Nervis Villalobos es un exviceministro de energía venezolano que fue captado por la policía patriótica del PP en 2016 para conseguir información contra Podemos y contra dirigentes independentistas catalanes. Era un soldado más para la guerra sucia que desde el Ministerio del Interior se inició contra los adversarios políticos del Gobierno del PP. Los policías prometían la nacionalidad española al venezolano y a su familia a cambio de una determinada colaboración. Pero Villalobos no entregó el material que le pedían para desacreditar a dirigentes independentistas catalanes o a Podemos, formación política que entonces amenazaba con sus votos la continuidad del PP en el Gobierno. La policía, con ayuda de la Fiscalía, tomó represalias contra él y terminó preso. Toda esta aventura se la contó Villalobos a los diputados del Congreso cuando acudió a declarar en la comisión de investigación sobre la denominada Operación Cataluña.

Aquella guerra sucia ejecutada por una mafia policial a las órdenes del Gobierno del PP sigue impune en los tribunales.

El exviceministro venezolano acabó en la cárcel en octubre de 2018 acusado de blanqueo de capitales por el supuesto saqueo de fondos de la petrolera pública venezolana y por supuestos sobornos en el caso de la empresa Duro Felguera. El juez Juan Carlos Peinado —el mismo que ha llevado a juicio a la mujer del presidente del Gobierno— decretó prisión preventiva para Villalobos. La Audiencia Provincial de Madrid le dejó en libertad unos meses después al considerar que las pruebas y los indicios aportados por el fiscal del caso y el juez instructor eran insuficientes para adoptar una medida tan extrema. El Tribunal Constitucional estimó un recurso de amparo que presentó el abogado de Villalobos y consideró que el auto de prisión que firmó el juez Peinado había vulnerado los derechos del exviceministro venezolano.

Cuatro años después de aquellos hechos, el exdirigente venezolano se cruzó en su camino con Leire Díez, exmilitante socialista imputada como cabecilla de una supuesta trama delictiva a la que el PSOE pagó, según la investigación, para “desestabilizar” procedimientos judiciales que afectaban a sus dirigentes (José Luis Ábalos y Santos Cerdán) o a los familiares de su líder (esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez). Leire Díez presionó supuestamente a fiscales, jueces o guardias civiles para intentar que hablaran contra sus jefes o forzaran el archivo de las causas abiertas.

La exmilitante socialista utilizó a Villalobos para contactar con una menor que había denunciado al fiscal José Grinda por pedofilia, y para sonsacar al ex viceministro venezolano información sobre los manejos de la policía patriótica del PP en la denominada Operación Cataluña.

La Fiscalía y la UCO investigan ahora si se favoreció a Villalobos desde el Ministerio de Justicia facilitándole en 2025 la nacionalidad que el exviceministro venezolano llevaba solicitando desde 2017. La misma nacionalidad que le prometieron los policías al mando de las cloacas del PP.

El juez Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire Díez, ha imputado a Villalobos tal y como le ha pedido la Fiscalía Anticorrupción, y reclama al venezolano que aporte la documentación original que presentó en el expediente de concesión de nacionalidad por aplicación de la Ley de Memoria Histórica (certificados de nacimiento y pasaporte de su abuela paterna de nacionalidad española).

La UCO interrogó hace varias semanas por su cuenta a dos funcionarios del Ministerio de Justicia a los que ahora el juez Pedraz cita como testigos. Son José Antonio Ruiz de la Hermosa, subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil desde marzo de 2025, y María del Mar López Álvarez, subdirectora adjunta de Nacionalidad y Estado Civil hasta marzo de 2025. El atestado que la UCO de la Guardia Civil envió al juez con estos interrogatorios se fijó en un hecho ocurrido en 2020 sin aparente relación con lo ahora investigado. Fue cuando Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública en 2020 y ahora secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, se interesó por el expediente de Villalobos, quien había solicitado la nacionalidad por residencia (llevaba más de dos años viviendo en España).

Cuando a Puente le contaron los antecedentes policiales de Villalobos, la directora general ordenó el 17 de julio de 2020 que se denegase la solicitud. El trato de favor que investigan el juez y la Fiscalía en relación con el caso Leire Díez no pudo ocurrir entonces. Pese a ello, el magistrado Pedraz ha citado como testigo a la subdirectora adjunta de Justicia que estaba en aquel momento y que es quien puede contar si antes de la entrada del Gobierno socialista, su departamento recibió algún tipo de presión por parte de dirigentes del Ejecutivo del PP para conceder la nacionalidad de Nervis Villalobos.

La supuesta trama delictiva de Leire Díez comenzó sus actividades en marzo de 2024. Es imposible que cuatro años antes, cuando no existía la supuesta red corrupta ni en la mente de sus creadores, influyeran en Justicia para favorecer a Villalobos.

El ciudadano venezolano siguió insistiendo en el ministerio para conseguir la nacionalidad. Una vez que el Gobierno socialista se la denegó por residencia, optó por acogerse a la Ley de Memoria Histórica (la llamada ley de nietos) y presentó de nuevo su solicitud el 1 de diciembre de 2023 como nieto de una española, María de Regla Montesquint Arcos, nacida en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 1 de noviembre de 1894. Entre los documentos presentados ante el Registro Civil Central figuraba la fotocopia del pasaporte español de la abuela paterna de Villalobos adverada por un notario que daba fe pública de que ese documento coincidía con el original que se le mostró. El Registro Civil denegó el 7 de mayo de 2024 la solicitud al entender, con una interpretación muy restrictiva de la instrucción sobre la aplicación de la Ley de Nietos, que la abuela paterna de Villalobos no abandonó España entre 1936 y 1955 sino mucho antes y por tanto no se podía acoger a lo establecido en la norma. El exviceministro de Energía de Venezuela recurrió esa decisión y el 21 de abril de 2025 logró finalmente los papeles tras una resolución estimatoria a su recurso interpretando de manera textual lo que figuraba en la instrucción: “Tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles, como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella, podrán ejercitar la opción prevista en este párrafo”.

La UCO de la Guardia Civil conoce todos estos detalles porque el pasado junio se presentó en la sede del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para recabar la documentación sobre el proceso de nacionalización de Nervis Villalobos.

La Fiscalía buscaría en este procedimiento, a juzgar por las diligencias que ha pedido, demostrar que Nervis Villalobos entregó una documentación falsa para lograr la nacionalidad y que el funcionario hizo la vista gorda. Esa tesis sería insostenible porque Justicia le denegó la solicitud con una interpretación muy restrictiva de la Ley de Memoria Histórica, independientemente de que los documentos mostrados fueran verdaderos o falsos.

El juez Pedraz interrogará a Villalobos el próximo 28 de octubre a las 10 de la mañana. Acudirá a la cita como investigado y con abogado; sospechoso de haber presentado documentación falsa para conseguir la nacionalidad. Si el ciudadano venezolano repite lo que ya contó en el Congreso de los Diputados y en la Audiencia Nacional, el magistrado que investiga una trama corrupta vinculada al PSOE deberá decidir si imputa a miembros de la policía política del PP y al fiscal José Grinda. Villalobos les acusa de ofrecerle todo tipo de prebendas —mejoras en su situación judicial o permisos de residencia para él y su familia— a cambio de airear trapos sucios contra los adversarios políticos del Gobierno del PP: independentistas catalanes y dirigentes de Podemos.

El caso Leire Díez se enreda entre bulos y nuevas revelaciones bajo sospecha. La causa abierta en la Audiencia Nacional investiga la existencia de una trama vinculada al PSOE y dirigida por la exmilitante Leire Díez, quien supuestamente maniobró con ayuda de otros entre abril de 2024 y mayo de 2025 para “desestabilizar” procedimientos judiciales en marcha que afectaban a exdirigentes socialistas (José Luis Ábalos y Santos Cerdán) y a familiares del presidente del Gobierno (esposa y hermano). El juez Santiago Pedraz ha imputado a dos decenas de personas en este procedimiento, entre ellas a la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y a la gerente del PSOE, Ana Fuentes.

La unidad encargada de investigar el caso, la UCO de la Guardia Civil, es la misma a la que la trama de Leire Díez intentó desacreditar buscando trapos sucios de uno de sus jefes principales, el teniente coronel Antonio Balas.

El último informe de esta unidad incorporado al sumario del caso ha sido utilizado ahora por numerosos medios afines a la derecha para fabricar un nuevo bulo que implica a la actual secretaria general del ministerio de Justicia, Sofía Puente, en el intento de nacionalización del exviceministro de Energía venezolano, Nervis Villalobos, y de paso, su supuesta colaboración con la trama de Leire Díez. Ambas acusaciones son falsas.

El Mundo tituló inicialmente: “La hermana de Óscar Puente habría ayudado a la trama de Leire Díez, según una nota hallada por la UCO: 'Pregunta la directora'. Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica, se habría interesado por el proceso de nacionalización del exiliado venezolano Nervis Villalobos, quien habría colaborado con Díez en el acoso al fiscal Grinda”. Horas más tarde eliminó esa idea del titular, e incluyó una versión distinta dentro del texto. VozPópuli: “La hermana de Puente usó su cargo en Justicia para interesarse por la nacionalización de un exviceministro chavista. La UCO subraya que Sofía Puente seguía de cerca la tramitación del expediente de Nervis Villalobos, en la que pudo intervenir Leire Díez”. El Debate: “La UCO documenta el interés de Sofía Puente por la nacionalización de un exviceministro chavista en la que trató de influir Leire Díez”.

Todos estos medios, y otros como Libertad Digital u Onda Cero, basan su información tergiversada en el informe de la UCO, donde se recoge un correo electrónico que envía un funcionario del ministerio de Justicia contando que la entonces directora general de Seguridad Jurídica, Sofía Puente, se interesó por la situación del expediente de nacionalidad de Nervis Villalobos el 15 de julio de 2020. Ninguno de esos medios aclara que cuando Sofía Puente recibió la respuesta a su pregunta, con informes policiales sobre los antecedentes del exdirigente venezolano, la directora general ordenó expresamente el 17 de julio de 2020 que se le denegara la nacionalidad.

Pero es que, además, cualquier vinculación de esa actuación de Sofía Puente con la trama de Leire Díez, como se sugería en esos medios, es pura ciencia ficción porque cuando sucedieron los hechos —la denegación de la solicitud de Nervis Villalobos ocurre el 17 de julio de 2020— faltaban aún cuatro años para el nacimiento de la red delictiva vinculada al PSOE que ahora investiga la Audiencia Nacional. Ni siquiera estaba en proyecto. El primer contacto de Leire Díez con Nervis Villalobos se produce en el verano de 2024, según la propia investigación. 

La Guardia Civil pretendía conocer si hubo un trato de favor en la concesión de nacionalidad al exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos, quien residía en España desde 2014. La UCO citó como testigo a un subdirector general de Justicia encargado de esos trámites e incorporó junto a su escrito con la transcripción del interrogatorio un correo electrónico de 2020 que acreditaba el interés de Sofía Puente por el expediente del dirigente venezolano. Pero esos hechos en ningún caso podrían tener relación con la trama que dirigía Leire Díez y que empezó a funcionar en abril de 2024, tras una reunión mantenida en la sede socialista de la calle Ferraz con quien entonces era secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El interés del Gobierno del PP

Villalobos, según la investigación, colaboró a partir de 2024 con la trama de Leire Díez para desacreditar al fiscal José Grinda, quien a su vez había impulsado una causa penal que llevó al exdirigente venezolano a la cárcel, de la que salió posteriormente por decisión de instancias superiores.

Quién en realidad se interesó desde el principio por el expediente de Villalobos en Justicia fue el Gobierno del PP a través de la policía política que funcionó durante el mandato de Jorge Fernández Díaz en el ministerio del Interior. Villalobos solicitó la nacionalidad a mediados de 2017 y el Gobierno del PP acabó su mandato tras la moción de censura de julio de 2018 sin aprobar la solicitud del exdirigente venezolano. Desde entonces y ya bajo Gobierno socialista, el ministerio de Justicia ha denegado las distintas solicitudes de nacionalización de Villalobos hasta que en abril de 2025, a raíz de un recurso del venezolano demostrando que era nieto de española y acogiéndose a la Ley de 2022, el exviceministro de Energía en el Gobierno de Hugo Chávez consiguió la nacionalidad.

Villalobos fue captado por la policía política del PP en 2016 para que aportara información sobre el dinero que Jordi Pujol ocultaba en la Banca Privada de Andorra o sobre los pagos del régimen venezolano a los dirigentes de Podemos. Estos hechos están acreditados en diferentes investigaciones judiciales. El exviceministro venezolano llegó a declarar en el Congreso de los Diputados: “A mí se me ofreció que si yo podía colaborar con la policía española se me podía ayudar con los trámites de residencia y nacionalidad, tanto míos como de mi familia”. Pero Villalobos nunca tuvo la información contra Podemos o Jordi Pujol que buscaba la policía política durante el mandato del PP para desacreditar a sus adversarios. Esos hechos, ahora resucitados por el informe de la UCO, siguen impunes en los tribunales de Justicia.

La investigación abierta en la Audiencia Nacional por el juez Santiago Pedraz en la causa penal que tiene como principal protagonista e imputada a la exmilitante del PSOE Leire Díez acumula ya varias declaraciones tanto de investigados como de testigos. El magistrado, de la mano de la Fiscalía Anticorrupción, busca acotar las pesquisas y valorar los indicios de delito existentes. Esas declaraciones van detallando la personalidad y las tareas desempeñadas por Leire Díez en los dos últimos años.

Por el momento, comparecencias como la de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, la de quien fuera el primer abogado del exministro José Luis Ábalos, José Aníbal Álvarez, o la de la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, dan cuenta de cómo se movía la presunta 'fontanera' socialista, a la que se atribuye un plan para desestabilizar causas judiciales que afectan tanto al PSOE como al entorno del presidente de Gobierno. elDiario.es ha tenido acceso a los audios de esas declaraciones celebradas el pasado julio.

El letrado José Aníbal Álvarez, a preguntas de una de las fiscales anticorrupción —el caso lo llevan las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen— explicó que estuvo presente en dos reuniones con Leire Díez. La primera tuvo que ver con el ex secretario de Estado de Interior durante el mandato del PP, Francisco Martínez, procesado y juzgado por la operación Kitchen. El abogado José Aníbal Álvarez asesoró en 2024 a Martínez de manera altruista y por amistad cuando se quedó sin abogado. “En aquella época a él le dejaron los letrados que le llevaban y yo lo cogí. Me firmó una hoja de encargo y luego lo cogió otro letrado que también conozco y nada más. Estuve con el año y pico”, recordó ante el juez.

Corría el mes de julio de 2024 cuando Leire Díez le contactó al fijo del despacho y se presentó “como una persona que venía del Partido Socialista y que era amiga del señor Ábalos”. Le comentó que quería reunirse con Martínez y se citaron en su despacho.

El abogado “entraba y salía” de esa reunión y no dio gran detalle de la misma, pero sí explicó que tras ese encuentro Francisco Martínez le indicó: “Una vez más me están tomando el pelo”. Ante Pedraz, José Aníbal Álvarez indicó que él entendió de sus palabras que habría tenido reuniones previas que ya habían sido infructuosas porque “le debían prometer el oro y el moro”. Según consta en la investigación y según la grabación de esos encuentros incautada a Leire Díez, la exmilitante socialista buscó un acercamiento a Francisco Martínez al que le habría prometido algún tipo de acuerdo con el Ministerio Fiscal en el caso Villarejo a cambio de determinada información relativa a operaciones orquestadas desde la policía política del PP.

La fiscal del caso se interesó entonces por saber si Leire Díez le transmitió a Martínez si pondría la información que le diera en conocimiento de “la calle Ferraz”, que son “los que gobiernan” —hizo varias alusiones a que tenía acceso a la grabación de ese encuentro—, pero el que fuera primer abogado de Ábalos indicó que no recordaba bien, pero sí que recordaba que Leire Díez “hablaba, y con perdón, por los codos”.

El letrado también explicó que Leire Díez se interesó por si Ábalos le pagaba por su defensa legal. Después de que él le dijera que no había cobrado nada por su labor —“me fui fiando, me fui fiando y nada”—, ella le dijo que iba a ver qué podía hacer. Al cabo de un tiempo le comentó que si quería cobrar por sus servicios a Ábalos le podía pasar la minuta “a través de una sociedad de ella”, pero él se negó porque si cobraba era al cliente y “no a una sociedad que no se sabe en qué condiciones está fiscalmente”. “No sé qué le dije. Sé que (dije) esto no es serio o la mandé por ahí, no lo sé, no me acuerdo”.

Narbona: “Santos tenía todas las atribuciones”

Otro de los interrogatorios que suscitó gran interés en julio y a cuyo audio ha tenido acceso este medio es el de la presidenta del PSOE. Cristina Narbona indicó que en abril de 2024, cuando se celebraron reuniones en Ferraz a las que asistió la exmilitante Leire Díez, ella ya era presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español.

Tras explicar su relación con Díez —la conoce desde 2017 cuando era responsable de prensa socialista en Cantabria— fue preguntada por la fiscal del caso sobre los contratos que se investigan en la causa y que tienen que ver con el pago a dos abogados (Ismael Oliver y Jacobo Teijelo) desde el PSOE por servicios que podrían haber sido una tapadera para canalizar retribuciones a favor de la presunta fontanera.

“El avance de la instrucción nos está permitiendo conocer algunos detalles no menores, como por ejemplo el hecho de que la señora Leire Díez presuntamente pudo recibir una retribución (...) que a la postre parece ser que habría salido de las cuentas bancarias del Partido Socialista a través de pagos de sociedades o de letrados”, indicó la fiscal, para luego preguntar a Narbona sobre quién puede autorizar ese tipo de pagos desde el Partido Socialista.

La presidenta del PSOE contestó entonces que eso “estaba dentro de las facultades muy amplias del secretario de Organización, que podía llevar a cabo los contratos que considerase necesarios para su propia tarea en el funcionamiento del Partido Socialista”. Y añadió: “Él tenía la capacidad de decidir y de instrumentar contrataciones”. Señaló así al entonces número tres del partido Santos Cerdán, quien también consta como imputado en esta causa.

“Hoy día la Secretaría de Organización tiene algunas competencias menos y, sobre todo, no puede actuar de forma individual. Necesita siempre la firma de otros dos miembros de la Comisión Ejecutiva Federal. Pero en ese momento Santos Cerdán tenía todas las atribuciones para hacer cualquier tipo de contratación”, indicó.

Por su parte, en el interrogatorio al exteniente fiscal de la Fiscalía General del Estado (FGE) Diego Villafañe, al que también ha tenido acceso este medio, la fiscal anticorrupción quiso saber sobre el detalle de las dos reuniones que mantuvo con el abogado Jacobo Teijelo y la exmilitante Leire Díez. Para arrancar, quiso matizar que en ambos encuentros no se trató “ningún asunto que fuese reservado, por cuanto el contenido de la reunión, o bien eran cuestiones de público conocimiento, o eran rumores o conjeturas, o incluso eran datos judicializados que en consecuencia están accesibles”.

Y aclaró un punto que suscitó interés mediático por cuanto la FGE mantuvo en una nota que Leire Díez fue presentada como una compañera del despacho de Teijelo mientras que el abogado negó que hubiera sido así. Villafañe reiteró en su declaración que en la Fiscalía se entendió que era “una colaboradora o una compañera”.

En todo caso, indicó que esas reuniones fueron “marcianas”, y que en las mismas se habló de un procedimiento de hidrocarburos que se sigue en la Audiencia Nacional, y que a raíz de ese caso se indicaron que podía haber nulidades que afectaban a otras causas.

También relató que se expuso en la reunión que podía haber ciertos beneficios para Repsol a raíz de esas causas de fraude del IVA en el sector, y que el jefe de la UCO Antonio Balas podía ser contratado por esa petrolera como jefe de Seguridad. “Rumores sin relevancia”, indicó.

Un interrogatorio hasta el llanto

Si bien en todas las declaraciones se hace patente que la responsable del Ministerio Fiscal mantiene un tono tenso con los interrogados, quizá en el que más tensión hubo fue en el de la letrada Leticia de la Hoz, que compareció como imputada y que respondió sobre cuándo conoció a la presunta fontanera. “Eso sí que lo tengo clarísimo. La conozco el 11 de marzo de 2025. ¿Y por qué me acuerdo? Me acuerdo porque el bulo de la señora Pano se publica el 10 de marzo”, dijo. Con el 'bulo' se refería a lo que la empresaria Carmen Pano ha sostenido en medios y ante el juez: que existió un intento por parte de la trama investigada para comprar su silencio. Una cantidad de dinero, un coche y los gastos de la boda de su hija a cambio de no sostener ante los tribunales que llevó dinero en metálico a la sede socialista de Ferraz.

La fiscal afeó a De la Hoz que hablara de bulo porque eran hechos que aún se investigaban, y para entonces la letrada, emocionada y a punto de echar a llorar, le explicó que era “una noticia falsa”. “Como comprenderá es que es lo que me sale, es lo que me sale. (...) yo entro en estado de shock tremendo. (...) Y el 11 de marzo ella (Leire Díez) entra por la puerta sin pedir cita y la recuerdo con mucho cariño. Ella venía a ver quién era yo, qué había pasado, por qué se había publicado eso”, recordó.

La fiscal del caso se interesó por si tuvo la intuición de que Leire Díez venía de parte del PSOE. “¿A quién conocía en el Partido Socialista?”, le preguntó, pero la abogada abundó en que la fontanera “preguntaba muchas cosas” y sintió que era “alguien que venía del PSOE para ver quién era yo”.

Leticia de la Hoz aseguró que el PSOE no pagó la defensa legal de Koldo García —exasesor de Ábalos—. “Puedo contestar que no me ha pagado el Partido Socialista ni directamente, ni indirectamente, ni por persona interpuesta. La respuesta es un no rotundo. No tengo absolutamente nada que ver con el Partido Socialista. Y no ha pagado la defensa de Koldo respecto de mi persona”, dijo.

Tras esto, y al ser preguntada por las conexiones de Leire Díez con altas instituciones del Estado, De la Hoz explicó que entendió que estaba bien relacionada. “¿Le parece a usted que esta persona está actuando por cuenta del Partido Socialista? Ella le habla de que tiene relación con gente del Partido Socialista, con Santos Cerdán, con la directora general de la Guardia Civil, que puede conseguir citas de alto nivel”, le preguntó la fiscal. De la Hoz contestó que “sí”.

A continuación, De la Hoz se matizó a sí misma y explicó que no sabía si lo que decía la exmilitante era verdad. “En las conversaciones yo llegaba a la conclusión de que ella conocía a todo el mundo, de que podía tener acceso a mucha gente”.

La ronda de declaraciones se retomará este mes de septiembre. El juez tendrá un intenso calendario dado que por su juzgado deberán pasar más de una veintena de investigados. La primera será la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes, quien el próximo 9 de septiembre deberá aclarar su papel en la investigación porque era quien emitía “las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez”, según la acusación. Ese mismo día está previsto que declare el letrado Ismael Oliver, quien supuestamente habría usado sociedades para canalizar esos pagos.

La Audiencia Nacional arrastra los pies en la investigación de causas graves de corrupción policial vinculadas al Ministerio del Interior bajo mandato del PP entre 2012 y 2018. Un tribunal de ese órgano juzga estos días el caso Kitchen, la operación policial dirigida desde Interior y perpetrada por media docena de comisarios para robar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, pruebas sobre la financiación ilegal de la formación conservadora. Pero el grueso de las operaciones secretas de aquellas cloacas del Estado sigue impune diez años después.

Comisarios empoderados trabajaron en la fabricación de pruebas, muchas de ellas falsas, contra políticos de la oposición. Lo hicieron fuera de la Ley, a espaldas de los jueces pero con el impulso y conocimiento de la cúpula de Interior y del PP. La misión de aquellos comisarios corruptos culminaba en muchas ocasiones con la difusión del resultado de sus trabajos a través de medios de comunicación afines al partido.

La guerra sucia de los agentes tuvo un triple objetivo: dirigentes independentistas catalanes embarcados en el desafío secesionista; altos cargos de Podemos, la formación emergente que amenazaba la continuidad del PP en el poder; y el entonces líder de la oposición y hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El número uno de la policía, Eugenio Pino, y sus principales lugartenientes, comisarios jefe en distintas áreas, se enfangaron en las operaciones ilegales. El agente más activo en esas tareas fue el comisario José Manuel Villarejo. Había ingresado en la Policía a los 22 años. Solo 10 años después pidió una excedencia para dedicarse a sus empresas privadas (con las que continuó hasta su jubilación y más allá). Regresó en 1993 para trabajar en Información y Policía Judicial, dos de los departamentos donde se manejan los datos más sensibles. En 2007 y durante los 10 años siguientes, Villarejo fue un verso libre de jefes. Se presentaba como “agente encubierto dependiente de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía”. Aunque más que un agente encubierto era un agente doble. Durante el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2011), Villarejo conspiró con la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, planificando acciones para obstaculizar o arruinar las investigaciones del caso Gürtel. Para entonces, Villarejo ya era un policía todopoderoso que influía, o lo intentaba, en políticos, empresarios, jueces, fiscales y periodistas.

“Hay confianza, ¿no? Somos colegas. Móviles a la vista, aquí nadie graba a nadie”, les decía a algunos de sus interlocutores. Mientras tanto, él grabó durante al menos 20 años todos los encuentros que le interesaban. Era un notario infalible, también con sus agendas personales. Confiaba en esas grabaciones como una garantía de vida si venían mal dadas. Pero se equivocó.

Ingresó en la cárcel de Estremera el 3 de noviembre de 2017 y salió libre el 3 de marzo de 2021 con numerosos juicios pendientes y un escándalo mayúsculo sobre sus hombros. Cuando dejó la prisión y se vio rodeado de periodistas, les mostró alguna de las cartas que todavía guardaba: “Confío en que a partir de ahora pueda defenderme y es la única razón por la que me han tenido preso, para que no hablara”.

Fue a partir de entonces cuando las grabaciones, que todavía no se conocían, empezaron a hablar por el comisario. En esos audios había decenas de pruebas de la corrupción policial que embarró a empresarios, jueces, fiscales y periodistas. El material que se conoció entonces incluía decenas de notas informativas donde desparramaba algunas teorías conspirativas apoyadas en medias verdades. Pero jueces y fiscales anticorrupción de la Audiencia Nacional hicieron oídos sordos a todo este nuevo arsenal de evidencias.

Desde que el juez García-Castellón abrió la pieza separada número 34 del caso Tándem en 2022 a raíz de la publicación en El País de los audios de la corrupción hasta hoy, ninguna de las pruebas incorporadas a ese sumario ha servido para avanzar en la investigación de los hechos. En la pieza 34 se acumulan documentos y grabaciones de Villarejo donde se detallan los desmanes policiales contra independentistas catalanes en la denominada Operación Cataluña, o sobre el seguimiento ilegal al líder socialista Pedro Sánchez y su familia, o sobre las sofisticadas patrañas con las que llenaron de sospechas a los dirigentes de Podemos por una financiación ilegal que nunca existió.

Ni el juez Manuel García-Castellón (jubilado) ni su sucesor Antonio Piña han avanzado en la causa penal abierta donde se hallan las pruebas de estas operaciones ideadas desde el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz, procesado y pendiente de un juicio donde la Fiscalía le pide 15 años de cárcel.

Las pruebas que nadie ha querido ver y analizar hasta ahora —el juez Antonio Piña ha encargado dos años después de llegar al juzgado un informe policial sobre el valor de esas grabaciones— son las que siguen:

Informe apócrifo para desacreditar a la cúpula política independentista

En las semanas previas a las elecciones anticipadas de noviembre de 2012 en Cataluña, Villarejo —según su propia confesión en grabaciones incorporadas al sumario— colocó en El Mundo un informe policial, sin fecha ni firma, del que ninguna autoridad de Interior se hizo nunca responsable, donde se acusaba a altos cargos independentistas de algunos delitos vinculados a la corrupción:

Nada se acreditó como cierto. Las conversaciones de Villarejo con Dolores de Cospedal, o con el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, detallan la existencia de esta operación de intoxicación informativa que sigue impune.

La cuenta falsa del exalcalde de Barcelona en Suiza

El Gobierno de Cataluña convocó una consulta independentista, declarada ilegal, para el 9 de noviembre de 2014. Un mes antes, las cloacas del PP prepararon otra carga de profundidad contra un dirigente nacionalista. La víctima fue Xavier Trías, entonces alcalde de Barcelona, de Convergència. Tenía 12,9 millones de euros escondidos en Suiza, según la información difundida por el Ministerio del Interior a través de sus canales habituales.

Las grabaciones que ordenó el ministro Jorge Fernández Díaz cuando se reunió en su despacho con el director de la oficina antifraude de Cataluña (2 y 16 de octubre de 2014) acreditan otra operación para difundir el bulo de la cuenta suiza de Trías que algún policía había llevado previamente al Ministerio. De Alfonso comentó al ministro que había escuchado que el entonces alcalde de Barcelona ocultaba 12 millones de euros en Suiza: “Eso es lo que yo sé, pero no tengo ningún dato que lo acredite, es un comentario de café”. El ministro tenía las pruebas (falsas):

—Fernández Díaz: “¿Y si eso saliera? [la cuenta de Trías], ¿tú qué opinas de eso?”

—Alfonso: “Yo soy partidario de asestar el golpe cuando el golpe va a acabar con el animal (…) Yo me aseguraría de que estuviera bien asestado, para que sea mortal. ¿Qué tengo? Tener 12 millones sin declarar en el extranjero, o 13, más gordo que eso… solo es descubrir un homicidio…”

—Fernández Díaz: “El número de cuenta corriente (…) Yo lo tengo, la cuenta exacta, el número de cuenta corriente y la fecha en que la cuenta corriente es cerrada en Suiza por la Unión de Bancos Suizos y es llevada a la Banca de Andorra (…) ¿Te acuerdas cuando sacó aquello El Mundo con el pantallazo aquel y tal? Eso llevó a que Pujol dejara la política, perdiera el apoyo y a que hiciera la UCO un par de pinzas… ¿Me explico?”.

Unos días después de aquella reunión, El Mundo publicaba el supuesto fraude fiscal de Xavier Trías. Otras grabaciones existentes en la pieza 34, algunas no publicadas en ningún medio, detallan el origen de la información falsa de la cuenta de Trías, cómo llegó, quién la gestionó, cómo se filtró y otros pormenores. Pero aquella revelación de secretos… falsos contra un adversario político del PP sigue impune.

Hay más grabaciones en el sumario sobre el pago con fondos reservados a una expareja del hijo mayor de Jordi Pujol para montar la causa penal contra toda la familia; reuniones con el financiero Javier de la Rosa donde se le prometían grandes cantidades de dinero para preparar querellas contra el expresidente catalán o el Gobierno de Cataluña; filtraciones de bases de datos policiales para desprestigiar en determinados medios a jueces que firmaron manifiestos favorables a la independencia… Todo esto sigue impune.

La cúpula policial al servicio del Gobierno del PP simultaneó su guerra sucia contra el independentismo catalán con las operaciones de desprestigio contra Podemos y su primer líder, Pablo Iglesias.

Informe PISA denunciado por la policía y archivado por los tribunales

La fabricación de pruebas falsas contra Podemos se inició en 2016 con el denominado informe PISA (Pablo Iglesias S.A.) que denunciaba financiación ilegal con dinero iraní y que fue difundido a través de determinados medios incluso antes de que la Policía lo denunciase ante el Tribunal de Cuentas y los ultraderechistas de Manos Limpias hicieran lo mismo ante el Supremo. Todas las denuncias fueron archivadas. Pero aquellos movimientos, de los que hay múltiples pruebas en las grabaciones acumuladas en la pieza 34, siguen sin castigo.

El falso dinero venezolano de Podemos dio mucho juego a las cloacas del PP. Varios mandos policiales se entrevistaron en Nueva York con un exministro de Hugo Chávez. Le pidieron pruebas de la financiación de Podemos con un argumento de peso:

Los documentos que acreditaban esa supuesta financiación ilegal eran falsos, pero la noticia se publicó en los medios habituales con el consiguiente desprestigió para Podemos. Todo era mentira, pero el daño estaba hecho. Esa grabación también figura en los sumarios de la Audiencia Nacional. El caso sigue impune.

Las elecciones generales se repitieron en España el 26 de junio de 2016 ante la imposibilidad de que ningún candidato logrará las mayorías suficientes para una investidura tras los comicios de diciembre de 2015. Podemos seguía siendo la principal amenaza para la continuidad del PP en el Gobierno. La policía volvió a filtrar documentos falsos por sus canales habituales para sostener un nuevo bulo: “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”.

Grabaciones incorporadas al sumario, así como mensajes intercambiados entre dirigentes políticos de Interior y cargos policiales acreditan estos hechos y cómo el confidente que facilitó la información averiada había recibido como premio un permiso de residencia en España. El banco de Granadinas certificó que los documentos con los que se difundió el bulo eran falsos y en ellos se cambiaron hasta los nombres oficiales de los ministerios venezolanos.

El montaje policial de la cocaína

La policía urdió un montaje disparatado contra el exdirigente de Podemos Miguel Urbán para atribuirle un negocio de narcotráfico con 40 kilos de cocaína. El asunto avanza con una lentitud exasperante en el juzgado que dirige Santiago Pedraz, el mismo magistrado que ordena desde hace un mes y a un ritmo trepidante numerosas diligencias para investigar el caso Leire, la trama conspiranoica vinculada al PSOE que trabajó supuestamente para desacreditar a la UCO y “desestabilizar” procedimientos judiciales contra altos cargos socialistas o familiares de Sánchez.

La documentación incautada por la UCO en el caso Leire acredita también a través de distintas grabaciones como la cloaca del PP trabajó desde 2014 en el espionaje a Pedro Sánchez y a su familia para desprestigiarle por los negocios de su suegro. En alguna de esas grabaciones, el ex secretario de Estado de Seguridad llega a comentar que el CNI también hizo operaciones secretas contra Sánchez. Estos hechos siguen impunes. El PSOE llegó a pedir una investigación, pero el juez García-Castellón lo rechazó.

Una grabación incorporada hace más de cuatro años al sumario del caso Tándem —nunca reproducida durante la celebración del juicio por la Operación Kitchen y nunca investigada hasta ahora— acredita cómo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, planificó acciones policiales de guerra sucia contra los adversarios del PP.  La conjura, pagada con fondos reservados, incluía a jueces y fiscales con los que supuestamente se había hablado previamente para garantizar el éxito en los juzgados de esa operación política y policial contra dirigentes independentistas catalanes.

La Operación Kitchen que ahora se juzga comenzó en 2014 con una serie de maniobras policiales a espaldas del juez para espiar a la familia del extesorero Luis Bárcenas. El objetivo de los policías, que usaron como confidente y topo al chófer de la familia, era robar documentación sobre la financiación ilegal del PP. La Audiencia Nacional condenó a esta formación política en 2021 por pagar parte de las obras de su sede nacional con dinero negro procedente de donaciones ilegales de empresarios.

Fernández Díaz se ha defendido en el juicio de la Operación Kitchen declarando que desconocía la existencia de esas maniobras policiales y negando que hubiera enviado a Francisco Martínez varios mensajes telefónicos interesándose por el chófer de la familia Bárcenas al que se habría captado como confidente o topo para la operación ilegal de espionaje. Por su parte, Martínez levantó acta notarial de esos mensajes, pero el juez no pudo contrastarlos con el teléfono móvil del ministro del Interior porque este había cambiado de aparato y no conservaba los mensajes con su número dos en el ministerio. El exministro niega veracidad a los mensajes de su subordinado y asegura que nunca conoció las operaciones ilegales de los comisarios de policía que estaban a su cargo.

Sin embargo, la grabación de 2012 que sigue sin investigar acredita el protagonismo de Fernández Díaz en las operaciones de la policía política que trabajó durante su etapa como ministro.

La grabación sobre lo que ahora se conoce como Operación Cataluña recoge una cita en diciembre de 2012 del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con su jefe de gabinete, Francisco Martínez (después nombrado secretario de Estado de Seguridad); el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino; y el comisario José Manuel Villarejo. El ministro planifica allí junto a sus colaboradores varias operaciones policiales encaminadas a denunciar por corrupción al expresidente catalán Jordi Pujol y a su sucesor, el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas.  

Durante esa reunión, fechada el 16 de diciembre de 2012, Fernández Díaz impone el secretismo y advierte a los comisarios de que negará “incluso bajo tortura” que esa cita se produjo, y que él no sabe “nada de nada” de lo que ahí se habló. El entonces ministro del Interior apremia en ese encuentro a Villarejo para que tenga todo listo y presentar cuanto antes en la Audiencia Nacional las denuncias contra Jordi Pujol y Artur Mas.

El comisario Villarejo explica que ha hablado con dos jueces instructores de la Audiencia Nacional —Fernando Andreu y el decano, Santiago Pedraz— para lograr que la denuncia prospere. El ministro Fernández Díaz pregunta si se ha hecho lo mismo con la fiscalía y Villarejo responde que lo han hecho “con Javier Zaragoza [entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional], pero muy sutilmente”. Es entonces cuando el ministro Jorge Fernández le tranquiliza: “Se ha hablado con el fiscal general [Eduardo Torres Dulce], ¿eh?”. Y el comisario contesta: “Pues eso es importante. De alguna manera, que estén todos…”.

Lo que sigue resume el contenido de la reunión en el Ministerio del Interior para planificar acciones contra los principales dirigentes independentistas catalanes:

Jorge Fernández Díaz: ¿Hoy podría ser la cosa?

José Manuel Villarejo: Yo he estado el fin de semana, le estaba contando a su jefe de gabinete y al DAO… Yo he estado el fin de semana, he cenado con Fernando Andreu, el juez, y luego he hablado con Santiago Pedraz, con el decano, y ellos a su vez han tocado a otros y están, de alguna manera, dispuestos a que se presente la denuncia adecuada y ahora nos hace falta la declaración de la antigua amante [de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán], centrando los temas...

Fernández: ¿Y eso cómo va a ir?

Villarejo: Pues en principio va bien, yo he hablado esta mañana con ella, a las diez y pico, antes de ver al DAO y la chica está motivada.

Fernández: Para vuestra información, está reunión no ha existido…

Villarejo: No ha existido, por supuesto.

Fernández: ¿Está claro?

Villarejo: Está claro.

Fernández: El ministro no sabe nada del tema, ¿eh? (…) Esta reunión no ha existido. Y a partir de aquí, estamos dispuestos a judicializar, en la Audiencia Nacional...

Villarejo: Yo creo que sí, a las doce y media hemos quedado con el jefe de la UDEF, con todos los datos…

Fernández: Que es de absoluta confianza, ¿no?

Villarejo: A mí me parece un hombre (…)

Fernández: Repito que está claro que el ministro no sabe nada, está claro, ¿verdad? Digo esto porque sé que estoy hablando con servidores del Estado. Por eso, yo negaré, incluso bajo tortura, que esta reunión ha existido. Dicho esto, tenemos dos denuncias para la plaza de Castilla, que podría ser la segunda considerada como ampliatoria de la primera, junto con un informe de UDEF, ¿no? Y si se uniera la de esta señora, sería el paquete que iría, ¿es así?

Villarejo: Junto con otra serie de informaciones, anónimos, notas informativas, datos recogidos… todo eso se puede completamente estructurar en el mismo informe de avance.

Fernández: Y eso se podría presentar hoy…

Villarejo: Yo creo que sí… se podría presentar esta tarde.

Fernández: A mí me gustaría que se presentara hoy (...) En todo caso, en todo caso, aquí la cuestión es ver en la Audiencia nacional y en Plaza de Castilla para ver si…

Villarejo: Materia hay para la Audiencia Nacional y predisposición hay porque yo hablé en la Audiencia Nacional, con el decano, Santiago Pedraz, y me dijo no te preocupes que en todo caso, si no cae a uno de los cuatro que ya están tocados abiertamente, lo que le voy a pedir a quien le caiga en reparto que será en 10 o 15 días, cuando ya le adjudique a uno, es que antes de hacer nada por favor que hable con vosotros. Y dice, yo, obviamente, estaré en esa reunión, ira el de la UDEF…

Fernández: ¿Y la Fiscalía?

Villarejo: No está muy… Se le ha tocado, a Javier Zaragoza, pero muy sutilmente.  

Fernández: Con el fiscal general del Estado se ha hablado, ¿eh?…

Villarejo: Pues eso es lo importante, de alguna manera que estén todos. Pero si me permite, ministro, lo que está claro es que hay materia para la Audiencia Nacional con los datos que hay, con las cuentas...

Fernández: Pero esa no toca a Artur Mas.

Villarejo: No toca, no toca, entendemos que es un error.

Esta conversación en la que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asume la dirección política de la conocida como Operación Cataluña fue la primera de la que existe una grabación, pero no es la única. En octubre de 2014, Fernández Díaz se reunió en su despacho con el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, para hablar de nuevas corruptelas que afectaban a dirigentes independentistas catalanes y planificar la posibilidad de filtrar esas informaciones antes de la consulta del 9-N. La conversación fue grabada con el conocimiento y la autorización del propio ministro.

Ese mismo mes de octubre, Fernández Díaz filtró a El Mundo, según su secretario de Estado, Francisco Martínez, la información sobre una cuenta falsa de Xavier Trías, entonces alcalde de Barcelona, en Suiza.

El caso Pujol, pendiente de sentencia

Las denuncias contra Jordi Pujol por sus cuentas en Andorra, a raíz de las confidencias de quien fue la pareja sentimental del hijo mayor del presidente catalán, se judicializaron e investigaron en la Audiencia Nacional. Los magistrados Pablo Ruz y José de la Mata instruyeron la causa y llevaron a juicio a toda la familia Pujol. El caso está pendiente de sentencia.

El exministro del Interior, Jorge Fernández, expresó en la reunión con Villarejo su contrariedad por el hecho de que el juez de guardia al que le podría corresponder la tramitación de las denuncias contra Pujol y Mas fuera Pablo Ruz. El Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, optó mucho tiempo después, en marzo de 2015, por no prorrogar más tiempo la comisión de servicios de Ruz al frente del juzgado encargado de instruir el caso Gürtel. Las denuncias contra Artur Mas quedaron en nada porque todas las corruptelas económicas que se le atribuían en los informes apócrifos de la policía se demostraron falsas.

El juez Santiago Pedraz, citado por Villarejo en su conversación con el ministro Jorge Fernández Díaz, investiga desde hace más de dos años con escasos avances y algún retroceso una de las operaciones ilegales de la policía política que acumula más pruebas: el espionaje a dirigentes de Podemos. La Audiencia Nacional también mantiene en el limbo la pieza 34 del caso Villarejo, donde acumulan decenas de grabaciones del comisario donde se da cuenta de múltiples operaciones ilegales contra los adversarios políticos del PP.

La exmilitante socialista Leire Díez, imputada por supuestos delitos relacionados con sus maniobras para buscar irregularidades en la actuación de los jefes de la UCO o de la Fiscalía Anticorrupción que investigaban a dirigentes socialistas, apuntó en su agenda personal una reunión con la Fiscalía General del Estado el 19 de febrero de 2025. El juez Santiago Pedraz, que dirige la investigación en la Audiencia Nacional, ha solicitado a esta institución un informe sobre esos supuestos encuentros.

elDiario.es ha confirmado en fuentes próximas a la trama investigada que se produjeron dos reuniones con el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, en la que estuvieron presentes el abogado Jacobo Teijelo, con quien se había concertado la cita, y la exmilitante socialista Leire Díez, que le acompañó.

El abogado Teijelo denunció en el primer encuentro mantenido en la Fiscalía General del Estado las numerosas irregularidades supuestamente cometidas por el fiscal Anticorrupción, José Grinda, en algunos procedimientos judiciales. Entre las causas penales que citó figura una pieza separada del caso Tándem en la que está imputado por fraude en las subvenciones el empresario Javier Pérez Dolset, cliente de Teijelo; o la que llevó a la cárcel a Sandro Rosell, el expresidente del F. C. Barcelona, absuelto tras pasar 643 días en prisión preventiva.

La Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado reclamó en la primera de las reuniones, según cuenta el entorno de la trama de Leire Díez, documentación en la que se basaba la denuncia contra Grinda, por lo que se concertó una segunda cita para entregar las supuestas pruebas que pudieran avalar el relato de Teijelo. Entre esas pruebas llevaron grabaciones del supuesto montaje que terminó con Sandro Rosell en prisión o la supuesta desaparición de pruebas relevantes en el caso por el que estaba imputado Pérez Dolset. La Fiscalía General del Estado ha preferido guardar silencio sobre estas citas.

El abogado Jacobo Teijelo es ahora es uno de los dos letrados que defienden a Santos Cerdán, el ex secretario de Organización del PSOE imputado en el caso de supuesto amaño de obras públicas del Ministerio de Transportes que investiga la Audiencia Nacional. El fiscal Villafañe llegó a estar imputado en el caso que acabó con la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su causa fue archivada en la fase de instrucción sin llegar a juicio.

Teijelo fue también el abogado que convocó en su despacho una reunión con empresarios de hidrocarburos imputados por fraude fiscal en la que estuvieron Pérez Dolset y Díez. En esa reunión, grabada y filtrada por uno de sus participantes, la trama se interesaba por la existencia de trapos sucios del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe de las principales investigaciones contra dirigentes corruptos socialistas.

La Fiscalía General del Estado ha registrado y tramitado desde 2022 numerosas denuncias por escrito, principalmente firmadas por Pérez Dolset, contra el fiscal anticorrupción, José Grinda, o su jefe, Alejandro Luzón, por diversas irregularidades en la investigación de causas penales vinculadas a la denominada Operación Cataluña y otras. Todas esas denuncias por destrucción de pruebas o revelación de secretos acabaron archivadas tras una rápida tramitación por la Fiscalía General del Estado, que las derivó en algunos casos a la Fiscalía provincial o a la Fiscalía superior de la Comunidad de Madrid..

La trama que investiga la Audiencia Nacional, cuyos principales integrantes serían Pérez Dolset y Leire Díez, asegura que nunca en todo este tiempo tuvo contacto con el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Y denuncia una vez más la inactividad de esa institución para investigar las supuestas irregularidades existentes en algunas causas que son competencia de la Fiscalía Anticorrupción.

El PSOE puso a disposición de la Fiscalía General del Estado un archivo con documentos y grabaciones que había entregado Leire Díez el mismo día que formalizó su baja como militante del PSOE. Ese archivo incluía numerosa documentación de las múltiples denuncias presentadas desde 2022 hasta 2025 en la Fiscalía General del Estado. El análisis de ese archivo, derivado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, tampoco dio lugar a nuevas investigaciones sobre lo denunciado por la exmilitante socialista.

Entre las maniobras de Leire Díez, la investigación judicial también señala una reunión para buscar información comprometedora del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Díez se citó con Ignacio Stampa, el fiscal que impulsó en Anticorrupción decenas de piezas separadas del caso Tándem, la investigación de la mafia policial que encabezaba el comisario José Manuel Villarejo y que durante años hizo la guerra sucia a los adversarios políticos del PP.

El encuentro, promovido por Javier Pérez Dolset con la ayuda del empresario Luis del Rivero, fue grabado por Stampa, quien presentó una denuncia algún tiempo después. Leire Díez llegó a comprometerse con el fiscal en devolverle a la plaza que perdió a cambio de información sobre los motivos por los que el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, había dejado morir determinadas investigaciones judiciales del caso Tándem. El fiscal no ofreció ninguna información y tampoco creyó aquella promesa de quien se presentó como “la mano derecha de Santos Cerdán”. La persona encargada de recuperarle para ocupar un puesto en Anticorrupción era el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien Stampa llevaba años denunciando como el culpable de la pérdida de su plaza. Leire Díez nunca hizo gestiones para cumplir con lo prometido a Stampa, al menos según la investigación que acaba de iniciar la Audiencia Nacional.

Xavier Trias era alcalde de Barcelona aquel 27 de octubre de 2014 cuando el diario El Mundo publicó que el dirigente independentista mantuvo durante años una cuenta abierta en UBS (Union de Banques Suisses) y que en febrero de 2013 la traspasó a otra entidad de Andorra con un saldo de 12,9 millones de euros. Trias tardó 24 horas en acreditar mediante una certificación negativa de UBS donde figuraba que el entonces alcalde de Barcelona no tenía ni había tenido ninguna cuenta en esos bancos con sede en Ginebra. “No tengo ninguna cuenta en Suiza, ni en Andorra, ni en ningún sitio que no sea en Cataluña. No tengo ni he tenido 13 millones de euros, ni 200.000 en mi cuenta corriente, la información que apareció en El Mundo es totalmente falsa”, declaró entonces Trias.

Detrás de aquella información falsa estaba el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz (PP), según le contó diez años después Francisco Martínez, que era secretario de Estado de Seguridad cuando ocurrieron los hechos, a Leire Díez, militante socialista imputada como parte de una trama, amparada supuestamente por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Díez, según las pesquisas, maniobró buscando irregularidades en la actuación de jueces, fiscales o guardias civiles que investigaban la corrupción socialista.

La militante socialista citó a Martínez en julio de 2024 con la promesa de mejorar su situación judicial a cambio de informaciones relevantes sobre la actuación corrupta de la cúpula policial del Ministerio del Interior durante el mandato del PP. Díez se presentó a aquella reunión como una persona con capacidad de influencia en el PSOE y en el Gobierno. Martínez estaba ya procesado en el caso Kitchen y la Fiscalía pedía para él hasta 15 años de cárcel como jefe de una operación ilegal en la que participaron una decena de policías empoderados con el objetivo de sustraer a la familia del extesorero del PP, Luis Bárcenas, documentación sobre la financiación ilegal de la formación conservadora.

Martínez le contó a Díez en esa reunión detalles relevantes de una de las operaciones impulsadas desde el Ministerio del Interior para desacreditar a dirigentes independentistas catalanes. La militante socialista grabó aquella conversación, incorporada ahora al sumario del caso que instruye el juez Santiago Pedraz y donde Leire Díez está imputada.

El exsecretario de Estado de Seguridad se refiere así al episodio de la cuenta falsa de Trias en Suiza:

La operación del Ministerio del Interior para desprestigiar a Xavier Trias con una información falsa era una más de las que se pusieron en marcha aquellos años contra independentistas catalanes, inmersos en un proceso ilegal de convocatoria de consultas por la autodeterminación. En las semanas previas a las elecciones catalanas de noviembre de 2012, un informe policial sin sello ni firma denunciaba múltiples corruptelas —la mayoría de ella resultaron falsas— contra los principales dirigentes independentistas catalanes.

El ex secretario de Estado de Seguridad conoció la mayoría de las operaciones de guerra sucia contra los adversarios políticos del Gobierno de Mariano Rajoy. En su conversación con Leire Díez, el número dos de Interior señala que el problema de aquella información falsa sobre Trias es que no se investigó por parte de la UDEF, sino que se filtró mucho antes a El Mundo por culpa del exministro Jorge Fernández Díaz.

Información policial falsa era filtrada a los medios de comunicación afines al PP mucho antes de que fuera judicializada. Xavier Trias denunció estos hechos y se querelló contra el entonces ministro del Interior por un delito de violación de secretos, prevaricación y malversación de fondos públicos. Pero el Tribunal Supremo rechazó la iniciativa “reiterando la doctrina de la Sala de lo Penal contraria a admitir como base de la querella hechos cuya base probatoria aparece solo en medios de comunicación, como en este caso”.

Otros dirigentes catalanes perjudicados por maniobras similares denunciaron sin éxito en distintos juzgados “un entramado político-policial que tendría por finalidad llevar a cabo actuaciones para desestabilizar o frenar a personas vinculadas al movimiento independentista, o vinculadas, presuntamente a ellas”.

Esta semana hemos podido acceder al sumario del caso Leire. También, escuchar nuevas grabaciones en las que la conocida como la “fontanera del PSOE” muestra su modus operandi para tratar de presionar a policías, jueces y fiscales que formaban parte de investigaciones contra el PSOE. Prometía favores que no era capaz de cumplir y se daba una importancia que todo apunta a que no era real, pero… ¿hasta dónde llega esta trama? ¿Cuándo y cómo se creó? ¿Hay algún indicio que implique al presidente del Gobierno? 

Lo abordamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero. 

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En los últimos días han declarado algunos de los acusados más importantes del juicio por la Operación Kitchen: el ex secretario de Estado, Francisco Martínez, el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el que fuera Director Adjunto de la Policía, Eugenio Pino y el ex comisario, José Manuel Villarejo. Hay una tesis a la que se han sumado gran parte de los investigados en Kitchen… Y es que Kitchen no existe, que lo que existió es una investigación contra Bárcenas y que de ello se aprovecharon algunas personas.

¿Tiene esto sentido por lo que hemos visto y oído durante el juicio? Lo analizamos con el periodista de elDiario.es, Pedro Águeda. 

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En el origen del escándalo, una militante socialista, exdirectiva de Correos, y un empresario imputado desde 2017 por supuesto fraude, entraron el 26 de abril de 2024 en la sede socialista de la calle Ferraz para reunirse con Santos Cerdán, entonces secretario de Organización. La militante Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset llegaron cargados con grabaciones del comisario José Manuel Villarejo sobre planes del ministerio del Interior para desacreditar a Pedro Sánchez, por los negocios de saunas de su suegro.

“Eso es mortal”, se escuchaba decir al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en el verano de 2014, con Sánchez recién elegido secretario general del PSOE. En otra grabación, Villarejo le contaba a un empresario de la comunicación como el ministro Interior, Jorge Fernández Díez, le había pedido algo especial sobre el líder socialista: “El del Opus me ha encargado un reportaje de los puticlubs del suegro de Pedro Sánchez”.

Santos Cerdán contó al juez que aquellas confidencias de la trama sobre las maniobras sucias de la policía patriótica del PP apenas le interesaron porque ya se habían publicado antes. Que no le contó nada a Pedro Sánchez y que tampoco encargó nada a partir de entonces a Leire Díez.

Pero aquella reunión en Ferraz, según ha acreditado ahora la investigación judicial, fue el comienzo de una relación discreta, pero intensa entre Cerdán y los dos integrantes de una trama que, hasta entonces, había dedicado todos sus esfuerzos a denunciar las actividades delictivas de las cloacas del PP. Durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy, la cúpula policial del ministerio del Interior fabricó pruebas falsas contra independentistas catalanes o dirigentes de Podemos y trabajó a espaldas del juez para destruir documentos sobre los 20 años de financiación ilegal de la formación conservadora.

Dolset, convencido de que su imputación por fraude en las subvenciones era un invento sucio de los directivos de un grupo empresarial con el que se alió, llevaba años denunciando en la Unidad de Asuntos Internos de la Policía o en la Audiencia Nacional las fechorías de las cloacas del PP. Se hizo con ingente documentación comprometedora cuyo origen era el comisario José Manuel Villarejo y la trasladó a los tribunales con escaso éxito. Hasta hoy, ni los jueces ni la fiscalía han querido investigar la mayoría de las pruebas de múltiples corruptelas que Dolset registró en la Audiencia Nacional.

Mucho antes de iniciar junto a Leire Díez la colaboración con el PSOE, el empresario Dolset había denunciado ante la Fiscalía General del Estado al fiscal José Grinda, impulsor de su imputación en la Audiencia Nacional; y a su jefe, el fiscal Alejandro Luzón, por revelación de secretos o destrucción de pruebas. La Fiscalía General del Estado archivó todas estas denuncias.

Financiación de la trama

A partir del primer encuentro en la sede socialista de Ferraz, el jefe del partido, Santos Cerdán, dispuso la manera de financiar desde el PSOE los trabajos especiales de Díez y de Pérez Dolset. La trama conspiranoica decidió ampliar entonces sus objetivos y aunque siguió con la búsqueda de información sobre las cloacas del PP, se dedicó principalmente a las nuevas causas penales que afectaban a dirigentes socialistas. En el periodo de actuación de esta trama, los jueces imputaron a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno; a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo; a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE; a su asesor, Koldo García, y finalmente a Santos Cerdán; ex secretario de Organización del PSOE.

La estrategia de Díez y Pérez Dolset para “desestabilizar” esas causas judiciales siempre fue la misma y siempre fracasó. Buscaron trapos sucios de los principales investigadores de la corrupción socialista: los jueces Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma; el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, o el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la unidad de la Guardia Civil encargada de las principales investigaciones judiciales. La trama no dudó en utilizar el soborno en ocasiones como medio para lograr sus fines, según esa unidad de la Guardia Civil.

Leire Díez se presentó a algunas de las reuniones donde buscaba información comprometedora contra jueces o fiscales como “la mano derecha” en la sombra de Santos Cerdán, o una especie de agente encubierto del Gobierno con un poder ilimitado para conseguir cambios en la Guardia Civil o ascensos en la Fiscalía. Nada de lo que prometió para buscar información comprometedora se cumplió porque su poder sobre los aparatos del Estado era muy inferior al que se podía intuir por sus palabras. Ni siquiera la protección que le daba el número dos del PSOE, Santos Cerdán, le sirvió para cumplir sus promesas.

Un pacto “poco creíble” a Villarejo

Leire Díez fue capaz en este tiempo de contactar con las cloacas del PP para ofrecerles el cielo a cambio de confidencias del infierno. Prometió a Villarejo, el activista principal de la policía patriótica metido en las principales operaciones ilegales del mandato popular, un trato favorable del fiscal general del Estado –no regresar a la cárcel– a cambio de que aportara nuevas pruebas del aparato corrupto del Estado y contra los principales dirigentes del PP: el ministro del Interior, el presidente del Gobierno, la secretaria general, el secretario de Estado de Seguridad, el jefe de la policía...

Propuso al abogado de Villarejo unos acuerdos que debería cerrar con el fiscal encargado del caso. Pero este profesional nunca atendió al letrado, que acabó considerando los ofrecimientos de Leire Díez como “poco creíbles y fantasiosos”.

Al 'número dos' de Interior: “Los que me han dicho que me ponga al frente están entre Ferraz y Moncloa”

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, accedió a la desesperada –buscaba una salida a su situación judicial con una petición fiscal de 15 años de cárcel como jefe de la Operación Kitchen– reunirse con Pérez Dolset y con Díez. Son tres horas de conversaciones grabadas en las que Martínez confiesa que sabía que “lo de la cuenta de Pablo Iglesias en las Islas Granadinas era una falsificación” que la policía filtró a los medios afines al PP, o que “hubo actuaciones policiales encaminadas a generar causas o aflorar casos de corrupción de independentistas catalanes (…) se forzó la máquina para conseguir información de los Pujol”.

Martínez preguntó a Leire Díez qué obtenía él por aquella colaboración: “Tendré que saber cuál es el ofrecimiento porque la Fiscalía tampoco funciona con tanto automatismo”. Y Díez improvisó: “Por eso es que hay que ir a Fiscalía y decir esto es lo que tenemos y esto es a lo que vamos a llegar. No necesito exprimirte como un limón. Pero sí tenemos cosas flagrantes, de las que sean flagrantes, que sepamos que las intervenciones policiales dirigidas por Villarejo, Olivera o Marcelino, se ha hecho con causa política sin ser verdad, eso es un atentado contra los derechos de los ciudadanos”.

Martínez: ¿Y eso se lo trasladas a quién?

Díez: A los que me han dicho que me ponga al frente de esto.

Martínez: ¿Qué están en la calle Ferraz o en el Palacio de la Moncloa?

Díez: En la calle Ferraz comunicados con el Palacio de La Moncloa. Porque como bien sabes gobierna el partido de la calle Ferraz.

Al fiscal Stampa: “Soy una mano derecha de Cerdán que nunca va a aparecer por ningún lado”

El fiscal Ignacio Stampa investigó durante varios años el caso Villarejo e impulsó la apertura de piezas separadas antes de que nadie en el Consejo Fiscal le apoyará para mantener su plaza en la Fiscalía Anticorrupción. Stampa atribuye su despido de ese departamento a las maniobras de Dolores Delgado, entonces fiscal general del Estado, y Álvaro García Ortiz, que la sustituyó en el puesto. Leire Díez consiguió reunirse con Stampa, al que pidió pruebas de las conductas irregulares de su jefe, Alejandro Luzón, en la investigación del caso Villarejo. Para convencer a Stampa de que colaborara, Díez se presentó como “una mano derecha de Cerdán que nunca va a aparecer por ningún lado”, y le prometió que gracias a su poder de influencia, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le volvería a situar en la Fiscalía Anticorrupción. Stampa tampoco creyó a Díez, grabó el encuentro para, tiempo después, denunciar las maniobras de Díez.

La militante socialista fracasó en todos sus intentos. Sus promesas, según los indicios de la Guardia Civil, se han demostrado falsas. A un comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, llegó a contarle que los nombramientos del futuro jefe del Cuerpo los haría ella y que Marlaska había caído en desgracia por su gestión. Díez prometió al PSOE que tendría las pruebas de la corrupción en la instrucción de la juez Alaya. La contrató cuatro meses el despacho del exconsejero Gaspar Zarrías, condenado en el caso de los ERE, a razón de 4.000 euros al mes pagados por orden de Santos Cerdán. No consiguió nada.

Koldo García y José Luis Ábalos, pendientes de una sentencia en el Supremo que les puede llevar a la cárcel por muchos años, confiaron en que las maniobras de Díez para demostrar la corrupción en la Guardia Civil darían sus frutos y aliviarían su situación judicial. No sucedió.

Santos Cerdán también confió en aquella militante que llegó un día de abril de 2024 a su despacho cargada de informaciones explosivas contra el Gobierno de Mariano Rajoy. El ex secretario de Organización del PSOE acabó en la cárcel, donde estuvo cuatro meses antes de salir en libertad con varias causas pendientes en los tribunales.

Dolset y Díez mostraron en sus dos últimos años de actividades peligrosas una tendencia creciente a interpretar las causas judiciales contra la corrupción socialista como el producto genuino de una conspiración. Para combatir esa supuesta anomalía, la trama se aferró a las promesas fantasiosas en busca de hechos que nunca pudieron acreditar con los que pretendieron neutralizar a jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban la corrupción socialista.

Por primera vez una sentencia judicial da por acreditada la guerra sucia sin muertos que practicó el Gobierno del Partido Popular contra Podemos, especialmente virulenta cuando en 2016 la formación vislumbró la posibilidad de alcanzar el poder. La Audiencia Nacional ha condenado al comisario José Manuel Villarejo a 3 años y medio de prisión por haber entregado a dos medios de comunicación la tarjeta de un teléfono previamente robado, propiedad de Dina Bousselham, estrecha colaboradora de Pablo Iglesias. El objetivo, dice el fallo, era “el descrédito del partido político Podemos y del por entonces secretario general”.

En el momento de los hechos, Villarejo era un puntal del grupo de mandos policiales, la brigada política, que actuaban en las operaciones Cataluña y Kitchen, las otras dos patas de la guerra sucia del Partido Popular. Por el espionaje a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados, Villarejo se enfrenta a una petición de Anticorrupción de 19 años de cárcel en un juicio que se celebra estos días. 

La sentencia de la Sección Tercera considera probado que Okdiario y El Confidencial publicaron varias informaciones que redundaban en el “descrédito” de Podemos y de su partido a partir del material contenido de la tarjeta del móvil Dina Bousselham. A los periodistas les llegó el material robado de manos del comisario Villarejo, condenado en consecuencia por un delito de revelación de secretos. 

“El acusado José Manuel Villarejo Pérez descargó sus archivos [de la tarjeta] en un lápiz de memoria, creando los días 14 de abril y 11 de julio de 2016, dos carpetas tituladas Dina 2 y Dina 3, haciendo entrega de tales archivos descargados a periodistas de su círculo de confianza, entre los que uno y otros eran recíprocamente fuentes informativas, para que se elaboraran y publicaran diversas informaciones en descrédito del partido político Podemos y del por entonces secretario general, Pablo Iglesias Turrión”, describe el fallo. 

Okdiario sacó de la tarjeta material para ocho informaciones periodísticas sobre comentarios de Pablo Iglesias y otros líderes del partido en un chat. El Confidencial, por su parte, publicó tres noticias con material de la tarjeta, según el fallo. Previamente, dos periodistas del Grupo Zeta habían hecho entrega al comisario de una copia de la tarjeta que aseguran había llegado de forma anónima a su medio. 

Tres batallas de la guerra sucia

El Ministerio del Interior desarrolló al menos tres operaciones de carácter político contra la oposición durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Una de ellas se juzga estos días, consistente en utilizar a la Policía para hacer desaparecer las pruebas que el tesorero del PP Luis Bárcenas pudiera tener sobre la financiación irregular del partido. 

La primera de esas maniobras extrajudiciales fue la Operación Cataluña. Como en el caso de Podemos se buscaba el descrédito de unos políticos, los líderes del proceso soberanista. El desinterés o la negativa de jueces y fiscales ha motivado que la Operación Cataluña no sea objeto de una gran causa judicial en la Audiencia Nacional, si bien el Tribunal Supremo ya ha dictado sentencia firme por una de sus escaramuzas: el intento de introducir material robado sobre los Pujol en el caso contra el expresident y su familia. El director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino fue condenado a un año por revelación de secretos. Ahora se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel en el caso Kitchen.

La guerra sucia contra Podemos es investigada en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional entre continuas cortapisas. El juez Santiago Pedraz admitió en febrero de 2024 una querella del partido a partir de los mensajes incautados al ex número dos de Interior en el caso Kitchen sobre las maniobras contra la formación política. Desde entonces el caso avanza lentamente y casi únicamente por el impulso de los abogados de la formación política. 

Las declaraciones de testigos e imputados, así como abundante documentación incorporada a la causa, han ido permitiendo cuadrar el puzle de la guerra sucia contra el partido. Este avance se ha producido pese a obstáculos como la negativa del juez a solicitar información clave a la Policía o la de incorporar a la investigación el montaje contra el fundador de Podemos Miguel Urbán. La Policía acusó falsamente a Urbán de financiar el partido con la venta de 40 kilos de cocaína con el objetivo final de atribuir financiación irregular a Podemos. En unos casos y otros las decisiones de Pedraz han sido corregidas por la Sala de lo Penal. 

Esos obstáculos judiciales a esclarecer la guerra sucia contra el partido de Iglesias tienen un precedente en la actuación del instructor de la causa Tándem o Villarejo, donde se enmarcó la pieza Dina. El juez Manuel García Castellón quiso convertir los indicios contra Villarejo en una causa contra el entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por haber guardado la tarjeta que le dieron los periodistas de Zeta durante seis meses sin informar a su colaboradora. 

García Castellón dirigió todos los esfuerzos del caso Villarejo, entonces la entonces causa judicial más relevante en los tribunales, en lograr la imputación del vicepresidente del Gobierno progresista. Finalmente, el Tribunal Supremo rechazó imputar a Iglesias ante el relato sin fundamento e interesado de García Castellón. 

La sentencia del caso Dina no ahonda en si Villarejo actuó a las órdenes de sus superiores, embarcados, por otra parte, en una operación para dañar a Podemos, muy intensa en el momento de la filtración de la tarjeta de Bousselham a medios afines. El fallo dice incluso que no elaboró notas informativas, como sí hizo en la operación Cataluña, sobre el asunto de Podemos. 

Una nota informativa sobre Podemos atribuida a Villarejo, que no consta en el procedimiento Dina, ya forma parte de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 5 sobre la guerra sucia a Podemos. Se trata de un escrito sobre la supuesta existencia de “pitufeo” —un método de blanqueo de capitales en pequeñas cantidades— dentro del partido y que se utilizó para vincular la falsa venta de cocaína por Urbán con dicha práctica. 

Las agendas de Villarejo

Por otra parte, las agendas de Villarejo describen que el comisario atacó a la formación política prácticamente desde su formación y que lo hizo en contacto permanente con la cúpula del Ministerio del Interior. Las agendas son valoradas por los investigadores como un indicio consistente que luego se debe contrastar con hechos acaecidos. El investigador policial del caso Villarejo lo enunció así en el juicio de Kitchen: “El señor Villarejo no se engaña a sí mismo. [Las agendas] eran para consumo interno”.

La sentencia del caso Dina ha sido dictada por los tres mismos jueces que integran el tribunal del caso Kitchen. Su ponente, como ocurrirá con el fallo del espionaje a Bárcenas, ha sido la presidenta de la Sección Tercera, Teresa Palacios. La mención a que Villarejo no tenía encomendada formalmente ninguna investigación sobre Podemos puede ser una señal sobre el futuro fallo e Kitchen. Allí los investigados defienden que trabajaban en encontrar un supuesto dinero escondido por Bárcenas, pero la acusación se centra en que esa investigación como tal nunca existió, ocultando el verdadero interés, que era sabotear el caso de la caja B del PP.  

La Fiscalía de Madrid ha decidido archivar la denuncia que el empresario Javier Pérez Dolset presentó contra el fiscal Ignacio Stampa por varios delitos de denuncia falsa, revelación de secretos, ocultación de pruebas, omisión del deber de perseguir delitos y cohecho. El Ministerio Público entiende que los hechos que atribuye al fiscal, antiguo integrante de Anticorrupción, no constituyen ningún delito y que, además, ya existe una causa en un juzgado donde el propio Pérez Dolset está llamado a testificar: en la que también está llamada a declarar como imputada la militante socialista Leire Díez bajo la acusación de intentar sobornar a dos fiscales, entre ellos Stampa, a cambio de información.

Entre otras cosas, Pérez Dolset acusa a Stampa de “convertir” el caso Villarejo en una “batalla política” e incluso de haber publicado un libro sobre su trayectoria profesional y sus conflictos con la Fiscalía General tras ser apartado de Anticorrupción. A su vez, el fiscal Stampa denunció hace meses en la Fiscalía que tanto Díez como Pérez Dolset le habían ofrecido trato de favor en sus contenciosos con la Fiscalía a cambio de información comprometedora sobre Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción.

En cuanto al libro del fiscal Stampa, el Ministerio Público entiende que “no existe prueba alguna, ni siquiera indiciaría, de la comisión de delito por parte del Sr Stampa en relación al libro publicado”, siendo todo “apreciaciones subjetivas del denunciante sobre la base de la interpretación del contenido del libro”. Además, se trata de algo relacionado con su “actividad particular y literaria” y ajena, por tanto, a su trabajo como fiscal y competencia de la Fiscalía Provincial.

La Fiscalía insta al empresario a acudir a la Audiencia Nacional a denunciar irregularidades en la gestión que Stampa hizo del 'caso Villarejo' cuando era el fiscal encargado del caso, y también a comunicar el resto al juzgado de Madrid que investiga a Leire Díez donde el propio Pérez Dolset tendrá que declarar como testigo.

Javier Pérez Dolset es uno de los fundadores del Grupo Zed, entre otras cosas dueño de los estudios Pyro de videojuegos y fundador del embrión de Terra. Tras la quiebra de la compañía, la Fiscalía Anticorrupción se querelló contra él por formar, supuestamente, parte de un entramado de subvenciones fraudulentas por un valor de más de 30 millones de euros, acusación impulsada actualmente por el fiscal José Grinda. Pérez Dolset llegó a estar casi un mes en prisión provisional en el verano de 2017. La causa, nueve años después, sigue pendiente de juicio.

Este empresario lleva años denunciando que su situación judicial se debe a la actuación de las “cloacas del Estado”, presentándose como impulsor de una agrupación no inscrita llamada “Asociación de Víctimas de las Cloacas del Estado” desde la que asegura que “se presta asistencia y se intercambia información con las personas que han sufrido persecuciones similares”.

La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional ha rebajado de 19 a 13 años de cárcel la condena al comisario jubilado José Manuel Villarejo por delitos de descubrimiento y revelación de secretos de empresa y de particulares en las piezas 'Iron', 'Land' y 'Pintor' del 'caso Tándem', las tres primeras por las que fue juzgado dento de la treintena de piezas separadas que la Justicia ha llegado a abrir contra él.

En su sentencia, recogida por Europa Press, los magistrados reducen los años de prision que le impuso la Sección Cuarta de la Sala Penal al estimar parcialmente su recurso y absolverle del delito de falsedad en documento mercantil en dos de las piezas. En Iron, los tribunales analizaron su contratación por parte de un despacho de abogados para espiar a una empresa de la competencia. En Land, lis investigadores se centraron en su su empresa Cenyt fue contratada para espiar al dueño de Procisa en el marco de una pelea familiar por una herencia de los García Cereceda. En Pintor, finalmente, se indagó sobre si los hermanos Fernando y Juan Muñoz Támara le contrataron para espiar a un antiguo socio y su abogado, el exjuez Francisco Javier Urquía.

Esta sentencia, todavía recurrible ante el Tribunal Supremo, ya fue anulada una primera vez por esta misma Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Posteriormente el tribunal ha dictado más sentencias condenatorias contra él, aunque muy por debajo de las penas de cárcel que ha llegado a pedir la Fiscalía Anticorrupción. Ocho años de cárcel, por ejemplo, por los encargos que le hicieron Repsol y Caixabank.

El tribunal mantiene la absolución del delito de cohecho pasivo y activo que las acusaciones atribuían a Villarejo y otros acusados, además de rechazar la nulidad de la segunda sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala Penal.

Por su parte, al socio de Villarejo, Rafael Redondo, la Sala de Apelación lo condena a 9 años de cárcel, frente a los 13 años que le impuso la Sección Cuarta, ya que también le absuelve del delito de falsedad documental.

Habréis oído hablar con frecuencia de las fuentes de los periodistas. Una fuente, en la acepción 8 del Diccionario de la Lengua Española, es una “persona o cosa que proporciona información”. La calidad de una información va muchas veces ligada a la calidad de las fuentes.

Desde la noche de los tiempos de nuestro oficio, en el periodismo ha habido muchas fuentes y también muchos charcos. Los charcos tienen también agua, como las fuentes, pero en la mayoría de las ocasiones es agua detenida y corrompida. Si se bebe sin haberla antes filtrado y depurado, sin separar el agua del cieno y de otros elementos en suspensión, se corre serio riesgo de intoxicación y de diarrea. Hasta de infoxicación, neologismo que por ahora no viene en el DLE, pero sí viene y desde hace ya años en Fundéu.

Armado con agua corrompida de charcos varios y de agua pútrida de una gran cloaca, la del comisario Villarejo, Alberto Núñez Feijóo sacude inmisericorde desde hace unos días a Pedro Sánchez con lo de las saunas de su suegro.

El artefacto argumental es de muy alto riesgo: es un bumerán de retorno lesivo. Si acusas al presidente del Gobierno de haber sido beneficiario a título lucrativo de una actividad de un familiar —actividad mal vista por parte de la sociedad, sí, pero legal—, no te extrañe que con la misma lógica le acusen a Isabel Díaz Ayuso de beneficiaria a título lucrativo de la actividad presuntamente ilegal de su novio y compañero de piso comisionista y quizás defraudador fiscal. O incluso que te acusen a ti de beneficiario a título lucrativo de la actividad ilegal a la que se dedicaba Marcial Dorado, el capo del narcotráfico con el que hacías viajes recreativos en yate por las rías gallegas y excursiones a Andorra no se sabe aún muy bien a qué. ¿O era a los Picos de Europa, como dijo Feijóo años después, creyendo que así le quitaba hierro al asunto, pues Andorra suena a dinero y Picos de Europa suena a naturaleza? “Recuerdo que había nieve”, dijo Feijóo, y todos entendimos que era nieve de la primera acepción del Diccionario (“f. Agua helada que se desprende de las nubes en cristales sumamente pequeños, los cuales, agrupándose al caer, llegan al suelo en copos blancos”) y no de la octava acepción: “f. jerg, cocaína”.

En Burgos aconsejan en ocasiones lo de “llámalo antes de que te lo llamen”, versión popular y matizada de aquello que le dijo la sartén al cazo: “apártate, que me tiznas”.

La última cruzada de la derecha política contra Sánchez me recuerda unos versos de Antonio Machado: “Yo he visto garras fieras en las pulidas manos;/ conozco grajos mélicos y líricos marranos.../ El más truhan se lleva la mano al corazón,/ y el bruto más espeso se carga de razón”.

El PSOE ve indicios delictivos en el espionaje ordenado por altos cargos de Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy al comisario Villarejo para utilizar datos de los negocios de la familia de Begoña Gómez para “matar políticamente” a Pedro Sánchez. El caso se remonta al año 2014 cuando el secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, encargó al polémico comisario José Manuel Villarejo, condenado ya a 24 años de prisión e imputado en múltiples causas judiciales, recabar material sobre los negocios del padre de Begoña Gómez para utilizarlos contra el recién elegido secretario general del PSOE.

Las grabaciones fueron publicadas por elDiario.es y La Vanguardia en abril de 2024 y evidencian cómo el que era número dos de Interior en el Gobierno de Rajoy encargaba una investigación parapolicial a la familia de la mujer de Sánchez.

El resultado de las pesquisas pactadas por Francisco Martínez y el comisario hoy poliimputado se plasmó en un informe titulado RIESGO PS (las iniciales del presidente) donde Villarejo recopiló información acerca de las saunas que gestionaban el suegro de Pedro Sánchez junto a sus hermanos y que ha sido desvelado esta mañana por el programa Mañaneros de TVE. Esa “nota interna”, sin sello de ninguna unidad policial, revela que tras la conversación de Villarejo con Francisco Martínez se produjeron seguimientos, sin orden judicial, a quien era el secretario general del PSOE y también a su pareja Begoña Gómez y a las hijas de ambos.

El documento de Villarejo alude a “la urgencia de la superioridad”, los cargos políticos que encargaban esos dosieres a los policías corruptos, y subraya que por esas prisas los informes pueden contener “errores groseros”. Son esos papeles fabricados por las cloacas del Estado los que 11 años después está recuperando el PP, a raíz de la intervención parlamentaria de su líder, Alberto Núñez Feijóo, el pasado miércoles, para acusar a Sánchez de lucrarse con supuestos prostíbulos que gestionaba su suegro. Y eso a pesar de que la Audiencia Nacional ya estableció en junio de 2024 que el negocio de las saunas del suegro de Pedro Sánchez, fallecido hace tres años se trataba de una “actividad privada lícita” y recriminó la “deplorable utilización partidista” de este tipo de informaciones. Así consta en el auto desvelado por la Cadena SER en el que la Audiencia Nacional rechazaba investigar la revelación de secretos denunciada por el PSOE entonces.

Fuentes socialistas aseguran que este nuevo informe conocido este viernes y que según TVE está en manos ya de la Fiscalía contiene material suficiente para reabrir el caso, una vez constatado que el comisario Villarejo asegura haber realizado seguimientos a la familia de quien era entonces el líder de la oposición.

Desde que el pasado miércoles, la totalidad de socios del Gobierno descartasen cualquier posibilidad de apoyar una moción de censura de la mano del Partido Popular y Vox, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, puso en marcha una campaña para acusar a Sánchez de haberse beneficiado económicamente de los negocios de su suegro que, a pesar de lo que estableció la Audiencia Nacional, el PP y algunos medios siguen relacionando con la prostitución y que se ha convertido en la última línea de ataque de las derechas contra el Gobierno.

Tanto hablar de fontaneros (hasta ha protestado una asociación profesional, ofendidos), y se nos olvida que el principal habitante de las cloacas no es el fontanero, sino la rata. No hablo de esos animalitos repugnantes que corretean por descampados, parques y contenedores de basura, sino otra especie más dañina: la rata de cloaca. Este artículo hay que leerlo con locución y música de documental de La 2.

Extendida por todo el planeta, la rata de cloaca parece haber encontrado un hábitat especialmente favorable en la democracia española. Su pelaje es variado: policías, empresarios, abogados, periodistas y políticos, mezclándose con promiscuidad. Escurridiza, con gran capacidad de adaptación y habilidad para moverse en la oscuridad, la rata de cloaca suele almacenar en su madriguera información comprometedora, que no duda en usar para chantajear, extorsionar y obtener beneficios económicos o judiciales. Muy dañina y transmisora de enfermedades democráticas, la rata es un animal agresivo, por lo que son frecuentes los conflictos entre individuos de la misma especie, llegando al canibalismo. La mayoría termina atrapada y en la cárcel, desde donde a veces sigue actuando.

En los años noventa España sufrió una importante plaga que casi devora la democracia. Por aquellas alcantarillas circulaban dossiers, cintas de vídeo, teléfonos pinchados, fotos íntimas y cuentas bancarias que afectaban a numerosos personajes públicos, del rey abajo. En tiempos más recientes las ratas colonizaron los cuerpos policiales, de donde no parece que hayan sido erradicadas del todo. Los más viejos del lugar recordarán ejemplares de gran tamaño que fueron especialmente ponzoñosos: empresarios caídos en desgracia como Mario Conde y Javier de la Rosa; policías con negocios propios como Villarejo; espías traidores como Perote, que se fue del entonces CESID con toneladas de material sensible…

Siempre que aumenta la temperatura política, la rata de cloaca sale a la superficie y causa grandes destrozos. Lo vemos estos días con varios ejemplares que corretean por juzgados, sedes de partidos, ruedas de prensa, y muy especialmente platós de televisión, pues los medios han encontrado un filón en estos animalejos. A veces con escenas tan chungas como la de este miércoles, con el turbio Aldama acosando a la turbia Leire Díez y casi llegando a las manos con el no menos turbio Pérez Dolset, en una escena que recordaba a aquel vídeo-meme de “dos ratas peléandose por un churro con música de fondo de Linkin Park”, un clásico de internet que alguna vez habrás visto.

Las ratas de hoy parecen aficionadas de medio pelo comparadas con las ratas de cloaca de otras épocas; pero no las minusvaloremos, que pueden hacer mucho daño. Y sobre todo no olvidemos que, más allá de complicidades políticas y periodísticas, las ratas buscan siempre su propio interés: salvar el culo, librarse de procesos penales, conservar su fortuna, sacar dinero, comerse el churro. Y quien se relaciona con ellas o les compra la mercancía, acaba llevándose un mordisco e infectado.

Los principales actores de la conversación pública se dividen hoy entre quienes creen que la ex militante socialista Leire Díez es una don nadie con aires de grandeza y conspiranoides que ha metido en un gran lío al PSOE por sus tejemanejes con un grupo de empresarios metidos a investigadores y quienes defienden con pasmosa soltura que era una enviada del socialismo o incluso del propio Pedro Sánchez para dinamitar la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Los primeros otorgan cierta credibilidad a la que también fue alto cargo de Correos y los segundos defienden a pies juntillas la palabra del comisionista e imputado en la trama de los hidrocarburos, Víctor de Aldama. No hay matices ni medias tintas, pero sí verdades a medias, falsedades flagrantes y mentiras pasmosas.

Aquellos que exigen explicaciones, identifican a cada uno de los personajes turbios de esta historia de mangantes y torrentes y tratan de poner algo de luz entre tanta oscuridad y tanta basura son tildados en el mejor de los casos de tibios o equidistantes. Y los que desde la derecha política y mediática, acostumbrados a chapotear en las cloacas de la llamada policía patriótica o han construido titulares a toda página con informes falsos, testimonios ficticios o investigaciones ilegales son los que dominan el relato.

Sin duda, van ganando los que están convencidos de que el Gobierno es una mafia, aunque no utilicen la misma expresión que ha acuñado Feijóo para llamar a “los españoles de bien” a salir a la calle para “echar a Sánchez de La Moncloa”. Se da la circunstancia de que a estos “españoles de bien” se han sumado, aunque no les veremos en la cabecera de la manifestación del próximo domingo junto a Feijóo, Rajoy, Ayuso, Aguirre y Aznar, algunos socialistas que la derecha considera del PSOE moderado y que ya están organizados para un supuesto “rearme moral”. No es cuestión de moralidad, sino de revancha porque algunos de los integrantes de esta supuesta célula proactiva estuvieron en el bando perdedor de las primarias a cara de perro que libraron Susana Díaz y Pedro Sánchez. Ni perdonan ni olvidan, aunque la memoria les flojee cuando hablan de los tiempos pasados y la supuesta ausencia de Aldamas o Leires. Ni el socialismo antaño era un ser de luz ni el de ahora es una organización criminal o una banda de forajidos.

Sin embargo, para desgracia del Gobierno y de Pedro Sánchez controlan el relato, lo que significa llevar la iniciativa en la construcción y difusión del mensaje. No se trata sólo de difundir información, sino de tejer una narrativa que se imponga en la conversación pública. En los medios, en el Parlamento, en las tertulias y en la calle. Y en este barrizal en el que se ha convertido la política, los de Feijóo llevan la delantera en el escándalo de la ya ex militante socialista Leire Díez. Basta con leer los principales diarios, escuchar las diferentes emisoras de radio o prestar atención a lo que se dice en las tertulias televisivas, para comprobar cuál es el mensaje dominante, a pesar de que Aldama no es una víctima como pretenden mostrarnos algunos y quienes le dan voz tampoco sean seres de luz.

Que el PSOE no haya dado explicaciones sobre las intrigas de Leire Díez, que no la expulsara del partido el primer día que se conocieron sus delirantes ofertas de impunidad a delincuentes de todo pelaje y que haya recibido información de terceros sobre supuestos delitos cometidos desde las más opacas estructuras del Estado que aún persisten en España no quiere decir que sus dirigentes hayan cometido algún delito. Al menos, hasta dónde hoy sabemos. Lo que subyace en todo caso es que Sánchez tiene un grave problema y no sólo mediático -como acostumbran a quejarse los socialistas- sino más bien político. No hay en Ferraz -y quizá tampoco en Moncloa- alguien capaz de construir un relato que sin duda lo hay sobre este esperpento en el que políticos, empresarios, policías, medios de comunicación y hasta miembros de la judicatura están interesados en que prevalezca un pozo de inmundicia insoportable relacionado con el Gobierno cuando en realidad el detritus al que asistimos, sí, es el que operaba en el último gobierno de Rajoy y, sí también, el actual Ministerio del Interior no ha podido o no ha querido acabar con ello.

El silencio esta vez no es una opción ni una muestra de resiliencia. Si además es resistente e inexpugnable, se convierte en un poderoso instrumento de autodestrucción porque rara vez vence a las narrativas difamatorias y apocalípticas.

“Leire Díez se comporta como un gato callejero que caza ratones y se los lleva a casa de su dueño como un trofeo. Con un poco de suerte, cree que así conseguirá su atención y un poco de cariño”. De esta forma tan gráfica describía esta semana un alto dirigente del PSOE en Cantabria al personaje de moda en nuestro país, que ha saltado al estrellato nacional ante la estupefacción de sus compañeros de partido, que le tomaron la matrícula hace ya muchos años, pero que en ningún caso le atribuían la capacidad de sumergirse en las cloacas del Estado —o directamente formar parte de ellas— con tanto arrojo y sin pudor alguno.

Y es que Leire Díez es una vieja conocida de la política y del periodismo en Cantabria, no necesariamente por sus éxitos o por su trabajo, sino más bien por haber protagonizado algunos episodios bastante sonados antes de dar su salto a Madrid. En esta tierra ha sido concejala y teniente de alcalde de Vega de Pas, vicepresidenta de la Mancomunidad de los Valles Pasiegos, responsable de comunicación del PSOE de Cantabria durante el mandato de Eva Díaz Tezanos como secretaria general y pieza clave en muchas de las elecciones primarias que se han celebrado en los últimos años, incluida la reciente campaña que dio la victoria al actual líder socialista, Pedro Casares.

En estos años, ha ostentado cargos públicos y de representación, ha trabajado en primera línea y mantiene contactos con muchos dirigentes con mando en plaza. Presentar a Leire Díez como una “simple militante” es ridículo y no cuela. Atribuirle encargos de las más altas instancias como 'fontanera' de La Moncloa también suena demasiado exagerado para ser creíble.

La discreción no ha sido nunca una de sus virtudes. Con un temperamento bastante explosivo, no ha rehuido nunca el enfrentamiento directo, con comportamientos que rozan lo kamikaze, como se ha podido comprobar con luz y taquígrafos en los últimos días. “Ni fontanera, ni cobarde”, ha dicho ella de sí misma en una esperpéntica rueda de prensa en un hotel en Madrid antes de lanzarse a una gira de entrevistas y tras publicarse de forma fragmentada y por capítulos los audios de la propia Leire Díez haciendo supuestos ofrecimientos absolutamente ilegales de demostrarse ciertos.

Si alguien confió en ella para ocuparse de asuntos que requieren de cierta maña para pasar desapercibida... está claro que no pudo hacer una peor elección. La excusa de que está preparando un libro de investigación provoca un cierto sonrojo y los antecedentes empujan a pensar que era una especie de espontánea con ganas de hacer méritos que se metió en medio de un fuego cruzado que no iba con ella pero que le afectó de lleno.

Ahora tenemos a empresarios multimillonarios imputados por graves delitos que buscan venganza, a policías y guardias civiles acusados de presuntas actividades ilícitas, abogados especializados en la defensa de la peor calaña de este país, periodistas de pseudomedios abonados a las filtraciones interesadas, audios y vídeos obtenidos probablemente de forma ilegal y en los que se ofrecen posibles favores judiciales a cambio de informaciones que perjudiquen a rivales políticos, tramas entrecruzadas con comportamientos nada ejemplares y que siembran tantas dudas que el ciudadano de a pie no tiene ni tiempo ni ganas de seguir todos los detalles de este bochorno público que genera desafección, asco y pereza.

Convendría que los responsables del PSOE, en Cantabria y en Madrid, no se pongan de perfil y no sigan guardando este silencio estruendoso. Que actúen con transparencia, que expliquen lo que saben de este caso, que no caigan en el 'y tú más' de las cloacas del PP, que aclaren por qué alguien como Leire Díez ha hecho una larga carrera profesional durante tantos años al abrigo de su partido y cuáles fueron sus motivaciones para apostar por ella en puestos de responsabilidad gracias a su militancia. Y que se desmarquen claramente de las prácticas que hemos conocido ahora si, verdaderamente, no hay nada que ocultar y no han sacado ningún rédito de sus labores de fontanería rodeada de un barro que lo ensucia todo.

Leire Diez ha pasado de ser una persona totalmente desconocida a estar en el centro del debate político en España. En las últimas semanas se han filtrado audios en los que ella aparece, y en esas grabaciones se la oye, por ejemplo, ofreciéndose a mediar con la Fiscalía para llegar a algún acuerdo que rebaje la condena a algún empresario que tire de la manta. Se le ha llegado a llamar la “fontanera del PSOE”. Ella ha asegurado en una rueda de prensa sin preguntas que se ha dado de baja como militante del PSOE y que ella solo es una periodista haciendo una investigación para escribir un libro. También, que nadie le ha hecho ningún encargo, que todo lo ha hecho por su cuenta.

Al final de esa rueda de prensa, aparece Víctor de Aldama un empresario imputado por el caso Hidrocarburos que Leire dice investigar pero implicado también, como presunto corruptor, en la trama del Caso Ábalos. Aldama se encara con Leire Díez, hay remolino de cámaras y micrófonos, y entonces aparece otro personaje fundamental en esta historia, el empresario Javier Perez Dolset, que empuja a Aldama y protege a Leire Diez. ¿Qué está pasando? Intentamos entender esta complicada historia política con el director de elDiario.es Ignacio Escolar.

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