El Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha fijado para el próximo 21 de octubre el juicio por la pieza separada del 'caso Nazarí' conocida como expediente Obispo Hurtado, en la que están acusados el exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) y la que fuera su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, por supuestas irregularidades en la construcción del edificio donde ambos tienen su residencia, según han informado fuentes judiciales.

La causa ha caído en este juzgado después de que la Audiencia de Granada se declarara el pasado abril incompetente para su enjuiciamiento a tenor de los delitos que se consignan en los escritos de acusación, a las penas asignadas y a la fecha de los hechos, puesto que la licencia de ocupación data de mayo de 2015. Se trata de la primera pieza separada del caso Nazarí en llegar a juicio.

En el banquillo de los acusados se sentarán Torres Hurtado, Isabel Nieto y un antiguo funcionario del área de Urbanismo por presuntos delitos de prevaricación común, prevaricación urbanística y tráfico de influencias.

Tanto la Fiscalía como la acusación ejercida por el Ayuntamiento de Granada pidieron en su día el archivo de la causa, que está relacionada con supuestas irregularidades en una promoción inmobiliaria donde el exalcalde y su concejal de Urbanismo, así como sus respectivos núcleos familiares, “tenían participación”.

El PSOE ha solicitado doce años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público para Torres Hurtado e Isabel Nieto por un supuesto delito de prevaricación común. Lo hace al entender que los dos participaron como promotores en la construcción de este edificio, cuya exigencias urbanísticas fueron “relevantes”, a tenor de lo dispuesto en el PGOU y en el Plan Especial Centro, y que en todas las incidencias ambos intervinieron de “manera decidida, con la finalidad de promover la rápida finalización y ocupación del inmueble en el que ya tenían adjudicadas determinadas unidades”, resolviendo obstáculos que “de otra manera resultarían insalvables”.

La acusación popular ejercida por el empresario Ramón Arenas ha pedido penas de cuatro años y medio de prisión para Torres Hurtado e Isabel Nieto por delitos de prevaricación urbanística y común, y de tráfico de influencias. También ha formulado acusación contra el trabajador, además de pedir la nulidad de la licencia de primera ocupación del edificio y del expediente seguido para su obtención.

El miércoles 13 de abril de 2016, Granada se levantó sobresaltada. Su alcalde del Partido Popular, José Torres Hurtado, acababa de ser detenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Junto a él, su concejala de Urbanismo, Isabel Nieto. Ambos como cabezas visibles de una trama que nacía aquel día para la opinión pública y que la policía llevaba meses investigando. Hace cinco años, nacía la Operación Nazarí. El proceso judicial que puso fin a 13 años de mandato ininterrumpido del PP en la ciudad de la Alhambra y que ha cambiado el escenario político local desde entonces.

Un lustro después, los siete expedientes que provocaron las detenciones y que hoy son las siete piezas separadas que conforman el sumario de la Operación Nazarí, siguen abiertos. Dos de ellos, el que afecta al registro ilegal de la entreplanta de una vivienda y el de los domicilios de Torres Hurtado, Isabel Nieto y sus familiares, han estado cerca de ser archivados por petición de la Fiscalía, pero el Juzgado de Instrucción número 2 los mantiene abiertos. En el caso que afecta a los domicilios de los políticos, la llamada pieza “Obispo Hurtado”, la Audiencia Provincial de Granada tiene pendiente resolver a qué juez de lo Penal se lo encomienda.

El resto de expedientes siguen en una fase de instrucción que debía haber acabado hace un año, pero que por la pandemia del coronavirus tiene su fecha límite en el próximo mes de julio. En todos ellos se investiga una presunta organización criminal de la que el exalcalde de Granada y su concejala de Urbanismo habrían sido sus cabecillas utilizando el Ayuntamiento de la capital a su gusto. La UDEF les señala a ambos y les imputa hasta ocho delitos entre los que se incluyen el blanqueo de capitales, el tráfico de influencias o la malversación de caudales públicos. Además, la causa investiga también a varios empresarios de la construcción como Roberto García Arrabal y José Julián Romero y a altos cargos del área de Urbanismo.

Protagonistas

Sin que se espere la apertura de ningún juicio por alguna de las piezas de la Operación Nazarí hasta, al menos, 2022, lo que sí ha provocado la investigación policial y judicial es remover el mapa político local. Hasta el punto de que el Partido Popular, que desde 2003 había sumado todas las elecciones por victorias de José Torres Hurtado, no solo no ha vuelto a ganar, sino que hoy se tiene que conformar con gobernar en coalición con un alcalde de Ciudadanos como es Luis Salvador. Paradójicamente, el regidor fue pieza fundamental hace cinco años para que los populares dejasen la alcaldía de Granada al romper el pacto que había firmado con el PP y apoyar la moción de censura promovida por el PSOE de Francisco Cuenca.

Cinco años más tarde, apenas se sabe nada de Torres Hurtado, Isabel Nieto o cualquiera de los demás imputados. El que fuera edil estuvo un tiempo en la sombra del Partido Popular de Granada apoyando a la facción que aún le quedaba dentro de la formación de derechas. Tras su salida de la alcaldía y defenderse públicamente diciendo que él no había hecho nada punible, sus declaraciones han seguido esa línea tanto en el juzgado como ante los medios que le han esperado en cada sesión de la causa. Hace casi un año, la Justicia le dio un balón de oxígeno al absolverle del Caso Serrallo, cuya investigación dio pie a la Operación Nazarí. No obstante, al ser procesos distintos, el futuro judicial de Torres Hurtado no está nada claro.

Observando con perspectiva qué es lo que ha cambiado desde que se detuvo al exalcalde de Granada y cuánto ha influido la causa Nazarí en la situación actual de la ciudad, hay que partir de los paralelismos que hay entre abril de 2016 y abril de 2021. Hay tres políticos que estaban entonces y están ahora en el Ayuntamiento de Granada, cuyo futuro, como entonces, también está en el aire. El primero, el alcalde Luis Salvador, tiene ante sí el reto de sobrevivir en un Consistorio en el que cada vez está más solo. Hace un lustro fue él quien permitió que hubiera un cambio en la alcaldía y ahora son otros los que buscan hacer lo propio con su figura. Varios concejales de su equipo de Gobierno, entre ellos del PP con el que pactó, no ocultan en privado que querrían que Salvador dejara de ser el regidor y, por eso, algunos ediles se postulan para sustituirle llegado el momento.

La eterna moción de censura

Los otros dos políticos que, como entonces, tienen su importancia hoy, son Sebastián Pérez y Francisco Cuenca. Pérez era teniente de alcalde con Torres Hurtado cuando este fue detenido. Una semana después dimitió junto a él como parte de un pacto firmado entre ambos para que, si uno caía, el otro se fuera después. En aquel momento ya era evidente la enemistad entre ambos políticos porque Sebastián Pérez aspiraba al puesto que Torres Hurtado tenía y que el PP no le había permitido alcanzar. Quería ser alcalde de Granada a toda costa, pero ese puesto lo ocuparía Francisco Cuenca.

El socialista fue regidor de Granada entre 2016 y 2019 en un mandato difícil sin apoyos que pesó en la ciudad al quedarse sin presupuestos municipales hasta el pasado 2020 ya con Luis Salvador como alcalde. Sin embargo, Francisco Cuenca y Sebastián Pérez vuelven a estar ahora en todas las conversaciones del Ayuntamiento de Granada. El primero porque ganó las elecciones locales y tiene 10 concejales que junto a los 3 de Podemos-IU le dejan a uno solo de la alcaldía y el segundo porque, tras haber dimitido de todos sus cargos en el equipo de Gobierno, mantiene el acta y un pulso con Luis Salvador para quitarle el sillón de mando alegando que pactó que se alternarían a los dos años de mandato, fecha que se cumple justo ahora. Una operación en la que Cuenca y Pérez podrían acabar siendo aliados a través de una moción de censura, aunque los números no son propicios y las voluntades políticas tampoco.

La deconstrucción del PP

Cinco años más tarde, el gran damnificado de la Operación Nazarí fue el Partido Popular de Granada. Desde la pérdida de la alcaldía en favor del PSOE, los populares no han dejado de acumular sinsabores. El primero, solo un año después, cuando el propio Sebastián Pérez revalidó su condición de presidente provincial de los populares granadinos mediante un congreso que acabó en los tribunales. Esa fue la última vez en la que Torres Hurtado tuvo cierta influencia en la política local. Su pupilo, Juan García Montero, que había sido concejal suyo en el Ayuntamiento, le disputó el mandato a Pérez y lo llevó a juicio por un proceso electoral opaco que estuvo a punto de tener que repetirse. El tribunal le quitó la razón a García Montero porque cuando se dictó sentencia el político ya no era afiliado del PP.

Además de eso, de aquel equipo de Gobierno de Torres Hurtado no queda nadie, a excepción de Sebastián Pérez, entre los actuales concejales de los populares en el Consistorio. En las últimas elecciones de 2019, ya con Pérez como cabeza de lista, pasaron de 11 ediles a 7, lo que los ha dejado en una situación muy distinta a la que vivían antes de que la UDEF investigara al exalcalde con Vox haciéndose con parte del electorado y enmendándole la plana en más de una ocasión.

Pero si mala es la situación a nivel municipal, no es mucho mejor a nivel provincial. La caída en desgracia de Sebastián Pérez, propiciada en buena medida por la facción del partido que apoyaba a Torres Hurtado, acabó con el presidente provincial dimitiendo en enero del año pasado. La mala imagen que proyectaba de cara a los afiliados, su desconexión con ellos y la pérdida de confianza de la dirección nacional del PP, fraguó un adiós impensable en 2016 y que hoy da cuenta de la pérdida de peso político que viven los populares en la provincia de Granada. Su nuevo presidente, Francisco Rodríguez, apenas ha logrado un 2% apoyos entre los afiliados en el último congreso provincial que le ha nombrado presidente. Un dato que demuestra que aquel 13 de abril de 2016 no solo cayó el alcalde, sino que hubo un efecto dominó. Hasta el punto de que Granada no ha vuelto a tener estabilidad política desde entonces.

El hielo del Pabellón Mulhacén hace ya tiempo que se deshizo. Desde el 30 de mayo, cuando terminó la temporada, no hay nadie que lo utilice para patinar ya que desde entonces permanece clausurado. Casi medio año después, decenas de personas siguen esperando que se le dé una solución a un edificio de nueva construcción que ha estado rodeado de polémica desde el momento en que fue proyectado; no en vano, forma parte de la investigación de la 'Operación Nazarí' por supuesta corrupción urbanística que supuso la detención y dimisión del anterior alcalde de Granada del Partido Popular, José Torres Hurtado.

Lo que sucede ahora con este recinto deportivo no tiene relación directa con ese procedimiento judicial, aunque sí con problemas burocráticos y legales. El Pabellón Mulhacén, que permite la práctica de patinaje sobre hielo tanto en cursos y actividades como de forma libre, permanece cerrado desde hace cinco meses porque el nuevo equipo de Gobierno de Ciudadanos y PP en el Consistorio no ha logrado llegar a un acuerdo con Don Patín, la empresa que tiene adjudicada la explotación del pabellón. Esta reclama una modificación del contrato que le permita obtener más beneficios a finales de año y el Ayuntamiento ha amagado con concedérsela ignorando el pliego de condiciones con el que se le concedió la licencia para utilizar las instalaciones.

“A riesgo y ventura”

Este medio ha tenido acceso al documento por el que en septiembre de 2014 se le concedió la adjudicación del recinto a Don Patín. En él se detalla uno de los puntos controvertidos que utiliza la empresa para pedir la modificación del contrato: el canon que ha de pagar al Ayuntamiento por el uso de las instalaciones. Según la adjudicación, este es del 15% sobre los beneficios anuales después de impuestos. Sin embargo, Don Patín pidió en agosto que se modificara porque alega pérdidas. Al parecer, la empresa sólo obtuvo beneficios en el primer año de explotación. Entonces le correspondía abonar 5.000 euros en concepto de canon que aún hoy no ha sido pagado según fuentes del Ayuntamiento de Granada.

Ahí es donde reside el problema según la información a la que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía. Fuentes informadas sobre esta adjudicación señalan que “el Ayuntamiento no puede modificar el contrato porque lo solicite la empresa aunque ésta diga que tiene pérdidas”. El motivo es que en el pliego de condiciones se acordó que Don Patín tendría la concesión del Pabellón Mulhacén durante 35 años y que lo haría “a riesgo y ventura”. O lo que es lo mismo, que aunque perdiese dinero, ese no sería motivo para que el contrato se modificara. Por ello, “si el contrato se modifica, el Ayuntamiento podría estar incurriendo en prevaricación”, sostienen las fuentes consultadas.

Sin solución hasta diciembre

El concejal de Deportes, José Antonio Huertas, sostiene que en septiembre tuvieron lugar conversaciones con Don Patín para modificar el contrato. Sin embargo, aclara que no las llevó él sino el anterior director general del área de Deportes que fue quien llegó a pactar verbalmente una modificación que, según el pliego, no sería legal. El edil tiene claro que “el Pabellón Mulhacén no se va a abrir aún porque la empresa así lo ha dicho”. Además, el hielo tarda alrededor de tres semanas en estar operativo por lo que el horizonte de apertura más optimista es el mes de diciembre.

Pero José Antonio Huertas no descarta que se anule la concesión del uso del pabellón. “Si hay que hacerlo, lo haremos de la forma menos lesiva para todas las partes”, aclara. “De momento hay que esperar a que Contratación revise la petición de Don Patín para tomar alguna decisión”. Lo que es seguro es que decenas de usuarios de la instalación tendrán que seguir esperando o entrenando en lugares que no están habilitados para la práctica de deportes de invierno.

Ese es el caso de Paquillo, una de las jóvenes promesas del hockey hielo granadino que a sus 10 años se está viendo obligado a patinar en unas pistas de fútbol que hay a un kilómetro del Pabellón Mulhacén. Su madre se queja de que “el Ayuntamiento no nos recibe”. “Lo peor es el engaño y dar esperanzas a los niños”, sostiene mientras explica que “mi hijo ha pagado la Federación de Deportes de invierno porque está en un programa de detección de talentos y sin patinar ya casi desde septiembre, que empezaba la temporada, terminarán por echarlo”.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada ha acordado la apertura de un juicio oral contra la exedil de Urbanismo, Isabel Nieto, y el exgerente del ramo, Manuel Lorente. La jueza que instruye la causa de la 'Operación Nazarí' ha decidido abrir este nuevo juicio tras la denuncia de uno de los testigos clave que denunció haber sido víctima de acoso laboral y coacciones tal y como se recoge en el auto al que ha tenido acceso este medio.

El testigo que ha denunciado haber sufrido coacciones y acoso laboral es Jacobo de la Rosa. Su nombre es clave tanto en la 'Operación Nazarí' como en el 'Caso Serrallo' porque en su condición de director de Urbanismo realizó informes contrarios a lo que decidían el resto de altos cargos del área en el Ayuntamiento de Granada. De hecho, gracias a sus denuncias se empezó a mover la que es considerada la operación judicial más importante de la historia de Granada capital y que acabó llevándose por delante la alcaldía de José Torres Hurtado (PP) tras trece años consecutivos como primer edil.

Los informes

Jacobo de la Rosa ha pasado los tres últimos años siendo testigo de la 'Operación Nazarí' y esperando su momento. No en vano, ha preferido mantenerse en un segundo plano y esperar a que la justicia le diera su oportunidad para hablar sobre todo lo que le tocó vivir cuando fue director de urbanismo. Pese a que los medios de comunicación han tratado de hablar con él, su respuesta ha sido siempre la de la cautela y la de esperar a que el proceso judicial avanzase. Ahora, con la denuncia que interpuso y que abre juicio oral contra Isabel Nieto y Manuel Lorente, De la Rosa quiere que sea la justicia quien determine si sufrió acoso laboral y coacciones.

Porque el que fuera funcionario de alto rango en Urbanismo estuvo elaborando informes desde 2010 que detallaban lo que se estaba haciendo mal en convenios como el del 'Caso Serrallo' que acabaría dando pie a la 'Operación Nazarí'. Precisamente entonces, cuando señala los actos irregulares, comienzan lo que él ya denunció en sede judicial cuando compareció como testigo de la causa Nazarí. Porque Jacobo de la Rosa explicó en diferentes documentos firmados como director de Urbanismo que su jefa, la concejal Isabel Nieto, estaba manipulando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a su gusto para beneficiar principalmente al promotor urbanístico Roberto García Arrabal.

Acoso laboral y coacciones

Jacobo de la Rosa ha asegurado siempre que Isabel Nieto y el gerente de Urbanismo, Manuel Lorente, le amenazaron y le coaccionaron para que no emitiera los informes que ponían de manifiesto las irregularidades. Así lo explicó De la Rosa ante la jueza María Ángeles Jiménez que instruye tanto el 'Caso Serrallo' y la 'Operación Nazarí'. En su declaración, el funcionario argumenta que continuó sufriendo acoso laboral cuando, tras dimitir como director de Urbanismo, se marchó a trabajar a Diputación con el entonces presidente Sebastián Pérez (PP).

El acoso continuó después de que Isabel Nieto solicitara a Diputación que Jacobo de la Rosa volviese al Ayuntamiento meses después. Según la versión del funcionario, lo que hizo la edil con ese movimiento que se acabó produciendo fue recluirle en una de las sedes de Urbanismo que no tenía trabajo y en la que le obligaba a emitir informes diarios explicando que no estaba haciendo nada. El objetivo que perseguía Nieto con aquel castigo, según el funcionario, era evitar que Jacobo de la Rosa siguiera denunciando las irregularidades del área de Urbanismo.

Cuatro años de cárcel

Por todo lo anterior, Jacobo de la Rosa presentó la denuncia que ha dado pie a la apertura de este juicio oral. El escrito de acusación presentado por los letrados del exdirector de Urbanismo solicita varios años de prisión tanto para Isabel Nieto como para Manuel Lorente por haber provocado lesiones psíquicas al funcionario.

En concreto, la parte denunciante acusa a Nieto de haber cometido un posible delito contra la integridad moral y por él solicita cuatro años de cárcel, inhabilitación para ejercer cargo público durante el mismo número de años, la obligación de no acercarse a menos de 600 metros del funcionario y la prohibición de comunicarse con él durante cuatro años.

Lo mismo que se solicita para Manuel Lorente. Aunque en este caso también se le acusa de haber cometido otro supuesto delito: el de omisión contra la integridad moral. En este caso, los letrados de Jacobo de la Rosa solicitan las mismas penas. Al mismo tiempo, piden una indemnización de 60.000 euros al Ayuntamiento de Granada como responsable civil subsidiario.

La 'Operación Nazarí' está lejos de cerrarse. La causa que supuso la detención del exalcalde del PP de Granada, José Torres Hurtado, sigue en proceso de instrucción después de que Juzgado de Instrucción Número 2 de Granada que la instruye lo haya ampliado a 18 meses más. Pero, paralelamente a la investigación policial, se ha producido un hecho relevante: la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha fallado contra el Ayuntamiento de Granada sobre uno de los expedientes de la propia 'Operación Nazarí'.

En concreto, según la sentencia del pasado 20 de diciembre del TSJA a la que ha tenido acceso este medio, se trata del expediente del Pabellón Mulhacén, uno de los ocho casos principales de la causa Nazarí que investiga la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF). Un asunto que data del año 2006 y que relaciona al Ayuntamiento de Granada con uno de los promotores urbanísticos imputados en esta operación judicial: Roberto García Arrabal. Ahora, el TSJA ha dado la razón a Ramón Arenas, el empresario que denunció este expediente.

Resuelto un lustro después

El procedimiento que se ha resuelto con el fallo del TSJA, contra el que aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, es el resultado de la denuncia que Ramón Arenas interpuso contra el Ayuntamiento de Granada en 2014. En aquella fecha, el empresario solicitaba al Consistorio que se anularan las licencias urbanísticas de la parcela donde se levantaría el Pabellón Mulhacén, promovidas para beneficiar a García Arrabal, porque una de las construcciones había invadido el terreno que desde 2006 pertenecía al empresario Ramón Arenas.

Cuatro años y medio después, el Alto Tribunal reconoce que el Ayuntamiento de Granada obró de manera ilegal con esos expedientes porque permitió que la empresa Fontdeis S.L. construyera y explotara comercialmente, en contra del propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), dos edificios destinados para locales comerciales cuando el PGOU solo permitía que se construyeran zonas deportivas es decir, el Pabellón Mulhacén y no el resto de restaurantes y cafeterías que actualmente existen en esa parcela. Sin embargo, estas construcciones se permitieron mediante dos estudios detalle que se aprovechaban de una modificación del PGOU de Granada hecha en 2006 que, a su vez, tampoco se ajustaba a lo que se hizo con esos edificios.

Ramón Arenas, a través de Aremat Formación S.L., denunció la situación tras percatarse de que no solo uno de los edificios, en concreto el Pabellón Mulhacén, había invadido parte de su propia parcela, sino que además eso había sucedido después de que los estudios detalle se hicieran sin que se le notificara nada aunque uno de los edificios ocupaba literalmente parte de su propiedad. Por ello, impugnó un tercer estudio detalle que se realizó ya en 2013 y que es sobre el que el TSJA se ha pronunciado dándole la razón: los edificios que no son el pabellón no se ajustan al PGOU y por lo tanto son ilegales.

Aunque en el fallo el TSJA asegura que no puede estimar la petición de que se anulen las licencias urbanísticas de los edificios comerciales construidos además del pabellón deportivo, sí reconoce que son ilegales. De modo que admite que Roberto García Arrabal se benefició de lo que el Ayuntamiento de Granada de Torres Hurtado y la edil de Urbanismo, Isabel Nieto, decidieron hacer contra el PGOU de la ciudad.

Una sentencia que da peso a la investigación

El propio Ramón Arenas explica a este medio que ha pedido que la sentencia del TSJA se añada a la instrucción de la 'Operación Nazarí' porque su peso parece resultar evidente. Si un tribunal reconoce que el Consistorio cometió actos ilícitos, la investigación policial coge aún más peso. No en vano, la propia Policía Nacional durante la instrucción ha calificado de “organización criminal” a la cúpula del Ayuntamiento de Granada del PP de Torres Hurtado y de su área de Urbanismo.

Ahora, la pelota vuelve a estar en el tejado del Ayuntamiento que dirige el PSOE de Francisco Cuenca desde que en 2016 detuvieran al exalcalde José Torres Hurtado precisamente por la Nazarí. El Consistorio ya sabe que lo que se hizo en el Pabellón Mulhacén, al menos en cuanto a los estudios detalle, fue ilegal. Por lo que podría pedir responsabilidades a los que participaron de aquella operación urbanística ya que aún tiene la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

No obstante, el equipo de Gobierno tiene una tarea bastante compleja en este tema. Así lo asegura a eldiario.es/andalucia su concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, quien sostiene que deben medir muy bien sus pasos porque cualquier error puede suponer un desembolso económico importante para el Ayuntamiento y por ende para los ciudadanos. Será la semana que viene cuando se tomará la decisión definitiva de si presentar recurso o actuar de oficio contra los locales comerciales. Aunque tal y como el edil avanza, un recurso de casación tendría pocas posibilidades de prosperar.

De igual modo, el propio concejal asegura desconocer al detalle qué sucedió en este asunto concreto debido a su complejidad aunque muestra su preocupación por la herencia recibida en expedientes de este tipo. “Pasamos más tiempo mirando hacia atrás que hacia adelante”, sentencia Fernández Madrid quien se lamenta de la herencia recibida por parte del anterior equipo de Gobierno del PP. Y es que el futuro no está nada claro porque la implicaciones políticas y judiciales que puede tener este fallo del TSJA pueden acabar repercutiendo en otros expedientes similares de la 'Operación Nazarí'.

La 'Operación Nazarí' que puso fin a 13 años de mayorías absolutas del PP en el Ayuntamiento de Granada vuelve a estar de actualidad. Porque un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) apunta de nuevo al Ayuntamiento de Granada en uno de los ocho convenios que se están investigando. En este caso, el que hace referencia a la parcela PP-T1 denominada así en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el Cerrillo de Maracena al norte de Granada capital.

Según el informe al que ha tenido acceso este medio, el Gobierno del exalcalde José Torres Hurtado (PP), manipuló un convenio de cesión de unos terrenos para beneficiar a un constructor aún sabiendo que lo que se estaba pactando perjudicaba a las arcas municipales. Provocando con tal convenio un agujero de al menos 4,8 millones de euros según un informe de 2017 del exdirector de Urbanismo, Jacobo de la Rosa.

Seis años y un destino

El relato de los acontecimientos que explican lo sucedido en este convenio tiene un periodo de tiempo muy definido: de 2005 a 2011. Esas son las fechas entre las que sucede todo y en las que se van dando diferentes acontecimientos que le sirven a la UDEF para asegurar que el Ayuntamiento de Granada estaba operando ilegalmente con perfecto conocimiento de ello.

El origen, en 2005, está en la cesión de unos terrenos por parte del Consistorio a José Julián Romero, promotor urbanístico. Su nombre aparece en multitud de ocasiones tanto en esta 'Operación Nazarí' como en otros casos en los que la legalidad está en entredicho. Él es quien se beneficia de todo el proceso hasta el final y con el conocimiento y el apoyo de parte de la cúpula de Urbanismo según el informe detallado de la UDEF.

La parcela que se le cede al promotor es la del Plan Parcial PP-T1 en el Cerrillo de Maracena en Granada capital. Se le cede porque según aparece en el convenio suscrito entre las partes, los terrenos “no cumplen con el destino del Patrimonio Público del Suelo Municipal, no pueden ser destinados a usos residenciales para viviendas de protección pública, ni declarados de interés público”. Es decir, los terrenos han de pasar a manos privadas porque no hay modo de que el Ayuntamiento los pueda aprovechar. El precio por el que se cede la parcela es de más de 9 millones de euros.

Aunque la operación arranca en 2005, el convenio no se hace efectivo hasta el 3 de agosto de 2007. Tras la firma de tal convenio, José Julián Romero debía pagar el precio de la cesión en un plazo máximo de 15 días desde entonces. Pero el día 22 de agosto, fecha en que acababa tal plazo, llegó y nadie pagó por aquellos terrenos. Y sin embargo nadie del equipo de Gobierno ni de la Gerencia de Urbanismo le reclamó la cantidad adeudada a José Julián Romero.

Tiene que ser ya en febrero de 2008 cuando tras la dimisión del gerente de Urbanismo, Manuel Lorente, la sustituta de este, Carmen Cabrera, empiece a depurar responsabilidades y a descubrir que efectivamente el Ayuntamiento de Granada tenía una deuda a su favor de más de 9 millones de euros. Deuda contraída meses antes por José Julián Romero por la cesión de la parcela del Plan Parcial PP-T1. Es en ese momento cuando el Consistorio decide empezar un proceso para reclamar el dinero que el promotor le debe.

Pero en 2010 el Ayuntamiento de Granada se lleva un revés judicial por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la capital granadina. Una sentencia acepta el recurso presentado por José Julián Romero para no pagar la deuda y estima que quien debe pagarla no es el constructor sino la Junta de Compensación. Por lo que el Consistorio de Torres Hurtado termina adoptando ya en 2011 una “solución” -cita literal de la UDEF- para reclamar el pago. Pese a que había informes que denunciaban que la misma era ilegal.

La recompra de una deuda

Las decisiones que toma el Ayuntamiento de Granada en 2011 para reclamar la deuda al promotor José Julián Romero fueron, a juicio de la UDEF, “lesivas” y que no cumplían los requisitos legales. Además se toman precipitadamente y antes de las elecciones municipales de aquel año para dejar el convenio resuelto antes de que pudiera entrar otro equipo de Gobierno.

Dos días antes de los comicios, la cúpula de Urbanismo de Torres Hurtado, a través de un procedimiento que la investigación policial considera ilegal porque puentea al Pleno del Ayuntamiento de Granada, decide aceptar la entrega de parte de los terrenos para saldar la deuda del constructor con el conocimiento del entonces alcalde. Es decir, el Ayuntamiento pasa de tener una deuda a su favor a quedarse con una parcela con deudas y cargas porque ni siquiera se había llegado a terminar de urbanizar y había procedimientos administrativos en curso.

Lo que acepta el Ayuntamiento es lo que se conoce como la dación en pago. Una figura legal que permite que cualquier deudor pueda saldar su deuda entregando el bien por el que existe tal deuda. El problema es que en este caso no se entregan todos los terrenos sino una parte de ellos y además se hace mediante otro procedimiento ilegal. Porque el Consistorio pide una nueva valoración de los terrenos para cuantificar cuánto valen pero se los solicita a un economista externo cuando la UDEF señala que ese tipo de procedimientos debía hacerlos alguien del propio área de Urbanismo.

No solo eso, según el informe policial, tras la nueva valoración de los terrenos, la misma considera que si se cedían un 15,75% de los mismos al Ayuntamiento, la deuda de José Julián Romero quedaba saldada. Sin embargo, se acaba firmando el convenio de liquidación disminuyendo arbitrariamente ese porcentaje hasta el 14,51%. Lo que suponía otra pérdida de dinero para las arcas municipales.

Según la UDEF, tras el convenio de liquidación, José Julián Romero pasó de deber más de 9 millones de euros a saldar su deuda pagando en especie tan solo 7. Literalmente, el informe policial lo resume así: “En vez de recibir el importe estipulado en metálico por la venta cuando se debía (agosto de 2007), el Ayuntamiento acepta como pago por esa deuda en 2011 (más de 4 años después) la mitad del suelo y del aprovechamiento que había cedido y por si no fuera poco, condonando los intereses de demora y costas”.

José Julián Romero acabaría pagando poco más de 1 millón de euros en julio de 2011 por la parte que le correspondía de los terrenos. Acabaría vendiéndola dos años después de diferentes compraventas liberándose de los terrenos y de las cargas de los mismos mientras obtenía un beneficio económico según señala la UDEF en su informe.

Desde 2007 a 2011, como se ve, se producen una serie de acontecimientos que perjudican a la economía municipal al sumarle deudas que en principio no debían ser contraídas. Ahí es donde la investigación policial está tratando de esclarecer lo sucedido y ver si entre el promotor José Julián Romero y la cúpula de Urbanismo había una relación fluida e ilegal. Por ello, el informe de la UDEF calcula que haciendo una estimación a la baja de lo que se dejó de cobrar y de las cargas que el Consistió acabó soportando, el perjuicio para la ciudad de Granada acabó sumando al menos de 4.822.528 euros por este asunto.

La investigación de este convenio se añade a los otros siete que la UDEF sigue investigando en el marco de la 'Operación Nazarí' y que ponen a la cúpula de Urbanismo de Torres Hurtado, y a él mismo, en el centro de la diana. Sobre el exalcalde recaen cinco supuestos delitos: prevaricación, contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación. Los mismos que contra su exconcejala de Urbanismo, Isabel Nieto. Ambos, junto con otros nombres relevantes de aquel equipo de Gobierno, habrían estado tejiendo. según la policía, una auténtica red criminal con operaciones urbanísticas ilegales.

Dos años después de la detención del exalcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), y de la cúpula de Urbanismo incluyendo a su concejala, Isabel Nieto, en la bautizada como 'Operación Nazarí', unos documentos obtenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), a los que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, probarían la relación entre el Ayuntamiento de Granada y uno de los empresarios más importantes de la construcción granadina, Roberto García Arrabal.

No en vano, a la cúpula de la trama, entre los que están alcalde y concejala, se le imputan los delitos de prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio, prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación.

Entre los documentos avanzados por Granada Hoy, y que obtuvo la UDEF durante los registros llevados a cabo el 13 de abril de 2016, están los whatsapps intercambiados entre Isabel Nieto y Roberto García Arrabal. Mensajes que van desde 2013 a 2016 y que muestran la relación entre la exconcejala de Urbanismo y el dueño de Corporación García Arrabal, empresa que a través de una matriz fue la que se benefició de la construcción de la controvertida discoteca que aparece como eje central del 'Caso Serrallo' y de la que otros proyectos también están siendo investigados en la trama de la 'Operación Nazarí'.

La firma del Pabellón Mulhacén

La secuencia de mensajes que cruzan ambos y que investiga la jueza que lleva tanto el 'Caso Serrallo' como la 'Operación Nazarí', María Ángeles Jiménez, titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Granada, arranca el 7 de noviembre de 2013. En ella se puede leer que Isabel Nieto le escribe al promotor urbanístico, Roberto García Arrabal, una palabra: “Firmado”. A la misma, el empresario responde con un “Gracias...”. El informe policial recoge que en esa conversación se está hablando del expediente del Pabellón Mulhacén, uno de los proyectos que destapó la 'Operación Nazarí' ya que, según los investigadores, García Arrabal tuvo trato de favor por parte del Ayuntamiento de Granada para la concesión de los terrenos de ese pabellón.

Una concesión que se otorgó en 2007 y que nada tuvo que ver con lo que se construyó: donde la altura máxima debía ser una planta pasó a ser dos, donde debía haber aparcamientos subterráneos nunca se construyeron, y unas pistas de pádel que estaban previstas se convirtieron en un restaurante de comida rápida. Además de eso, el promotor se habría aprovechado también utilizando 300 metros de una parcela colindante que no le pertenecía. La misma es propiedad del empresario Ramón Arenas que fue quien denunció lo sucedido.

“Ya tengo lo que me pediste”

Días después de esa conversación sobre el Pabellón Mulhacén, García Arrabal anuncia a la concejala que “ya tengo lo que me pediste en Emuvyssa (empresa municipal de viviendas VPO que cerró en 2015), ¿Dónde te lo puedo entregar?”. Según el informe policial, la conversación hace referencia a un proyecto en el que colaboró el entorno empresarial de Roberto García Arrabal. El mismo era la conocida como 'Casa del Tabaco' que nunca llegó a construirse y que no forma parte como expediente de la 'Operación Nazarí'. No obstante, la policía señala que cuando el promotor asegura tener lo que Nieto le pidió se refiere a documentos relaciones con dicho proyecto. Lo que en todo caso, según la UDEF, “confirma el trato directo que se había establecido entre la concejal de Urbanismo y el empresario a través de la cuenta de correo electrónico personal de la concejal”.

Además, el informe añade que esa relación directa se sustenta también en que Isabel Nieto solicita que envíe esos documentos a su propio nombre o al del entonces gerente de Urbanismo, Agustín Belda. Por eso y porque los investigadores encuentran relevante que meses más tarde de esta conversación el propio Roberto García Arrabal solicite una cita urgente con la concejala que esta le concede.

“Haz lo que te dé la gana”

La conversación entre empresario y concejala no termina. En marzo de 2015, dos meses antes de las elecciones municipales, se produce un diálogo que tiene especial interés cuando se lee su contenido y se contrasta con lo que hablarán ambos protagonistas después de los comicios locales. En esa conversación, Roberto García Arrabal solicita a Isabel Nieto que interceda con una parcela que es propiedad del empresario y en la que, según recoge la UDEF, tanto él como la concejala planean la construcción de una torre de 25 plantas para hotel y oficinas. Sin embargo, dicha parcela está destinada en realidad para uso deportivo que es lo que pretende que se construya la asociación de vecinos de la zona en el cono sur de Granada capital.

García Arrabal llega a detallarle a la edil las condiciones que dicha asociación le ha trasladado para que se ejecute el proyecto para uso deportivo y no para una torre de oficinas y hotel. Unas condiciones que para la policía suponen “exigencias para no oponerse al proyecto urbanístico”. En la conversación con la concejala, el empresario añade que en la reunión que tiene prevista para esa misma tarde planea llevar a los vecinos un proyecto que evite “cualquier cosa que suponga tener que hacer un estudio de detalle o innovación, sino licencia directa”. Sin embargo, la respuesta de Isabel Nieto es tajante y hace referencia a las exigencias de las que habla la UDEF en su informe: “Ya le dije al presidente de la asociación de vecinos que no estoy dispuesta a consentir chantajes ni coacciones. En la parcela deportiva hará el propietario lo que quiera hacer cumpliendo su uso y punto”.

Una respuesta que continúa con calificaciones muy duras por parte de Nieto. Llega a poner en segundo plano a la asociación de vecinos porque, para ella, la clave es que su presidente “es un delincuente. Se cree Don Vito en su barrio. A la mierda directamente. No quiero tener ninguna relación con él ni voy a respaldar ninguno de sus caprichos”, sostiene la concejala en la conversación por WhatsApp para acabar dando un consejo a Roberto García Arrabal: “Aléjate de él”. Horas más tarde, Nieto llega a escribirle al promotor que puentee al presidente de la asociación de vecinos al que llama “pequeño dictador”: “Dile que sí a todo y luego haz lo que te dé la gana”.

“Por favor... es vital para salvar mi empresa”

En la misma conversación en la que se habla del asunto con la asociación de vecinos, la policía detalla otro proyecto urbanístico del que Isabel Nieto y Roberto García Arrabal hablan. Se trata del 'Expediente Campus'. Lo que se investiga en el mismo es que podría incumplir el uso del suelo que estaba previsto. Como en el caso anterior, la parcela EQ DEP DP-1 que menciona el promotor y recoge la policía en el informe, estaba destinada para uso deportivo y, sin embargo, el empresario pretende construir en ella una residencia universitaria. Por ello, García Arrabal apremia a Nieto para que que le ayude a sacarlo adelante: “Por favor mete lo del ED (Estudio Detalle), tengo informes técnicos paralizados hasta que no esté publicada la aprobación definitiva del ED. Es vital para salvar mi empresa que vaya en marzo y pueda tener mis informes técnicos. Te lo ruego”.

Finalmente el proyecto es aprobado en la Junta de Gobierno local del 27 de marzo. Es decir, justo cuando el empresario lo necesitaba según sostiene la investigación de la UDEF. Aunque eso no es lo único que llama la atención a los investigadores ya que quien presenta el Estudio Detalle es Taler Real State S.L., nombre con el que pasa a llamarse Inversiones Área Sur S.L., que había sido la misma empresa que pertenecía a Roberto García Arrabal y que había construido la discoteca del 'Caso Serrallo'. Pero esa nueva empresa ya no pertenecía entonces a García Arrabal y a pesar de eso seguía ejerciendo de cara al Ayuntamiento “gestionando la aprobación y desarrollo del proyecto” tal y como señala el informe policial.

La pérdida de la mayoría absoluta

Hay que tener en cuenta que los anteriores mensajes se producen en marzo y sirven también para ver cómo cambia el escenario solo medio año después, cuando el PP de Torres Hurtado pierde la mayoría absoluta y se ve obligado a pactar con Ciudadanos para mantener su Gobierno. Por entonces, Isabel Nieto ya estaba siendo investigada por la Fiscalía en el 'Caso Serrallo' y la formación naranja había logrado firmar un pacto anticorrupción con los populares. Con esa situación y con el hecho de que el Partido Popular de Granada ya no podía aplicar su rodillo municipal, se produce otra conversación vía WhatsApp.

García Arrabal vuelve a hacer otra solicitud en septiembre de 2015. Concretamente pide a Isabel Nieto que integre en el orden del día del pleno otro proyecto que es “urgente” para su empresa. En el mismo texto añade una crítica velada: “No veo que porque otros intenten contaminar el trabajo bien hecho, tengamos que parar proyectos legales, muy necesarios para Granada, para la creación de puestos de trabajo y para la la supervivencia de mi empresa que no merece lo que está pasando. Ya nos defenderemos donde corresponde, pero por favor, necesitamos nuestra Licencia”.

Dicha crítica velada parece quedar respondida con la respuesta de Nieto. La edil asegura no tener “ni idea de cómo está ese expediente porque nunca me lo han explicado”. Después añade que “es imposible que entre mañana porque ahora tiene que ir todo consensuado” haciendo referencia a que con la pérdida de la mayoría absoluta ha de contar con el visto bueno de Ciudadanos para que los proyectos salgan adelante. Algo que confirma el propio García Arrabal en el siguiente mensaje: “De acuerdo y disculpa. Nunca me gusta molestar a nadie, pero después de varios meses hoy me han dicho que Ciudadanos tiene que ver el proyecto para que entre en el orden del día. Ruego hagáis lo posible dentro de vuestras posibilidades. Gracias”.

La buena sintonía entre la concejala y el promotor continúa con la explicación de Nieto sobre lo que sucede con el nuevo escenario político que viven: “El problema de Ciudadanos es que solo tienen 2 concejales con dedicación. Y están desbordados. No pueden venir casi nunca a las reuniones para explicarles los temas. Esto va a ralentizar casi todo”. De hecho, entre los últimos WhatsApp que cruzan y ya en octubre de 2015, García Arrabal le da la enhorabuena a Isabel Nieto por su intervención ante la prensa por unas declaraciones suyas sobre la llegada del AVE soterrado a Granada donde se desmarcaba de la opinión del PP granadino que ya estaba encabezado por un Sebastián Pérez que estaba siendo testigo directo de lo que sucedía en las tramas urbanísticas de Granada. “Felicidades por tu intervención, los políticos deben ser sinceros por encima de su cargo” escribe el promotor a Isabel Nieto, quien responde escuetamente: “Gracias”.

El 'Caso Serrallo' toma una nueva dirección después de que la jueza que lo instruye, la magistrada titular del juzgado de Instrucción número 2 de Granada Maria Ángeles Jiménez, haya decidido citar a declarar como investigados a todos los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada que dieron luz verde al proyecto en 2012. De esta manera, el caso que se reabrió para que el exalcalde de la ciudad Torres Hurtado fuese citado también a declarar, hace que todos los ediles populares de aquella época tengan que dar explicaciones sobre lo sucedido con la discoteca que dio origen a la denuncia.

El litigio procede de la construcción en zona verde de un espacio que acabaría siendo de explotación privada en beneficio del promotor de la obra, el empresario granadino, Roberto García Arrabal. Citados a declarar están todos los miembros de la Junta de Gobierno Local que dio luz verde en julio de 2012 al proyecto y que pertenecían al PP. Entre ellos se encuentran nombres relevantes como el del que ha sido hasta el pasado lunes el rival de Sebastián Pérez por hacerse con la presidencia de la formación a nivel provincial, Juan García Montero quien ocupaba la Concejalía de Cultura.

La documentación aportada por la 'Operación Nazarí', que acabó destapándose hace un año precisamente a raíz de las investigaciones llevadas a cabo en el caso del Serrallo, han hecho que la magistrada haya decidido reabrir la causa ya que es ella la que lleva ambos procedimientos judiciales. La primera que fue llamada a declarar hace ahora año y medio fue Isabel Nieto, entonces la titular de Urbanismo y cuya labor al frente de ese área le habría servido para hacer favores urbanísticos a diferentes promotores de Granada por los que después también ha sido investigada en la 'Operación Nazarí'.

Nueve ediles investigados

En total entre los que formaban parte del anterior equipo del PP en el Ayuntamiento de Granada en julio de 2012 y quienes están ahora, la jueza ha citado a declarar a nueve cargos municipales de la formación. Juan Antonio Mérida, la propia Isabel Nieto y Vicente Aguilera son los que están investigados pero que ya no forman parte del equipo de los populares en el Consistorio mientras que del actual aparecen seis nombres. Además de Juan García Montero, también están María Francés, Juan Antonio Fuentes, Curro Ledesma, Telesfora Ruiz y Fernando Egea. Quien no está es Rocío Díaz, actualmente portavoz del grupo municipal del PP pero que aunque entonces era concejal de Turismo no formó parte de aquella Junta de Gobierno Local.

En el capítulo de reacciones, el actual alcalde de Granada, Franscisco Cuenca (PSOE), que precisamente accedió a la alcaldía tras la dimisión forzada de Torres Hurtado por la investigación de la 'Operación Nazarí', ha valorado la decisión de la magistrada asegurando que “es una noticia triste para la ciudad porque es lamentable que se vea señalada por este tipo de cuestiones”. Al mismo tiempo recalca que “estamos ya en otro tipo de cuestiones y trabajando por esta ciudad con total transparencia, atrás quedaron los tiempos de dudas e incertidumbres”. Cuenca declara sentir “rabia por todo lo que tenga que ver con el Partido Popular y no solo por lo de algunos o algunas”.

Casi un año después de que José Torres Hurtado (PP) fuese detenido e imputado junto a gran parte de la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada por la Operación Nazarí, el que fuera alcalde de la capital tendrá que volver a sentarse ante un juez. Lo hará este lunes tras haber sido llamado a declarar por parte de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, María Ángeles Jiménez, que instruye el conocido como 'caso Serrallo'.

El exedil no había sido llamado a esta causa desde que la misma se abriera en 2014 tras investigarse las primeras irregularidades de la construcción de una discoteca en un suelo destinado a zona verde en el centro comercial Serrallo al sur de la ciudad granadina. Sin embargo, su citación responde al hecho de haber sido considerado por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) el “cabecilla de una organización criminal” en el marco de las investigaciones de la Operación Nazarí que acabó con 13 años de alcaldía ininterrumpida del PP en Granada el pasado mayo.

La 'Operación Nazarí' como desencadenante

La detención de Torres Hurtado en abril de 2016 por parte de la Policía Nacional por las pesquisas de la Operación Nazarí parten precisamente del 'caso Serrallo' que ahora retoma su fase de instrucción. En dicha operación urbanística se procedió a construir una zona de ocio en un lugar que según el Plan General de Ordenación Urbana de Granada (PGOU) estaba reservado para zonas verdes y no para una explotación privada. Ese movimiento tuvo lugar en 2010 cuando José Torres Hurtado era alcalde de la capital y su concejala de Urbanismo era Isabel Nieto. Esta última habría acordado, según la policía, con el empresario granadino Roberto García Arrabal modificar el propio PGOU y comenzar unas obras que la jueza investiga si son ilegales.

Por esa conexión, la de García Arrabal con Isabel Nieto, demostrada en el sumario de la Operación Nazarí, la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Granada, que lleva tanto el 'caso Serrallo' como el Nazarí, ha decidido llamar a declarar al exalcalde. La jueza entiende que pudo haber tenido conocimiento de lo sucedido porque “tenía pleno conocimiento de las operaciones urbanísticas del Ayuntamiento y participaba activamente en la toma de decisiones, a pesar de la delegación de funciones en materia urbanística” según señala en el escrito por el que ha reabierto la instrucción.

Un caso enquistado en el tiempo

Pese a las evidencias que ahora se muestran para que Torres Hurtado deba comparecer en el juzgado, el 'caso Serrallo' no ha sido tan relevante políticamente como ha acabado siendo la Operación Nazarí que se ha derivado de él. Desde que a comienzos de 2014 la propia Fiscalía denunciara a la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada por la controvertida discoteca, el exalcalde ha permanecido siempre al margen del asunto. Sí estuvo desde el principio señalada la concejala de Urbanismo Isabel Nieto sobre todo por las pruebas aportadas por el que fuera director del área durante esta operación urbanística Jacobo de la Rosa.

El funcionario detalló primero a través de informes y luego ante la jueza lo que él entendía como presiones y mala praxis por parte de la concejala y el empresario Roberto García Arrabal para aprovecharse de las circunstancias. No obstante, entonces parecía que todo se podía haber hecho a espaldas de Torres Hurtado hasta que en la investigación de la UDEF para la Operación Nazarí, De la Rosa quiso demostrar que tanto Torres Hurtado como Isabel Nieto sabían lo que sucedía en este asunto. Lo hizo a través de una carta que los propios exediles remitieron a la Diputación de Granada que presidía Sebastián Pérez para reclamar que Jacobo de la Rosa volviese a su antiguo puesto en Urbanismo. Esta misiva demostraría, a juicio de la investigación, que Isabel Nieto quería tener cerca al funcionario pese a que éste había emitido informes contra la discoteca del Serrallo antes de marcharse de la concejalía. Según esta prueba, demostraría eso y que Isabel Nieto había contado con la connivencia del exalcalde para pedir que restituyeran al que fuera director de Urbanismo.

División política en el seno del PP

Si bien la declaración de Torres Hurtado ante el juzgado será este lunes (la misma se había aplazado cuando estaba prevista para el pasado día 23 por incompatibilidad de agenda del abogado del exalcalde), ante la jueza ya han hablado el empresario Roberto García Arrabal y el exdirector de Obras, Manuel Lorente. Ambos están también siendo investigados en el marco de la Operación Nazarí no solo por el Serrallo sino por otras operaciones urbanísticas que podrían ser ilegales. Pero no son los únicos a los que la reapertura de la instrucción de este caso afecta sino que tiene de nuevo consecuencias políticas.

Ya durante la detención, imputación y posterior dimisión de Torres Hurtado por la Operación Nazarí del pasado año quedó de manifiesto que en el Partido Popular de Granada había dos bandos. El que capitaneaba el propio exalcalde y el de su primer teniente y presidente del PP granadino Sebastián Pérez. Por esta división interna distintas fuentes señalan que el máximo dirigente popular se habría aprovechado de las operaciones urbanísticas de Torres Hurtado para tratar de asaltar la alcaldía con el apoyo de Ciudadanos. De hecho, en una reciente entrevista concedida a este medio por el candidato a presidir el PP de Granada y afín al ala de Torres Hurtado, Juan García Montero, era él quien abonaba esta teoría.

Lo cierto es que la división interna de los populares fruto de la Operación Nazarí y con la reapertura del 'caso Serrallo' ha hecho que Torres Hurtado haya pasado a ser historia de la formación. De alcalde a ser apartado de su propio partido pasaron apenas unas horas. No fue el único, también fue suspendida de militancia Isabel Nieto el mismo día en que ambos fueron detenidos por la policía. Los dos se han quedado apartados del PP de Granada y ahora acuden ante la Justicia como dos personas ajenas por parte de los populares afines a Sebastián Pérez. No así para los rivales políticos del actual presidente del partido.

Una partida de ajedrez que se jugará no sólo en el juzgado si no dentro de dos meses en el congreso provincial que deberá escoger al nuevo mandatario provincial de los populares granadinos y donde Torres Hurtado participará entre bambalinas apoyando a Juan García Montero.

La 'Operación Nazarí' está resultando ser algo más que una simple operación judicial contra lo que sucedía en el urbanismo de Granada. La investigación llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) demuestra que lo que ha sucedido en el seno del Ayuntamiento granadino en la última década y media se parece más a una trama corrupta de una “organización criminal” que a simples tratos de favor puntuales hacia determinados promotores urbanísticos. A ese concepto le dedica un apartado entero el sumario de la causa destapado el pasado 7 de noviembre, qu este periódico ha venido desgranando.

Los hechos que llevaron a la dimisión forzada de José Torres Hurtado como alcalde de Granada señalan, según la UDEF, que el propio exedil era el líder de un engranaje perfectamente articulado para beneficiar a los principales empresarios de la construcción granadina utilizando cualquier herramienta que hiciese falta para llevar a cabo dicha tarea. Una organización jerárquica que nada tenía que ver con la que en teoría tenía el área municipal de Urbanismo, presiones y amenazas hacia los funcionarios que pretendían señalar lo que se estaba haciendo mal o convenios redactados sabiendo que eran ilegales, son las tres principales características de la trama que se esconde tras la 'Operación Nazarí'.

Torres Hurtado conocía todo lo que pasaba en Urbanismo

El exalcalde de Granada, Torres Hurtado, compareció ante la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, María Ángeles Jiménez Muñoz, explicando que él no sabía nada cuando en realidad la investigación demuestra todo lo contrario. No solo sabía lo que ocurría sino que lo permitía. Aunque el que fuera primer edil de la capital sostuvo en su declaración que prefería no interferir en las decisiones de sus concejalías, incluyendo la de Urbanismo, lo cierto es que sí que lo hacía a través de dos personas que eran de su máxima confianza.

Isabel Nieto como concejala por un lado y Manuel Lorente como gerente y posterior director de obras. Ambos eran los siguientes eslabones de la cadena que manipulaba a su gusto el área de Urbanismo. De hecho Lorente ha sido hasta este año uno de los funcionarios que más años han estado en el Ayuntamiento de Granada por lo que su conocimiento sobre todo lo relativo a las tareas municipales era más que evidente. Aunque dimitió como gerente en 2008, continuó ocupando un alto cargo en el Consistorio como director de obras que era el mismo que había ostentado prácticamente desde su ingreso en Urbanismo en el año 1986. Él es a quienes todos señalan como el máximo responsable del área. No había decisión de calado que no pasase por su supervisión y prueba de ello la dan tanto el exdirector de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, como otros funcionarios como el asesor jurídico, Manuel Navarrete o Beatriz Sánchez Galiana, técnica en la dirección de Licencias que estaba a las órdenes de Emilio Martín Herrera, estrecho colaborador de Lorente.

Torres Hurtado sostiene que él no tenía trato con Manuel Lorente más allá de las visitas a las obras que solía realizar cuando era alcalde cada miércoles. Pero según el sumario, miente. Miente porque habrían mantenido varias reuniones dirigidas por el exalcalde y en las que estaban siempre presentes el propio Lorente y la delegada de Urbanismo, Isabel Nieto. Porque como se traduce del sumario, no había decisión que no conocieran los tres aunque el propio Torres Hurtado en ocasiones solo hiciera acto de presencia para dar fe de los convenios en las juntas de Gobierno local que él como alcalde presidía.

Según la investigación, Torres Hurtado era tan consciente de lo que ocurría en Urbanismo que cuando se presentó a sus segundas elecciones municipales de 2007, tuvo claro que si ganaba de nuevo, su concejal de ese área, Luis Gerardo García Royo, dejaría de serlo. Y cumplió su promesa pues tras vencer en las urnas, García Royo tuvo que dejar su puesto a Isabel Nieto para que esta desbloquease los convenios pendientes con uno de los principales promotores involucrados en esta trama: José Julián Romero. Pues Nieto aparece en el sumario de la causa como un cargo municipal sin tapujos a la hora de llevar a cabo determinadas medidas dentro de su condición de delegada. Desde desoír a quienes le advertían de la ilegalidad de determinados contratos a amenazarlos verbalmente. Algo que sucedió en más de una oportunidad tal y como relata el exdirector de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, que en su declaración recuerda cómo cuando tuvo que acudir como testigo a una causa contra Lorente y Martín Herrera, ésta le dijo que “menos mal que estos no eran de Almanjáyar porque si lo fueran lo mismo te podían dar una puñalada en una esquina”.

Este tipo de presiones y amenazas eran una práctica habitual según la investigación de la UDEF. Quienes no seguían las directrices marcadas desde lo alto de la “organización criminal” debían atenerse a consecuencias. En todo caso si no lo hacían, el propio área de Urbanismo que entre Torres Hurtado, Isabel Nieto y Manuel Lorente habían tejido, se reorganizaba a su parecer para puentear a determinados funcionarios. De ese modo había quienes hacían informes jurídicos favorables sin estar facultados para ello, como es el caso de Emilio Martín Herrera, que entre otros cargos fue el subdirector de Edificación. El objetivo era poder evitar a quienes molestaban por emitir informes negativos. No obstante este tipo de actividades se repitieron mucho durante los años en que Torres Hurtado estuvo al frente de la alcaldía.

2007, un año clave

Aunque la investigación policial concluye que la trama corrupta podría llegar incluso hasta el año 2001 cuando gobernaba en Granada un tripartito con el PSOE a la cabeza, los expedientes que se investigan parten sobre todo de la época del PP en el Ayuntamiento de la capital. Aunque de la primera legislatura, la que va desde 2003 a 2007, el que era concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García Royo, no repitió para la segunda porque frenaba muchos convenios que debían salir adelante para los intereses particulares de Torres Hurtado, Lorente y los promotores urbanísticos señalados en la causa. Por eso en septiembre de aquel 2007, el exalcalde nombra a Isabel Nieto como concejal del área empezando la época más intensa de los expedientes que se investigan en la 'Operación Nazarí'.

A lo primero que se tuvo que enfrentar Nieto fue al informe presentado en noviembre de 2007 por el asesor jurídico municipal, Manuel Navarrete, sobre el edificio Penta. En ese informe explicaba que el silencio practicado por Emilio Martín Herrera en años anteriores sobre la reclamación de unos terrenos que se habían cedido sin el consentimiento de sus legítimos propietarios, había provocado que la Comisión Provincial de Valoraciones tasase en 13 millones de euros la multa que debía pagar el Ayuntamiento de Granada por no haber solucionado este problema. Aquello se trató de solucionar pagando con otros terrenos pero ese convenio quedó también en el aire.

Aquel informe de Navarrete fue el primero que molestó a Isabel Nieto. Desde ese momento se empezó a puntear a los distintos funcionarios, empezando por el propio letrado y siguiendo por el exdirector de Urbanismo, Jacobo de la Rosa. Ambos hicieron en 2008 otro informe en el que señalaban el desfase de más de 23 millones de euros en las cuentas del Ayuntamiento por avales que no se les habían cobrado a los diferentes promotores. En este asuntó se evidenció que la trama ya había crecido demasiado porque según Navarrete, en su declaración ante la policía, desde Urbanismo no le querían facilitar determinados expedientes y si lo hacían habían pasado antes por las manos de Isabel Nieto. Pero es que además de aquel informe en el que la ciudad de Granada perdía 23 millones de euros, no solo tuvo conocimiento la propia concejal sino Torres Hurtado.

Dada la gravedad del asunto, se tomaron medidas. No se les reclamó los avales a los promotores sino que se reordenó la gerencia de Urbanismo al año siguiente. Manuel Navarrete fue apartado del área de modo que no pudiese molestar y Jacobo de la Rosa se quedó al margen de las decisiones porque desde ese momento hubo una dirección en Urbanismo y otra en Licencias que pasó a ser controlada por la mano derecha de Lorente, Emilio Martín Herrera. Así quedaba claro que la organización no tendría más obstáculos con los “no afines”, según aparece en el sumario, y que en todo caso se les podría ningunear desde ese momento en las decisiones que se tomasen para llevar a cabo convenios ilegales.

Los tres promotores beneficiados

Si había una trama que operaba para beneficiarse de las obras que tuvieran lugar en Granada, era porque había una serie de protagonistas por la parte privada de la promoción urbanística. Ellos eran por orden de importancia: José Julián Romero, Roberto García Arrabal y Enrique Legerén. Los tres fueron los grandes beneficiados de Urbanismo según se desprende del sumario de la 'Operación Nazarí' y los tres tuvieron relaciones entre ellos en determinados asuntos con el fin de obtener beneficio mutuo.

José Julián Romero es el principal de los promotores urbanísticos por antigüedad. De Romero, se sabe que hasta la llegada de la crisis económica, él era el principal promotor de la ciudad. Casi todas las obras de importancia desde mediados de la década de los 90 hasta el año 2008, llevan la firma de José Julián. Además, según una fuente que ha preferido mantener su anonimato, el empresario ha llegado a chantajear a diferentes políticos y en concreto, en una ocasión, llegó a amenazar a uno de ellos al decirle que “si tú quieres ser alcalde de esta ciudad tendrás que hacer lo que yo te diga”. Por si fuera poco, era amigo íntimo de Manuel Lorente según la investigación. De hecho llegaron a hacer algún viaje juntos como el que tuvo lugar en 2007 en Japón y que incluso llegó a los tribunales por la supuesta presencia de detectives contratados para confirmar que Lorente y Romero eran conocidos.

Por su parte Roberto García Arrabal ha resultado ser el sucesor de José Julián. Ambos incluso llegaron a tener alguna sociedad conjunta aunque según el propio García Arrabal nunca han podido entenderse por tener formas de ser muy diferentes. No obstante Roberto García Arrabal ha sido hasta la fecha el promotor de los principales edificios que se ha construido en Granada en la última década. Desde el centro comercial Serrallo hasta el Pabellón Mulhacén o el edificio Progreso. Los tres investigados dentro de la 'Operación Nazarí'.

En último lugar está Enrique Legerén. El que fuera presidente de los constructores granadinos y actual tesorero de la directiva que los engloba en la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), es el único de los empresarios que no fue detenido el pasado mes de abril. No en vano su relación con la causa también es estrecha por haberse beneficiado con SierraPark, la empresa que tiene con José Julián Romero, de la concesión del expediente de los aparcamientos públicos de la ciudad de Granada gracias a la mediación de Manuel Lorente.

En resumen la organización que encabezaba José Torres Hurtado contaba con una extensa red de acuerdo con los intereses urbanísticos privados. El sumario de la 'Operación Nazarí' destapa el perjuicio que los trece años en la alcaldía de Torres Hurtado ha provocado para las arcas municipales. Sin embargo tal y como se ve, no es lo único grave de la investigación. Las amenazas, los tratos de favor, la reorganización dentro de Urbanismo y las relaciones personales de los imputados entre sí, dibujan una “organización criminal” que se ha mantenido en el tiempo tal y como recoge la UDEF en su instrucción. Esta es, en al menos una parte, la forma en que el Urbanismo de Granada construyó su propia corrupción.

Las mantas de las que se está tirando en la 'Operación Nazarí' por parte de testigos e imputados no están levantando polvo que esté ahogando solamente a los que están inmersos en la propia causa. Según demuestra el sumario del caso, hay quienes desde fuera han tenido conocimiento de lo que ha pasado en los últimos años en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada. Más allá de poder tener responsabilidades jurídicas, sí que parece que alguno de ellos podría haberlas tenido políticamente hablando. Sobre todo después de las afirmaciones que ha hecho esta misma semana el presidente del PP granadino, Sebastián Pérez, que muestra su rechazo a las actuaciones de sus excompañeros de partido cuando gobernaban el Consistorio.

Según Sebastián Pérez, lo ocurrido durante los últimos 13 años en Urbanismo da motivos más que suficientes para que su partido, el PP, se presente como parte perjudicada ya que esas actuaciones les han quitado el bastón de mando de Granada. Palabras junto con las que añade que “si hubiéramos sabido lo que estaba pasando hubiéramos tomado medidas antes”. Es precisamente en ese punto donde surgen las dudas según la investigación de la 'Operación Nazarí' que demuestra que Sebastián Pérez sí debía saber al menos alguno de los casos que se estaban produciendo.

Dos bandos enfrentados en el PP de Granada

Es un secreto a voces que Sebastián Pérez y José Torres Hurtado han interpretado un papel de cara a galería en el que compartían amistad y hasta confidencias mientras que el amor no era precisamente lo que fluía entre ellos. Han sido rivales políticos en el que el gran perdedor ha resultado ser el segundo. Sin embargo, aunque desde la formación siempre se ha tratado de negar que hubiese tal división, los acontecimientos han ido alimentando la duda de si Sebastián Pérez quiso que cayese el castillo de naipes levantado por el exalcalde. Pues hay indicios que lo apuntan.

Basta comprobar la declaración que hizo Jacobo de la Rosa el pasado 6 de junio ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada para saber que el nombre de Sebastián Pérez aparece en tiempo y de un modo activo durante al menos el 'Caso Serrallo'. Tal y como demuestra el sumario de la causa incluso el presidente del PP de Granada y expresidente de la Diputación entre 2011 y 2015, recibió una carta firmada por Torres Hurtado y su exconcejala de Urbanismo, Isabel Nieto, que le pedía directamente a él que maniobrase para que Jacobo de la Rosa volviese al Ayuntamiento de Granada del que se había marchado por las presiones a las que estuvo sometido.

La cronología es fácil de seguir. Jacobo de la Rosa ejercía como director de Urbanismo cuando comenzó a redactar una serie de informes negativos sobre distintos convenios urbanísticos. Por esa misma razón, según su propia declaración ante la jueza y según las pruebas aportadas, el exdirector fue amenazado y apartado llegando a ver cómo se tomaban decisiones a su espalda que debían contar con su aprobación. Una situación que llegó a su punto más alto cuando el funcionario le advirtió a Isabel Nieto que la operación de instalar la discoteca del Serrallo en una zona verde para favorecer a Roberto García Arrabal en contra del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) era contraria a la legalidad. En ese momento fue cuando según Jacobo de la Rosa se incrementó el acoso que sufría por lo que se vio obligado a darse de baja por depresión y posteriormente marcharse del Ayuntamiento de Granada. Algo que sucedería en enero de 2013.

Justo después de esa fecha es cuando entra en juego el presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez. Pues es él quien acoge a Jacobo de la Rosa en la Diputación de Granada que él presidía entonces para colocarlo como director de Fomento. El puesto lo desempeña durante un año clave, pues es justo en ese tiempo cuando el exdirector de Urbanismo redacta el informe que resultó clave para que la Fiscalía de la capital iniciase la investigación del 'Caso Serrallo'. Así abrió diligencias en octubre de 2013 en busca de posibles delitos urbanísticos en este caso cuando dicho informe se incorporó a las mismas estando Jacobo de la Rosa trabajando a las órdenes de Sebastián Pérez en la Diputación.

Pocas semanas después de saltar a la opinión pública lo que eran las primeras informaciones sobre la investigación del 'Caso Serrallo', el entonces alcalde de Granada, Torres Hurtado y la concejala de Urbanismo que estaba ya en el centro del huracán por las pesquisas de la Fiscalía, Isabel Nieto, redactan una carta al presidente de la Diputación. Una carta que aparece en el sumario de la 'Operación Nazarí' y a la que hace referencia el propio Jacobo de la Rosa. 

Como se puede leer, apelan directamente a Sebastián Pérez en calidad de presidente de la institución provincial para que le haga regresar al Consistorio. Lo hacen dándole formalidad al pedir que vuelva por la necesidad de darle impulso al Plan de Protección del Albaicín. Y es justo a la sede de Urbanismo en este barrio de Granada al que destinan a Jacobo de la Rosa sin darle trabajo, sin compañeros y obligándole a redactar informes en los que debe escribir que no está haciendo nada. Tal y como el propio funcionario relató en junio a la jueza cuando acudió a declarar por la 'Operación Nazarí' en calidad de testigo.

De hecho es el propio exdirector de Urbanismo el que en la misma declaración sostiene que Sebastián Pérez llegó a decir que lo habían reubicado en Diputación porque Torres Hurtado dijo “que yo era molesto en Urbanismo por ser el que me oponía”. Por lo que resulta difícil de comprender que el presidente de los populares granadinos no supiese nada de este caso si se tiene en cuenta lo recogido en el sumario de la causa.

Resulta también difícil de entender que Pérez diga que su formación no sabía de las actividades presuntamente delictivas que se están investigando cuando la opinión pública supo en el año 2013 lo que sucedía en el otro expediente de Urbanismo que también está en la 'Operación Nazarí', el Palacio de Hielo, cuando el propio Torres Hurtado llegó a estar imputado antes de que el caso finalmente acabase archivado. No obstante aunque en aquel momento la Fiscalía guardase en un cajón la operación del Palacio de Hielo, ahora la investigación de la 'Operación Nazarí' la ha vuelto a abrir para depurar responsabilidades.

Sumando lo anterior, la declaración del presidente del PP de Granada en la que sostiene que su formación no sabía nada de lo que estaba ocurriendo en Urbanismo, no termina de encajar. Parece que las piezas señalan que algo sí debían saber los populares y especialmente Sebastián Pérez como máximo dirigente. Sobre todo porque además de presidir la Diputación, el otro cargo público que ha ostentado en los últimos años ha sido el de teniente de alcalde del equipo de Gobierno de Torres Hurtado. Desde 2003 hasta 2011 cuando llegó al organismo provincial. Justo en el periodo de tiempo en el que otros de los convenios urbanísticos supuestamente ilícitos que aparecen en la 'Operación Nazarí' se estaban produciendo.

El sumario de la 'Operación Nazarí' destapado el pasado 7 de noviembre sigue dando información relevante sobre la que es considerada la mayor trama de corrupción ocurrida en Granada. La causa por la que se le imputan al exalcalde de Granada, José Torres Hurtado, hasta ocho delitos entre los que se incluyen el blanqueo de capitales, el tráfico de influencias o la malversación de caudales públicos, tiene también el mismo número de convenios urbanísticos de peso que están siendo investigados y que señalan a muchos nombres de peso de la política y el empresariado granadino.

José Julián Romero, Roberto García Arrabal y Enrique Legerén son los principales nombres en cuanto a los empresarios de la construcción que han sido parte activa de alguno de estos casos urbanísticos. Por el lado político, además del propio Torres Hurtado, aparecen tanto su concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, como el que fuera gerente del área y posterior director de obras, Manuel Lorente, el sustituto de este último, Agustín Belda, y el entonces jefe de servicio de Gestión Urbanística, Emilio Martín Herrera. Todos estos protagonistas y alguno más, son sobre los que pivota toda la investigación policial que se inició con el 'caso Serrallo' y que afecta a otros siete casos que resumimos.

Caso Serrallo

La detención del alcalde de Granada el pasado 13 de abril parte de la investigación de esta operación urbanística. Una operación que se remonta al año 2010 cuando tras la modificación del proyecto de centro comercial que se iba a levantar junto a los llamados túneles del Serrallo, el promotor de la obra, Roberto García Arrabal a través de su empresa Inversiones Área Sur S.L., solicita al Ayuntamiento de Granada más terreno para explotación privada. El proyecto de aquel centro comercial que había sido modificado, acaba viendo la luz y las obras para ponerlo en marcha terminan en marzo de 2012. Es justo durante ese tiempo que dura la obra cuando tiene lugar una modificación contraria al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y a la propia ley del mismo sentido de la Junta de Andalucía.

Esa modificación consiste en construir, a través de licencia de obra menor, una discoteca anexa al centro comercial denominado Serrallo Plaza, en un terreno que no estaba habilitado para ello según el PGOU. La zona en la que se levanta ese complejo de ocio, tenía como fin uso público de zonas verdes ya que de hecho en 2006 se había concedido la licencia para construir un parque infantil. En el proceso Roberto García Arrabal y la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, se saltaron la legalidad según se desprende del sumario de la 'Operación Nazarí' para obtener beneficios mutuos. El primero para tener mayor explotación comercial y la segunda para obtener mejoras en otros convenios urbanísticos a través del favor del 'Caso Serrallo'.

Pabellón Mulhacén

En este caso vuelven a aparecer los mismos protagonistas. El promotor urbanístico vuelve a ser Roberto García Arrabal que se hace con la concesión de la construcción de un pabellón deportivo muy cerca además del centro comercial Serrallo Plaza, a apenas un kilómetro de distancia. En dicha concesión se planteaba, además de la construcción del espacio deportivo, que acabó llamándose Pabellón Mulhacén, la puesta en marcha de más de 190 plazas de aparcamiento, un edificio de una planta para uso comercial, pistas de pádel y el acondicionamiento de la zona. Un proyecto que llevaba una inversión superior a los 6 millones de euros y que obligaba a pasar el control del Consejo Consultivo de Andalucía.

Lo previsto en esa concesión del año 2007 en poco tiempo pasó a ser algo totalmente distinto. Se empezó la construcción del recinto deportivo sin que se hicieran las obras pertinentes para acometer los aparcamientos subterráneos, el edificio comercial que debía tener una planta pasó a tener dos y es explotada actualmente por tres restaurantes distintos y las pistas de pádel pasaron a ser un establecimiento de comida rápida. De lo proyectado tan solo se cumplió con el pabellón deportivo aunque aquí también se saltó lo previsto ya que se utilizaron más de 300 metros de la parcela colindante que pertenecía al empresario granadino Ramón Arenas quien denunció lo sucedido ante la Fiscalía que abrió una investigación en 2015 que también se ha sumado a la causa de la 'Operación Nazarí'. Por si fuera poco, de los más de 6 millones de euros que debía invertir Roberto García Arrabal en ese terreno al final quedaron en poco más de 4 dejando un margen de 2,5 millones de euros sin explicación.

Palacio de Hielo

La tercera de las causas que más peso tiene en esta trama urbanística es la del llamado Palacio de Hielo que nunca se construyó. Este era el proyecto de un área de explotación comercial en el Cerrillo de Maracena que finalmente se vino abajo por la crisis económica. El plan que surge en 2003, tiene su punto de inflexión cuando en 2011, el entonces alcalde de Granada, José Torres Hurtado, liquida la deuda de los promotores con el Ayuntamiento de Granada a cambio de terrenos. El pago en especie cubre los 8 millones de euros adeudados pero lo hace junto con terrenos que no eran propiedad de ninguna de las partes y que además habían visto incrementado el doble su valor. La investigación demostró que había habido algún tipo de acuerdo entre las partes para apropiarse de terrenos que no eran de su propiedad y producir mayores beneficios económicos para los implicados. En este caso el promotor que entra en juego es José Julián Romero en la época en que Gerardo García Royo (PP) era el concejal de Urbanismo. De hecho la titularidad de parte de los terrenos era del Ministerio de Fomento. Este caso llegó a la Audiencia de Granada que terminó archivando el caso hasta que se ha reabierto por la 'Operación Nazarí'.

La vivienda de Torres Hurtado

Uno de los asuntos que apuntan de lleno al exalcalde de Granada es una de sus propiedades. En concreto la que se encuentra en el centro de la capital en la calle Obispo Hurtado. Dicha vivienda se encuentra en un bloque de edificios entre cuyos inquilinos se encuentra también la exconcejala de Urbanismo, Isabel Nieto, además dos sobrinas de Torres Hurtado, una de sus hijas y hasta su hermano que es el gerente del edificio. Lo que ocurre en este caso es que en la construcción del inmueble se producen ilegalidades en cuanto a las características que tiene que tener. Según la investigación policial, hay informes que detallan que se incumple el Plan Parcial Centro de la ciudad en cuanto a altura e incluso materiales de construcción empleados. Hechos por los que se le impone una sanción a la promoción del edificio, del que según la UDEF, más del 70% corresponde a la familia de Torres Hurtado e Isabel Nieto.

Pese a que la sanción se impuso, podría haber habido diferentes mejoras “a la baja” de dicha pena económica con el fin de favorecer a ambos políticos. Algo que en todo caso obligaba a que la sanción se abonase antes de que se otorgara la licencia de primera ocupación. Pese a ello, ni siquiera al propio Torres Hurtado ni a la investigación policial les consta que dicha sanción haya sido abonada.

Los aparcamientos adjudicados a dedo

Por si no bastara con lo anterior, la proliferación de aparcamientos públicos en la capital también encuentra su acomodo en la 'Operación Nazarí'. En este caso se señala directamente a los empresarios José Julián Romero y Enrique Legerén y al exgerente de Urbanismo y director de obras, Manuel Lorente. Entre los tres, según el sumario de la causa, tejieron una red en la que se adjudicaron la construcción de cinco aparcamientos públicos en Granada desde el año 2000. Aparcamientos que salían a concurso con el “arreglo” por parte de Lorente de incluir en el pliego de condiciones el derecho de tanteo preferente para SierraPark, la empresa que constituyeron José Julián Romero y Enrique Legerén de manera conjunta para explotar estos parkings.

Los inmuebles de la Universidad de Granada

No solo el Hospital del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) es objeto de polémica durante estos meses, también otros de los inmuebles que están junto a él aunque por situaciones distintas. En este caso se trata de dos edificios que la Universidad de Granada le compró al promotor Roberto García Arrabal para la construcción de espacios deportivos compartidos. Pero el primero de ellos, el Instituto Mixto Universitario de Deporte y Salud no solo no tiene fin deportivo sino que es ahora un centro de enseñanza, sino que además se incumple la altura que puede tener. Mientras que el segundo de los edificios es la futura construcción de una residencia universitaria cuyo suelo tampoco tiene el carácter deportivo con el que se vendió.

El edificio del Registro de la Propiedad

A menor escala, la corrupción urbanística se posa también sobre una calle cercana a la estación de trenes de Granada. La calle Tórtola es el lugar en el que se levanta la sede del Registro de la Propiedad cuya propiedad corresponde a Jesús Camy. Camy es uno de los registradores de la propiedad de Granada y es también uno de los que aparece como investigado en la 'Operación Nazarí' por supuestamente haber burlado la legalidad con la construcción de la entreplanta del edificio que se cita en esta parte de la causa. Las sospechas parten de la denuncia hecha a través de un informe por parte del exdirector de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, ante Isabel Nieto que desoyó las advertencias del director del área de la que era delegada. Así consta en la investigación de la UDEF que al mismo tiempo viene a apoyar los argumentos de Jacobo de la Rosa sobre su posición dentro de Urbanismo.

El plan PP-N2 de José Julián

Conforme se avanza en la investigación, el constructor granadino propietario de J.J. Consulting, José Julián Romero, demuestra un modus operandi que se repite en cada proceso. En este caso, el empresario a través de su empresa San Jerónimo S.L. no habría cumplido con lo pactado para la urbanización de la zona correspondiente dentro del PGOU a la PP-N2 en la zona norte de Granada. Al parecer la empresa de José Julián obró de manera arbitraria en la Junta de Compensación dejando al resto de propietarios de la misma en una situación de indefensión porque para la urbanización de la zona llegó a ocupar terrenos que eran de terceras personas y hasta desvió el barranco de San Jerónimo sin esperar a la autorización de la Confederación Hidrográfica. Una decisión que se entiende peligrosa para la seguridad de los vecinos y que se sumaba también a otras irregularidades como por ejemplo en la concesión de la licencia de primera ocupación y otras actividades dentro de este plan PP-N2 que se siguen investigando.

Se trata de ocho casos sobre los que se centra principalmente el sumario de la 'Operación Nazarí' pero no son los únicos. Existen distintas tramas que se entrelazan unas con otras y que siguen ahondando en la maraña de datos y protagonistas que podrían haber participado en la mayor trama de corrupción urbanística de Granada. De la investigación, que continúa, no se puede descartar que aparezcan nuevos actores principales dentro del relato que se desarrolla en el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital.

Siete meses después de que el exalcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), fuese detenido por su implicación en la llamada 'Operación Nazarí', la mayor trama urbanística que ha vivido la capital granadina empieza a poner nombres y apellidos al resto de protagonistas. Una trama que según los informes policiales tiene muchas implicaciones políticas y empresariales. Son tantos los señalados por esta causa que el secreto de sumario que se ha levantado este mes, aporta luz sobre quienes han sido víctimas y verdugos según la investigación. Entre los primeros, un nombre, el del exdirector de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, que fue uno de los primeros que removió los cimientos de la corrupción urbanística granadina y que fue perseguido y amenazado por advertir de las operaciones ilegales que estaban teniendo lugar en el Ayuntamiento de Granada.

Con la voz entrecortada, una postura vulnerable y sobriedad en sus palabras, Jacobo de la Rosa relató el pasado 6 de junio ante la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, María Ángeles Jiménez Muñoz, la que es una de las declaraciones más duras de las que se han llevado a cabo en el marco de la 'Operación Nazarí'. El que fuera director de Urbanismo entre 2005 y 2013 durante el mandato de Torres Hurtado en la capital granadina denunció, en calidad de testigo, una serie de hechos que colocan en una situación complicada tanto a la concejal de ese área entonces, Isabel Nieto, como a otros altos cargos del Ayuntamiento de Granada incluyendo al propio exalcalde.

La declaración, que forma parte de un sumario que ha permanecido en secreto hasta el pasado 7 de noviembre con más de 15.000 folios a los que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, señala momentos clave de los últimos años que se relacionan con toda la 'Operación Nazarí'. Una causa, la que llevó a la detención del exalcalde, Torres Hurtado, el pasado mes de abril junto con Isabel Nieto, por la que se les imputan hasta ocho delitos: cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, asociación ilícita, malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación.

Jacobo de la Rosa, pieza clave de la investigación

Jacobo de la Rosa, pieza clave de la investigaciónLa causa que ha acabado con más de una década ininterrumpida del Partido Popular en la alcaldía de Granada (desde 2003 a 2016) hunde sus cimientos dentro del propio área de Urbanismo en el que Jacobo de la Rosa resultó ser una pieza clave. Pero clave por molesta, porque el exdirector emitió diferentes informes en los que dejaba claro que alguno de los convenios urbanísticos que se pretendían llevar a cabo bordeaban los límites de la legalidad y de la ética. De hecho el testimonio del funcionario resultó clave hace ahora un año para que la 'Operación Nazarí' tomase forma. Porque entonces fue llamado a declarar a petición de la Fiscalía como testigo del caso Serrallo que dio origen a todo lo que ha venido después.

En aquel momento Jacobo de la Rosa habló ante la misma jueza de lo que había sucedido con la concesión urbanística dada al empresario granadino, Roberto García Arrabal, para la construcción de una discoteca en una zona destinada para suelo público según el propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Granada. El exdirector detalló que había redactado un informe en el que ponía de manifiesto que esa decisión que estaba tomando la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, a petición del empresario de permitirle instalar una discoteca en una zona que no estaba habilitada para ello, era ilegal. Un informe que de hecho la propia Junta de Andalucía llegó a ratificar posteriormente pero que quedó en papel mojado porque finalmente el espacio de ocio se construyó.

Sin embargo, aquello fue solo la punta del iceberg. Desde 2010, cuando arrancan las irregularidades del caso Serrallo, Jacobo de la Rosa, según sus declaraciones, tuvo conversaciones con regularidad con Isabel Nieto. Conversaciones en las que le reiteraba que no solo en ese asunto sino en otros como el Palacio de Hielo o la construcción de unas viviendas en la zona norte de la capital ponían en riesgo al propio Ayuntamiento de Granada por las consecuencias jurídicas que podrían tener esos convenios que o rozaban o superaban la ilegalidad.

Amenazas por hacer su trabajo

La declaración de Jacobo de la Rosa del pasado 6 de junio volvió a poner de manifiesto todo lo anterior y desveló la gravedad de las situaciones que el funcionario había vivido durante su etapa en Urbanismo. Según le relató a la jueza, fue víctima no solo de presiones sino de amenazas en todos los casos en los que se opuso a las diferentes empresas urbanísticas que planeaban sobre el Consistorio granadino de Torres Hurtado. Amenazas por correo electrónico y SMS que están recogidas en el sumario de la causa. 

De la Rosa cuenta ante la jueza que “cuando realicé el informe del Serrallo (ratificado por la Junta) recibí acoso laboral y amenazas desde que me negué a seguir las actuaciones de Urbanismo. La propia delegada de urbanismo (Isabel Nieto) me escribió varios correos pidiéndome que matizara mi informe”. Porque para ese momento, según las distintas partes del sumario de la 'Operación Nazarí', las urgencias para la apertura de la discoteca ya eran inabordables. Había que satisfacer lo acordado entre Isabel Nieto y el empresario Roberto García Arrabal. Por eso, según se desprende de la declaración del exdirector, el informe que había redactado y que era contrario al acuerdo entre esas partes, era molesto para ambas.

De hecho, para entonces, asegura,  ya hacía tiempo que algunas decisiones urbanísticas se tomaban sin conocimiento del propio director de Urbanismo. “En la reunión sobre el Palacio de Hielo era el señor Manuel Lorente (gerente del área hasta 2008) el que sacaba todos los documentos de valoraciones… Y yo, siendo director no sabía nada de aquello porque lo habían hecho a mi espalda” señala Jacobo de la Rosa en su relato ante la jueza, María Ángeles Jiménez. Él mismo recuerda que tras aquella hubo otra convocada por el propio alcalde, José Torres Hurtado, en la que fue el único que se opuso a la operación del Palacio de Hielo. Pues dicha operación, según Jacobo de la Rosa, pretendía recomprar unos terrenos que no se habían pagado con el fin de incrementar su precio en un ejercicio aparente de especulación urbanística del que el Ayuntamiento de Granada era parte.

Fruto de todas las desavenencias decidió marcharse de la dirección de Urbanismo en enero de 2013. No obstante, sus problemas no acabaron. Aunque cambió el Ayuntamiento por la Diputación de Granada, el funcionario escribió pocos días después de su marcha el informe definitivo sobre el caso Serrallo. Un informe que se incorporó en septiembre de ese mismo año a la denuncia interpuesta contra el Consistorio de Torres Hurtado por la construcción de la famosa discoteca. Lo hizo como respuesta a las presiones y amenazas de las que había sido víctima durante sus años como director de Urbanismo. Amenazas entre las que se incluye en el sumario como la exdelegada de Urbanismo, Isabel Nieto, llega a tachar de traición alguno de los informes de Jacobo de la Rosa.

“Me hacían creer que no valía para nada”

Cuando a finales de 2013 la Fiscalía inicia la investigación sobre el caso Serrallo, Jacobo de la Rosa ya era director general de Fomento en la Diputación de Granada que presidía el también popular y a su vez enemigo político de Torres Hurtado, Sebastián Pérez. Sin embargo, apenas unas semanas después, Isabel Nieto y Torres Hurtado redactan una carta en la que le piden al presidente de la Diputación granadina que restituya a Jacobo de la Rosa en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada.

Así es como el exdirector regresa al Consistorio y como vive otra de las etapas más difíciles en su vida como funcionario, como relata la declaración recogida en el sumario. Tras volver, según declara ante la jueza, cae en una depresión por la que tiene que acudir al psicólogo y darse de baja por la tensa situación que vive de nuevo dentro de Urbanismo.

Cuando finalmente se recupera, Isabel Nieto le destina a trabajar en una oficina del área en el barrio del Albaicín. “Solo, sin ningún compañero, sin trabajo, me obligaban a hacer informes semanales sobre mí en los que decía que no estaba haciendo absolutamente nada. Para hacerme pensar que no servía para nada” aseguró Jacobo de la Rosa ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada.

“Recibí llamadas de compañeros amenazándome y a los tres meses me dijeron que me iban a abrir un expediente” sostuvo durante su declaración como testigo el exdirector. Por lo que la situación se volvió insostenible y se tuvo que dar de baja de nuevo. Pese a ello “incluso así han empezado a amenazarme incluso a través de la prensa. Isabel Nieto me insistió en que si no me retiraba en lo que decía en aquel informe, irían contra mí. Me dijeron que me iban a imputar por informe falso” relató Jacobo de la Rosa.

La declaración deja claro que en Urbanismo se han producido muchos episodios en las últimas décadas. Situaciones que forman parte del sumario de la 'Operación Nazarí' que irá añadiendo más partes a una causa que según los informes policiales colocan al exalcalde Torres Hurtado en la “cúspide” de una trama de corrupción urbanística que podría ir mucho más atrás en el tiempo. Falta saber cuánto más y por quienes más se forjó este entramado del que aún faltan muchas partes por desvelar.

Granada comienza a ver el futuro inmediato en su panorama político. Aunque el horizonte sigue negro en cuanto a los procedimientos que se llevarán a cabo, parece que todos ellos desembocarán en un final: Paco Cuenca (PSOE), alcalde. Así está la situación actualmente después de que el PSOE se haya reunido ya con todas las formaciones políticas de la oposición.

Después de que los socialistas alcanzaran el lunes sendos acuerdos con Izquierda Unida y Ciudadanos para que se llevara a cabo una moción de censura contra el entonces alcalde de Granada, José Torres Hurtado, la dimisión del primer edil ha trastocado algo los planes. Puesto que para que la moción salga adelante hacen falta 14 firmas de las cuales hasta el momento hay 11. Es decir, las de PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida. Faltan por lo tanto las de los tres concejales de Podemos.

Pero Podemos ha decidido paralizar la moción y no firmarla atendiendo a posibles “trabas jurídicas” que puedan ralentizar el proceso para que el PP deje de gobernar. Aunque esta paralización no supone en cualquier caso que la formación morada no vaya a apoyar un equipo de Gobierno encabezado por el PSOE con Paco Cuenca como alcalde de Granada, la hoja de ruta varía.

Tras la reunión que ambas formaciones políticas han mantenido, la portavoz de Podemos en el consistorio granadino, Marta Gutiérrez, ha asegurado que “lo que no podemos permitir es que el Partido Popular nos meta en un laberinto jurídico (…) No fuimos nosotros los que permitimos que se mantuviera el Gobierno de un alcalde imputado por corrupción”. En Podemos aluden a un 'Gobierno de cambio' en el que no tiene cabida, en ningún caso, el PP.

Así las cosas, el portavoz de los socialistas, Paco Cuenca, asegura que, a la espera de que Podemos firme o no la moción de censura, en “los próximos días vamos a una sesión de investidura” en la que de igual modo cuenta con el compromiso de toda la oposición para apoyar su candidatura a la alcaldía de Granada y sacar al PP del gobierno municipal. Aunque recalca que la moción de censura no la han descartado “en ningún momento, seguimos pensando que hay que hacer una consulta jurídica para saber si en este momento es viable”.

En el marco de las conversaciones mantenidas entre los distintos partidos municipales, Ciudadanos ponía una condición explícita para apoyar al PSOE: que Podemos no entrara en ningún equipo de Gobierno. Algo que la propia formación morada ha descartado recordando que ellos ya en junio no pidieron ningún puesto.

El Partido Popular se deshace entre luchas internas

Mientras la oposición planea cómo quitarle el bastón de mando del Ayuntamiento de Granada al PP, los populares siguen dirimiendo quién será el que encabece la formación en el Consistorio. Y quien lo haga, tendrá que hacerlo previsiblemente como líder de la oposición. Pero en esa tesitura se encuentran hasta el momento dos nombres.

Por un lado, el actual alcalde en funciones, Juan García Montero, que en principio tiene el apoyo de su partido de manera oficial. De hecho, ya ha comenzado a ejercer como primer edil en funciones y lo ha hecho en un tono conciliador en el que ha abierto la puerta de nuevo a Ciudadanos para un posible acuerdo entre los partidos para que el PP vuelva a gobernar en Granada, mensaje que ya han transmitido líderes nacionales y regionales. Sin embargo, ha asegurado que va a trabajar para que próximamente haya alcalde “sea del partido que sea”.

García Montero llegó al Ayuntamiento de la mano de Torres Hurtado en 2003. Entonces asumió ser el concejal de Cultura y el año pasado añadió el área de deportes. Además desde 2011 ha sido el portavoz del equipo de Gobierno en el consistorio. Nacido en 1969 en Granada se licenció en derecho por la Universidad de Granada y llegó a trabajar como gerente de un importante cine de la capital.

El otro posible candidato es el número 4 de la lista que el Partido Popular presentó en las elecciones municipales de mayo de 2015, Fernando Egea. Según declaró el ex alcalde de Granada, José Torres Hurtado a 13TV, él debería ser el próximo líder del PP en el Ayuntamiento de la capital porque así lo dicen las listas, aunque asume que eso es algo que deberá decidir el partido. Se da la circunstancia de que Egea, actual concejal de Bienestar Social, Igualdad, Educación y Juventud no es afiliado al partido y que perteneció al Partido Andalucista hasta 2009 llegando a haberse presentado como candidato a la alcaldía de Granada en 2007.

A Torres Hurtado y al PP se le agotan los plazos para evitar perder la alcaldía de Granada. Tras las primeras declaraciones de intenciones de todas las formaciones en la oposición, este lunes se ha dado el primer paso para que se pueda presentar una moción de censura en la que Paco Cuenca, por pertenecer al segundo partido más votado, el PSOE, sería el nuevo alcalde de Granada.

La reunión entre ambas formaciones, que se ha producido en un céntrico hotel de la ciudad, ha durado escasa hora y media y ha llevado a la práctica el acuerdo que ya se alcanzó a nivel estatal para tratar de lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno cuando C's y PSOE acordaron votar 'sí', de manera conjunta, por el candidato socialista para la presidencia.

Ahora queda por ver qué decidirán Izquierda Unida y Podemos una vez que tanto PSOE como Ciudadanos presenten a las dos formaciones municipales el acuerdo al que han llegado. A falta de que se produzcan dichas reuniones, los partidos ya han avanzado sus intenciones. Aunque desde Izquierda Unida en principio la disposición es total, C's ya ha puesto en tela de juicio a Podemos pidiéndoles “altura de miras” para que no “pidan sillones” dentro del consistorio sino que se sienten a hablar. Ana Terrón, diputada de Podemos por Granada en el Congreso de los Diputados, ya ha respondido que no hablarán de sillones sino del futuro de la ciudad.

En declaraciones a los periodistas tras la reunión, Cuenca ha señalado que el acuerdo alcanzado no incluye “líneas rojas” ni “condicionamientos” y ha indicado que la primera intención de las dos formaciones es “limpiar” el Ayuntamiento, sacarlo de la “corrupción” y lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. El socialista ha vuelto a resaltar la situación de “extrema gravedad” en la que ha dejado el PP a Granada y ha reiterado la “responsabilidad” de los grupos en la oposición para situar a la ciudad “por encima de cualquier sigla política”. En ese sentido, ha justificado la presentación de la moción de censura en el objetivo de “devolver la confianza” de los ciudadanos en su Ayuntamiento y en “garantizar su viabilidad”, como “ejes fundamentales”.

Por su parte, el portavoz municipal de Ciudadanos, Luis Salvador, ha reivindicado la urgencia de “rescatar y devolver a Granada a la normalidad”, “erradicando la corrupción” y eso, ha agregado, “no se puede hacer con un alcalde que está en libertad con cargos y una concejal de Urbanismo en la misma situación”. Ha recordado que la decisión de impulsar una moción contra José Torres Hurtado ha sido consensuada con la dirección nacional y regional de su partido y se ha remitido a la rueda de prensa que ha ofrecido horas antes en el Ayuntamiento, donde ha descartado ofrecer su apoyo a un gobierno del PP en el presente mandato.

A partir de ahora, y una vez que los cuatro partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Granada (PSOE, C's, IU y Podemos) llegaran a un acuerdo y se firmase, la moción se llevaría a cabo en diez días hábiles. A lo largo de la semana pasada, Ciudadanos retiró (por segunda vez desde diciembre) el apoyo a Torres Hurtado pero hasta este lunes no descartaban la posibilidad de un cambio de cabeza dentro del PP que les permitiera seguir manteniendo la alianza con los populares. Ante la clara negativa de dimisión del alcalde y la falta de presión por parte del PP a nivel regional (no a nivel provincial), Ciudadanos ha optado por echar al alcalde.

José Torres Hurtado sigue haciendo caso omiso a las presiones de quienes insisten en que dimita como alcalde de Granada tras su detención y libertad con cargos en la operación nazarí de esta semana. El todavía alcalde no parece dispuesto a hacerlo porque, afirma, “¿qué motivo tengo yo para irme?”. De hecho, las presiones para la dimisión vienen de la oposición y del propio Partido Popular que ya se le ha suspendido cautelarmente la militancia y que, aunque evitan la palabra dimisión, le han invitado de forma clara a abandonar la alcaldía y “dar un paso a un lado” dándole incluso de plazo este fin de semana.

La salida pues de Torres Hurtado no está aún clara pero ya se habla de moción de censura. Ha sido Izquierda Unida la primera formación que ha hablado abiertamente de moción de censura como tal. En IU, su coordinador provincial en Granada, Manuel Morales, ha asegurado que van a comenzar una ronda de contactos con el resto de formaciones para llegar a un acuerdo que dé pie a una moción de censura contra Torres Hurtado y para intentar evitar que el PP conserve la alcaldía. Es más, según ha podido saber eldiario.es/andalucia, ya se han producido los primeros contactos telefónicos entre Izquierda Unida y el resto de partidos con representación municipal y este fin de semana habrá más reuniones de carácter informal.

El PSOE, en palabras de su portavoz en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, no ha descartado la iniciativa pero ha explicado que primero harán también su propia ronda de consultas para no precipitarse y precisa que “no tenemos un calendario de reuniones definido”. De hecho, en la mañana de este viernes el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha tendido la mano a Ciudadanos para una posible moción de censura que acabe dándole el bastón de mando a Cuenca, cosa bastante improbable por el desencuentro que hay entre Luis Salvador (C's y antiguo PSOE) y Cuenca, portavoz socialista.

Los socialistas van más allá de la trama de estos días y reclaman que “lo importante es que Granada salga de la parálisis de este último año”. En cualquier caso, no apoyarán una mera sustitución de Torres Hurtado por otra persona del PP.

Quien sí se unirá a una eventual moción de censura es Podemos, aunque en la formación matizan que lo harán si se cumple el decálogo que ha presentado este viernes su diputada por Granada en el Congreso, Ana Terrón, y que ha defendido también la portavoz de la formación morada en el Parlamento de Andalucía, Teresa Rodríguez. Sus manifestaciones parecen ir dirigidas directamente al principal candidato a suplir a Torres Hurtado, Sebastián Pérez, ya que apuntan que “Podemos no apoyará a ningún candidato afectado por el rastro de la corrupción política” al tiempo que el jueves tanto ellos como el resto de formaciones aludían a la posible responsabilidad de Pérez dentro de la trama urbanística. No hablan de ningún partido pero aseguran que apoyarán a un candidato que esté por la transparencia en la gestión.

Sin embargo, en Ciudadanos, que ya apoyó la investidura de Torres Hurtado, se muestran más cautos y tanto su portavoz en el Consistorio granadino, Luis Salvador, como el portavoz en el Parlamento andaluz, Juan Marín, no cierran la puerta a que Torres Hurtado dimita y pueda ser sustituido por otro miembro también del Partido Popular.

A Francisco Puentedura, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, parece no pillarle de nuevas la operación policial que podría acabar con Torres Hurtado como alcalde porque, recuerda, su grupo lleva denunciando desde hace varios años la presunta corrupción urbanística del equipo de Gobierno municipal. Según la investigación, el Ayuntamiento alertaba a empresarios 'amigos' de inminentes recalificaciones urbanísticas para que pudieran adquirir, previamente, los terrenos a bajo precio y hacer negocio.

¿Esperaban ustedes una operación policial que terminase con el alcalde detenido?

Obviamente. Por desgracia, no es una sorpresa y nos esperábamos que acabase la situación de esta forma.

Pero la concesión del parque infantil que se vincula con el caso del Serrallo Plaza data de 2006.

Nosotros remitimos en otoño de 2013 a la Fiscalía una parte de esta historia y ahora se han vinculado otros asuntos urbanísticos que venimos denunciando públicamente desde hace al menos dos años. Siempre se han beneficiado los mismos promotores y los empresarios. Todo forma parte de una trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento.

La concejal detenida, Isabel Nieto, entró a formar parte del equipo de Gobierno de Torres Hurtado en 2007, ¿qué papel cree que juega en este asunto?

Hubo un informe de quien fue director del área de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, denunciando un montón de irregularidades que Isabel estuvo haciendo lo posible por taparlas. Hicimos una denuncia pública ante la Fiscalía hace dos años que abrió diligencias de investigación, una querella y un proceso de instrucción que ahora mismo se está desarrollando y que, precisamente, se ha ampliado con esta investigación de la UDEF.

¿Qué vienen denunciando y a qué otros casos afecta?

Pues los del Pabellón Mulhacén, del Parque Tecnológico de la Salud, etc. Son todas recalificaciones de parcelas que el Ayuntamiento vende o saca a concesión y que luego se recalificaban para producir un aprovechamiento lucrativo a los mismos empresarios. El común denominador es que siempre son los mismos promotores urbanísticos los beneficados por todas estas actuaciones, en contra del interés público y general de la ciudad de Granada.

¿Todas sus denuncias están de alguna forma relacionadas?

Ahora mismo, el urbanismo en la ciudad de Granada tiene abiertas cinco diligencias de investigación por parte de la Fiscalía, algunas en proceso de instrucción por los juzgados. Al final pues han relacionado todas estas denuncias con avisos que se han producido y tramas donde han coincidido los mismos empresarios como beneficiarios de toda esta actuación corrupta. Ahora es cuando atan cabos y ven esta trama de corrupción urbanística que llevamos años denunciando. Se habla de tres empresas promotoras implicadas.

¿Y el futuro inminente para el Gobierno de la ciudad cómo lo imagina?

El equipo municipal de Ciudadanos es el que ha estado sosteniendo hasta ahora el equipo de gobierno del Partido Popular. Nosotros hemos dicho que las actuaciones inmediatas requieren de la dimisión del alcalde, de la concejal de Urbanismo y de los altos cargos que han sido detenidos. La responsabilidad política no puede acabar ahí. El PP está en un gobierno en minoría, los grupos de la oposición formamos mayoría en el pleno y es el momento en que los grupos municipales de la oposición tenemos que retratarlo y se tiene que retratar también el grupo de Ciudadanos.

¿Cómo lo plantean?

Nosotros creeemos que para restituir la legalidad urbanística, para acabar con la corrupción en el Ayuntamiento de Granada, el PP no puede estar gobernando ni un minuto más en la ciudad, hay que presentar una moción de censura que cambie el gobierno de la ciudad.

¿En qué cree que puede terminar todo?

Esta trama va a ir a más, con más implicaciones, y espero que esto acabe con una investigación en profundidad por parte de la Policía y los juzgados, caiga quien caiga, con una depuración total de las responsabilidades legales y políticas inmediatas que se adopten, echando al PP del Gobierno de la ciudad. Es muy lamentable que Granada entre en el mapa de la corrupción urbanística en este país.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada se ha visto sorprendido después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) comenzara una serie de registros que han concluido, por el momento, con las detenciones del alcalde de la capital, José Torres Hurtado (puesto en libertad con cargos) y de la concejala de urbanismo, Isabel Nieto. Un caso que involucra directamente al Consistorio y a importantes empresarios granadinos.

¿Quién es José Torres Hurtado?

Es el máximo dirigente de la capital granadina desde que en 2003 lograse ganar las elecciones por mayoría absoluta, hito que repetiría en los dos comicios siguientes en 2007 y 2011. Ya en 2015 tuvo que verse forzado a pactar con Ciudadanos para mantener su puesto como alcalde. Bajo su mandato Granada ha acometido la construcción de un metropolitano, que aún no ha comenzado a funcionar, del Parque Tecnológico de la Salud en la zona sur y ha sido la sede de importantes acontecimientos deportivos como el Mundial de Baloncesto en 2014 y de la Universiada celebrada en Sierra Nevada en febrero de 2015.

¿Qué se investiga?

La Fiscalía, desde 2013, y ahora la UDEF investigan la operación que permitió la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Granada, junto al centro comercial Serrallo Plaza, donde solo había una concesión para un parque infantil. La discoteca se construyó con los permisos para cinco columpios, y el 'canon' a pagar por su explotación al Ayuntamiento, de 1.000 euros al mes, es de los columpios infantiles, y no es de la construcción que hay actualmente en funcionamiento. Un hecho que además contradice el propio PGOU que aprobó el Ayuntamiento en marzo del año 2000 debido a que la zona en la que se construyó la discoteca está catalogada de dominio público al ser zona verde.

Las obras presuntamente irregulares colocan como principal responsable del entramado al alcalde de Granada, José Torres Hurtado, por haber permitido dicha construcción. Todo parte de la denuncia de un funcionario de urbanismo, ya jubilado, que remitió documentos a la Fiscalía y que probarían que casi todo lo que se hizo para la construcción de la controvertida discoteca fue ilegal.

¿Quiénes han sido detenidos?

Hasta el momento han sido detenidos tanto el alcalde, José Torres Hurtado, como la concejala de Urbanismo, Isabel Nieto. Torres Hurtado ya ha sido puesto en libertad con cargos, al tiempo que durante la jornada del miércoles se han llevado a cabo numerosos registros entre los que se incluye el de la sede de la empresa García Arrabal de la que es su representante el empresario Roberto García Arrabal.

¿Cuándo tuvieron lugar los hechos?

Los hechos se remontan al año 2006, cuando se otorgó concesión para la realización de un parque de infantil junto al Serrallo Plaza. Posteriormente, el parque infantil fue sustituido por un complejo de ocio del que es propietaria la empresa Inversiones Área Sur, cuyo administrador general era hasta febrero del año pasado el empresario granadino Roberto García Arrabal. Se trata de la misma empresa que posee también el centro comercial Serrallo Plaza. La firma fue vendida en enero del año pasado, en plena investigación de la Fiscalía, a un fondo de inversiones extranjero

¿Quiénes podrían estar implicados?

El principal implicado, según la investigación, sería el alcalde de Granada al haber permitido las obras que contravienen el PGOU. Junto a él se encuentra la concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto, también del PP, que ya declaró en diciembre de 2015 ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada en calidad de investigada por un supuesto delito de prevaricación en el llamado caso Serrallo. Además del empresario granadino Roberto García Arrabal, representante legal de Inversiones Área Sur, la Fiscalía denunció en febrero de 2014 tanto a Emilio Martín, director general de Licencias, como Manuel Lorente, director técnico de Obras; Gaspar Navarro, arquitecto jefe del Servicio; María Paz, directora general de Urbanismo, y Agustín Belda, coordinador del Área de Urbanismo y Obras.

Consecuencias políticas

Todos los grupos de la oposición se han manifestado en bloque pidiendo la dimisión del alcalde de Granada al mismo tiempo que han pedido que se depuren responsabilidades. Sin duda, la decisión más llamativa es la que ha tomado Ciudadanos al romper el acuerdo de investidura que unía a la formación naranja con el Partido Popular y que permitió la Alcaldía de Torres Hurtado el pasado mes de junio. Todas las formaciones municipales se van a sentar a hablar y no descartan presentar una moción de censura contra el alcalde.