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Javier Pérez Royo

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 2853

Anomia catalana. Respondiendo a Santiago Muñoz Machado

El pasado día 10, Santiago Muñoz Machado publicó en  La Vanguardia un artículo con el título Anomia catalana. En dicho artículo diagnostica que Catalunya padece una triple anomia: jurídica, que se traduce en la ausencia de ley, médica, que implica un trastorno del lenguaje y psicológica/sociológica, que comporta la carencia de normas sociales o su degradación. Tras el diagnóstico viene la atribución de responsabilidad: "…los dirigentes políticos (catalanes) responsables de las tres clases de anomia… tienen que poner en tratamiento urgente (a la misma) … pues la responsabilidad de avanzar en la resolución de la anomia es de los gobernantes catalanes".

Faltaría a la verdad si dijera que me ha sorprendido el diagnóstico de la situación y la atribución de responsabilidad. El artículo es una síntesis de lo que Santiago Muñoz Machado viene escribiendo sobre Catalunya desde hace unos años.

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El fin de la complicidad

Mariano Rajoy no hubiera podido permanecer en la presidencia del Gobierno tras su investidura a finales de diciembre de 2011 sin la complicidad de Luis Bárcenas. En el mes de enero de 2012 la justicia suiza ya puso a disposición de la justicia española la información sobre las cuentas de Luis Bárcenas en el país helvético. Sin el recurso de Luis Bárcenas contra la decisión judicial de primera instancia, que retrasó más de dos años la entrega de dicha información, Mariano Rajoy no hubiera podido asentarse como presidente del Gobierno.

Más o menos lo mismo cabe decir respecto de Francisco Correa, que parece que estuvo considerando la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo con el Ministerio Fiscal, que al final no se concretó durante la fase de instrucción y que se ha intentado alcanzar en el momento del juicio que todavía está desarrollándose en la Audiencia Nacional. Sin la complicidad de Francisco Correa durante todos los años iniciales de su mandato como presidente del Gobierno, hubiera sido prácticamente imposible que Mariano Rajoy se hubiera mantenido como tal.

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Costumbres débiles y hábitos serviles

La violencia es un elemento definitorio tanto del tipo de sedición como del de rebelión, que son los delitos en los que el Fiscal General del Estado consideró que encajaban las conductas de los miembros del Govern y de los presidentes de la Asamblea Nacional de Catalunya (ANC) y de Òmnium. La calificación del Fiscal General fue hecha suya por la Audiencia Nacional primero y por el Tribunal Supremo después. En la gravedad de dicha calificación jurídica ha descansado  la adopción de la medida cautelar más gravosa de todas las previstas: la prisión incondicional.

En este elemento definitorio de la rebelión y la sedición ha justificado el juez Pablo Llanera la prolongación de la prisión provisional no eludible mediante fianza, aunque limitada a dos miembros del Govern y a los dos "Jordis", a los que considera principales protagonistas de los actos de violencia constitutivos de los delitos mencionados.

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Seguimos donde estábamos

El Gobierno sigue confiando en que a través de los tribunales puede conseguir mantener el statu quo en lo que a la integración de Catalunya en España se refiere. La legalidad, en este caso el bloque de la constitucionalidad, Constitución+Estatuto de Autonomía, sigue en pie y únicamente dentro de dicho bloque cabe recuperar el ejercicio del derecho a la autonomía en Catalunya y dejar atrás el 155 CE. Tarde o temprano, más bien temprano que tarde, el nacionalismo catalán tendrá que aceptar que las cosas son como son y que no hay más ejercicio de autonomía que el previsto en la Constitución y el Estatuto.

El nacionalismo catalán confía en burlar la acción del Gobierno, moviéndose simultáneamente dentro y fuera del marco constitucional-estatutario. O, mejor dicho, fuera y dentro de dicho marco. Fuera mediante la activación de una Asamblea de electos, municipales, provinciales y autonómicos, que darían “legitimidad” a Carles Puigdemont como President de Catalunya, aunque residiera en Bruselas. Y dentro, presentando un candidato para la investidura por el Parlament que fuera jurídicamente inobjetable. El nacionalismo dispondría así de un Gobierno “legítimo” en el exilio y un Gobierno “legal” en Catalunya.

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La vuelta a la normalidad del 155

La operación que se puso en marcha con la activación del artículo 155 de la Constitución tenía como finalidad volver a la normalidad. Ese, como se recordará, es el mensaje que se transmitió a la opinión pública. Se recurre al 155 para convocar elecciones ante la negativa del president Puigdemont a hacerlo, a fin de darle la palabra al pueblo catalán para que en una consulta con todas las garantías, no como la del 1 de octubre, pueda decidir libremente el camino a seguir.

Esta fue la justificación oficial de la operación. No se trata propiamente de suspender nada e intervenir la comunidad autónoma, sino de posibilitar que la voz de los ciudadanos de Catalunya pueda ser oída con las garantías democráticas exigibles.

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No hay mal que por bien no venga

En el momento en que la impugnación por el Gobierno del acuerdo del President del Parlament sobre la convocatoria del Pleno para el debate de investidura del candidato Carles Puigdemont como President de la Generalitat llegó al Tribunal Constitucional, ya se habían pronunciado sobre el escrito de impugnación el Consejo de Estado y los letrados del Tribunal Constitucional y sobre las condiciones en que tendría que celebrarse el Pleno los letrados del Parlament.

El Tribunal Constitucional disponía, por tanto, de opiniones muy cualificadas procedentes de instancias muy diversas. Tanto el Consejo de Estado como los letrados del Tribunal Constitucional consideraban que la impugnación no era pertinente, por ser una impugnación preventiva, que daba por supuesto como hecho cierto algo que no había acaecido. En consecuencia, proponían que el escrito no fuera admitido a trámite.

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El Tribunal Constitucional sabrá lo que hace

En lo que a la posibilidad de discutir sobre la estructura del Estado se refiere, el PP ha mantenido siempre la misma posición: no cabe siquiera abrir la discusión. Siempre que se ha intentado abrir un debate, el PP ha recurrido al Tribunal Constitucional para intentar bloquear la apertura del mismo.

Ocurrió en primer lugar con la reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco. El Proyecto de Ley de Reforma del Estatuto Vasco fue aprobado bajo el mandato de Juan José Ibarretxe por el Parlamento Vasco por la mayoría exigida por el Estatuto de Gernika y fue a continuación remitido a las Cortes Generales, a fin de que fuera sometido al control previsto para los Estatutos del artículo 151 CE. La Mesa del Congreso acordó la convocatoria de un Pleno en el Congreso de los Diputados al que se invitó al Presidente Ibarretxe para que presentara la reforma y pudiera responder a las observaciones de los diferentes grupos parlamentarios.

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Derecho de sufragio y libertad deambulatoria

¿De dónde habrá sacado la vicepresidenta del Gobierno su argumentación acerca de la libertad deambulatoria como límite para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo? ¿Cómo no ha habido nadie en los servicios jurídicos del Gobierno que le haya advertido de lo disparatado de la argumentación?

Empecemos por lo evidente. Si la libertad deambulatoria fuera un límite para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, lo tendría que ser también para el ejercicio del derecho de sufragio activo, ya que no tiene ningún sentido que se permita que un ciudadano que carece de libertad deambulatoria en el territorio nacional pueda concurrir a unas elecciones, pero no se le permita posteriormente ejercer el cargo para el que ha sido elegido con el argumento de que carece de dicha libertad deambulatoria.

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El rey en Davos: una vergüenza nacional

Puede imaginarse  alguien que, en lugar de Theresa May, fuera la reina Isabel II la que acudiera a la cumbre de Davos, se entrevistara con Donal Trump o Emmanuel Macron, asistiera a la mesa redonda sobre la desigualdad como problema definitorio de nuestra época y acabara dando una conferencia en el Plenario de la cumbre sobre “El futuro de Gran Bretaña y la Unión Europea tras el Brexit”.

A nadie le costaría imaginarse que  el príncipe heredero de Arabia Saudí acudiera a Davos con la finalidad de explicar la reforma que está intentando poner en marcha en su país, de la misma manera que a nadie  sorprende que esté presente el rey Abdalá de Jordania.

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La imaginación de los jueces

La razón por la que el juez Pablo Llarena ha decidido no cursar la euroorden solicitada por la Fiscalía General del Estado, a fin de que el President Puigdemont fuera detenido en Dinamarca y puesto a continuación a disposición del Tribunal Supremo, es la misma por la que dicho juez instructor ordenó que no siguiera su curso la euroorden dictada en su día por la jueza Carmen Lamela antes de que se pronunciara sobre la misma la justicia belga. 

Y esa razón no es otra que la imposibilidad de convencer a ningún juez en un Estado democrático de derecho digno de tal nombre de que la conducta de Carles Puigdemont -y de todos los miembros del Govern o de la Mesa del Parlament-, es constitutiva del delito de rebelión. 

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