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Javier Pérez Royo

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla

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Ataque de lucidez

Al PSOE, por decirlo de una manera coloquial, periódicamente se le aparece la virgen. Se le apareció en el año 2000 cuando eligió contra todo pronóstico a José Luis Rodríguez Zapatero en lugar de a José Bono como secretario general. Se le ha vuelto a parecer este año, cuando también contra todo pronóstico, eligió a Pedro Sánchez frente a Susana Díaz. Y se le volvió a aparecer antes de ayer, cuando la torpeza de Albert Rivera propició que la dirección del PSOE tuviera un ataque de lucidez y se diera cuenta de que cerrar filas con el PP en este momento era una decisión suicida. Suicida para el partido, porque es suicida para la democracia española.

La estrategia del PP contra la autonomía de Catalunya es una estrategia franquista. El PP quiere al nacionalismo catalán “cautivo y desarmado”, derrotado y humillado. Quiere ganar por 10 a 0, como muy gráficamente dijo hace unas semanas la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

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¿Por qué razón inconfesable el Gobierno no ha recurrido todavía al artículo 155?

Por una razón inconfesable. Porque la activación de la llamada “coacción federal”, contemplada en el artículo 155 de la Constitución Española, exige no solamente que el Gobierno de la Nación identifique  la “crisis político-constitucional” que justifica el recurso a la misma, sino que exige además que el Gobierno defina con precisión qué derecho va a estar vigente durante la aplicación del mencionado artículo 155.

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De la Constitución al Código Penal

Hasta el sábado 8 de noviembre de 2014, es decir, hasta el día previo al domingo 9, en que los ciudadanos acudieron a votar en la consulta reconvertida en “proceso participativo”, la Fiscalía no hizo acto de presencia en el desarrollo del “procés”. Ese día la Fiscalía Superior de Catalunya abrió diligencias para investigar si el uso de locales públicos para la celebración de la consulta podía ser constitutivo de delito y ordenó a la policía autonómica que confeccionara un listado de los locales públicos en los que se iba a votar así como la identificación de los responsables de dichos centros. 

Si hasta entonces el Gobierno únicamente había recurrido al Tribunal Constitucional para intervenir en el “procés”, a partir de este momento también lo hará a la Fiscalía Superior de Catalunya y la General del Estado, al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y al Tribunal Supremo. El Derecho Penal empezaba a entrar en juego.

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Condición sine qua non

La celebración de un referéndum en Catalunya, a fin de que los ciudadanos de dicha comunidad manifiesten su voluntad de mantener su integración dentro del Estado español o de constituirse en Estado independiente, se ha convertido en una  condición sine qua non para que la competición política pueda desarrollarse con arreglo al canon de lo que se considera que es una competición democrática en cualquier país civilizado.

Es verdad que al constituyente español de 1978 no se le pasó siquiera por la cabeza que pudiera llegar a celebrarse un referéndum, a fin de que Catalunya y País Vasco pudieran independizarse. En esto el presidente del Gobierno tiene razón. Lo que ocurre es que, para tratar de evitar que tal eventualidad pudiera llegar a plantearse, fue para lo que se diseñó en la Constitución la vía de acceso a la autonomía de las “nacionalidades” que “en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatutos de autonomía”, que consistía en el pacto entre los Parlamentos de dichas comunidades y las Cortes Generales, que posteriormente sería sometido a referéndum. El pacto entre el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales y el referéndum de los destinatarios del pacto es la Constitución Territorial de 1978. Dado que la reforma de esta Constitución Territorial exigía la renovación del pacto entre los dos Parlamentos y la ratificación del mismo en referéndum, el constituyente consideró que jamás se plantearía la convocatoria de un referéndum de independencia. El proceso diseñado en la Constitución para la aprobación y reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña garantizaba que así sería.

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