo el día conectados.

Sí que hay cambios en nuestra relación con la tecnología. Y hay mitos, como el de la eficiencia, la abundancia o la cultura del casting permanente. Hay un agotamiento y un desgaste fruto de la exposición pública y de la disociación cognitiva que implica estar todo el día actuando. Judith Butler teorizó en los 90 que la performance era liberadora, pero hoy desgasta porque se da en unos entornos que solo buscan la monetización y especular con nuestra conducta e imágenes públicas. Esto genera unos perfiles sociales distintos, con prioridades que han cambiado y unos objetivos y aspiraciones vitales muy distintas.

¿Por ejemplo?

La idea de aspiración vital ligada al éxito y a la fama y la celebración pública de la propia imagen no es nueva. Pero en el siglo XX no era una aspiración social, era la forma en que la industria del ocio nos proveía de fábulas para proyectar fantasías. Pero hoy la fantasía se ha hecho real, se sale del ámbito del ocio, el cine y del entretenimiento y nos convierte a cada uno en protagonistas.

Hasta los trabajos más clásicos, como el de repartidor, están atravesados por el protocolo, como se demostró en los juicios a Glovo en los que los riders reclamaban saber bajo qué algoritmos se organizaba su trabajo.

Glovo ha sido una empresa pionera en manifestar la mayoría de los problemas del capitalismo de plataformas. La transparencia algorítmica es algo que se tendría que reclamar en todos los trabajos, porque los algoritmos son un jefe encubierto que tienen unas implicaciones legales y éticas sobre los trabajadores. Además, en algunos casos, como los vinculados al deep learning, hay una serie de procesos de aprendizaje del diseño algorítmico que el propio diseño no permite conocer, sino que hay muchas decisiones que se toman que no se pueden explicar por mucho que hagas transparente el algoritmo. Es un callejón sin salida.

¿Tenemos más cantidad de información que nunca, pero de peor calidad?

No solo es el exceso, el acceso a la información se ha hecho más estrecho por el diseño de los espacios a través de los que nos informamos. En la historia reciente del capitalismo de plataformas, era posible estar mejor informado porque era una información mucho más cronológica, los buscadores funcionaban mejor y se sabía dónde ir a buscar las cosas. Había cabeceras de prestigio para el gran público, pero también fue el momento de los medios alternativos como Indymedia. Pero cuando el capitalismo de plataformas se convierte en un gran espacio de explotación de datos, la información se convierte en mucho más sesgada, y por lo tanto se desinforma en muchos sentidos.

Cada vez menos lectores leen cabeceras concretas y cada vez más leen lo que les sale en Google.

Y luego está la plaza pública en desaparición. Ya no podemos escoger el menú informativo. Aunque no queramos, terminamos escuchando a los que más gritan, que generalmente son los que están más promocionados o tienen más repercusión y ocupan el espacio informativo. Hay un muro semántico muy fuerte, cada vez cuesta más llegar a la información de calidad.

Ya no podemos escoger el menú informativo. Aunque no queramos, terminamos escuchando a los que más gritan

¿Culpamos al algoritmo o a la tecnología de malestares que son sociales? ¿Cómo podemos distinguirlos?

La única vía pasa por autoanalizarnos. Por ejemplo, en nuestra relación con los medios y los efectos que producen sobre nosotros ciertas noticias. En mi caso, he visto que cada vez más hay una especie de malestar inducido por el tipo de información que se comparte en mis espacios de socialización y, sobre todo, por el tipo de lenguaje con el que se expresan los hechos. Es un lenguaje que es mucho más violento de lo que parece, que siempre busca culpables y resolver grandes preguntas mediante información muy melodramática sobre aspectos completamente irrelevantes de nuestro día a día.

Son noticias que priorizan el morbo y una negatividad manifiesta a la hora de valorar el ser humano y el pacto social. No son solo formas sutiles de violencia, también las noticias que ya estaban en la prensa y la tele sobre asesinatos y catástrofes se han vuelto más interactivas y dinámicas, con comentarios que acaban a menudo multiplicando el odio y la violencia de los titulares. Esto es evidente que genera un malestar, pero tenemos que esforzarnos en separar la plaza pública del mundo real.

¿Cómo lo logramos?

Cada vez que vamos al bar del pueblo se puede tener la tentación de pensar que el mundo es así, pero tenemos claro que es el bar y no el mundo. En las plataformas no hay ningún indicador físico ni ninguna pauta que nos haga entender que tan solo son una parte de un todo mucho más amplio, por lo que les damos un valor de totalidad, como si todo ocurriera allí mismo. Este ejercicio de separación y distanciamiento es necesario para entender que hay un malestar que es inducido y hay una parte de la ansiedad que proviene de esta relación con medios o plataformas muy proclives, no sé si a la patología, pero sí a convertir el dolor del mundo en discurso, y esconder su contexto y sus causas y solo resaltar la herida.

Estos medios y plataformas no dejan de estar ligados a intereses económicos.

Y a un entorno económico determinado, la financiarización de la vida, que es de las cosas que posiblemente angustian más: la celebridad y la fama como expectativas vitales no se pueden desligar de una ideología que entiende a las personas como un activo financiero. ¡Es la visión más triste del ser humano! Hace recaer en cada uno de nosotros responsabilidades sistémicas con un falso discurso sobre la libertad individual, como si no viviéramos en el mundo.

Y hasta en los momentos de vacaciones, cuando en teoría podríamos estar más liberados de esta dinámica, terminamos en ella.

Estar conectados es un trabajo que no está pagado, pero es un trabajo. En los movimientos de cultura libre de hace 20 años se discutía mucho sobre quién sacaba rendimiento económico al estar conectados. Todos nos hemos vuelto operarios de la gran fábrica digital, y acabamos estando muy preocupados por esta especie de cadena informativa sin fin y por los protocolos tecnoburocráticos, es decir, por tareas muy inútiles, pero que son fruto del diseño de nuestro entorno social. Cuando dirigí un centro de arte público, el 70% de mi trabajo fue lidiar con protocolos tecnoburocráticos, procedimientos que en realidad beben de cierta desconfianza y control, ocupan mucho tiempo y son poco gratificantes.

Estar conectados es un trabajo que no está pagado, pero es un trabajo

¿Somos conscientes de lo que implica ceder hasta nuestra memoria a las grandes empresas tecnológicas?

La memoria está muy devaluada. Los medios de comunicación siempre han querido hacer del presente su tiempo hegemónico. El presente es un tiempo que da mucho rédito en el mercado de la atención porque la capitaliza de forma más clara del pasado. Y hasta cuando desde entornos oficiales se busca relacionarse con el pasado se hace monetizando el tiempo y la nostalgia: Eurovisión es un formato profundamente nostálgico. La nostalgia nos atrae porque se sale de la urgencia del presente y tiene que ver con todas estas vidas potenciales que podríamos haber vivido y no hemos hecho.

¿Hay un riesgo de caer en el ‘cualquier tiempo pasado fue mejor’?

Existe el peligro de que sea un pensamiento muy reaccionario y de restauración de valores tradicionales conservadores porque pensar que cualquier forma de vida anterior era mejor encaja muy bien con las ideas de derechas. El capitalismo de plataformas es muy reaccionario y muy de derechas, pero a la vez muy neoliberal porque en él la nostalgia y el presente forcejean. Cuando la cultura del recuerdo deja paso a este tipo de nostalgia, también se debilita el pensamiento y el mero hecho de pensar. No somos conscientes de la falta de fondo que tienen la mayoría de cosas que compartimos. No damos suficiente valor a la experiencia directa de los hechos y a la memoria que queda de ello y, en cambio, sí lo hacemos con la atención momentánea de ciertos fenómenos sociales.

Haciendo una caricatura, podríamos decir que recordamos más la storie de Instagram de una experiencia que la experiencia en sí.

Vivimos en un momento de abundancia de experiencias e identidades, y esto es algo que casa mal con la memoria. La memoria nos permite conocer nuestros propios límites y nos da unas pautas que pueden terminar siendo un receso emocional. Sin tener clara nuestra propia memoria, tenemos menos herramientas para afrontar los conflictos. Y esto nos lleva a evadir o externalizar los conflictos como si no fueran con nosotros, como si el conflicto solo fuera una diversidad de puntos de vista.

En el libro propone un nuevo contrato social.

Hay un ejemplo muy claro en la Educación: se empieza a reclamar una marcha atrás en la apuesta competencial y tecnológica, que estaba forzando a actuar a los alumnos como máquinas. Desautomatizar todas estas relaciones es importantísimo, y empieza por eliminar ciertos mitos, como el que el capitalismo de plataformas trae más oportunidades laborales, o el que si no estás en las redes no eres nadie. Hay que romper con este chantaje y llevar las infraestructuras a nuestro favor.

¿Se tendrían que regular más las redes sociales y Google?

Se puede regular más, pero también hay que tener en cuenta otro aspecto. ¿Qué sentido tiene regular las plataformas si el contenido que se consumirá en ellas sigue siendo el de influencers ultracapitalistas? No le veo ningún sentido a eso de querer llenar medios tradicionales como la televisión de influencers para atraer al público joven. ¿En serio tenemos que relegar todo el espacio mediático a una figura como la del influencer? No solo hay que cambiar el chip en cuanto al diseño de infraestructuras, algoritmos y software, sino también en los valores sociales y los mitos que se potencian. ¿Por qué no se promociona más la cultura y la ciencia? ¡Los artistas y los científicos son los verdaderos influencers, si se les da el espacio que merecen! Ahora bien, si se ridiculiza la cultura o la ciencia como algo obsoleto o desfasado, y se prioriza solo el monetizar, nadie querrá dedicarse a ellas.

¿Por qué nuestros políticos fomentan el kilómetro 0 en alimentación y agricultura, pero no en tecnología?

¿Hay una pasividad política para regular el capitalismo de plataformas? ¿Los políticos prefieren la polarización que promueven ciertas redes?

Hay pasividad y desconocimiento en la clase política. ¿Cómo puede ser que hayan delegado buena parte de la educación de las nuevas generaciones en Google o Microsoft en vez de en empresas locales? El paquete educativo que creó Xnet se podría haber implantado en todas las escuelas, pero no se hizo. Las multinacionales tecnológicas te venden eficiencia, pero no es verdad. ¿Por qué nuestros políticos fomentan el kilómetro 0 en alimentación y agricultura, pero no en tecnología?

Al final, el capitalismo de plataformas parece el terreno perfecto para la extrema derecha.

Es el terreno perfecto porque ellos mismos lo han creado: empresarios como Peter Thiel o Sam Altman salen de entornos autodenominados anarcolibertarios. Creen que el contrato social atenta contra las libertades individuales y promueven el éxito personal por encima de todo. Sus propios mitos se traducen en Silicon Valley, que en sus distintas etapas camufla su esencia (un negocio profundamente jerárquico, desigual y no siempre exitoso) con el mito del emprendedor.

El capitalismo de plataformas y las redes sociales son como una autopista y Tiktok es la sublimación de la autopista: no está pensada para el contacto entre humanos ni la celebración, sino para la rapidez y el accidente, que nos desvía de los asuntos importantes. Vivimos en sociedades profundamente desiguales y el capitalismo de plataformas las fomenta mucho más: solo hay que ver las diferencias entre el capital que acumulan Elon Musk y los jefes de Google con el último trabajador de su empresa. Nunca antes en la historia había habido tanta diferencia. La relación del capitalismo de plataformas con la extrema derecha es de fraternidad.

¿Se puede democratizar el capitalismo de plataformas?

Hay quien propone nacionalizarlo como si fuera el agua o la electricidad, pero antes que eso es supernecesario conocer el algoritmo. Conocer los entornos es importantísimo. Hace falta mucha más alfabetización mediática y digital. La gente no se da cuenta del poder que tiene. Las empresas del capitalismo de plataformas son muy buenas en mitificar y en deslumbrarnos. Son ilusionistas, como David Copperfield. Además, a nivel político, venimos de decepciones importantes en varias partes del mundo, no solo aquí. Lo primero es recuperar el juicio crítico y la confianza social, de cuya pérdida se ha beneficiado sobremanera el capitalismo de plataformas: se sofocó el espacio público y pasó a ser un mero lugar de tránsito turístico, sin conflicto social.

Domingo, 17 de agosto, 13:40h. Mientras La 1 y el 24h —además de emisoras de radio y streamers varios— ofrecen en directo la comparecencia de los presidentes del Gobierno y de la Xunta tras su primera reunión desde el inicio de la oleada de incendios, la TVG repone Bailamos celebrity, la versión galaica de Mira quién baila. Este martes, con siete focos activos y más de 72.000 hectáreas quemadas, el magazine matinal O Termómetro presentaba como temas estrella un niño mordido por un pitbull, una fuente contaminada o una plaga de pulgas. Son muestras de lo difícil que resulta para los espectadores del canal autonómico obtener información sobre esta crisis fuera de los espacios específicos de noticias, unos Telexornais en los que, según los trabajadores, se vetan las declaraciones contra la actuación de la Xunta mientras se da barra libre para criticar al Gobierno o a otras administraciones. Es por todo eso que el comité intercentros ya ha reclamado la dimisión de los responsables de informativos y el PSOE pedirá explicaciones en el Parlamento a la nueva directora xeral de la CSAG. La corporación niega las acusaciones, defiende el alcance de su cobertura y asegura dar voz a todas las partes.

“Se están dando instrucciones para no meter declaraciones en las que haya quejas de falta de medios o lamentos de los vecinos que están luchando solos contra el fuego”, denuncia la presidenta del comité, Raquel Lema. Con ironía, la cuenta de X del movimiento Defende a Galega —impulsor desde hace 7 años de los venres negros contra la manipulación— habla de “servicio público de intensidad variable. La crítica es feroz cuando apunta afuera, pero se convierte en un estridente silencio cuando mira para dentro”.

Defende a Galega muestra ese “patrón” con dos ejemplos del mismo Telexornal Mediodía del lunes 18. El primero, un directo desde la capital del Estado que muestra el enfado de los pasajeros tras cinco días sin conexión por tren con Galicia. “Nunca escucharás hablar en términos de indignación cuando se trate de valorar decisiones de la Xunta. Hay más 'libertad de creación' cuando las críticas apuntan a Madrid”. No exageran: si nos fiamos del tono de los afectados, parece mucho más grave quedarse tirado en la estación que perder tu casa bajo las llamas.

Este post muestra un vídeo con vecinos al borde de las lágrimas: “Estamos abandonados. No puedo casi ni hablar porque me entran ganas de llorar. Llevamos aquí no sé cuántos días y la gente llana del pueblo es la que está ayudando”, dice una mujer. “La ayuda que hemos tenido es la de voluntarios del pueblo con los medios que tenemos que son nuestras desbrozadoras, nuestras motosierras, las herramientas que tenemos en el pueblo todos los vecinos: hachas, azadas, hoces...” añade un joven.

Defende finge una sorpresa inicial porque “la TVG da voz a la indignación ciudadana en uno de sus vídeos”, pero pronto lo aclara: “Esto se escuchó en un pieza del Telexornal de hoy... sobre los incendios de León”. Sin embargo, según los sindicatos, los insertos (declaraciones) en un tono similar que recogen los equipos en los fuegos de Ourense no llegaban a emitirse.

Casi como respuesta, la primera pieza sobre incendios del martes 19, el día siguiente, la que contaba la destrucción de la aldea de San Vicente (Vilamartín de Valdeorras), arrasada por el gran incendio iniciado en Larouco —el mayor de la historia de Galicia, con 20.000 hectáreas calcinadas—, sí incluía declaraciones de vecinos desolados, entre ellas, dos mujeres que aseguraban que “aquí no vino nadie, no tuvimos ayuda de nadie”. Como cierre, otro vecino y el alcalde se preguntaban a quién responsabilizar de lo sucedido. “No sé a quién culpar”, decía el hombre. “Yo no le echo la culpa a nadie. También nos la echamos un poco a los que vivimos en el pueblo y decidimos que marchábamos porque la vida mejor estaba abajo”, concluía el regidor socialista, Enrique Álvarez.

Magazines: los incendios, mejor desde plató

Dice un axioma periodístico que no es noticia que un perro muerda a un hombre. En plena ola de incendios, O Termómetro consideró que sí. El espacio, una coproducción que provocó una huelga cuando sustituyó A Revista —veterano magazine realizado con medios propios e históricamente vinculado a los servicios informativos—, analizó el asunto en su tertulia después de conectar con el pequeño y su padre en Ribadeo (Lugo) y antes de irse a Cariño (A Coruña), donde sufren una plaga de pulgas. A lo largo de las más de dos horas de programa hubo puntos de directo en Santiago —por los mayores que pierden facultades al volante—, Moaña —donde los vecinos denuncian la contaminación de una fuente— o Cangas, para analizar el fenómeno de los leiraparkings, esas parcelas que se convierten en aparcamientos en la costa cuando llega el verano.

Frente al despliegue para todos esos asuntos de fondo calado, la información de los incendios, sin embargo, se limitó a tres enumeraciones de datos oficiales —siempre los mismos, ya que no se actualizan durante la mañana— leídas desde plató al inicio de cada bloque y acompañadas, en sólo una de las ocasiones, por una pieza con imágenes de archivo. El formato recordaba a esos momentos en los que Jorge Javier miraba a cámara en mitad del Sálvame para vender el patrocinio. A esa hora, resultaba más fácil encontrar una conexión en directo o una entrevista con un afectado por el fuego en los formatos de cadenas estatales, como Mañaneros 360 (La 1) o Vamos a Ver Verano (T5).

No fue una situación puntual. La víspera, el lunes, los titulares fueron para unos menores rescatados del mar, las cláusulas de los alquileres, una población asediada por las ratas y la Festa dos Caneiros en Betanzos. La primera mención a los incendios tardó cuarenta minutos y los directos fueron para los Caneiros, los problemas con las tumbonas de playa en Sanxenxo y la venta de una camiseta histórica del Breogán de Lugo.

El tratamiento es similar en el espacio de tarde Quen anda aí? donde, este martes, un menor herido al lanzarse al mar y los mosquitos tigre fueron los asuntos de apertura antes de la obligada y veloz explicación de los incendios desde plató. La diferencia es que aquí, los datos —como en el vespertino del fin de semana— se ofrecen habitualmente desde la redacción del programa: tampoco acuden a las zonas afectadas. Los directos, mejor para fiestas o sucesos.

TVG asegura dedicarles “casi la totalidad de la parrilla”

Pese a estar limitados a esos pildorazos, la TVG contabiliza ambos magazines —al igual que el más breve Hora Galega, en donde sí se puede ver a reporteros pisando ceniza sobre el terreno— dentro de los “espacios en directo” en los que ofrece información de la ola de incendios. “Esto, de facto, supone casi la totalidad de la parrilla diaria semanal”, aseguró un portavoz a través de correo electrónico.

En su respuesta a elDiario.es, la corporación defiende que “en contra de lo que asegura el comité”, desde el inicio de la crisis los medios públicos “están informando de la evolución de los fuegos, las labores de extinción y las consecuencias y posibles responsabilidades, dando voz a las autoridades competentes, los miembros del dipositivo, los afectados de forma directa y las diferentes formaciones políticas”. Como ejemplo, destacan que este viernes será entrevistado el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

Tras pedir unas horas para recopilar todos los datos del operativo, la CSAG enumera cómo se “intensificó” la cobertura a partir del 11 de agosto para realizar los primeros cambios en la parrilla el miércoles 13. Fue el viernes 15 de agosto cuando llegaron los adelantos informativos y se ocupó el prime time con un especial informativo de 20:55 a 23:30. El sábado, a los adelantos se sumó la prolongación de los Telexornais, de 14:25 a 16:00 por la tarde y de 20:58 a 22:25 el nocturno. El domingo se repitió el modelo alargando también el matinal Bos días. Todas estas jornadas, a primera hora y durante la madrugada, se emitió una programación conjunta con la Radio Galega centrada en los fuegos.

La corporación señala que ese mismo despliegue fue “replicado” en la web y las redes sociales de la corporación, con 147 vídeos en cada una de ellas entre el 11 y el 19 de agosto, “en los que más del 20% recogían las declaraciones de los vecinos y afectados”. Del 11 al 17 de agosto, los impactos de TVG en X crecieron un 103% y un 63% en Instagram “lo que refleja el enorme alcance de la cobertura del servicio público de la CSAG”.

En su respuesta, sin embargo, no cita los datos de audiencia de los informativos, algo de lo que el canal sí ha presumido en esas mismas redes, con cifras que rondaron el 20% a mediodía durante varias jornadas. Una buena noticia para unos espacios que habían perdido su histórico liderazgo en la comunidad. La contrapartida —si las opiniones que se manifiestan por internet son representativas— es que ese aumento en el número de espectadores ha hecho crecer, también, el número de críticas al tratamiento de las noticias.

Bautismo de fuego para la nueva cúpula

Los incendios están siendo el bautismo de fuego de la flamante cúpula de la antigua CRTVG. Realmente, sólo debutan en sus cargos, porque los nombres siguen siendo los mismos. Con el ascenso a directora xeral de Concepción Pombo —jefa de informativos desde 2017, un período durante el que fue acusada de ejecutar las directrices de la Xunta—, su puesto ha pasado a manos del que era el subdirector, Alejandro López, mientras la subdirección ha recaído en la que ya era redactora jefa y rostro visible del Telexornal Mediodía, Marta Darriba.

Son las cabezas de López y Darriba las que pide el comité intercentros. Creen que están “desautorizados” para seguir al frente de un equipo que “estos días sintió vergüenza, impotencia y rabia por la desidia e irresponsabilidad de sus superiores”. “Tal vez por incompetencia en un primer momento” y después, “como en ocasiones anteriores, por seguir el mandato del gobierno de la Xunta de ocultar la gravedad de la situación”, los servicios informativos “estuvieron y aún están desaparecidos del papel que deben jugar como primera fuente de información” ante una “emergencia” como la que suponen “los mayores fuegos de la historia del país”.

Una “inacción deliberada” que desató “fuertes críticas” de la población que tuvo que “acudir a medios estatales” para conseguir la información. El comité entiende además que la “escasa información en bucle” de los “pocos” especiales informativos busca “disfrazar la nefasta cobertura” y justificar en el Parlamento el número de minutos de información ofrecidos.

Precisamente en la Cámara gallega le tocará dar explicaciones a Pombo sobre esta cobertura. El grupo socialista denuncia una cobertura “sesgada, insuficiente y que no responde a la gravedad de la situación”. Al igual que el comité, la diputada Silvia Longueira también entiende que la TVG empezó minimizando los fuegos y, después, “lejos de cumplir con su deber de servicio público” se dedica a “confundir a la ciudadanía” al centrar las críticas en Pedro Sánchez “sin aclarar que las competencias en la lucha contra los incendios corresponden a la Xunta”.

A todo eso, Longueira suma el “desfile” de cargos del PP y afirma que se preocupan más “por sacar imágenes de Rueda o de Feijóo que de informar con rigor”. Un ejemplo aportado por Defende a Galega: el sábado 17, el Telexornal Serán abrió con las declaraciones de la conselleira de Medio Rural en las que hablaba de un “dispositivo sin precedentes” para luchar contra el fuego. Al día siguiente, hubo que esperar 21 minutos para escuchar, en el informativo de la tarde, las palabras que Pedro Sánchez y Rueda pronunciaron en Ourense mientras en la TVG se repetían los bailes de los famosos.

El Congreso ya tiene un código de conducta que permitirá sancionar a los agitadores de extrema derecha que desde hace años boicotean el trabajo de los periodistas. La reforma del reglamento que impulsaron los grupos parlamentarios del bloque de la investidura ha recibido este martes el visto bueno definitivo. La Mesa de la Cámara Baja tiene ahora que desarrollar el nuevo reglamento pero el espíritu de la mayoría progresista es que esté en pleno funcionamiento para el inicio del nuevo curso parlamentario.

La reforma del reglamento ha salido adelante con 177 votos a favor. Únicamente han votado en contra el PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro, 171 diputados. El partido de Alberto Núñez Feijóo y sobre todo la formación de Santiago Abascal han tratado desde el primer momento de torpedear esta iniciativa pensada precisamente para evitar los comportamientos de los ultras que revientan continuamente las ruedas de prensa en el Congreso, señalan a los periodistas que los critican y amenazan e insultan a quienes les plantan cara. Son activistas ligados a pseudomedios como EDATV o Periodista Digital que camuflan el ideario de la extrema derecha bajo supuestas “preguntas incómodas”.

La convivencia en el Congreso ha ido empeorando a medida que estos agitadores han convertido sus interrupciones en rutina. Hace apenas unas semanas, uno de ellos atravesó el paso de seguridad sin la acreditación pertinente y grabó en zonas en las que está prohibido hacerlo con total impunidad, ante la pasividad de los agentes policiales que estaban en ese momento.

Hasta ahora, la Cámara Baja se había escudado en la ausencia de una normativa específica para evitar tomar medidas. A finales de febrero, decenas de profesionales de medios de comunicación de toda ideología o línea editorial se manifestaron a las puertas del Congreso para exigir la implementación de medidas que garanticen el desarrollo de su actividad profesional con plenas garantías, como ocurrió siempre hasta la concesión de las acreditaciones a los agitadores a sueldo de estos portales ultra.

“Los periodistas que trabajamos en el Congreso sufrimos descalificaciones, insultos y señalamientos por parte de personas acreditadas que trabajan junto a nosotros y no respetan unas elementales normas de convivencia. Incluso nos amenazan con dar a conocer nuestros domicilios”, denunciaron portavoces de la Asociación de Periodistas Parlamentarios durante la lectura de un comunicado.

La protesta de los periodistas se produjo una semana después de un suceso en los pasillos que sirvió como detonante. Una de estas personas amenazó explícitamente a una periodista parlamentaria. “Cuando lo comparta yo sí que te vas a cagar”, le dijo sobre un vídeo que uno sus correligionarios acababa de subir a redes sociales, para acusarla falsamente de impedir su trabajo. Horas después, amenazó con difundir información personal de los domicilios de aquellos periodistas que le plantaron cara.

Todo eso es lo que han amparado PP y Vox en el debate de esta tarde bajo la premisa de que esta reforma es un intento de censura, como ha dicho la diputada Carmen Navarro, que se ha prodigado en palabras sobre la libertad de expresión. “Hoy se nos pide legitimar la creación de una policía política de la opinión pública. Esta reforma va de blindar a un Gobierno corrupto. Siempre que pierde la democracia, ustedes ganan”, ha dicho.

Jacobo González-Robatto, el diputado de la extrema derecha, ha asegurado que la mayoría del Congreso quiere “callar las preguntas que hay que hacer” y ha defendido a sus aliados en los pseudomedios como valientes que “no se pliegan al PSOE” y que no aceptan “publicidad institucional” a cambio de silencio.

“Dicen que no aceptan publicidad institucional. Si le han pagado 400.000 pavos en la Comunidad de Madrid”, le ha respondido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sobre las subvenciones del gobierno autonómico a este tipo de portales. “A gente que tiene un canal de YouTube, ha incidido.

El resto de portavoces de los grupos de la investidura también ha defendido la reforma. “Son los mismos que van en listas de la extrema derecha, que trabajan en partidos de extrema derecha, que van a manifestaciones de la extrema derecha”, ha dicho el portavoz de EH Bildu Jon Iñarritu. “Son aquellos que utilizan una credencial de periodistas como patente de corso para intentar esparcir el odio, la tensión y la persecución contra quienes consideran diferentes”, ha insistido.

El diputado del PNV Mikel Legarda ha cargado contra “los modos y maneras de unos pocos”, no “por hacer preguntas incómodas” sino “por acosar, señalar, amenazar, hostigar, reventar y boicotear ruedas de prensa, hacer grabaciones ocultas o allanar despachos de diputados o diputadas”. “Es preciso abordarlas sin demora para acabar con la impunidad de esos sedicentes informadores que no solo incomoda a los diputados y diputadas sino a los periodistas y acreditados”, ha sostenido.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha advertido sin embargo de los límites de una reforma como esta frente a la ultraderecha. “Mañana el Partido Popular seguirá financiando con miles y miles de euros al medio donde trabaja Vito Quiles, desde la Comunidad de Madrid, desde la Región de Murcia, desde el Gobierno de Aragón, del de Castilla y León, los ayuntamientos de Madrid o de Sevilla. Mañana Vox seguirá contratando para sus campañas electorales y mañana estos sicarios mediáticos tendrán, teniendo todas las grandes tertulias de televisión de este país a su servicio, como el señor Negre con Espejo Público y Ana Rosa Quintana, mientras se dedican a criminalizar y a extender el odio sobre la gente más humilde de este país”, ha denunciado.

“Esta reforma no limita el derecho a informar, lo protege. Prevé un régimen sancionador muy tasado. No es una iniciativa del Gobierno, sino una petición formal de las asociaciones de periodistas parlamentarios”, ha dicho el diputado del PSOE Joaquín Martínez.

Faltas muy graves y posibilidad de expulsión definitiva

Para evitar en el futuro estas situaciones, los grupos redactaron una propuesta que ha ido relativamente rápido en el Congreso y que establece una serie de sanciones en función de las infracciones. Hay leves, graves y muy graves. Estas últimas pueden conllevar la suspensión de la credencial de acreditación entre tres meses y cinco años o incluso la revocación definitiva del acceso a la Cámara.

Entre las faltas muy graves figuran las faltas de respeto o a las reglas de cortesía frente a otras personas en el seno del recinto parlamentario y zonas de acceso al mismo. “Se considerará en todo caso una infracción muy grave proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas en el seno de la Cámara y en los accesos a la misma”, señala el nuevo reglamento.

También serán infracciones muy graves “la grabación de imágenes o audios mediante el uso de dispositivos ocultos o en los despachos de los miembros de la Cámara y en las zonas reservadas a los grupos parlamentarios y la grabación de imágenes o sonidos sin la autorización de la Cámara o fuera de los espacios habilitados para ello que contenga datos de carácter personal o vulnere la intimidad de las personas”.

Las infracciones graves serán por ejemplo “la inclusión de información falsa en la solicitud de la credencial, la grabación de imágenes o audios sin la autorización de la Cámara o fuera de los espacios habilitados para ello, el acceso a espacios reservados, tales como despachos o zonas de reunión, del recinto parlamentario ajenos a los acotados para los representantes de los medios de comunicación sin la preceptiva autorización”. También “interrumpir el orden de las ruedas de prensa o demás encuentros de los miembros de la Cámara con los representantes de los medios de comunicación; la publicación en medios y redes sociales de imágenes obtenidas en contra de la normativa aplicable; cualesquiera otros comportamientos que perjudiquen la actividad de la Cámara o el trabajo de otros representantes de los medios de comunicación”.

Como infracciones leves: la omisión de información requerida en la solicitud de la credencial y el acceso a espacios de uso común del recinto parlamentario ajenos a los acotados para los representantes de los medios de comunicación sin la preceptiva autorización.

Se cumplió el guión previsto y a la tercera fue a la vencida. Concepción Pombo —directora de informativos los últimos ocho años y señalada por oposición y trabajadores como principal responsable de la manipulación— es ya la directora xeral de la Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia (CSAG, hasta ahora CRTVG). No hubo ninguna intriga en un proceso que tuvo que ir tres veces al Parlamento antes de proclamar a la única candidata, la impuesta por el PP. La nueva ley de medios públicos hacía suficiente la mayoría absoluta de los populares para imponer su nombramiento; sin embargo, antes, había que aparentar una búsqueda de consenso en dos votaciones en las que se requería una mayoría cualificada. Finalizado el teatrillo, Pombo tiene ya el mando absoluto de la corporación.

Con anterioridad a la votación definitiva que abría el Pleno del Parlamento de este martes, la viceportavoz del BNG solicitó un “breve turno de intervenciones” antes de que se “consumase el dedazo”. El presidente de la Cámara, Miguel Santalices, se negó inicialmente porque esa posibilidad ya se había rechazado en la junta de portavoces —donde el PP tiene, también, mayoría absoluta—, aunque finalmente permitió que se votase. El rodillo del PP impidó el debate, por lo que sólo quedó el trámite de la votación. Pombo resultó elegida por 39 papeletas a favor frente a 34 en blanco, ya que no se permite votar en contra.

Concepción Pombo (Santiago de Compostela, 1976), responsable de los cuestionados informativos de TVG y RG desde 2018, se convierte así en la primera directora xeral de la CSAG, una corporación que ha cambiado de nombre con la entrada en vigor de la misma ley que le permitió acceder al cargo a través de un dedazo. La norma nació para encontrar una fórmula que permitiese sustituir a Alfonso Sánchez Izquierdo, designado director xeral de CRTVG en 2009 por un Alberto Núñez Fejióo recién llegado a la presidencia.

Izquierdo, de 76 años, no ocultaba sus ganas de dejar el cargo desde la marcha de Feijóo a Madrid pero la ley de 2011 obligaba a alcanzar consenso parlamentario para nombrar a su relevo, un consenso al que la oposición —harta de acusar a la CRTVG de comportarse como “el órgano de propaganda del PP”— no podía plegarse; por eso, finalizado su mandato oficial, el predecesor de Pombo llevaba casi una década en su puesto de forma interina.

Bajo la coartada de adaptar a la corporación a la realidad tecnológica actual y al nuevo reglamento europeo —que buscar eliminar el control político de los medios públicos, justo lo contrario de lo que promueve la norma gallega—, la ley de medios, aprobada en solitario en marzo por el PP, además de eliminar órganos profesionales de contrapeso, como el Consello de Informativos o el Estatuto de Redacción, recogía en una disposición adicional la posibilidad de elegir al director xeral por mayoría absoluta si no se alcanzaba una cualificada —dos tercios de la cámara en un primero intento, tres quintos en el segundo— que sabían imposible. Con la votación de este martes, el cambio legislativo ha cumplido su principal objetivo.

Primeras reacciones

Minutos después de la proclamación de Pombo, el BNG distribuyó unas declaraciones de Olalla Rodil en la que acusaba al PP “más ultra de la historia” de “pisar el acelerador para hacerse con el control absoluto de la radio y la televisión públicas”. Rodil calificó de “dedazo” un nombramiento que supone un “enorme retroceso democrático”. “La CRTVG descansa en paz”, escribió el PSdeG en la red X. “Rueda consiguió lo que quería con el nombramiento de Concha Pombo. Ya dirige los medios públicos desde su despacho”.

El movemento Defende a Galega —que ha cumplido más de siete años de lucha contra la manipulación informativa— escribió en sus redes sociales: “El PP consuma en el Parlamento el atraco a los medios públicos. Concha Pombo accede a la dirección xeral sólo con los votos de la derecha, que premia así a quien llevó a A Galega a las más altas cotas de manipulación y servilismo y a las más bajas audiencias”.

Además, la recién creada Red de Radios y Televisiones Públicas En Lucha —formada por comités de empresa y secciones sindicales de todos los medios autonómicos y estatales de carácter público— convocó sus primeras concentraciones contra las injerencias políticas este martes, en coincidencia con el nombramiento de la nueva directora xeral de la CSAG. “No les importa destruir carreras, privatizar servicios, formar redacciones paralelas con periodistas de su cuerda, favorecer a productoras o grupos afines a sus siglas. Todo es con el dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas”, recuerdan en su convocatoria.

Los indicadores políticos, socioculturales y de seguridad de los periodistas en 2024 analizados por Reporteros sin Fronteras (RsF) en su última Clasificación Mundial sobre la libertad de prensa a nivel mundial sitúan a España en el puesto 23 de la lista, el mejor resultado de su historia. A nivel global, la organización alerta de que las condiciones para ejercer el periodismo son “malas” en la mitad de los países del mundo y señala la situación económica de los medios de comunicación como el factor clave que impide su independencia.

España ha escalado siete puestos en la reconocida clasificación de RsF, que incluye 180 países y territorios, por lo que se sitúa entre el 15% de los países del mundo con mejores condiciones para el ejercicio del periodismo. Según la ONG internacional, este avance no sólo se debe a un mejor desempeño en varios de los indicadores analizados, sino “al grave deterioro que sufre la libertad de prensa en todo el mundo desde hace años y que en 2025 coloca, por primera vez, a la mayoría de países del planeta en una situación difícil”.

RsF considera que el clima político ha mejorado en España, cuyo indicador ha subido 3,5 puntos y se sitúa en el puesto 26 de la clasificación. Un aumento que se explica por la menor tensión que experimentaron los profesionales de la información el año pasado respecto a 2023, un año con tres citas electorales y numerosas manifestaciones. Este hecho también explica el avance del indicador que mide la seguridad de los periodistas, que asciende 1,4 puntos e impulsa una subida del puesto 33 al 28 en este apartado.

Por otro lado, “menos escandalosas que las agresiones a las reporteras y reporteros, que este año bajan en España, las presiones legales y judiciales siguen siendo una vulneración al alza en nuestro país”, alerta RsF. A todo ello se suma una notable mejora del indicador sociocultural, que pasa del puesto 30 al 20 y sitúa a España entre los 20 países mejores del mundo para ejercer el periodismo por las escasas presiones de género, etnia, clase o religión y por la práctica ausencia de temas tabú en las coberturas, sostienen desde la organización.

La precariedad se cronifica en el periodismo español

Sin embargo, RsF considera que el deterioro económico de los medios está erosionando la libertad de prensa en todo el mundo y el auge de las plataformas digitales, la concentración del sector, la precariedad laboral o la discrecionalidad y opacidad de la publicidad institucional son factores que amenazan la sostenibilidad del periodismo.

En este sentido, el indicador económico ha lastrado tradicionalmente la posición de España en la Clasificación Mundial de RsF. En 2024, sube algo más de un punto –especialmente por el abrupto descenso de otros países–, pero “sigue siendo, de lejos, el peor cualificado de los cinco que conforman la evaluación y acumula varios años en valores inferiores a los 60 puntos sobre 100”, reseña RsF en su informe.

Esta situación de precariedad cronificada ha sido tildada de “intolerable” por la vicepresidenta de RsF España, Edith Rodríguez Cabrera, quien considera que “un periodista precario es siempre un periodista más vulnerable a las presiones y la autocensura”. Desde su punto de vista, “es hora de que el sector entienda que generar información de calidad y dispensar a los periodistas garantías laborales es la única salida a la crisis de modelo que vivimos”.

España desciende tres puestos por el indicador que mide el contexto legal en el que se ejerce el periodismo, del 14 al 17. Esto ocurre por “la eterna demora” en la derogación de los artículos más polémicos de la Ley Mordaza y de los llamados “delitos de opinión”, como los de ofensa a los sentimientos religiosos y de injurias a la Corona. RsF señala que este indicador también se ve lastrado por el cambio de mayorías parlamentarias decretado por el Gobierno para reformar la elección de la presidencia y el consejo de administración del ente público RTVE. Según defienden, contraviene el espíritu del Reglamento Europeo de Libertad de Medios, con el que el Ejecutivo se ha comprometido repetidamente.

A mayor dependencia económica, menor independencia

A nivel general, RsF asegura que el debilitamiento de los medios constituye una de las principales amenazas para la libertad de prensa. Las presiones económicas representan un obstáculo de primer orden: “El indicador económico de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa sigue cayendo en 2025 y alcanza un nivel crítico sin precedentes. Como consecuencia, y por primera vez en la historia del ránking, la situación de la libertad de prensa se vuelve 'difícil' a escala mundial”.

La débil situación económica de los medios, auspiciada por la concentración de la propiedad, presiones de los anunciantes o de los accionistas o la asignación opaca de ayudas públicas, hace que los medios se encuentran actualmente atrapados entre la garantía de su independencia y su supervivencia financiera, según arrojan los resultados del informe de RsF.

La directora editorial de la organización, Anne Bocandé, enfatiza que “sin independencia financiera, no hay prensa libre”, ya que “cuando los medios de comunicación son económicamente frágiles, se ven arrastrados a la carrera por la audiencia, a costa de la calidad, y pueden convertirse en presa de los oligarcas o de responsables políticos que los instrumentalizan”.

Los datos lo atestiguan: en 160 de los 180 países estudiados, los medios de comunicación no logran alcanzar la estabilidad financiera y en casi un tercio de los países el cierre de medios es constante por la persistencia de las dificultades económicas. Así pues, 34 países del índice destacan por los cierres masivos de medios, que a su vez han disparado el exilio de periodistas en los últimos años. Este es especialmente el caso de Nicaragua, pero también de Bielorrusia, Irán, Birmania, Sudán, Azerbaiyán o Afganistán, donde a las dificultades económicas se suman las presiones políticas.

Desde RsF subrayan que la situación en Palestina es “desastrosa”. En el caso concreto de Gaza, indican que esto sucede como consecuencia del “bloqueo total impuesto desde hace más de 18 meses por el Ejército israelí, que ha destruido redacciones y matado a cerca de 200 periodistas”. Además, en Haití, la inestabilidad política “sumerge también en el caos” a la economía de los medios.

Trump y su cruzada contra los medios

Estados Unidos es el peor situado en el aspecto económico, ya que su indicador económico ha perdido más de 14 puntos en apenas dos años, por lo que “regiones extensas se están convirtiendo en desiertos informativos”, según RsF. Más del 60% de los periodistas y expertos en medios encuestados por RsF en Arizona, Florida, Nevada y Pensilvania coinciden en que es “difícil ganarse la vida como periodista” y el 75 % afirma que “la viabilidad económica de un medio de tamaño mediano es compleja”. Además, el descenso de 28 puestos en el indicador social del país revela que el entorno global de los medios es cada vez más hostil para la prensa.

La organización internacional destaca que el segundo mandato de Donald Trump ha agravado esta situación, instrumentalizando motivos económicos falaces para someter a la prensa, como ilustra el cese de la financiación por parte de la Agencia de EEUU para los Medios de Comunicación Globales (USAGM) a Voice of America y Radio Free Europe/Radio Liberty, entre otros. “Más de 400 millones de personas en todo el mundo se han visto privadas, de la noche a la mañana, de acceso a una información fiable”, denuncia RsF.

A nivel general, en 2025 se ha cruzado una nueva línea roja: la puntuación media de todos los países evaluados ha caído por debajo de los 55 puntos, el límite marcado para calificar la situación de la libertad de prensa como “difícil”. Más de seis de cada diez países (112 en total) registran retrocesos en la clasificación, y, por primera vez en su historia, las condiciones para el ejercicio del periodismo son “malas” en la mitad de los países del mundo y “satisfactorias” en menos de uno de cada cuatro.

“Cuántas veces puede un hombre girar la cabeza y fingir que simplemente no ve lo que pasa”, se preguntaba Bob Dylan en una canción. Dolores Conquero abre con esta cita un ensayo sobre las consecuencias del exceso de empatía que genera la información. Un libro en el que la periodista y escritora cántabra analiza un fenómeno creciente: la evasión selectiva de noticias. Cada vez hay más personas que solo quieren saber lo que les hace sentirse bien, lo que les distrae. “El ser humano nunca antes tuvo acceso, en vivo y en directo, a tanto dolor”, explica en referencia a imágenes como las de Ucrania o Gaza. Esto provoca un fenómeno que no ha dejado de crecer: el exceso de empatía. Personas angustiadas y sobrepasadas que directamente optan por apagar los informativos. El texto ha sido reconocido con el V Premio Internacional Cuadernos del Laberinto del Pensamiento 2024 y se ha presentado esta semana en Santander.

Cuándo comenzó la guerra de Ucrania las imágenes abrían los telediarios y desataron una ola de empatía, pero cuando los conflictos se van alargando en el tiempo parece que nos acostumbramos a convivir ellos. ¿No da la sensación de que estamos cada vez más insensibilizados e indiferentes?

Hay gente se vuelve más indiferente, pero hay otra que sufre en exceso, que se entristece ante tanta información. En todo caso, la indiferencia suele ser más un mecanismo de defensa, la manera que tenemos de protegernos para poder seguir viviendo.

El 38% de las personas evita las noticias, según un informe que cita en su libro. ¿Somos una generación más débil, con menos fortaleza emocional que las anteriores?

Quizá en nuestro día a día, sí. No nos gusta enfrentarnos a la muerte y, con frecuencia, queremos vivir como si no existiera. Pero al mismo tiempo tenemos noticia de todo tipo de desgracias constantemente y por diversos medios. Siempre ha habido guerras o terremotos, pero antes la gente no se enteraba de ellos tan rápido ni se enfrentaba a tantas imágenes terribles de ellos. Es normal que nos cueste gestionar algo así.

¿Tuvo alguna influencia la pandemia en este fenómeno? ¿Agudizó el rechazo de las personas a ver las noticias?

No exactamente. Durante la pandemia hubo auténtica obsesión por ver las noticias. La gente entró en bucle: todo el tiempo queriendo ver, saber, leer sobre lo que pasaba. Y lo que veíamos era todo el rato lo mismo, pero no podíamos parar. Es a raíz de entonces cuando hemos sido plenamente conscientes de lo que era la sobrecarga informativa, de cómo podía dañarnos mentalmente. Pero ya hace 20 años se hablaba del incremento de la alarma social que vivíamos en Occidente, del miedo constante que nos metían en el cuerpo y de hasta qué punto era real o fruto de unos intereses. Hay diversas teorías al respecto. Personalmente creo que el poder siempre prefiere a un ciudadano temeroso, pero no creo en las manos negras ni en maniobras intencionadas. La realidad es más sencilla.

El poder siempre prefiere a un ciudadano temeroso, pero no creo en las manos negras ni en maniobras intencionadas

¿Qué es exactamente la empatía? ¿Va asociada a la compasión, a personas con mayor sensibilidad? ¿Cómo opera en nuestra sociedad?

La empatía es saber ponerse en el lugar del otro y, por tanto, entender su dolor. Hay teóricos que no creen en ella porque piensan que no se puede sentir exactamente lo que siente otra persona, pero a la mayoría de las personas empáticas eso le da igual. Solo saben que sufren por ello y que a veces se deprimen. No todo el mundo tiene capacidad de empatía, por supuesto, pero creo que, sin ella, hace tiempo que nuestra especie habría pasado a mejor vida. Sin empatía no habría solidaridad, por ejemplo.

¿Los periodistas damos demasiadas noticias malas? ¿Hay que buscar un equilibrio o corremos el riesgo de maquillar o suavizar la realidad?

Los periodistas tenemos la obligación de informar de lo que pasa, la solución nunca puede pasar por no dar noticias o maquillarlas, pero sí que podemos intentar equilibrar la balanza, contar más cosas positivas. Hay algunos medios que ya lo están haciendo, que se han dado cuenta de esta necesidad.

Esto genera el debate de qué mostrar o no mostrar en los medios. Recordamos por ejemplo aquella fotografía del niño Aylan, muerto, en la orilla de una playa del Mediterráneo. ¿Debemos seguir mostrando estas imágenes?

El debate sobre esto es eterno. Personalmente, creo que debemos mostrar esas imágenes porque lo que no se muestra es como si no existiera. Lo que no se debe hacer nunca es regodearse o seguirle el juego a quien quiere que las mostremos con detalle, como ocurre en el caso del terrorismo, por ejemplo. Pero hay que mostrar. Muchas cosas en el pasado cambiaron porque la gente se enteró de ellas y protestó.

¿Por qué cuidó tanto Estados Unidos la difusión de imágenes de cadáveres del atentado del 11-M?

Primero, obviamente, por respeto a las víctimas y sus familias, y porque a veces ni siquiera había cadáveres, solo restos desperdigados. Después, por no darle esa victoria a los terroristas. Esto habría supuesto amplificar el daño que hicieron, porque además lo planificaron todo para que viéramos en directo el ataque a la segunda torre cuando medio mundo estaba frente al televisor. Desgraciadamente, no siempre se ha actuado así con otros actos terroristas, aunque es verdad que ahora cualquiera puede sacar una foto con su móvil y convertirla en viral. Ya no hay un estado que pueda controlar todo ni diseñar una estrategia a tiempo. Ahí sí que la prensa tiene algo que hacer. Siempre manejará mejor una información sensible un profesional que cualquier espontáneo en las redes. 

En este contexto entra en juego el sensacionalismo y hasta la desinformación. ¿Hasta qué punto esto va a contribuir a generar más desinterés por la información?

Desgraciadamente, eso es parte del problema. Ambas cosas están detrás del desapego que algunas personas sienten por la información y por los medios tradicionales, pero el desinterés nunca puede ser la solución. El ciudadano informado siempre tendrá más capacidad crítica y se defenderá mejor en todos los sentidos. Y esa capacidad solo se logra informándose en muchos sitios, no cerrando los ojos.

Los medios de comunicación ya no mantienen el monopolio de generar y trasmitir información. Ahora está la competencia de las redes sociales y los youtubers, tiktokers e influencers... ¿Qué consecuencias tiene esto?

Ninguna buena. Siempre defenderé a los medios tradicionales porque, con todos sus defectos, cuentan con profesionales que tienen una preparación y que por lo menos saben que hay una palabra que se llama ética. En las redes, todos sabemos que puede estar cualquiera y que hay gente que no tiene ningún filtro.

Recuerda usted que Ernesto Sábato contó que las dactilógrafas que transcribían los testimonios de torturas, desapariciones y secuestros en la comisión de los crímenes de la dictadura argentina tenían que ser frecuentemente reemplazadas porque se echaban a llorar. Ahora son los supervisores de contenidos digitales quienes sufren daños psicológicos...

Sí, esa es una profesión de alto riesgo emocional porque, al analizar el contenido que se publica en algunas redes, ven todo tipo de barbaridades. Y porque les obligan a visualizar vídeos enteros, pese a que a veces basta ver el comienzo para saber que se está ante contenido violento.

Al final, llega a la conclusión de que no queremos ver la realidad porque tenemos miedo. Pero, ¿eso, a su vez, no nos hace aún más vulnerables, más manipulables?

Por supuesto, por eso defiendo que la solución está en el término medio. Tenemos que informarnos de lo que pasa, pero quizá debamos pasar menos tiempo ante el televisor, el periódico o las redes. Quien elige no ver la realidad será siempre más manipulable y además será peor ciudadano, porque vivimos en sociedad y no podemos fingir que ciertas cosas no ocurren.

¿Y si la sobreabundancia informativa, de datos y de imágenes que sufrimos no fuera algo tan nuevo? El doctor por la Universidad de Harvard e investigador sobre la historia del conocimiento Xavier Nueno, analizó en el ensayo El arte del saber ligero (Siruela) esa pulsión tan antigua que lleva el ser humano a querer almacenarlo todo.

Mientras prepara otra obra sobre el cambio que ha supuesto pasar de organizar el conocimiento en ficheros por orden alfabético al sistema de citaciones, Nueno visita 'El rincón de pensar' para explicar cómo la revisión del pasado puede ayudar a dialogar con los problemas del presente.

¿De dónde proviene el deseo humano de conservar tanto los textos escritos?

Es una pulsión que nace casi al mismo tiempo que la propia escritura. Ya en el mito platónico del don de la escritura se relata una ansiedad por esa nueva tecnología que llenará el mundo de textos. Hoy se suele pensar que es la primera vez que la humanidad está afectada por un problema de exceso de información, pero en realidad es un mito: ha sido constante y ha estado en el centro de la transmisión cultural de todas las generaciones.

Su libro precisamente argumenta que esta sobrecarga es muy anterior a lo que se ha venido a llamar sociedad de la información. ¿Dónde empieza?

En la época de la biblioteca de Alejandría [siglo III a.C.] muchos escritores señalaban el riesgo de sobrecarga de información y de dependencia del texto escrito que caracterizaba a la clase burocrática que trabajaba en ella. Una corriente cínica y pesimista advertía de que podíamos quedar sepultados por los libros.

¿El libro es una institución con futuro?

El libro, como institución, es crucial para navegar el exceso de información. La gran paradoja de escribir un libro sobre el exceso de información es que también llegué a pensar si iba a formar parte de él, pero al final sirve para abreviar toda la biblioteca que se ha leído y proponer una propuesta ligera y que entre en diálogo con los problemas de hoy. El escritor debe aligerar el saber polvoriento del pasado para poder ver la actualidad de forma diferente.

El ‘big data’ hoy es un centro de poder que permite gobernar a las personas

En el libro desmonta la vinculación entre biblioteca y civilización. ¿Por qué la verdad no está encerrada en una biblioteca?

Es una relación que me interesa mucho. La biblioteca tiene una dimensión clásica y humanística, pero también otra más interesante y contemporánea que es la de los centros de datos actuales. El sueño de la biblioteca en llamas que queda destruida provoca escalofríos hoy en día, pero, por el contrario, hoy el incendio de un centro de big data incluso es liberador para mucha gente.

¿Por qué?

Porque, al igual que la biblioteca en el pasado, el centro de big data hoy es un centro de poder que permite gobernar a las personas. Nuestras pulsiones contemporáneas están muy presentes en la tradición cultural. Siempre hemos pensado en la Ilustración como un momento de gran celebración del libro y de la razón triunfando sobre la irracionalidad, pero en realidad muchos de los autores de esa época sueñan con incendiar la biblioteca. No es que a los ilustrados les gusten todos los libros, sino tan solo los suyos, y además perciben el antiguo régimen como una tradición polvorienta y delirante que supone acumular un saber inútil.

Durante la Revolución Francesa hay un debate muy pragmático sobre qué hacer con los archivos del antiguo régimen. Algunos autores como Dorset quieren quemarlos, pero hay otros como Grégoire que advierten de que la historia puede repetirse si se destruyen, por lo que propone una especie de índice de todo lo que no hay que leer. Hay un momento en que la Ilustración se da la mano con la Inquisición.

En la Ilustración o antes, en la Edad Media, solo la minoría que sabía leer lidiaba con el exceso de información. Pero ahora todo el mundo con un smartphone tiene un problema similar. ¿Qué implica esta generalización?

Acceso y exceso de información forman parte de un mismo problema. Los discursos de exceso de información surgen cuando cambia el acceso a ella. Cuando se inventa la imprenta, la clase letrada manuscrita empieza a sentir ansiedad al ver que el libro se convierte en un objeto mucho más accesible. Su monopolio sobre el saber se termina y empiezan a pronunciar discursos contra la imprenta por el riesgo de quedar sepultados por los libros, cuando en realidad es un argumento de clase y que tiene que ver con quién tiene acceso a la lectura.

Durante la Reforma, el protestantismo quería expandir los textos al gran público, mientras que la contrarreforma quería mantener el monopolio sobre la lectura. Y hoy una de las capas del exceso de información tiene que ver con un cambio en el acceso a la información y el conocimiento, que se ha generalizado a través del teléfono. Mucha gente que puede acceder a Wikipedia no podía acceder a las enciclopedias.

¿La lucha por el acceso a la información y a su exceso es una forma de querer tener el control sobre ella?

La sobreabundancia informativa, de datos o de imágenes también es, en muchos sentidos, una forma de control. Me llama mucho la atención cómo cada vez delegamos nuestra memoria en la tecnología. Lo fotografiamos todo, desde la visita a un museo a lo más cotidiano, pero luego no parece que tengamos una voluntad de volver a ver esas fotos. ¿Qué pasa con toda esta memoria que delegamos? ¿Quién la gestiona? Grandes empresas multinacionales tecnológicas que funcionan casi como un monopolio, que regulan el acceso y estructuran nuestra memoria de una forma nueva que todavía no terminamos de entender. Es una memoria colectiva jerarquizada bajo criterios empresariales, y nos hace perder el control sobre ella.

¿Qué consecuencias tiene este cambio?

No estamos anclados de forma fuerte a una memoria. Nuestras identidades no son tan sólidas, sino que son mucho más fluidas.

¿El exceso de textos e imágenes implica una pérdida de originalidad?

Todas las épocas son víctimas del exceso de información: el sentimiento pesimista por el que terminamos pensando que nada es original. Pero, a la vez, todas las generaciones tienen cierto impulso para romperlo y pasar del pesimismo a la ligereza. Fijémonos en el scroll: consumimos información sin distinguir entre un anuncio, una noticia de un conflicto, una foto de un amigo… Esta secuencia del scroll es una muestra total de fatalismo, pensamos que no tiene vuelta atrás. Pero a la vez podemos reaccionar ante esto y reapropiarnos y redimirnos de este contexto, decidir lo que nos interesa y querer recuperar el matiz o la sutileza.

¿Con la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) esto es posible?

La IA funciona a través de cosas que ya sabe, que ya ha visto u oído. La máquina se basa en la repetición de lo que ya ha hecho. Pero a pesar de esto, nos sigue moviendo el impulso hacia lo nuevo y lo que no se ha imaginado. Es una labor que todavía está por completar, pero que es muy generacional. Tenemos que releer el pasado para imaginar un futuro diferente.

En el libro sitúa el nacimiento de lo que hoy denominamos información en la creación de los primeros ficheros en el siglo XVI.

La organización del conocimiento tiene dos grandes cambios a nivel histórico: el primero el método de indexación alfabético con los ficheros con el desarrollo de la imprenta y el otro el que vivimos a día de hoy que indexa a través del número de veces que ha sido citado. Esto pasa en la academia, pero también en el periodismo con los clicks o las veces que se comparte una noticia en redes.

El cambio en el siglo XVI implica pasar de depender del copista y la memorización a delegar la memoria en la biblioteca. Ahora se sustituye el sistema alfabético por el número de veces que una cosa ha sido citada. Implica una transformación enorme: establecemos la importancia de investigar algo en función de las veces que ha sido citado, pero estas métricas pueden alterarse y los académicos pueden tener incentivos para aumentar el número de citas. Esto cambia totalmente la forma de concebir la ciencia, la carrera como investigador o el intercambio de conocimiento científico por capital económico.

No está ni mucho menos garantizado que los nuevos relatos sean favorables a la democracia

Afirma que la inmensa mayoría de datos que se conservan hoy en día no tienen una aplicación práctica. ¿Por qué se conservan?

Hay un interés comercial y financiero muy grande, que se aprovecha de esta pulsión humana tan antigua de querer conservarlo todo. Las formas en las que después se explota esta información han servido para generar grandes colecciones que modelizan los comportamientos de compra de las personas, o cómo absorben la información. Es como si fuera una gran copia de seguridad para volver atrás en caso de que nos equivocáramos. La cantidad de información que se procesa hoy en día no tiene parangón en la historia, y la capacidad de actuación de gobiernos y empresas sobre las personas que delegan esta información es mucho mayor.

Y además de los datos reales, está la información falsa, que lo complica todo un poco más.

La información falsa no es un fenómeno nuevo, pero hoy en día hay una gran ansiedad alrededor de ella. Sabemos el uso que los fascismos dieron a la propaganda falsa porque desde la invención de la fotografía o del vídeo se es consciente de que puede usarse con fines manipuladores. Lo interesante de la actualidad es identificar los grupos que se articulan alrededor de la información falsa, es decir, la función social de la información.

¿Se ha perdido el interés en la verdad?

Tras muchos años de asociar la información a la veracidad, ahora la perspectiva es distinta: la atomización de los públicos llega a tal extremo que hay grupos que han perdido el interés en obtener información ligada a la verdad. Les da igual, han perdido el interés de obtener información como una forma representativa de una experiencia colectiva alrededor de la verdad. La experiencia se ha fracturado y la información queda ligada a un sentido ideológico, social y colectivo para representar pasiones sociales que llevan a ciertos grupos, por ejemplo los trumpistas, que aceptan las mentiras como una forma de rechazo a ciertas narrativas. Saben que la información no es cierta, pero es tal el rechazo que sienten a los migrantes o a las élites de Washington, que crean con ella su propia razón contraria a la que no les representa.

¿Se puede volver a una visión más o menos compartida y consensuada de la verdad?

Es muy difícil. La atomización de públicos no parece un proceso reversible, pero la creación de relatos compartidos es una de las claves para dar respuesta a este problema. El desapego hacia un tipo de relato, del que estos grupos se sienten excluidos sistemáticamente, hace que se busquen otras explicaciones, que aunque no sean ciertas, les generan más confianza. Se necesitan relatos que nos vinculen de forma efectiva a todos, y los podemos imaginar como de izquierdas, unificadores y colectivos, pero está el riesgo de que sean todo lo contrario. No está ni mucho menos garantizado que los nuevos relatos sean favorables a la democracia. Estamos viendo en directo qué relato se acabará imponiendo.

Desde que se aprobó la declaración de impacto ambiental de la macrocelulosa, en cualquier evento en el que se reúna un número relevante de gallegos, resuena en algún momento el grito de “Altri, non!”. Este sábado sucedió, por supuesto, en la masiva manifestación por mar y tierra en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), pero no sólo allí. Esa misma noche, en el Coliseum de A Coruña, las diez mil personas que acudían al concierto del grupo La Raíz lo corearon con energía. Y al día siguiente, el domingo, lo hicieron los asistentes al choque entre el Deportivo y el Cartagena en Riazor (más de 21.000 espectadores). La grada de Marathón se cubrió de pancartas contra la fábrica. Sin embargo, pese a colarse con fuerza por los micrófonos de ambiente, los locutores de la Radio Galega, la emisora pública, no lo entendieron —o eso dijeron— en un primer momento. Cuando sí lo hicieron, la actitud fue de desprecio: “No vale la pena decir nada”. Las redes no lo han dejado pasar.

La actitud de los medios públicos como prolongación del argumentario de la Xunta y el PP sobre Altri ha sido una constante. Desde descalificar editorialmente informes críticos con el proyecto hasta dedicar más tiempo a descalificar manifestaciones históricas que a contarlas. Este sábado volvió a suceder: el Telexornal Mediodía dedicó un minuto y medio a la movilización de A Pobra —sin dar voz a los organizadores, sólo a los portavoces de BNG y PSOE— y más de dos minutos a relatar la postura de la empresa, la de la Xunta y —por si no quedase clara— la del PP.

Lo que tal vez no esperaban fuese tener que lidiar también con este espinoso asunto en los deportes. Tal y como recoge el audio compartido por el usuario @JaviCalvinhoSou, los gritos de “Altri, non!” entran por el micrófono de ambiente sin que el narrador habitual, Javi Torres, sea capaz de entenderlos. “No sé qué gritan ahora”. Cuando pide ayuda al compañero a pie de campo para tratar de descifrarlo, el director del Galicia en Goles, Xoán Galán —recién nombrado jefe de deportes también en la TVG—, lo reconduce a lo que pasa en el campo: “Balón para el Deportivo”.

Galán había conseguido despejar esa pelota, pero segundos después Riazor sube el volumen. Es entonces, tras varios segundos de silencio, cuando el comentarista, el exdeportivista Traba, reacciona. “Ya sabemos lo que es. No vale la pena decir nada”, argumenta antes de asegurar que “no se deberían de meter estos temas por el medio” en un partido de fútbol. Nadie lo contradijo.

El mismo usario comparte un poco después la diferencia en el tratamiento entre la radio pública y el Carrusel Deportivo Coruña de la Cadena SER en la ciudad.

Esa “falta de entendimiento” fue comentada por otros usuarios de X:

Y hubo quien buscó a los locutores para aclarárselo:

Se usó para responder a lo sucedido en el concierto de La Raíz

Y todo parte de este primer usuario:

Los periodistas que trabajan en el Congreso han denunciado que hay determinadas personas acreditadas como periodistas cuya dinámica consiste en provocar polémicas constantes que impiden el trabajo del resto, y con ese material grabado, publicar vídeos en sus redes sociales para denunciar ser víctimas de una persecución política y mediática. Desde hace ya un tiempo, estas personas amenazan y señalan con nombres y apellidos en sus redes a algunos de los trabajadores de los medios que informan desde la Cámara. Por eso, los profesionales han pedido al Congreso que tome medidas y retire la acreditación a estos agitadores. Un asunto complejo y delicado que implica derechos fundamentales como el de la libertad de expresión y el derecho a la información. 

Con Jose Enrique Monrosi, periodista de elDiario.es que trabaja habitualmente en el Congreso, conocemos mejor lo que ha ido ocurriendo en los últimos años con estas figuras mediáticas en este espacio. A Joaquín Urías, jurista experto en Derecho Constitucional, le preguntamos qué elementos hay que tener en cuenta a la hora de regular quién sí y quién no puede trabajar como periodista en un lugar como el Congreso de los Diputados.

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El PP gallego culminó en solitario la aprobación de la Ley de Medios, una norma que reforma el texto de 2011 y que permitirá elegir por mayoría absoluta y no cualificada al director xeral de la Compañía de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG). BNG y PSOE, que habían presentado casi 70 enmiendas al proceso —incluidas dos de totalidad— han votado en contra mientras que el único diputado de Democracia Ourensana se abstuvo. Mientras se desarrollaba el debate final, representantes de los 40 colectivos que forman parte de la plataforma Por unha CRTVG ao servizo do pobo se concentraron a las puertas del Parlamento, en una jornada de huelga en la radio y la televisión autonómica, que impidió la emisión de varios espacios y llegó a colarse en un directo.

La exconselleira Carmen Pomar fue la encargada de defender un texto con el que los populares afirman garantizar “el futuro de los medios públicos”, mientras la oposición los acusa de “hacer retroceder a este país 20 años”, en palabras de Olalla Rodil. La nacionalista mostró un mando a distancia para ejemplificar que eso es lo que buscaba el PP: hacerse con un mando “con sólo tres botones”, los necesarios para “silenciar, imponer el pensamiento único y blindar su fábrica de mentiras”.

Para la portavoz del PSOE, Silvia Longueira, esta ley “gatopardiana” legitima “el cambalache democrático más flagrante”. Asegura que el texto supone una “involución de derechos”, tanto para los trabajadores de la corporación como para los espectadores, que se quedan “desprotegidos” por una norma que “contraviene” el reglamento europeo.

Por su parte, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, se abstuvo, “confiando con dudas” en que los mecanismos de control parlamentario garanticen la independencia de la TVG, a la que acusó de promover “tópicos” sobre los habitantes de Galicia con una programación “gerontológica” que le recuerda “las películas de Pajares y Esteso”.

La norma aprobada este martes permite a la Xunta nombrar al director xeral con mayoría absoluta si no alcanza una mayoría cualificada en los dos primeros intentos. Pero, además, elimina los órganos de control profesional previstos por la norma anterior —el Estatuto Profesional y el Consello de Redacción— que nunca llegaron a existir. En su lugar, crea un Consello Asesor externo, formado por 15 miembros, un órgano en el que el PP puede asegurarse elegir —o, al menos, influir— en la totalidad de sus integrantes. Además, la ley abre por primera vez la posibilidad de utilizar “adicionalmente” lenguas que no sean el gallego si está justificado por “la finalidad de dar a conocer la identidad cultural de Galicia fuera del territorio de la comunidad autónoma”.

PP, en el espejo de RTVE

Mientras sus predecesoras en la tribuna, Longueira y Rodil, saludaban a los trabajadores en huelga o a quienes se concentraban ante el Parlamento, Pomar inició su intervención con un saludo “a todos trabajadores de la CRTVG y el audiovisual” antes de defender un texto “necesario, debatido y útil” que “garantiza la promoción del impulso del gallego y el conocimiento de la identidad de Galicia”.

Sin embargo, más que defender la nueva norma, la diputada popular trató de deslegitimar las críticas de socialistas y nacionalistas poniendo como ejemplo lo sucedido en RTVE, donde la ley se reformó en 48 horas “trágicas”, ya que el debate en el Congreso coincidió con la DANA de Valencia. “Allí ya sabemos quién tiene el mando” aseguró al referirse al “administrador único encubierto a golpe de decretazo. 

Pomar recordó que el nombramiento del director general tiene dos intentos por mayoría cualificada —de dos tercios y tres quintos, respectivamente— antes de optar, tras un plazo de dos meses y “sólo como último recurso para evitar interinidades y bloqueos”, por la mayoría absoluta que ahora consagra la nueva ley y que es de la que goza el PP en la cámara. “Dos meses frente a 48 horas”, esgrimió, antes de que la oposición le recordase que tuvieron “14 años” para pactar el relevo de Sánchez Izquierdo, el tiempo que hace que se aprobó la anterior ley.

Aseguró que la CRTVG se “despolitizó” entonces con el nombramiento de un director “independiente” —que en realidad llevaba en el cargo desde 2009, cuando lo designó un recién llegado Núñez Feijóo— que, según señaló, contó con el respaldo del grupo socialista. Los hechos demuestran que no fue así: las negociaciones entre PP y PSOE se rompieron y Feijóo impuso a su candidato, el mismo que todavía permanece en el cargo.

Pese a esos precedentes, la representante popular trasladó a Santiago el discurso de la calle Génova para acusar a la oposición de “no tener credibilidad para hablar de nombramientos” ya que son “los mismos que se dedican a colonizar instituciones con amigos o contratan en empresas públicas a quienes no pisan ni un día el lugar de trabajo”.

Y no se olvidó del bipartito, el gobierno PSOE-BNG entre 2005 y 2009. “¿Cómo poden decir sin sonrojarse que la CRTVG está secuestrada o que es un gabinete de prensa del PP? Quienes se repartieron los cargos en el bipartito no tienen credibilidad”.

BNG: Un mando con sólo tres botones

La nacionalista Olalla Rodil buscó la metáfora visual del debate. Mostró un mando a distancia para ejemplificar que el PP “sólo busca hacerse con el mando de la televisión”; un mando en el que únicamente existirían tres botones: “el de ocultar y silenciar el pluralismo y la diversidad; el de imponer el pensamiento único del PP y el de blindar la fábrica de mentiras en la que han convertido la radio y la televisión públicas”. Un mando que el BNG quiere “devolver a los gallegos y a las gallegas”.

Antes, había saludado a los representantes de la plataforma que se concentraban al otro lado de la calle, todos ellos representantes de entidades “silenciadas” en los medios públicos, ya que no tienen cabida en esa idea de “Galicia pequeña y folklorizante” que. muestra la TVG.

A Rodil le pareció “simbólico” que el debate coincidiese en 11 de marzo y recordó como el PP, entonces al mando de RTVE, la convirtió e una auténtica “fábrica de fango y mentiras” que llevó hasta “límites insospechados, indecentes e insoportables”. Consecuencia de esas políticas, dice, es el estudio que demuestra que, para más de la mitad de los gallegos, la televisión pública “no refleja la pluralidad de la sociedad”. Hoy, para la nacionalista, es un medio para atacar “a calzón quitado” a cualquiera que lleve la contraria a la Xunta.

“Con esta ley no hacen a la CRTVG ni más independiente ni menos gubernamental”, afirmó. Tampoco buscan mejorar los derechos de los trabajadores, la programación ni adaptarla a los nuevos tiempos. Para ella, “sólo pretenden designar a dedo a la nueva dirección, fulminar derechos profesionales de los periodistas y, sobre todo, atacar la línea de flotación que dio origen a la CRTVG”.

Esa línea de flotación estaría basada en el “derecho fundamental” del acceso a una información plural en gallego, pero también en garantizar el proceso de normalización linguística. Por eso, le pareció especialmente grave el momento elegido para la reforma: “cuando más daño pueden hacer a este país, con un nivel de uso de la lengua en mínimos históricos”. 

Para Rodil, la motivación de la ley es la necesidad de sustituir al director xeral, Alfonso Sánchez Izquierdo. “Querían poner al frente a alguien nuevo y toparon con el engaño que hicieron ustedes mismos hace 14 años”. Recordó el cambio “por la puerta de atrás” usando la Ley de Acopañamiento de los presupuestos de 2015 para mantener a Izquierdo “de manera indefinida”. “Y, ahora, que se quiere jubilar, o que alguien quiere jubilarlo, en vez de cumplir la ley, deciden cambiarla”.

Rodil cerró su intervención afirmando la intención del BNG de “devolver el mando de la tele a los gallegos y las gallegas” ya que el PP sólo cree en los medios públios “para convertirlos en su leira particular y su terminal de propaganda”. “Van a hacer retroceder con su dedo a este país veinte años. Con nosotros, no cuenten”, finalizó.

PSOE: Legitimar lo que ya existe

La socialista Silvia Longueira empezó saludando a los periodistas y trabajadores de la CRTVG, concentrados ante el Parlamento. “Para ellos va todo nuestro apoyo, para quienes protagonizan la huelga más amplia que conoce este país. Casi siete años manifestándose todos los viernes”. 355 venres negros que, dice, tienen una doble causa: “su trabajo y la vergüenza” por un producto que llega a convertirse en “parodia”. 

Longueira consideró “gatopardiana” una ley que servirá al PP para “legitimar lo que ya hace” que es “lo que más le convenga”. “Incluso la vergüenza más evidente necesita una excusa para ser legitimada”, insistió antes de considerarla el “caso de cambalache democrático más flagrante de nuestro país”, el mejor ejemplo “de la herencia de Núñez Feijóo”.

Una normativa que se hace “de espaldas” al Colexio de Xornalistas y la Mesa del Audiovisual, “sin el blindaje de la lengua, sin el Estatuto Profesional, sin la figura del Consello de Informativos, con consello asesor unidireccional”. Una “involución en derechos” que llega “a las bravas, por mayoría absoluta”.

La diputada socialista no olvidó al director xeral, Alfonso Sánchez Izquierdo, a quien atribuyó “la interinidad posiblemente más larga de la historia de la televisión”, tras llevar 15 años en un cargo que asumió “de forma transitoria” en 2009 y en el que fue consolidado de forma indefinida en la Ley de Acompañamiento a los presupuestos de 2016. Un período de 16 años “en caída libre”, según Longueira, donde “nunca se llegó al presupuesto de 2009”, el último del gobierno bipartito PSOE-BNG.

Los resultados de esos tres lustros de gestión son “abrumadores” y dejan como consecuencia los peores datos de audiencia de la historia tras la caída de un 22% en 2024, “la autonómica que más audiencia perdió”, debido a que los gallegos perciben a TVG como “algo residual” y “apartada de la objetividad”. 

La nueva ley “contraviene” el reglamento europeo al “suprimir” procedimientos democráticos —como el Estatuto Profesional o el Consello de Redacción— que “protejen la deontología de los profesionales y también a la audiencia”. Longueira se preguntó “que dirá Europa” cuando ve que no se contemplen unas medidas que ejemplificó en un hecho que “no sucede en ningún medio privado”: “Que el consejo de administración sea quien redacta el manual de estilo. Si es que lo hacen”, concluyó.

Un velatorio ante el Parlamento

Todo esto sucedía en una nueva jornada de huelga en la CRTVG que hizo caer de la parrilla programas como el Pensando en ti (Radio Galega) y O Termómetro (TVG), magazine coproducido que provocó otro paro indefinido a finales de 2024. Además, un grupo de representantes sindicales mostraron una pancarta contra la ley durante un directo del informativo Galicia Noticias mientras coreaban “CRTVG, pública e plural”.

Desde antes del comienzo del pleno del Parlamento, trabajadores de los medios públicos convocados por el Comité Intercentros y representantes de la plataforma Por unha CRTVG ao servizo do pobo —impulsores de la iniciativa legislativa popular Liberemos a Galega!— se concentraban ante la sede de la cámara, el Pazo do Hórreo, como hicieron ya en el debate de las enmiendas a la totalidad, para escenificar el “velatorio” de los medios públicos.

Por su parte, el Colexio de Xornalistas, integrante de la plataforma, emitía tras la aprobación de la ley un comunicado rechazando el texto porque “reduce la libertad de prensa, desvaloriza el trabajo periodístico, incumple las directrices europeas y rompe los consensos previos sobre los medios públicos en Galicia”.

Sobre el papel, la ley de reforma de la Compañía de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), que el PP aprobará en solitario en el pleno de este martes, busca adaptar los medios públicos gallegos a unos tiempos marcados por las redes, el streaming y la irrupción de la inteligencia artificial. Sin embargo, tras ese armazón legislativo hay otro objetivo mucho más prosaico: imponer a dedo un director general que, hasta ahora, necesitaba una mayoría cualificada. Y ya puestos a cambiar las reglas de juego, el nuevo texto consolida el modelo denunciado desde hace casi siete años por Defende a Galega y borra de un plumazo la obligación de contar con unos órganos profesionales de control que la corporación, señalada como ejemplo de manipulación informativa, no encontró ocasión de crear en casi tres lustros.

El proceso de elaboración de la Ley de Servicios de los Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia comenzó el pasado mayo, pero sus raíces hay que buscarlas mucho más atrás, en 2009, cuando un Alberto Núñez Feijóo recién aterrizado en la Xunta nombraba al hombre que aún hoy sigue siendo el máximo responsable de la CRTVG. Para entonces, Alfonso Sánchez Izquierdo, que venía de ejercer distintos cargos directivos en el grupo ourensano La Región, ya había dejado atrás la fama de periodista progresista que lo acompañó durante los años de transición.

Sánchez Izquierdo llevaba dos años de mandato cuando Feijóo, que aún se presentaba como adalid de una supuesta “regeneración democrática”, aprobó una ley de medios que, entre otras medidas, imponía un consenso de tres quintas partes del Parlamento de Galicia para nombrar al director xeral e incluía la creación de órganos de control como el Estatuto de Redacción o el Consello de Informativos. Todo parecía encaminado hacia aquello que había dicho Izquierdo cuando tomó posesión, que el suyo iba a ser un mandato breve y transitorio. Pero no.

La falta de consenso para nombrar un sucesor continuaba aún cinco años después, así que la Xunta decidió colar en la Ley de Acompañamiento a los presupuestos de 2016 una modificación a la norma que permitía mantener “transitoriamente” al titular del puesto hasta que se alcanzase ese acuerdo.

La transitoriedad funcionó durante casi una década, pero todo llega a su fin. Desde la marcha a Madrid de Feijoó, que era con quien tenía un “compromiso”, Izquierdo —que acaba de cumplir 76 años— hizo cada vez más notorio su deseo de marcharse. El actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, le pidió que aguantase hasta que encontrasen la fórmula para designar su relevo. Y esa fórmula llegó en forma de ley.

Huelga en la CRTVG y protestas ante el Parlamento

Desde que se conoció el anteproyecto de ley —adelantado a finales de julio por elDiario.es—, las muestras de rechazo no han dejado de sucederse: el comité intercentros de la CRTVG, los principales grupos de la oposición (BNG y PSOE), el Colexio de Xornalistas o la Mesa do Audiovisual Galego, el órgano que representa a todo el sector en la comunidad, mostraron su desacuerdo con distintos aspectos de la nueva norma.

Las mayores críticas fueron para le aumento del control político. Por un lado, esa posibilidad de elegir al director xeral con una mayoría absoluta en el Parlamento si no se alcanza una mayoría cualificada, de 2/3 en el primer intento y de 3/5 en el segundo. También la desaparición del Consello de Informativos y el Estatuto de Redacción previstos en la norma de 2011. Después de evitar crearlos durante 14 años, la Xunta decidió borrarlos de la nueva norma y sustituirlo por un Consello Asesor de Participación Social e Profesional de 15 miembros. De ellos, nueve serán nombrados por mayoría cualificada de la Cámara, tres a dedo por el Gobierno gallego, dos por la CRTVG y el último será el propio director xeral. Es decir, el PP se asegura poder decidir, de forma directa o indirecta, a todos sus integrantes.

Uno de los colectivos que abandera esta denuncia es el Colexio de Xornalistas, para quien la ley contradice el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, que alerta de forma explícita contra el control gubernamental “también en lo que respecta al nombramiento de personas que ejerzan la dirección del consejo de administración de los medios de comunicación de servicio público, o de los miembros de éste”. Curiosamente, la necesidad de adaptarse a este Reglamento fue uno de los argumentos utilizados por Rueda para justificar la nueva ley.

Pero todavía hay otro motivo que ha encendido las alarmas de los colectivos en defensa de la lengua gallega. La TVG, que en este 2025 cumple 40 años, ha sido un gran instrumento para la normalización del único idioma que ha usado como vehículo. Sin embargo, la futura ley abre la puerta a utilizar “adicionalmente” el castellano u “otras linguas” si está justificado por “la finalidad de dar a conocer la identidad cultural de Galicia fuera del territorio de la comunidad autónoma”.

Los populares se agarran a ese límite geográfico para negar que se vaya a utilizar castellano en la programación habitual. Sin embargo, en un contexto de pérdida de hablantes y con la Xunta enredando desde hace meses en torno a un supuesto "pacto pola lingua" —para volver al plan que Feijóo rompió unilateralmente al llegar al poder—, nadie parece fiarse.

Por todo ello, tanto BNG como PSOE recibieron la ley en la cámara con sendas enmiendas a la totalidad que fueron rechazadas por el rodillo popular. Posteriormente, en el debate en comisión, de las casi setenta enmiendas parciales de la oposición sólo se aceptaron tres, sobre asuntos tan cosméticos que la propia diputada socialista Silvia Longueira calificó como “insustanciales”.

El debate legislativo será el primer punto del día del pleno de este martes, una fecha para la que el Comité Intercentros de la CRTVG ha convocado 24 horas de huelga y una movilización ante el Parlamento contra una norma que, están convencidos, “destruirá los servicios públicos”. Junto a ellos estarán representantes de los 40 colectivos que han impulsado una iniciativa legislativa popular para “rescatar a la CRTVG del secuestro del PP”, una propuesta que sigue recogiendo muestras de apoyo mientras la reforma impulsada por el PP está a punto de cruzar la meta.