La exmilitante socialista Leire Díez, imputada por supuestos delitos relacionados con sus maniobras para buscar irregularidades en la actuación de los jefes de la UCO o de la Fiscalía Anticorrupción que investigaban a dirigentes socialistas, apuntó en su agenda personal una reunión con la Fiscalía General del Estado el 19 de febrero de 2025. El juez Santiago Pedraz, que dirige la investigación en la Audiencia Nacional, ha solicitado a esta institución un informe sobre esos supuestos encuentros.

elDiario.es ha confirmado en fuentes próximas a la trama investigada que se produjeron dos reuniones con el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, en la que estuvieron presentes el abogado Jacobo Teijelo, con quien se había concertado la cita, y la exmilitante socialista Leire Díez, que le acompañó.

El abogado Teijelo denunció en el primer encuentro mantenido en la Fiscalía General del Estado las numerosas irregularidades supuestamente cometidas por el fiscal Anticorrupción, José Grinda, en algunos procedimientos judiciales. Entre las causas penales que citó figura una pieza separada del caso Tándem en la que está imputado por fraude en las subvenciones el empresario Javier Pérez Dolset, cliente de Teijelo; o la que llevó a la cárcel a Sandro Rosell, el expresidente del F. C. Barcelona, absuelto tras pasar 643 días en prisión preventiva.

La Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado reclamó en la primera de las reuniones, según cuenta el entorno de la trama de Leire Díez, documentación en la que se basaba la denuncia contra Grinda, por lo que se concertó una segunda cita para entregar las supuestas pruebas que pudieran avalar el relato de Teijelo. Entre esas pruebas llevaron grabaciones del supuesto montaje que terminó con Sandro Rosell en prisión o la supuesta desaparición de pruebas relevantes en el caso por el que estaba imputado Pérez Dolset. La Fiscalía General del Estado ha preferido guardar silencio sobre estas citas.

El abogado Jacobo Teijelo es ahora es uno de los dos letrados que defienden a Santos Cerdán, el ex secretario de Organización del PSOE imputado en el caso de supuesto amaño de obras públicas del Ministerio de Transportes que investiga la Audiencia Nacional. El fiscal Villafañe llegó a estar imputado en el caso que acabó con la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su causa fue archivada en la fase de instrucción sin llegar a juicio.

Teijelo fue también el abogado que convocó en su despacho una reunión con empresarios de hidrocarburos imputados por fraude fiscal en la que estuvieron Pérez Dolset y Díez. En esa reunión, grabada y filtrada por uno de sus participantes, la trama se interesaba por la existencia de trapos sucios del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe de las principales investigaciones contra dirigentes corruptos socialistas.

La Fiscalía General del Estado ha registrado y tramitado desde 2022 numerosas denuncias por escrito, principalmente firmadas por Pérez Dolset, contra el fiscal anticorrupción, José Grinda, o su jefe, Alejandro Luzón, por diversas irregularidades en la investigación de causas penales vinculadas a la denominada Operación Cataluña y otras. Todas esas denuncias por destrucción de pruebas o revelación de secretos acabaron archivadas tras una rápida tramitación por la Fiscalía General del Estado, que las derivó en algunos casos a la Fiscalía provincial o a la Fiscalía superior de la Comunidad de Madrid..

La trama que investiga la Audiencia Nacional, cuyos principales integrantes serían Pérez Dolset y Leire Díez, asegura que nunca en todo este tiempo tuvo contacto con el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Y denuncia una vez más la inactividad de esa institución para investigar las supuestas irregularidades existentes en algunas causas que son competencia de la Fiscalía Anticorrupción.

El PSOE puso a disposición de la Fiscalía General del Estado un archivo con documentos y grabaciones que había entregado Leire Díez el mismo día que formalizó su baja como militante del PSOE. Ese archivo incluía numerosa documentación de las múltiples denuncias presentadas desde 2022 hasta 2025 en la Fiscalía General del Estado. El análisis de ese archivo, derivado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, tampoco dio lugar a nuevas investigaciones sobre lo denunciado por la exmilitante socialista.

Entre las maniobras de Leire Díez, la investigación judicial también señala una reunión para buscar información comprometedora del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Díez se citó con Ignacio Stampa, el fiscal que impulsó en Anticorrupción decenas de piezas separadas del caso Tándem, la investigación de la mafia policial que encabezaba el comisario José Manuel Villarejo y que durante años hizo la guerra sucia a los adversarios políticos del PP.

El encuentro, promovido por Javier Pérez Dolset con la ayuda del empresario Luis del Rivero, fue grabado por Stampa, quien presentó una denuncia algún tiempo después. Leire Díez llegó a comprometerse con el fiscal en devolverle a la plaza que perdió a cambio de información sobre los motivos por los que el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, había dejado morir determinadas investigaciones judiciales del caso Tándem. El fiscal no ofreció ninguna información y tampoco creyó aquella promesa de quien se presentó como “la mano derecha de Santos Cerdán”. La persona encargada de recuperarle para ocupar un puesto en Anticorrupción era el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien Stampa llevaba años denunciando como el culpable de la pérdida de su plaza. Leire Díez nunca hizo gestiones para cumplir con lo prometido a Stampa, al menos según la investigación que acaba de iniciar la Audiencia Nacional.

Xavier Trias era alcalde de Barcelona aquel 27 de octubre de 2014 cuando el diario El Mundo publicó que el dirigente independentista mantuvo durante años una cuenta abierta en UBS (Union de Banques Suisses) y que en febrero de 2013 la traspasó a otra entidad de Andorra con un saldo de 12,9 millones de euros. Trias tardó 24 horas en acreditar mediante una certificación negativa de UBS donde figuraba que el entonces alcalde de Barcelona no tenía ni había tenido ninguna cuenta en esos bancos con sede en Ginebra. “No tengo ninguna cuenta en Suiza, ni en Andorra, ni en ningún sitio que no sea en Cataluña. No tengo ni he tenido 13 millones de euros, ni 200.000 en mi cuenta corriente, la información que apareció en El Mundo es totalmente falsa”, declaró entonces Trias.

Detrás de aquella información falsa estaba el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz (PP), según le contó diez años después Francisco Martínez, que era secretario de Estado de Seguridad cuando ocurrieron los hechos, a Leire Díez, militante socialista imputada como parte de una trama, amparada supuestamente por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Díez, según las pesquisas, maniobró buscando irregularidades en la actuación de jueces, fiscales o guardias civiles que investigaban la corrupción socialista.

La militante socialista citó a Martínez en julio de 2024 con la promesa de mejorar su situación judicial a cambio de informaciones relevantes sobre la actuación corrupta de la cúpula policial del Ministerio del Interior durante el mandato del PP. Díez se presentó a aquella reunión como una persona con capacidad de influencia en el PSOE y en el Gobierno. Martínez estaba ya procesado en el caso Kitchen y la Fiscalía pedía para él hasta 15 años de cárcel como jefe de una operación ilegal en la que participaron una decena de policías empoderados con el objetivo de sustraer a la familia del extesorero del PP, Luis Bárcenas, documentación sobre la financiación ilegal de la formación conservadora.

Martínez le contó a Díez en esa reunión detalles relevantes de una de las operaciones impulsadas desde el Ministerio del Interior para desacreditar a dirigentes independentistas catalanes. La militante socialista grabó aquella conversación, incorporada ahora al sumario del caso que instruye el juez Santiago Pedraz y donde Leire Díez está imputada.

El exsecretario de Estado de Seguridad se refiere así al episodio de la cuenta falsa de Trias en Suiza:

La operación del Ministerio del Interior para desprestigiar a Xavier Trias con una información falsa era una más de las que se pusieron en marcha aquellos años contra independentistas catalanes, inmersos en un proceso ilegal de convocatoria de consultas por la autodeterminación. En las semanas previas a las elecciones catalanas de noviembre de 2012, un informe policial sin sello ni firma denunciaba múltiples corruptelas —la mayoría de ella resultaron falsas— contra los principales dirigentes independentistas catalanes.

El ex secretario de Estado de Seguridad conoció la mayoría de las operaciones de guerra sucia contra los adversarios políticos del Gobierno de Mariano Rajoy. En su conversación con Leire Díez, el número dos de Interior señala que el problema de aquella información falsa sobre Trias es que no se investigó por parte de la UDEF, sino que se filtró mucho antes a El Mundo por culpa del exministro Jorge Fernández Díaz.

Información policial falsa era filtrada a los medios de comunicación afines al PP mucho antes de que fuera judicializada. Xavier Trias denunció estos hechos y se querelló contra el entonces ministro del Interior por un delito de violación de secretos, prevaricación y malversación de fondos públicos. Pero el Tribunal Supremo rechazó la iniciativa “reiterando la doctrina de la Sala de lo Penal contraria a admitir como base de la querella hechos cuya base probatoria aparece solo en medios de comunicación, como en este caso”.

Otros dirigentes catalanes perjudicados por maniobras similares denunciaron sin éxito en distintos juzgados “un entramado político-policial que tendría por finalidad llevar a cabo actuaciones para desestabilizar o frenar a personas vinculadas al movimiento independentista, o vinculadas, presuntamente a ellas”.

Esta semana hemos podido acceder al sumario del caso Leire. También, escuchar nuevas grabaciones en las que la conocida como la “fontanera del PSOE” muestra su modus operandi para tratar de presionar a policías, jueces y fiscales que formaban parte de investigaciones contra el PSOE. Prometía favores que no era capaz de cumplir y se daba una importancia que todo apunta a que no era real, pero… ¿hasta dónde llega esta trama? ¿Cuándo y cómo se creó? ¿Hay algún indicio que implique al presidente del Gobierno? 

Lo abordamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero. 

***

Episodio relacionado: La línea de puntos que lleva de la UCO a Ferraz

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es. 

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 190.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

En los últimos días han declarado algunos de los acusados más importantes del juicio por la Operación Kitchen: el ex secretario de Estado, Francisco Martínez, el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el que fuera Director Adjunto de la Policía, Eugenio Pino y el ex comisario, José Manuel Villarejo. Hay una tesis a la que se han sumado gran parte de los investigados en Kitchen… Y es que Kitchen no existe, que lo que existió es una investigación contra Bárcenas y que de ello se aprovecharon algunas personas.

¿Tiene esto sentido por lo que hemos visto y oído durante el juicio? Lo analizamos con el periodista de elDiario.es, Pedro Águeda. 

***

Episodio relacionado: Hasta la cocina de la corrupción: el gran juicio de la Kitchen

***

Episodio relacionado: El Morocho de los cojones 

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es. 

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 190.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

En el origen del escándalo, una militante socialista, exdirectiva de Correos, y un empresario imputado desde 2017 por supuesto fraude, entraron el 26 de abril de 2024 en la sede socialista de la calle Ferraz para reunirse con Santos Cerdán, entonces secretario de Organización. La militante Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset llegaron cargados con grabaciones del comisario José Manuel Villarejo sobre planes del ministerio del Interior para desacreditar a Pedro Sánchez, por los negocios de saunas de su suegro.

“Eso es mortal”, se escuchaba decir al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en el verano de 2014, con Sánchez recién elegido secretario general del PSOE. En otra grabación, Villarejo le contaba a un empresario de la comunicación como el ministro Interior, Jorge Fernández Díez, le había pedido algo especial sobre el líder socialista: “El del Opus me ha encargado un reportaje de los puticlubs del suegro de Pedro Sánchez”.

Santos Cerdán contó al juez que aquellas confidencias de la trama sobre las maniobras sucias de la policía patriótica del PP apenas le interesaron porque ya se habían publicado antes. Que no le contó nada a Pedro Sánchez y que tampoco encargó nada a partir de entonces a Leire Díez.

Pero aquella reunión en Ferraz, según ha acreditado ahora la investigación judicial, fue el comienzo de una relación discreta, pero intensa entre Cerdán y los dos integrantes de una trama que, hasta entonces, había dedicado todos sus esfuerzos a denunciar las actividades delictivas de las cloacas del PP. Durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy, la cúpula policial del ministerio del Interior fabricó pruebas falsas contra independentistas catalanes o dirigentes de Podemos y trabajó a espaldas del juez para destruir documentos sobre los 20 años de financiación ilegal de la formación conservadora.

Dolset, convencido de que su imputación por fraude en las subvenciones era un invento sucio de los directivos de un grupo empresarial con el que se alió, llevaba años denunciando en la Unidad de Asuntos Internos de la Policía o en la Audiencia Nacional las fechorías de las cloacas del PP. Se hizo con ingente documentación comprometedora cuyo origen era el comisario José Manuel Villarejo y la trasladó a los tribunales con escaso éxito. Hasta hoy, ni los jueces ni la fiscalía han querido investigar la mayoría de las pruebas de múltiples corruptelas que Dolset registró en la Audiencia Nacional.

Mucho antes de iniciar junto a Leire Díez la colaboración con el PSOE, el empresario Dolset había denunciado ante la Fiscalía General del Estado al fiscal José Grinda, impulsor de su imputación en la Audiencia Nacional; y a su jefe, el fiscal Alejandro Luzón, por revelación de secretos o destrucción de pruebas. La Fiscalía General del Estado archivó todas estas denuncias.

Financiación de la trama

A partir del primer encuentro en la sede socialista de Ferraz, el jefe del partido, Santos Cerdán, dispuso la manera de financiar desde el PSOE los trabajos especiales de Díez y de Pérez Dolset. La trama conspiranoica decidió ampliar entonces sus objetivos y aunque siguió con la búsqueda de información sobre las cloacas del PP, se dedicó principalmente a las nuevas causas penales que afectaban a dirigentes socialistas. En el periodo de actuación de esta trama, los jueces imputaron a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno; a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo; a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE; a su asesor, Koldo García, y finalmente a Santos Cerdán; ex secretario de Organización del PSOE.

La estrategia de Díez y Pérez Dolset para “desestabilizar” esas causas judiciales siempre fue la misma y siempre fracasó. Buscaron trapos sucios de los principales investigadores de la corrupción socialista: los jueces Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma; el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, o el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la unidad de la Guardia Civil encargada de las principales investigaciones judiciales. La trama no dudó en utilizar el soborno en ocasiones como medio para lograr sus fines, según esa unidad de la Guardia Civil.

Leire Díez se presentó a algunas de las reuniones donde buscaba información comprometedora contra jueces o fiscales como “la mano derecha” en la sombra de Santos Cerdán, o una especie de agente encubierto del Gobierno con un poder ilimitado para conseguir cambios en la Guardia Civil o ascensos en la Fiscalía. Nada de lo que prometió para buscar información comprometedora se cumplió porque su poder sobre los aparatos del Estado era muy inferior al que se podía intuir por sus palabras. Ni siquiera la protección que le daba el número dos del PSOE, Santos Cerdán, le sirvió para cumplir sus promesas.

Un pacto “poco creíble” a Villarejo

Leire Díez fue capaz en este tiempo de contactar con las cloacas del PP para ofrecerles el cielo a cambio de confidencias del infierno. Prometió a Villarejo, el activista principal de la policía patriótica metido en las principales operaciones ilegales del mandato popular, un trato favorable del fiscal general del Estado –no regresar a la cárcel– a cambio de que aportara nuevas pruebas del aparato corrupto del Estado y contra los principales dirigentes del PP: el ministro del Interior, el presidente del Gobierno, la secretaria general, el secretario de Estado de Seguridad, el jefe de la policía...

Propuso al abogado de Villarejo unos acuerdos que debería cerrar con el fiscal encargado del caso. Pero este profesional nunca atendió al letrado, que acabó considerando los ofrecimientos de Leire Díez como “poco creíbles y fantasiosos”.

Al 'número dos' de Interior: “Los que me han dicho que me ponga al frente están entre Ferraz y Moncloa”

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, accedió a la desesperada –buscaba una salida a su situación judicial con una petición fiscal de 15 años de cárcel como jefe de la Operación Kitchen– reunirse con Pérez Dolset y con Díez. Son tres horas de conversaciones grabadas en las que Martínez confiesa que sabía que “lo de la cuenta de Pablo Iglesias en las Islas Granadinas era una falsificación” que la policía filtró a los medios afines al PP, o que “hubo actuaciones policiales encaminadas a generar causas o aflorar casos de corrupción de independentistas catalanes (…) se forzó la máquina para conseguir información de los Pujol”.

Martínez preguntó a Leire Díez qué obtenía él por aquella colaboración: “Tendré que saber cuál es el ofrecimiento porque la Fiscalía tampoco funciona con tanto automatismo”. Y Díez improvisó: “Por eso es que hay que ir a Fiscalía y decir esto es lo que tenemos y esto es a lo que vamos a llegar. No necesito exprimirte como un limón. Pero sí tenemos cosas flagrantes, de las que sean flagrantes, que sepamos que las intervenciones policiales dirigidas por Villarejo, Olivera o Marcelino, se ha hecho con causa política sin ser verdad, eso es un atentado contra los derechos de los ciudadanos”.

Martínez: ¿Y eso se lo trasladas a quién?

Díez: A los que me han dicho que me ponga al frente de esto.

Martínez: ¿Qué están en la calle Ferraz o en el Palacio de la Moncloa?

Díez: En la calle Ferraz comunicados con el Palacio de La Moncloa. Porque como bien sabes gobierna el partido de la calle Ferraz.

Al fiscal Stampa: “Soy una mano derecha de Cerdán que nunca va a aparecer por ningún lado”

El fiscal Ignacio Stampa investigó durante varios años el caso Villarejo e impulsó la apertura de piezas separadas antes de que nadie en el Consejo Fiscal le apoyará para mantener su plaza en la Fiscalía Anticorrupción. Stampa atribuye su despido de ese departamento a las maniobras de Dolores Delgado, entonces fiscal general del Estado, y Álvaro García Ortiz, que la sustituyó en el puesto. Leire Díez consiguió reunirse con Stampa, al que pidió pruebas de las conductas irregulares de su jefe, Alejandro Luzón, en la investigación del caso Villarejo. Para convencer a Stampa de que colaborara, Díez se presentó como “una mano derecha de Cerdán que nunca va a aparecer por ningún lado”, y le prometió que gracias a su poder de influencia, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le volvería a situar en la Fiscalía Anticorrupción. Stampa tampoco creyó a Díez, grabó el encuentro para, tiempo después, denunciar las maniobras de Díez.

La militante socialista fracasó en todos sus intentos. Sus promesas, según los indicios de la Guardia Civil, se han demostrado falsas. A un comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, llegó a contarle que los nombramientos del futuro jefe del Cuerpo los haría ella y que Marlaska había caído en desgracia por su gestión. Díez prometió al PSOE que tendría las pruebas de la corrupción en la instrucción de la juez Alaya. La contrató cuatro meses el despacho del exconsejero Gaspar Zarrías, condenado en el caso de los ERE, a razón de 4.000 euros al mes pagados por orden de Santos Cerdán. No consiguió nada.

Koldo García y José Luis Ábalos, pendientes de una sentencia en el Supremo que les puede llevar a la cárcel por muchos años, confiaron en que las maniobras de Díez para demostrar la corrupción en la Guardia Civil darían sus frutos y aliviarían su situación judicial. No sucedió.

Santos Cerdán también confió en aquella militante que llegó un día de abril de 2024 a su despacho cargada de informaciones explosivas contra el Gobierno de Mariano Rajoy. El ex secretario de Organización del PSOE acabó en la cárcel, donde estuvo cuatro meses antes de salir en libertad con varias causas pendientes en los tribunales.

Dolset y Díez mostraron en sus dos últimos años de actividades peligrosas una tendencia creciente a interpretar las causas judiciales contra la corrupción socialista como el producto genuino de una conspiración. Para combatir esa supuesta anomalía, la trama se aferró a las promesas fantasiosas en busca de hechos que nunca pudieron acreditar con los que pretendieron neutralizar a jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban la corrupción socialista.

Por primera vez una sentencia judicial da por acreditada la guerra sucia sin muertos que practicó el Gobierno del Partido Popular contra Podemos, especialmente virulenta cuando en 2016 la formación vislumbró la posibilidad de alcanzar el poder. La Audiencia Nacional ha condenado al comisario José Manuel Villarejo a 3 años y medio de prisión por haber entregado a dos medios de comunicación la tarjeta de un teléfono previamente robado, propiedad de Dina Bousselham, estrecha colaboradora de Pablo Iglesias. El objetivo, dice el fallo, era “el descrédito del partido político Podemos y del por entonces secretario general”.

En el momento de los hechos, Villarejo era un puntal del grupo de mandos policiales, la brigada política, que actuaban en las operaciones Cataluña y Kitchen, las otras dos patas de la guerra sucia del Partido Popular. Por el espionaje a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados, Villarejo se enfrenta a una petición de Anticorrupción de 19 años de cárcel en un juicio que se celebra estos días. 

La sentencia de la Sección Tercera considera probado que Okdiario y El Confidencial publicaron varias informaciones que redundaban en el “descrédito” de Podemos y de su partido a partir del material contenido de la tarjeta del móvil Dina Bousselham. A los periodistas les llegó el material robado de manos del comisario Villarejo, condenado en consecuencia por un delito de revelación de secretos. 

“El acusado José Manuel Villarejo Pérez descargó sus archivos [de la tarjeta] en un lápiz de memoria, creando los días 14 de abril y 11 de julio de 2016, dos carpetas tituladas Dina 2 y Dina 3, haciendo entrega de tales archivos descargados a periodistas de su círculo de confianza, entre los que uno y otros eran recíprocamente fuentes informativas, para que se elaboraran y publicaran diversas informaciones en descrédito del partido político Podemos y del por entonces secretario general, Pablo Iglesias Turrión”, describe el fallo. 

Okdiario sacó de la tarjeta material para ocho informaciones periodísticas sobre comentarios de Pablo Iglesias y otros líderes del partido en un chat. El Confidencial, por su parte, publicó tres noticias con material de la tarjeta, según el fallo. Previamente, dos periodistas del Grupo Zeta habían hecho entrega al comisario de una copia de la tarjeta que aseguran había llegado de forma anónima a su medio. 

Tres batallas de la guerra sucia

El Ministerio del Interior desarrolló al menos tres operaciones de carácter político contra la oposición durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Una de ellas se juzga estos días, consistente en utilizar a la Policía para hacer desaparecer las pruebas que el tesorero del PP Luis Bárcenas pudiera tener sobre la financiación irregular del partido. 

La primera de esas maniobras extrajudiciales fue la Operación Cataluña. Como en el caso de Podemos se buscaba el descrédito de unos políticos, los líderes del proceso soberanista. El desinterés o la negativa de jueces y fiscales ha motivado que la Operación Cataluña no sea objeto de una gran causa judicial en la Audiencia Nacional, si bien el Tribunal Supremo ya ha dictado sentencia firme por una de sus escaramuzas: el intento de introducir material robado sobre los Pujol en el caso contra el expresident y su familia. El director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino fue condenado a un año por revelación de secretos. Ahora se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel en el caso Kitchen.

La guerra sucia contra Podemos es investigada en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional entre continuas cortapisas. El juez Santiago Pedraz admitió en febrero de 2024 una querella del partido a partir de los mensajes incautados al ex número dos de Interior en el caso Kitchen sobre las maniobras contra la formación política. Desde entonces el caso avanza lentamente y casi únicamente por el impulso de los abogados de la formación política. 

Las declaraciones de testigos e imputados, así como abundante documentación incorporada a la causa, han ido permitiendo cuadrar el puzle de la guerra sucia contra el partido. Este avance se ha producido pese a obstáculos como la negativa del juez a solicitar información clave a la Policía o la de incorporar a la investigación el montaje contra el fundador de Podemos Miguel Urbán. La Policía acusó falsamente a Urbán de financiar el partido con la venta de 40 kilos de cocaína con el objetivo final de atribuir financiación irregular a Podemos. En unos casos y otros las decisiones de Pedraz han sido corregidas por la Sala de lo Penal. 

Esos obstáculos judiciales a esclarecer la guerra sucia contra el partido de Iglesias tienen un precedente en la actuación del instructor de la causa Tándem o Villarejo, donde se enmarcó la pieza Dina. El juez Manuel García Castellón quiso convertir los indicios contra Villarejo en una causa contra el entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por haber guardado la tarjeta que le dieron los periodistas de Zeta durante seis meses sin informar a su colaboradora. 

García Castellón dirigió todos los esfuerzos del caso Villarejo, entonces la entonces causa judicial más relevante en los tribunales, en lograr la imputación del vicepresidente del Gobierno progresista. Finalmente, el Tribunal Supremo rechazó imputar a Iglesias ante el relato sin fundamento e interesado de García Castellón. 

La sentencia del caso Dina no ahonda en si Villarejo actuó a las órdenes de sus superiores, embarcados, por otra parte, en una operación para dañar a Podemos, muy intensa en el momento de la filtración de la tarjeta de Bousselham a medios afines. El fallo dice incluso que no elaboró notas informativas, como sí hizo en la operación Cataluña, sobre el asunto de Podemos. 

Una nota informativa sobre Podemos atribuida a Villarejo, que no consta en el procedimiento Dina, ya forma parte de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 5 sobre la guerra sucia a Podemos. Se trata de un escrito sobre la supuesta existencia de “pitufeo” —un método de blanqueo de capitales en pequeñas cantidades— dentro del partido y que se utilizó para vincular la falsa venta de cocaína por Urbán con dicha práctica. 

Las agendas de Villarejo

Por otra parte, las agendas de Villarejo describen que el comisario atacó a la formación política prácticamente desde su formación y que lo hizo en contacto permanente con la cúpula del Ministerio del Interior. Las agendas son valoradas por los investigadores como un indicio consistente que luego se debe contrastar con hechos acaecidos. El investigador policial del caso Villarejo lo enunció así en el juicio de Kitchen: “El señor Villarejo no se engaña a sí mismo. [Las agendas] eran para consumo interno”.

La sentencia del caso Dina ha sido dictada por los tres mismos jueces que integran el tribunal del caso Kitchen. Su ponente, como ocurrirá con el fallo del espionaje a Bárcenas, ha sido la presidenta de la Sección Tercera, Teresa Palacios. La mención a que Villarejo no tenía encomendada formalmente ninguna investigación sobre Podemos puede ser una señal sobre el futuro fallo e Kitchen. Allí los investigados defienden que trabajaban en encontrar un supuesto dinero escondido por Bárcenas, pero la acusación se centra en que esa investigación como tal nunca existió, ocultando el verdadero interés, que era sabotear el caso de la caja B del PP.  

La Fiscalía de Madrid ha decidido archivar la denuncia que el empresario Javier Pérez Dolset presentó contra el fiscal Ignacio Stampa por varios delitos de denuncia falsa, revelación de secretos, ocultación de pruebas, omisión del deber de perseguir delitos y cohecho. El Ministerio Público entiende que los hechos que atribuye al fiscal, antiguo integrante de Anticorrupción, no constituyen ningún delito y que, además, ya existe una causa en un juzgado donde el propio Pérez Dolset está llamado a testificar: en la que también está llamada a declarar como imputada la militante socialista Leire Díez bajo la acusación de intentar sobornar a dos fiscales, entre ellos Stampa, a cambio de información.

Entre otras cosas, Pérez Dolset acusa a Stampa de “convertir” el caso Villarejo en una “batalla política” e incluso de haber publicado un libro sobre su trayectoria profesional y sus conflictos con la Fiscalía General tras ser apartado de Anticorrupción. A su vez, el fiscal Stampa denunció hace meses en la Fiscalía que tanto Díez como Pérez Dolset le habían ofrecido trato de favor en sus contenciosos con la Fiscalía a cambio de información comprometedora sobre Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción.

En cuanto al libro del fiscal Stampa, el Ministerio Público entiende que “no existe prueba alguna, ni siquiera indiciaría, de la comisión de delito por parte del Sr Stampa en relación al libro publicado”, siendo todo “apreciaciones subjetivas del denunciante sobre la base de la interpretación del contenido del libro”. Además, se trata de algo relacionado con su “actividad particular y literaria” y ajena, por tanto, a su trabajo como fiscal y competencia de la Fiscalía Provincial.

La Fiscalía insta al empresario a acudir a la Audiencia Nacional a denunciar irregularidades en la gestión que Stampa hizo del 'caso Villarejo' cuando era el fiscal encargado del caso, y también a comunicar el resto al juzgado de Madrid que investiga a Leire Díez donde el propio Pérez Dolset tendrá que declarar como testigo.

Javier Pérez Dolset es uno de los fundadores del Grupo Zed, entre otras cosas dueño de los estudios Pyro de videojuegos y fundador del embrión de Terra. Tras la quiebra de la compañía, la Fiscalía Anticorrupción se querelló contra él por formar, supuestamente, parte de un entramado de subvenciones fraudulentas por un valor de más de 30 millones de euros, acusación impulsada actualmente por el fiscal José Grinda. Pérez Dolset llegó a estar casi un mes en prisión provisional en el verano de 2017. La causa, nueve años después, sigue pendiente de juicio.

Este empresario lleva años denunciando que su situación judicial se debe a la actuación de las “cloacas del Estado”, presentándose como impulsor de una agrupación no inscrita llamada “Asociación de Víctimas de las Cloacas del Estado” desde la que asegura que “se presta asistencia y se intercambia información con las personas que han sufrido persecuciones similares”.

La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional ha rebajado de 19 a 13 años de cárcel la condena al comisario jubilado José Manuel Villarejo por delitos de descubrimiento y revelación de secretos de empresa y de particulares en las piezas 'Iron', 'Land' y 'Pintor' del 'caso Tándem', las tres primeras por las que fue juzgado dento de la treintena de piezas separadas que la Justicia ha llegado a abrir contra él.

En su sentencia, recogida por Europa Press, los magistrados reducen los años de prision que le impuso la Sección Cuarta de la Sala Penal al estimar parcialmente su recurso y absolverle del delito de falsedad en documento mercantil en dos de las piezas. En Iron, los tribunales analizaron su contratación por parte de un despacho de abogados para espiar a una empresa de la competencia. En Land, lis investigadores se centraron en su su empresa Cenyt fue contratada para espiar al dueño de Procisa en el marco de una pelea familiar por una herencia de los García Cereceda. En Pintor, finalmente, se indagó sobre si los hermanos Fernando y Juan Muñoz Támara le contrataron para espiar a un antiguo socio y su abogado, el exjuez Francisco Javier Urquía.

Esta sentencia, todavía recurrible ante el Tribunal Supremo, ya fue anulada una primera vez por esta misma Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Posteriormente el tribunal ha dictado más sentencias condenatorias contra él, aunque muy por debajo de las penas de cárcel que ha llegado a pedir la Fiscalía Anticorrupción. Ocho años de cárcel, por ejemplo, por los encargos que le hicieron Repsol y Caixabank.

El tribunal mantiene la absolución del delito de cohecho pasivo y activo que las acusaciones atribuían a Villarejo y otros acusados, además de rechazar la nulidad de la segunda sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala Penal.

Por su parte, al socio de Villarejo, Rafael Redondo, la Sala de Apelación lo condena a 9 años de cárcel, frente a los 13 años que le impuso la Sección Cuarta, ya que también le absuelve del delito de falsedad documental.

Habréis oído hablar con frecuencia de las fuentes de los periodistas. Una fuente, en la acepción 8 del Diccionario de la Lengua Española, es una “persona o cosa que proporciona información”. La calidad de una información va muchas veces ligada a la calidad de las fuentes.

Desde la noche de los tiempos de nuestro oficio, en el periodismo ha habido muchas fuentes y también muchos charcos. Los charcos tienen también agua, como las fuentes, pero en la mayoría de las ocasiones es agua detenida y corrompida. Si se bebe sin haberla antes filtrado y depurado, sin separar el agua del cieno y de otros elementos en suspensión, se corre serio riesgo de intoxicación y de diarrea. Hasta de infoxicación, neologismo que por ahora no viene en el DLE, pero sí viene y desde hace ya años en Fundéu.

Armado con agua corrompida de charcos varios y de agua pútrida de una gran cloaca, la del comisario Villarejo, Alberto Núñez Feijóo sacude inmisericorde desde hace unos días a Pedro Sánchez con lo de las saunas de su suegro.

El artefacto argumental es de muy alto riesgo: es un bumerán de retorno lesivo. Si acusas al presidente del Gobierno de haber sido beneficiario a título lucrativo de una actividad de un familiar —actividad mal vista por parte de la sociedad, sí, pero legal—, no te extrañe que con la misma lógica le acusen a Isabel Díaz Ayuso de beneficiaria a título lucrativo de la actividad presuntamente ilegal de su novio y compañero de piso comisionista y quizás defraudador fiscal. O incluso que te acusen a ti de beneficiario a título lucrativo de la actividad ilegal a la que se dedicaba Marcial Dorado, el capo del narcotráfico con el que hacías viajes recreativos en yate por las rías gallegas y excursiones a Andorra no se sabe aún muy bien a qué. ¿O era a los Picos de Europa, como dijo Feijóo años después, creyendo que así le quitaba hierro al asunto, pues Andorra suena a dinero y Picos de Europa suena a naturaleza? “Recuerdo que había nieve”, dijo Feijóo, y todos entendimos que era nieve de la primera acepción del Diccionario (“f. Agua helada que se desprende de las nubes en cristales sumamente pequeños, los cuales, agrupándose al caer, llegan al suelo en copos blancos”) y no de la octava acepción: “f. jerg, cocaína”.

En Burgos aconsejan en ocasiones lo de “llámalo antes de que te lo llamen”, versión popular y matizada de aquello que le dijo la sartén al cazo: “apártate, que me tiznas”.

La última cruzada de la derecha política contra Sánchez me recuerda unos versos de Antonio Machado: “Yo he visto garras fieras en las pulidas manos;/ conozco grajos mélicos y líricos marranos.../ El más truhan se lleva la mano al corazón,/ y el bruto más espeso se carga de razón”.

El PSOE ve indicios delictivos en el espionaje ordenado por altos cargos de Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy al comisario Villarejo para utilizar datos de los negocios de la familia de Begoña Gómez para “matar políticamente” a Pedro Sánchez. El caso se remonta al año 2014 cuando el secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, encargó al polémico comisario José Manuel Villarejo, condenado ya a 24 años de prisión e imputado en múltiples causas judiciales, recabar material sobre los negocios del padre de Begoña Gómez para utilizarlos contra el recién elegido secretario general del PSOE.

Las grabaciones fueron publicadas por elDiario.es y La Vanguardia en abril de 2024 y evidencian cómo el que era número dos de Interior en el Gobierno de Rajoy encargaba una investigación parapolicial a la familia de la mujer de Sánchez.

El resultado de las pesquisas pactadas por Francisco Martínez y el comisario hoy poliimputado se plasmó en un informe titulado RIESGO PS (las iniciales del presidente) donde Villarejo recopiló información acerca de las saunas que gestionaban el suegro de Pedro Sánchez junto a sus hermanos y que ha sido desvelado esta mañana por el programa Mañaneros de TVE. Esa “nota interna”, sin sello de ninguna unidad policial, revela que tras la conversación de Villarejo con Francisco Martínez se produjeron seguimientos, sin orden judicial, a quien era el secretario general del PSOE y también a su pareja Begoña Gómez y a las hijas de ambos.

El documento de Villarejo alude a “la urgencia de la superioridad”, los cargos políticos que encargaban esos dosieres a los policías corruptos, y subraya que por esas prisas los informes pueden contener “errores groseros”. Son esos papeles fabricados por las cloacas del Estado los que 11 años después está recuperando el PP, a raíz de la intervención parlamentaria de su líder, Alberto Núñez Feijóo, el pasado miércoles, para acusar a Sánchez de lucrarse con supuestos prostíbulos que gestionaba su suegro. Y eso a pesar de que la Audiencia Nacional ya estableció en junio de 2024 que el negocio de las saunas del suegro de Pedro Sánchez, fallecido hace tres años se trataba de una “actividad privada lícita” y recriminó la “deplorable utilización partidista” de este tipo de informaciones. Así consta en el auto desvelado por la Cadena SER en el que la Audiencia Nacional rechazaba investigar la revelación de secretos denunciada por el PSOE entonces.

Fuentes socialistas aseguran que este nuevo informe conocido este viernes y que según TVE está en manos ya de la Fiscalía contiene material suficiente para reabrir el caso, una vez constatado que el comisario Villarejo asegura haber realizado seguimientos a la familia de quien era entonces el líder de la oposición.

Desde que el pasado miércoles, la totalidad de socios del Gobierno descartasen cualquier posibilidad de apoyar una moción de censura de la mano del Partido Popular y Vox, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, puso en marcha una campaña para acusar a Sánchez de haberse beneficiado económicamente de los negocios de su suegro que, a pesar de lo que estableció la Audiencia Nacional, el PP y algunos medios siguen relacionando con la prostitución y que se ha convertido en la última línea de ataque de las derechas contra el Gobierno.

Tanto hablar de fontaneros (hasta ha protestado una asociación profesional, ofendidos), y se nos olvida que el principal habitante de las cloacas no es el fontanero, sino la rata. No hablo de esos animalitos repugnantes que corretean por descampados, parques y contenedores de basura, sino otra especie más dañina: la rata de cloaca. Este artículo hay que leerlo con locución y música de documental de La 2.

Extendida por todo el planeta, la rata de cloaca parece haber encontrado un hábitat especialmente favorable en la democracia española. Su pelaje es variado: policías, empresarios, abogados, periodistas y políticos, mezclándose con promiscuidad. Escurridiza, con gran capacidad de adaptación y habilidad para moverse en la oscuridad, la rata de cloaca suele almacenar en su madriguera información comprometedora, que no duda en usar para chantajear, extorsionar y obtener beneficios económicos o judiciales. Muy dañina y transmisora de enfermedades democráticas, la rata es un animal agresivo, por lo que son frecuentes los conflictos entre individuos de la misma especie, llegando al canibalismo. La mayoría termina atrapada y en la cárcel, desde donde a veces sigue actuando.

En los años noventa España sufrió una importante plaga que casi devora la democracia. Por aquellas alcantarillas circulaban dossiers, cintas de vídeo, teléfonos pinchados, fotos íntimas y cuentas bancarias que afectaban a numerosos personajes públicos, del rey abajo. En tiempos más recientes las ratas colonizaron los cuerpos policiales, de donde no parece que hayan sido erradicadas del todo. Los más viejos del lugar recordarán ejemplares de gran tamaño que fueron especialmente ponzoñosos: empresarios caídos en desgracia como Mario Conde y Javier de la Rosa; policías con negocios propios como Villarejo; espías traidores como Perote, que se fue del entonces CESID con toneladas de material sensible…

Siempre que aumenta la temperatura política, la rata de cloaca sale a la superficie y causa grandes destrozos. Lo vemos estos días con varios ejemplares que corretean por juzgados, sedes de partidos, ruedas de prensa, y muy especialmente platós de televisión, pues los medios han encontrado un filón en estos animalejos. A veces con escenas tan chungas como la de este miércoles, con el turbio Aldama acosando a la turbia Leire Díez y casi llegando a las manos con el no menos turbio Pérez Dolset, en una escena que recordaba a aquel vídeo-meme de “dos ratas peléandose por un churro con música de fondo de Linkin Park”, un clásico de internet que alguna vez habrás visto.

Las ratas de hoy parecen aficionadas de medio pelo comparadas con las ratas de cloaca de otras épocas; pero no las minusvaloremos, que pueden hacer mucho daño. Y sobre todo no olvidemos que, más allá de complicidades políticas y periodísticas, las ratas buscan siempre su propio interés: salvar el culo, librarse de procesos penales, conservar su fortuna, sacar dinero, comerse el churro. Y quien se relaciona con ellas o les compra la mercancía, acaba llevándose un mordisco e infectado.

Los principales actores de la conversación pública se dividen hoy entre quienes creen que la ex militante socialista Leire Díez es una don nadie con aires de grandeza y conspiranoides que ha metido en un gran lío al PSOE por sus tejemanejes con un grupo de empresarios metidos a investigadores y quienes defienden con pasmosa soltura que era una enviada del socialismo o incluso del propio Pedro Sánchez para dinamitar la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Los primeros otorgan cierta credibilidad a la que también fue alto cargo de Correos y los segundos defienden a pies juntillas la palabra del comisionista e imputado en la trama de los hidrocarburos, Víctor de Aldama. No hay matices ni medias tintas, pero sí verdades a medias, falsedades flagrantes y mentiras pasmosas.

Aquellos que exigen explicaciones, identifican a cada uno de los personajes turbios de esta historia de mangantes y torrentes y tratan de poner algo de luz entre tanta oscuridad y tanta basura son tildados en el mejor de los casos de tibios o equidistantes. Y los que desde la derecha política y mediática, acostumbrados a chapotear en las cloacas de la llamada policía patriótica o han construido titulares a toda página con informes falsos, testimonios ficticios o investigaciones ilegales son los que dominan el relato.

Sin duda, van ganando los que están convencidos de que el Gobierno es una mafia, aunque no utilicen la misma expresión que ha acuñado Feijóo para llamar a “los españoles de bien” a salir a la calle para “echar a Sánchez de La Moncloa”. Se da la circunstancia de que a estos “españoles de bien” se han sumado, aunque no les veremos en la cabecera de la manifestación del próximo domingo junto a Feijóo, Rajoy, Ayuso, Aguirre y Aznar, algunos socialistas que la derecha considera del PSOE moderado y que ya están organizados para un supuesto “rearme moral”. No es cuestión de moralidad, sino de revancha porque algunos de los integrantes de esta supuesta célula proactiva estuvieron en el bando perdedor de las primarias a cara de perro que libraron Susana Díaz y Pedro Sánchez. Ni perdonan ni olvidan, aunque la memoria les flojee cuando hablan de los tiempos pasados y la supuesta ausencia de Aldamas o Leires. Ni el socialismo antaño era un ser de luz ni el de ahora es una organización criminal o una banda de forajidos.

Sin embargo, para desgracia del Gobierno y de Pedro Sánchez controlan el relato, lo que significa llevar la iniciativa en la construcción y difusión del mensaje. No se trata sólo de difundir información, sino de tejer una narrativa que se imponga en la conversación pública. En los medios, en el Parlamento, en las tertulias y en la calle. Y en este barrizal en el que se ha convertido la política, los de Feijóo llevan la delantera en el escándalo de la ya ex militante socialista Leire Díez. Basta con leer los principales diarios, escuchar las diferentes emisoras de radio o prestar atención a lo que se dice en las tertulias televisivas, para comprobar cuál es el mensaje dominante, a pesar de que Aldama no es una víctima como pretenden mostrarnos algunos y quienes le dan voz tampoco sean seres de luz.

Que el PSOE no haya dado explicaciones sobre las intrigas de Leire Díez, que no la expulsara del partido el primer día que se conocieron sus delirantes ofertas de impunidad a delincuentes de todo pelaje y que haya recibido información de terceros sobre supuestos delitos cometidos desde las más opacas estructuras del Estado que aún persisten en España no quiere decir que sus dirigentes hayan cometido algún delito. Al menos, hasta dónde hoy sabemos. Lo que subyace en todo caso es que Sánchez tiene un grave problema y no sólo mediático -como acostumbran a quejarse los socialistas- sino más bien político. No hay en Ferraz -y quizá tampoco en Moncloa- alguien capaz de construir un relato que sin duda lo hay sobre este esperpento en el que políticos, empresarios, policías, medios de comunicación y hasta miembros de la judicatura están interesados en que prevalezca un pozo de inmundicia insoportable relacionado con el Gobierno cuando en realidad el detritus al que asistimos, sí, es el que operaba en el último gobierno de Rajoy y, sí también, el actual Ministerio del Interior no ha podido o no ha querido acabar con ello.

El silencio esta vez no es una opción ni una muestra de resiliencia. Si además es resistente e inexpugnable, se convierte en un poderoso instrumento de autodestrucción porque rara vez vence a las narrativas difamatorias y apocalípticas.

“Leire Díez se comporta como un gato callejero que caza ratones y se los lleva a casa de su dueño como un trofeo. Con un poco de suerte, cree que así conseguirá su atención y un poco de cariño”. De esta forma tan gráfica describía esta semana un alto dirigente del PSOE en Cantabria al personaje de moda en nuestro país, que ha saltado al estrellato nacional ante la estupefacción de sus compañeros de partido, que le tomaron la matrícula hace ya muchos años, pero que en ningún caso le atribuían la capacidad de sumergirse en las cloacas del Estado —o directamente formar parte de ellas— con tanto arrojo y sin pudor alguno.

Y es que Leire Díez es una vieja conocida de la política y del periodismo en Cantabria, no necesariamente por sus éxitos o por su trabajo, sino más bien por haber protagonizado algunos episodios bastante sonados antes de dar su salto a Madrid. En esta tierra ha sido concejala y teniente de alcalde de Vega de Pas, vicepresidenta de la Mancomunidad de los Valles Pasiegos, responsable de comunicación del PSOE de Cantabria durante el mandato de Eva Díaz Tezanos como secretaria general y pieza clave en muchas de las elecciones primarias que se han celebrado en los últimos años, incluida la reciente campaña que dio la victoria al actual líder socialista, Pedro Casares.

En estos años, ha ostentado cargos públicos y de representación, ha trabajado en primera línea y mantiene contactos con muchos dirigentes con mando en plaza. Presentar a Leire Díez como una “simple militante” es ridículo y no cuela. Atribuirle encargos de las más altas instancias como 'fontanera' de La Moncloa también suena demasiado exagerado para ser creíble.

La discreción no ha sido nunca una de sus virtudes. Con un temperamento bastante explosivo, no ha rehuido nunca el enfrentamiento directo, con comportamientos que rozan lo kamikaze, como se ha podido comprobar con luz y taquígrafos en los últimos días. “Ni fontanera, ni cobarde”, ha dicho ella de sí misma en una esperpéntica rueda de prensa en un hotel en Madrid antes de lanzarse a una gira de entrevistas y tras publicarse de forma fragmentada y por capítulos los audios de la propia Leire Díez haciendo supuestos ofrecimientos absolutamente ilegales de demostrarse ciertos.

Si alguien confió en ella para ocuparse de asuntos que requieren de cierta maña para pasar desapercibida... está claro que no pudo hacer una peor elección. La excusa de que está preparando un libro de investigación provoca un cierto sonrojo y los antecedentes empujan a pensar que era una especie de espontánea con ganas de hacer méritos que se metió en medio de un fuego cruzado que no iba con ella pero que le afectó de lleno.

Ahora tenemos a empresarios multimillonarios imputados por graves delitos que buscan venganza, a policías y guardias civiles acusados de presuntas actividades ilícitas, abogados especializados en la defensa de la peor calaña de este país, periodistas de pseudomedios abonados a las filtraciones interesadas, audios y vídeos obtenidos probablemente de forma ilegal y en los que se ofrecen posibles favores judiciales a cambio de informaciones que perjudiquen a rivales políticos, tramas entrecruzadas con comportamientos nada ejemplares y que siembran tantas dudas que el ciudadano de a pie no tiene ni tiempo ni ganas de seguir todos los detalles de este bochorno público que genera desafección, asco y pereza.

Convendría que los responsables del PSOE, en Cantabria y en Madrid, no se pongan de perfil y no sigan guardando este silencio estruendoso. Que actúen con transparencia, que expliquen lo que saben de este caso, que no caigan en el 'y tú más' de las cloacas del PP, que aclaren por qué alguien como Leire Díez ha hecho una larga carrera profesional durante tantos años al abrigo de su partido y cuáles fueron sus motivaciones para apostar por ella en puestos de responsabilidad gracias a su militancia. Y que se desmarquen claramente de las prácticas que hemos conocido ahora si, verdaderamente, no hay nada que ocultar y no han sacado ningún rédito de sus labores de fontanería rodeada de un barro que lo ensucia todo.

Leire Diez ha pasado de ser una persona totalmente desconocida a estar en el centro del debate político en España. En las últimas semanas se han filtrado audios en los que ella aparece, y en esas grabaciones se la oye, por ejemplo, ofreciéndose a mediar con la Fiscalía para llegar a algún acuerdo que rebaje la condena a algún empresario que tire de la manta. Se le ha llegado a llamar la “fontanera del PSOE”. Ella ha asegurado en una rueda de prensa sin preguntas que se ha dado de baja como militante del PSOE y que ella solo es una periodista haciendo una investigación para escribir un libro. También, que nadie le ha hecho ningún encargo, que todo lo ha hecho por su cuenta.

Al final de esa rueda de prensa, aparece Víctor de Aldama un empresario imputado por el caso Hidrocarburos que Leire dice investigar pero implicado también, como presunto corruptor, en la trama del Caso Ábalos. Aldama se encara con Leire Díez, hay remolino de cámaras y micrófonos, y entonces aparece otro personaje fundamental en esta historia, el empresario Javier Perez Dolset, que empuja a Aldama y protege a Leire Diez. ¿Qué está pasando? Intentamos entender esta complicada historia política con el director de elDiario.es Ignacio Escolar.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

Cuando Leire Díez presentó en Ferraz a Javier Pérez Dolset, un empresario encausado por el supuesto desvío a Panamá de más de cien millones de euros, Pedro Sánchez ya había sido reelegido presidente y ya había ordenado la renovación de la cúpula de Correos que la dejó a ella sin trabajo. Dolset, que achaca sus problemas con la justicia a un montaje de “las cloacas del Estado” instauradas bajo gobiernos del PP, era por entonces un completo desconocido para el PSOE, según coinciden todas las fuentes consultadas. Y en su cruzada personal contra quienes, según él, le arruinaron la vida, encontró en la militante socialista una vía perfecta para que el partido del Gobierno le abriera sus puertas y lo escuchara.

Según ha podido saber elDiario.es, Díez llegó entonces a la sede de la calle Ferraz con el empresario encausado bajo una promesa que consiguió captar la atención de sus interlocutores en la cúpula del PSOE: las supuestas pruebas que demostrarían un complot político, judicial y policial en torno a la causa de los ERE de Andalucía, el escándalo de corrupción que echó abajo el fortín socialista andaluz y que arrasó la vida política y personal de expresidentes y símbolos del PSOE como Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En Ferraz, donde admiten tal encuentro, explican que recibieron aquel material, con ingente documentación y grabaciones, con una mezcla de asombro y escepticismo. Dolset les explicó entonces que esa documentación ya había sido entregada a la justicia tiempo atrás sin éxito alguno. Y que se la trasladaban al PSOE, personado en la causa de los ERE, por si ellos tenían más suerte y conseguían que avanzara. Un equipo jurídico del partido analizó el material aportado en memorias digitales y, tras varios meses de cribado, esa información resultó un chasco: ni aportaba novedad alguna a lo publicado en medios de comunicación o incluso a lo sabido ya entre las filas socialistas, ni mucho menos ofrecía pruebas de ese presunto complot.

Lo que defiende el PSOE para desmontar la tesis de la “fontanera”, instaurada por la derecha política y mediática sin más pruebas que lo sustenten que su propia militancia, es que fue, por tanto, Leire Díez quien movió ficha para poner a su partido al tanto de una investigación de la que aseguran ser completamente ajenos. “Ni conocíamos a Dolset, ni sabíamos nada de sus reuniones, ni mandamos a Leire a reunirse con nadie como enviada de ninguna misión especial. Es un montaje de la derecha. Fue ella quien nos presentó a ese empresario y quien nos dijo que trabajaban para una asociación de víctimas de la policía patriótica. Nosotros la escuchamos entonces y nada más. Aquello no llegó a nada”, exponen desde la dirección del PSOE.

En privado, lo que trasladan desde las filas socialistas es que Leire Díez, en realidad, lleva años trabajando para Dolset. Y que el empresario utilizó su militancia para acercarse al PSOE, como había hecho antes con otros intermediarios para poder contactar con Junts, con ERC o con Podemos, partidos con los que también se produjeron reuniones, según ellos mismos han relatado públicamente. En total, son cuatro los encuentros que admite el PSOE haber mantenido con el empresario presentado por su militante. Y todos, afirman, con el mismo resultado infructuoso.

El intento de bautizar la actuación de Díez, que antes había ostentado altos cargos en empresas públicas de la mano de los gobiernos de Sánchez, como una cloaca equivalente a la operación policial montada en Interior durante el Gobierno de Rajoy que mantiene procesados a un exministro del Interior, a su secretario de Seguridad y a varios comisarios, es recibido en el PSOE con una mezcla de sorna y rechazo. “No tiene un pase lo que se escucha decir a Leire Díez en esas grabaciones, pero nadie ha podido probar que lo dijera en nombre nuestro porque sencillamente es falso. Y a las pruebas nos remitimos. ¿Qué beneficio han obtenido esos empresarios de la Fiscalía o de la Abogacía del Estado? Lo que sí ocurrió bajo un Gobierno del PP es que se inventaron informes policiales contra rivales políticos y que se puso a la policía a perseguir a Bárcenas para destruir las pruebas de su corrupción”, remarcan.

La propia Leire Díez afirmó en Cuatro este miércoles que en esas reuniones donde se le escucha hablar de su capacidad para movilizar a la Fiscalía o la Abogacía del Estado, ella vendía “faroles para iluminar una alameda”. Es decir, que se inventaba su supuesto empoderamiento y su capacidad de maniobra. Algo en lo que coinciden algunos dirigentes políticos y policías que se sentaron con ese grupo de empresarios que disponen de grabaciones comprometedoras de policías, ejecutivos de empresas y también periodistas, casi todas provenientes del arsenal digital del comisario Villarejo.

Sobre el circo de este miércoles, con la esperpéntica comparecencia de Leire Díez convertida en sainete por la irrupción sorpresa de Víctor Aldama, en el PSOE prefieren no pronunciarse y poner el foco en que el supuesto corruptor del caso Koldo y de la trama de los hidrocarburos interpelase directamente a Feijóo para acabar con Sánchez. “¿Cree que este será el final del Gobierno de Sánchez?”, le preguntó un periodista a las puertas del hotel al que acudió a reventar el acto. “Esperemos que sea así por el bien de todos. Espero que el señor Feijóo haga lo que tiene que hacer”, respondió Aldama, a lo que los socialistas reaccionaron en sus redes sociales. “Víctor de Aldama, imputado en el caso Delorme y en el caso Hidrocarburos, entra en campaña para apoyar la candidatura de Feijóo en el próximo congreso del Partido Popular. El aval que le faltaba”.

“Ni fontanera ni cobarde”

Tras comparecer el martes en la sede socialista de Ferraz, Díez había anunciado para el miércoles una rueda de prensa en un hotel de Madrid a las diez en punto de la mañana. Sin embargo, decidió sentarse ante las decenas de micrófonos y cámaras a las nueve y media. “Soy de llegar pronto, pero me espero a la hora anunciada”, comentó. Y cumplió su palabra y permaneció allí plantada y en silencio durante media hora ante el deleite y el asombro de los medios gráficos y los programas de televisión en directo.

“Ni fontanera, ni cobarde”, remarcó la que fuera alto cargo de Correos y Enusa a modo de lema de su cruzada contra los oscuros poderes que promete combatir. “Seguiré con mi trabajo para culminar el libro. Ni me van a intimidar ni voy a renunciar a mis convicciones. Se puede ser socialista y llevar a cabo un trabajo de investigación, como es mi caso, un libro sobre la trama de los hidrocarburos. Una tarea de periodismo de investigación para evaluar casos de enorme trascendencia para el Estado”, aseguró.

Si se reunió con empresarios corruptos y maniobró contra altos cargos de la Guardia Civil lo hizo “para una investigación por un libro”. Y si ofreció tratos de favor de poderes públicos a los acusados a cambio de información sensible fue por una “equivocación en la formulación” o por “una mala interpretación”. Y hasta ahí las explicaciones, porque la ya exmilitante socialista no admitió preguntas de la prensa y se apresuró a embarcarse en una ronda de entrevistas por medios como Okdiario, El Toro TV o Todo Es Mentira (Cuatro).

Pero a la escena de su comparecencia en el hotel le faltaba un cameo decisivo. Entre los asistentes, casi de incógnito, se había incrustado el empresario Víctor Aldama, quien al finalizar la declaración se fue directamente a por Díez y Dolset. “Ha mentido en todo, se está riendo de todos los españoles. Esta señora es una sinvergüenza que trabaja para el señor Santos Cerdán y para el señor Pedro Sánchez”, dijo Aldama, quien denunció recibir “amenazas de muerte” que no ha concretado.

Con ese desenlace, la comparecencia de Leire Díez derivó en algo parecido a una trifulca de banquete de boda, con empujones, gritos, insultos, amenazas y un remolino de cámaras y reporteros que se llevaron por delante una de las mesas habilitadas en el salón del hotel y que acabó con botellas de cristal esparcidas por el suelo. El revuelo llamó la atención de los turistas que hacían cola en recepción para el 'check in', sorprendidos por el espectáculo. La dirección del hotel decidió llamar a la policía y una patrulla de dos agentes apareció al rato.

Pero a Leire Díez y Pérez Dolset se les había perdido ya la pista y todo el foco era entonces para Aldama, el empresario al que la Fiscalía Anticorrupción dejó en libertad con la promesa de colaborar con la justicia y de aportar pruebas de la supuesta corrupción sistémica del Gobierno de Sánchez. No ha cumplido esos compromisos, pero sigue en la calle jactándose de tender trampas al Gobierno, como la famosa grabación urdida junto a otro poliimputado en el fraude de los hidrocarburos en la que Leire aparecía tratando de sonsacarle información sobre guardias civiles corruptos. Esa polémica orden de libertad amparada por Anticorrupción que le había servido para pasearse por los platós de televisiones y estudios de radios, le permitió también acudir a reventar la rueda de prensa de Leire Díez y arrebatarle, de paso, buena parte de su minuto de gloria.

Empecemos por los hechos. Leire Díez es una militante del PSOE, que ha sido teniente de alcalde en un pequeño municipio cántabro y ha tenido puestos en empresas públicas de la mano de los socialistas. Díez se reunió con dos empresarios, Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn. Ambos están encausados en distintos procesos judiciales y sostienen que tras esas investigaciones hay guardias civiles y fiscales que les han perseguido con prácticas corruptas.

Uno de esos encuentros quedó registrado en una grabación de 53 minutos. En ella, los empresarios ofrecen información sobre prácticas corruptas de algunos altos cargos de la Guardia Civil, Díez se interesa por ella y pide que se las envíen. A cambio, Hamlyn quiere que se le garantice un pacto con la Fiscalía y Díez le promete que le puede sentar con fiscales.

¿Qué no sabemos? No sabemos en nombre de quién actúa Díez, si fue enviada por el PSOE y, si es así, quién del PSOE le hizo ese encargo. Si el PSOE está detrás, no sabemos qué buscaban los socialistas con estos encuentros y si estaban dispuestos a hacer de nexo con la Fiscalía. No sabemos si hay más gente del partido implicada.

El PSOE niega que enviara a Díez a esa cita y le ha abierto un expediente. Por su parte, Díez ha dicho que no tiene “vinculación con Ferraz” y Pérez Dolset, que ambos investigan “las cloacas del Estado” desde 2019.

¿Qué sabemos seguro? Que no ha habido pactos de ningún tipo con la Fiscalía. Las acusaciones contra Dolset y Hamlyn se mantienen. En el juicio contra este último, al que no se ha presentado alegando que no puede salir de Dubai, la Fiscalía solicita para él una condena de más de 50 años.

Con esos hechos y esas preguntas sobre la mesa hay quien ha corrido a llamar a esto las cloacas del PSOE. Es una licencia periodística, como muchas otras, para añadirle algo de gancho a las noticias, pero, sobre todo, un intento de fijar el marco: esto es igual de grave (o más) que las cloacas policiales del PP.

Porque sí, ahora se leen teorías sobre las reuniones de Díez y la implicación del PSOE, o sobre lo que se quería o no conseguir. Pero lo cierto es que en nuestro país tenemos ejemplos prácticos de lo que hacen las cloacas. Conviene recordar algunos capítulos, solo algunos, porque la historia completa da para un libro de los largos, o una serie con su ministro, su secretario de Estado y su grupo de policías corruptos.

40 kilos de cocaína y una cuenta falsa en Suiza

El resumen general es que en España, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, se montó una red de policías al servicio del PP que se dedicaron a fabricar pruebas contra adversarios políticos y a destruir las que les implicaban en casos de corrupción.

No hace falta rebuscar mucho en la hemeroteca. elDiario.es lleva años contando este escándalo y la última entrega publicada el pasado 16 de mayo es una pormenorizada historia sobre cómo la cúpula de la seguridad del Estado durante el Gobierno del PP urdió un montaje para convertir a Miguel Urbán, uno de los fundadores de Podemos, en un vendedor de 40 kilos de una cocaína procedente de Venezuela para financiar al partido.

Un comisario de la Policía Nacional, José Luis Olivera, firmó un informe elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) en el que se decía que Urbán, cuando ya era eurodiputado, le entregó “40 kilos de cocaína pura a cambio de una enorme cantidad de dinero” a un hombre.

Es uno de los diversos episodios de la guerra sucia policial contra Podemos, que tuvo como máxima expresión el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), en el que se lanzaban acusaciones falsas sobre la financiación del partido. La Audiencia Nacional mantiene una investigación abierta en la que acaba de citar a otro comisario, Marcelino Martín-Blas, que admitió que había conocido maniobras policiales contra Podemos.

Ese grupo de policías corruptos, que actuaban a las órdenes del Ministerio del Interior, también trataron de hacer daño al independentismo. Una muestra: el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, se levantó un día con una publicación en prensa que aseguraba que tenía una cuenta en Suiza con varios millones de euros. Era mentira, un montaje policial basado en datos falsos aportados por un empresario al que, según figura en la agenda de José Manuel Villarejo (el puntal de aquel grupo de policías), lo acabó pagando el Partido Popular a través de su 'número dos', María Dolores de Cospedal.

Un policía condenado y un ministro al que le piden 15 años de cárcel

Es Villarejo quien comandó otro de los principales encargos de la conocida como Policía Política: la infiltración en el círculo de confianza de Luis Bárcenas, extesorero del PP, para buscar y destruir pruebas de la corrupción del PP. Todo financiado con fondos reservados. La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para el exministro del Interior con el PP, Jorge Fernández Díaz, para su ‘número dos’ en el Ministerio, Francisco Martínez –ahora detenido por colaborar con un hacker–, y para el director adjunto operativo en aquella época, el comisario Eugenio Pino.

Este último, Pino, es el único de todos los implicados en aquellos montajes que ha sido condenado. El Supremo le confirmó un año de cárcel por sus maniobras para intentar que se condenara a la familia Pujol.

Esas son las cloacas. Altos mandos de la Policía y del Ministerio del Interior fabricando pruebas, intentando alterar investigaciones judiciales, tratando de destruir documentos y, sobre todo, filtrando información falsa que acababa publicada sin la mínima comprobación en importantes medios de comunicación del país.

Conviene recordar algunos de estos pasajes de nuestra reciente historia política para tener el contexto suficiente y acercarnos a los hechos que ahora hemos conocido –y que obligan al PSOE a dar muchas explicaciones– con el recuerdo de lo que es realmente una cloaca.

“Mafia o democracia” será el lema de la manifestación contra el Gobierno que ha convocado para la semana que viene Alberto Núñez Feijóo. José María Aznar ya ha confirmado su asistencia. Sí, el mismo Aznar que tuvo entre sus ministros a Rodrigo Rato, a Eduardo Zaplana, a Jaume Matas… Estará en primera fila, a tope contra la corrupción. 

También asistirá M. Rajoy. Sí, el mismo expresidente del Gobierno cuyo ministro del Interior se sentará en el banquillo, acusado de usar a la policía para tapar la corrupción de su partido. El molt honorable Carlos Mazón también ha confirmado su asistencia –si aguanta otra semana, no descartes que pronto fuercen su dimisión–. Aún no se sabe si Isabel Díaz Ayuso acudirá sola o irá acompañada por el defraudador confeso, Alberto González Amador. 

Son los milagros del anómalo debate público español. 

En la misma semana en la que la pareja de Ayuso queda a un paso del banquillo, en los mismos días en los que mandan a prisión al exsecretario de Estado de Interior de Rajoy, todas las teles, todas las tertulias, han quedado monopolizadas por la rocambolesca historia de Leire Díez. La “fontanera”. La “cloaca del PSOE”, la llaman también. Esa militante socialista grabada mientras ofrecía tratos de favor en la Fiscalía a distintos imputados por corrupción. A cambio, Leire Díez pedía que le pasaran información contra mandos de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, donde se investigan muchas de las principales causas contra la corrupción.

Algunos datos importantes, antes de seguir con la narración. 

En España existió una trama organizada en los cuerpos de seguridad del Estado. Algo sistémico. Una red corrupta y eficaz. Algo inaceptable en una democracia normal. 

El comisario Villarejo es su protagonista principal, pero no actuaba solo. Tenía jefes. Subordinados. Socios. Aliados. Esa policía patriótica, que floreció bajo el Gobierno de Rajoy, fabricó acusaciones falsas contra todos los enemigos políticos del PP: de la izquierda a los independentistas, pasando por la propia derecha. Es la misma cloaca policial que empleó los fondos reservados para espiar al tesorero Luis Bárcenas y robarle las pruebas que tenía contra el PP.

Buena parte de estos abusos policiales están ya en los tribunales. Algunos a la espera de juicio. Otros ya con condena. Hay denuncias que duermen el sueño de los justos en la Audiencia Nacional, otras están en investigación. Sigue siendo inquietante que el Centro Criptológico Nacional, del CNI, aún no haya logrado descifrar la mitad de los audios que el comisario Villarejo grabó –qué raro, esto también dependía del juez Manuel García Castellón–. Y eso que Villarejo decía que era la misma clave y la misma criptografía que el bloque de audios que sí llegó al juzgado. 

Aún no conocemos toda la historia. Pero lo que ya sabemos es aterrador y las pruebas son contundentes. El Gobierno de M. Rajoy usó el enorme poder del Estado para perseguir a inocentes, fabricar informes falsos, espiar a ciudadanos sin control judicial y destruir el patrimonio y la reputación de muchas personas.

¿Mafia o democracia?, que diría Alberto Núñez Feijóo.

¿Cómo de democrático es que la Policía se invente que un eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán, ha traficado con 40 kilos de cocaína para así poder investigarle? 

¿Y cómo definir lo que le pasó al expresidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell, que siendo inocente se pasó 643 días en prisión? ¿Es mafia? ¿Es democracia? ¿Son simplemente cosas que te podían pasar en aquella España si eras catalán?

Y la operación Cataluña, ¿cómo de democrática es? ¿Qué hacía el departamento de Asuntos Internos de la Policía espiando a los independentistas sin orden judicial? 

La primera noticia de aquella brigada secreta la publicamos en exclusiva en elDiario.es hace ya más de una década, en 2014. Leerla hoy pone los pelos de punta. Y nada pasó. 

Buena parte de los usos y costumbres de esa cloaca policial arrancan muchas décadas atrás. Varios de sus protagonistas echaron los dientes con la Brigada Político-Social de Billy el Niño, en ese centro de tortura de la dictadura que estaba en la Puerta del Sol. Algunas de las técnicas vienen de los años de la lucha contra ETA; donde casi todo valió. La excusa para que el fin justificara los medios fue el terrorismo, pero contra el independentismo pacífico catalán, o contra la izquierda, se aplicó buena parte del mismo manual. 

¿Estos policías actuaban solos? Pues claro que no. La red se extendía a la política, a los juzgados, a los medios de comunicación. 

Algunos de quienes se consideran afectados por esta cloaca y su enorme red de influencia llevan años intentando esclarecer lo ocurrido. Es una red informal que no surgió antes de ayer y que se ha acercado a más partidos, no solo al PSOE. Quieren saber qué pasó y también destapar a quienes colaboraron con esa organización. Les mueve un impulso que es fácil de describir: la venganza.

El líder entre ellos es un empresario tecnológico que perdió buena parte de su fortuna millonaria, Javier Pérez Dolset. A finales del siglo pasado, se hizo rico con la serie de videojuegos de más éxito de la historia del software español: Commandos. 

En 2017, Pérez Dolset fue detenido y encarcelado en prisión preventiva por orden de la Audiencia Nacional. Entre otros asuntos, fue acusado de desviar dinero a unas cuentas en Panamá que –asegura– nunca existieron. Según denuncia, en entrevistas que ha dado a distintos medios, fue todo “una invención de la cloaca” para destruirlo. Los procesos judiciales que se iniciaron entonces –aún sigue imputado– acabaron con cientos de millones de su patrimonio, afirma también.

Pérez Dolset culpa al grupo Planeta y a uno de sus principales directivos, Mauricio Casals, de su caída a los infiernos. Hace dos años presentó una querella contra el presidente de Planeta y también presidente de Atresmedia, José Crehueras. Hace varios meses, en octubre de 2024, esa querella se archivó por falta de evidencias. 

“Leire Díez lleva investigando conmigo desde hace seis años las cloacas del Estado”, asegura también Dolset.

Y algunas cosas casan mal con esa explicación. Porque una cosa es investigar y otra proponer acuerdos con la Fiscalía a empresarios corruptos por su delación contra altos mandos de la Guardia Civil. ¿En calidad de qué?

“La basura no se combate con basura”, escribió en elDiario.es Esther Palomera, con toda la razón. Tampoco se entiende que el PSOE haya tardado tanto en responder ante esta irregular actuación de una militante que debería haber sido expulsada del partido: por el daño que está haciendo a su organización.

Si Leire Díez actuaba sola, es una irresponsable por ofrecer componendas así. Y si realmente es una enviada de Ferraz, es aún peor.

Por ahora, por mucho que se retuerzan algunos audios, no hay prueba sólida de que Leire Díez actuara a las órdenes de Ferraz. Tampoco es descartable que sea así. 

Cabe preguntarse también quién espió a Leire Díez. Es bastante evidente que alguien lo hizo. 

Pero lo que sin duda está por demostrar es que algunas de las ofertas inmorales que trasladaba Leire Díez en su “investigación” tuvieran efecto alguno. No se conoce ningún caso donde la Fiscalía haya actuado a favor de algunos de estos imputados por corrupción. Ni uno solo. 

El único acusado de corrupción que ha sido puesto en libertad de forma bastante anómala, a cambio de una supuesta colaboración con la Justicia que nunca llegó, es Víctor de Aldama. ¿Para hacerle un favor al PSOE o al Gobierno? No precisamente. Fue una decisión que impulsó un fiscal de Anticorrupción que ha trabajado para gobiernos del PP y que se tomó a espaldas del fiscal general del Estado, como ya te conté. 

El abogado de Víctor de Aldama, José Antonio Choclán, es también abogado de Alejandro Hamlyn. Este empresario está imputado en la trama de los hidrocarburos, al igual que Aldama. Sobre él recaen las sospechas de haber grabado la famosa videoconferencia donde Leire Díez le ofrece la ayuda de la Fiscalía a cambio de pruebas contra la UCO. Es la voz que se escucha con más claridad –que en estos casos suele ser la pista más obvia de quién grabó–. 

Hamlyn está acusado de un presunto fraude de 154 millones de euros. Ahora vive en Dubai. Argumenta que no puede salir de ese país por una deuda de 5.000 euros. Es difícil de creer que alguien capaz de pagar a un abogado tan caro como Choclán no pueda afrontar una deuda así. 

El propio Víctor de Aldama se ha jactado públicamente de haber “tendido una trampa” al PSOE, con la filtración de esta grabación. No hay aún noticias de que su “colaboración” con la Justicia haya ofrecido algún dato de interés, pero sí de su gira mediática, de sus bulos, amenazas e insultos contra el Gobierno o de sus vacaciones en Ibiza a todo tren. 

Todos los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez –del PSOE al PNV, pasando por Podemos o Junts– creen que una parte de los aparatos del Estado trabaja para tumbar al Gobierno de coalición. Es algo que está a la vista de cualquiera con un mínimo de información: algo que Aznar invocó con “el que pueda hacer que haga”. Ocurre en varios juzgados, pero no solo allí. Se ha acelerado desde la ley de amnistía y el fracaso electoral de la derecha en 2023.

Es obvio que es un movimiento organizado. No son hechos espontáneos. Pero eso es otra historia que, más adelante, contaré.

Es llamativo que, en esta ocasión, las supuestas cloacas no tengan despacho en el Ministerio del Interior. Ni pistola. Ni placa. Ni autoridad formal. 

En el PSOE ya se preparan para expulsar del todo a Leire Díez. Y hacen bien: lo que hizo es inaceptable. Pero comparar este episodio con “la cloaca” de Rajoy es algo difícil de tragar.

Quien decía aquello de “la fiscalía te lo afina” no era un militante de tercera regional: era el ministro del Interior de Rajoy. No ocurría en la oficina de un abogado: pasaba en su despacho oficial. Y era el propio Jorge Fernández Díaz quien grababa la conversación.

Quien pedía a “Luis, sé fuerte”, no era un empresario ajeno a la organización. El que prometía a Bárcenas que “hacemos lo que podemos” no era tampoco un espontáneo que pasara por allí. Era el mismísimo M. Rajoy. 

Y tanto que hicieron lo que pudieron. Encargaron a Villarejo que parara “la libretita” de Bárcenas. Sobornaron a su chófer para que le espiara. Robaron sus grabaciones. Y apartaron a varios jueces del caso Gürtel: Garzón, Pedreira, Ruz… Cuando al PP le va mal un juicio no cambia de abogado, cambia de juez. 

El votante progresista no tolera cierto hedor. Y hace bien en exigir un comportamiento ejemplar, una ética más exigente. Faltan explicaciones más claras por parte del PSOE sobre las maniobras de Leire Díez: con quién se comunicaba en el partido y qué trasladaba sobre estas reuniones en las que participaba. 

Pero si este gobierno es “la mafia”, ¿cómo llamamos al anterior?

Leire Díez, la militante socialista grabada en un audio en el que ofreció ayuda a un empresario imputado a cambio de información comprometedora sobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha asegurado en un chat con militantes del PSOE que “la verdad saldrá” sobre su supuesta participación como emisaria del partido. Además, otro de los implicados en el audio, el empresario Javier Pérez Dolset, se ha desvinculado del PSOE y ha anunciado que la próxima semana presentará una denuncia contra el fiscal anticorrupción José Grinda.

En sus mensajes, desvelados por El País, Díez explica a otros militantes del PSOE que “las cloacas mediáticas son mucho más profundas de lo que parecen”. De hecho, atribuye a esas supuestas “cloacas” la publicación del mencionado audio difundido esta semana por distintos medios de comunicación. “Pero la verdad es solo una y saldrá. De hecho, ya está saliendo”, zanja, en ese grupo de WhatsApp.

Los audios publicados hasta ahora por medios como El Confidencial muestran que Díez se reunió con empresarios imputados en diversas causas, como Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn. Estos, a su vez, sostienen que tras las causas contra ellos hay operaciones de guerra sucia en las que habrían participado altos cargos de la UCO, y afirman tener informaciones comprometidas sobre ellos. Díaz reclama esas informaciones y ofrece la posibilidad de hablar con la Fiscalía para llegar a acuerdos en los casos abiertos. Pero esos acuerdos no se han producido, los empresarios siguen investigados y la grabación se conoció un día antes de que comience al juicio contra Hamlyn, al que no se ha presentado.

Ante la actitud de Díez, el PSOE le abrió el miércoles un expediente informativo. “Voy a decir lo mismo aquí que he dicho a los compañeros periodistas respecto del expediente informativo. Me llamó Juanfran Serrano [el 'número dos' de Santos Cerdán en el área de Organización del PSOE] para decirme lo del expediente informativo. Me han dicho que me llamarán”, señala Díez en los mensajes. “He pedido que sea lo antes posible para explicar y mostrar la investigación que estoy llevando a cabo para que se disipen las dudas y se compruebe la complejidad y la importancia de la investigación”, concluye.

“Pondré la información a disposición para su análisis. Y de verdad que estoy aliviada de poder compartirla”, añade Díez en el mencionado grupo de WhatsApp. “Lo único con lo que duermo todos los días es con mi conciencia y procuro que esté tranquila. Hasta ahora lo he conseguido y voy a seguir así. En cuanto a comentarios como algunos de este grupo y otros, de verdad, me la traen al pairo. La verdad, repito, es una. Y prevalecerá”, concluye.

Pérez Dolset, por su parte, ha sido entrevistado en Cuatro, donde ha insistido que no es “fontanero de ningún partido” y que no actúa en nombre de ninguna formación política, tras haber sido señalado por distintos medios como “fontanero de Ferraz”, al igual que se ha acusado a Díez.

También ha anunciado que el próximo martes va a presentar una denuncia contra el fiscal Grinda a la que acompañará de un audio del representante del ministerio público que, según ha dicho, está en manos de “una periodista”. Siempre según Pérez Dolset en la grabación Grinda “confirma que un comisario de policía, junto al consejero delegado de Planeta de ese momento, José Lara, hacen una tenaza o una operación que no se puede hacer para interferir en su investigación y manipularla”.

Esta historia que vas a escuchar es real, pero gira alrededor de una gran mentira. Se trata de un relato falso que nace en lo más profundo del Estado, un montaje policial con connivencia política. Un montaje en el que se intentó demostrar que el fundador de Podemos y eurodiputado en ese momento, Miguel Urbán, entregó 40 kilos de cocaína procedente de Venezuela, en un pub de Malasaña, el Nueva Visión, a cambio de una suma de dinero desorbitada que ayudaría a financiar a Podemos.

Este relato surrealista fue creíble para la Policía y para la cúpula de Seguridad del Estado. ¿El objetivo? Evitar que PSOE y Podemos pactaran un Gobierno de coalición en España.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia