FGV lleva a la Fiscalía los 14 millones en sobrecostes por la compra de trenes en las etapas de Zaplana y Camps
Los sobrecostes indebidamente jutificados y las irregularidades administrativas en los procesos de compra de trenes para Metrovalencia en la etapa de Zaplana y Camps como presidentes del Consell acabarán en los juzgados.
El Consejo de Administración de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha acordado este lunes trasladar simultáneamente a Fiscalía y a la Intervención General de la Generalitat la auditoría encargada por este órgano y en la que se ponen de manifiesto presuntas irregularidades en la adquisición de trenes y suministros en seis expedientes correspondientes a los años 2000 a 2007.
La dirección de FGV recibió el pasado 28 de marzo las conclusiones de la auditoría extraordinaria realizada en la empresa a instancias de la presidenta del consejo y consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, tras advertir uno de sus consejeros de posibles irregularidades en la compra de unidades para las líneas de Metrovalencia y TRAM d'Alacant.
Tras las conclusiones de la auditoría, los miembros del consejo acordaron que la empresa pública realizase una investigación interna cuyas conclusiones debían entregarse a los miembros del consejo en la primera convocatoria del mismo, que se ha realizado en la mañana de este lunes.
Ambos informes se han remitido de forma íntegra tanto a la Fiscalía como a la Intervención para que los órganos competentes determinen la existencia de responsabilidades sobre estos expedientes, ejecutados durante la gerencia de Jorge García Bernia y Marisa Gracia en FGV, bajo el mandato del PP en la Generalitat Valenciana.
Como informó eldiario.es, el informe destaca la aparición de sobrecostes sin estar debidamente justificados por un valor de alrededor de 14 millones de euros entre los años 2000 y 2007.
Además, la dirección de la empresa no aplicó a las adjudicatarias penalizaciones por valor de 1,3 millones de euros por los retrasos en la entrega de trenes, cuyos plazos en muchos casos fueron modificados.
El documento cuestiona también la compra en el año 2007 de 42 trenes (22 de cuatro vagones, más 20 coches remolques intermedios) por un valor de 186 millones de euros, puesto que el objeto del contrato de la compra de los trenes era cubrir la prolongación de la línea 1, cuando dicha prolongación ni siquiera se había licitado.
El mencionado proyecto se presentó a las pocas semanas del accidente de metro que dejó 43 muertos y 47 heridos y consistía en eliminar la curva del accidente (entre plaza de España y Jesús) mediante la prolongación de la línea 1 desde plaza de España hasta la nueva Fe. Una actuación que no solo no se había licitado en el momento de la compra de los trenes, sino que nunca se ha ejecutado.
