El catedrático Javier Pérez Royo –profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla ya jubilado– se ha sumado a la campaña electoral del candidato de Más País, Íñigo Errejón, que arrancará este jueves en la capital andaluza. El que fuera asesor del ex presidente del Gobierno Felipe González y del ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y actual colaborador de eldiario.es intervendrá en el primer mitin de Errejón, junto a la número uno de su lista por Sevilla, la ex senadora y ex miembro de Podemos Esperanza Gómez. A la misma hora y en la misma ciudad abrirá campaña el candidato del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, junto a Susana Díaz.

Pérez Royo (Sevilla, 1944) fue el director de tesis de Gómez en la Hispalense y les une una relación personal y de complicidad académica. Su posicionamiento político está ahora próximo a las tesis de Errejón, según fuentes del partido, aunque su interés por sumarse al inicio de campaña de Más País en Sevilla tiene más que ver con la vinculación que le une a la ex senadora de Adelante Andalucía. Gómez peleará por un escaño en el Congreso por Sevilla en las elecciones generales del 10 de noviembre. La capital andaluza es una plaza muy disputada por la izquierda, donde se sitúa el corazón del PSOE andaluz. Aquí están en juego 12 escaños. En las generales del 28 de abril, los socialistas lograron cinco, Ciudadanos, Unidas Podemos y el PP obtuvieron dos diputados cada uno, y Vox se estrenó en el Congreso con un escaño, que le costó 136.654 votos.

Pérez Royo será el encargado de presentar a los candidatos de Más País en el acto simbólico de pegada de carteles, que tendrá lugar este jueves a las 19.00 horas en la Sala Box de la isla de la Cartuja, en Sevilla. El equipo de Errejón lo considera “un activo brutal” para su campaña, “por lo que representa en el PSOE andaluz más clásico”, en horas bajas tras la pérdida del Gobierno autonómico después de 37 años en el poder, y “por el ascendente que aún supone entre sus ex alumnos”, varias generaciones de la Universidad de Sevilla de donde Más País busca nutrir sus filas. Pérez Royo también personaliza la apuesta por una reforma de la Constitución que defiende Errejón.

La vinculación política del catedrático de Derecho Constitucional ha virado en los últimos años desde el PSOE más ortodoxo hasta la irrupción de Podemos en 2015, cuando estuvo a punto de integrarse en las listas del partido de Pablo Iglesias como número tres por Sevilla. En el último año, Pérez Royo ha escrito artículos en este mismo periódico mostrándose muy crítico con la ruptura entre Iglesias y Errejón y el impacto que ésta tendría para el proyecto fundacional de Unidas Podemos. El amago de fichaje del catedrático por la candidatura de Iglesias, en 2015, no llegó a cristalizar, pero se vivió como una verdadera catarsis dentro del PSOE andaluz, que vio alarmado cómo perdía a uno de sus referentes intelectuales.

Pérez Royo participó en la redacción del Estatuto de Andalucía, y también en el diseño del Estatut de Catalunya. Coincidió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, siendo muy joven, con González, Chaves y el también ex presidente andaluz, José Antonio Griñán. Con todos trabó una estrecha amistad y colaboró con ellos en los gobiernos socialistas, aunque nunca llegó a militar en el PSOE, sólo estuvo afiliado al Partido Comunista.

En el mitin de arranque de campaña de Más País en Sevilla intervendrán, además de Errejón y Esperanza Gómez, la dirigente de Equo y candidata por la lista de Madrid, Inés Sabanés, la sindicalista María del Mar Polanco, número uno por Cádiz, y la eurodiputada francesa del partido Les Verts, Marie Toussaint.

No cabe duda de que la manifestación de este pasado domingo había sido convocada con la finalidad de ser una manifestación “vinculante”, por utilizar la expresión de Santiago Abascal. De ahí la exigencia a los presidentes de Galicia y Andalucía por la dirección del PP de que alteraran su agenda para estar presentes o la exigencia por la dirección de Ciudadanos de la presencia de Manuel Valls. Aquí no puede faltar nadie. Tenía que ser una manifestación de “toda España”, que no pudiera dejar de tener el efecto de una moción de censura. Su celebración tenía que certificar el fin del gobierno de Pedro Sánchez y la obligación para este último de convocar elecciones generales o ya o, como muy tarde, el 26 de mayo.

Contemplada desde esta perspectiva, resulta obvio que el objetivo no ha sido alcanzado. Ha sido una manifestación mediocre, que ha quedado a una distancia sideral de lo que con ella se perseguía. El mensaje de que estábamos ante un supuesto de “alta traición”, de los que contempla el artículo 102 de la Constitución para la exigencia de responsabilidad penal al presidente del Gobierno, no ha tenido eco en la ciudadanía. No se ha conseguido, ni de lejos, el nivel de indignación ciudadana de las manifestaciones del aborto o de la ley del matrimonio de parejas del mismo sexo. Tal vez porque en esta, a diferencia de lo que ocurrió en aquellas, la Iglesia Católica no ha tenido el papel de protagonista. Para las derechas españolas la Iglesia Católica como instrumento de movilización ciudadana sigue teniendo una importancia extraordinaria.

La consecuencia más inmediata del “pinchazo” de la manifestación es la no reducción del margen de maniobra del presidente del Gobierno, que era el objetivo esencial de la misma. Una manifestación que hubiera salido tal como los organizadores la tenían prevista, dos días ante de que se inicie el juicio en el Tribunal Supremo contra los dirigentes nacionalistas catalanes y tres días antes de que se voten las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado, conducía a Pedro Sánchez a un callejón sin salida. Con una manifestación de “toda España”, el miércoles, con la devolución del Proyecto de Ley de Presupuestos, sí se habría producido el fin del Gobierno Sánchez, que tanto Rivera como Casado han proclamado desde la Plaza de Colón con la boca pequeña, sabiendo que no es verdad. Con la manifestación tal como se ha producido, ellos saben que ya no es así o, mejor dicho, no tiene por qué ser así. Son ellos lo que han perdido, además, la iniciativa. La denuncia de una ruptura inminente de la unidad de España carece de credibilidad. La movilización ciudadana hubiera sido completamente distinta.

Queda por ver cómo es interpretada esta frustrada moción de censura por los partidos nacionalistas, que son los que hicieron posible que la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy prosperara y que son, por tanto, los que pueden decidir el fin del Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Les hará revisar su posición respecto de las enmiendas a la totalidad en el Proyecto de Ley de Presupuestos y considerarán que, también para ellos, se ha abierto un margen de maniobra con el que ya no contaban o, por el contrario, darán por cerrada esa cuestión sin posibilidad alguna de revisión? Y, en el caso de que ocurriera esto último, ¿podrían hacerlo enviando al mismo tiempo un mensaje de que ello no tenía por qué significar el fin de la legislatura?

No puede pasarse por alto que, en el que podemos denominar “espacio convergente”, no se dispone en este momento de la más mínima preparación para acudir a las elecciones municipales y europeas, a diferencia de lo que le ocurre a su gran competidor, ERC ¿Estaría dispuesto dicho espacio a jugarse el 26 de mayo también el resultado de unas elecciones generales de pronóstico sumamente incierto para todos, pero para ellos más que para los demás? ¿Podría continuar conservando el Govern de la Generalitat después si se añade la convocatoria de elecciones generales a ésta múltiple convocatoria electoral?

El error de cálculo de las derechas españolas al convocar la manifestación en los términos en que lo han hecho ha dado oxígeno a la “mayoría de la moción de censura” que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa. Los problemas de fondo siguen estando casi igual de intratables que estaban, pero el riesgo de la muerte súbita ha dejado de estar presente. Y en una legislatura en la que hemos visto las carambolas que hemos visto, no es poca cosa. 

Cuando un ordenamiento constitucional se está desmoronando pasan cosas que no ocurren cuando no hay fatiga en los materiales con los que ha sido construido. Se producen desajustes permanentemente en el funcionamiento de las instituciones por las circunstancias más variadas, previsibles o susceptibles de ser previstas en algunos casos o completamente imprevisibles en otros. El sistema inmunológico del organismo constitucional deja de estar operativo y las enfermedades oportunistas se multiplican. Y hacen acto de presencia sin orden ni concierto.

Es lo que acaba de ocurrir con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cuando a toda velocidad, como consecuencia del último episodio de crisis de legitimidad en el Tribunal Supremo con motivo de la decisión sobre las hipotecas, el Gobierno y el PP deciden que no es posible no renovar el CGPJ en la fecha constitucionalmente prevista, porque la justicia española no admite un gramo más de desprestigio, y se ponen de acuerdo en la designación de sus veinte miembros con el compromiso de que Manuel Marchena sería elegido Presidente de CGPJ y, por tanto, del Tribunal Supremo. Entonces, uno de los negociadores del pacto por parte del PP, el senador Cosidó, lo dinamita enviando un Whatsapp a sus compañeros de partido en el Senado en los términos que doy por supuesto que son conocidos.

La “crisis de las hipotecas” es, sin lugar a dudas, mucho más importante que el Whatsapp del senador Cosidó, pero es al mismo tiempo menos expresiva del desmoronamiento de nuestro sistema constitucional. La crisis de las hipotecas se pudo prever y se pudo evitar. Es un indicador de falta de reflejos en el Presidente de la Sala Tercera, que debió convocar el Pleno antes y no después. Es un error que no debería haberse producido, pero nada más. También nada menos por el órgano, por la materia de la que se trataba y por la forma en que se corrigió. Pero un error en el ejercicio de la función jurisdiccional, susceptible de ser corregido. De hecho el Gobierno lo corregiría aprobando un Decreto-ley, en el que, pro futuro, dispone que sea el banco el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados. La jurisprudencia que se corrigió en el Pleno de la Sala Tercera pro pretérito, se ha convertido en la solución legislativa pro futuro. No hay mal que por bien no venga, que diría el refrán.

El Whatsapp del senador Cosidó en sí mismo no es nada. Es una anécdota. Y, sin embargo, es un indicador del avanzado proceso de desmoronamiento del edificio constitucional. El Whatsapp es expresión de la vanidad de su autor, por un lado, y del desasosiego en que se encuentran los senadores del PP a los que su jefe de filas se ha considerado obligado a tranquilizarlos “vendiéndole” las ventajas del pacto alcanzado con el PSOE. Tranquilos, que salimos ganando. Pero, al redactarlo en la forma en que lo ha hecho y, sobre todo, al hacerse público, el Whatsapp desnuda el proceso de renovación del CGPJ, pone en cuestión la “imparcialidad objetiva” del candidato pactado como presidente e insulta, de paso, a otro de los miembros, del que se dice que es mejor tenerlo en el CGPJ que en la Audiencia Nacional dictando sentencias.

El Whatsapp del senador Cosidó es un ejemplo de libro de la anécdota que se convierte en categoría. Certifica la corrupción institucional en la cúspide del poder judicial, que se intuye, pero que no resulta visible. Cosidó es el niño del cuento que grita lo que todo el mundo está viendo pero nadie se atreve a decir: que el rey (el CGPJ y su procedimiento de renovación) está desnudo.

A diferencia de la crisis de las hipotecas, la “anécdota Cosidó” tiene difícil solución. ¿Va a ser posible pactar la renovación del CGPJ tras haber anunciado el PP la ruptura del pacto? ¿Puede aceptar el Gobierno la exigencia de la dimisión o destitución de la ministra de Justicia para volver a la senda de la negociación? ¿Puede seguir teniendo credibilidad el CGPJ como órgano constitucional? Y, más en concreto, en relación con la situación que se vive en Catalunya, ¿no se ve afectada la “imparcialidad objetiva” de Manuel Marchena como magistrado que va a presidir el juicio contra los acusados de rebelión entre otros delitos por los actos que tuvieron lugar con ocasión de la convocatoria del referéndum del 1-O de 2017?

Es hora de reformar la Constitución. Así lo plantean el constitucionalista Javier Pérez Royo y el politólogo Antón Losada en su libro Constitución: la reforma inevitable. Ambos se han reunido este lunes en la biblioteca Infanta Elena de Sevilla en un encuentro con eldiario.es Andalucía moderado por su directora, Lucrecia Hevia.

Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, ha subrayado que la reforma “es desde siempre la asignatura pendiente de la sociedad española, a pesar de que todo el ordenamiento jurídico descansa en la reforma de la Constitución. Si quitas la reforma de la Constitución, los derechos dejan de ser derechos fundamentales y las instituciones que no se reforman terminan saltando por los aires”.

Antón Losada ha puesto el acento en la reticencias históricas del Partido Popular para reformar la carta magna. En cambio, en estos momentos, con el reto territorial sobre la mesa, “la Constitución del 78 se la ha quedado la derecha. Ciudadanos y el PP manifiestan qué es constitucional y qué no, qué es leal y qué no”. Eso sí,  “la derecha se ha partido en dos y por primera vez en veinte años, se puede reformar la constitución con una parte de la derecha dentro y otra, fuera”.

“¿Cuál es un buen paso para que se dé la reforma?”, ha planteado Lucrecia Hevia, directora de eldiario.es Andalucía. Según Antón Losada, que ningún partido obtenga una mayoría absoluta tras unas elecciones generales. Dicho de otra manera: “que después de unas elecciones generales, ningún partido tenga lo que tenía el Partido Popular. Tres de los cuatro partidos llevarán la necesidad de reformar la Constitución en su programa político. Mientras haya un actor capaz de vetar el juego negociador, que es la reforma constitucional, es inviable. Y va a comenzar con la cuestión territorial, que está abierta en canal sobre la mesa”.

“No puede haber una minoría de bloqueo”

Pérez Royo se muestra de acuerdo: “no puede haber una minoría de bloqueo”. Para hacer una reforma de la Constitución, es necesario los partidos estén dispuestos a entablar un diálogo de buena fe y diagnosticar qué es lo que se debe hacer. ¿Hay altura política? Ahí tengo mis dudas. Se hace cuando no hay más remedio y en circunstancias excepcionales“. Según el constitucionalista, el PSOE sigue siendo reformista, el PP siempre se ha cerrado y Ciudadanos es una incógnita para mí”.

Pérez Royo ha puesto como ejemplo positivo a Alemania, que ha reformado su Constitución en numerosas ocasiones, pues se creó tras el nazismo y bajo la estricta mirada de Estados Unidos, que ocupó el país en la posguerra. “Ese déficit de Constitución debía sustituirse con reformas. Lo han hecho en 62 ocasiones. En lugar de buscar un apaño, como hacemos nosotros, se van a la Constitución”, ha sostenido. 

Antón Losada, cree que parte del problema que sectores e instituciones como la Monarquía que no quieren la reforma, porque “lo único que garantiza su supervivencia es que no se abra un debate de reforma constitucional en profundidad, que llevaría a un debate sobre la monarquía”.

Pasados 40 años de la aprobación de la Constitución, es momento de reformarla. Es la idea de partida que comparten el politólogo Antón Losada y el constitucionalista Javier Pérez Royo. Con esa premisa comenzaron a debatir sobre la forma de abordar esa reforma, qué elementos que perviven del franquismo en la carta magna hay que eliminar, o sobre el papel de la monarquía en el sistema parlamentario. Ese debate lo han plasmado en el libro 'Constitución: la reforma inevitable'.

En este entrevista con eldiario.es admiten coincidencias en el libro, pero también discrepancias. Por ejemplo, cómo enfrentarse al problema territorial a través de una reforma de la Constitución. O sobre si el escenario político actual permite realmente cambiar la norma fundamental: Losada lo ve posible, Pérez Royo es pesimista.

Defienden que la Constitución, que ahora cumple 40 años, se ha quedado obsoleta en algunos aspectos, ¿por qué? ¿Estaba mal hecha? ¿Se pensó para un momento político concreto?

Javier Pérez Royo: Bueno, 40 años son muchos años.

Losada: Ninguna lavadora dura 40 años, ni ningún frigorífico.

Pérez Royo: Especialmente para una Constitución que venía después de una Guerra Civil y de 40 años de un régimen como el de Franco. Y que se sale de ese régimen de la forma en la que se salió, a través de unos compromisos, de pactos, no de un ruptura clara, de una ruptura nítida, con muchas hipotecas que quedan del pasado. Eso exigía que se hubieran ido haciendo reformas para haber creado una democracia de calidad.

La Constitución se hace, pero se queda como un punto de llegada, no como un punto  de partida para ir haciendo las reformas, e ir haciendo modificaciones. Eso ha conducido a que con el paso del tiempo la Constitución haya claramente quedado más que obsoleta, en cierta medida paralizada. No es un marco de referencia para que la complejidad de la sociedad española pueda expresarse políticamente.

Losada: Si ningún televisor ni ninguna lavadora dura 40 años, una constitución no tiene por qué durar más. A eso hay que añadir que mientras Alemania y Francia han reformado su constitución varias decenas de veces en los últimos 40 años, nosotros solo hemos hecho una reforma por la puerta de atrás. Pero yo creo que hay un problema añadido a todo esto, que es que yo creo que la Constitución del 78 es el resultado de un pacto implícito, no verbalizado pero que existía, que es que una parte de los que firmaron ese pacto consideraron que era un punto de partida, sobre todo la izquierda y el nacionalismo, mientras que otra parte, la derecha, consideraban que era un punto de llegada.

Eso era una situación ambigua que se ha podido mantener durante el proceso de modernización del Estado español, y de consolidación de la democracia, porque a nadie le interesaba explicitar esa contradicción, pero hemos llegado a un punto en el que somos una democracia europea en el siglo XXI, uno de las cuatro países eje de la Unión Europea, ya nos podemos plantear eso.

Estamos viendo el conflicto que se empezó a visualizar en la segunda legislatura de José María Aznar, que yo creo que fue la primera vez que la derecha dijo “no, de punto de partida nada, esto es un punto de llegada”. Esa es la gran novedad que introduce Aznar, hasta ese momento la derecha, frente a un discurso de la izquierda y buena parte del nacionalismo de que el 78 es un punto de partida, vamos a desarrollarlo, etc...aparece una derecha que dice 'no, el 78 es un punto de llegada'. Eso es lo que hace que la Constitución del 78 se haya quedado fatigada, que es que ya los que veían en ella un punto de partida ya no ven un punto de partida, porque una parte te dice que no, y los que veían un punto de llegada la han convertido en una barrera. Y son los que se han quedado con la Constitución del 78, en este momento es un artefacto que maneja la derecha española.

Ustedes afirman en el libro que hay varios elementos del franquismo que perviven en la Constitución. Más allá de la monarquía, ¿cuáles son esos elementos?

Pérez Royo: Para mí, lo más importante que queda es la Ley para la Reforma Política, que es la última de las leyes fundamentales del general Franco, que se hace después de su muerte por el gobierno de Suárez. Ponen en marcha el transito de las leyes fundamentales a lo que acabaría siendo la Constitución, y ahí hay una ley, que es la última de las leyes fundamentales, que es la Ley para la Reforma Política, y ahí se fija la composición del Congreso de los Diputados, del Senado, y después se hace el Real Decreto Ley de normas electorales. Esas tres normas, la composición de las cortes, el órgano representativo del pueblo español, y la legislación electoral, son preconstitucionales y pasan tal cual a la Constitución del 78.

Es decir, el núcleo duro, la monarquía y las cortes generales, no ha sido definidos en el proceso constituyente propiamente dicho, sino que se definieron por las cortes del general Franco y por el gobierno de Suárez, antes de que se abrieran las cortes constituyentes. Eso queda, y ese principio monárquico combinado con esa forma de expresión del principio de legitimad democrática es lo que queda del pasado en la Constitución, y es lo que impide que se hagan reformas. En España no se puede hacer porque queda ese resto del pasado que está condicionando la vigencia de la Constitución.

Losada: Como en las películas de terror, hay un fantasma que sobrevive, que es una visión muy centralizada y jerarquizada de lo que es el Estado Español. Sobre ese fantasma que queda, de España es un Estado central de mando y control que se llama Madrid y a partir de ahí el poder se desparrama hacia abajo, se superpone la estructura del Estado de la Autonomías. Lo estamos viendo todos los días. ¿Qué sobrevive del franquismo? El trabajo que le cuesta a mucha gente entender que las autonomías son Estado, que se hable de los parlamentos, un parlamento catalán, el vasco, el parlamento gallego, de un parlamento regional. No son parlamentos regionales, son otra cosa.

Además de lo que ha dicho Javier, lo que pervive es una determinada concepción del Estado, que hemos adaptado, porque estamos en 1978, viene la moda de la democracia y la descentralización, pues bueno solo damos una capa de chapa y pintura sobre una concepción que sigue siendo básicamente la misma: España es un Estado que tiene un punto central de mando y control que se llama Madrid. Desde ahí lo que hacemos es devolver poder a puntos periféricos y si esos puntos periféricos se comportan bien se lo dejamos, pero si se comportan mal se lo podemos retirar en cualquier momento.

Pérez Royo: Y un Poder Judicial, que no es cosa menor. Un Tribunal Supremo y una Audiencia Nacional, dos órganos de centralización del Poder Judicial que tiene un peso brutal.

Losada: Sobre todo que son excepcionales, una juridcicción como la de la Audiencia Nacional es incompatible...

Pérez Royo: Sin embargo, se ha convertido en una pieza clave para controlar a la sociedad.

Losada: Algo que nace como una excepción. Es decir, lo que era una excepción por una circunstancias muy específicas, el terrorismo, se ha convertido en una pieza central del sistema. Es una anormalidad que no existe en ningún país.

Hablando de la centralización... ¿se puede solucionar un problema territorial con una reforma constitucional?

Losada: Solo se puede resolver así.

Pérez Royo: Jurídicamente el Estado de las autonomías está intacto. Está la Constitución y están todos lo estatutos de autonomía. Jurídicamente no hay ningún problema, el problema está en que en Catalunya la mayoría de la población no acepta que la Constitución y el estatuto de autonomía tal como quedó después de la sentencia del Constitucional sea la norma en base a la cual ellos pueden ejercer sus derechos de autonomía.

Entonces, es un estatuto de autonomía que no tiene la adhesión de la ciudadanía. Y un estatuto sin la adhesión de la ciudadanía es una norma estéril, ese es el problema que hay en Catalunya. Dada la posición estratégica que tiene Catalunya en el ejercicio del derecho de autonomía, se convierte en un problema general de la Constitución española y no solo de la Constitución para Catalunya. Entonces, ¿Cómo se puede resolver eso? La verdad es que no lo sabemos.

Losada: Los momentos de máxima tensión en el libro se han dado sobre este tema, ahí no estamos de acuerdo.

Pérez Royo: Idealmente, debería hacerse una revisión de la Constitución en la cual se pactara la cuestión territorial. Se dijera, hemos tenido esta experiencia de centralización política que ha funcionado durante cuarenta y tantos años, hemos aprendido de esta experiencia muchas cosas, pero aquí ahora mismo nos encontramos con que tenemos un problema que no lo podemos resolver nada más que pactando nuevamente. Diciendo, cuál es el pacto territorial que habría que hacer, que Constitución territorial habría que pactar para que fuera aceptable de una manera inmensamente mayoritaria en todo el territorio.

Losada: Hay algo que no se acaba de entender de lo que está pasando en Catalunya, sobre todo desde fuera. Hay mucha tendencia a decir que es un problema de dinero, de transferencias, de financiación y que hay un problema político, y se equiparan las dos cosas, como si el problema político fuera un problema de financiación. ¿Es un problema de financiación? Sí. ¿Es un problema de competencias? Sí. ¿Es un problema de que en Catalunya quieren tener más autogobierno? Sí. Pero sobre todo es un problema político, me refiero al problema de los símbolos, del reconocimiento. ¿Que hay en este momento en Catalunya? Hay una mayoría social que quiere ser reconocida como nación. No como autonomía, no como nacionalidad histórica, no, “Yo soy una nación y quiero ser reconocida como tal”.

Eso se resuelve de dos maneras: separándose, si usted no me reconoce me voy y ya me reconocerán fuera, o buscando un encaje Constitucional donde se pueda reconocer que usted es una nación y simbólicamente significa esto, que tiene su himno, su lengua oficial, su propio diseño constitucional, y al mismo tiempo eso tiene una traducción en financiación, en competencias...que eso es le problema que no resuelve la Constitución del 78, que es el problema que hablábamos al principio, hay dos millones y pico de catalanes que dicen que el 78 era un punto de partida y nosotros queremos seguir avanzando con más competencias, mejor financiación pero sobre todo, 'reconózcame como nación'. Y eso tiene que tener una traducción.

En el libro hacen mucho énfasis en la monarquía, en la celebración de un referéndum sobre esa institución. ¿Creen que es el momento para convocar una consulta sobre la corona?

Losada: Es el momento de romper una oferta pack que nos hicieron a los españoles en el 78 y que tenía trampa, y es que monarquía es igual a democracia. Entonces, si quieres democracia tiene que comprar monarquía. Que fue lo que nos colaron.

Ya hemos pasado la situación de excepcionalidad, ya no estamos en el 78, ya somos una democracia europea, estamos en el núcleo duro de la Unión Europea, es el momento de que podamos decidir cuál es la forma de nuestro estado y que no se nos presente esta elección tramposa de que sin monarquía no hay democracia, cuando en mi opinión si hay algo contradictorio con la democracia es la propia idea de la monarquía.

Pérez Royo: Aquí hubo una restauración de la monarquía. Y es esa monarquía restaurada la que dirige el tránsito de las leyes fundamentales a la constitución del 78. La monarquía se restaura en 1947 con la ley de sucesión a la jefatura del Estado. Ahí es donde se produce la restauración, que se reafirma en 1958 en la ley de principios del movimiento nacional y después en la ley orgánica del Estado en la que ya se habla del príncipe heredero y se contempla la posibilidad de que el príncipe sustituya al general franco en caso de enfermedad de este, algo que se produjo durante un tiempo breve.

Después, muerto Franco ,el rey Juan Carlos accede a la condición de rey y entonces él es el que primero mantiene a Arias Navarro, después fuerza su dimisión, nombra a Suárez y entre los dos dirigen el proceso a través del cual se pasa de las leyes fundamentales a la Constitución. Entonces, el principio monárquico es el primero, el principio democrático y las instituciones se incorporan después de que se haya producido la restauración de la monarquía.

Esto es lo que se nos ha dicho, que la monarquía ha traído la democracia. El 23F viene ser a la confirmación, el bautismo es este momento y después viene la confirmación que es el 23F. Ahí tenemos un principio monárquico que se convierte en un principio indisponible para el principio democrático. Cuando se hace la Constitución esto no se puede disponer, la monarquía no se puede tocar, sino que tiene que aceptarse sin más, y por lo tanto el principio monárquico es previo e indisponible al principio democrático y condiciona el desarrollo y el desenlace de los principios democráticos, y nace con un handicap, nace enjaulado, y no tiene capacidad de reproducción. Por eso en España no se producen reformas de la Constitución, porque el principio de legitimación democrática está condicionado por el principio monárquico.

Losada: Aquí se juntan dos elementos, por un lado la lógica jurídica y democrática y después la lógica biológica. Siempre pongo el ejemplo de mi hija de 17 años, que no entiende el concepto de monarquía, lo entiende en las películas de Disney pero no lo entiende en la vida real. Ese pack en el que tenemos que comprar monarquía y democracia, que en el 78 era creíble para mucha gente, ya no es creíble. Ya sabemos que la democracia no necesita realmente a la monarquía, es más, que hay cierta contradicción. Yo creo que hay generaciones que ya ni siquiera entienden el concepto, y a eso tenemos que sumar errores estratégicos absolutamente insubsanables como la locución del 3 de octubre de Felipe Vi, cuando decide convertirse en rey de dos millones de catalanes y contra otros dos millones de catalanes.

Pérez Royo: La Constitución del 78 es la primera donde el principio de legitimidad propio del Estado constitucional y el principio monárquico, figuran en la Constitución. Hasta ahora, o había principio monárquico o había el de legitimidad propio del estado constitucional, pero no había convivencia de ambos. La convivencia de ambos principios no había ocurrido nunca hasta la del 78. Es la restauración de la monarquía la que trae la democracia, sin embargo en la Constitución se pone al revés, el [artículo] 1.2 (sobre la soberanía nacional) va delante del 1.3 (la monarquía parlamentaria). Entonces es una monarquía parlamentaria limitada por un principio de legitimidad democrática. Y así es como funciona básicamente el sistema político español.

No es totalmente falso, no es totalmente ficticio lo de la monarquía parlamentaria, pero en los momentos decisivos, como el 1-O o el 3-O, el 1.3 pasa por delante del 1.2. Y el rey se pone por delante y dice “aquí estoy yo”, y se dirige a la nación. Eso es lo que no es posible. La reina de Inglaterra no habría podido erigirse nunca con el Brexit, no puede ser. Eso es lo que hace que en España formalmente se dice que es una monarquía parlamentaria, pero materialmente no lo es. Lo importante no es la existencia de un monarca en la jefatura del Estado, lo importante es que pueda existir un principio que compita con el de legitimidad democrática. Y eso es lo que se produce en España y de ahí vienen todas nuestras dificultades de renovación del sistema político.

La última vez que se hablado de reformar la Constitución ha sido con la propuesta de limitar los aforamientos. Cada partido se abrió a debatir pero planteando sus condiciones, qué era lo que querían cambiar sí o sí en la constitución. ¿Sería viable plantear una reforma de la Constitución? ¿O se bloquearía porque cada partido querría meter sus reclamaciones?

Pérez Royo: Nosotros no sabemos cómo hacer una reforma de la Constitución. No se sabe cómo hacer una reforma de la Constitución. Una reforma exige que se esté dispuesto por parte de los partidos políticos a entrar en una negociación de buena fe para hacer un diagnóstico de a qué extremos tendría que dirigirse la reforma, qué es lo que habría que reformar y ver de qué manera se puede construir un consenso para conseguir la mayoría necesaria.

Lo primero es una discusión de buena fe para compartir un diagnóstico, eso es lo que no se ha hecho en España, y tal como está el patio no se prevé que se pueda hacer. Las dos cosas que se han hecho, lo ha hecho Zapatero y lo va a hacer Sánchez, decirle al Consejo de Estado 'haga usted la propuesta'. Eso es una barbaridad, no sirve para nada. El Consejo de Estado no sirve para ser un órgano que haga una propuesta de reforma de la Constitución. Es un órgano consultivo para que el Gobierno le consulte los proyectos de ley, los reglamentos. Para una reforma, tienen que ser partidos que se pongan de acuerdo a debatir entre ellos de buena fe para ver exactamente lo que se tiene que hacer. Eso no lo hemos hecho nunca y es que no lo sabemos hacer.

Losada: Es una de las muchas cosas en las que no estamos de acuerdo. Yo sí creo que es posible una reforma de la Constitución, no ahora cuando estamos a meses o un año de elecciones generales, sino en la siguiente legislatura. No creo que sea tanto un problema de buena fe, o un problema de que no sepamos hacerla. Yo creo que lo que bloqueaba realmente una reforma constitucional es que había un actor político que tenía algo que los demás no tenían, que es el poder de veto.

La reforma es un juego de negociación y hasta ahora en España había un jugador que era la derecha, el PP, que tenía poder de veto. Porque tenía el monopolio de la representación de la derecha y sin su voto era imposible. No puedes reformar la Constitución contra toda la derecha. El PP tenía un poder de veto que le permitía bloquear cualquier iniciativa y le ha facilitado su estrategia de apropiarse de la Constitución del 78 y los valores que representa esa Constitución. Bueno, eso ha desaparecido, la derecha se ha dividido y es posible un escenario que hasta hace un año era impensable, que se puede hacer una reforma constitucional donde entre una parte de la derecha.

Ya no hay ningún actor, ni Podemos ni el PSOE, ni el PP, ni Ciudadanos, tienen poder de veto. Porque nadie puede decir “si yo me quedo fuera se queda fuera la mitad del país”. Yo creo que eso sí abre un escenario de oportunidad para una reforma constitucional. Otra cosa es, y es una discusión muy diferente, qué alcance puede llegar a tener, si será o no lo suficientemente ambiciosa, si será limitada o será más amplia, ese es otro debate. Yo sí creo que es inevitable, porque el bloqueo que impedía jugar a reforma la Constitución ya no existe. Ya nadie puede decir esto del anuncio, “o aceptáis pulpo como animal de compañía o me llevo el Scattergories”. Ahora PSOE, Podemos y el PP, o PSOE, Podemos y Ciudadanos y los nacionalistas pueden pactar una reforma Constitucional que deje fuera a una parte de la derecha, pero que tenga una mayoría más que suficiente para que se considere una reforma legítima y perfectamente democrática.

La Constitución del 1978 fue válida para un momento histórico concreto, pero ahora se ha quedado anticuada y es el momento de cambiarla: “Una constitución que no se reforma acaba muriendo”. Esa es la tesis principal que el politólogo Antón Losada y el constitucionalista Javier Pérez Royo han plasmado en el libro 'Constitución: la reforma inevitable', en el que conversan sobre la necesidad de cambiar la carta magna, discrepando en los detalles.

Los dos autores han presentado su libro en un debate moderado por Raquel Ejerique, redactora jefa de Política Social en eldiario.es. En él han coincidido en que hay que abordar una reforma de la constitución, pero mientras Losada es optimista en este sentido, Pérez Royo se muestra mucho más pesimista: “veo más verosímil una tercera república que una reforma de la Constitución”.

“Las monarquías que no son parlamentarias, y la española no lo es, es una monarquía parlamentaria a medias, no saben hacer reformas de la constitución”, ha dicho el catedrático de Derecho Constitucional. Ha puesto como ejemplos los países nórdicos, donde las monarquías parlamentarias sí que ha sabido reformar sus normas fundamentales sin mayor trauma.

Losada, por su parte, cree que con tres partidos dispuestos a hacer cambios en la Constitución -PSOE, Podemos y Ciudadanos- lo que está por ver no es si se hará la reforma, sino en qué sentido. Así, alerta de que puede darse un cambio en la carta magna para “expandir derechos, libertades y autogobierno”, o para recortar esos derechos y recentralizar.

El politólogo cree que el principal cambio que permite ahora hablar de un cambio constitucional es el PP ya no tiene poder de veto. “Reformar la Constitución es un problema estratégico, es una cuestión cultural, de procedimiento y, de sumar votos necesarios”, y en este último es donde el PP ha levantado siempre un muro porque esto le proporcionaba “réditos políticos enormes, aparentando ser el guardián de la Constitución”.

“Tengo muchas dudas, me gustaría que pasara lo que dice Antón, pero soy muy escéptico de que eso vaya a ocurrir”, ha dicho Pérez Royo, que a pesar de ello cree imprescindible este trámite: “No somos capaces de reformarla, está envejeciendo, los defectos le están saliendo, es la gran patología que tiene la Constitución española”. 

La monarquía, el gran consenso

Aunque difieren en muchos puntos, Losada y Pérez Royo coinciden en que es necesario plantear un referéndum acerca de la monarquía. “La monarquía es incompatible con la democracia, la única forma de hacerla compatible es un referéndum”, ha dicho el politólogo.

Losada ha señalado que en su momento, la monarquía se presentó en un pack indivisible con la democracia, y los españoles votaron democracia “con buen criterio”. Pero ahora debe replantearse esa cuestión, separando monarquía y democracia: “es el momento de que votemos sin esa limitación, puede haber democracia sin monarquía”.

“Los órganos claves, la monarquía y las cortes están definidas preconstitucionalmente, sin modificación”, ha señalado Pérez Royo. El constitucionalista ha apuntado que la monarquía “se disfraza” durante la Transición para hacerla pasar por una institución democrática, pero sin la posibilidad de que durante ese periodo se debatiese sobre ella.

Este es uno de los pocos puntos en los que ambos han coincidido en la presentación, y en el propio libro, donde abordan también si una reforma de la Constitución puede dar respuesta al problema territorial. En concreto, sobre Catalunya los autores defienden posturas enfrentadas, que desarrollan en uno de los capítulos del libro que han presentado este martes.

“El principio de legitimidad democrática que enuncia el art. 1, apartado 2, de la Constitución es la base de TODA nuestra organización jurídico-política”. Son palabras de una de las primeras sentencias del Tribunal Constitucional, la 6/1981. El principio de legitimidad democrática se proyecta en TODA nuestra organización jurídico-política. Ningún acto de cualquiera de los poderes públicos puede estar en contradicción con la proyección que ha hecho el constituyente de dicho principio en la arquitectura constitucional. Ninguno, repito.

Lo decisivo, por tanto, a la hora de enjuiciar la acción de cualquiera de los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, es verificar si encaja o no con la proyección que del principio de legitimación democrática ha previsto el constituyente para dicha acción.

Para ello es preciso empezar por ver cómo se proyecta en la Constitución el principio de legitimación democrática del artículo 1.2 respecto de los poderes legislativo y ejecutivo, a fin de comprobar qué diferencias establece entre uno y otro.

Respecto del poder legislativo la proyección se caracteriza por dos notas distintivas:

1ª Es una proyección directa. El Congreso de los Diputados es el único órgano constitucional que está legitimado democráticamente de manera directa. Los 350 diputados son elegidos directamente por los ciudadanos de cada una de las provincias, que es la circunscripción electoral.

2ª Es una proyección sobre los 350 diputados como partes de un órgano constitucional, en el que, desde la perspectiva de la legitimación democrática, su posición es de completa igualdad. Ningún diputado es portador de manera individualizada del principio de legitimidad democrática. Todos lo son conjuntamente en condiciones de igualdad. No hay relación jerárquica alguna entre los diputados desde la perspectiva de la legitimidad democrática.

Respecto del poder ejecutivo la proyección se caracteriza por dos notas, que son el reverso de las que acabo de mencionar:

1ª Es una proyección indirecta. El poder ejecutivo no tiene legitimación democrática directa, sino que la recibe del Congreso de los Diputados.

2ª Es una proyección que se individualiza en el presidente y no en el órgano colegiado, en el Consejo de Ministros. Es el candidato a presidente el que acude al Congreso de los Diputados a presentar “su” programa de gobierno y a solicitar la confianza de la Cámara para ponerlo en práctica. Al presidente y únicamente al presidente es al que transmite la legitimidad democrática el Congreso en la votación de investidura. Después, el presidente designa y remueve libremente a los ministros que son “sus colaboradores” en la ejecución de “su” programa de gobierno. Entre el presidente y los ministros no hay igualdad desde la perspectiva de la legitimación democrática. El presidente de la Constitución de 1978 no es “un primus inter pares”, como lo era en el presidente en las Constituciones de 1845 y 1876.

Esta proyección constitucional diferenciada del principio de legitimación democrática respecto de los poderes legislativo y ejecutivo es obviamente vinculante para el poder judicial, que no puede hacer abstracción de la misma a la hora de enjuiciar los actos de los miembros de cualquiera de los dos.

Es obvio que a cualquier diputado se le puede exigir responsabilidad de manera individualizada por cualquiera de sus actos, sin que tal exigencia de responsabilidad tenga que extenderse a la de cualquier otro de los miembros del Congreso. Cada diputado es independiente de todos los demás desde la perspectiva del principio de legitimación democrática. No hay relación jerárquica de ningún tipo entre ellos.  

Pero ¿qué ocurre cuando la responsabilidad penal ha de exigirse por un “acto de gobierno”? ¿Puede la Fiscalía y el Tribunal Supremo decidir discrecionalmente a qué miembro o a que miembros del Gobierno, del Consejo de Ministros, exige dicha responsabilidad? ¿Puede dirigirse la acción penal únicamente contra el presidente? ¿Puede dirigirse contra los ministros sin dirigirla contra el presidente?   

Desde la perspectiva del principio de legitimidad democrática, la respuesta está en las preguntas. Es obvio que la acción penal podría dirigirse exclusivamente contra el presidente, sin extenderla a los ministros. Pero es también obvio que no puede dirigirse contra los ministros, sin que se haya dirigido contra el presidente. Los ministros son “colaboradores” del presidente en la acción de gobierno. Pueden ser “corresponsables”, pero no responsables sin que el presidente lo sea.

La proyección del principio de legitimidad democrática es exactamente igual en el Estado que en cada una de las Comunidades Autónomas.

Ante este problema se encuentra la Fiscalía y el Tribunal Supremo a la hora de determinar la responsabilidad penal por el 1-O en Catalunya. Es obvio que la convocatoria del referéndum fue un “acto de gobierno” y no un acto de una o varias consejerías.

Con base en el principio de legitimidad democrática se podría actuar contra Carles Puigdemont exclusivamente; o contra Carles Puigdemont y algunos de los consejeros; o contra todo el Gobierno. Pero si no se actúa contra Carles Puigdemont, no se puede actuar contra nadie. La responsabilidad de los consejeros es individual, como lo es siempre la responsabilidad penal,  pero derivada de la del presidente, que “dirige la acción de gobierno”, no independiente de la del presidente. En consecuencia, sin exigir responsabilidad penal para el presidente, no se puede exigir responsabilidad penal para los consejeros.

No hay otra interpretación constitucionalmente posible del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya que, como dejó dicho el Tribunal Constitucional, el principio de legitimación democrática es la base de TODA nuestra organización jurídico-política.

El Govern de Mariano Rajoy ha presentat recursos d'inconstitucionalitat contra normes autonòmiques que legislen sobre el dret a l'habitatge, que frenen els desnonaments, que impedeixen els talls de llum i subministrament a famílies pobres, que regulen el comerç o el dret civil durant aquest primer any de la seua segona legislatura. Per contra, el Congrés no exerceix la seua facultat legislativa si no és per pactes entre l'oposició i de l'Executiu no sembla que vaja a sorgir cap norma nova.

L'actitud de l'equip del Partit Popular al capdavant del Govern demanant la derogació d'unes lleis -que al seu parer excedeixen les competències autonòmiques- i sense implantar norma alguna porta a plantejar-se si ens trobem davant una deriva recentralitzadora, cap a un poder que es replega.

“Estem assistint a una interpretació de la Constitució en la qual la posició de l'Estat ix enormement enfortida i s'afebleixen les comunitats autònomes”, assenyala Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional. “Ho veiem en molts àmbits: no hi ha legislació, no hi ha nou model de finançament autonòmic, les comunitats autònomes estan pràcticament intervingudes i depenen del ministeri d'Hisenda per a poder operar”, argumenta el jurista abans de començar una conferència en la seu de Comissions Obreres.

Per al catedràtic, el Govern no té vocació de governar. “L'única política del Govern és conservar les mesures reaccionàries dels seus anys de majoria absoluta”, manifesta, referint-se a la reforma laboral, a la normativa de Radiotelevisió Espanyola i a la Llei Mordassa. “No hi ha funció legislativa, es fa de mala manera la pressupostària i la de control governamental... tenim ministres reprovats com si no passara res. És un Govern que no és capaç de projectar cap al futur, de fer direcció política, que solament gestiona”, critica el jurista.

I la intervenció a Catalunya?

Què ocorreria si l'aplicació de l'article 155 de la Constitució es declara inconstitucional? Per al Govern i el Senat, no tindria cap conseqüència més enllà del retret polític.

Fins a la declaració unilateral d'independència, l'article 155 no se sabia el que era. “Teníem l'article en la Constitució i el reglament del Senat, que desenvolupava el procediment a través del qual el Senat havia de pronunciar-se quan li arribara la sol·licitud del Govern amb les mesures a adoptar en la seua aplicació”. Res més, explica Pérez Royo. “Ara tenim una informació addicional: la interpretació que ha fet el Govern de la nació del 155 i que bàsicament s'ha traduït en la destitució del Govern autonòmic, la dissolució del Parlament i la convocatòria de noves eleccions i a mantenir en funcionament l'administració de la comunitat autònoma fins a la investidura, segons han dit”, resumeix el catedràtic traslladant la interpretació del Govern central.

Sobre la taula del Tribunal Constitucional planegen dos recursos respecte a aquesta mesura. El primer presentat per Podemos i el segon, que estarà en caure -assenyala Pérez Royo- ho interposa la Diputació Permanent del Parlament català, en entendre que el Govern s'ha extralimitat. Tenen possibilitats de prosperar? “Com és el primer cas i és molt complex, el Constitucional ha d'entrar en el fons i l'assumpte i estudiar-ho seriosament. En certa mesura, fixarà quin és el dret aplicable d'ara endavant. Decidir si és aplicable d'aquesta forma d'ara endavant, si hi ha dubtes... Crec que aprofitarà l'ocasió per a intentar fixar un full de ruta per a una possible aplicació en el futur”, explica.

Cal recordar, com fa el catedràtic, que no es planteja si el 155 és inconstitucional, sinó les mesures d'execució, com destituir al president i convocar eleccions. “Aqueixa facultat és pròpia del president de la Generalitat. Pot ser aqueix el punt de conflicte. Ho tindrem a veure ara, quan el Constitucional examine els recursos. Amb l'article 155 en la mà és difícil saber-ho, perquè diu que el Govern adoptarà les mesures necessàries, però no quines”, afig.

La sentència, com l'article ja s'ha aplicat, serviria per a fixar una línia en el futur, per a delimitar si té o no cabuda aquest cas concret en la Carta Magna. “El de l'amnistia fiscal va ser més greu i no va tenir conseqüències”, recorda.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha rebajado este miércoles el suflé de la reforma constitucional. Una “obsesión” para algunos, en sus propias palabras, que “quieren sacarse un conejo de la chistera”. Sin embargo, cree, ahora mismo es inviable por el “bloqueo” que ejerce el PP tanto en el Congreso como en el Senado. Una situación que solo puede empezar a cambiar con una reforma de la ley electoral para la que hay números en el Congreso esta misma legislatura si PSOE y Ciudadanos la apoyan.

“Estamos dispuestos a buscar el diálogo en serio para cambiar el sistema electoral”, ha asegurado Pablo Iglesias en un acto celebrado con ocasión del trigésimo noveno cumpleaños de la Carta Magna. A su lado en el Colegio de Arquitectos de Madrid, el constitucionalista Javier Pérez Royo y la profesora María Eugenia Rodríguez Palop.

Iglesias se ha mostrado muy pesimista sobre las opciones del cambio constitucional que promueve con especial ahínco el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. En su opinión, la tan manida reforma constitucional no se va a producir esta legislatura. Ni la que viene. La Carta Magna aprobada en 1978 seguirá vigente, ha señalado. mientras no desaparezca el bloqueo que supone el PP. Un partido “corrupto”, que “ha hecho presidente a M. Rajoy, que cobró sobresueldos ilegales durante 10 años”.

El líder de Podemos ha recordado que el PP controla la mayoría absoluta del Senado con menos del 30% de los votos. Además, ha apuntado, “es poco imaginable un acuerdo en la reforma de algunos textos” con la crisis territorial que actualmente vive España. “De lo que estamos hablando es de una situación de crisis de sistema político”, ha apuntado. Para concluir que “lo que está en crisis no es el texto [constitucional], es el sistema político”.

Propuesta de reforma electoral

“Pero hay algo que se podría hacer: reforma del sistema electoral”, ha señalado Iglesias. El líder de Unidos Podemos ha esbozado su propuesta. Primero, subir a 400 el número de diputados en el Congreso (con una “rebaja del salario de sus señorías” si es necesario para solventar las críticas por el “aumento del coste”), de los cuáles 50 serían elegidos en un “colegio” o circunscripción estatal.

Segundo, “cambiar la fórmula D'Hont”, que es la que establece el reparto de escaños en cada provincia, aunque no ha concretado en qué sentido.

Y tercero, una “reforma del voto rogado”, es decir, favorecer el voto en el exterior.

“Una reforma del sistema electoral se podría hacer en los próximos meses”, ha reiterado. Y ha conminado directamente a PSOE y Ciudadanos a ponerla en marcha.

El profesor de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo ha coincidido en que esta reforma “sería el principio del cambio”, aunque tampoco se ha mostrado muy optimista ya que, ha explicado, el “Régimen del 78” ejercería toda “la presión sobre Ciudadanos” para que, aunque objetivamente pudiera verse beneficiado de ese cambio, no lo apoyara.

“Lo fundamental no es la Constitución. Es el sistema”

En su tesis le ha apoyado Pérez Royo, quien ha calificado como “corrupta” a la actual Constitución. En concreto, se ha referido a los artículo 68 y 69, que marcan la fórmula por la que se eligen el Congreso y el Senado. “Y una constitución corrupta no se reforma”, ha zanjado.

Pérez Royo ha sostenido que “el Tribunal Constitucional se cargó la Constitución” con la sentencia del Estatut. “La Constitución no son los artículos”, ha defendido en consonancia con Iglesias, sino el “acuerdo social” que supone. Un acuerdo que, ha explicado, se rompió cuando el TC quebró la voluntad popular expresada en el Parlament, el Congreso y un referéndum en Catalunya.

Iglesias, por su parte, ha reprochado que se critique a Podemos por poner en duda el texto constitucional de 1978. “Piensan que estamos debatiendo sobre el texto. Algunos buscan la fórmula para cambiar algunas cosas del texto. Pero no estamos hablando del texto. Estamos hablando de un sistema político, del Régimen del 78, que tiene en el texto parte de su poder”, ha señalado.

El catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, ha analizado  este sábado invitado por Podemos Canarias la situación en Catalunya. A su juicio, la aplicación del 155 es “la constatación de un fracaso” y la actuación del Estado español como “no propia de un estado democrático”. Aplicar este artículo es “recurrir a la política de represión”. 

Pérez Royo  ha comenzado su ponencia repasando la historia de España en relación a sus constituciones que ha calificado de “reaccionaria”, de “constituciones reaccionarias frente a intentos de cambio”, hasta que llega la de 1978, “la primera Constitución que abre un ciclo inédito de normalidad constitucional durante 30 años. Esta crisis de Cataluña es la primera ruptura”.

Según ha explicado, el problema de la integración de Cataluña “ha sido el más recurrente desde que existe España como sujeto político”; y en este sentido, la aplicación del 155 “es recurrir a la política de la represión, y por tanto, la constatación de un fracaso” en este asunto.

En 1978, recordó, el problema se solucionó con una fórmula que estaba ya en el primer borrador de aquella constitución, publicado en el BOE del 5 de enero. La fórmula de construcción territorial que establece –y que opera con eficacia hasta 2010- consiste en incluir una garantía a favor de la unidad del Estado y otra a favor del derecho a la autonomía: la nacionalidad no puede aprobar su Estatuto de Autonomía a al margen del Estado, debe pasar por las Cortes Generales, pero, la última palabra la tienen los ciudadanos en referéndum.

“Esa fórmula ha funcionado 30 años; pero cuando el PP lleva el estatuto de autonomía al Tribunal Constitucional y éste prácticamente lo vacía de contenido por sentencia en 2010, se rompe el equilibrio. Catalunya no lo acepta y aparece la reivindicación del derecho a decidir”. 

El catedrático subrayó que “la independencia era una ilusión óptica de una minoría”, pero a partir de ahí, se llega al referéndum del 9 de noviembre al que el Estado responde con la aplicación de la ley, “todavía de forma limitada”, y al 1 de octubre, frente al que ya reacciona de forma excesiva.

“El Estado no reacciona como un Estado democrático, que lo es, pero no en este asunto. Las medidas privativas de libertad están injustificadas, la intervención del Tribunal Supremo en sustitución del TSJC no se sostiene jurídicamente”, ha asegurado el profesor.

La secretaria de la formación en Canarias, Noemí Santana, señaló que “escuchar el análisis de este profesor, un experto que se estudia en todas las facultades de Ciencias Jurídicas se enmarca en el ánimo de conocer todas las teorías y profundizar en las razones del conflicto para encontrar una solución a este país de países”. 

Santana indicó que “la normalidad no se decreta, se construye” y, a su juicio, Rajoy “ha vendido el 155 como un artículo mágico que puede hacer desparecer las ideas e incluso a las personas que tienen esas ideas”.

Lejos de ese extremo, para Santana, Podemos es la única fuerza política que está poniendo soluciones sobre la mesa, y a pesar de lo que indiquen las encuestas “a medio plazo saldremos reforzados, porque la única forma de avanzar es la que proponemos nosotros, construyendo un proyecto que seduzca a todos, a los catalanes a las diversas sensibilidades”.

Por su parte, el secretario de Educación de Podemos, Pedro González, hizo referencia al debate que existe dentro del partido para construir ese proyecto a través de la ruta un país de países, en el que “se debe empezar por dar a todas las personas una vida digna, el debate territorial es indivisible del social”. 

“Esto es un lío. Es muy difícil, muy difícil”. La voz al otro lado del teléfono es la del catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo. El profesor sevillano señala la sentencia contra el Estatut como el inicio de una situación que ahora parece imposible de reconstruir: “La Constitución y el Estatut son normas estériles”, asegura.

En el mes de septiembre, Pérez Royo se ha incorporado al equipo de columnistas de eldiario.es. En sus artículos, desgrana la misma hoja de ruta que sucede durante la conversación: hay que reformar la Constitución, hay que permitir un referéndum pactado y Rajoy debe marcharse.

¿Para qué está sirviendo la Constitución en todo lo que está pasando en Catalunya?

Mi opinión es que nos hemos quedado sin Constitución territorial en Catalunya desde la sentencia 31/2010. Hay un Estatuto de Autonomía pero los ciudadanos de Catalunya no aceptan ese Estatuto como forma de integración en el Estado. En consecuencia tenemos una Constitución y un Estatut sin adhesión ciudadana, lo que las convierte en normas estériles. Ese es el gran problema. En Catalunya no hay bloque de constitucionalidad.

Y a todo eso debemos sumar que ha entrado en juego el Derecho penal. ¿A dónde nos conduce que se haya convertido en asunto de materia penal lo que está pasando en Catalunya?

A dificultar cualquier salida. La salida ya en sí es muy difícil porque no tenemos Constitución y en este momento reformarla es muy difícil. La Constitución no resuelve ningún problema pero sin ella no se resuelve ninguno. Cuando no hay Constitución no hay manera de dar respuesta a ningún problema. Eso es lo que está pasando en Catalunya, un puro disparate.

Es un puro disparate la actuación de los órganos de gobierno de Catalunya y es un puro disparate la reacción del Estado. Se ha perdido toda la lógica. Una dictadura puede vivir sin Constitución, una democracia no.

¿Cree que parte del problema de ahora tiene que ver con cómo se hizo la Constitución en el 78?

Respecto a este punto no. La Constitución se hizo y ha estado funcionando hasta la sentencia que tumba el Estatut. El pacto entre los dos parlamentos ha funcionado y si no llega a haber esa sentencia 31/2010 no hubiera pasado nada de esto. Los cuatro años que estuvo en vigencia el Estatuto de Autonomía fueron años absolutamente plácidos. La relación entre Catalunya y el Estado fue menos conflictiva de lo que había sido con anterioridad. El tema estaba resuelto para 25-30 años y eso es lo que se rompe. Y desde que eso se rompe ya estamos en una situación que no es manejable constitucionalmente con el texto del 78.

Da la sensación de que cuando se redactó la Constitución del 78 nadie pensó en la posibilidad de que una parte de España plantease su deseo de salirse.

A los redactores de la Constitución no se les pasó por la cabeza que se pudiera plantear un referéndum como el que se está planteando en Catalunya. Para que esa eventualidad no llegara a producirse es para lo que se diseñó el procedimiento de integración de las llamadas nacionalidades con la fórmula de la doble garantía. Ese modelo planteaba que la nacionalidad no puede imponerle al Estado un Estatuto de Autonomía con el que el Estado no esté de acuerdo, y en el sentido contrario el Estado no podía imponerle a la nacionalidad un Estatuto que no esté aprobado en referéndum.

Esa era la fórmula y eso es lo que salta por los aires con la sentencia del TC sobre el Estatut, que lo que hace es desautorizar el pacto entre el Parlament y las Cortes Generales y desconocer el resultado del referéndum. A partir de ese momento el referéndum que estaba en el punto de llegada, se ha convertido en el punto de partida.

Si la Constitución no es herramienta y es imposible cambiarla, ¿qué hacemos?

Pues habrá que reformarla. Aunque ahora mismo no lo haya, habrá que generar un consenso. La democracia española no puede no resolver esto. Esto no es una cuestión técnica, esto es política. Tienen que empezar a sentarse y a buscar una salida. Y lo primero que hay que hacer ahora, desde mi punto de vista, es un referéndum pactado en Catalunya. Sin eso ya no podemos avanzar.

El primer paso, un referéndum pactado.

Es que ahora mismo sin eso no se avanza en ninguna dirección. Es una barbaridad porque un referéndum tiene costes: divide, simplifica mucho. Pero hemos llegado a un punto en el que sin ese referéndum no hay posibilidad de salida del atolladero en el que nos encontramos.

¿Está haciendo trampas el Gobierno al impulsar atribuciones del 155, sin invocar el 155 ni permitir el debate en el Senado al que obliga la aplicación de ese artículo?

Por la puerta de atrás lo está haciendo. La autonomía de Catalunya está suspendida y se van adoptando medidas que implican la suspensión; poner a los Mossos bajo el mando directo del ministerio del Interior y el resto de decisiones que se están adoptando en materia económica. Lo que no quiere el Gobierno es aplicar el 155 porque tiene que definir el derecho que va a aplicar y someterlo a un debate en el Senado y aprobarlo por mayoría absoluta. Una vez que haga eso, el decreto que se haya aplicado es todo lo que puede hacer el Gobierno y nada más que eso. Eso es lo que no quieren. Quieren hacer las cosas sin control y sin que exista un Derecho vigente para esta situación.

Como hemos comentado, la Justicia ha iniciado un camino que puede arrastrar de la política catalana a muchos de sus actuales protagonistas. ¿Cree que en la solución de este asunto se debe contemplar la amnistía de las acciones penales ya iniciadas?

Yo espero que no lleguemos a eso.

Las querellas están presentadas.

Pues si llegamos a eso es que nos hemos quedado sin democracia. Ahora mismo pensar en enjuiciamientos por sedición de autoridades es convertir al Estado español en una dictadura y romper absolutamente todo lo que hemos construido en estos años. Nos plantearía incluso problemas para mantenernos dentro de la Unión Europea.

¿Me está diciendo que el encaje de España en Europa también está en juego?

Claro. Si se llega a una situación de poner penas privativas de libertad masivamente, ese es el escenario. Están todos: los 715 alcaldes, los diputados provinciales, los consejeros, ya veríamos qué autoridades de las consejerías... Eso obligaría a enviar un virrey a Catalunya para gobernarla desde Madrid. Con una Catalunya en esos términos en el resto de España cómo va a haber democracia. Eso sería un Estado fallido.

¿Cómo cree que nos está mirando la comunidad internacional?

Yo creo que el Gobierno está perdiendo la batalla de la comunicación. Esa explicación de Rajoy de que como la Constitución no permite que esto exista es que el problema no existe... No dan ninguna explicación. Y si sumamos a todo eso las imágenes de la Guardia Civil saliendo hacia Catalunya con las banderas, creo que eso va a ser terrible. No se puede dar una imagen peor. Parecen fuerzas de ocupación. No es compatible tener un Estado democrático con una ocupación de Catalunya.

Usted dice que el Gobierno no se explica, pero cerca del Gobierno está el fiscal Maza que sí se explica con claridad.

Es un incendiario. Él no tiene dudas y echa gasolina. Lo que está haciendo es terrible, aparte de hablar de unos delitos como el de sedición que no son tal. Si siguen por ahí, la recomposición va a ser mucho más difícil.

¿Si usted pudiera dar un consejo a Rajoy, cuál sería?

Yo creo que la única decisión que podría tomar Mariano Rajoy es irse y decir 'yo ya no puedo, yo ya soy un obstáculo, hay que empezar otro tiempo en el que yo no puedo estar'. Rajoy ahora mismo es el obstáculo más importante para encontrar cualquier salida al problema en Catalunya. Si Rajoy se fuera, cambiarían mucho las cosas. No digo que lo resolviera todo pero es una condición imprescindible. Rajoy ya está comprometido en una dirección y ha perdido la autoridad. Si quisiera hacer algo diferente a lo que está haciendo, no le dejarían. Ha perdido autonomía en el Partido Popular. Rajoy es un obstáculo absoluto y lo único que puede hacer es irse y mientras esté iremos a peor.

El catedrático de derecho constitucional Javier Pérez Royo y el catedrático de derecho penal José Manuel Gómez Benítez han tomado la decisión de no concurrir en las listas electorales de Podemos para el próximo 20 de diciembre. Así lo ha hecho saber la formación de Pablo Iglesias en un escueto comunicado donde aseguran que ambos catedráticos han tomado la decisión por separado y por motivos personales.

Desde Podemos afirman que, pese a no ir en las listas, ambos abogados, hasta hacce poco con vincualciones al PSOE, seguirán colaborando “con la formación contribuyendo dentro de sus ámbitos de especialidad y en su compromiso con el cambio político en España”.

El jurista y ex vocal del CGPJ Gómez Benítez se sumó a las listas para primarias de Iglesias antes del verano porque, según el exvocal del CGPJ, Podemos es un partido diferente al resto, el único capaz de generar “mucha ilusión y mucha confianza” por la forma que tiene de “entender la democracia”.

En el caso de Javier Pérez Royo, hace apenas diez días se conocía la propuesta que Podemos le había hecho al catedrático sevillano para formar parte de sus listas. Tras tres días de conversaciones en las que estuvo en el aire el lugar de la lista y la provincia por la que concurriría Pére Royo, finalmente el lunes él mismo confirmó que concurriría como número 3 por la provincia de Sevilla. Le sustituirá en la lista por el cordobés Luis Carlos Rejón, ex coordinador de Izquierda Unida en Andalucía.

El catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, de 71 años, ha confirmado este lunes que acepta la oferta de Podemos de integrar su candidatura por Sevilla para el Congreso de los Diputados en Andalucía de cara a las elecciones generales del 20 de diciembre. El prestigioso constitucionalista, históricamente vinculado al Partido Comunista (PC) y posteriormente estrecho colaborador de los gobiernos del PSOE de Manuel Chaves en Andalucía y Felipe González en España, servirá para reforzar la candidatura de Podemos, partido que ha tirado de uno de los redactores del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Irá de número 3 por Sevilla, dado que el número 1 se lo ha reservado tras las primarias el secretario de Organización de Podemos, Sergio Pascual, que fue el más votado, y de número 2 iría Auxiliadora Honorato.

Inicialmente se había barajado también que liderara la candidatura por Córdoba, ciudad en la que precisamente el pasado 20 de octubre almorzaba, entre otros, con Carolina Bescansa, cofundadora de Podemos, y se le hacía la oferta en firme. Desde entonces ha estado valorando la cuestión y finalmente este lunes ha confirmado que se une a este proyecto. En todo caso, Podemos va retrasado con la elaboración de sus candidaturas, y en el caso de Andalucía se conocen los cabezas de lista del resto de formaciones con representación parlamentaria salvo los suyos.

Es más, hasta la fecha sólo ha confirmado Podemos que Sergio Pascual liderara la candidura para el Congreso de los Diputados por Sevilla, mientras que por Málaga lo hará Alberto Montero, el profesor que contrató a Íñigo Errejón para un proyecto de investigación. Ese contrato no estuvo exento de polémica por cuanto que el secretario político de Podemos compaginaba este cargo con sus trabajos para la Universidad de Málaga (UMA), lo que provocó que la institución le abriera un expediente a los dos. Finalmente, Íñigo Errejón renunció a seguir con este proyecto de investigación.

“Nuestro proyecto de cinco grandes acuerdos de cambio constitucional se verá sin duda reforzado con la incorporación de un constitucionalista tan ilustre como Javier Pérez Royo”, en palabras de su secretario general, Pablo Iglesias. “Para liderar el cambio necesitamos contar con los mejores en cada ámbito y nadie cuestiona que es una de las personas con más prestigio en el Derecho Constitucional en este país”, ha agregado el líder de Podemos.

Por su parte, el catedrático considerado que “Podemos es la palanca de cambio que nos permitirá abrir la Constitución Española a los cambios que exige la situación de hoy: no sólo hacer frente a la crisis de modelo territorial, sino también atajar la crisis social derivada de incremento de la desigualdad y la crisis política ligada a la corrupción y un déficit de representatividad en las instituciones”. Entiende que su experiencia “puede contribuir positivamente al proceso de cambio constitucional que sin duda se abrirá la próxima legislatura”.

Su incorporación a las listas se enmarca en el proceso de suma “de los mejores perfiles con el objetivo de construir una candidatura para gobernar este país a partir del 20D”, según la organización. Tras la celebración de las primarias el pasado mes de julio, de las que salió una primera lista de partido, “Podemos ha seguido trabajando por la unidad popular, hablando con actores relevantes de la sociedad civil y con personalidades independientes para conseguir contar con todas las fuerzas del cambio para ganar las instituciones y ponerlas al servicio de la gente”.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha mostrado su “respeto” por la decisión de Javier Pérez Royo, “igual que en el caso de Julio Rodríguez”, exjefe del Estado Mayor de Defensa, que también se ha integrado en Podemos. Sí ha criticado en este último caso “que se haya metido el Consejo de Ministros” con su relevo, “cuando él ya tenía previsto retirarse”. También ha criticado “las maneras de Podemos, que decía que todo iba a decidirse desde abajo y con sus círculos”. Ha hablado de “dedazos” y del “dedo más largo de la historia” para configurar sus listas, y ha ironizado que “están decidiéndolas con su círculo más estrecho”. Por ello, ha pedido a Podemos “que no dé lecciones en la elaboración de listas”.