La Fiscalía de Madrid ha decidido archivar la denuncia que el empresario Javier Pérez Dolset presentó contra el fiscal Ignacio Stampa por varios delitos de denuncia falsa, revelación de secretos, ocultación de pruebas, omisión del deber de perseguir delitos y cohecho. El Ministerio Público entiende que los hechos que atribuye al fiscal, antiguo integrante de Anticorrupción, no constituyen ningún delito y que, además, ya existe una causa en un juzgado donde el propio Pérez Dolset está llamado a testificar: en la que también está llamada a declarar como imputada la militante socialista Leire Díez bajo la acusación de intentar sobornar a dos fiscales, entre ellos Stampa, a cambio de información.

Entre otras cosas, Pérez Dolset acusa a Stampa de “convertir” el caso Villarejo en una “batalla política” e incluso de haber publicado un libro sobre su trayectoria profesional y sus conflictos con la Fiscalía General tras ser apartado de Anticorrupción. A su vez, el fiscal Stampa denunció hace meses en la Fiscalía que tanto Díez como Pérez Dolset le habían ofrecido trato de favor en sus contenciosos con la Fiscalía a cambio de información comprometedora sobre Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción.

En cuanto al libro del fiscal Stampa, el Ministerio Público entiende que “no existe prueba alguna, ni siquiera indiciaría, de la comisión de delito por parte del Sr Stampa en relación al libro publicado”, siendo todo “apreciaciones subjetivas del denunciante sobre la base de la interpretación del contenido del libro”. Además, se trata de algo relacionado con su “actividad particular y literaria” y ajena, por tanto, a su trabajo como fiscal y competencia de la Fiscalía Provincial.

La Fiscalía insta al empresario a acudir a la Audiencia Nacional a denunciar irregularidades en la gestión que Stampa hizo del 'caso Villarejo' cuando era el fiscal encargado del caso, y también a comunicar el resto al juzgado de Madrid que investiga a Leire Díez donde el propio Pérez Dolset tendrá que declarar como testigo.

Javier Pérez Dolset es uno de los fundadores del Grupo Zed, entre otras cosas dueño de los estudios Pyro de videojuegos y fundador del embrión de Terra. Tras la quiebra de la compañía, la Fiscalía Anticorrupción se querelló contra él por formar, supuestamente, parte de un entramado de subvenciones fraudulentas por un valor de más de 30 millones de euros, acusación impulsada actualmente por el fiscal José Grinda. Pérez Dolset llegó a estar casi un mes en prisión provisional en el verano de 2017. La causa, nueve años después, sigue pendiente de juicio.

Este empresario lleva años denunciando que su situación judicial se debe a la actuación de las “cloacas del Estado”, presentándose como impulsor de una agrupación no inscrita llamada “Asociación de Víctimas de las Cloacas del Estado” desde la que asegura que “se presta asistencia y se intercambia información con las personas que han sufrido persecuciones similares”.

La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional ha rebajado de 19 a 13 años de cárcel la condena al comisario jubilado José Manuel Villarejo por delitos de descubrimiento y revelación de secretos de empresa y de particulares en las piezas 'Iron', 'Land' y 'Pintor' del 'caso Tándem', las tres primeras por las que fue juzgado dento de la treintena de piezas separadas que la Justicia ha llegado a abrir contra él.

En su sentencia, recogida por Europa Press, los magistrados reducen los años de prision que le impuso la Sección Cuarta de la Sala Penal al estimar parcialmente su recurso y absolverle del delito de falsedad en documento mercantil en dos de las piezas. En Iron, los tribunales analizaron su contratación por parte de un despacho de abogados para espiar a una empresa de la competencia. En Land, lis investigadores se centraron en su su empresa Cenyt fue contratada para espiar al dueño de Procisa en el marco de una pelea familiar por una herencia de los García Cereceda. En Pintor, finalmente, se indagó sobre si los hermanos Fernando y Juan Muñoz Támara le contrataron para espiar a un antiguo socio y su abogado, el exjuez Francisco Javier Urquía.

Esta sentencia, todavía recurrible ante el Tribunal Supremo, ya fue anulada una primera vez por esta misma Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Posteriormente el tribunal ha dictado más sentencias condenatorias contra él, aunque muy por debajo de las penas de cárcel que ha llegado a pedir la Fiscalía Anticorrupción. Ocho años de cárcel, por ejemplo, por los encargos que le hicieron Repsol y Caixabank.

El tribunal mantiene la absolución del delito de cohecho pasivo y activo que las acusaciones atribuían a Villarejo y otros acusados, además de rechazar la nulidad de la segunda sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala Penal.

Por su parte, al socio de Villarejo, Rafael Redondo, la Sala de Apelación lo condena a 9 años de cárcel, frente a los 13 años que le impuso la Sección Cuarta, ya que también le absuelve del delito de falsedad documental.

Habréis oído hablar con frecuencia de las fuentes de los periodistas. Una fuente, en la acepción 8 del Diccionario de la Lengua Española, es una “persona o cosa que proporciona información”. La calidad de una información va muchas veces ligada a la calidad de las fuentes.

Desde la noche de los tiempos de nuestro oficio, en el periodismo ha habido muchas fuentes y también muchos charcos. Los charcos tienen también agua, como las fuentes, pero en la mayoría de las ocasiones es agua detenida y corrompida. Si se bebe sin haberla antes filtrado y depurado, sin separar el agua del cieno y de otros elementos en suspensión, se corre serio riesgo de intoxicación y de diarrea. Hasta de infoxicación, neologismo que por ahora no viene en el DLE, pero sí viene y desde hace ya años en Fundéu.

Armado con agua corrompida de charcos varios y de agua pútrida de una gran cloaca, la del comisario Villarejo, Alberto Núñez Feijóo sacude inmisericorde desde hace unos días a Pedro Sánchez con lo de las saunas de su suegro.

El artefacto argumental es de muy alto riesgo: es un bumerán de retorno lesivo. Si acusas al presidente del Gobierno de haber sido beneficiario a título lucrativo de una actividad de un familiar —actividad mal vista por parte de la sociedad, sí, pero legal—, no te extrañe que con la misma lógica le acusen a Isabel Díaz Ayuso de beneficiaria a título lucrativo de la actividad presuntamente ilegal de su novio y compañero de piso comisionista y quizás defraudador fiscal. O incluso que te acusen a ti de beneficiario a título lucrativo de la actividad ilegal a la que se dedicaba Marcial Dorado, el capo del narcotráfico con el que hacías viajes recreativos en yate por las rías gallegas y excursiones a Andorra no se sabe aún muy bien a qué. ¿O era a los Picos de Europa, como dijo Feijóo años después, creyendo que así le quitaba hierro al asunto, pues Andorra suena a dinero y Picos de Europa suena a naturaleza? “Recuerdo que había nieve”, dijo Feijóo, y todos entendimos que era nieve de la primera acepción del Diccionario (“f. Agua helada que se desprende de las nubes en cristales sumamente pequeños, los cuales, agrupándose al caer, llegan al suelo en copos blancos”) y no de la octava acepción: “f. jerg, cocaína”.

En Burgos aconsejan en ocasiones lo de “llámalo antes de que te lo llamen”, versión popular y matizada de aquello que le dijo la sartén al cazo: “apártate, que me tiznas”.

La última cruzada de la derecha política contra Sánchez me recuerda unos versos de Antonio Machado: “Yo he visto garras fieras en las pulidas manos;/ conozco grajos mélicos y líricos marranos.../ El más truhan se lleva la mano al corazón,/ y el bruto más espeso se carga de razón”.

El PSOE ve indicios delictivos en el espionaje ordenado por altos cargos de Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy al comisario Villarejo para utilizar datos de los negocios de la familia de Begoña Gómez para “matar políticamente” a Pedro Sánchez. El caso se remonta al año 2014 cuando el secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, encargó al polémico comisario José Manuel Villarejo, condenado ya a 24 años de prisión e imputado en múltiples causas judiciales, recabar material sobre los negocios del padre de Begoña Gómez para utilizarlos contra el recién elegido secretario general del PSOE.

Las grabaciones fueron publicadas por elDiario.es y La Vanguardia en abril de 2024 y evidencian cómo el que era número dos de Interior en el Gobierno de Rajoy encargaba una investigación parapolicial a la familia de la mujer de Sánchez.

El resultado de las pesquisas pactadas por Francisco Martínez y el comisario hoy poliimputado se plasmó en un informe titulado RIESGO PS (las iniciales del presidente) donde Villarejo recopiló información acerca de las saunas que gestionaban el suegro de Pedro Sánchez junto a sus hermanos y que ha sido desvelado esta mañana por el programa Mañaneros de TVE. Esa “nota interna”, sin sello de ninguna unidad policial, revela que tras la conversación de Villarejo con Francisco Martínez se produjeron seguimientos, sin orden judicial, a quien era el secretario general del PSOE y también a su pareja Begoña Gómez y a las hijas de ambos.

El documento de Villarejo alude a “la urgencia de la superioridad”, los cargos políticos que encargaban esos dosieres a los policías corruptos, y subraya que por esas prisas los informes pueden contener “errores groseros”. Son esos papeles fabricados por las cloacas del Estado los que 11 años después está recuperando el PP, a raíz de la intervención parlamentaria de su líder, Alberto Núñez Feijóo, el pasado miércoles, para acusar a Sánchez de lucrarse con supuestos prostíbulos que gestionaba su suegro. Y eso a pesar de que la Audiencia Nacional ya estableció en junio de 2024 que el negocio de las saunas del suegro de Pedro Sánchez, fallecido hace tres años se trataba de una “actividad privada lícita” y recriminó la “deplorable utilización partidista” de este tipo de informaciones. Así consta en el auto desvelado por la Cadena SER en el que la Audiencia Nacional rechazaba investigar la revelación de secretos denunciada por el PSOE entonces.

Fuentes socialistas aseguran que este nuevo informe conocido este viernes y que según TVE está en manos ya de la Fiscalía contiene material suficiente para reabrir el caso, una vez constatado que el comisario Villarejo asegura haber realizado seguimientos a la familia de quien era entonces el líder de la oposición.

Desde que el pasado miércoles, la totalidad de socios del Gobierno descartasen cualquier posibilidad de apoyar una moción de censura de la mano del Partido Popular y Vox, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, puso en marcha una campaña para acusar a Sánchez de haberse beneficiado económicamente de los negocios de su suegro que, a pesar de lo que estableció la Audiencia Nacional, el PP y algunos medios siguen relacionando con la prostitución y que se ha convertido en la última línea de ataque de las derechas contra el Gobierno.

Tanto hablar de fontaneros (hasta ha protestado una asociación profesional, ofendidos), y se nos olvida que el principal habitante de las cloacas no es el fontanero, sino la rata. No hablo de esos animalitos repugnantes que corretean por descampados, parques y contenedores de basura, sino otra especie más dañina: la rata de cloaca. Este artículo hay que leerlo con locución y música de documental de La 2.

Extendida por todo el planeta, la rata de cloaca parece haber encontrado un hábitat especialmente favorable en la democracia española. Su pelaje es variado: policías, empresarios, abogados, periodistas y políticos, mezclándose con promiscuidad. Escurridiza, con gran capacidad de adaptación y habilidad para moverse en la oscuridad, la rata de cloaca suele almacenar en su madriguera información comprometedora, que no duda en usar para chantajear, extorsionar y obtener beneficios económicos o judiciales. Muy dañina y transmisora de enfermedades democráticas, la rata es un animal agresivo, por lo que son frecuentes los conflictos entre individuos de la misma especie, llegando al canibalismo. La mayoría termina atrapada y en la cárcel, desde donde a veces sigue actuando.

En los años noventa España sufrió una importante plaga que casi devora la democracia. Por aquellas alcantarillas circulaban dossiers, cintas de vídeo, teléfonos pinchados, fotos íntimas y cuentas bancarias que afectaban a numerosos personajes públicos, del rey abajo. En tiempos más recientes las ratas colonizaron los cuerpos policiales, de donde no parece que hayan sido erradicadas del todo. Los más viejos del lugar recordarán ejemplares de gran tamaño que fueron especialmente ponzoñosos: empresarios caídos en desgracia como Mario Conde y Javier de la Rosa; policías con negocios propios como Villarejo; espías traidores como Perote, que se fue del entonces CESID con toneladas de material sensible…

Siempre que aumenta la temperatura política, la rata de cloaca sale a la superficie y causa grandes destrozos. Lo vemos estos días con varios ejemplares que corretean por juzgados, sedes de partidos, ruedas de prensa, y muy especialmente platós de televisión, pues los medios han encontrado un filón en estos animalejos. A veces con escenas tan chungas como la de este miércoles, con el turbio Aldama acosando a la turbia Leire Díez y casi llegando a las manos con el no menos turbio Pérez Dolset, en una escena que recordaba a aquel vídeo-meme de “dos ratas peléandose por un churro con música de fondo de Linkin Park”, un clásico de internet que alguna vez habrás visto.

Las ratas de hoy parecen aficionadas de medio pelo comparadas con las ratas de cloaca de otras épocas; pero no las minusvaloremos, que pueden hacer mucho daño. Y sobre todo no olvidemos que, más allá de complicidades políticas y periodísticas, las ratas buscan siempre su propio interés: salvar el culo, librarse de procesos penales, conservar su fortuna, sacar dinero, comerse el churro. Y quien se relaciona con ellas o les compra la mercancía, acaba llevándose un mordisco e infectado.

Los principales actores de la conversación pública se dividen hoy entre quienes creen que la ex militante socialista Leire Díez es una don nadie con aires de grandeza y conspiranoides que ha metido en un gran lío al PSOE por sus tejemanejes con un grupo de empresarios metidos a investigadores y quienes defienden con pasmosa soltura que era una enviada del socialismo o incluso del propio Pedro Sánchez para dinamitar la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Los primeros otorgan cierta credibilidad a la que también fue alto cargo de Correos y los segundos defienden a pies juntillas la palabra del comisionista e imputado en la trama de los hidrocarburos, Víctor de Aldama. No hay matices ni medias tintas, pero sí verdades a medias, falsedades flagrantes y mentiras pasmosas.

Aquellos que exigen explicaciones, identifican a cada uno de los personajes turbios de esta historia de mangantes y torrentes y tratan de poner algo de luz entre tanta oscuridad y tanta basura son tildados en el mejor de los casos de tibios o equidistantes. Y los que desde la derecha política y mediática, acostumbrados a chapotear en las cloacas de la llamada policía patriótica o han construido titulares a toda página con informes falsos, testimonios ficticios o investigaciones ilegales son los que dominan el relato.

Sin duda, van ganando los que están convencidos de que el Gobierno es una mafia, aunque no utilicen la misma expresión que ha acuñado Feijóo para llamar a “los españoles de bien” a salir a la calle para “echar a Sánchez de La Moncloa”. Se da la circunstancia de que a estos “españoles de bien” se han sumado, aunque no les veremos en la cabecera de la manifestación del próximo domingo junto a Feijóo, Rajoy, Ayuso, Aguirre y Aznar, algunos socialistas que la derecha considera del PSOE moderado y que ya están organizados para un supuesto “rearme moral”. No es cuestión de moralidad, sino de revancha porque algunos de los integrantes de esta supuesta célula proactiva estuvieron en el bando perdedor de las primarias a cara de perro que libraron Susana Díaz y Pedro Sánchez. Ni perdonan ni olvidan, aunque la memoria les flojee cuando hablan de los tiempos pasados y la supuesta ausencia de Aldamas o Leires. Ni el socialismo antaño era un ser de luz ni el de ahora es una organización criminal o una banda de forajidos.

Sin embargo, para desgracia del Gobierno y de Pedro Sánchez controlan el relato, lo que significa llevar la iniciativa en la construcción y difusión del mensaje. No se trata sólo de difundir información, sino de tejer una narrativa que se imponga en la conversación pública. En los medios, en el Parlamento, en las tertulias y en la calle. Y en este barrizal en el que se ha convertido la política, los de Feijóo llevan la delantera en el escándalo de la ya ex militante socialista Leire Díez. Basta con leer los principales diarios, escuchar las diferentes emisoras de radio o prestar atención a lo que se dice en las tertulias televisivas, para comprobar cuál es el mensaje dominante, a pesar de que Aldama no es una víctima como pretenden mostrarnos algunos y quienes le dan voz tampoco sean seres de luz.

Que el PSOE no haya dado explicaciones sobre las intrigas de Leire Díez, que no la expulsara del partido el primer día que se conocieron sus delirantes ofertas de impunidad a delincuentes de todo pelaje y que haya recibido información de terceros sobre supuestos delitos cometidos desde las más opacas estructuras del Estado que aún persisten en España no quiere decir que sus dirigentes hayan cometido algún delito. Al menos, hasta dónde hoy sabemos. Lo que subyace en todo caso es que Sánchez tiene un grave problema y no sólo mediático -como acostumbran a quejarse los socialistas- sino más bien político. No hay en Ferraz -y quizá tampoco en Moncloa- alguien capaz de construir un relato que sin duda lo hay sobre este esperpento en el que políticos, empresarios, policías, medios de comunicación y hasta miembros de la judicatura están interesados en que prevalezca un pozo de inmundicia insoportable relacionado con el Gobierno cuando en realidad el detritus al que asistimos, sí, es el que operaba en el último gobierno de Rajoy y, sí también, el actual Ministerio del Interior no ha podido o no ha querido acabar con ello.

El silencio esta vez no es una opción ni una muestra de resiliencia. Si además es resistente e inexpugnable, se convierte en un poderoso instrumento de autodestrucción porque rara vez vence a las narrativas difamatorias y apocalípticas.

“Leire Díez se comporta como un gato callejero que caza ratones y se los lleva a casa de su dueño como un trofeo. Con un poco de suerte, cree que así conseguirá su atención y un poco de cariño”. De esta forma tan gráfica describía esta semana un alto dirigente del PSOE en Cantabria al personaje de moda en nuestro país, que ha saltado al estrellato nacional ante la estupefacción de sus compañeros de partido, que le tomaron la matrícula hace ya muchos años, pero que en ningún caso le atribuían la capacidad de sumergirse en las cloacas del Estado —o directamente formar parte de ellas— con tanto arrojo y sin pudor alguno.

Y es que Leire Díez es una vieja conocida de la política y del periodismo en Cantabria, no necesariamente por sus éxitos o por su trabajo, sino más bien por haber protagonizado algunos episodios bastante sonados antes de dar su salto a Madrid. En esta tierra ha sido concejala y teniente de alcalde de Vega de Pas, vicepresidenta de la Mancomunidad de los Valles Pasiegos, responsable de comunicación del PSOE de Cantabria durante el mandato de Eva Díaz Tezanos como secretaria general y pieza clave en muchas de las elecciones primarias que se han celebrado en los últimos años, incluida la reciente campaña que dio la victoria al actual líder socialista, Pedro Casares.

En estos años, ha ostentado cargos públicos y de representación, ha trabajado en primera línea y mantiene contactos con muchos dirigentes con mando en plaza. Presentar a Leire Díez como una “simple militante” es ridículo y no cuela. Atribuirle encargos de las más altas instancias como 'fontanera' de La Moncloa también suena demasiado exagerado para ser creíble.

La discreción no ha sido nunca una de sus virtudes. Con un temperamento bastante explosivo, no ha rehuido nunca el enfrentamiento directo, con comportamientos que rozan lo kamikaze, como se ha podido comprobar con luz y taquígrafos en los últimos días. “Ni fontanera, ni cobarde”, ha dicho ella de sí misma en una esperpéntica rueda de prensa en un hotel en Madrid antes de lanzarse a una gira de entrevistas y tras publicarse de forma fragmentada y por capítulos los audios de la propia Leire Díez haciendo supuestos ofrecimientos absolutamente ilegales de demostrarse ciertos.

Si alguien confió en ella para ocuparse de asuntos que requieren de cierta maña para pasar desapercibida... está claro que no pudo hacer una peor elección. La excusa de que está preparando un libro de investigación provoca un cierto sonrojo y los antecedentes empujan a pensar que era una especie de espontánea con ganas de hacer méritos que se metió en medio de un fuego cruzado que no iba con ella pero que le afectó de lleno.

Ahora tenemos a empresarios multimillonarios imputados por graves delitos que buscan venganza, a policías y guardias civiles acusados de presuntas actividades ilícitas, abogados especializados en la defensa de la peor calaña de este país, periodistas de pseudomedios abonados a las filtraciones interesadas, audios y vídeos obtenidos probablemente de forma ilegal y en los que se ofrecen posibles favores judiciales a cambio de informaciones que perjudiquen a rivales políticos, tramas entrecruzadas con comportamientos nada ejemplares y que siembran tantas dudas que el ciudadano de a pie no tiene ni tiempo ni ganas de seguir todos los detalles de este bochorno público que genera desafección, asco y pereza.

Convendría que los responsables del PSOE, en Cantabria y en Madrid, no se pongan de perfil y no sigan guardando este silencio estruendoso. Que actúen con transparencia, que expliquen lo que saben de este caso, que no caigan en el 'y tú más' de las cloacas del PP, que aclaren por qué alguien como Leire Díez ha hecho una larga carrera profesional durante tantos años al abrigo de su partido y cuáles fueron sus motivaciones para apostar por ella en puestos de responsabilidad gracias a su militancia. Y que se desmarquen claramente de las prácticas que hemos conocido ahora si, verdaderamente, no hay nada que ocultar y no han sacado ningún rédito de sus labores de fontanería rodeada de un barro que lo ensucia todo.

Leire Diez ha pasado de ser una persona totalmente desconocida a estar en el centro del debate político en España. En las últimas semanas se han filtrado audios en los que ella aparece, y en esas grabaciones se la oye, por ejemplo, ofreciéndose a mediar con la Fiscalía para llegar a algún acuerdo que rebaje la condena a algún empresario que tire de la manta. Se le ha llegado a llamar la “fontanera del PSOE”. Ella ha asegurado en una rueda de prensa sin preguntas que se ha dado de baja como militante del PSOE y que ella solo es una periodista haciendo una investigación para escribir un libro. También, que nadie le ha hecho ningún encargo, que todo lo ha hecho por su cuenta.

Al final de esa rueda de prensa, aparece Víctor de Aldama un empresario imputado por el caso Hidrocarburos que Leire dice investigar pero implicado también, como presunto corruptor, en la trama del Caso Ábalos. Aldama se encara con Leire Díez, hay remolino de cámaras y micrófonos, y entonces aparece otro personaje fundamental en esta historia, el empresario Javier Perez Dolset, que empuja a Aldama y protege a Leire Diez. ¿Qué está pasando? Intentamos entender esta complicada historia política con el director de elDiario.es Ignacio Escolar.

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Cuando Leire Díez presentó en Ferraz a Javier Pérez Dolset, un empresario encausado por el supuesto desvío a Panamá de más de cien millones de euros, Pedro Sánchez ya había sido reelegido presidente y ya había ordenado la renovación de la cúpula de Correos que la dejó a ella sin trabajo. Dolset, que achaca sus problemas con la justicia a un montaje de “las cloacas del Estado” instauradas bajo gobiernos del PP, era por entonces un completo desconocido para el PSOE, según coinciden todas las fuentes consultadas. Y en su cruzada personal contra quienes, según él, le arruinaron la vida, encontró en la militante socialista una vía perfecta para que el partido del Gobierno le abriera sus puertas y lo escuchara.

Según ha podido saber elDiario.es, Díez llegó entonces a la sede de la calle Ferraz con el empresario encausado bajo una promesa que consiguió captar la atención de sus interlocutores en la cúpula del PSOE: las supuestas pruebas que demostrarían un complot político, judicial y policial en torno a la causa de los ERE de Andalucía, el escándalo de corrupción que echó abajo el fortín socialista andaluz y que arrasó la vida política y personal de expresidentes y símbolos del PSOE como Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En Ferraz, donde admiten tal encuentro, explican que recibieron aquel material, con ingente documentación y grabaciones, con una mezcla de asombro y escepticismo. Dolset les explicó entonces que esa documentación ya había sido entregada a la justicia tiempo atrás sin éxito alguno. Y que se la trasladaban al PSOE, personado en la causa de los ERE, por si ellos tenían más suerte y conseguían que avanzara. Un equipo jurídico del partido analizó el material aportado en memorias digitales y, tras varios meses de cribado, esa información resultó un chasco: ni aportaba novedad alguna a lo publicado en medios de comunicación o incluso a lo sabido ya entre las filas socialistas, ni mucho menos ofrecía pruebas de ese presunto complot.

Lo que defiende el PSOE para desmontar la tesis de la “fontanera”, instaurada por la derecha política y mediática sin más pruebas que lo sustenten que su propia militancia, es que fue, por tanto, Leire Díez quien movió ficha para poner a su partido al tanto de una investigación de la que aseguran ser completamente ajenos. “Ni conocíamos a Dolset, ni sabíamos nada de sus reuniones, ni mandamos a Leire a reunirse con nadie como enviada de ninguna misión especial. Es un montaje de la derecha. Fue ella quien nos presentó a ese empresario y quien nos dijo que trabajaban para una asociación de víctimas de la policía patriótica. Nosotros la escuchamos entonces y nada más. Aquello no llegó a nada”, exponen desde la dirección del PSOE.

En privado, lo que trasladan desde las filas socialistas es que Leire Díez, en realidad, lleva años trabajando para Dolset. Y que el empresario utilizó su militancia para acercarse al PSOE, como había hecho antes con otros intermediarios para poder contactar con Junts, con ERC o con Podemos, partidos con los que también se produjeron reuniones, según ellos mismos han relatado públicamente. En total, son cuatro los encuentros que admite el PSOE haber mantenido con el empresario presentado por su militante. Y todos, afirman, con el mismo resultado infructuoso.

El intento de bautizar la actuación de Díez, que antes había ostentado altos cargos en empresas públicas de la mano de los gobiernos de Sánchez, como una cloaca equivalente a la operación policial montada en Interior durante el Gobierno de Rajoy que mantiene procesados a un exministro del Interior, a su secretario de Seguridad y a varios comisarios, es recibido en el PSOE con una mezcla de sorna y rechazo. “No tiene un pase lo que se escucha decir a Leire Díez en esas grabaciones, pero nadie ha podido probar que lo dijera en nombre nuestro porque sencillamente es falso. Y a las pruebas nos remitimos. ¿Qué beneficio han obtenido esos empresarios de la Fiscalía o de la Abogacía del Estado? Lo que sí ocurrió bajo un Gobierno del PP es que se inventaron informes policiales contra rivales políticos y que se puso a la policía a perseguir a Bárcenas para destruir las pruebas de su corrupción”, remarcan.

La propia Leire Díez afirmó en Cuatro este miércoles que en esas reuniones donde se le escucha hablar de su capacidad para movilizar a la Fiscalía o la Abogacía del Estado, ella vendía “faroles para iluminar una alameda”. Es decir, que se inventaba su supuesto empoderamiento y su capacidad de maniobra. Algo en lo que coinciden algunos dirigentes políticos y policías que se sentaron con ese grupo de empresarios que disponen de grabaciones comprometedoras de policías, ejecutivos de empresas y también periodistas, casi todas provenientes del arsenal digital del comisario Villarejo.

Sobre el circo de este miércoles, con la esperpéntica comparecencia de Leire Díez convertida en sainete por la irrupción sorpresa de Víctor Aldama, en el PSOE prefieren no pronunciarse y poner el foco en que el supuesto corruptor del caso Koldo y de la trama de los hidrocarburos interpelase directamente a Feijóo para acabar con Sánchez. “¿Cree que este será el final del Gobierno de Sánchez?”, le preguntó un periodista a las puertas del hotel al que acudió a reventar el acto. “Esperemos que sea así por el bien de todos. Espero que el señor Feijóo haga lo que tiene que hacer”, respondió Aldama, a lo que los socialistas reaccionaron en sus redes sociales. “Víctor de Aldama, imputado en el caso Delorme y en el caso Hidrocarburos, entra en campaña para apoyar la candidatura de Feijóo en el próximo congreso del Partido Popular. El aval que le faltaba”.

“Ni fontanera ni cobarde”

Tras comparecer el martes en la sede socialista de Ferraz, Díez había anunciado para el miércoles una rueda de prensa en un hotel de Madrid a las diez en punto de la mañana. Sin embargo, decidió sentarse ante las decenas de micrófonos y cámaras a las nueve y media. “Soy de llegar pronto, pero me espero a la hora anunciada”, comentó. Y cumplió su palabra y permaneció allí plantada y en silencio durante media hora ante el deleite y el asombro de los medios gráficos y los programas de televisión en directo.

“Ni fontanera, ni cobarde”, remarcó la que fuera alto cargo de Correos y Enusa a modo de lema de su cruzada contra los oscuros poderes que promete combatir. “Seguiré con mi trabajo para culminar el libro. Ni me van a intimidar ni voy a renunciar a mis convicciones. Se puede ser socialista y llevar a cabo un trabajo de investigación, como es mi caso, un libro sobre la trama de los hidrocarburos. Una tarea de periodismo de investigación para evaluar casos de enorme trascendencia para el Estado”, aseguró.

Si se reunió con empresarios corruptos y maniobró contra altos cargos de la Guardia Civil lo hizo “para una investigación por un libro”. Y si ofreció tratos de favor de poderes públicos a los acusados a cambio de información sensible fue por una “equivocación en la formulación” o por “una mala interpretación”. Y hasta ahí las explicaciones, porque la ya exmilitante socialista no admitió preguntas de la prensa y se apresuró a embarcarse en una ronda de entrevistas por medios como Okdiario, El Toro TV o Todo Es Mentira (Cuatro).

Pero a la escena de su comparecencia en el hotel le faltaba un cameo decisivo. Entre los asistentes, casi de incógnito, se había incrustado el empresario Víctor Aldama, quien al finalizar la declaración se fue directamente a por Díez y Dolset. “Ha mentido en todo, se está riendo de todos los españoles. Esta señora es una sinvergüenza que trabaja para el señor Santos Cerdán y para el señor Pedro Sánchez”, dijo Aldama, quien denunció recibir “amenazas de muerte” que no ha concretado.

Con ese desenlace, la comparecencia de Leire Díez derivó en algo parecido a una trifulca de banquete de boda, con empujones, gritos, insultos, amenazas y un remolino de cámaras y reporteros que se llevaron por delante una de las mesas habilitadas en el salón del hotel y que acabó con botellas de cristal esparcidas por el suelo. El revuelo llamó la atención de los turistas que hacían cola en recepción para el 'check in', sorprendidos por el espectáculo. La dirección del hotel decidió llamar a la policía y una patrulla de dos agentes apareció al rato.

Pero a Leire Díez y Pérez Dolset se les había perdido ya la pista y todo el foco era entonces para Aldama, el empresario al que la Fiscalía Anticorrupción dejó en libertad con la promesa de colaborar con la justicia y de aportar pruebas de la supuesta corrupción sistémica del Gobierno de Sánchez. No ha cumplido esos compromisos, pero sigue en la calle jactándose de tender trampas al Gobierno, como la famosa grabación urdida junto a otro poliimputado en el fraude de los hidrocarburos en la que Leire aparecía tratando de sonsacarle información sobre guardias civiles corruptos. Esa polémica orden de libertad amparada por Anticorrupción que le había servido para pasearse por los platós de televisiones y estudios de radios, le permitió también acudir a reventar la rueda de prensa de Leire Díez y arrebatarle, de paso, buena parte de su minuto de gloria.

Empecemos por los hechos. Leire Díez es una militante del PSOE, que ha sido teniente de alcalde en un pequeño municipio cántabro y ha tenido puestos en empresas públicas de la mano de los socialistas. Díez se reunió con dos empresarios, Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn. Ambos están encausados en distintos procesos judiciales y sostienen que tras esas investigaciones hay guardias civiles y fiscales que les han perseguido con prácticas corruptas.

Uno de esos encuentros quedó registrado en una grabación de 53 minutos. En ella, los empresarios ofrecen información sobre prácticas corruptas de algunos altos cargos de la Guardia Civil, Díez se interesa por ella y pide que se las envíen. A cambio, Hamlyn quiere que se le garantice un pacto con la Fiscalía y Díez le promete que le puede sentar con fiscales.

¿Qué no sabemos? No sabemos en nombre de quién actúa Díez, si fue enviada por el PSOE y, si es así, quién del PSOE le hizo ese encargo. Si el PSOE está detrás, no sabemos qué buscaban los socialistas con estos encuentros y si estaban dispuestos a hacer de nexo con la Fiscalía. No sabemos si hay más gente del partido implicada.

El PSOE niega que enviara a Díez a esa cita y le ha abierto un expediente. Por su parte, Díez ha dicho que no tiene “vinculación con Ferraz” y Pérez Dolset, que ambos investigan “las cloacas del Estado” desde 2019.

¿Qué sabemos seguro? Que no ha habido pactos de ningún tipo con la Fiscalía. Las acusaciones contra Dolset y Hamlyn se mantienen. En el juicio contra este último, al que no se ha presentado alegando que no puede salir de Dubai, la Fiscalía solicita para él una condena de más de 50 años.

Con esos hechos y esas preguntas sobre la mesa hay quien ha corrido a llamar a esto las cloacas del PSOE. Es una licencia periodística, como muchas otras, para añadirle algo de gancho a las noticias, pero, sobre todo, un intento de fijar el marco: esto es igual de grave (o más) que las cloacas policiales del PP.

Porque sí, ahora se leen teorías sobre las reuniones de Díez y la implicación del PSOE, o sobre lo que se quería o no conseguir. Pero lo cierto es que en nuestro país tenemos ejemplos prácticos de lo que hacen las cloacas. Conviene recordar algunos capítulos, solo algunos, porque la historia completa da para un libro de los largos, o una serie con su ministro, su secretario de Estado y su grupo de policías corruptos.

40 kilos de cocaína y una cuenta falsa en Suiza

El resumen general es que en España, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, se montó una red de policías al servicio del PP que se dedicaron a fabricar pruebas contra adversarios políticos y a destruir las que les implicaban en casos de corrupción.

No hace falta rebuscar mucho en la hemeroteca. elDiario.es lleva años contando este escándalo y la última entrega publicada el pasado 16 de mayo es una pormenorizada historia sobre cómo la cúpula de la seguridad del Estado durante el Gobierno del PP urdió un montaje para convertir a Miguel Urbán, uno de los fundadores de Podemos, en un vendedor de 40 kilos de una cocaína procedente de Venezuela para financiar al partido.

Un comisario de la Policía Nacional, José Luis Olivera, firmó un informe elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) en el que se decía que Urbán, cuando ya era eurodiputado, le entregó “40 kilos de cocaína pura a cambio de una enorme cantidad de dinero” a un hombre.

Es uno de los diversos episodios de la guerra sucia policial contra Podemos, que tuvo como máxima expresión el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), en el que se lanzaban acusaciones falsas sobre la financiación del partido. La Audiencia Nacional mantiene una investigación abierta en la que acaba de citar a otro comisario, Marcelino Martín-Blas, que admitió que había conocido maniobras policiales contra Podemos.

Ese grupo de policías corruptos, que actuaban a las órdenes del Ministerio del Interior, también trataron de hacer daño al independentismo. Una muestra: el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, se levantó un día con una publicación en prensa que aseguraba que tenía una cuenta en Suiza con varios millones de euros. Era mentira, un montaje policial basado en datos falsos aportados por un empresario al que, según figura en la agenda de José Manuel Villarejo (el puntal de aquel grupo de policías), lo acabó pagando el Partido Popular a través de su 'número dos', María Dolores de Cospedal.

Un policía condenado y un ministro al que le piden 15 años de cárcel

Es Villarejo quien comandó otro de los principales encargos de la conocida como Policía Política: la infiltración en el círculo de confianza de Luis Bárcenas, extesorero del PP, para buscar y destruir pruebas de la corrupción del PP. Todo financiado con fondos reservados. La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para el exministro del Interior con el PP, Jorge Fernández Díaz, para su ‘número dos’ en el Ministerio, Francisco Martínez –ahora detenido por colaborar con un hacker–, y para el director adjunto operativo en aquella época, el comisario Eugenio Pino.

Este último, Pino, es el único de todos los implicados en aquellos montajes que ha sido condenado. El Supremo le confirmó un año de cárcel por sus maniobras para intentar que se condenara a la familia Pujol.

Esas son las cloacas. Altos mandos de la Policía y del Ministerio del Interior fabricando pruebas, intentando alterar investigaciones judiciales, tratando de destruir documentos y, sobre todo, filtrando información falsa que acababa publicada sin la mínima comprobación en importantes medios de comunicación del país.

Conviene recordar algunos de estos pasajes de nuestra reciente historia política para tener el contexto suficiente y acercarnos a los hechos que ahora hemos conocido –y que obligan al PSOE a dar muchas explicaciones– con el recuerdo de lo que es realmente una cloaca.

“Mafia o democracia” será el lema de la manifestación contra el Gobierno que ha convocado para la semana que viene Alberto Núñez Feijóo. José María Aznar ya ha confirmado su asistencia. Sí, el mismo Aznar que tuvo entre sus ministros a Rodrigo Rato, a Eduardo Zaplana, a Jaume Matas… Estará en primera fila, a tope contra la corrupción. 

También asistirá M. Rajoy. Sí, el mismo expresidente del Gobierno cuyo ministro del Interior se sentará en el banquillo, acusado de usar a la policía para tapar la corrupción de su partido. El molt honorable Carlos Mazón también ha confirmado su asistencia –si aguanta otra semana, no descartes que pronto fuercen su dimisión–. Aún no se sabe si Isabel Díaz Ayuso acudirá sola o irá acompañada por el defraudador confeso, Alberto González Amador. 

Son los milagros del anómalo debate público español. 

En la misma semana en la que la pareja de Ayuso queda a un paso del banquillo, en los mismos días en los que mandan a prisión al exsecretario de Estado de Interior de Rajoy, todas las teles, todas las tertulias, han quedado monopolizadas por la rocambolesca historia de Leire Díez. La “fontanera”. La “cloaca del PSOE”, la llaman también. Esa militante socialista grabada mientras ofrecía tratos de favor en la Fiscalía a distintos imputados por corrupción. A cambio, Leire Díez pedía que le pasaran información contra mandos de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, donde se investigan muchas de las principales causas contra la corrupción.

Algunos datos importantes, antes de seguir con la narración. 

En España existió una trama organizada en los cuerpos de seguridad del Estado. Algo sistémico. Una red corrupta y eficaz. Algo inaceptable en una democracia normal. 

El comisario Villarejo es su protagonista principal, pero no actuaba solo. Tenía jefes. Subordinados. Socios. Aliados. Esa policía patriótica, que floreció bajo el Gobierno de Rajoy, fabricó acusaciones falsas contra todos los enemigos políticos del PP: de la izquierda a los independentistas, pasando por la propia derecha. Es la misma cloaca policial que empleó los fondos reservados para espiar al tesorero Luis Bárcenas y robarle las pruebas que tenía contra el PP.

Buena parte de estos abusos policiales están ya en los tribunales. Algunos a la espera de juicio. Otros ya con condena. Hay denuncias que duermen el sueño de los justos en la Audiencia Nacional, otras están en investigación. Sigue siendo inquietante que el Centro Criptológico Nacional, del CNI, aún no haya logrado descifrar la mitad de los audios que el comisario Villarejo grabó –qué raro, esto también dependía del juez Manuel García Castellón–. Y eso que Villarejo decía que era la misma clave y la misma criptografía que el bloque de audios que sí llegó al juzgado. 

Aún no conocemos toda la historia. Pero lo que ya sabemos es aterrador y las pruebas son contundentes. El Gobierno de M. Rajoy usó el enorme poder del Estado para perseguir a inocentes, fabricar informes falsos, espiar a ciudadanos sin control judicial y destruir el patrimonio y la reputación de muchas personas.

¿Mafia o democracia?, que diría Alberto Núñez Feijóo.

¿Cómo de democrático es que la Policía se invente que un eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán, ha traficado con 40 kilos de cocaína para así poder investigarle? 

¿Y cómo definir lo que le pasó al expresidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell, que siendo inocente se pasó 643 días en prisión? ¿Es mafia? ¿Es democracia? ¿Son simplemente cosas que te podían pasar en aquella España si eras catalán?

Y la operación Cataluña, ¿cómo de democrática es? ¿Qué hacía el departamento de Asuntos Internos de la Policía espiando a los independentistas sin orden judicial? 

La primera noticia de aquella brigada secreta la publicamos en exclusiva en elDiario.es hace ya más de una década, en 2014. Leerla hoy pone los pelos de punta. Y nada pasó. 

Buena parte de los usos y costumbres de esa cloaca policial arrancan muchas décadas atrás. Varios de sus protagonistas echaron los dientes con la Brigada Político-Social de Billy el Niño, en ese centro de tortura de la dictadura que estaba en la Puerta del Sol. Algunas de las técnicas vienen de los años de la lucha contra ETA; donde casi todo valió. La excusa para que el fin justificara los medios fue el terrorismo, pero contra el independentismo pacífico catalán, o contra la izquierda, se aplicó buena parte del mismo manual. 

¿Estos policías actuaban solos? Pues claro que no. La red se extendía a la política, a los juzgados, a los medios de comunicación. 

Algunos de quienes se consideran afectados por esta cloaca y su enorme red de influencia llevan años intentando esclarecer lo ocurrido. Es una red informal que no surgió antes de ayer y que se ha acercado a más partidos, no solo al PSOE. Quieren saber qué pasó y también destapar a quienes colaboraron con esa organización. Les mueve un impulso que es fácil de describir: la venganza.

El líder entre ellos es un empresario tecnológico que perdió buena parte de su fortuna millonaria, Javier Pérez Dolset. A finales del siglo pasado, se hizo rico con la serie de videojuegos de más éxito de la historia del software español: Commandos. 

En 2017, Pérez Dolset fue detenido y encarcelado en prisión preventiva por orden de la Audiencia Nacional. Entre otros asuntos, fue acusado de desviar dinero a unas cuentas en Panamá que –asegura– nunca existieron. Según denuncia, en entrevistas que ha dado a distintos medios, fue todo “una invención de la cloaca” para destruirlo. Los procesos judiciales que se iniciaron entonces –aún sigue imputado– acabaron con cientos de millones de su patrimonio, afirma también.

Pérez Dolset culpa al grupo Planeta y a uno de sus principales directivos, Mauricio Casals, de su caída a los infiernos. Hace dos años presentó una querella contra el presidente de Planeta y también presidente de Atresmedia, José Crehueras. Hace varios meses, en octubre de 2024, esa querella se archivó por falta de evidencias. 

“Leire Díez lleva investigando conmigo desde hace seis años las cloacas del Estado”, asegura también Dolset.

Y algunas cosas casan mal con esa explicación. Porque una cosa es investigar y otra proponer acuerdos con la Fiscalía a empresarios corruptos por su delación contra altos mandos de la Guardia Civil. ¿En calidad de qué?

“La basura no se combate con basura”, escribió en elDiario.es Esther Palomera, con toda la razón. Tampoco se entiende que el PSOE haya tardado tanto en responder ante esta irregular actuación de una militante que debería haber sido expulsada del partido: por el daño que está haciendo a su organización.

Si Leire Díez actuaba sola, es una irresponsable por ofrecer componendas así. Y si realmente es una enviada de Ferraz, es aún peor.

Por ahora, por mucho que se retuerzan algunos audios, no hay prueba sólida de que Leire Díez actuara a las órdenes de Ferraz. Tampoco es descartable que sea así. 

Cabe preguntarse también quién espió a Leire Díez. Es bastante evidente que alguien lo hizo. 

Pero lo que sin duda está por demostrar es que algunas de las ofertas inmorales que trasladaba Leire Díez en su “investigación” tuvieran efecto alguno. No se conoce ningún caso donde la Fiscalía haya actuado a favor de algunos de estos imputados por corrupción. Ni uno solo. 

El único acusado de corrupción que ha sido puesto en libertad de forma bastante anómala, a cambio de una supuesta colaboración con la Justicia que nunca llegó, es Víctor de Aldama. ¿Para hacerle un favor al PSOE o al Gobierno? No precisamente. Fue una decisión que impulsó un fiscal de Anticorrupción que ha trabajado para gobiernos del PP y que se tomó a espaldas del fiscal general del Estado, como ya te conté. 

El abogado de Víctor de Aldama, José Antonio Choclán, es también abogado de Alejandro Hamlyn. Este empresario está imputado en la trama de los hidrocarburos, al igual que Aldama. Sobre él recaen las sospechas de haber grabado la famosa videoconferencia donde Leire Díez le ofrece la ayuda de la Fiscalía a cambio de pruebas contra la UCO. Es la voz que se escucha con más claridad –que en estos casos suele ser la pista más obvia de quién grabó–. 

Hamlyn está acusado de un presunto fraude de 154 millones de euros. Ahora vive en Dubai. Argumenta que no puede salir de ese país por una deuda de 5.000 euros. Es difícil de creer que alguien capaz de pagar a un abogado tan caro como Choclán no pueda afrontar una deuda así. 

El propio Víctor de Aldama se ha jactado públicamente de haber “tendido una trampa” al PSOE, con la filtración de esta grabación. No hay aún noticias de que su “colaboración” con la Justicia haya ofrecido algún dato de interés, pero sí de su gira mediática, de sus bulos, amenazas e insultos contra el Gobierno o de sus vacaciones en Ibiza a todo tren. 

Todos los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez –del PSOE al PNV, pasando por Podemos o Junts– creen que una parte de los aparatos del Estado trabaja para tumbar al Gobierno de coalición. Es algo que está a la vista de cualquiera con un mínimo de información: algo que Aznar invocó con “el que pueda hacer que haga”. Ocurre en varios juzgados, pero no solo allí. Se ha acelerado desde la ley de amnistía y el fracaso electoral de la derecha en 2023.

Es obvio que es un movimiento organizado. No son hechos espontáneos. Pero eso es otra historia que, más adelante, contaré.

Es llamativo que, en esta ocasión, las supuestas cloacas no tengan despacho en el Ministerio del Interior. Ni pistola. Ni placa. Ni autoridad formal. 

Las sospechas también señalan a la UCO. Ahí están las filtraciones sobre informes que después nunca aparecen. O los recientes errores de bulto –siempre en la misma dirección–. O las conexiones de algunos mandos con la enorme trama corrupta de los hidrocarburos. O los exabruptos de un excapitán de la UCO que ahora trabaja para Isabel Díaz Ayuso.

En el PSOE ya se preparan para expulsar del todo a Leire Díez. Y hacen bien: lo que hizo es inaceptable. Pero comparar este episodio con “la cloaca” de Rajoy es algo difícil de tragar.

Quien decía aquello de “la fiscalía te lo afina” no era un militante de tercera regional: era el ministro del Interior de Rajoy. No ocurría en la oficina de un abogado: pasaba en su despacho oficial. Y era el propio Jorge Fernández Díaz quien grababa la conversación.

Quien pedía a “Luis, sé fuerte”, no era un empresario ajeno a la organización. El que prometía a Bárcenas que “hacemos lo que podemos” no era tampoco un espontáneo que pasara por allí. Era el mismísimo M. Rajoy. 

Y tanto que hicieron lo que pudieron. Encargaron a Villarejo que parara “la libretita” de Bárcenas. Sobornaron a su chófer para que le espiara. Robaron sus grabaciones. Y apartaron a varios jueces del caso Gürtel: Garzón, Pedreira, Ruz… Cuando al PP le va mal un juicio no cambia de abogado, cambia de juez. 

El votante progresista no tolera cierto hedor. Y hace bien en exigir un comportamiento ejemplar, una ética más exigente. Faltan explicaciones más claras por parte del PSOE sobre las maniobras de Leire Díez: con quién se comunicaba en el partido y qué trasladaba sobre estas reuniones en las que participaba. 

Pero si este gobierno es “la mafia”, ¿cómo llamamos al anterior?

Leire Díez, la militante socialista grabada en un audio en el que ofreció ayuda a un empresario imputado a cambio de información comprometedora sobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha asegurado en un chat con militantes del PSOE que “la verdad saldrá” sobre su supuesta participación como emisaria del partido. Además, otro de los implicados en el audio, el empresario Javier Pérez Dolset, se ha desvinculado del PSOE y ha anunciado que la próxima semana presentará una denuncia contra el fiscal anticorrupción José Grinda.

En sus mensajes, desvelados por El País, Díez explica a otros militantes del PSOE que “las cloacas mediáticas son mucho más profundas de lo que parecen”. De hecho, atribuye a esas supuestas “cloacas” la publicación del mencionado audio difundido esta semana por distintos medios de comunicación. “Pero la verdad es solo una y saldrá. De hecho, ya está saliendo”, zanja, en ese grupo de WhatsApp.

Los audios publicados hasta ahora por medios como El Confidencial muestran que Díez se reunió con empresarios imputados en diversas causas, como Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn. Estos, a su vez, sostienen que tras las causas contra ellos hay operaciones de guerra sucia en las que habrían participado altos cargos de la UCO, y afirman tener informaciones comprometidas sobre ellos. Díaz reclama esas informaciones y ofrece la posibilidad de hablar con la Fiscalía para llegar a acuerdos en los casos abiertos. Pero esos acuerdos no se han producido, los empresarios siguen investigados y la grabación se conoció un día antes de que comience al juicio contra Hamlyn, al que no se ha presentado.

Ante la actitud de Díez, el PSOE le abrió el miércoles un expediente informativo. “Voy a decir lo mismo aquí que he dicho a los compañeros periodistas respecto del expediente informativo. Me llamó Juanfran Serrano [el 'número dos' de Santos Cerdán en el área de Organización del PSOE] para decirme lo del expediente informativo. Me han dicho que me llamarán”, señala Díez en los mensajes. “He pedido que sea lo antes posible para explicar y mostrar la investigación que estoy llevando a cabo para que se disipen las dudas y se compruebe la complejidad y la importancia de la investigación”, concluye.

“Pondré la información a disposición para su análisis. Y de verdad que estoy aliviada de poder compartirla”, añade Díez en el mencionado grupo de WhatsApp. “Lo único con lo que duermo todos los días es con mi conciencia y procuro que esté tranquila. Hasta ahora lo he conseguido y voy a seguir así. En cuanto a comentarios como algunos de este grupo y otros, de verdad, me la traen al pairo. La verdad, repito, es una. Y prevalecerá”, concluye.

Pérez Dolset, por su parte, ha sido entrevistado en Cuatro, donde ha insistido que no es “fontanero de ningún partido” y que no actúa en nombre de ninguna formación política, tras haber sido señalado por distintos medios como “fontanero de Ferraz”, al igual que se ha acusado a Díez.

También ha anunciado que el próximo martes va a presentar una denuncia contra el fiscal Grinda a la que acompañará de un audio del representante del ministerio público que, según ha dicho, está en manos de “una periodista”. Siempre según Pérez Dolset en la grabación Grinda “confirma que un comisario de policía, junto al consejero delegado de Planeta de ese momento, José Lara, hacen una tenaza o una operación que no se puede hacer para interferir en su investigación y manipularla”.

Esta historia que vas a escuchar es real, pero gira alrededor de una gran mentira. Se trata de un relato falso que nace en lo más profundo del Estado, un montaje policial con connivencia política. Un montaje en el que se intentó demostrar que el fundador de Podemos y eurodiputado en ese momento, Miguel Urbán, entregó 40 kilos de cocaína procedente de Venezuela, en un pub de Malasaña, el Nueva Visión, a cambio de una suma de dinero desorbitada que ayudaría a financiar a Podemos.

Este relato surrealista fue creíble para la Policía y para la cúpula de Seguridad del Estado. ¿El objetivo? Evitar que PSOE y Podemos pactaran un Gobierno de coalición en España.

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El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha puesto en marcha la investigación sobre la guerra sucia que la Policía Nacional desató, supuestamente, contra Podemos durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Por el momento el magistrado ha llamado a declarar en octubre y noviembre como imputados a Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Interior, y a varios altos mandos policiales de la época: el Director Adjunto Operativo Eugenio Pino, Enrique García Castaño y José Ángel Fuentes Gago además de Andrés Gómez Gordo y Germán Rodríguez Castiñeira.

El magistrado también acepta llamar a declarar a varios testigos propuestos por Podemos después de que la primera batería de testificales contenida en la querella fuera rechazada. Ignacio Cosidó no será imputado pero sí ha sido llamado a declarar como testigo junto con varios excomisarios supuestamente involucrados, un ciudadano venezolano y la que fue contable de Pablo Iglesias.

Fue el pasado mes de febrero cuando el juez Pedraz se convirtió en el primer magistrado en aceptar analizar por la vía penal si la cúpula policial de los gobiernos del PP con Mariano Rajoy maniobraron de forma ilegal para perjudicar a Podemos y sus líderes en pleno ascenso del partido. Ya en su auto de admisión a trámite, el juez explicaba que por el momento no investigaría al entonces ministro, Jorge Fernández Díaz, ni tampoco al director de la Policía, Ignacio Cosidó, pero sí a varios de sus subordinados y altos mandos policiales.

Las citaciones están programadas para finales de octubre. El día 29 comparecerán Francisco Martínez, procesado en el caso Kitchen, y al comisario Enrique García Castaño. Un día después lo hará Eugenio Pino, Director Adjunto Operativo del cuerpo, y José Ángel Fuentes Gago, otro comisario. Ya el día seis de noviembre comparecerán Andrés Gómez Gordo, policía recientemente condenado por la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid, y Germán Rodríguez Castiñeira.

La querella del partido de Ione Belarra apuntaba a que los investigados, siguiendo órdenes de Francisco Martínez y en última instancia de Jorge Fernández Díaz, “se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política Podemos”.

De la Policía a las portadas

El objetivo principal, según la querella que instruye Pedraz, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las “fuentes policiales” y finalmente desprestigiar ante la opinión pública al partido que entonces dirigía Pablo Iglesias, así como atentar de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.

Las consecuencias de esta actividad policial ilegal contra el partido, explicaba la querella, puede encontrarse en las portadas en ocho actuaciones diferentes: desde la investigación al líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA (sobre la falsa financiación irregular de Podemos) hasta la filtración de un documento “falsario” de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.

Desde su irrupción en la política española en las elecciones europeas de 2014, ni Podemos ni ninguno de sus líderes han sido condenados por financiar de forma irregular el partido. Un juzgado de Madrid mantuvo abiertas durante tres años unas diligencias en el conocido como 'caso Neurona' que, finalmente, fue archivado por falta de pruebas.

La defensa de Javier López Madrid ha logrado que se retrase hasta octubre de 2025 el juicio por acoso, coacciones y lesiones a Elisa Pinto que se iba a celebrar a partir del lunes contra el empresario y también contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo. El 23 de septiembre, el abogado de López Madrid alegó sin éxito que no había tenido tiempo de preparar un juicio cuya fecha se fijó hace diez meses y, tras la negativa de la jueza, tres días después presentó un parte médico por ansiedad que ha terminado por provocar el aplazamiento de la vista un año.

El retraso del juicio al poderoso empresario y al comisario de las cloacas abunda en la lentitud del proceso contra ambos. La primera denuncia de la doctora Pinto por el presunto acoso de López Madrid data de octubre de 2013, hace ahora 11 años. La vista ha sido fijada en distintas sesiones entre el 6 de octubre y el 31 de octubre de 2025, según la diligencia de ordenación dictada por el Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid.

El Juzgado decidió aplazar la vista pese a que López Madrid está representado en la causa por tres abogados y después de que el principal presentara el parte de ansiedad. El médico que le atendió ni siquiera le dio la baja laboral. Solo le recomendó reducir el trabajo y tomar un ansiolítico al día.

En la diligencia, la letrada de la Administración de Justicia previene contra nuevas maniobras al asegurar que “este plazo de señalamiento es suficiente para poder preparar adecuadamente el juicio, así como para plantear todas las cuestiones que sean de interés para las partes con la antelación necesaria a la fecha de inicio, con tiempo para su resolución y las impugnaciones que procedan”.

La proximidad del juicio contra López Madrid y el comisario Villarejo habían despertado movimientos que reproducen la época más efervescente de las cloacas policiales y sus entornos. A once días de la que iba ser fecha de arranque de la vista, un abogado presentó un escrito ante el tribunal asegurando que la imputación de Villarejo resulta de la manipulación y el concierto entre la doctora Pinto y un comisario, Jaime Barrado, que investigó el acoso a la mujer durante un tiempo. 

Los hechos que denuncia ahora ese abogado ocurrieron hace más de nueve años, cuando la doctora reconoció a Villarejo en un reconocimiento fotográfico al que la citó el comisario Barrado. Según el letrado denunciante, tanto él como otro abogado escucharon de boca del comisario Barrado que todo era un montaje para acusar a Villarejo. 

La lista del testigos que desfilarán por el juicio incluye a algunos de los más destacados miembros de la brigada política del PP, incluido su artífice, el comisario Eugenio Pino, director operativo de la Policía entonces. O el comisario Andrés Gómez Gordo, recientemente condenado en el caso Ciudad de la Justicia y que se sentará en el banquillo de la operación Kitchen junto a Pino. 

En el juicio por el acoso a la mujer, ambos policías deberán responder sobre las maniobras para evitar que Villarejo se sometiera a la rueda de reconocimiento que finalmente tuvo lugar en 2017 y que precedió a su imputación por haber pinchado presuntamente a la doctora tres años antes mientras le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. La Fiscalía pide 13 años y dos meses de cárcel para cada uno de los dos acusados, Villarejo y López Madrid. 

La defensa de Javier López Madrid ha logrado que se retrase hasta el próximo año el juicio por acoso, coacciones y lesiones a Elisa Pinto que se iba a celebrar a partir del lunes contra el empresario. Se sentará en el banquillo junto al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Hace tres días, el abogado de López Madrid alegó sin éxito que no había tenido tiempo de preparar un juicio cuya fecha se fijó hace diez meses y, este jueves, tres días después, el letrado ha presentado un parte médico por ansiedad que la jueza ha estimado como motivo suficiente para aplazar la vista. 

La proximidad del juicio contra López Madrid y el comisario Villarejo ha despertado movimientos que reproducen la época más efervescente de las cloacas policiales y sus entornos. A once días de la que iba ser fecha de arranque de la vista, un abogado presentó un escrito ante el tribunal asegurando que la imputación de Villarejo resulta de la manipulación y el concierto entre la doctora Pinto y un comisario, Jaime Barrado, que investigó el acoso a la mujer durante un tiempo. 

Los hechos que denuncia ahora ese abogado ocurrieron hace más de nueve años, cuando la doctora reconoció a Villarejo en un reconocimiento fotográfico al que la citó el comisario Barrado. Según el letrado denunciante, tanto él como otro abogado escucharon de boca del comisario Barrado que todo era un montaje para acusar a Villarejo. 

La identidad de estos dos abogados resulta trascendental para entender la denuncia de última hora presentada por uno de ellos. Quien firma el escrito es José Luis Moreno Cela, un nombre que se repite en el sumario del caso Villarejo como miembro del entorno del comisario. 

De hecho, Moreno Cela ha estado imputado recientemente en una de las piezas acusado de haber participado en las maniobras para atacar al abogado de Luis Bárcenas e impedir la publicación de información perjudicial para el PP que guardaría el letrado. La conocida como ‘Kitchen jurídica’ también contó con la imputación del número dos de Interior en esa época, Francisco Martínez, y del propio Villarejo, pero acabó siendo archivada por el juez Manuel García Castellón. 

En la denuncia, Moreno Cela asegura que el comisario Barrado habría hecho esa confesión también en presencia de otro letrado, José Aliste, quien estaría dispuesto a corroborarlo. ¿Y quién es José Aliste? Pues otro habitual de las agendas del comisario Villarejo e imputado en un juzgado de Madrid por participar en un episodio de la guerra sucia contra Podemos, el caso Caranjuez, a cargo de la brigada política durante el Gobierno del PP. 

La titular del Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid, que juzgará el presunto acoso, coacciones y lesiones a la doctora, reaccionó dictando una diligencia de ordenación con tres líneas en las que acordaba dar traslado a las partes del escrito y, “una vez verificado”, se devolviera a su autor. 

El escrito no ha tenido, por ahora, más repercusión en el proceso. Pero sí fuera de él. El diario ABC tituló: “Un nuevo testigo acusa al comisario del caso de la doctora Pinto de manipular las pruebas”. La publicación en el periódico es del 26 de septiembre y no menciona la respuesta de la jueza devolviendo el escrito, acordado en una diligencia del 18 de septiembre, ocho días antes de la publicación.

Aplazado el juicio once años después

La primera denuncia por acoso en la Policía de la doctora Pinto fue presentada en el otoño de 2013. Cuando parecía que, once años después, por fin llegaba el momento de juzgar los hechos, otro movimiento ha provocado su aplazamiento hasta 2025. Pese a que López Madrid está representado por tres abogados personados en el procedimiento, el cuadro de ansiedad que recoge un parte médico presentado por quien encabeza el equipo jurídico ha convencido a la jueza del aplazamiento. 

Según informan fuentes jurídicas, ese parte es de un centro médico que asegura que el letrado describe ansiedad relacionada con su trabajo, por lo que le recomienda 15 días reduciendo sus tareas y la ingesta de un ansiolítico. El colapso de la justicia obliga a que el aplazamiento suponga meses de espera. Una amplia lista de comparecientes, en jornadas que se iban a prolongar durante un mes, no encontrarán una sala de vistas disponible en la Audiencia Provincial hasta ya entrado el próximo año. 

Esa lista de testigos incluye a algunos de los más destacados miembros de la brigada política del PP, incluido su artífice, el comisario Eugenio Pino, director operativo de la Policía entonces. O el comisario Andrés Gómez Gordo, recientemente condenado en el caso Ciudad de la Justicia y que se sentará en el banquillo de la operación Kitchen junto a Pino. 

En el juicio por el acoso a la mujer, ambos policías deberán responder sobre las maniobras para evitar que Villarejo se sometiera a la rueda de reconocimiento que finalmente tuvo lugar en 2017 y que precedió a su imputación por haber pinchado presuntamente a la doctora tres años antes mientras le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. La Fiscalía pide 13 años y dos meses de cárcel para cada uno de los dos acusados, Villarejo y López Madrid. 

Guerra sucia en Internet

La defensa de la doctora Pinto ha solicitado al Juzgado de lo Penal que intervenga la difusión de dos canales de Youtube creados los pasados días 13 y 21 de septiembre que intentan difundir y posicionar en los buscadores de Internet la tesis de las defensas, según la cual, la doctora Pinto se inventó el acoso de López Madrid cuando ella era quien perseguía al empresario, yerno del fallecido Juan Miguel Villar Mir. 

La doctora estuvo imputada por una denuncia de López Madrid en ese sentido, pero un juzgado de Madrid acabó por archivar las actuaciones, que siguió durante años, después de que la jueza que investigaba al empresario, con respaldo de la Audiencia Provincial, propusiera juzgarle junto a Villarejo. López Madrid fue condenado por las tarjetas Black de Caja Madrid y aún tiene pendiente sentarse en el banquillo en la Audiencia Nacional por contratar a Villarejo y en el caso Lezo, por corrupción junto a Ignacio González. 

En el episodio de hoy rescatamos nuestra conversación con el periodista de elDiario.es Pedro Águeda, que ha investigado las cloacas del Estado. Jueces que se dedican a hacer política. Policías que se corrompen por el dinero o por vocación ideológica. Políticos que se camuflan entre los detalles de un gran caso de corrupción. Y en mitad de todo ese torbellino, periodistas. Algunos muy buenos, otros muy malos. Cada uno con sus filias y sus fobias, sus jefes y sus lectores, su vocación y su fin de mes.

 *** Este episodio se emitió por primera vez el 1 de marzo de 2024 ***

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En 2016, el ciudadano venezolano Carlos Arias obtuvo, en un tiempo récord, un permiso de residencia en España, firmado y sellado por la cúpula policial del departamento de Extranjería del Ministerio de Interior. Un juez investiga si la razón para conceder ese permiso fue buscar trapos sucios en Venezuela que ayudaran a una brigada clandestina de la Policía, controlada por el PP, a hundir a Podemos acusándolo de estar financiado por el régimen de Nicolás Maduro. Por entonces, la mayoría de la élite política y mediática quería evitar a toda costa que el PSOE formase un gobierno de coalición de izquierdas.

Con Pedro Águeda, periodista de elDiario.es, repasamos esta trama de corrupción de la cúpula del Ministerio del Interior con el PP, en la que se ha desvelado también el espionaje a 55 de los 69 diputados de Podemos en 2016. Cientos de agentes, desde comisarías de toda España, consultaron la información de estos diputados alojados en las bases de datos policiales sin permiso judicial ni ninguna orden que amparase estos rastreos.

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En 2014, al poco de la fundación de Podemos como partido político heredero del movimiento ciudadano 15M, el Movimiento de los Indignados, una fuente de total credibilidad (por la veracidad de informaciones proporcionadas con anterioridad) me contó off the record que el CNI, Centro Nacional de Inteligencia, entonces dirigido por el general Félix Sanz Roldán, no era ajeno a la constitución de ese partido a la izquierda del PSOE. Tenía sentido: a la mesa de la derecha del PP se habían sentado dos nuevos comensales, Ciudadanos (40 diputados en 2015) y Vox (fundado en 2013), cuando la Unión, Progreso y Democracia de Rosa Díez ya estaba en los postres, a punto de levantarse. Mientras, en la mesa de la izquierda, el PSOE se atiborraba a sus anchas (Izquierda Unida, como antes el PCE, comía en la mesita de los niños).

No pude confirmar la confidencia con una fuente on the record ni obtener prueba alguna de su veracidad, de manera que la archivé. Porque, además, si tenía ese sentido del que he hablado, no tenía sentido que, a los cinco meses de su fundación, cuando Podemos obtuvo el inesperado éxito de cinco escaños en su primera liza electoral, en las elecciones al Europarlamento de mayo de 2014, comenzara una persecución sistemática del corrupto Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy dirigido por Fernández Díaz, judicializada por determinados jueces y publicitada por soi-disants periodistas y medios de comunicación especialistas en fake news, las mentiras de toda la vida disfrazadas de posverdades.

La autodenominada de manera altisonante y con visos de dignidad Brigada Patriótica, entre ellos, y Policía Política o las cloacas de Interior para el común, utilizó fondos públicos para una dilatada guerra sucia extrajudicial contra los enemigos del Partido Popular: contra el clan Pujol, el independentismo catalán, el robo y destrucción de las pruebas incriminatorias en poder del extesorero del PP Luis Bárcenas y, que sepamos a día de hoy –no hay que perder la esperanza de que perpetraran otras trapacerías–, la incansable fabricación de pruebas falsas contra Podemos que sirvieran a cuadrillas o sujetos instrumentales para la presentación de denuncias en juzgados que las recibían como adendas reveladas de las Tablas de la Ley en el Monte Sinaí, y a colegas (suyos) situados en los medios, que no es que no las confirmaran –abecé, que no ABC, del periodismo– sino que las publicaban a sabiendas de que eran falsedades, con desprecio profesional y a sus lectores.

Si ese mejunje de tejemanejes no tenía más recorrido judicial que la infame pena de paseíllo y banquillo –sistemáticamente desestimados por los tribunales encargados de juzgar y sentenciar–, se aseguraba la destrucción reputacional que se perseguía.

PISA, CEPS, Granadinas y otras patrañas

El modus operandi seguía un mismo esquema: fabricación de documentos falsos, publicación en medios afines a la trama y denuncia en los tribunales en base a lo publicado. A fecha de 24 de febrero de 2023, más de una veintena de querellas o denuncias contra Podemos habían sido desestimadas, archivadas o sentenciadas a favor y otras siguen dando tumbos en los juzgados a la espera de similar suerte.

Así se hizo, entre otros, en el llamado caso Granadinas, objeto de dos querellas en mayo de 2016, una de Vox ante el juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid y otra de “un particular” ante el Tribunal Supremo (TS). El alto tribunal la despachó rápida y eficientemente en sentencia del 8 de julio de 2016, en la que el ponente, magistrado José Ramón Soriano Soriano, del tribunal de la Sala Segunda de lo Penal del TS no admite a trámite la denuncia y decreta su archivo. Y nos da una pista acerca del porqué del modus operandi, al citar como antecedente la “decisión también adoptada en el auto de 31 de mayo de 2011 (Causa Especial núm. 20080/2011, presentada contra un expresidente del Congreso). Ello porque la mera remisión al contenido de las informaciones supone que quien interpone la denuncia no asume como propia la imputación de tales hechos ni, por ello, las responsabilidades que podrían derivarse de una eventual falsedad”.

Por entonces estaba alejado de los medios, dedicado a terminar para dar a la imprenta algunos de mis libros, pero siempre conectado, como es natural, me parece, a la información de actualidad, informando y comentando en mis redes sociales. Me llamó la atención un titular de El Español: “Malestar entre los comisarios implicados por la filtración de documentos procedentes de una investigación en curso” (5 de abril de 2016). Ya conocíamos el informe PISA, acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima, fabricado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, con destino, supuestamente, al Tribunal de Cuentas y, sin duda, a publicarlo en medios de comunicación para dar lugar a denuncias –de hecho, se presentaron dos en la Audiencia Nacional y una tercera en el TS– de financiación ilegal de Podemos por Rusia –siempre, el añorado “oro de Moscú”–, Irán y Venezuela. Un Partido Socialista de la Justicia, del multicondenado abogado Emilio Rodríguez Menéndez, lo denunció al TS, que, en enero de 2015, desestimó la querella porque “no hay ni un solo indicio de los hechos denunciados”.

Aún sabíamos poco de las cloacas policiales de Interior –de éstas; de otras pasadas, ya las conocíamos–, pero algún medio ya había descubierto su existencia y su actuación desde 2009 con la Operación Cataluña contra el gobierno de la Generalitat y los líderes independentistas. De modo que parecía raro, raro, que los cargos de Interior autores de los informes falsos y las actividades extrajudiciales se sintieran molestos por las filtraciones que eran, precisamente, el objetivo de sus maquinaciones.

Sin otras armas que mi sillón, mi mesa y mi ordenador –y, modestamente mi experiencia periodística– indagué sobre el infundio pergeñado en los turbios y oscuros del Ministerio del Interior de M. Rajoy y publicado por el periódico digital Okdiario, de Eduardo Inda (“Chávez firmó la concesión de 6.700.000 dólares a Iglesias, Monedero y Verstrynge”, Alberto D. Prieto, 5 de abril de 2016); ya digo, como si fuera una adenda a la palabra de Dios en el Sinaí.

Según los tramadores, los papeles remitidos a la Policía española por “la administración de Washington” revelaban “la concesión de 6,7 millones de dólares a Juan Carlos Monedero, Jorge Verstrynge y Pablo Iglesias para 'llevar la Revolución a España y luchar contra el capitalismo', a través de su Fundación CEPS [Centro de Estudios Políticos y Sociales]”. España y el capitalismo global podían dormir tranquilos con tan escasos fondos y una fundación minúscula para revolucionarlos.

Los papeles procedían del “funcionario tramitador (...) Rafael Isea, quien [sic] era un militar chavista, ministro de Finanzas y Planificación, y que es hoy un ‘arrepentido’ que vive protegido por las autoridades federales de Estados Unidos, donde está refugiado” y “Hugo Chávez personalmente firmó la concesión”. Okdiario subrayaba que “peritos calígrafos han autentificado la firma de Chávez ‘más allá de toda duda razonable’, según indican las fuentes” [¿La Cibeles, las del Nilo?]. Tanto el mensaje como el mensajero olían a prueba prefabricada. ¿Esos peritos habían podido comparar las firmas originales, la dubitable y la indubitada, como exige la ley? Yo lo dudaba, sin ser perito más que en lógica y sentido común, acaso en lunas...

Prueba que, en todo caso, no probaba nada. Pues si esos documentos fueran verdaderos, según el Ministerio del Interior por boca digital de Inda, los pagos que hizo el gobierno venezolano, “los documentos que obran en poder de la Policía española explican que los pagos aquí firmados se realizaron en los años 2008 (1,9 millones de dólares), 2009, 2010 y 2011 (3,1 millones de dólares) y 2012, 2013, 2014 y 2015 (1,7 millones de dólares), por el propio Isea antes de escapar en 2013 a Estados Unidos [acusado de corrupción en Venezuela] como testigo protegido de la DEA, la Agencia de EEUU contra las drogas”, no sólo no fueron hechos a Podemos sino a la Fundación CEPS, a la que se califica acertadamente de ‘germen de Podemos’ (sus dirigentes, Iglesias, Errejón, Alegre... lo serían del partido) pero no es Podemos, pues éste no fue fundado hasta el 17 de enero de 2014.

Hay más. Uno se queda estupefacto, a pesar de estar acostumbrado a que algún periodismo actual sea de calidad muy inferior a los Diálogos para besugos que escribía el gran Armando Matías Guiu en el DDT de los primeros 60 del siglo pasado. No debería asombrarme pero me asombraba que Okdiario sostuviera que Chávez, que murió el 5 de marzo de 2013 y había delegado las tareas burocráticas desde el comienzo de su enfermedad, dos años antes, siguiera firmando en “2013, 2014 y 2015”. Claro, que no debería extrañarme, pues el propio Isea, “el funcionario tramitador”, ¿no se “escapó en 2013 a Estados Unidos”? Pues, por lo visto, siguió “tramitando” los dos años siguientes. El que no crea en los milagros es un descreído, diabólico chavista.

Pero había algo más que no podían cambiar los maquinadores, los firmantes, las fuentes, los escapados, los recipiendarios y el sursuncorda: la realidad. Y la realidad es que hasta que se promulgó la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económico-Financiera de los Partidos Políticos, de 30 de marzo de 2015, era legal lo que desde entonces prohibió el artículo 7.2: “Los partidos no podrán aceptar ninguna forma de financiación por parte de gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos”.

Y, en fin, cuando comenzaron las acusaciones contra Podemos de estar financiado por el chavismo, ya sabíamos que los demonios bolivarianos no eran sus únicos clientes: “La fundación relacionada con Podemos cobró 3,7 millones de Chávez en 10 años. El Gobierno español y la Generalitat valenciana son también clientes de esta fundación”, titulaba El País en junio de 2014. En 2007, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores financió el programa de CEPS de formación en el ámbito jurídico público en Cuba. Y en el curso 2008-2009, la Generalitat Valenciana, sede de la Fundación CEPS, un proyecto para la Consolidación del Instituto de Formación y Estudios Políticos para el Desarrollo Local en Ecuador.

O sea, no es que hicieran trabajo sucio sino que, además, lo hacían rematadamente mal. El mío lo publiqué el 6 de abril de 2016. El 7 de mayo de 2016, el banco donde Iglesias supuestamente había cobrado de Venezuela, el Euro Pacific Bank, desmentía el embuste.

Ni la rápida respuesta del TS del 8 de julio de 2016 ni la reposada del juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid –que en auto del 7 de febrero de 2017, desestimó inhibirse en favor del Supremo por el aforamiento de Iglesias y también archivó la denuncia– entraban a analizar la veracidad de la denuncia; la desestimaban sin más, porque el TS recordaba que “la doctrina de la Sala es que para admitir una querella no basta la mera aportación de recortes de prensa o similares sin más constatación o acreditación”.

Jueces por oposición

El juez Juan José Escalonilla, titular del juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, mantuvo abierta una macrocausa contra Podemos, en nueve piezas separadas, desde 2020 a 2023, por financiación irregular, blanqueo, malversación, falsedad documental, administración desleal, delito electoral y apropiación indebida –incluso la caricaturesca pieza de las supuestas niñeras de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias–, a raíz de la denuncia del abogado José Manuel Calvente, despedido de Podemos, a pesar de que éste le reconoció al juez que los hechos que denunciaba los conocía por “rumores a nivel de militancia”.

No importa, todo valía para la causa. Olvidado y cubierto de polvo, como el arpa de Bécquer, desestimado, archivado, ridiculizado, el Informe PISA yacía en un cajón del juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional. El titular de la plaza, Manuel García Castellón, regresó inopinadamente a su juzgado desde su destino dorado en Roma como juez de enlace, en plena eclosión judicial del Caso Gürtel, Púnica, Kitchen, Lezo... La interminable lista de casos de corrupción que caracterizó a los gobiernos de M. Rajoy. El director de elDiario.es, Ignacio Escolar titulaba en su blog: “El extraño caso del juez que quería cobrar menos y trabajar más” (1 de junio de 2017).

Pues, en efecto, tras 17 años de dolce far niente, primero en París y luego en Italia como juez de enlace, su actividad ha sido incesante. De ella se han beneficiado los tres expresidentes del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González, exonerados de la financiación ilegal del partido; las decenas de cargos populares implicados en la contratación masiva de operaciones de abrillantamiento reputacional; la negativa a considerar al PP partícipe a título lucrativo en el caso Kitchen, del robo de documentación comprometedora al exgerente del PP, Luis SéFuerte Bárcenas; la negativa a imputar a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en el mismo caso...

Por el contrario, fue némesis para los dirigentes independentistas catalanes y Pablo Manuel Iglesias y Podemos. Reactivó el Informe PISA gracias a la 'milagrosa' intervención de un exjefe de la Inteligencia venezolana, el general Hugo Carvajal, residente en España y que trataba de paralizar la extradición a los Estados Unidos –acusado por narcoterrorismo: tráfico de 5,6 toneladas de cocaína y de armas–. Carvajal y otros dos sicarios, testigos protegidos, aportaron testimonios sin pruebas sobre la financiación de Podemos por el régimen chavista. Esa maniobra, con todos los visos de haber sido tramada por la Brigada Patriótica, permitió a García Castellón reactivar el Informe PISA y proceder a investigaciones secretas “claramente prospectivas”, según las calificó la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ordenó al juez abandonarlas y volver a archivar la causa. En todo caso, le indicaba el tribunal, si tenía indicios de delitos económicos o falsedades debía deducir testimonio y abrir otra causa; Castellón no procedió contra Carvajal ni sus testigos protegidos.

Una explicación psicológica

El 30 de noviembre de 2014, elDiario.es desveló la existencia de un grupo secreto en la Policía destinado “casi en exclusiva, a rastrear información de políticos catalanes sospechosos de estar vinculados a la corrupción”. Si leen el enlace anterior, descubrirán que la brigada patriótica, policía política o cloacas de Interior, además de un remedo de la Brigada Político-Social de la dictadura franquista, nació de una concepción corrupta de la política, de la responsabilidad funcionarial y de la administración de los fondos públicos, con el objetivo de perseguir a los independentistas catalanes, fabricando dosieres, “análisis de situación” los llamaban con objeto de excitar el interés judicial y en todo caso, intoxicar la opinión pública a través de los medios de comunicación que controlaban. Sus objetivos se ampliaron conforme aparecían “enemigos” del gobierno de M. Rajoy, como se ha contado y personajes y organizaciones de la trama aparecen actualmente en las denuncias contra Begoña Gómez y David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

En psicología de andar por casa, la que está “al alcance de todos los españoles”, como el No-Do, el noticiario documental de los años de la brasa, los casos relatados pertenecen a la conducta consciente de los individuos que los realizan. El consciente reflexiona, razona, analiza y sintetiza elige actitudes y actos, compara, supone y toma decisiones. Rige la capacidad moral que diferencia entre lo bueno y lo malo, pero el individuo actúa según sus intereses.

Al consciente se le opone el inconsciente, donde residen sentimientos, vivencias y deseos que suponen conflicto para el sujeto, por lo que los reprime, pero no puede evitar que afloren como síntomas físicos, en sueños o en forma de actos fallidos. Sigmund Freud llamó fehlleistung al acto fallido y lo definió científicamente (Psicopatología de la vida cotidiana, 1901) como el resultado chocante de la intención consciente del sujeto y la represión que la mantiene en el inconsciente.

Así hay que interpretar el sonoro patinazo del juez García Castellón en el caso Tsunami Democràtic, que mimaba desde hacía tres años y que consideraba munición de alto calibre contra la Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya. La Sala de lo Penal del tribunal especial de la Audiencia Nacional anuló por ilegal una prórroga de la instrucción del caso en julio de 2021 y, por tanto, decaía todo lo instruido a partir de esa fecha, incluida la imputación por terrorismo del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otras diez personas.

Castellón decretó la prórroga un día más tarde del plazo legal. Cometió un error, para entendernos, pero que el psicoanálisis lo entiende como la expresión de un deseo que no se había hecho consciente. No un olvido sino un acto fallido: como la mayoría de ciudadanos con la cabeza no sólo apta para calar birrete, Castellón no creía, en el fondo, en el inconsciente, que los imputados en vano fueran terroristas. A pesar de que de la entretenida pelea en entre el ello, el yo y el superyó freudianos saliera vencedor éste, beneficiados los independentistas y el juez compuesto y sin causa se emperrara en mantener que las diligencias practicadas “apuntaban de manera inequívoca a la comisión de hechos susceptibles de ser calificados como un delito de terrorismo”.

Lo mismo le ocurrió al otro, al juez Juan Carlos Peinado, que se le “olvidó” comunicar a Begoña Gómez que en la causa secreta que sigue contra ella había admitido en la ensalada de acusaciones populares de ultraderecha a la llamada HazteOir, la de los autobuses panfletarios, y su correspondiente querella. El superyó es la instancia psíquica que vela por el cumplimiento de las reglas morales y, en ocasiones, en ésta, se impone al ello, la estructura primitiva de la psique que se mueve por el placer inmediato: tuvo que retrasarlo hasta el pasado día 18...

Como le dijo Rafael Mayoral, diputado portavoz de Podemos, al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, uno de los brigadistas patriotistas implicado en el montaje de las Granadinas, en la comisión de investigación del espionaje a Luis Bárcenas del Congreso: “Fracasó Conesa, fracasó Billy el Niño y ustedes volvieron a fracasar. No se va a subvertir la democracia. Queremos reconocer el esfuerzo de todos estos elementos para intentarlo. Ustedes intentaron que no llegáramos al Gobierno y llegamos al Gobierno. Más tarde o más temprano habrá una policía democrática”.

Ya va siendo hora: va a hacer medio siglo que dobló su gran timonel.