El auditor de la Cámara de Comptos, el Tribunal de Cuentas navarro, Miguel Ángel Aurrecoechea, que realizó un informe sobre las Cuentas Generales de Navarra de 2024 posteriormente corregido por el presidente del órgano fiscalizador, ha señalado este martes que los hechos relacionados con la modificación del proyecto de las obras de duplicación del túnel de Belate “podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdiccionales correspondientes”.

Las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate fueron adjudicadas por el Gobierno de Navarra a la UTE de Acciona, Osés Construcciones y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán, por 68,2 millones de euros. Las empresas de la UTE anunciaron al iniciar la obra un sobrecoste de 8,5 millones que fue autorizado por la dirección de Obras Públicas. La Intervención General lo tumbó con un reparo suspensivo al considerar que no estaba justificado, lo que generó una crisis entre los socios del Gobierno después de que Geroa Bai y Contigo/Zurekin hablaran de una “pérdida de confianza” con el PSN y exigieran a la presidenta “responsabilidades políticas”. Finalmente, para resolver la crisis, María Chivite destituyó al director general de Obras Públicas, Pedro López Vera.

Después de que el presidente de la Cámara de Comptos no compartiera las conclusiones de Aurrecoechea y decidiera corregirlas con el aval de la asesoría jurídica de la institución, el auditor decidió incluir una cláusula de discrepancia en el informe para ratificarse en algunas de sus posiciones. Estas discrepancias hicieron que UPN citara a comparecer a Aurrecoechea en el Parlamento de Navarra, donde ha intervenido este miércoles en la Comisión de Economía y Hacienda.

El auditor ha afirmado que, en el caso relativo a los sobrecostes de las obras de Belate, analizó “una multitud de documentos que constituyeron evidencias suficientes y adecuadas, tal y como exigen las normas técnicas de auditoría, para concluir que no concurrían causas habilitantes para tramitar la modificación”.

Aurrecoechea ha defendido así que “se hizo un análisis exhaustivo, muy riguroso y con evidencias más que suficientes que me permitieron concluir” que “la tramitación de un expediente de modificación con el pretendido sobrecoste y sin causa legal que lo justificaba podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdiccionales correspondientes”. No obstante, ha señalado que la Cámara de Comptos, sin solicitarle “ningún tipo de documentación”, concluyó que “no se aprecian indicios de responsabilidades”.

En su cláusula de discrepancia, el auditor menciona dos resoluciones del entonces director general de Obras Públicas de octubre y noviembre de 2024. En cuanto a la primera, considera que “supone una aprobación implícita del proyecto constructivo generadora de derechos a favor de la adjudicataria” y que implica “una modificación de facto del proyecto original”.

Respecto a la resolución de noviembre, el auditor ha afirmado que en sus conclusiones “se relatan hechos que podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdicciones correspondientes”.

Durante su comparecencia, Aurrecoechea ha subrayado que “en ningún momento” se ha sentido “presionado” en el ejercicio de su labor y ha resaltado que “la cláusula de discrepancia no constituye una anomalía del sistema, sino una previsión expresa del ordenamiento jurídico que regula el funcionamiento de la Cámara de Comptos”.

Además, ha señalado que el ejercicio de esta discrepancia “se ha desarrollado en todo momento desde el respeto a la institución, a sus procedimientos y a las decisiones adoptadas por sus órganos competentes”. “El ejercicio de esa facultad lo realizo con pleno respeto a las competencias que corresponden a la Presidencia de la Cámara, a quien corresponde la aprobación del informe definitivo y al que tengo máximo respeto”, ha afirmado.

No obstante, se ha mostrado en “total desacuerdo” con los comunicados que ha remitido la Cámara de Comptos sobre este tema, “porque hay que reconocer que me han supuesto una pública humillación, pero he preferido poner el foco en la exposición técnica”.

Casi el triple de dinero por conciertos similares sin una explicación que lo justifique. El Ayuntamiento de Teruel adjudicó la actuación este año de la artista Rozalén por 156.273,92 euros (con IVA), frente a los 48.800 € en L’Alcora (Comunidad Valenciana) por las mismas fechas, y frente a los 54.450 euros que el propio Consistorio turolense sacó a la plataforma de contratación el concierto de Rozalén de 2022. Y la misma situación -también en las Fiestas del Ángel - se dio con Ana Mena el año pasado, licitado por 135.414,73 cuando en Jumilla (Murcia) el presupuesto base era de 48.400 euros.

El grupo municipal del PSOE cuestionó estos sobreprecios en el pleno de octubre y entonces la alcaldesa emplazó a los socialistas a una respuesta por escrito acerca de la cuestión. En noviembre, en la siguiente sesión, equipo de gobierno del PP justificó que la subida se debía a diferencias en precio varios factores, como la inflación de los últimos años y cambios en los términos del contrato.

Según los populares, en 2022 el Ayuntamiento de Teruel asumió costes adicionales, que incluyeron el montaje del escenario y el alquiler de equipos de sonido e iluminación, que sumaron más de 22.000 euros. En el contrato de 2024, estos servicios habrían sido gestionados por la empresa adjudicataria, Espectáculos y Producciones Artísticas Más SL -la misma tanto con Rozalén como con Ana Mena-, lo que según el Consistorio justificaría la subida de precios. El desglose de la factura que incluía, entre otras cuestiones, la artista, el escenario profesional, equipos técnicos, vallado, seguridad, personal en taquillas, catering o los servicios logísticos, sumaron más de 110.000 euros (fue adjudicado por 111.913,00 euros).

Sin embargo, esta explicación se contrapone con lo que sucedió en el contrato público para Rozalén en L’Alcora. En esta localidad valenciana de poco más de 10.000 habitantes, la artista albaceteña actuó también en 2024 con un importe de 48.400 euros. Y, según el anuncio oficial de la adjudicación, esta contratación incluía también “el caché de la artista, el escenario, los equipos de sonido e iluminación necesarios para el correcto desarrollo del evento, la fabricación de las entradas, invitaciones y publicaciones necesarias para la correcta divulgación del evento, los gastos de la S.G.E., el seguro de responsabilidad civil y de suspensión del evento, así como el reintegro de las entradas en caso de suspensión”.

En el anuncio de adjudicación del contrato para Rozalén en Teruel, con un presupuesto base de 156.273 euros, no se incluyen en la descripción los servicios que prestan. Un sobreprecio de 100.000 euros para un contrato que incluye todos esos añadidos por los que la empresa Más Espectáculos, según el Ayuntamiento, percibió más. En el desglose de la factura, el Ayuntamiento explicó que la arista Rozalén, con equipos técnicos incluidos, cumpliendo estrictamente con todas las necesidades del arista y recinto, fueron 77.970 euros, precio que no cubriría el de L’Alcora.

Rozalén no es el único caso. En 2023, Ana Mena en Jumilla se licitó también de un importe de 48.400 euros, mientras que en Teruel, otra vez contratado con Espectáculos y Producciones Artísticas Mas SL, el importe fue de 135.414 euros. Jumilla es un pueblo de Murcia de poco más de 22.000 habitantes.

Pese a los reiterados intentos de este diario, el Ayuntamiento de Teruel ha eludido aclarar el porqué de los sobrecostes. Tampoco la promotora Espectáculos y Producciones Artísticas Más, SL ha ofrecido explicaciones adicionales sobre estas marcadas diferencias.

En el último pleno municipal, el edil socialista Diego Piñeiro preguntó si se había comparado el precio con otros ayuntamientos y si se consideraba que era el precio de mercado. La alcaldesa, la popular Emma Buj, señaló que hay que tener en cuenta que solo ciertas empresas tienen la exclusividad de cada artista, mientras que desde el grupo del PP añadieron que sí era un precio de mercado.

La comisión que investiga la contratación de la Xunta con empresas vinculadas al entorno familiar de Alberto Núñez Feijóo y el modelo elegido para el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo ha estado protagonizada este viernes por la comparecencia del actual presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, que volvió a defender que los encargos cumplen con la legalidad, aunque no entró al detalle ni se extendió en las explicaciones. También afirmó que está “orgulloso” de la decisión de que el centro sanitario vigués se levantase con una fórmula privatizadora que costó 470 millones de euros más que una licitación tradicional de obra pública.

Rueda, que recordó que él fue miembro de todos los gabinetes de Feijóo en la Xunta, por lo que vivió en primera persona el proceso del Cunqueiro, insistió en la idea, repetida por todos los ex altos cargos de gobiernos del PP que han pasado por la comisión, de que aquella era una época “de vacas flacas” y que la colaboración público-privada era “la manera” de levantar la nueva infraestructura. “Vengo a decir aquí que estoy orgulloso de esa decisión y de que se pudiese construir”, aseguró. El modelo, que Feijóo decidió en 2010, suponía encargar la obra a una empresa -en realidad, una unión temporal de varias-, que asumió la financiación a cambio de un canon millonario que el Gobierno gallego seguirá pagando cada año hasta mediados de la próxima década. Esa fórmula implicaba también una concesión de casi todos los servicios no clínicos no solo en el nuevo hospital, sino también en el Nicolás Peña y el Meixoeiro. El informe de fiscalización del Consello de Contas concluyó que habría salido más barato abordar el proyecto licitando con cargo a fondos públicos la obra por un lado, con el sistema tradicional, y los servicios por el otro.

Para arrancar su intervención en una comisión que el PP ha tratado de dificultar -votó en contra de su creación y después se quedó con el control de la misma y vetó comparecencias como la de Feijóo-, Rueda consideró que el estado del órgano de investigación está “entre líquido y gaseoso” y se ha convertido “en algo que ni sus impulsores sabrían definir”. Más allá de defender la legalidad de todos los encargos de la pandemia o la acumulación de contratos menores con Eulen, la empresa en la que Micaela Núñez Feijóo, hermana del presidente del PP, es directora para el noroeste, no aportó más concreción sobre los procesos. Sí hizo referencia en varias ocasiones a la situación de la política española, al mismo tiempo que aseguraba que no se convertiría en “cómplice” de trasladar al Parlamento gallego su “toxicidad”. “Aquí no hubo 'koldos' ni 'aldamas'; eso pasó en el Gobierno de España”, dijo.

El presidente de la Xunta acusó a la oposición de prender “antorchas de la inquisición respecto a cualquier cosa” que hace el Gobierno gallego y recurrió al argumento de que, por ejemplo, Eulen contrata también con otros gobiernos, no todos del PP, e incluso lo hizo con el bipartito de PSdeG y BNG que dirigió la Xunta entre 2005 y 2009.

“Quiero ubicarlo: está en el Parlamento de Galicia, no en Madrid”, le replicó la líder del BNG, Ana Pontón, que le afeó que no contestase a las preguntas que le hizo e interpretó su silencio como “una confesión” de que el PP lleva “15 años utilizando las zonas de opacidad de la contratación pública para beneficiar a empresas de familiares”. Los 1.573 contratos a dedo por 7 millones de euros a Eulen entre 2018 y 2024 que contabiliza el BNG son, según su portavoz nacional, una “demostración de uso fraudulento” de los contratos menores.

El líder del PSdeG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, consideró que “no son casos aislados, hay un modus operandi” en la Xunta para beneficiar a empresas relacionadas con el PP. Citó, al igual que Pontón, los casos de Universal Support, relacionada con el cuñado de Feijóo; el de Eulen; el de la empresa en la que es socio el marido de la número dos del PP gallego; o el de la firma del hermano de la secretaria xeral da Presidencia. Ese “patró claro” de la Xunta, según Besteiro, quedó reflejado también en el modelo elegido para el Álvaro Cunqueiro. Defendió que el bipartito había dejado “firmado, proyectado y presupuestado” un diseño público, pero Feijóo lo cambió. Le preguntó a Rueda por qué asumieron “con tanto ímpetu” una alternativa que terminó siendo más cara y entregando un hospital más pequeño.

La plataforma SOS Sanidade Pública ha recibido el informe del Consello de Contas sobre el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo como la certificación de que en ese centro sanitario ha ocurrido lo que denunciaron, ya cuando se anunció el proyecto con el modelo público-privado, que iba a ocurrir. Su portavoz, Manuel Martín, recuerda que avisaron de que habría sobrecostes y de que las instalaciones no iban a cubrir las necesidades para las que estaban proyectadas. Evoca las multitudinarias manifestaciones que hubo en contra del modelo elegido por la Xunta, entonces dirigida por Alberto Núñez Feijóo.

Ese recurso a la iniciativa privada para que financiase la construcción, en lugar de hacerlo, como es habitual, con fondos públicos, supuso un sobrecoste, según Contas, de 470 millones de euros. El modelo, dice Martín, estaba ya “prácticamente abandonado en Reino Unido, que es donde apareció”. Opina que no tenía lógica aplicarlo para un centro llamado a ser el de referencia de la ciudad más poblada de Galicia y a dar servicio a unas 600.000 personas. “Fue un empeño personal de Núñez Feijóo”, insiste. Y, con las reducciones posteriores en superficie y un número de camas que no llegó al previsto inicialmente, denuncia que las instalaciones quedaron transformadas en “un hospitalito”.

¿Qué impacto tiene este informe del Consello de Contas?

En primer lugar, llama la atención el tiempo pasado desde el momento en el que hubo la situación de enfrentamiento social e institucional por el modelo del hospital hasta ahora [la licitación fue en 2009, las obras empezaron en 2011 y entró en funcionamiento en 2015]. Pero bienvenido sea. Viene a corroborar las denuncias que hicimos en su momento sobre que este modelo, que ya estaba prácticamente abandonado en Reino Unido, que es donde apareció, fue un empeño personal de Núñez Feijóo, que en cuanto llegó a la presidencia de la Xunta, anuló el proceso que iba a hacerse por el modelo público para transformarlo en un modelo de colaboración público-privada. Parecía que no tenía lógica ir a un modelo que estaba profundamente cuestionado y que se aplicase en un hospital tan importante como el de Vigo.

¿Cómo interpretan las conclusiones?

Se ha cumplido lo que denunciábamos. Estaba claro lo que el modelo pretendía, que era facilitar a empresas privadas un negocio muy lucrativo. Nuestra primera valoración fue que no era lógico que un hospital que estaba tasado en 450 millones fuese a través de los incrementos y los pagos a costar 1.300 millones de euros. Si sumamos el aparcamiento, nos poníamos en más de 1.700. Tampoco era lógico que, a pesar de este incremento en el coste, fuese acompañado por una política de reducción de los recursos previstos en el contrato: se redujo el número de camas en 400, el de quirófanos, la superficie del hospital... pero esto no modificó el coste del contrato para nada. Esto era un latrocinio: multiplicamos por cuatro el coste del hospital y reducimos un 30% lo previsto. La única lógica del modelo era que permitía mantener el concierto singular con Povisa. Además, había un conflicto de intereses porque muchas de las empresas que estaban en la adjudicataria eran empresas que tenían relación con el PP. El hospital no cubrió el objetivo que tenía en su momento, que era reequilibrar la situación hospitalaria entre el norte y el sur de Galicia. Quedó transformado en un hospitalito que no cubre las necesidades sanitarias para las que estaba diseñado.

Este modelo no se volvió a usar en otros hospitales en Galicia.

No, no se repitió. En Reino Unido se abandonó el modelo porque los sobrecostes fueron brutales. En Valencia, lo mismo. Recuperaron los hospitales para la gestión pública. Lo que nosotros exigimos en Galicia es que se rescate ese hospital por el bien de la asistencia sanitaria de Vigo.

¿Deberían derivarse consecuencias políticas de este informe?

Creemos que tendría que tener consecuencias políticas muy claras; fue el PP el que se empeñó en que este modelo fuese adelante. El coste es terrible y sigue costando más porque, a medida que se hacen necesarias obras de mejora, los sobrecostes siguen. Sabemos que políticamente es complicado porque el Gobierno gallego ya no está presidido por Feijóo y ya no está la misma persona en la Consellería de Sanidade. Pero creo que el PP y el Parlamento de Galicia deberían rectificar y poner en marcha el proceso para recuperar el hospital para lo público e incrementar al menos en 400 las camas.

La Xunta defiende que este era el único modelo viable en un momento de crisis.

El problema de la Xunta es que sigue al pie de la letra la doctrina de Feijóo: mentir. Miente de una manera descarada y no le pasa nada. Creen que tiene inmunidad porque los resultados electorales los confirman en el puesto. Sería importante poner en marcha un proceso de rectificación y de dotación de los recursos sanitarios que necesita el área de Vigo.

La presentación del proyecto y la puesta en marcha del hospital estuvieron acompañadas de críticas de la oposición política y manifestaciones en las calles de Vigo. ¿Cómo ha funcionado el hospital en estos años?

Evidentemente, no como se esperaba. Iba a ser el referente sanitario y a concentrar recursos para el área de Vigo y esto no ocurrió. Quedó transformado en un hospital para el que no hacían falta esas alforjas de hacer una inversión tan importante. Hay continuas críticas sobre el funcionamiento de determinados servicios y las listas de espera ahí están [el área sanitaria de Vigo es la cuarta, de siete en total, con más demora para una operación, según los últimos datos. La situación mejora en las consultas especializadas] y demuestran que la situación no es la más boyante de Galicia.

Pilar Farjas fue la primera conselleira de Sanidade elegida por Alberto Núñez Feijóo para sus gabinetes en la Xunta de Galicia. En 2009, recién llegada al cargo, se ocupó de desechar el proyecto que había heredado del bipartito de PSdeG y BNG para la construcción de un nuevo hospital en Vigo y sustituirlo por otro que, en lugar de una contratación de las obras tradicional, establecía un modelo en el que la financiación y los servicios no médicos quedaban en manos de empresas privadas. Es decir, las compañías se encargaban de levantar el edificio, la Xunta no pagaría un solo euro hasta que estuviese en servicio y, a cambio, habría durante 20 años un pago de un canon para devolver el coste de las obras y para costear los servicios como lavandería o restauración. Por su papel en todo el proceso, el Consello de Contas le permitió hacer alegaciones a su informe, que aflora que el sobrecoste del modelo elegido con respecto al tradicional fue de 470 millones. Y Farjas carga contra el ente fiscalizador, al que acusa de tener en su análisis “una posición ideológica desequilibrada”.

Para la exconselleira hay un enfoque que considera “valorativo prefijado” en el análisis de Contas, un ente dirigido por el conselleiro maior, Juan Carlos Aladro, elegido para el cargo a propuesta del PP y que es amigo personal del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. El jefe del Gobierno gallego respondió en su momento a preguntas sobre las implicaciones de esta estrecha relación y aseguró que el vínculo es de “hace muchísimos años” y no es un problema para el desempeño de las tareas de fiscalización que tiene encomendadas Aladro.

Farjas dejó el cargo de conselleira solo dos años después de asumirlo y pasó a ser secretaria general de Sanidad con la ministra Ana Mato. Su periodo al frente de la sanidad gallega fue una sucesión de polémicas: desde la fórmula para el hospital de Vigo hasta la implantación de un catálogo para que la sanidad pública financiase solo los medicamentos más baratos en cada enfermedad. Sobre el modelo de colaboración público-privada, dice en sus alegaciones que la opción de hacer una contratación de obra pública tradicional “simplemente no existió a causa de la situación económica” en Galicia en el contexto de la crisis mundial que se desató en 2008. Le recrimina a Contas, que es un ente que tiene el encargo de fiscalizar a la Xunta, que no responda a preguntas como qué otros servicios tendría que haber dejado de hacer el Gobierno gallego para asumir el coste del hospital en aquel momento.

La exconselleira intenta también justificar sus decisiones con que el hospital Álvaro Cunqueiro dio servicio durante la pandemia, ocurrida 10 años después de que el Gobierno de Feijóo decidiese cambiar el modelo para construir el centro. Afirma que Galicia tuvo menos sobremortalidad que el resto de comunidades autónomas en el periodo 2020-2021 y que “esos son los verdaderos indicadores del valor social y sanitario” de las inversiones hechas en Vigo. Farjas aprecia otro “riesgo”, que es aplicar los criterios normativos en vigor en cada momento para la evaluación. Esto, opina, requiere un “rigor, finura y elegancia en el análisis que el informe no demuestra”.

También alegó al informe la conselleira que sustituyó a Farjas en Sanidade, Rocío Mosquera, que se remite igualmente a la crisis económica y al servicio prestado durante la pandemia. Y dirige también un reproche al Consello de Contas: “Considero que no es fácil para los auditores hacerse una composición de lugar de lo que fue la toma de decisiones en ese momento histórico, pero considero que juzgar el trabajo desarrollado tantos años después y en una situación económico-financiera y asistencial tan distinta no es posible”.

Contas, por su parte, responde a las alegaciones de ambas. Sobre las de Farjas señala que la exconselleira “solo expone criterios y opiniones sin aportar soporte documental ni normativo”, de modo que no las valora. Las de Mosquera, indica, “hacen referencia al contexto y a las dificultades para llevar a cabo la inversión”, por lo que tampoco las tiene en cuenta.

El Consello de Contas de Galicia acaba de publicar un demoledor informe que señala directamente a la gestión de Alberto Núñez Feijóo en el desperdicio de 470 millones de euros durante la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo. La infraestructura, que ofrece servicio a una población de 600.000 habitantes, fue proyectada por el bipartito del PSOE y el BNG con la previsión de sufragar la obra con fondos públicos. Tras su primera victoria electoral en 2009, Feijóo cambió el plan inicial y decidió privatizar el proceso de construcción y apostar por un modelo de canon a 20 años -las concesionarias financiaron la construcción y la Xunta no empezó a pagar hasta tener las instalaciones-. Esos 470 millones son la diferencia que Contas calcula que hay entre haber licitado la obra por una parte y los servicios no médicos por otra y la vía elegida por Feijóo con una concesión y un pago aplazado. La cantidad que estima el ente fiscalizador que hay que se habrá pagado en total cuando termine el canon es de 1.697 millones.

Dicho en otras palabras, Feijóo decidió no pagar un solo ladrillo del nuevo hospital y aplazar esa deuda en cuotas posteriores, a razón de 56,7 millones de euros anuales. Esa tarifa anual acabaría incrementándose por efecto del IPC y la suma de impuestos hasta 86 millones por cada ejercicio, una cifra que el bolsillo de los gallegos tendrá que seguir soportando hasta mediados de la próxima década. A pesar de las cuentas sin saldar del Álvaro Cunqueiro, en 2022, cuando estaba en plena campaña interna para convencer a sus compañeros de partido de que lo apoyasen como líder del PP, Feijóo hizo la siguiente reflexión: “Un político es un ciudadano que cobra de los impuestos de los españoles y, por tanto, cuando dice que inaugura un hospital la pregunta que hay que hacerle es: '¿Lo deja usted a deber o está pagado?'. Porque, si lo deja usted a deber, haga el favor de marcharse rápidamente y empezar a pagarlo”.

Ahora, el órgano encargado de fiscalizar la labor del Gobierno gallego ha realizado un minucioso estudio comparativo en el que analiza lo que habría costado la infraestructura con el método previsto por el bipartito y lo que finalmente ha supuesto con la fórmula elegida en su día por el actual líder del Partido Popular. Conclusión: 470 millones de sobrecoste regalados a la UTE de empresas que acudieron a la llamada del líder conservador y el sustancioso negocio que ofrecía. Cuando el líder del PP presentó el proyecto a finales de 2010 aseguró que la fórmula elegida era “el mejor mecanismo”. Ahora la institución encargada de fiscalizar su labor dice lo contrario y da detalles sobre el tamaño de la factura derivada de ese desastre de gestión.

Para empezar, señala que la elección de la opción de contratación se hizo sin un análisis comparativo previo para determinar si el modelo defendido por Feijóo era más eficiente que una adjudicación de contrato público tradicional. El canon planeado incluye cada ejercicio una cantidad por la construcción como tal, financiada por el grupo de empresas, y otra por los servicios no sanitarios (limpieza, cafetería, lavandería, etc.) que también forman parte del pastel que acabó en las mismas manos privadas. El informe de Contas desvela además que la Xunta de Feijóo premió a las empresas participantes del trato regalándoles la prestación de los citados servicios no sanitarios en otras instalaciones de la principal ciudad de Galicia. Los empresarios consiguieron así entrar en el negocio de limpieza, lavandería y restauración de los hospitales Meixoeiro y Nicolás Peña, también en Vigo. Algo que para el Consello de Contas “no tiene soporte legal” ya que en esos otros dos centros la UTE no realizó actividad constructiva alguna.

La concesión la obtuvo una unión temporal de empresas encabezada por Acciona -que en 2020 vendió su participación, la mayoritaria al fondo francés Meridiam-. Los otros socios eran Puentes, Altair, Concessia -que también terminó vendiendo su parte- y Ocas.

Contas pone el foco sobre cómo se controló la ejecución de la construcción y concluye que la fiscalizada eligió quién la fiscalizaba. Es decir, la evolución del proceso debía supervisarla la oficina técnica de seguimiento. La constitución de esta oficina se le encargó a Galaria -una empresa pública-, pero en la práctica, dice el informe, la contratación de los integrantes la hizo la propia concesionaria. Añade que los gastos de funcionamiento de la oficina citada y del plan de comunicación debe costearlos la concesionaria, hasta un importe máximo de casi 4 millones de euros. Pero el ente fiscalizador “entiende que no queda suficientemente justificado el cumplimiento de esta obligación”. Concluye que hubo “una debilidad” en el seguimiento por parte de la Xunta tanto en la fase de contratación como en el control de la ejecución de la obra.

En la licitación, expone, participaron dos empresas, pero una quedó excluida porque no tenía suficiente puntuación. De este modo, en la práctica, solo se valoró a una empresa, la UTE a la que se le adjudicó la concesión. Y en la evaluación también aprecia problemas: “Los criterios de solvencia técnica y los criterios de adjudicación no se consideran adecuados, por cuanto la acreditación de los primeros se limita la tres de los doce servicios objeto de licitación y, con respecto a los segundos, no reúnen la calidad técnica necesaria para evitar cualquier margen de discrecionalidad”.

Menos metros, más beneficio

Otro de los puntos en los que el Consello de Contas ve un beneficio injustificado para las empresas que participaron en el manejo diseñado por Feijóo tiene relación con las modificaciones de la superficie útil hospitalaria que se había pactado al principio del proceso. Inicialmente, el acuerdo obligaba a levantar 104.168 metros cuadrados de instalaciones hospitalarias, pero la administración gallega autorizó hasta dos modificaciones a la baja. Gracias a esos acuerdos, los empresarios se ahorraron 11.972 metros cuadrados de hospital; una gran cantidad de cemento, aluminio y ladrillo que no les supuso cobrar ni un euro menos de los previstos en el contrato inicial. Según señala el Consello de Contas en su informe “estas reducciones evidencian una planificación insuficiente y contravienen los principios de igualdad de trato, no discriminación y concurrencia que deben regir la contratación pública”.

El informe señala que la parte en la que no hubo sobrecostes propiamente dichos fue en la ejecución de la obra. Objeta, que, sin embargo, se produjo esa reducción de superficie, que “tiene incidencia tanto en la fase de construcción de la infraestructura como en el coste de la prestación de los servicios”, en el sentido de que los rebaja, pero no por ello se redujo el precio del contrato“.

Tampoco aprueba Contas la fórmula de actualización de los pagos de la Xunta a la concesionaria. Se debió establecer una cantidad anual con importe fijo para abonar los costes de construcción y un importe variable solo para los costes de la prestación de servicios. Sobre esta segunda parte sí considera adecuado aplicar revisiones de precios.

Con la construcción del hospital no se logró “alcanzar completamente los objetivos fijados”, juzga Contas. En el documento de la Xunta para justificar la necesidad del contrato se recogía que había que llegar a las 2.000 camas en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, dentro del que está el Álvaro Cunqueiro. Pero en el periodo fiscalizado, que llega hasta 2021, el mayor número de camas fue de 1.366 en 2020. “Lo mismo acontece con los objetivos fijados en cuanto al número de instalaciones, procesos asistenciales y reducción del peso relativo con el sector privado (Povisa)”, añade.

El órgano que fiscaliza a la Xunta enviará su informe al Tribunal de Cuentas para que decida sobre la eventual apertura de un procedimiento por presuntas responsabilidades contables. Contas sí hace recomendaciones a la administración autonómica, entre la que están que, antes de elegir el modelo del contrato, haga un “análisis comparativo sólido sobre la mejor opción de contratación, que garantice una gestión eficiente del gasto público”.

La elección del modelo de colaboración público-privada para construir el hospital y la propia apertura estuvieron rodeados de protestas y de polémicas. La oposición cargó contra el empeño de Feijóo y hubo multitudinarias manifestaciones en Vigo. La entrada en funcionamiento también fue accidentada. Los primeros pacientes fueron trasladados en 2015, con las obras aún sin terminar en algunas partes del edificio. Hubo un parón repentino que la Xunta tardó días en reconocer que se debía a que en las nuevas instalaciones habían encontrado hongos Aspergillus, del mismo tipo que los que habían provocado años antes, en 1996, seis fallecimientos en otro hospital vigués, el Meixoeiro.

La Audiencia Nacional no encontró una sola prueba de la existencia de los delitos de fraude, prevaricación administrativa o malversación de caudales públicos en los seis meses -de enero a junio- que duró el juicio por el caso Musel. Los 20 acusados, algunos de ellos ya superados los 80 años, han sido eximidos de toda responsabilidad por el sobrecoste de las obras de ampliación del puerto gijonés estimado en 250 millones de euros.

La resolución, además, incluye una valoración inusual del tribunal. Los magistrados sostienen en la sentencia que ni siquiera deberían haber sido juzgados ya que en la veintena de sesiones celebradas de la vista oral no apreciaron intencionalidad alguna de fraude, ni tampoco connivencia entre las empresas que resultaron adjudicatarias de la obra y los máximos responsables de la autoridad portuaria.

El largo camino judicial que les llevó a sentarse en el banquillo de los acusados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal no se limitará sin embargo a sentirse aliviados con la sentencia absolutoria. Las defensas estudian ahora la posibilidad de presentar una reclamación por responsabilidad patrimonial al Estado por el daño moral ocasionado.

Por su parte, el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d'Asturies (OCAN), que ejerció la acusación popular en el juicio a través de la abogada Gemma Arbesú, ha avanzado a elDiario.es que está valorando la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

El sobrecoste de la obra de ampliación y los acusados

Para contextualizar el caso Musel hay que fijarse especialmente en dos fechas: 2005 y 2010. La primera es la de la adjudicación de las obras de ampliación por 580 millones de euros y la segunda es la de la finalización de las mismas con un coste total estimado en 830 millones. Por tanto, el sobrecoste se elevaba a 250 millones.

Las obras de ampliación del puerto habían sido adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Dique Torres que estaba integrada por dos empresas del grupo ACS (Dragados y Drace), por FCC, por una empresa del grupo OHL (Sato) y por Alvargonzález Contratas.

Un total de 16 directivos de la UTE compartieron el banquillo de los acusados junto a cuatro ex altos cargos: Fernando Palao, Mariano Navas, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato.

Fernando Palao fue secretario general de Transportes en el Ministerio de Fomento en la etapa de gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2008; Mariano Navas ostentó la presidencia de Puertos del Estado desde marzo de 2004 a abril de 2009; Fernando Menéndez Rexach presidió la Autoridad Portuaria de Gijón desde mayo de 2004 a julio de 2011, y José Luis Díaz Rato dirigió el puerto gijonés entre febrero de 2000 y noviembre del año 2011.

Unas obras que, según pusieron de manifiesto en el juicio, respondían a la necesidad de hacer frente a las previsiones de incremento de tráfico marítimo comercial.

Para la financiación del proyecto, la Dirección General de Política Regional de la Unión Europea (UE) concedió una ayuda económica de 247,5 millones de euros con cargo al Fondo de Cohesión a la Autoridad Portuaria de Gijón, de los cuales abonó un total de 198 millones.

Materiales procedentes de canteras de fuera de Asturias

El pliego de cláusulas administrativas que regía la contratación de la obra establecía que en el caso de que se produjera un incremento de los gastos durante su ejecución debían ser asumidos por el contratista y en el pliego de prescripciones técnicas se incluyó un apartado sobre la utilización de las canteras para la extracción del material.

La Autoridad Portuaria de Gijón firmó el 26 de julio de 2004 un acuerdo con Hidrocantábrico (HC) para la explotación de la cantera de Aboño, propiedad de HC, y la más cercana al puerto.

La UTE había establecido en su oferta que los materiales se extraerían de las canteras de Aboño y de Perecil, pero el Ayuntamiento de Carreño, municipio asturiano al que pertenecía esta última, lo prohibió por lo que la adjudicataria recabó materiales de otras canteras comerciales más alejadas de la obra, entre otras, de León. Esta circunstancia fue la que, según la UTE, encareció el precio.

Una vez iniciada la ejecución del contrato, Dique Torres planteó un incremento en los precios de los materiales que la Autoridad Portuaria de Gijón aprobó a través de un modificado.

En 2006, la UTE firmó el contrato con HC y la Autoridad Portuaria para la explotación de la cantera de Aboño. Sin embargo, ésta no pudo utilizarse tampoco debido, según la Autoridad Portuaria de Gijón, a la construcción de una planta de desulfuración para el servicio de la térmica de Aboño de HC. Tampoco se pudieron usar las otras dos canteras conocidas como Perecil 1 y Perecil 2, más cercanas a El Musel.

Las denuncias de particulares, partidos políticos y sindicatos

A partir de ese momento comenzaron a sucederse las denuncias. En 2007, el partido ecologista de los Verdes de Asturias elevó una denuncia ante la Unión Europea (UE) sobre los sobrecostes de las obras de ampliación de El Musel, donde se oponía a la solicitud de financiación adicional que instaba la Autoridad Portuaria de Gijón.

Ese mismo año, la Autoridad Portuaria de Gijón aprobó un modificado del contrato inicial que suponía un incremento de 216 millones (sin IVA) y, a través del Gobierno español, solicitó a la UE la financiación del sobrecoste.

Sin embargo, su petición fue rechazada en 2009 al sostener la Dirección General de Política Regional de la UE que la tramitación del modificado del proyecto había vulnerado la normativa comunitaria en materia de contratación al no haberse sometido el contrato a una nueva licitación pública.

El partido asturianista Andecha Astur denunció en 2009 el incremento de los precios de los materiales y alegó que gran parte de éstos los había obtenido la empresa adjudicataria sin contraprestación y recalcó las dificultades existentes para conocer la cantidad real de materiales utilizados.

La obra finalizó en diciembre de 2010 cuando su coste ya superaba los 830 millones y, al haber sido financiada en parte con fondos europeos, la Comisión Europea puso su lupa en esta infraestructura y solicitó a España que devolviese la subvención de 247,5 millones concedida al proyecto.

Una denuncia presentada por un español residente en Luxemburgo en 2010 fue archivada por la Fiscalía y un año después la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo decretaba el archivo de otras diligencias informativas abiertas tras la denuncia presentada por el escritor Marcelino Laruelo Roa contra la Autoridad Portuaria de Gijón sobre la extracción de 25 millones de metros cúbicos de áridos del fondo marino de la bahía de Gijón con destino a rellenos de las obras de ampliación de El Musel.

También acabó archivándose la denuncia que interpuso el sindicato ultra Manos Limpias contra seis funcionarios y altos cargos. Entre los denunciados figuraban el ex presidente del Principado Vicente Álvarez Areces (de 1999 a 2011) y los exministros de Fomento socialistas Magdalena Álvarez (de 2004 a 2009) y José Blanco (de 2009 a 2011).

La investigación de la OLAF y los políticos

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) emitía un informe a mediados de 2014 donde exponía las irregularidades contables detectadas. Técnicos de la oficina europea manifestaron entonces que las empresas sabían, poco después de que les adjudicaran las obras en 2005, que se iba a producir un importante sobreprecio. En ese documento se hacía constar que la investigación se había abierto a raíz de la denuncia de un miembro del Parlamento Europeo registrada el 18 de marzo de 2009.

La denuncia había sido presentada por el europarlamentario Mikel Irujo, de la coalición Europa de los Pueblos, e impulsada por Andecha Astur. Mikel Irujo fue diputado del Parlamento Europeo (2007-2009) y delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas. En la actualidad es consejero de Industria bajo la presidencia de María Chivite.

En diciembre de 2014, el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d’Asturies (OCAN) denunció el sobrecoste de las obras de ampliación ante la Audiencia Nacional. En aquel momento, entre los denunciantes se encontraban los que serían futuros diputados autonómicos de Podemos Asturias Emilio León y Daniel Ripa.

Pocos días después, la Fiscalía Anticorrupción presentó su propia denuncia por el caso Musel donde contaba, entre otros datos, con las informaciones aportadas por un vecino del Alto Aboño, José Prendes, afectado por la expropiación de unos terrenos para realizar un desmonte del que sacar parte de los áridos que serían utilizados en la ampliación y que posteriormente se personó en el procedimiento como acusación particular.

Finalmente, en 2015, el magistrado Javier Gómez Bermúdez, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, admitía a trámite las denuncias. El magistrado, uno de los más mediáticos por haber sido el ponente de la sentencia por los atentados terroristas del 11-M en Madrid, dio luz verde a la investigación judicial que acabó sentando en el banquillo a los 20 acusados ahora absueltos.

Una absolución general tras seis meses de juicio

El juicio comenzó este año en la Audiencia Nacional y se celebró a lo largo de una veintena de sesiones entre el 16 de enero y el 22 de junio. En la causa había personadas varias acusaciones. A la de la Fiscalía Anticorrupción se sumaban la Abogacía del Estado, Ocan como acusación popular, así como José Prendes como acusación particular.

La Fiscalía solicitó para cada uno de los cuatro ex altos cargos una pena de tres años de cárcel por un delito de fraude y añadió otro delito de prevaricación administrativa en el caso de Menéndez Rexach y Díaz Rato.

Los 16 responsables de las empresas que formaban parte de la UTE Dique Torres afrontaron una petición individual de la Fiscalía de dos años de prisión acusados de su presunta autoría como cooperadores necesarios en el delito de fraude.

En la vista oral, además de negar cualquier responsabilidad en los delitos imputados, los acusados y especialmente los cuatro ex altos cargos ensalzaron la relevancia de la obra en los futuros tráficos del puerto gijonés.

Fernando Palao reconoció que convocó una reunión en 2006 a la que asistieron representantes de la Autoridad Portuaria de Gijón y la UTE Dique Torres para tener información “en detalle” sobre los problemas que había suscitado la obra para su posterior traslado a la entonces ministra, la socialista Magdalena Álvarez, ante el “debate vivo” que se había planteado en Asturias ante los retrasos en la obra por los problemas en la explotación de las canteras previstas y al no poder la UTE desarrollarla en función de su oferta.

Fernando Menéndez Rexach mantuvo que las obras de ampliación del proyecto -que calificó como “pionero a nivel mundial”- estaban avaladas por Puertos del Estado y justificó los modificados en los “problemas técnicos” suscitados.

José Luis Díaz Rato aseguró que el primer proyecto de ampliación le “fue impuesto” por Puertos del Estado ya que, aunque él aportó varios informes técnicos que indicaban que no era “ni el más indicado, ni el más efectivo”, le dijeron que “debía llevarlo adelante y tenerlo terminado en 2008 porque en caso contrario no habría financiación”.

Por su parte, Mariano Navas explicó que cuando él accedió al cargo pensó que “el tema estaba ya saneado” porque en aquella época no tenía conocimiento de los “hitos de la ejecución de la obra”.

El juicio concluyó el pasado 22 de junio y el 28 de julio era notificada la sentencia absolutoria a las partes. El tribunal echaba por tierra las tesis de las acusaciones.

Las argumentaciones del tribunal

“Carece totalmente de prueba la afirmación de que tanto la Autoridad Portuaria de Gijón como la UTE Dique Torres ya conocían la imposibilidad de contar con la inmediata posibilidad de explotar la cantera de Aboño para la obtención del material pétreo destinado a la obra de ampliación del Puerto de Gijón”.

La sentencia incide en que no hubo pacto con las empresas, sino tensiones. Y alude a que las “continuas discrepancias que se recogen en el escrito de acusación entre los responsables del Puerto de Gijón y los distintos representantes de las empresas integradas en la UTE son radicalmente opuestas al concierto con los interesados en la contratación pública que exige el delito de fraude a la Administración pública por el que se formula acusación”.

Las reacciones a la sentencia han sido dispares, como era de esperar. Las defensas por un lado muestran su alivio por que sus representados han quedado eximidos de todas las imputaciones pero a su vez censuran las dilaciones del proceso, los años de sospechas y el daño moral y profesional sufrido. Estudian la presentación de la reclamación al Estado, mientras la acusación popular analiza si plantea un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

“Ha habido un flagrante mal funcionamiento de la Justicia que ha generado a unos ciudadanos un daño que no tienen el deber de soportar. Incluso la sentencia reconoce que el caso no debió llegar a juicio y que fallaron los controles legalmente previstos

Ángel Luis Bernal — Abogado de la defensa de directivos de la UTE Dique Torres

El abogado ovetense Ángel Luis Bernal ejerció la defensa de varios directivos de la UTE. Siempre ha sostenido que el caso Musel nunca debió llegar a juicio, como ahora ha ratificado el tribunal. Por eso, el letrado asegura que, una vez estudiada con detenimiento la resolución, planteará al cliente la posibilidad de reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado.

“Ha habido un flagrante mal funcionamiento de la Administración de Justicia que ha generado a unos ciudadanos un daño que no tienen el deber de soportar, lo que ha sido incluso reconocido por la propia sentencia al sostener que el caso no debió llegar a juicio y que fallaron los controles legalmente previstos”, ha subrayado.

Ángel Luis Bernal defendió en el juicio la tesis de que ninguno de los acusados vinculados con la UTE Dique Torres y/o con sus empresas integrantes intervino de forma alguna, “ni directa ni indirectamente”, en la elaboración de la oferta y en el procedimiento de licitación que, según expuso en su escrito de calificación provisional, fue “pulcro e inatacable”.

Las obras de ampliación del puerto de Gijón tuvieron, en su opinión, una magnitud extraordinaria y excepcional por varias razones: “por los sistemas constructivos empleados, por las dificultades inherentes a las condiciones climatológicas del mar Cantábrico y por el volumen de materiales y medios que fueron necesarios para su ejecución”. La defensa llegó a calificarla como la más compleja infraestructura portuaria llevada a cabo nunca en España.

Además, tal y como sostenía en su escrito de calificación, las “serias y frecuentes fricciones y tiranteces” entre la UTE Dique Torres y la Autoridad Portuaria de Gijón eran incompatibles con la concertación a la defraudación que se les imputaba a los acusados.

Según el letrado, sus defendidos actuaron buscando en todo momento el interés de la obra “con suma profesionalidad a pesar de las circunstancias adversas que marcaron su trabajo, sin buscar ni obtener ningún lucro ilícito y tratando de que la ampliación del puerto de Gijón se llevase a la práctica al menor coste y en el menor plazo posibles”.

Otros abogados de la defensa sopesan igualmente los siguientes pasos a dar para lograr la reparación del daño ocasionado a sus representados, así como las vías más factibles para conseguir esta finalidad.

El posicionamiento de la acusación popular de OCAN

El Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d'Asturies ejerció la acusación popular, a través de la abogada Gemma Arbesú, y compartió con algunos matices las mismas imputaciones de la Fiscalía en los delitos de fraude y prevaricación administrativa. Gemma Arbesú ha confirmado a elDiario.es que OCAN no puede negar su “decepción y preocupación” ante la sentencia, ya que discrepa absolutamente de la valoración de la prueba efectuada por el tribunal y valora actualmente si presenta un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d'Asturies no puede ocultar su decepción y preocupación por la sentencia. El tribunal ha omitido la valoración de pruebas esenciales como las periciales de la Intervención General del Estado

Gemma Arbesú — Abogada de la acusación popular en nombre de OCAN

“La sentencia fundamenta la absolución en testificales de parte y fundamentalmente en las periciales privadas, aportadas por las defensas para tratar de exculpar a sus defendidos. Sin embargo, omite la valoración de pruebas que a nuestro juicio son esenciales, como las periciales ratificadas en el acto del juicio oral por las peritas adscritas a los organismos públicos competentes en la materia”, subraya. Entre otras, OCAN destaca la que realizaron las peritas de la Intervención General del Estado, “por su rigor e imparcialidad”, así como otras testificales cualificadas.

Según la acusación popular, estas periciales junto a otras que se escucharon en el juicio evidenciaron “el actuar contrario a derecho de los acusados”. OCAN considera que además de una errónea valoración de la prueba existen errores de derecho.

Esta semana se retoman en la Audiencia Nacional las sesiones con nuevas testificales del juicio por las presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de las obras de ampliación del puerto asturiano de El Musel, que tuvieron un sobrecoste de 250 millones de euros. Cuatro ex altos cargos de Puertos del Estado y 16 responsables de las empresas, que formaban parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Dique Torres, se sientan en el banquillo de los acusados.

La Fiscalía Anticorrupción dirige la acusación contra Fernando Palao, exsecretario de Estado de Transportes en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; Mariano Navas, expresidente de Puertos del Estado, Fernando Menéndez Rexach, expresidente de El Musel, y José Luis Díaz Rato, exdirector del puerto gijonés. Para todos ellos solicita una pena individual de tres años de cárcel por un delito de fraude.

El Ministerio Fiscal reclama además que los exaltos cargos sean inhabilitados para ejercer cargos o empleos públicos por delitos de prevaricación administrativa: reclama 18 años de inhabilitación para Díaz Rato, otros 25 para Menéndez Rexach y sendas peticiones de nueve años de inhabilitación para Mariano Navas y Fernando Palao, respectivamente.

Otros 16 responsables de las empresas que formaban parte de la UTE Dique Torres, que resultó adjudicataria de la obra y estaba integrada por dos empresas del grupo ACS (Dragados y Drace), por FCC, por una empresa del grupo OHL (Sato) y por Alvargonzález Contratas, afrontan una petición fiscal cada uno de dos años de prisión y otros nueve años de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público como cooperadores necesarios en el delito de fraude.

La Fiscalía reclama asimismo al expresidente del puerto gijonés el pago de una indemnización de 8,3 millones a la Asociación de Vecinos del Alto Aboño por la expropiación de unos terrenos que no se llegaron a utilizar y que supuso el derribo de varias edificaciones. Asimismo reclama la responsabilidad civil subsidiaria de la Autoridad Portuaria de Gijón.

Los sobrecostes y la fiscalización europea

La obra de ampliación fue adjudicada en 2005 por 580 millones de euros a Dique Torres, pero una vez iniciada la ejecución del contrato, la UTE planteó un incremento en los precios de los materiales que la Autoridad Portuaria de Gijón aprobó a través de un modificado. La UTE había señalado en su oferta que los materiales se extraerían de las canteras de Aboño, en Gijón, propiedad de Hidroeléctrica del Cantábrico (HC), y de Perecil, pero al prohibir la explotación de ésta última el Ayuntamiento de Carreño, municipio asturiano al que pertenecía, la adjudicataria recabó materiales de otras canteras comerciales más alejadas de la obra, entre otras, de León.

La obra finalizó en diciembre de 2010 cuando su coste ya superaba los 830 millones y al haber sido financiada en parte con fondos europeos, la Comisión Europea puso su lupa en esta infraestructura y solicitó a España que devolviese la subvención de 247,5 millones concedida al proyecto.

La Fiscalía comenzó a sospechar que el caso podría adquirir tintes de corrupción en Asturias a raíz de un informe emitido por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que puso el foco en «algunas de las graves irregularidades detectadas en la ejecución de las obras de ampliación del puerto de El Musel», según señaló la Audiencia Nacional cuando dictaminó su competencia para investigar los hechos porque entendía que la presunta defraudación de fondos públicos “pudo afectar a la economía nacional”.

Antes de esta decisión, en el año 2009, el partido asturianista Andecha Astur ya había denunciado el incremento de los precios de los materiales y sostenía que gran parte de éstos los había obtenido la empresa adjudicataria sin contraprestación, además de poner el acento en la imposibilidad de conocer la cantidad real de materiales utilizados. Posteriormente, Podemos también denunció públicamente que se trataba “de un caso de corrupción sin precedentes” en el Principado de Asturias.

Los argumentos exculpatorios de los acusados

En el juicio ya se han escuchado los testimonios exculpatorios de todos los acusados, que han negado cualquier responsabilidad en los delitos imputados y han ensalzado la relevancia de la obra en los futuros tráficos del puerto gijonés.

Fernando Palao, que ejerció como secretario general de Transportes en el Ministerio de Fomento entre 2004 y 2008, reconoció que convocó una reunión en 2006 a la que asistieron representantes de la Autoridad Portuaria de Gijón y la UTE Dique Torres, para tener información “en detalle” sobre los problemas que había suscitado la obra para su posterior traslado a la entonces ministra, Magdalena Álvarez, ante el “debate vivo” que se había planteado en Asturias ante los retrasos en la obra por los problemas en la explotación de las canteras previstas y al no poder la UTE desarrollarla en función de su oferta.

Fernando Menéndez Rexach, que presidió la Autoridad Portuaria de Gijón desde mayo de 2004 a julio de 2011, mantuvo que las obras de ampliación del proyecto -que calificó como “pionero a nivel mundial”- estaban avaladas por Puertos del Estado y justificó los modificados en los “problemas técnicos” suscitados.

José Luis Díaz Rato, que estuvo al frente de la dirección del puerto gijonés entre febrero de 2000 y noviembre de 2011, aseguró que el primer proyecto de ampliación le “fue impuesto” por Puertos del Estado ya que, aunque él aportó varios informes técnicos que indicaban que no era “ni el más indicado, ni el más efectivo”, le dijeron que “debía llevarlo adelante y tenerlo terminado en 2008 porque en caso contrario no habría financiación”.

Por su parte, Mariano Navas, que ejerció como presidente de Puertos del Estado desde marzo de 2004 a abril de 2009, explicó que cuando él accedió al cargo pensó que “el tema” de la obra de ampliación de El Musel “estaba ya saneado” y reconoció que ha sido ahora, al estar acusado y haber accedido al sumario, cuando se ha enterado “más de los problemas del puerto de Gijón porque en aquella época no tenía conocimiento de los hitos de la ejecución de la obra”.

De una presunta prevaricación “de libro” a negarlo todo

Entre los testigos que han comparecido hasta ahora en la vista oral destaca la declaración de Raimundo Abando, que fue nombrado presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés durante los diez meses que Francisco Álvarez-Cascos ocupó la presidencia del Gobierno de Asturias, en el año 2011. Abando ratificó ante los magistrados que el que fuera consejero delegado de Ferrovial, Joaquín Ayuso, le había comentado en una conversación privada que “se sabía de antemano” que había un “caso de prevaricación de libro” en la adjudicación de las obras de ampliación del puerto de El Musel, en Gijón. Unas declaraciones que Ayuso desmintió rotundamente.

El Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (OCAN), que ejercita la acusación popular en el conocido popularmente como “caso Musel”, reconoce que en este procedimiento hubo “cientos de millones de euros de fondos europeos que se fueron al fondo del mar, con sobrecostes y facturas infladas de dinero público que acabó siendo presa del fraude a la hacienda pública”. El juicio, del que aún quedan 13 sesiones, continúa en la Audiencia Nacional hasta el próximo mes de junio.

“Es una promoción fantástica, con muy buenas calidades. Los pisos han volado”, dice al teléfono una agente comercial, instando al interesado a actuar rápido para no desaprovechar la oportunidad inmobiliaria, infrecuente en un municipio como Las Rozas, del Madrid llamado rico. De 37 viviendas planeadas, solo quedan “una primera y una segunda planta, con tres dormitorios, dos baños, cocina y salón”. La ganga “está a partir de 317.000 euros más IVA, con dos plazas de garaje y trastero”, añade la voz, que se compromete a enviar más información por correo electrónico, pero no lo hará.  

Los planos y dosier remitidos a otros potenciales compradores, sin mayor secretismo, indican que ese precio “sin competencia” corresponde a un piso de 75 metros cuadrados útiles que, sin embargo, debería costar, como mínimo, unos 70.000 euros menos, porque es de protección pública. El sobrecoste en este y otros pisos, más unas condiciones de pago que exigen un fuerte desembolso inicial y años de mensualidades, además de la hipoteca, han causado revuelo en la localidad, gobernada por el PP. El Ayuntamiento, que vendió los terrenos a la promotora, se limita a trasladar que ha pedido a la Comunidad de Madrid que mire a ver si es cierto lo que denuncian los vecinos. El gabinete de Isabel Díaz Ayuso sostiene que lo está investigando.

En Las Rozas todavía colea el caso de la urbanización El Montecillo, de viviendas públicas para alquiler con derecho a compra que el fondo Fidere adquirió de la Sareb cuando la crisis inmobiliaria apretaba. Las drásticas subidas de la renta que el fondo impuso al término del plazo legal obligaron a muchos inquilinos a marcharse a partir de 2017. Justo al lado, junto a la vía pública, hay una parcela triangular de 2.800 metros cuadrados que el Ayuntamiento quiso destinar a vivienda pública el año pasado. Pero antes que promover la construcción directamente, el gobierno local del PP decidió sacarla a concurso. Una jugada redonda, según el cálculo estrictamente dinerario, porque de los 2,58 millones de euros de presupuesto base de licitación, la oferta que resultó ganadora, a cargo de Acceso Sociedad Cooperativa, fue de 4,41 millones. Ninguna otra de las 15 presentadas llegó a los cuatro millones, y la mayoría no pasaron de tres. La cooperativa se comprometía, además, a pagar en un mes. La nueva promoción se llama Mirador del Montecillo.

Normativa del PP de Aguirre

El formato de protección elegido por el equipo de gobierno, que dirige José de la Uz, fue el de Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado (VPPL), una innovación normativa de la Comunidad de Madrid allá por 2005. Esperanza Aguirre estaba en su primera legislatura, con el ladrillo disparado por el crédito fácil, y el gobierno regional juzgó conveniente crear una categoría inmobiliaria para “capas con un mayor nivel de renta”. Los precios seguirían tasados, pero los pisos podrían ser más grandes y los ingresos de los aspirantes, más altos (7,5 veces el IPREM, en lugar de 5,5 veces). Se mantuvo el requisito general de no tener otra vivienda. Aplicados los coeficientes de ajuste, resulta que este año cualquier familia de dos personas que hayan cobrado 74.143 euros en 2020, el ejercicio de referencia, podrá acceder a una VPPL.

El coste sería menor que en la vivienda libre, en cualquier caso, así que se entiende la sorpresa de los interesados que empezaron a llamar cuando vieron el anuncio en el portal inmobiliario Idealista. Para un piso de 75 metros cuadrados útiles, el importe máximo debería ser de 182.000 euros, según las tablas de la Comunidad Madrid, que fijan un tope para Las Rozas de 2.425,60 euros por metro cuadrado. Aunque en la documentación de la promoción a la que ha accedido elDiario.es no figura la superficie de las plazas de garaje y los trasteros, tomando como medida el máximo normativo de 25 metros cuadrados por plaza y ocho por trastero, y aplicando los módulos de precios respectivos, el total podría apenas superar los 246.000 euros, 71.000 por debajo de los 317.000 que se pide por teléfono. 

Además del importe bruto, abruman las condiciones de pago. Para el piso de referencia de 317.000 euros: 60.000 euros en concepto de reserva, más otros 18.400 a la firma del contrato. Además, 30 mensualidades a 1.585 euros y otras seis a 1.100, sin contar los 196.000 euros de la hipoteca. Aquí ya se incluye el IVA. En total, 349.000 euros. Para un bajo, el importe total llegaba hasta los 425.000 euros. El ático, más grande, se ofrecía a casi 440.000. A mayor precio, más caras las reservas y mensualidades, que en algunos casos pasan de 70.000 euros y 1.700, respectivamente. La voz de alarma la dio en febrero un comprador candidato en un foro de Facebook de vecinos de Las Rozas, que hablaba, aportando documentos con el membrete de la promotora, de pagos iniciales de hasta 125.000 euros entre la reserva y la firma. “Las condiciones salvajes […] van orientadas a que le paguemos a la constructora el suelo”, razonaba.

Sin pudor en la oficina de venta

El comprador se llama Aitor Haro y por teléfono señala que cuando vio el anuncio en la web se pasó una semana llamando por teléfono para conseguir cita. Tras conseguir hablar con la promotora, se presentó a la reunión con el dinero de la señal “en la boca”. “Soy vecino de Las Rozas y tengo el problema que tenemos todos, que estamos como locos porque no encontramos una vivienda a un precio medianamente razonable. Un piso normal de dos o tres habitaciones puede salir entre 500.000 y 650.000 euros. Es una barbaridad”, explica. Durante la reunión, la comercial le explicó sin subterfugios que los pisos se venderían a una cantidad, pero se escriturarían por el máximo legal. “Te lo dicen y no se ponen ni colorados”, protesta. Haro se lo pensó mejor y decidió no abonar la reserva. Seguirá pagando 1.260 euros por un piso de alquiler de 55 metros cuadrados. 

Sí decidió arriesgarse, a pesar de los recelos, María (nombre ficticio), madre soltera que ahora duda si echarse atrás. Dice que lleva bastante tiempo buscando piso y que lo de los sobreprecios en vivienda pública es bastante común. “Pensé que quizás era algo normal”, cuenta. En la visita le dijeron que el coste elevado respondía a que el Ayuntamiento había vendido caros los terrenos, ocultando que fue la promotora la que pujó fuerte por ellos. La semana pasada, en una reunión de cooperativistas, la informaron de que los precios podían subir más aún, porque los materiales escasean. “Las ventanas que iban a ser de aluminio, ahora serán de PVC”, relata. Dice que tiene firmado que los 60.000 euros de señal que ha dejado para un piso de 350.000 euros los podrá recuperar antes de la firma, que se prevé para dentro de un año. “Estoy mirando a ver si hay algo que me compense, pero es que está todo tan caro. En la reunión de cooperativistas vio caras de preocupación. ”La gente no las ve todas consigo, pero la necesidad aprieta“, explica.

El Ayuntamiento despeja responsabilidades

Ciudadanos y la edil de Unidas por las Rozas Patricia García, que ya se había opuesto a la venta de los terrenos, llevaron la cuestión ante el Ayuntamiento, que una vez ha vendido el terreno, despeja para arriba. “El Ayuntamiento ha recopilado toda la información al respecto de esta promoción de viviendas recogida por los técnicos municipales, vecinos interesados y de los grupos políticos que se han preocupado por el tema. Esa información se ha enviado a la Comunidad de Madrid para que sean ellos los que resuelvan e indiquen cómo proceder, antes de conceder la licencia de construcción”, responde por correo electrónico un portavoz.

La propia Consejería de Vivienda, que en Madrid es también la de Medio Ambiente y Agricultura, indica lo que puede haber pasado. “Les hemos pedido documentación para determinar si es una promotora encubierta de vivienda libre”, apunta un portavoz del departamento, que indica que se ha requerido tanto a la cooperativa como a la gestora de la promoción que envíen los contratos firmados de compra-venta. “Si se comprueba que están vendiendo por encima del precio, habrá multa y tendrán que devolver el sobreprecio”, advierte, tras asegurar que la promoción todavía no tiene la calificación profesional de vivienda pública.

En la consejería dudan de que las viviendas se hayan podido vender tan rápido los pisos faltando todavía este trámite inicial. Las palabras de apremio de la vendedora podrían ser una estrategia de marketing para espolear a quienes dudan, pero en Unidas por Las Razonas aseguran que las llamadas a su edil de vecinos preocupados seguían sucediéndose a mediados de abril. Tras la denuncia en redes, la promoción desapareció de Idealista, pero todavía figura en la página web de la gestora, Poscam Gestión Inmobiliaria. 

El inicio de la pandemia puso patas arriba a todas las administraciones, que tuvieron que hacer frente a situaciones de urgencia sanitaria para las que no estaban preparadas. Casi dos años después de aquel terremoto, la Sindicatura de Comptes, el órgano de fiscalización catalán, ha analizado la contratación de emergencia realizada durante el año 2020 por la Generalitat y ha hallado que, pese a que la mayoría de los contratos fueron correctos, también hubo pagos “indebidos”, según sus palabras, sobrecostes en algunos bienes y servicios y, en general, mucho desorden en los expedientes.

Uno de los casos más flagrantes reflejados en el informe es el llamado 'expediente 69'. Se trata de un contrato con Innjoo Technology para obtener 300 respiradores de ventilación mecánica por valor de 4,4 millones de euros, firmado en abril de 2020. Esta adquisición fue adjudicada “a una empresa extranjera unipersonal que tiene un único trabajador, y su objeto social no incluye la actividad objeto de contrato”, según hace notar el informe de la Sindicatura, que subraya que en el momento de la adquisición esos respiradores aún no contaban con la licencia de la Agencia del Medicamento.

Pero las sombras sobre este expediente crecen porque, después de que ocurriera este intercambio, el Departamento de Salut le hizo al proveedor un pago incorrecto de 7,9 millones por encima del precio referido, debido a un fallo informático en la compensación de las facturas. El informe detalla que, en el mes de julio, el Instituto Catalán de la Salud reclamó al proveedor el importe de la deuda pendiente pero, “en la fecha de finalización del trabajo de campo, este importe no había sido resarcido en la Tesorería de la Generalitat”.

El expediente 69 es solo uno de los casos a los que el informe apunta en todo un compendio de caos en la contratación a lo largo de los casi 10 meses analizados. La Sindicatura ha revisado en total 6.114 contrataciones, por valor de 704 millones de euros, de los cuales se han hallado problemas en más de 200 expedientes. Uno de los más frecuentes ha sido el de los sobrecostes. Así ocurrió por ejemplo en contrataciones del propio ICS, o también del Consorci Sanitari de Terrassa, que facturaron materiales que no se incluían en el contrato, o en otros dos casos del ICS, en los que hubo un recargo de 260.000 y 440.000 euros sobre el importe previsto en la resolución, porque se entregaron suministros superiores a las cantidades acordadas.

En un expediente de compra de mascarillas FFP2 a China, cerrado en octubre de 2020, la Sindicatura ha detectado que según los albaranes se entregaron 422.400 unidades menos de las acordadas, lo que supone que 206.976 euros se perdieron. U otros dos casos, en esta ocasión por prestación de servicios, en el que los costes total superaban “de forma significativa el precio de adjudicación del contrato”, con unas desviaciones detectadas de 570.005 y 438.206 euros. Además, hasta en hasta una decena de expedientes el ICS decidió modificar los términos de la compra en medio de la ejecución de los contratos, según recoge la documentación aportada.

A lo largo de una decena de páginas de conclusiones, la Sindicatura hace un repaso somero de lo que fueron varios meses en los que el desorden se instaló en los órganos de contratación, que bajo el estado de alarma corrieron a hacer contratos inmediatos, sin concurrencia pública ni concursos. En muchos de los casos los problemas detectados tienen que ver con que falta documentación, algunos de los trámites no se cumplieron o la justificación del organismo no es satisfactoria. En sus alegaciones tanto el ICS como otras instituciones sanitarias del sector público reclaman tener en cuenta la situación de presión con la que trabajaron.

Pese a todo eso, la Sindicatura también saca los colores al Govern por uno de los contratos más polémicos y, también, más abultados económicamente, como fue el contrato adjudicado a Ferrovial para las labores de rastreo de positivos en junio del año 2020, por valor de 17 millones de euros. El informe subraya que esta adjudicación se hizo mediante varias modificaciones del contrato que Salut ya tenía en marcha para gestionar el teléfono de información sanitaria 061, lo que supuso un aumento del precio de un 50% desde el inicio. Pero, además, indica que se incumplieron los plazos para dar publicidad a una de las modificaciones y que, las otras dos, “se tramitaron con posterioridad al inicio de la ejecución de los gastos que los motivaron”.

Con todos estos casos sobre la mesa, la Sindicatura hace varias recomendaciones. La primera es que, aunque está permitido, se eviten cerrar contratos verbales pero, en el caso de que sea imprescindible, que se deje posteriormente constancia por escrito. El informe ha detectado 71 expedientes en los que no se formalizó el contrato de forma documental. Además, sobre la nueva normativa aprobada por la Generalitat para la contratación de emergencia, la Sindicatura recomienda que se evite habilitar a organismos concretos o en situaciones concretas a hacerlo. Por último, el informe urge al Govern a reclamar a tres proveedores en concreto a devolver los pagos abonados en exceso.

El Ayuntamiento de Cullera se ha visto obligado a retirar las planchas metálicas que recubrían los lados del Pont de la Bega ante el riesgo de caída que presentaban las mismas, hecho que se va vuelve a evidenciar durante el último temporal Gloria.

El consistorio ha quitado las planchas que estaban en la cara norte para evitar que caigan en el río o a la vía pública. Estas chapas presentaban problemas de sujeción y mantenimiento que atentaban contra la seguridad de las personas. La fuerza del viento y la mala fijación desde el momento inicial de la construcción del puente —hace ahora casi 14 años— habían soltado las planchas metálicas y suponía un peligro para la seguridad ciudadana.

Se da la circunstancia que este puente fue construído -entre otros- para mejorar el acceso al proyecto urbanístico fallido del 'Manhattan de Cullera', teniendo una longitud de 417 metros fundamentalmente sobre el río Xúquer y una anchura de 23 metros con 6 carriles para coches y dos aceras, y tuvo un sobrecoste final de 5 millones de euros.

El concejal de Urbanismo, Bernat Escolá, califica el proyecto de “despropósito”, una infraestructura que lamenta “todavía seguimos pagando a través del plan de ajuste”. Añade también que el Pont de la Beba es una infraestructura prácticamente nueva en términos urbanísticos, y que las malas condiciones meteorológicas del último mes solo han hecho que volver a sacar a la luz los problemas que presenta desde su construcción.

Escolá indica que el Pont de la Bega, “ha supuesto desde su construcción una fuente de problemas para Cullera”. “Es el símbolo de unas políticas irresponsables en el pasado que endeudaron nuestra ciudad e hipotecaron el Ayuntamiento durante décadas”, concluye el responsable de Urbanismo.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha visitado este martes La Palma y ha celebrado una ronda de reuniones con instituciones palmeras. Tras reunirse con el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, y el Consejo de Gobierno insular, subrayó que el Archipiélago precisa de un “cambio de ritmo” para recuperar el pulso económico y la calidad de los servicios públicos esenciales, además de acabar con el “injusto” reparto de la riqueza.

“Debemos trabajar para romper la dinámica que nos sitúa a la cola de los parámetros sociales, económicos y medioambientales; para mejorar los servicios sociales, la educación y la sanidad, y para luchar contra el cambio climático y defender nuestras singularidades”, precisó.

Durante la reunión en el Cabildo se abordaron asuntos de especial incidencia en La Palma, como el sobrecoste del transporte del combustible, el desarrollo turístico de la Isla, el futuro del sector primario, los proyectos relacionados con la ciencia y la astronomía o la oferta universitaria.

En relación con el combustible, el vicepresidente recordó que los Presupuestos autonómicos recogen una partida para sufragar su sobrecoste, “algo que viene ocurriendo desde hace una década sin que nadie hubiera tomado ninguna medida”.

Rodríguez aseguró, a este respecto, que el Gobierno destinará los fondos que sean necesarios -la partida para este año es de 1,5 millones de euros- para compensar el estricto sobrecoste del transporte del combustible, pero que también combatirá “la especulación y las normas contrarias al libre mercado, como las prácticas monopolísticas”.

“Estamos analizando los datos con todo detalle y hay cosas que no se explican en el coste del combustible en las islas no capitalinas por lo que hablaremos con los proveedores e intentaremos dialogar con ellos; si esta vía no funciona -añadió- recurriremos a la denuncia”.

En relación con el desarrollo socioeconómico de La Palma, el vicepresidente subrayó el potencial de la Isla para avanzar hacia un modelo turístico con perfil propio, basado en la sostenibilidad, “que ya no es una mera palabra, sino un compromiso global”.

En cuanto al sector primario, reiteró el compromiso del Gobierno de Canarias para el mantenimiento de las políticas públicas -europeas, españolas y canarias- en defensa del sistema agrario y recordó el incremento del 12,2 por ciento de las partidas previstas en los Presupuestos autonómicos para este sector.

Rodríguez valoró también la apuesta de La Palma por la diversificación económica a través de la ciencia y la astronomía, y confió en que el trabajo desarrollado por las instituciones canarias permita la instalación del TMT.

Del mismo modo, el vicepresidente se comprometió a estudiar la eventual mejora de la oferta universitaria en la Isla, en el sentido de avanzar hacia una modelo más presencial en los estudios de Enfermería y de analizar opciones de implantación de otros.

Rodríguez y Hernández Zapata coincidieron igualmente en la conveniencia de la reprogramación del Fdcan para ajustarlo a las capacidades de gestión de las corporaciones insulares

Santa Cruz de La Palma y Tazacorte

Tras las reuniones en el Cabildo, el vicepresidente mantuvo también un encuentro en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma con su alcalde, Juanjo Cabrera, y su Junta de Portavoces, a quien reiteró la voluntad de cooperación del Ejecutivo. Entre los asuntos abordados en relación a la capital palmera, estuvieron los problemas de vivienda o la mejora de las infraestructuras sanitarias y educativas.

El vicepresidente concluyó su ronda de contactos en el Ayuntamiento de Tazacorte, donde fue recibido por el alcalde, Juan Miguel Rodríguez, y donde se reunió con la Junta de Gobierno municipal. La vivienda ocupó también buena parte del contenido de estas reuniones.

El vicepresidente estuvo acompañado en las reuniones por el director general del Gabinete, Martín Marrero; el director general de Coordinación y Apoyo Técnico a la Vicepresidencia, Miguel Ángel Pulido, y la directora general de Relaciones Institucionales de la Vicepresidencia, Carmen Nieves Gaspar.

El diputado palmero de Coalición Canaria Jonathan Felipe pide al Gobierno de Canarias que aplique medidas para corregir el sobrecoste de la doble insularidad. “El Ejecutivo, que se está centrando en la subida de impuestos, también podría crear bonificaciones fiscales para compensar las desventajas que padecen las islas no capitalinas”, señala.

Jonathan Felipe aprovechó su intervención en la comparecencia de la consejera de Economía, Carolina Darias, para denunciar que el alto precio de la gasolina en las islas no capitalinas viene a agravar notablemente las condiciones, ya de por sí desventajosas, de la doble insularidad. “Podríamos hablar incluso de triple insularidad, porque al encarecimiento de productos y servicios debido al coste del transporte aéreo marítimo de mercancías, se suma el alto precio que debemos pagar por el transporte por carreteras debido al alto precio de los carburantes”, señaló.

Jonathan Felipe aseguró que esta “triple insularidad” afecta a la vida diaria del común de los ciudadanos de La Palma, El Hierro, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura, que deben hacer frente a unos sobrecostes que merma su capacidad de ahorro y de gasto y que, por tanto, lastra el crecimiento económico, con especial incidencia en las Islas Verdes.

El diputado de Coalición Canaria cerró su intervención apelando a la responsabilidad del Gobierno de Canarias y a la solidaridad de las islas capitalinas para que se pongan en marcha todas las medidas correctoras que sean necesarias para compensar los sobrecostes derivados de la lejanía y de la doble insularidad “para que, en justicia, todas las canarias y canarios tengan las mismas oportunidades para crecer de forma igualitaria y simétrica”, concluyó.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha desdeñado este jueves la denuncia pública lanzada por el PSOE de Burgos, en la que los socialistas aseguraban haber descubierto un nuevo sobrecoste en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU). “No dejamos de sorprendernos cada día con estos descubrimientos. Lecciones las justas y un poquito más de trabajo y de rigor”, ha espetado Igea en la  rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta.

Como ya había declarado el Gobierno autonómico, los más de 8 millones de euros que el PSOE achaca a un sobrecoste, se trata de una cifra prevista en el pliego del contrato firmado con la concesionaria, relativo a la actualización del IPC. “Intentar vender a los ciudadanos que han descubierto un sobrecoste es una investigación del tipo 'Mortadelo y Filemón, Agencia de Información'”, ha ironizado el vicepresidente.

La secretaria general del PSOE de Burgos y cabeza de lista al Congreso, Esther Peña, llamó este miércoles “cobardes” a los responsables del PP y Ciudadanos en la Junta por tratar de ocultar la aprobación de lo que consideran “un nuevo sobrecoste” de 8.739.316 de euros. Los socialistas denunciaron, además, que el Consejo de Gobierno autorizó la actualización del contrato de concesión sin hacerlo público.

“Lo que me planteo es cual alternativa ¿el incumplimiento del contrato?”, se ha preguntado Igea, quien ha apuntado a que si el dato del IPC hubiese sido negativo, el resultado hubiese sido económicamente favorable parla Junta. El vicepresidente, que no ha explicado a qué ejercicio corresponde el dato del IPC, ha retado a los socialistas a “acudir a un juzgado” si creen que hay algún error. “Cualquier día van a descubrir que la tierra es redonda y les aseguro que no es una novedad”, ha rematado. 

Investigación sobre las incompatibiliades

Sobre la investigación abierta por posibles incompatibilidades de directivos médicos de Sacyl en Castilla y León, tal y como publicó eldiario.es, Igea ha reiterado que todo el personal sanitario debe cumplir la ley. Además ha añadido, que se ha procedido a investigar el hecho y que, como se trata de una investigación reservada, hasta que no se lleve a cabo no podrán hacerse públicos sus resultados.

Fiscalía de València ha procedido al archivo de la investigación por presuntos sobrecostes de 14 millones en la compra de trenes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) durante la etapa del PP al frente del Consell.

Fuentes del ministerio público han informado a eldiario.es que la sección de Delitos Económicos desestimó la causa el pasado 15 de julio al no hallar indicios de delitos.

El Consejo de Administración de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) acordó en mayo de 2018 trasladar simultáneamente a Fiscalía y a la Intervención General de la Generalitat la auditoría encargada por este órgano y en la que se ponen de manifiesto presuntas irregularidades en la adquisición de trenes y suministros en seis expedientes correspondientes a la etapa del PP en la que Marisa Gracia fue gerente de la empresa.

Como informó este diario, el informe destaca la aparición de sobrecostes sin estar debidamente justificados por un valor de alrededor de 14 millones de euros entre los años 2000 y 2007.

Además, la dirección de la empresa no aplicó a las adjudicatarias penalizaciones por valor de 1,3 millones de euros por los retrasos en la entrega de trenes, cuyos plazos en muchos casos fueron modificados.

La Fiscalía decidió a principios del pasado año prorrogar seis meses más las diligencias de investigación abiertas tras recibir en junio del año pasado toda la documentación de FGV. Sin embargo, finalmente el caso ha quedado archivado.

Al respecto, fuentes de la Conselleria de Obras Públicas han explicado a eldiario.es que en principio no se plantean nuevas acciones legales, puesto que con el rechazo de la Fiscalía la probabilidad de que una denuncia en los juzgados prosperara sería muy reducida.

Compra de trenes para una línea inexistente

El documento de FGV trasladado a la Fiscalía  cuestiona también la compra en el año 2007 de 42 trenes (22 de cuatro vagones, más 20 coches remolques intermedios) por un valor de 186 millones de euros, puesto que el objeto del contrato de la compra de los trenes era cubrir la prolongación de la línea 1, cuando dicha prolongación ni siquiera se había licitado.

El mencionado proyecto se presentó a las pocas semanas del accidente de metro que dejó 43 muertos y 47 heridos y consistía en eliminar la curva del accidente (entre plaza de España y Jesús) mediante la prolongación de la línea 1 desde plaza de España hasta la nueva Fe. Una actuación que no solo no se había licitado en el momento de la compra de los trenes, sino que nunca llegó a ejecutarse ejecutarse.

El arranque de legislatura del Gobierno de Navarra (una coalición de PSN, Geroa Bai y Podemos) ha estado marcado por las críticas de la oposición ante el aumento de Consejerías y Direcciones Generales, y el consiguiente incremento de personal de confianza. Tras la sesión de Gobierno de este miércoles, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Ejecutivo foral, Javier Remírez, ha cifrado en 1,65 millones de euros anuales el sobrecoste de la estructura básica del Ejecutivo, encabezado por María Chivite (PSN). En total, 6,6 millones de euros en los cuatro años de la legislatura.

Si se analiza por ejercicio económico, y según lo confirmado por el portavoz del Ejecutivo foral, el coste referente a altos cargos, consejeros y directores generales se aproxima a 1,32 millones de euros anuales. Es decir, 5,28 millones de euros en toda la legislatura. Si se suma al personal de los gabinetes, la cifra rondaría los 1,65 millones de euros anuales y ascendería a los 6,6 millones de euros en una legislatura completa. Al desglosarlo por puestos de trabajo, queda confirmado que el Gobierno de Navarra ha añadido a su plantilla a 4 consejeros, 4 jefes de gabinete, 10 directores generales, 4 secretarios generales y 1 director técnico. En total, 23 personas, cuyo salario medio ronda los 71.739 euros.

Por otra parte, y de acuerdo con las últimas cifras oficiales, el coste total anual de personal del Gobierno de Navarra ronda los 1.346 millones de euros anuales. Por lo tanto, los altos cargos del Gobierno suponen un 0,12% del presupuesto anual destinado a personal.

Se ha aclarado así el debate -que ha durado varias semanas- sobre el número exacto de altos cargos que ha añadido Chivite a su gobierno. Una cifra que difería en función de la fuente consultada. Teniendo como referencia la última legislatura de Uxue Barkos, el gobierno de María Chivite ha aumentado en cuatro el número de consejerías (de 9 a 13) y en diez las direcciones generales (de 22 a 32). En consecuencia, el número de altos cargos o cargos de confianza -elegidos por los partidos en el gobierno- también se ha visto incrementado. Siguiendo el parámetro utilizado en los presupuestos generales, el número de “cargos políticos y eventuales” -sumando todas las unidades que conforman los departamentos: consejeros, directores generales, jefes de gabinete, secretarías técnicas, secretarías de gabinete y organismos autónomos- ha aumentado a 99. Un total de 9 personas más que las contabilizadas durante el último año de legislatura de Barkos (90).

Aún así, todavía puede haber algún pequeño matiz en los números finales. El portavoz del Ejecutivo foral ha explicado que están “a la espera de la redacción de los decretos de estructura de los departamentos y en función de eso, con la definición de las distintas direcciones de servicio y la estructura más básica a nivel funcionarial, habrá un cálculo más concreto a la baja o al alza”. La información ha sido dada a conocer después de que EH Bildu registrase una pregunta parlamentaria relativa al “sobrecoste del cambio de estructura y la macrocefalia”.

Una jueza de Barcelona ha archivado la causa que abrió a cargos de Adif y responsables de constructoras por inflar presuntamente facturas en las obras del AVE en La Sagrera, al entender que el sobrecoste de 82 millones de euros se debió a la “urgencia” para acabar con los plazos de ejecución del proyecto.

En un auto, la titular del juzgado de instrucción número 26 de Barcelona acuerda archivar la causa, que se abrió en 2016 a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción y que acusaba a una veintena de cargos de Adif, responsables de obra y directores técnicos de contratistas de inflar la facturación de las obras del AVE hasta causar un desvío de 82 millones de euros.

Después de tres años de investigaciones, en los que se han realizado informes periciales de los tramos del AVE bajo sospecha, la instructora ha dado carpetazo a la causa, al concluir que no ha habido “menoscabo en los fondos públicos”. Para la jueza, el sobrecoste obedeció a unas “obras imprevistas y urgentes en su realización, con una voluntad de priorizar el cumplimiento de plazos de ejecución”, de manera que se reservó para el final el cobro total de los trabajos ejecutados aún no proyectados.

La jueza señala que la reclamaciones económicas por ese desfase en las obras corresponde resolverlas al juzgado contencioso de Madrid al que acudió la UTE perjudicada, un proceso que ha estado paralizado a la espera de que se zanjara la investigación penal, según el auto avanzado por 'El Periódico de Catalunya'.

La querella que motivó esta investigación se basaba en las auditorías que el propio gestor de Infraestructuras Adif llevó a la Fiscalía Anticorrupción tras detectar excesos en las certificaciones de obra de tres tramos próximos a la estación de La Sagrera, adjudicadas entre los años 2008 y 2010. La propia Abogacía del Estado, que ejercía la acusación particular en la causa, ha presentado ahora un escrito el que mantiene que no se opone al archivo de la investigación.

La causa que investigaba el presunto desvío de fondos en las obras de la estación de La Sagrera derivaba de otro procedimiento que el juzgado de instrucción número 9 abrió en 2014 contra una presunta trama acusada de malversar fondos públicos inflando los presupuestos de las obras del AVE entre Madrid y Barcelona. De esa investigación –que fue declarada compleja y está prorrogada hasta diciembre de 2019– se derivaron otras dos causas que también han sido archivadas, en octubre de 2018 y en abril de 2019, por los juzgados de instrucción 22 y 24 de Barcelona.

El pla de mesures correctores per a frenar la regressió de les platges del sud com a conseqüència de l’ampliació nord del port de València no ha arribat a aplicar-se en els termes en què estava previst.

Així ho van reconéixer dijous el president de l’Autoritat Portuària (APV), Aurelio Martínez, i el director general de l’entitat, Francesc Sànchez, que van atribuir aquesta situació a la falta d’autorització per part de la Demarcació de Costes davant l’absència d’un projecte integral definit per a abordar el problema.

Tots dos han valorat en aquests termes sobre el projecte de ‘Regeneració de les platges del Saler i la Garrofera (València)’ que la Demarcació de Costes de València, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha tret a informació pública durant 30 dies, tal com ha informat eldiario.es.

El document assenyala com a responsables de la situació d’aquestes platges (el Saler, la Garrofera i l’Arbre del Gos principalment) “la construcció del port i les ampliacions posteriors, el pla sud de València, en què es definia el nou traçat del riu Túria, i el pla urbanitzador entre el 1965 i el 1981 que va suposar la construcció de 40 blocs d’edificis, carreteres i un passeig marítim en substitució de la primera alineació dunar”.

Pel que fa al port, Martínez va comentar que “l’obra que va tindre un impacte important va ser el moll Príncep Felip; l’ampliació nord va poder tindre un impacte, però molt limitat, perquè es van respectar les línies més allunyades que ja hi havia mar endins, per on flueixen els corrents”.

Segons va explicar, “el que es va fer va ser buscar obres de compensació” i en aqueix sentit, va assegurar que una de les primeres coses que va fer tot just arribar fa quatre anys a la presidència de l’APV va ser reunir-se amb la Demarcació de Costes per veure de quina manera s’invertien “tres milions d’euros que hi havia pressupostats el 2009 i tres milions més el 2010 per a mesures correctores i compensadores per a regenerar les platges”.

Martínez va comentar que no van aconseguir arribar a cap acord perquè Costes deia que volien tindre “un pla de recuperació integral de les platges del Saler” i que no tenien clar si fer-ho “a través de dics o d’aportacions d’arena en el cap de Cullera”.

Davant aqueixa situació, segons el president de l’entitat, els van dir que comptaren “amb aqueixa partida pressupostària per a escometre les obres necessàries”.

Fins ara, segons el responsable del port, s’havien fet aportacions puntuals d’arena del nord al sud “quan s’ha autoritzat”, però, “com que és arena molt fina, quan ve un temporal se l’emporta”.

De la seua banda, el director general de l’entitat, Francesc Sànchez, va afegir que el port, “des que es va fer l’espigó de Llevant fins al que és l’antic far, és quan es va crear la barrera que va tindre un efecte en les platges”.

En aqueix moment, va recordar, “no hi havia declaracions d’impacte ambiental”. No obstant això, va destacar que “les actuacions posteriors que s’han fet s’ha pretés minimitzar o eliminar efectes addicionals i l’última ampliació nord va ser escrupolosa perquè no hi haguera impacte addicional a les platges del sud i es van imposar una sèrie de mesures correctores que des d’aqueix moment vam pressupostar i que fins hui no ens han autoritzat a executar”.

Sànchez va afegir que estan “encantats que es faça aquest pla de millora de la costa i a aportar la partida pressupostària de sis milions per contribuir a corregir aqueixos problemes”.

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) ha pedido este jueves valentía para superar en 2025 las previsiones del abastecimiento de energías renovables fijadas en el 45% en la Estrategia Energética de Canarias.

Así lo ha manifestado el presidente de la patronal hotelera, Jorge Marichal, durante la inauguración de la jornada Energía y Turismo. Claves, sostenibilidad y competitividad del sector turístico en Canarias, celebrada en la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, con el patrocinio de DISA, indica Ashotel en una nota.

Jorge Marichal afirmó que en la energía está la clave de la competitividad del sector hotelero canario, que paga actualmente un sobrecoste medio del 40% en su factura energética en comparación con la Península y Baleares, ya que en Canarias no se puede acceder a otras fuentes de energía más baratas hasta que se alcance el 100% de energías limpias.

“No solo estamos preocupados por tratar de reducir la huella de carbono que genera esta actividad, y que nos lo demandan muchos de nuestros clientes, sino en poder competir en igualdad de condiciones con otros destinos y hoy nuestra factura energética lo dificulta”, dijo el presidente de Ashotel, quien puso de ejemplo que en Canarias en todo el sector hotelero se están pagando unos cinco millones de euros más al año en energía, un coste que supone entre el 15% y el 25% de la cuenta de explotación de un negocio.

“Si el futuro pasa por las renovables, debemos ser más valientes y apostar por unas energías para las cuales Canarias parece ser uno de los mejores territorios para su implantación”, dijo Marichal, quien avanzó las intenciones de Ashotel de impulsar un proyecto de energía fotovoltaica en Tenerife que permita contribuir a reducir al máximo la huella de carbono que genera el turismo.

Además, tendió la mano a las administraciones responsables para que apoyen iniciativas de este tipo, con las que no solo contribuir a la conservación del medio ambiente sino a reducir los costes energéticos actuales.

La Fiscalía de València ha prorrogado seis meses más las diligencias de investigación abiertas tras recibir en junio del año pasado toda la documentación de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) relativa a los presuntos sobrecostes de 14 millones de euros en la compra de trenes entre los años 2000 y 2007, con el PP al frente del Consell

Así lo han confirmado fuentes del ministerio público a eldiario.es, las cuales han añadido que este es plazo estipulado legalmente cuando se solicita prolongar una investigación y que en principio no está previsto solicitar una nueva prórroga, por lo que finalizados estos seis meses adicionales el fiscal deberá decidir si archiva el caso, si lo remite al juzgado o si presenta una denuncia.

Fuentes de FGV han comentado al respecto que desde Fiscalía no se ha solicitado nueva documentación sobre los expedientes investigados.

El Consejo de Administración de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) acordó el pasado 28 de mayo trasladar simultáneamente a Fiscalía y a la Intervención General de la Generalitat la auditoría encargada por este órgano y en la que se ponen de manifiesto presuntas irregularidades en la adquisición de trenes y suministros en seis expedientes correspondientes a la etapa del PP en la que Marisa Gracia fue gerente de la empresa.

Como informó este diario, el informe destaca la aparición de sobrecostes sin estar debidamente justificados por un valor de alrededor de 14 millones de euros entre los años 2000 y 2007.

Además, la dirección de la empresa no aplicó a las adjudicatarias penalizaciones por valor de 1,3 millones de euros por los retrasos en la entrega de trenes, cuyos plazos en muchos casos fueron modificados.

El documento cuestiona también la compra en el año 2007 de 42 trenes (22 de cuatro vagones, más 20 coches remolques intermedios) por un valor de 186 millones de euros, puesto que el objeto del contrato de la compra de los trenes era cubrir la prolongación de la línea 1, cuando dicha prolongación ni siquiera se había licitado.

El mencionado proyecto se presentó a las pocas semanas del accidente de metro que dejó 43 muertos y 47 heridos y consistía en eliminar la curva del accidente (entre plaza de España y Jesús) mediante la prolongación de la línea 1 desde plaza de España hasta la nueva Fe. Una actuación que no solo no se había licitado en el momento de la compra de los trenes, sino que nunca llegó a ejecutarse ejecutarse.