La Intervención General del Ayuntamiento de Zaragoza advierte en su último informe sobre la próxima concesión del servicio de autobús urbano y alerta de que podría comprometer de forma significativa la capacidad financiera del Consistorio. Según los cálculos internos, el nuevo contrato del servicio de autobús urbano supondrá un incremento del gasto de 25.025.616 € en 2027, una cifra que absorberá más del 80 % del margen de gasto permitido. Aunque la operación no incumple la normativa sobre estabilidad presupuestaria ni los límites de endeudamiento, el informe señala que este aumento restringe de forma significativa la capacidad del Ayuntamiento para asumir nuevos compromisos económicos y limita su margen de maniobra para atender otros proyectos o inversiones.

La absorción de gran parte del techo de gasto “podría dificultar el cumplimiento puntual de obligaciones corrientes y compromisos plurianuales, especialmente si se producen desviaciones en la ejecución del presupuesto”. Esto condiciona la capacidad del Ayuntamiento para asumir nuevos compromisos económicos y obliga a extremar la planificación financiera. El informe recoge que el impacto de esta conceisón puede “generar tensiones puntuales en la Tesorería municipal” y que esto “puede llegar a afectar” a la sostenibilidad de la deuda comercial.

El documento subraya que la planificación presupuestaria de los próximos ejercicios “deberá ser muy escrupulosa en el cumplimiento del principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos”. Entre las recomendaciones, la Intervención insiste en prever adecuadamente los créditos presupuestarios necesarios para cubrir los compromisos del nuevo contrato y reforzar los mecanismos de seguimiento del gasto. Se aconseja establecer controles periódicos sobre la ejecución del contrato y los pagos a la empresa concesionaria, con el objetivo de evitar desviaciones que puedan poner en riesgo la estabilidad financiera del Ayuntamiento.

Buscar más ingresos

Además, el informe señala la conveniencia de evaluar medidas que permitan “incrementar ingresos municipales o ajustar otros gastos no financieros, con el fin de mantener la sostenibilidad económica a medio plazo”. Esto incluye la revisión de partidas de gasto corriente que puedan optimizarse sin afectar servicios esenciales, así como contemplar escenarios alternativos ante posibles desviaciones de costes o retrasos en la ejecución.

La Intervención también detalla que la concesión administrativa permite una transferencia de riesgos entre el sector público y privado, incluyendo riesgos de demanda, tecnológicos, de inversión y cumplimiento de objetivos de calidad. Según el informe, este modelo asegura una mejor integración de responsabilidades, garantizando que la ciudad pueda mantener su nivel de inversión y los proyectos previstos, a pesar del elevado coste del nuevo contrato.

El expediente de contratación fue revisado por la Intervención en octubre de 2025 para asegurar que los pliegos cumplan con la normativa vigente y contemplen el nuevo modelo financiero de compensación basado en la demanda prevista y el kilometraje recorrido. El informe también incluye un plan detallado de obligaciones presupuestarias plurianuales, que exige que cada anualidad del contrato (2027-2036) cuente con crédito adecuado y suficiente para cubrir los pagos a la empresa concesionaria. Según el documento, en 2027 el contrato absorberá el 83,5 % del margen de gasto permitido.

Críticas del PSOE

El PSOE, a través de la concejal Marta Aparicio, ha acusado al Gobierno de Chueca de “asfixiar” al Ayuntamiento tras disparar el gasto corriente y aprobar unos pliegos de bus que “harán saltar por los aires” los presupuestos de 2027. Aparicio denuncia que el incremento del gasto corriente durante los últimos seis años supera los 140 millones de euros, especialmente en pagos a contratas, y que el contrato del bus absorberá 25 de los 30 millones del incremento del techo de gasto previsto para ese año. Según la socialista, esto “deja solo cinco millones de margen para nuevas actuaciones”.

La edil recuerda que, en un presupuesto total de 1.058 millones de euros, solo el 17 % se destina a inversión y que, hasta la fecha, se ha ejecutado poco más del 40 % de esos fondos. Aparicio advierte que la única manera de paliar esta situación será “subir impuestos o recortar gasto social”, una alerta que coincide con la evaluación del Servicio de Financiación e Intervención General del Ayuntamiento. Además, critica que la licitación de los nuevos pliegos no resolverá los problemas de movilidad en barrios como Rosales del Canal o Valdefierro, ni en los desarrollos urbanísticos donde se prevén miles de viviendas.

El Ayuntamiento ha informado que ofrecerá explicaciones sobre este asunto en la comisión que se celebrará esta semana, respondiendo a las advertencias del informe y a las críticas de la oposición.

El Gobierno de Navarra ha aprobado este viernes en una sesión extraordinaria incrementar el techo de gasto para el 2025 en 139 millones de euros, por lo que asciende hasta los 5.975 millones. Es un 2,4% más de gasto que el recogido en los presupuestos del 2024 pese a que en las cuentas de este año se incluye la previsión de una menor llegada de fondos europeos. Pese a ello, el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti ha celebrado que un año más “se da continuidad al crecimiento del presupuesto de Navarra”.

Arasti ha desgranado en rueda de prensa los detalles de la cifra de gasto aprobada, “que supone el punto de partida de confección de los presupuestos. Ahora, el Ejecutivo de María Chivite trabaja en ultimar el presupuesto por departamentos, que se conocerá ”en las próximas horas“, según ha apuntado el consejero.

En cuanto al gasto, a los 5.975 millones de euros fijados como techo hay que descontarle la aportación que Navarra realiza al Estado en virtud de su Convenio Económico y que se ha fijado en 874 millones de euros. También ha que restar el Fondo de Haciendas Locales, cifrado en 331 millones de euros). Así, la cifra del límite de gasto no financiero se sitúa en 4.770 millones, un 1,8% superior al de 2024. 

Además, a la hora de fijar el gasto se ha tenido en cuenta la previsión de ingresos no financieros (5.744 millones de euros), elaborada por los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra y en particular la Hacienda Foral de Navarra respecto a los ingresos tributarios y el impacto de las medidas fiscales. En esta previsión se ha incluido, según ha apuntado José Luis Arasti, la llegada de fondos europeos MRR, que para 2025 experimentará una “esperada ralentización”, alcanzando los 1,9 millones de euros. 

También se ha tenido en cuenta el objetivo de déficit, previsto para el próximo ejercicio, fijado en un 0,3% del PIB de la comunidad foral (límite que todavía se está negociando con el Gobierno central), lo que supone en términos absolutos la cifra de casi 82 millones de euros. Además, para la fijación del techo de gasto también se tienen en cuenta los ajustes de contabilidad nacional, que en este caso alcanzan los 148,6 millones de euros.

Por una parte, se ha descontado el impacto económico que van a suponer las medidas fiscales aprobadas en 2024 y que alcanzan los 50 millones de euros y por otro, el que se espera respecto a las reclamaciones de los mutualistas navarros que han solicitado la revisión de sus declaraciones de IRPF tras las sentencias del Tribunal Supremo y que alcanzarán los 150 millones de euros.

Durante su intervención, José Luis Arasti, ha remarcado que “los objetivos de cara al próximo presupuesto no varían respecto a las prioridades que se ha marcado este Gobierno de Navarra y que responden a reforzar el gasto social y la mejora de los recursos públicos para dotar así a la comunidad de una mayor fortaleza en cuanto a su desarrollo económico”. Eso, en palabras del consejero de Economía y Hacienda, “debe conjugarse con otro de los objetivos ineludibles de este Gobierno que es el de mantener el rigor y la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos que han permitido situar a Navarra como una de las comunidades más solventes del país”.

Negociación con EH Bildu

Una vez aprobado el techo de gasto máximo, comenzará el proceso interno de elaboración del anteproyecto de Presupuestos Generales de Navarra 2025. Este proceso concluirá en la primera quincena de octubre con la aprobación del anteproyecto por parte del Gobierno de Navarra.

Una vez que el anteproyecto sea una realidad, el texto se remitirá entonces al Consejo Económico y Social de Navarra, al Consejo de Medio Ambiente y a la Comisión Foral de Régimen Local para su dictamen, paso previo a la aprobación del texto como proyecto de Ley Foral en sesión de Gobierno y posterior remisión al Parlamento de Navarra para su debate.

Una vez más, el Gobierno navarro, una coalición de PSN, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre, Equo y Alianza Verde), deberá buscar el apoyo externo de Eh Bildu para la aprobación de los presupuestos por ser un Ejecutivo en minoría Parlamentaria. La coalición abertzale se convirtió en socio presupuestario la pasada legislatura, aprobando las cuatro cuentas anuales del Gobierno de Chivite, y lo ha seguido siendo en el presente mandato, donde sus votos fueron además fundamentales para que la socialista Chivite reeditara su mandato.

La política financiera de Cantabria, en cuanto a la contratación de créditos y prestación de avales, puede quedar bajo la tutela del Ministerio de Hacienda si el Gobierno central decide realizar a la Comunidad una advertencia por estar incumpliendo la regla del techo de gasto; advertencia que, de no ser respondida con un plan de ajuste satisfactorio, puede acabar con la fiscalización de la política crediticia, es decir, la deuda.

Todo ello surge a propósito de una recomendación de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), organismo que preside Cristina Herrero, en cuyo último informe de julio ve confirmada la trayectoria ya constatada en un informe previo de abril y que no se ha rectificado. ¿Qué es lo que la AIReF ve en la política económica de Cantabria en esta nueva etapa del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP)? Varias cosas.

El Informe sobre la Ejecución Presupuestaria, Deuda Pública y Regla de Gasto de 2024, lo que primero ve es el incumplimiento de este último apartado: “La AIReF estima que en 2024 el gasto computable a efectos de la regla de gasto aumentará un 10,7%, superando el límite individual del 2,6% vigente para este año”. En consecuencia, el organismo “sigue apreciando riesgo de incumplimiento de la regla de gasto” y “recomienda al Ministerio de Hacienda que active las medidas preventivas recogidas en el artículo 19 de la LOEPSF en relación con la Comunidad Autónoma de Cantabria”.

Dicho artículo dice textualmente que “en caso de apreciar un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones Locales, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, formulará una advertencia motivada a la Administración responsable previa audiencia a la misma”.

Si dicha advertencia es formulada, Cantabria deberá presentar un plan económico-financiero en el que establezca medidas correctoras en el plazo de un mes. “Si no se adoptasen las medidas o el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas aprecia que son insuficientes para corregir el riesgo, se aplicarán las medidas correctivas previstas”.

Dichas medidas están recogidas en el articulado de la LOEPSF, cuyo artículo 20 habla de la tutela económica de Hacienda. El artículo dice textualmente: “En el supuesto en que el Gobierno constate que existe incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto, todas las operaciones de endeudamiento de la Comunidad Autónoma incumplidora precisarán de autorización del Estado”.

Ingresos autonómicos

Otro elemento de preocupación para AIReF es que las rebajas fiscales aprobadas vía Presupuestos de Cantabria a finales de 2023 están suponiendo en 2024 una merma en los ingresos de la Comunidad y no un incremento de la recaudación como desde el Gobierno se presuponía por un incremento paralelo de la actividad económica, cuya tendencia es al alza como en el conjunto del país. La merma ha sido cuantificada en 17 millones de euros del IRPF y otros 18 por transmisiones, actos jurídicos documentados y sucesiones, sin contar el impacto ya permanente que tendrá en el impuesto de la renta que se empiece a cobrarse en 2025.

“Las rebajas temporales adoptadas por Cantabria en el IRPF -dice el informe- supusieron una menor recaudación en los ingresos generales de 2023 de las Administraciones Públicas de unos 17 millones de euros. Estas medidas se registran en los ingresos de la comunidad en 2024”, que es cuando tienen efecto ya que se liquidan derechos 2022.

“Adicionalmente, la Comunidad registrará en sus ingresos la menor recaudación derivada de las rebajas aprobadas en el ITPAJD (Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) e impuesto de sucesiones y donaciones (ISD), 18 millones de euros. Las principales rebajas permanentes aprobadas por la comunidad en el IRPF, cuyo impacto se valora en 52 millones de euros, se aplican a periodos impositivos iniciados el 1 de enero de 2024, por lo que minorarán los ingresos de la Comunidad a partir de 2025”.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Al preguntarle a un alto directivo de uno de los principales bancos de España cómo veía la situación económica del país nos dijo que la economía marchaba muy bien y como único pero en 2025 colocaba la vuelta de las reglas fiscales europeas, que iban a suponer un freno en el gasto público y su consecuente impacto en el crecimiento. 

Ya es una decisión en firme en Bruselas, que es donde finalmente se toman las decisiones. Los ministros de Economía de la zona euro en una reunión del Eurogrupo establecieron las directrices para volver a encauzar las finanzas de los países de manera que volvamos a reducir el déficit y la deuda por debajo del 3% y el 60% del PIB, respectivamente. Se acabaron los años de gasto expansivo por la pandemia o la guerra de Ucrania. 

Si en marzo los ministros abogaban por “una política fiscal global ligeramente contractiva en la zona del euro en 2025”, ahora eliminan el adverbio y se comprometen a que “la implementación del marco revisado de gobernanza lleve a una política fiscal contractiva en la zona euro durante todo el año 2025”. Ya está claro, los nubarrones de la austeridad están más cerca. Aquí te contamos cómo los ministros de Economía de la zona euro se comprometen a ajustarse el cinturón en 2025.

Las consecuencias para España ya son tangibles. Y no es porque la economía vaya mal ni mucho menos. De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que España liderará el crecimiento de las economías avanzadas en este 2024 y en el próximo ejercicio. El organismo internacional ha elevado medio punto la proyección de avance del PIB (Producto Interior Bruto) al 2,4% para este año, como ya había adelantado el Gobierno, y la deja en el 2,1% en 2025. Además, es importante que sea un cambio de modelo lo que está impulsando a la economía española: un crecimiento por encima del 2%, con déficit y paro en mínimos y sin 'burbujas'.

Sin embargo, el Gobierno se ha tomado muy en serio conseguir llegar a un déficit del 2,5% en el próximo año y se está ajustando el gasto. Tras años de manga ancha, el Ministerio de Hacienda ha propuesto para los Presupuestos Generales del Estado de 2025 un techo de gasto no financiero (incluyendo fondos europeos) de 199.171 millones, en línea con el techo de 2024. Se mantiene prácticamente igual que el año anterior para cumplir con las reglas fiscales de la UE en un escenario donde llegarán menos transferencias del Plan de Recuperación y más préstamos 'baratos'. Aquí te explicamos los números iniciales para diseñar los Presupuestos de 2025.

Con la debilidad parlamentaria del actual Ejecutivo de Pedro Sánchez, con unos posibles socios con los que se complican las negociaciones porque habrá menos dinero que repartir, con la búsqueda de un nuevo modelo de financiación autonómica en la que la propia ministra de Hacienda admite en público que son imposibles modelos “singulares” para determinadas comunidades autónomas, con tensiones continuas por ajustar el gasto... El horizonte político se enturbia.

Aunque sea complicado es necesario abordar una reforma fiscal para conseguir unos ingresos que permitan llevar a cabo políticas de izquierdas que mejoren los servicios públicos, faciliten la marcha de la economía como hasta ahora y vayan diluyendo la desigualdad que afecta a nuestro país.

El Gráfico

La restrictiva política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) no solo perjudica a las familias con préstamos hipotecarios. Una investigación del Banco de España revela que la austeridad monetaria ejecutada por el BCE desde 2022 ha golpeado a las pymes españolas más que a la media de las pequeñas empresas europeas. Las compañías españolas han seguido aumentado sus beneficios y márgenes, pero “las decisiones de inversión de las empresas dependen, entre otros factores, de la disponibilidad de recursos financieros. [Por eso], las dificultades para obtener financiación externa pueden afectar negativamente a la inversión”, explica el estudio. Aquí te explicamos cómo el impacto de la austeridad monetaria del BCE perjudica más a las capacidad inversora de las pymes españolas que a las del resto de la UE.

El Dato

60% del salario medio

será el salario mínimo interprofesional (SMI) si la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, consigue sacar adelante una norma que así lo refleje. El salario mínimo subió en 2024 un 5%, tras un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, del que se descolgó la patronal. Las personas que menos cobran reciben 1.134 euros mensuales en 14 pagas. No ha habido un descalabro del mercado laboral ni el desastre pregonado en el empleo por las derechas. Para tener una idea, según el INE, en 2022 el salario medio anual fue de 26.948,87 euros por trabajador, es decir, 1924,9 euros al mes en 14 pagas. El 60% de esta cantidad son 1154,95 euros mensuales. El objetivo de esta iniciativa es que “quede incorporado a la norma y que no dependa de lo que decida un gobierno”. Aquí te damos más detalles sobre la iniciativa de Yolanda Díaz para que el salario mínimo sea por ley el 60% del sueldo medio.

Verde que te quiero verde

La crisis climática es una amenaza real cada vez más patente. Por eso, incorporamos una nueva sección en este boletín bajo el nombre de 'Verde que te quiero verde', un anhelo para que las empresas sean menos contaminantes y una llamada de atención para esas compañías que no dejan de contaminar. Estrenamos la sección con dos grandes tecnológicas que, aunque parezca mentira, cada vez contaminan más. El consumo eléctrico y la huella de carbono de los centros de datos que requiere una tecnología como la inteligencia artificial (IA) multiplica un 66% las emisiones de Google desde 2020 y un 30% las de Microsoft. Aquí te explicamos cómo la carrera por la dominación de la IA entre Google y Microsoft está teniendo un grave coste medioambiental para el planeta.

Entrepreneur

Los Ruiz Lafita son una de esas grandes fortunas familiares sin rostro del universo empresarial español. En la última clasificación que hizo el periódico El Mundo les atribuía un patrimonio de 255 millones de euros y les situaba en el puesto 254 de los más ricos del país. Huidizos con la prensa, en elDiario.es hemos recopilado algunos de sus últimos movimientos: Huyeron a tiempo de Eurofinsa, quebrado gigante de la ingeniería que fundaron y que ha entrado fuerte en la última lista de morosos de Hacienda. Compraron el 29% de fabricante navarro de máquinas automáticas Azkoyen, además de otras inversiones en el sector inmobiliario, el hotelero o de la automoción. Recientemente han logrado tumbar la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de El Gasco, monumental presa fantasma en Madrid considerada una joya de la ingeniería española. Aquí tienes mucha más información sobre los negocios de la familia Ruiz Lafita. 

Cada vez que habla sube el pan

Se dijeron muchas cosas absurdas, del estilo de ‘miren a la primera ministra, va a privatizar hasta la lluvia que cae del cielo’

Margaret Thatcher — Ex primera ministra del Reino Unido 

Hubo un tiempo en que privatizar se convirtió en un dogma que muy pocos se atrevían a discutir. Una de las principales responsables fue Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido durante los años 80 y una de las líderes de la revolución neoconservadora que asoló el final del siglo XX. De aquellos polvos estos lodos, nunca mejor dicho, porque una de sus principales medidas fue la privatización de las empresas de agua británicas. Años después, esa privatización ha llevado al desastre a un servicio esencial que nunca tendría que haber dejado de ser público. ¿Cuál fue una de las principales consecuencias de la privatización? Los directivos y propietarios de las compañías se enriquecieron a la misma velocidad que se depauperaba el servicio. Un desastre que más de 25 años después sigue teniendo consecuencias. Aquí te puedes enterar de las consecuencias de la privatización del sector del agua: ventas baratas, más deuda, capitales extranjeros y pésimo servicio.

Bien Público

¿Hay otras visiones diferentes a la economía tradicional neoliberal que se intenta imponer? Sí, y Carmen Castro, economista vinculada a la cátedra de Economía feminista de la Universidad de València, es una de sus máximas exponentes. Castro plantea una reorganización por completo de la organización de la economía para colocar en el centro la vida en lugar de la lógica de la maximización del beneficio privado, además de hacer un replanteamiento a fondo de las dinámicas de poder. El objetivo es alcanzar un nuevo contrato social con una nueva base de valores, derechos y deberes. Son necesarios una reforma fiscal con perspectiva feminista y la implicación pública para que la economía incluya los cuidados y deje de invisibilizar estos trabajos esenciales para la reproducción de la vida que suelen asumir gratis las mujeres. Aquí tienes esta interesante entrevista que le hace Pere Rusiñol a la economista feminista Carmen Castro. 

Nos gusta la competencia

Ahora os ofrecemos una serie de informaciones de otros medios que nos han parecido interesantes: 

Se acabó por esta semana, nos vemos otra vez el jueves que viene. Si quieres, nos puedes mandar un comentario o una propuesta al correo contraoferta@eldiario.es.

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 Extremadura registrá un déficit cero en sus cuentas en 2024, período en el que la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia son las que presentarán peor previsión, con un déficit del 1,9 y un 1,7 por ciento del PIB respectivamente, según las estimaciones que ha hecho públicas este jueves la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

En su Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas, presentado esta mañana, la AIReF prevé que en 2025 Extremadura tenga un déficit del 0,9 por ciento; del 1 por ciento en 2026, del 0,7 en 2027 y del 0,8 por ciento en 2028.

Por otro lado, La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha avisado de que todas las Comunidades Autónomas, además de diez de las principales entidades locales del país, están en riesgo de incumplir la regla de gasto en 2024, unas previsiones en las que sobresale Extremadura, con una estimación de aumento del gasto del 9%.

Esto supondría que tendría que presentar un plan económico-financiero.

La AIReF ha presentado su Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas para 2024, en el que actualiza sus previsiones macroeconómicas y fiscales, y ha avisado de que, con la reactivación de las reglas fiscales, está vigente la regla de gasto europea, que fija en un 2,6% el incremento máximo del gasto que pueden asumir las instituciones españolas.

También recomienda a todas las administraciones con riesgo de incumplimiento de la regla de gasto que “adopten medidas para corregir el crecimiento del gasto computable a efectos de la regla de gasto y evitar así el deterioro estructural de sus cuentas a medio y largo plazo”.

Asimismo, la presidenta de la entidad, Cristina Herrero, ha instado al Gobierno a “elaborar un plan estructural fiscal” a medio plazo, “aclarar la aplicación práctica de las reglas fiscales en 2024” y “convocar una Conferencia de Presidentes para tratar temas de estabilidad presupuestaria”.

En este sentido, la AIReF aprecia “riesgo de incumplimiento” de la regla de gasto en todas las Comunidades Autónomas.

A efectos de la regla de gasto, el gasto computable de las CCAA aumentará, en su conjunto, un 5,7% en 2024, por encima de la tasa de referencia del 2,6%.

Sobresalen las previsiones de incremento del gasto para Extremadura (+9%), Navarra (+8,5%), Canarias (+8,5%), Baleares (+8,2%), Galicia (+8,1%) y Murcia (+8%).

Por contra, contendrán más el aumento del gasto País Vasco (+4,4%), Madrid (+4,5%) y Cataluña (+4,8%).

Además, la AIReF indica que diez de las veinticinco entidades locales que monitoriza están también en riesgo de incumplir la regla de gasto: los ayuntamientos de Palma (crecimiento del gasto computable del 17,4%, frente a la tasa de referencia del 2,6 %), Las Palmas de Gran Canaria (+17,2%), Gijón (+13,4%), Valencia (+9,2%), Alicante (+8%) y Madrid (+5,8%); las diputaciones de Barcelona (+11,1%), Sevilla (+8,7%) y Álava (+5,7%); y el Cabildo Insular de Tenerife (+7,8%).

Cinco autonomías en déficit

Por otro lado, las Comunidades Autónomas registrarán, en su conjunto, un déficit del 0,1 % del PIB en 2024, previsión que empeora la que hizo la AIReF en octubre, cuando estimaba que tanto las Comunidades Autónomas como las entidades locales que supervisa obtendrían un superávit del 0,2% del PIB en 2024.

En el caso de la Comunitat Valencian el déficit será del 1,9% del PIB, mientras que en Murcia será del 1,7%. Además, la entidad no prevé que, a medio plazo, ninguna de las dos regiones consiga mejorar esa cifra.

En el otro lado de la balanza están Asturias y Baleares, que tendrán sendos superávits del 1,1% del PIB, según las previsiones de la AIReF.

El director de Análisis Presupuestario de la AIReF, Ignacio Fernández-Huertas, ha ligado esta modificación al cierre de las administraciones terrotoriales en 2023, que fue “peor de lo previsto” al subir los gastos y tener estos “una naturaleza estructural”; a que los recursos del sistema de financiación “han sido inferiores a los estimados” y a la revisión a la baja de los ingresos procedentes de fondos europeos.

“El mayor gasto realizado por las administraciones territoriales en 2023 se traslada a 2024 y a los años siguientes, deteriorando su posición fiscal a medio plazo”, según la AIReF.

La AIReF prevé que la Comunitat Valenciana, Murcia, Cataluña, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid cerrarán 2024 con déficit. A la cola estarán la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, cuyo déficit superará el 0,5% del PIB.

El resto de las autonomías acabarán el año en equilibrio o con superávit, destacando en positivo Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Baleares, Canarias y Aragón: todas ellas tendrán un superávit superior al 0,5% del PIB.

A medio plazo, la AIReF estima que el déficit de las CCAA se estabilizará en torno al 0,2% del PIB.

En cuanto a las corporaciones locales analizadas por la AIReF, la entidad prevé que, en 2024, todas las grandes ciudades españolas obtendrán superávit, y a medio plazo se situarán en una posición de equilibrio, esto es, sin superávit ni déficit.

El Banco de España se encargó este martes de recordarle al Gobierno de coalición las ataduras a la política económica que implica el nuevo corsé fiscal de la Unión Europea (UE). En plena negociación de los presupuestos de este 2024, la institución anticipa recortes en el gasto público o más impuestos para cumplir con las reglas recién estrenadas, tras ser suspendidas las anteriores en 2020 por la pandemia.

Las nuevas proyecciones del Banco de España rebaten el objetivo del Ejecutivo de dejar el déficit (el desequilibrio entre los ingresos y el gasto publico) en el 3% del PIB (Producto Interior Bruto) ni este año —pese a que prácticamente coinciden en la estimación de un 2% de crecimiento económico—, ni tampoco los próximos ejercicios. La institución también cuestiona la obligación de limitar el crecimiento del “gasto primario neto financiado a nivel nacional” al 2,6%.

Ambos compromisos están incluidos en el plan presupuestario que el Gobierno envió en otoño de 2023 a la Comisión Europea. El límite al gasto es crucial y el aspecto más novedoso de las nuevas reglas fiscales. El corsé europeo mantiene el marco general de dejar el déficit por debajo del 3% y el endeudamiento (la deuda pública respecto al PIB) en el 60%, aunque flexibiliza el camino para alcanzarlo con objetivos de rebaja de los desequilibrios plurianuales y negociados entre Bruselas y cada estado.

La advertencia del Banco de España es que, actualmente, España necesita “implementar medidas compensatorias adicionales de ajuste del gasto [recortes] o de incremento de los ingresos [más impuestos o menos bonificaciones de los ya existentes]” para seguir la hoja de ruta fiscal comunitaria.

El déficit público

Más en detalle, hasta noviembre de 2023 (en el acumulado de doce meses), el saldo de las Administraciones Públicas españolas registra un déficit equivalente al 4,2% del PIB. Este desequilibrio se encuentra prácticamente a medio camino entre el registrado en 2022, del 4,7% del PIB, y el objetivo de déficit que el Gobierno se había marcado para 2023, del 3,9% del PIB.

“El descenso del déficit en 2023 habría sido el resultado de un crecimiento elevado de los ingresos (del 8,5% hasta noviembre) y de un menor avance de los gastos (del 6,5%)”, señala el Banco de España.

“Los primeros se vieron impulsados, fundamentalmente, por las mayores bases imponibles de los impuestos directos derivadas de los aumentos nominales observados en los excedentes empresariales [los beneficios], los salarios y las prestaciones sociales. Por su parte, los gastos se vieron afectados al alza por la revalorización de las pensiones y por el dinamismo del consumo público; un efecto que fue compensado, en parte, por el menor coste que supusieron, con respecto al año anterior, las medidas de apoyo ante la crisis inflacionista”, continúa la institución en el informe trimestral que presentó este martes.

De cara a 2024, el Gobierno ha extendido de forma parcial algunas de estas medidas, como la rebaja del IVA de los alimentos, las reducciones de impuestos energéticos o la subvención al transporte de viajeros. En conjunto, se estima que esta extensión tendría un coste presupuestario de en torno a 0,6 puntos porcentuales del PIB en 2024. Este coste es inferior al que estas medidas tuvieron en 2023 —1,2 puntos del PIB— y en 2022 —1,5 puntos del PIB—.

“No obstante, para asegurar el cumplimiento de la recomendación europea para 2024 —lo que requiere que el crecimiento nominal del gasto primario neto financiado a nivel nacional en 2024 no supere el 2,6%—, podría resultar necesario implementar medidas compensatorias adicionales de ajuste del gasto o de incremento de los ingresos”, incide el Banco de España.

Freno al crecimiento económico

Sin duda, el Gobierno asumió una contención del gasto público en su plan presupuestario de 2024. Sus proyecciones contemplaron una moderación del crecimiento del “consumo público [inversión]” a apenas el 0,2% este año, desde el 1,9% que estimaba en 2023. La Comisión Europea manejó las mismas cifras, también en otoño.

El Banco de España observa ahora que el aumento del “consumo público” rozó el 4% el año pasado y fue uno de los principales motores del destacado avance del PIB (la economía de nuestro país creció un 2,5% 2023) y que este ejercicio se incrementará el 1,2%.

Al cierre de 2023, el nivel de PIB supera ya en casi 3 puntos porcentuales al nivel de 2019, el de antes de la crisis de la COVID. En el gráfico anterior, se ve que el consumo de las familias no concluyó la recuperación hasta el tercer trimestre del año pasado, lastrado por el golpe de las subidas de precios y por el encarecimiento de la financiación, por culpa de la agresiva estrategia del BCE para luchar contra la inflación.

En el mismo gráfico, también se identifica que uno de los principales apoyos de la actividad ha sido el gasto público, que ya es algo más de 10 puntos porcentuales más alto que en 2019, favorecido en parte por el Plan de Recuperación.

En su último informe trimestral, el Banco de España realiza el siguiente ejercicio teórico. “Con todo lo demás constante [el sector exterior, el consumo privado, la inflación, y todo los demás igual], si el consumo público no se desacelerase en 2024 de acuerdo con lo asumido en el escenario central de nuestras proyecciones, existiría un impulso al alza en la previsión de crecimiento del PIB, pero también en la de déficit público”, explica.

En el medio plazo, el cumplimiento de las reglas fiscales de la UE “requerirá el diseño y la implementación de un plan de consolidación fiscal a medio plazo que permita una corrección del déficit público estructural más acusada que la contemplada en estas proyecciones [las del Banco de España]. Si bien el impacto económico de dicho plan de ajuste es incierto —y dependerá críticamente de cómo esté diseñado—, su implementación acarrearía, previsiblemente, un menor grado de dinamismo de la actividad a lo largo del horizonte de previsiones [2024, 2025 y 2026] que el contemplado en este ejercicio de previsiones [1,9% de avance del PIB este, y otro 1,9% el próximo]”, advierte.

La abstención se ha convertido en la herramienta de la derecha para no quedarse fuera de juego ante medidas con las que están a favor pero no quieren aprobar porque las propone el Gobierno de coalición. Tanto el PP como Vox optaron por la abstención ante la suspensión de las reglas fiscales recogidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, una medida avalada por la Comisión Europea y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha adoptado ante la emergencia económica y social de la pandemia de COVID-19. Esta norma, paso previo a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, ha salido adelante este martes con el voto favorable de todas las fuerzas políticas salvo la abstención de los dos partidos de derechas y un voto en contra del diputado de Foro Asturias.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, había utilizado el argumento de mostrar la unidad ante la sociedad para pedir el voto afirmativo de todas las fuerzas políticas. Montero ha justificado la suspensión de las reglas que marcan un máximo de déficit y deuda y un techo de gasto 196.097 millones de euros, “una cifra sin precedentes para unos Presupuestos expansivos, que protejan a las familias, que defienda el Estado del Bienestar y ayuden a la recuperación económica”.

La ministra ha recordado que la suspensión de las reglas fiscales es temporal y que se mantiene el compromiso con la estabilidad presupuestaria: “La activación de la cláusulas de salvaguarda no suspende el pacto de estabilidad y crecimiento solo lo posponen”. Montero ha recriminado a los partidos de derechas que llamaran “fiesta del gasto” a lo que supone una medida para una situación de emergencia. “Este gobierno no busca soluciones en recortes presupuestarios o política de austeridad como los partidos de la derecha”, ha insistido.

Tanto la diputada del PP, Elvira Rodríguez, como el parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, coincidieron en describir la situación como catastrófica, pero achacaron el Gobierno la culpa tanto de la situación sanitaria como de la crisis económica. Rodríguez ha apuntado que la “desviación temporal pone en peligro la estabilidad fiscal a medio plazo” por lo que habría que “volver a la ortodoxia fiscal” y que deberían haber traído para el debate unas cifras de déficit y deuda aunque no fuera obligatorio cumplirlo, mientras que el diputado de la ultraderecha ha admitido que es “necesario mantener medidas expansivas, está claro, pero no se pude incrementar el gasto a su antojo” para luego avisar de que con las política del Gobierno de coalición España “podría entrar en default”.

Ciudadanos optó por un camino propio. La formación de derechas ha criticado a PP y VOX por abstenerse y al Gobierno por su “errática política económica” y plantear la medida sin unas líneas generales que definan los Presupuestos, aunque posteriormente su diputada María Muñoz Vidal ha remarcado que votarían a favor “por responsabilidad”.

Tanto el PNV como ERC, Junts per Catalunya, EH Bildu, Más País y CUP han anunciado su voto afirmativo a la suspensión de las reglas fiscales pero le han recordado la tardanza en traer una norma que aprobó hace meses Bruselas y, sobre todo, la actuación del Gobierno con el remanente de los Ayuntamientos, que supuso una derrota sonora del Ejecutivo en el Congreso.

Entre los argumentos de las fuerzas nacionalistas y de izquierdas, el diputado de Junts per Catalunya , Ferrán Bel, ha avisado al Gobierno que si quieren el apoyo de su formación a los Presupuestos, que llegarán a la Cámara en las próximas semanas, tendrán que plantear un fondo de 5.000 millones para que los municipios tengan recursos para luchar contra la pandemia. Mientras, la diputada de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha pedido al Gobierno que modifiquen el artículo 135 de la Constitución, que tras la reforma constitucional express de 2011, obliga a la estabilidad presupuestaria, y la parlamentaria del PNV, Idoia Sagastizabal, ha reclamado “revisar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para no encorsetar a las administraciones a futuro”.   

El toque exótico lo ha dado el parlamentario de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, que ha argumentado que “endeudamiento significa retroceso, pobreza y ruina y es el método que resuelve los incumplimientos de los malos gobernantes” para votar en contra de una medida respaldada por toda Europa.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado este lunes que las Comunidades Autónomas tendrán una tasa de referencia de déficit del 2,2% en 2021, tras tres horas de reunión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Al no haber reglas fiscales, las Comunidades Autónomas (CCAA) podrán endeudarse lo que quieran pero el Gobierno ha establecido esa tasa de referencia aludiendo a la responsabilidad de los Ejecutivos de las regiones.

“La Comisión Europea no ha pedido plan de reequilibrio y nosotros no se lo hemos pedido a las CCAA, habrá que ver la evolución del crecimiento en 2021. Confío en que los proyectos de Presupuestos de cada Gobierno autonómico serán razonables. El Gobierno comenzará el proceso de consolidación fiscal desde el primer día del año 2021. Hay que ponerse manos a la obra para evitar un tránsito de cuentas publicas que pongan en riesgo a las generaciones futuras”, ha comentado la ministra.

Montero ha explicado que de ese déficit propuesto a las Comunidades Autónomas, el Estado asumiría un 1,1% con  la aprobación de una transferencia extraordinaria y equilibradora de unos 13.400 millones de euros. “No vamos a exigir ajustes ni recortes pero sí una responsabilidad fiscal a las Comunidades Autónomas”, ha apuntado Montero.

La ministra ha argumentado que el 2,2% del déficit “no es una cifra al azar”, sino que recoge un 0,6% de la la consolidación del déficit previsto para este año, más los 16.000 millones, un 1,4% del PIB, de la aportación de Fondo COVID-19 abonado en 2020 y el 0,2% del PIB de menor financiación global que arroja el sistema de financiación.

La cantidad anual que recibirán las Comunidades Autónomas en 2021 asciende a 113.728 millones, 1.933 millones menos que el año anterior. Sin embargo, esa diferencia se compensa con un mayor margen de déficit público que el Gobierno se compromete a financiar a través de los mecanismos extraordinarios de liquidez.

La ministra ha añadido que las entregas a cuenta para 2021 ascenderán a 105.589,40 millones. Aunque Montero ha insistido que era la misma cantidad que en 2020, la realidad es que es 0,26% menos respecto a las entregas a cuenta de 2020. Además, lo Gobiernos regionales recibirán 9.076,04 millones por la liquidación positiva del ejercicio 2019.

La cifra del 2,2% había provocado cierto recelo entre algunas Autonomías porque el Gobierno central había acordado con el País Vasco una tasa de referencia de déficit de 2,6% en 2020 y de 2,2% en 2021. Sin embargo, Montero ha negado que se esté dando un trato de favor a Euskadi y ha insistido en que no había comparativa posible entre Administraciones ya que el déficit de las comunidades de régimen común está compensada por la asunción del 1,1% por parte de la Administración central. En el caso de Navarra, se ha acordado que  

Por otro lado, la ministra ha apuntado que España recibirá del fondo REACT-EU para reactivar sectores económicos deteriorados y reforzar el sistema sanitario y una preasignación de 12.436 millones, de los que 10.000 millones se repartirán entre las CCAA y 2.436 millones pasarán a formar parte del presupuesto del Ministerio de Sanidad, que posteriormente se repartirá entre las regiones para la adquisición de vacunas y para reforzar la atención primaria.

Diferentes posiciones en las CCAA

Los representantes de las Comunidades Autónomas han acudido a la reunión tras la decisión del Gobierno de suspender las reglas fiscales para todas las administraciones para este año y 2021, tras comunicar la Comisión Europea que extiende para el próximo año también la autorización a los Estados miembros de no estar sometidas a los objetivos de déficit, deuda y gasto público. Las reacciones a la propuesta de la ministra de Hacienda han sido diferentes.

En la Comunidad de Madrid, el consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha lanzado un discurso contradictorio en el que señalaba por un lado que la suspensión de la regla de gasto “va a abrir una senda de desequilibrios en las cuentas públicas de consecuencias muy graves” pero a la vez ha recriminado al Gobierno central que haya tardado tanto en eliminar la regla de gasto cuando la Comisión Europea lo ha hecho hace meses.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha agradecido al Gobierno central el esfuerzo por reducir la incidencia de la pandemia y ha destacado que el déficit que ha propuesto el Gobierno central será financiado al 50% por el Estado vía trasferencias y el otro 50% se podrá financiará a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Fuentes del Gobierno autonómico explican que han pedido “criterios objetivos” para el reparto del déficit. Mientras que el consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha echado en falta que “no se haya informado al detalle de las cifras que irían para cada comunidad autónoma, de ahí que es muy difícil establecer una valoración”. También ha reclamado que los fondos europeos que se repartan entre las comunidades autonómicas respondan a distintos criterios, entre ellos el reto demográfico.

Por su parte, el consejero de Hacienda y Administración Pública de La Rioja, Celso González, considera que las medidas que está tomando el Gobierno de España “van en la buena dirección para afrontar el proceso de reconstrucción social y económica”, aunque ha insistido en que el Gobierno de La Rioja “mantiene su compromiso con la responsabilidad fiscal”. Mientras, el consejero de Presidencia y Hacienda de Murcia, Javier Celdrán, ha solicitado al Ministerio de Hacienda junto con otras comunidades autónomas que se planifique un calendario para la reforma del sistema de financiación autonómica. la explicación sobre el reparto de los fondos europeos y la creación de un fondo de nivelación.

Algunas autonomías quieren saber los criterios del reparto

En esa misma línea y de forma similar a Castilla-La Mancha y Castilla y León, el conselleiro de Hacienda, Valeriano Martínez, ha reclamado conocer los criterios de reparto. Igualmente, ha dicho que aún quedan “incertidumbres” porque la propuesta de este lunes “solo cubre en términos cuantitativos una parte del problema”. “Solo cubren los recursos que provienen del sistema de financiación autonómica, las entregas a cuenta de 2021 y la liquidación del año 19 que se cobraría en el 21 -ha expuesto-. Pero en modo alguno tenemos certezas”, ha añadido, para referirse a tres cuestiones: las retribuciones de los empleados públicos, una “especie de fondo covid” para el año 21 “de un tamaño similar al que hoy se conoce” y los fondos estructurales de reactivación económica, informa Europa Press.

También Andalucía ha criticado la “falta de respuestas” por parte del Gobierno central en asuntos como las perspectivas económicas o el salario de los empleados públicos. “Desconocemos los criterios de distribución de los fondos extraordinarios para 2021 planteados en función del 1,1% del PIB. Si serán como los seguidos para el Fondo Covid o si, por el contrario, se tomará un criterio de población”, ha cuestionado el consejero Juan Bravo. La Junta de Andalucía ha defendido, además, la “responsabilidad en el gasto”, a pesar de la suspensión de la regla de gasto.

Aragón ha celebrado el oxígeno que supone la medida que supone en realidad pasar de un 0,0% de déficit, que era lo aprobado antes de la pandemia para este año, a un 2,2%. En cuanto a las entregas a cuenta que van a seguir “primadas” van a seguir “primadas”, según ha explicado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, permitirá “seguir defendiendo los pilares del estado del bienestar y evitar el sálvese quien pueda que se ha aplicado en la gestión de otras crisis pretéritas”. También se ha mostrado satisfecho el Gobierno valenciano. El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha celebrado que “el mantenimiento de las entregas a cuenta, los nuevos criterios de déficit y los fondos europeos REACT y Next Generation anunciados por la ministra Montero garantizarán la suficiencia financiera para hacer frente a la pandemia y acometer la reconstrucción con éxito”.

Nuevo cuadro macroeconómico

Esta ha sido la reunión previa para que este martes el Consejo de Ministros apruebe el nuevo cuadro macroeconómico, con una previsión de una caída del PIB de doble dígito (entre el 11% y el 13%) en 2020, así como el nuevo límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, aunque sea como elemento de referencia ya que no hay exigencia de nivel de déficit por parte de Bruselas. Es la antesala que da el pistoletazo de salida de los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

La última senda de estabilidad presupuestaria del Gobierno proyectaba un déficit público del 10,34% del PIB en 2020, hasta los 115.671 millones de euros, el mayor déficit desde el año 2012, con una caída de los ingresos del 5,3%, con 25.711 millones respecto al año pasado, hasta 461.043 millones (41,2% del PIB) y un aumento del gasto público del 10,5%, con 57.765 millones de euros más, hasta 576.714 millones (51,5% del PIB). Entonces, Montero cifró el impacto de las medidas para paliar la COVID-19 en 138.923 millones de euros.

La ministra ha señalado en otras ocasiones que el Gobierno presentará a lo largo del mes de octubre el proyecto de Presupuestos para que pueda ser aprobado “a finales de diciembre o principios de enero”. Durante el mes de septiembre, tanto ministros del PSOE como de Unidas Podemos han mantenido reuniones con diversas fuerzas políticas -desde Ciudadanos a ERC pasando por EH Bildu o el PNV- para conseguir apoyo para aprobar unas cuentas públicas prorrogadas desde 2018.

El Gobierno ha decidido suspender las reglas fiscales para todas las administraciones para este año y 2021, tras comunicar la Comisión Europea que extiende para el próximo año también la autorización a los Estados miembros de no estar sometidas a los objetivos de déficit, deuda y gasto público.

Esta ha sido una de las peticiones constantes de los presidentes de las Comunidades Autónomas, que ante los gastos que genera la pandemia y la caída de ingresos por la ralentización económica exigían una flexibilización de las tres reglas fiscales: objetivo de deuda, objetivo de déficit y regla de gasto. La suspensión también allanará el camino en la negociación presupuestaria con partidos como el PNV, ERC o EH Bildu, que recriminaron al Gobierno central su tardanza el aprobar la cláusula de salvaguarda que eliminaba las reglas fiscales cuando la Unión Europea ya lo había hecho.

El Gobierno ya rectificó tras la derrota parlamentaria de la semana pasada sobre el gasto de los ahorros de los ayuntamientos, ante la rebelión de los ayuntamientos Hacienda decidió impulsar un nuevo decreto ley con el que suspenderá la regla de gasto, prolongará la autorización para la inversión del superávit de las entidades locales y calcula que inyectará unos 3.000 millones de euros a los consistorios. Ahora eleva esa suspensión a todas las administraciones públicas.

Montero ha asegurado que el Gobierno hará efectiva esta suspensión cuando el Gobierno apruebe en el Consejo de Ministros el 'techo de gasto' a sus nuevos Presupuestos Generales del Estado y presente la nueva senda de estabilidad presupuestaria para este año y el siguiente, desglosado por sectores.

La titular de Hacienda ha justificado esta decisión para facilitar a todas las administraciones la “capacidad de poner la totalidad de los recursos al servicios de los ciudadanos” y “mantener unas políticas sociales y de estímulo económico que no deje a nadie atrás”.

No obstante, ha dicho que se suspenden las reglas fiscales, pero no la responsabilidad de España para cumplir en el futuro con el Pacto de Estabilidad presupuestaria y financiera. el Gobierno no renuncia a preservar el principio de estabilidad presupuestaria y sigue creyendo en sus beneficios, fundamentales para preservar la sostenibilidad y el futuro del Estado del Bienestar. Por tanto, el Ejecutivo se compromete a seguir reduciendo el déficit público en los próximos años, aunque la prioridad actual es combatir la pandemia, proteger a familias, autónomos y empresas y sentar las bases de la recuperación económica y social.

El Ministerio de Hacienda argumenta que La Ley de Estabilidad Presupuestaria contempla en su artículo 3 que “la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea”.

La Comisión Europea ya aprobó en marzo la cláusula general de salvaguarda que permite saltarse los objetivos de déficit para solventar los gastos en la lucha contra la pandemia, pero Hacienda decidió mantener los objetivos de déficit con la crítica de partidos como el PNV o ERC y las Comunidades Autónomas. Ahora que Bruselas ha decidido mantener dicha cláusula en 2021, el Gobierno ha dado el paso cuando tiene que mejorar el contexto de negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

Consecuencias de la suspensión

Esta medida implica que quedan suspendidos los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para 2020, así como los fijados para el período 2021-2023 aprobados por las Cortes Generales en marzo y que habían quedado desfasados en la situación actual. A pesar de ello, existirán unos niveles de déficit de referencia que servirán para permitir el funcionamiento presupuestario ordinario de ambos ejercicios, avisan desde Hacienda.

La suspensión de las reglas fiscales supone que los Planes Económicos Financieros (PEF) presentados por Comunidades Autónomas y Entidades Locales para ambos ejercicios como consecuencia del incumplimiento de los objetivos establecidos para 2019 deben considerarse superados.

La medida también contempla que la exigencia de destinar el superávit para reducir deuda, aun siendo deseable, quedará en suspenso en estos años. Asimismo, los objetivos de estabilidad ya no actuarán como límite en el destino del superávit de las CCAA y EELL para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).

Otra consecuencia relevante es que la suspensión de las reglas fiscales permitirá que los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes de tesorería para colaborar en la recuperación económica y social de España.

En cualquier caso, aunque quedan suspendidas todas las limitaciones en materia de cumplimiento de reglas fiscales, deberán mantenerse las medidas de seguimiento y supervisión, imprescindibles para el reequilibro de las finanzas públicas.

De hecho, esta suspensión no afecta al cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), o en otras normas, no vinculadas directamente con las reglas fiscales. Así, se mantienen en 2020 los términos del régimen de autorización de operaciones de endeudamiento de las CCAA y ayuntamientos, y se mantienen en vigor las obligaciones relativas al periodo medio de pago a proveedores, así como el control de su cumplimiento.

El conflicto entre el Gobierno y los alcaldes sigue empantanado a la espera de una fórmula que permita a los ayuntamientos ahorradores gastar el superávit que tienen en los bancos y que asciende a cerca de 14.000 millones de euros. Casi un mes después de que Pedro Sánchez y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, rubricaran un acuerdo en Moncloa que solo contaba con los votos favorables de los alcaldes socialistas y la abstención del representante de Unidas Podemos en la FEMP rompiendo el tradicional consenso que imperaba en este organismo, el Ejecutivo se arriesga a una derrota en el Congreso. Ningún partido –salvo el PSOE, y con algunos alcaldes muy enfadados dentro de sus filas– apoya el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros. Ante la amenaza de tumbar esa propuesta, los aliados parlamentarios de la coalición emplazaron al Ejecutivo a negociar un nuevo texto. Hacienda, sin embargo, no prevé impulsar un nuevo decreto y emplaza a los grupos a llegar a un entendimiento tramitando el decreto como proyecto de ley para que se puedan introducir cambios vía enmiendas a lo largo del procedimiento.

Pero la mayoría de partidos ya han advertido de que no les sirven modificaciones puntuales sino que el problema que encuentran es de fondo por la fórmula planteada por la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, cuyo departamento sostiene que es “la única solución técnica que se ha podido encontrar” y no contempla en este momento dar marcha atrás. La propuesta que salió del Consejo de Ministros el pasado 4 de agosto pasa por que los ayuntamientos que tengan ahorros los presten al Estado a través del Tesoro a cambio de poder invertir un total de 5.000 millones en los próximos dos años. El resto del importe se les devolvería en un periodo de diez años a partir de 2022.

El conflicto parte de las normas de contención del gasto y cumplimiento del déficit que se aprobaron en la anterior crisis y que impiden a las entidades locales endeudarse, así como gastar el grueso de su superávit. En los últimos años, con la mejora de la situación económica, se han ido introduciendo excepciones puntuales para rebajar esa prohibición genérica. El compromiso de PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo programático es derogar esa normativa, pero la urgencia de la crisis ocasionada por la pandemia de la COVID-19 ha hecho a los ayuntamientos reivindicar una solución exprés antes de que lleguen los cambios legislativos. Sin embargo, la respuesta de Hacienda, que ha tenido que negociar a fondo e incluso se ha peleado con los representantes socialistas, les parece insuficiente.

Fuentes gubernamentales señalan que esta propuesta permite a los consistorios gastar el remanente de acuerdo a las normas y sin incumplir a ojos de la UE las restricciones respecto al déficit al mismo tiempo que se inyecta liquidez en un momento que lo necesita la economía española ante la crisis que deja la pandemia.

Ninguna fuerza política, salvo el grupo socialista, está por la labor de apoyar el decreto –que tiene que convalidarse para seguir vigente en el primer pleno, que se celebrará la segunda semana de septiembre–. Todo el arco parlamentario, incluido Unidas Podemos, critica el decreto ley de Montero, que ha recibido calificaciones como “chantaje”, “incautación” o “coacción” desde los grupos de todos los colores políticos. La ministra tendrá que explicar su propuesta este lunes en una comparecencia en la Comisión de Hacienda que secundaron todos los grupos, pero ninguno parece dispuesto a aceptar la formulación en los términos en los que se publicó en el BOE. Desde el municipalismo recriminan, además, un ninguneo a los ayuntamientos frente a las comunidades, a las que el Estado ha concedido 16.000 millones a fondo perdido para combatir esta crisis.

“El Gobierno de España abandonó durante la pandemia al conjunto de los ayuntamientos, que siguen desde entonces sin recibir un solo euro de dinero público nuevo para luchar contra la pandemia y sobre todo contra la crisis económica en la que nos meten de cabeza. Por cierto, a aquellos ayuntamientos que tienen recursos suficientes se les hurta, eso sí, voluntariamente: si me das todos tus ahorros te dejo una parte y te la gastas en lo que yo te diga. Es lo que dice el Gobierno de España a los ayuntamientos, y a los que no tienen ahorros directamente les niegan la capacidad de gastarse o acceder al fondo que crea el Ministerio”, reprochó el diputado del PP Antonio González Terol, miembro de la dirección de Pablo Casado, en la Diputación Permanente en la que se debatió la comparecencia de Montero. El gran reproche desde el resto de grupos al PP, por su parte, es que fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que impuso esas restricciones en el gasto municipal y su ministro llevó sus amenazas hasta el final, tal y como conoció de primera mano el Gobierno de Ahora Madrid en la capital de España.

“O que venga aquí a explicar los motivos, o que hable con los grupos parlamentarios, o que retire el real decreto y que inmediatamente se ponga a negociar uno nuevo, o que hable de un modelo de financiación local del que hablaron hace dos años y que han dejado en agua de borrajas”, remató el vicesecretario territorial del PP en el Congreso.

No fue el único que reclamó la retirada del decreto para buscar un acuerdo con los ayuntamientos. También los aliados parlamentarios del Gobierno le instaron a llevar una nueva propuesta. “Les emplazamos a presentar un nuevo acuerdo que recoja las necesidades reales del municipalismo”, afirmó la diputada de ERC Carolina Telechea, quien defendió que “ahora más que nunca los ayuntamientos deben disponer de la totalidad de sus ahorros para recuperar la economía de pueblos y ciudades”. En términos similares se expresó el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que consideró que el planteamiento “confiscatorio” es “erróneo”: “Esto no se soluciona con trámites a través de enmiendas en una posterior tramitación como proyecto de ley de este decreto, no. La dificultad viene ya de raíz y lo que correspondería es sustituir este decreto por otro”. “En situaciones extraordinarias se han de tomar medidas extraordinarias y la medida extraordinaria no puede ser imponer un decreto a machamartillo. Creo que es el momento de rectificar, es el momento de consensuar”, dijo en esa misma dirección el diputado de Compromís, Joan Baldoví: “Le pido a la facción socialista del Gobierno que rectifique, que piense y que lleguemos realmente a un acuerdo que podamos compartir todos”.

Ni siquiera Unidas Podemos apoya esa medida, pese a que se aprobó en el Consejo de Ministros. El representante del grupo confederal en la FEMP, el alcalde de Rivasvaciamadrid, Pedro del Cura, se abstuvo en esa institución en la que los alcaldes socialistas tenían reticencias pero siguieron la disciplina de partido. “Hemos manifestado en otras ocasiones nuestras reservas a ese acuerdo, que, como se ha dicho, es más un pacto del PSOE con el propio PSOE que con el resto de formaciones políticas”, reprochó el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, que consideró que el acuerdo rubricado entre Sánchez y Caballero es “poco coherente con el acuerdo de Gobierno de coalición y con los respectivos programas electorales”. “Recentralizar y tutelar a los ayuntamientos como si fueran menorres de edad, pedirles que renuncien a su autonomía, al grueso de sus ahorros, es poco coherente”, recriminó en ese mismo debate.

“El dinero que han ahorrado los ayuntamientos y que ha salvado la presentación de cuentas del Estado ante Europa pasa ahora a destinarse a préstamos al Estado y solo aquellos ayuntamientos que lo acepten podrán disponer de parte de sus fondos para invertir en las necesidades del municipio. No sé, quizá es excesivo llamarlo chantaje pero sí es coacción”, dijo la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que recordó que PSOE y Unidas Podemos firmaron un acuerdo con la izquierda abertzale para una de las prórrogas del estado de alarma que incluía la derogación de la ley de estabilidad. Incluso la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, planteó que se reforme la legislación: “Dejémonos de temas políticos y resolvamos este tema: si tenemos que cambiar la ley orgánica y la Constitución en veinticuatro horas, las cambiamos”. Vox, Ciudadanos y JxCat también dejaron claro su rechazo a la medida del Gobierno.

“Los ayuntamientos que quieran, voluntariamente, podrán utilizar los remanentes que equivalen a los remanentes líquidos de tesorería íntegramente, sin que computen en la regla de gasto ni en el déficit. Esta fórmula consiste en hacer un préstamo de los remanentes al Estado voluntariamente –defendió la diputada del PSOE Susana Sumelzo–. Cada ayuntamiento puede decidir hacer la fórmula que le sea más ventajosa. Las obligaciones las impuso el Partido Popular, que obligó a los ayuntamientos a tener sus ahorros en el banco, mientras los ayuntamientos tenían que hacer frente a una crisis durísima, mirando a la cara a sus vecinos con sus ahorros en el banco y sin poderlos utilizar, y mientras el Gobierno del Partido Popular aprobaba amnistías fiscales. Esto sí que era insultante”.

Con esos mimbres, el Congreso tendrá que debatir el decreto ley cuando se reanude la actividad parlamentaria, pero en el Ejecutivo son conscientes de que se encaminan a una derrota en la convalidación. Aunque no es habitual, se ha producido en alguna ocasión, como los decretos sobre vivienda o el de la estiba, que fueron rechazados y los correspondientes ejecutivos tuvieron que aprobar nuevos textos para recibir el visto bueno de las Cortes.

A pesar del rechazo generalizado, Hacienda no baraja llevar al Congreso un texto diferente. “Ahora mismo no está encima de la mesa”, señalan fuentes del departamento que pilota Montero. La invitación que hacen desde el Gobierno es que se apruebe el texto y se introduzcan cambios en una tramitación parlamentaria posterior. “El próximo partido va a ser el de la votación: convalidar, no convalidar o tramitar como proyecto de ley”, dicen esas fuentes. Sin embargo, en el Gobierno creen que son los ayuntamientos los que tienen un problema provocado por la legislación que llevó a cabo el PP y que se les ha dado una solución técnica –“la única posible”, subrayan en Hacienda–.

La Federación de Municipios y Provincias (FEMP) ha aceptado este lunes el documento de Hacienda que habilita una fórmula para que los ayuntamientos y entidades locales utilicen su superávit. Tras múltiples reuniones y votaciones pospuestas, el último documento propuesto por el Gobierno ha logrado un empate en la Junta de Gobierno del organismo que aglutina a los ayuntamientos de España, después de que Unidas Podemos pasara del no a la abstención tras los últimos cambios introducidos en el documento por el departamento de María Jesús Montero. Los representantes del PSOE han votado sí y los de PP, Ciudadanos y Juns per Catalunya, no. El empate lo ha deshecho con su voto de calidad el presidente del organismo, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, del PSOE.

La propuesta de Hacienda no ha concitado el consenso que es habitual en los acuerdos de la FEMP. La Junta de Gobierno ha logrado un empate: 12 votos socialistas a favor y 12 en contra (10 del PP, uno de Cs y otro del PdeCat); la abstención de IU-Podemos-Comunes y el empate generado ha permitido recurrir al reglamento y el presidente y regidor socialista ha inclinado la balanza hacia el acuerdo. En reglamento interno de la FEMP en su artículo 29 señala que en votaciones con resultado de empate decide el voto de calidad del presidente.

Según fuentes de la negociación, el hecho de que el acuerdo no preste suficiente atención a los municipios sin remanentes ha llevado a votar en contra a PP, Cs y PdeCat.

Por su parte, el Grupo Municipalista IU-Podemos-Comunes anunciaba este domingo en un comunicado su abstención, después de reconocer “la incorporación de importantes avances” en el último documento remitido por Hacienda. La semana pasada, Caballero suspendió la reunión de la Junta de Gobierno prevista para el viernes después de que el grupo que aglutina a los ayuntamientos referenciados en Unidas Podemos anunciara su no, lo que abocaba a un fracaso en la votación.

La abstención del socio menor del Gobierno de coalición ha permitido desbloquear la negociación. A cambio, según el comunicado del grupo, Hacienda ha aceptado que este año no sea obligatorio cumplir con la regla de gasto, que las Entidades Locales participen del fondo de reconstrucción de la UE. En el lado negativo de la balanza, IU-Podemos-Comunes lamenta que no se dé “una solución” a los ayuntamientos sin superávit o sin remanentes.

Desde el PP se ha criticado la propuesta del Gobierno. Su secretario general, Teodoro García Egea, ha calificado las medidas de “confiscación”, mientras el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, ha anunciado que su grupo va a solicitar la comparecencia urgente de María Jesús Montero en el Congreso al considerar que “el PSOE ha dinamitado el consenso municipalista”, perpetrando “un ataque histórico a los ayuntamientos”. “Todos los ayuntamientos deben saber que van a tener un aliado en el PP, no le vamos a dejar solos, daremos la batalla en defensa de sus ahorros”, ha afirmado Montesinos. También ha emplazado a los ayuntamientos socialistas a situarse del lado del PP porque “esta batalla no va de colores políticos y tiene que ser conjunta en defensa de los ciudadanos”.

El acuerdo ha llegado tras semanas de negociación entre Hacienda y la cúpula de la FEMP para aprobar un documento que permita a los ayuntamientos usar el superávit y salvar la legislación actual que les impide, con carácter general, poder gastar sus remanentes de tesorería.

El texto aprobado ofrece a los ayuntamientos que pongan sus remanentes a disposición del Estado una aportación de los Presupuestos Generales del Estado de 5.000 millones de euros a fondo perdido e incorpora una “resolución política” de última hora que atiende a las entidades locales sin liquidez, uno de los puntos de más reivindicados por las formaciones políticos.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en 2012 con los votos de PP, la antigua CiU y UPyD, heredera directa de la reforma del artículo 135 de la Constitución de un año antes, impide a los ayuntamientos, de forma general, gastar su superávit. El departamento de Montero ha buscado una solución para, sin cambiar la ley, dotar a las entidades locales de 5.000 millones de euros entre 2020 y 2021.

De forma sucinta, la propuesta consiste en que los ayuntamientos que lo deseen presten al Estado todo su superávit y remanentes de tesorería, unos 14.000 millones en total. A cambio, el Gobierno este les devuelve una parte en forma de inyectará de forma directa este año y el que viene esos 5.000 millones. Además, en un plazo de diez años que empezaría a contar en 2022 se devolverá el préstamo íntegro que han realizado los ayuntamientos, con sus intereses correspondientes. Así lo ha explicado el presidente de la FEMP, Abel Caballero, tras la reunión de la dirección del organismo.

El acuerdo entiende que los ayuntamientos podrán usar este dinero en actuaciones que se desarrollen en el ámbito de la agenda urbana, movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura al objeto de que las entidades locales tengan un papel destacado en la reconstrucción del país tras la emergencia sanitaria.

Según la resolución aprobada, se creará un grupo de trabajo en la Comisión de Hacienda de la FEMP encargado de proponer medidas y actuaciones dirigidas a los gobiernos locales sin remanentes y con problemas de financiación local, además de un “seguimiento detallado” en el ámbito local de la distribución de recursos procedentes de los fondos europeos.

También contempla con cargo a los presupuestos un fondo extraordinario de 275 millones para compensar el déficit de los servicios de transporte de competencia municipal durante la pandemia. Ese fondo se podrá ampliar hasta los 400 millones de euros.

En este último documento se establecen mecanismos de apoyo a los municipios con problemas de liquidez o en riesgo financiero, se acuerda no exigir a los ayuntamientos el cumplimiento de la regla de gasto en 2020 y el compromiso de estudiar su ampliación para 2021.

Además, se incorpora que las entidades locales participen de forma directa como beneficiarias del fondo de recuperación aprobado por la Unión Europea y se constituya una mesa de trabajo para la futura reforma de la financiación local.

Las medidas recogidas en el acuerdo se deberán regular en una norma con rango de ley, en la que se establezcan plazos o procedimientos que permitan agilizar su aplicación.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) no ve clara la propuesta del Gobierno para que los ayuntamientos presten su superávit al Estado, que se lo devolverá en forma de ingresos no financieros para que los puedan invertir en cuestiones relativas a agenda urbana, cuidados y cultura. Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha señalado “que el remanente que tenga una administración tenga que pasar a otras administraciones mediante un préstamo puede desincentivar la consecución de ese superávit porque no se saben cuáles son las posibles consecuencias que pueden tener esos préstamos”, durante la presentación este jueves del Informe sobe Ejecución Presupuestaria, Deuda Pública y regla de gasto 2020.

La solución que Hacienda hizo llegar a la representación de las corporaciones locales permite a los consistorios invertir parte del remanente de tesorería que tienen inmovilizado en las entidades bancarias sin incurrir en déficit, algo que tienen prohibido según la norma de estabilidad de Cristóbal Montoro y el artículo 135 de la Constitución que se modificó en 2011. El Gobierno busca calmar a los regidores, que están en pie de guerra y amenazaban incluso con movilizaciones, incluidos algunos socialistas, porque reclaman poder gastar la totalidad del dinero que tienen ahorrado.

Cristina Herrero ha enmarcado el problema de la situación del superávit de los ayuntamientos como una de “las inconsistencias del marco fiscal antes de la crisis”, cuando la Administración Central ya descontaba de su presupuesto el superávit de las entidades locales antes de que se conociera“. La presidenta de la AIReF ha señalado que los municipios tienen una ”estabilidad y capacidad recaudatoria“ por la naturaleza de los impuestos municipales”, que no dependen del ciclo económico. También ha reconocido que el cumplimiento de la regla de gasto sobre los ayuntamientos “ha sido más restrictiva” porque otras Administraciones estaban lejos del equilibrio presupuestario, incluso cuando el gasto de las entidades locales ha sido por debajo de los límites de la regla de gasto.

Ante esta situación, Herrero ha planteado una redefinición del marco fiscal porque la situación actual “es consecuencia de un desajuste o una mala implementación de ese marco fiscal en años anteriores. Es difícil arreglar el pasado”.

“Recuperación incompleta y moderada”

Respecto a las previsiones económicas, en 2021, la AIReF espera una “recuperación incompleta y moderada” por la persistencia de las medidas de distanciamiento social, la elevada participación en la estructura productiva de las actividades con mayor interacción social, la temporalidad del empleo y una demografía empresarial con una mayor participación de pequeñas y medianas empresas más vulnerables a las dificultades de financiación, ha añadido la presidenta del organismo

La institución ha hecho una revisión de los pronósticos de la economía española. Mantiene el esquema de dos escenarios alternativos y estima una caída de la actividad económica, por su parte, se situará entre -10,1% y -12,4%, en función de la duración de la pandemia y la capacidad de recuperación de la economía española, frente al -8,9 y -11,7% estimado previamente. Respecto al déficit de las Administraciones Públicas para 2020, la AIReF pronostica que subirá al 11,9%, que podría alcanzar el 14,4% si se materializa el escenario más adverso, frente al rango del 10,9% y 13,8% planteado en mayo.

Esta mayor contracción viene marcada por la evolución adversa de algunas actividades de elevada importancia en la estructura productiva de España, que continúan afectadas de manera muy negativa por las necesarias medidas de distanciamiento social y la contracción de los flujos de turismo internacional, según ha comentado Herrero.

Esther Gordo Mora, directora de la División de Análisis Económico, ha señalado que “no hay duda de que la economía se reactiva a un ritmo rápido” pero ha puntualizado “que se parte de niveles muy bajos” y ha recordado que son “niveles de actividad inferiores a los normales en la economía española en este momento del año. En todos los casos, salvo en la construcción que tiene un mejor comportamiento, los sectores están todavía muy cerca a los niveles históricos más bajos” con datos de mediados de junio. Gordo ha remarcado que las medias aprobadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para rebajar el impacto de la pandemia de la COVID-19 han supuesto “3 puntos porcentuales del PIB en un escenario promedio”.

Los ingresos de las AAPP se situarán en el 40,3% del PIB en 2020 si se materializa cualquiera de los dos escenarios. Esto supone una revisión al alza que se debe a que las exoneraciones de cotizaciones sociales por los ERTE y para autónomos no se consideran menores ingresos en Contabilidad Nacional, sino mayores gastos en subvenciones.

Los gastos de las AAPP alcanzarán ente el 52,2% del PIB y el 54,8%. Además del efecto de la contabilización de las exoneraciones de las cotizaciones sociales como gasto en subvenciones, las nuevas medidas han elevado la previsión del gasto, junto con un incremento en la estimación de la COVID-19 en el gasto sanitario de las CCAA.

La distribución del impacto de la crisis por subsectores se ha modificado sustancialmente desde el anterior informe, asumiendo la Administración Central parte del deterioro de otros subsectores mediante transferencias. Por un lado, el Gobierno ha aprobado transferencias adicionales a los Fondos de la Seguridad Social (FSS) por importe de 15.700 millones y el Fondo no Reembolsable para CCAA por importe de 16.000 millones.  

La AIReF concluye ofreciendo una serie de recomendaciones al Gobierno para “que clarifique, cuanto antes, el marco fiscal aplicable a todas y cada una de las Administraciones Públicas y en particular de cara a la elaboración del Plan Presupuestario y los presupuestos de cada administración, lo que supone activar la cláusula de excepcionalidad prevista en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aclarar las consecuencias del incumplimiento de las reglas fiscales y fijar nuevos objetivos de estabilidad y deuda”. Además, recomienda establecer “una estrategia fiscal nacional a medio plazo que sirva de orientación fiscal y garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas” y explorar “la implementación de las propuestas efectuadas por la AIReF en los estudios de revisión del gasto o Spending Review”.

El Gobierno regional se ha reafirmado este sábado en que la desviaciones en el déficit y en la regla de gasto están certificadas con datos consolidados por la Intervención General del Estado. Este organismo sitúa el déficit público de la Comunidad Autónoma en junio en el 0,37 % (-179 millones)  y la evolución de la regla de gasto, en el 7,3 % (218 millones). 

Los objetivos iniciales fijados para la Comunidad Autónoma eran el 0,1 % y el 2,7 %, respectivamente, destaca la Consejería de Hacienda Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias en un comunicado. El área que dirige Román Rodríguez (NC) responde con estos datos a “determinadas interpretaciones políticas interesadas” que se han realizado sobre el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). 

Es decir, con datos reales y consolidados a 30 junio, Canarias precisa de una financiación de 179 millones para equilibrar su presupuesto e incurre en una desviación de la regla de gasto de 218 millones de euros, “lo que constituye una muy mala noticia”, destaca el vicepresidente Román Rodríguez.

En relación al informe de la AIReF, una proyección sobre el cierre del ejercicio 2019, el Gobierno señala que incorpora como ingreso de la Comunidad Autónoma los anticipos a cuenta de la financiación autonómica, que no se han materializado a día de hoy, y que no computa como gasto la reducción de jornada del personal docente y sanitario, puesto que ésta tendrá efecto en el segundo semestre del año.

Así se explica por qué este último informe no supone ninguna novedad con el anterior publicado por la misma Autoridad, que textualmente señala en ambos casos que “se considera muy probable que la Comunidad Autónoma de Canarias cumpla el objetivo de estabilidad de 2019 del -0,1% del PIB, con un riesgo alto de incumplimiento de la regla de gasto”.

No obstante, y a la vista de los datos consolidados, publicados periódicamente por la Intervención General de la Administración del Estado, y de los requerimientos efectuados por el Estado, el Gobierno de Canarias ha adoptado medidas correctoras para equilibrar el presupuesto de la Comunidad Autónoma y hacer frente tanto a la merma de ingresos como al incremento de los gastos.

Las medidas, que se han anticipado para evitar el incumplimiento de las reglas fiscales, se articulan en una doble vertiente: por un lado, la reclamación al Estado de las cantidades pendientes de transferir, y por otro, la reasignación de 170 millones de euros en créditos presupuestarios no esenciales que irán destinados ahora al pago de las nóminas del personal de Educación y Sanidad.

El Gobierno de Canarias insiste en que continuará trabajando al objeto de cuadrar las cuentas públicas, garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales y cumplir el precepto constitucional de Estabilidad Presupuestaria.

Los alcaldes recibirán algo de oxígeno financiero pero será después de las elecciones del 26 de mayo. El Gobierno aprobó hace más de una semana el decreto ley con el que levanta la mano para que los consistorios, cuyo gasto está constreñido desde 2013, cuando Cristóbal Montoro impuso una regla de gasto que limita sustancialmente su capacidad inversora, puedan gastar su superávit. Ni siquiera los cumplidores que consiguen superávit (ingresar más de lo que gastan) pueden utilizar el excedente. En los últimos años, esa norma se ha suavizado en la práctica y el Gobierno de Mariano Rajoy y ahora el de Pedro Sánchez han ido permitiendo que los municipios que cumplan una serie de condiciones utilicen el superávit.

El pasado año los ayuntamientos pudieron gastar un total de 1.268 millones de euros del superávit que habían logrado el año anterior, según los datos de la ministra María Jesús Montero. Ahora podrán invertir el excedente acumulado en 2018 gracias a un decreto ley que fue aprobado por el Gobierno y convalidado el miércoles por el Congreso. En Hacienda no tienen por ahora el dato de a cuánto asciende el superávit de los ayuntamientos y la cifra global se conocerá cuando vayan licitando las inversiones que ahora les serán autorizadas.

La posibilidad de gastar el superávit es una reclamación generalizada de los ayuntamientos independientemente de su color político. Sin embargo, el 'regalo' que les ha llegado en forma de decreto ley es insuficiente para muchos de ellos, que critican no poder invertirlo en lo que les “dé la gana” –aunque agradecen que el Gobierno de Pedro Sánchez haya ampliado los conceptos de gasto– y, en el caso de los alcaldes de la órbita de Podemos, también critican que se priorice el pago de deuda.

“Los alcaldes están encantados porque van a poder invertir cantidades importantes”, afirma el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el socialista Abel Caballero, que celebra, además, que las condiciones para esas inversiones se hayan ampliado: “No poderlo gastar por ley orgánica es una imposición del PP en 2013. Se limitaba mucho y cuando se permitía era en inversiones financieramente sostenibles (obras en la práctica para infraestructuras de carácter viario)”, explica Caballero.

Las inversiones financieramente sostenibles las resume en aquellas que no supusieran “un gasto posterior, por ejemplo una escuela o una biblioteca” cuyo funcionamiento en los años siguientes conllevaría un gasto. “Ahora se amplía a cultura, sanidad, escuelas infantiles...”, enumera Caballero, que pone como ejemplo al Ayuntamiento de Manuela Carmena: “Madrid tenía mucho superávit pero no podía gastar en comprar muebles para sus escuelas”.

Sin embargo, desde el Consistorio de la capital, que ha logrado un superávit en 2018 de 1.072 millones, no se muestran tan optimistas: “El decreto es el mismo. No hay ningún cambio con respecto al del año pasado y la fecha es parecida. Podía haber mejorado”, señala el concejal de Hacienda, Jorge García Castaño: “Cualquier paso está bien porque puedes hacer reformas, pero no un cambio sustancial. Este año podemos hacer algo pero no nos va a sacar de pobres”.

Acabar con la regla de gasto de Montoro ha sido uno de los caballos de troya de esta legislatura para el gobierno municipal de Ahora Madrid, que vio cómo Hacienda le intervenía sus cuentas en 2017. “No nos vamos a conformar con esto –expresó Carlos Sánchez Mato, que era entonces concejal de Hacienda de Madrid, sobre el decreto del Gobierno–. Seguiremos exigiendo la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de la que, paradójicamente, son paladines precisamente aquellos que han sido incapaces de cuadrar sus presupuestos como sí hemos hecho nosotros allí donde hemos gobernado”, agregó el dirigente de IU.

Unidos Podemos propuso reformar la regla de gasto para eximir de ella a los consistorios con las cuentas saneadas. Al llegar a Moncloa, Sánchez se comprometió a suavizarla. Pero es uno de los deberes pendientes para la próxima legislatura, aunque el PP está hasta cierto punto de acuerdo.

Alcaldesa del PP: “Es una forma de estar intervenidos”

“Los ayuntamientos venimos demandando que podamos invertir en lo que queramos porque es una forma de estar intervenidos. Somos mayores de edad y muy responsables”, dice la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, del PP, que es vicepresidenta de la Comisión de Hacienda de la FEMP. “Daría más libertad a los ayuntamientos con cuentas saneadas para decir en qué gastamos y que no sea el Gobierno el que decida. Se lo hemos dicho a Montoro y a Montero”, dice la dirigente conservadora, que considera que el municipalismo es la parte de la política menos ideologizada.

El presidente de la FEMP recrimina al PP que haya roto “el consenso”: “No se entiende. Todos los alcaldes están de acuerdo”, reprocha Caballero. Pero la alcaldesa de Cáceres justifica el voto en contra de los de Pablo Casado al decreto ley –lo hicieron en los seis que se convalidaron el miércoles en el Congreso para denunciar electoralismo por parte del Ejecutivo–: “Me parece razonable el voto en contra, mucho bombo pero efecto práctico mínimo”.

Aunque Nevado tiene previsto invertir los seis millones de superávit que tiene Cáceres fundamentalmente en accesibilidad, zonas peatonales y dinamización del comercio local, reconoce que no llegará a tiempo antes de que su mandato concluya por las elecciones del 26 de mayo: “Pedimos en febrero que aprobara el decreto para que no se echaran encima las elecciones. Como estamos en año electoral va a ser difícil que gastemos nada porque no va a dar tiempo”, zanja Nevado.

El sentimiento es compartido por otros ayuntamientos que se han sentido agraviados con determinados titulares que acusaban a Sánchez de haber regado a los ayuntamientos con miles de millones antes de las elecciones. “Es dinero nuestro”, dice el concejal madrileño García Castaño, que prevé licitar antes del 26 de mayo unos 450 millones del superávit pero admite que los efectos de cara a los comicios serán nulos: “Antes de las elecciones se verán los efectos de las del año pasado”, explica el candidato de Más Madrid, que considera que la fórmula para invertir el superávit es “un calvario administrativo”.

“Que nos dejen gastar en lo que nos dé la gana”

“Llega mal y llega tarde. Estamos en abril y en un periodo electoral en el que solo se pueden aprobar cuestiones ordinarias”, critica la primera teniente de alcalde de Santiago, María Rozas. “Era una demanda de la FEMP desde el inicio del mandato. Han hecho una propuesta muy similar a la del año pasado, pero con muy poco margen de tiempo para los ayuntamientos”, remata.

El Ayuntamiento de Martiño Noriega tiene unos siete millones de los que ahora podrá disponer, pero critica que la propuesta del Gobierno de Sánchez “tiene pocas diferencias con Montoro: ”Una parte tiene que destinarse a la amortización anticipada de la deuda“, es decir, al pago de facturas, ”es cierto que incluye más conceptos sociales, pero la filosofía es la misma: primero la deuda con las entidades financieras“. La concejala de Hacienda de Santiago denuncia que ”lo que hay detrás de esa filosofía es quitar la autonomía a las entidades locales“: ”Puede ser interesante para obras y escuelas, pero a lo mejor la necesidad del Ayuntamiento es otra, como gasto social, contratación de personal , política de empleo...“, dice poniéndose como ejemplo.

“Lo de la regla de gasto y las inversiones financieramente sostenibles es un rollo que se inventó Montoro. Que nos dejen gastar en lo que nos dé la gana”, dice el alcalde socialista de Cañada Rosal, un municipio de unos 3.500 habitantes a 90 kilómetros de Sevilla. En su caso, se beneficiará de unos 203.000 euros a través del Plan Supera 7 de la Diputación Provincial, que reparte unos 53 millones entre los municipios sevillanos. Rodrigo Rodríguez Hans aún está estudiando en qué invertir: equipamiento deportivo, señalización... El año pasado usó ese dinero para arreglar parte de una carretera o para un coche de la policía municipal, según relata a eldiario.es.

“Si no estuviera recogido en los Presupuestos o aprobado el decreto este plan no se activaría. No es que sea una campaña electoral porque sale todos los años pero es verdad que hemos encontrado más margen, más flexibilización”, dice este regidor del PSOE, que reprocha a quienes se quejan de que las inversiones no tendrán efecto esta legislatura que no pongan las luces largas.

En el Congreso, el decreto ley que Montero calificó de “imprescindible” salió adelante con el voto a favor de todos los grupos a excepción del PP. No obstante, los aliados parlamentarios de Sánchez durante su corto mandato le afearon que solo diera “migajas” a los ayuntamientos, según ERC, y que los siguiera “asfixiando”, como denunció Lucía Martín, candidata de En Comú con Ada Colau. La campaña se trasladó una vez más al Congreso, pero a su vuelta la financiación local será una de las tareas que han quedado pendientes.

Con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina (mayo de 2019), el acuerdo presupuestario entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Unidos Podemos amplia la capacidad y la autonomía para que los Ayuntamientos puedan dedicar más dinero a sus gatos tras años de férrea disciplina fiscal impuesta a través de la regla de gasto y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Aunque se flexibilizan las normas, la regla de gasto sigue en vigor y en el desarrollo de las medidas presupuestarias se entrevé la sombra de Bruselas en la sujeción de la capacidad financiera que se permite a los municipios. Hace dos meses la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió a modificar y cambiar el cálculo de la regla de gasto para hacerla más transparente, aunque ha dicho que el Gobierno seguirá cumpliendo con las reglas de estabilidad presupuestaria comprometidas con la Unión Europea.

Desde Unidos Podemos sostienen que no han abandonado la reivindicación de eliminar esta interpretación de la regla de gasto. “No se puede obligar a un subsector de la Administración a tener superávit”, apuntan fuentes consultadas por eldiario.es. Las mismas fuentes sostienen que esta medida estuvo contemplada en las negociaciones “hasta el último momento”. Pero que fue eliminado pese a que, apuntan, no tiene gasto presupuestario directo. “Hay una parte de cerrazón”, concluyen.

El Gobierno de Mariano Rajoy ya aprobó un decreto ley para permitir inversiones financieramente sostenibles del superávit de los ayuntamientos ante las protestas de sus alcaldes por la imposibilidad de dedicar los excedentes para financiar un presupuesto constreñido durante años. Posteriormente, la ministra de Administraciones Territoriales, Maritxell Batet, anunció una reforma de la regla de gasto y la concesión de más autonomía local para utilizar su superávit “no solo a gasto de inversión, si no también a la mejora de servicios sociales”.

Ahora el documento del pacto presupuestario entre el Gobierno socialista y Unidos Podemos recoge las propuestas esgrimidas por la ministra Batet pero es menos ambicioso en las exigencias que esgrimía una parte de la confederación de izquierdas que tiene en los 'Ayuntamientos del cambio' la punta de lanza de su estrategia política.

De esta manera, el pacto apunta al incremento del ámbito de Inversiones Financieramente Sostenibles que tiene como destino a políticas sociales. “Se va a permitir que los Ayuntamientos que tengan cuentas públicas saneadas, dediquen parte de su superávit a la financiación y mejora de las escuelas infantiles, fomento del empleo y construcción o 30 rehabilitación de viviendas, para lo cual se llevarán a cabo las correspondientes modificaciones normativas”, describe el acuerdo entre ambas formaciones.

Además, se facilita que en el presupuesto local del 2019, las entidades incluyan las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) con cargo al superávit de 2017 que se iniciaron o ejecutaron parcialmente en 2018 y que no se ha consumido totalmente o los créditos que no se han reconocido en 2018, que se financiará con parte del remanente de tesorería de ese año.

Mejor tasa de reposición del empleo para los saneados

Desde el punto de vista del empleo, el acuerdo propone que las entidades locales que en el ejercicio anterior hayan cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda y la regla de gasto tendrán una tasa de reposición de efectivos de hasta el 100% para todos los sectores, funciones y servicios. Además, podrán incorporar nuevos efectivos en los sectores y ámbitos que estimen que necesiten un refuerzo equivalente al 8% de su tasa de reposición, porcentaje que será de un 10% en los ayuntamientos que tengan además amortizada su deuda financiera.

Para estos municipios cumplidores no computará para la tasa de reposición las plazas que se convocaran para el desarrollo de nuevos servicios o ampliación de la planta como consecuencia del cumplimiento de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, especialmente en lo que hace referencia a la implantación de la administración digital y de otras leyes.

Las administraciones que no hayan cumplido con los objetivos de déficit, deuda o regla de gasto tendrán un 100% de reposición en los sectores prioritarios y un 75% en el resto, aunque no se especifica cuáles son esos sectores ni las líneas para definirlos. Además, podrán añadir un 5% en sectores o ámbitos que estimen que necesiten refuerzos. Los municipios que hayan tenido que hacerse cargo de más servicios públicos en los últimos años tendrán a su disposición una tasa adicional del 5%. La tasa de reposición de los cuerpos de la Policía Local será del 115%.

Plusvalías municipales

Para el problema de las plusvalías tras la Sentencia del Tribunal Constitucional en la que se declara inconstitucional el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana dejando en una situación de inseguridad jurídica a gobiernos locales y los ciudadanos solo se aporta “un grupo de trabajo formado por el Ministerio de Hacienda y la FEMP para la compensación a los Ayuntamientos por las cantidades que tengan que devolver a los contribuyentes por liquidaciones del impuesto anteriores a esta reforma legislativa”. No hay fechas para la creación de este grupo y sobre el pago se apunta que “será financiado con el crédito destinado a estos fines a favor de las entidades locales que recoja los Presupuestos Generales del Estado” sin más definición.

También hay un punto contra la despoblación con un presupuesto de 10 millones de euros para la creación de oficinas de Información y Acción contra la Despoblación “en al menos 20 comarcas rurales que requieran una intervención urgente” para atraer tanto a “nuevos pobladores como nuevas inversiones capaces de generar proyectos y empleo”.

Finalmente, el Gobierno impulsará, en un plazo no superior a 8 meses, la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para favorecer la compra pública de alimentos de proximidad tanto en organismos de la Administración General del Estado como de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. En esta reforma se incorporará la compra prioritaria de alimentos de proximidad como uno de los posibles criterios medioambientales y sociales a considerar por los órganos de contratación para la evaluación de las ofertas. Con esta medida se facilitar un mayor arraigo de su población y apoyar a la agricultura como un puntal de desarrollo rural.

La Comunidad de Madrid, Andalucía e Islas Baleares tienen un riesgo “alto, severo o grave” de incumplir la regla de gasto, aquella que impide gastar de un año para otro por encima de un determinado porcentaje establecido en función del crecimiento potencial de la economía, y que este ejercicio es de 2,4%, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Esta situación se dio en 2017 y se podría repetir en 2018. El incumplimiento de la regla de gasto llevó a la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid en noviembre pasado.

Pero además de estas tres comunidades, en otras diez hay un riesgo “moderado” de incumplimiento (Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana). Solo en Castilla y León, Islas Canarias, Aragón y La Rioja el riesgo de no respetar la citada regla de estabilidad presupuestaria es bajo.

Este riesgo “generalizado” de incumplimiento se puede explicar entre otras cosas por los vaivenes del Ministerio de Hacienda a la hora de fijar qué se considera gasto computable, según fuentes de la AIReF. Por ello, una de las recomendaciones de este organismo de vigilancia de las cuentas públicas irá dirigida a garantizar la estabilidad en el cálculo de la regla de gasto. “Para nosotros y para las administraciones es muy difícil ver la evolución del gasto computable, ya que cada año se han aplicado distintos criterios”, aseguran las citadas fuentes.

Además, consideran que la regla de gasto tiene que reforzarse con el objetivo de estabilidad, “si no, encontramos situaciones en las que cumpliendo holgadamente el objetivo de déficit hay un riesgo generalizado de incumplir la regla de gasto”.

La regla de gasto lleva en vigor desde 2012 como parte de las imposiciones establecidas por la Unión Europea para controlar los presupuestos en España y evitar una escalada del déficit.

AIReF ve necesario reformar y “cuidar” la regla de gasto

Según la AIReF, la regla de gasto tiene precisamente ahora que se van consiguiendo los objetivos de estabilidad presupuestaria su mayor relevancia. “Cuidemosla, las administraciones deben conocerla de antemano, y ser replicable. Esas modificaciones anuales son un poco chocantes”, aseguran.

De hecho, la introducción de un criterio de flexibilización de la regla para las comunidades autónomas en los Presupuestos Generales del Estado les ha “chocado”, aunque no creen que vaya a tener mucha aplicación en tras comunidades aparte de Baleares y Canarias a corto plazo.

“Tenemos tres reglas de gasto (Estado, CCAA y Ayuntamientos) y los requisitos para las comunidades son menos exigentes que para los ayuntamientos”, han explicado.

Lo que pide la AIReF es que se mejore la regla de gasto para acabar con situaciones “de inseguridad”. “No tanto una reforma de la ley de estabilidad, pero sí un reglamento o norma que por lo menos aclarara los criterios de cálculo. Nos encontramos en una situación de inseguridad en cuanto a cuáles son los criterios que se van a aplicar cada año en una regla con clara vocación de medio plazo”. “Se nos ha dicho que la aplicación de la regla de gasto está muy clara, pero creemos que no lo está y el problema es que este debate no existe”, afirman.

Reunión con Hacienda para tratar la subida de pensiones

Preguntados por las novedades introducidas en el proceso de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas, los portavoces de AIReF han explicado que necesitan aclaración sobre varios aspectos que conciernen estas medidas (las más importantes son la subida de pensiones según IPC y la introducción de nuevos impuestos para sufragarlo, como un impuesto a las empresas tecnológicas). “Tenemos dudas sobre todo sobre los ingresos que se han anunciado para financiarlo”, aseguran. Por ello, han solicitado una reunión con el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

De hecho, por ley la AIReF tendría que haber emitido un informe previo al envío del Programa de Estabilidad, aunque esto no ha sido posible porque lo han conocido al mismo tiempo que la Comisión Europea (el pasado 30 de abril a las 12 de la noche).

En todo caso, han señalado que “cualquier medida que suponga un empeoramiento hace más difícil cumplir el objetivo” de déficit.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ve “muy improbable” que Murcia cumpla este año el objetivo de déficit del 0,4 % del PIB y también considera “improbable” que lo consigan Extremadura y la Comunidad Valenciana.

No obstante y según fuentes de la AIReF, que ha hecho público un informe sobre los Presupuestos Iniciales de las Comunidades Autónomas, el resto de las regiones cumplirán el objetivo de déficit con “holgura”, informa EFE.

El portavoz del Grupo municipal regionalista, José María Fuentes-Pila, ha criticado hoy la “pésima gestión” de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, “también” en el ámbito económico, después de que en el primer ejercicio completo como regidora, 2017, incumpliese la regla de gasto por una actuación que tuvo como “protagonistas” el bajo grado de ejecución del presupuestos de gastos, las facturas en el cajón y el “despilfarro y la improvisación” en el Metro-TUS.

El regionalista se ha expresado de este modo después de la celebración hoy de una Comisión de Economía y Hacienda, en la que se ha aprobado con los votos a favor del PP y el concejal no adscrito ex de Ciudadanos, David González, el Plan Económico Financiero 2018-2019, el instrumento que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria para las administraciones que, como Santander, hayan incumplido la regla de gasto.

Según ha recordado Fuentes-Pila, la regla de gasto se aplicó por primera vez en el ejercicio 2013, después de la entrada en vigor de la Ley el ejercicio anterior.

“A Gema Igual sólo le ha hecho falta un año al frente del Ayuntamiento para incumplirlo”, extremo que, a su juicio, viene a demostrar que “tampoco en el ámbito económico es capaz de desarrollar una gestión a la altura de lo que se merecen los santanderinos”.

Así, ha apuntado que, según establece el Plan aprobado hoy en Comisión, durante este año el Ayuntamiento no podrá disponer de 4,7 millones de euros consignados en las cuentas de 2018. “Si el presupuesto ya era una ficción antes, ahora directamente es papel mojado”, ha enfatizado al respecto.

“Tenemos un equipo de Gobierno que ha mentido, como con el CV de la alcaldesa; que toma decisión en contra de los intereses de los santanderinos, como el Metro-Tus o los espigones; y que ni siquiera es capaz de desarrollar una gestión que cumpla la ley en la gestión de nuestros impuestos”, ha lamentado Fuentes-Pila.

“Minimizar”

Por otra parte, el regionalista ha lamentado el “burdo intento” del Partido Popular de “minimizar” la importancia de este “suspenso rotundo” a la gestión del equipo de Gobierno, que le imponen “sus propios compañeros de partido en el Ministerio de Hacienda”. “Aquí no hay herencias recibidas ni administraciones enemigas, aquí es un PP incapaz de sacar adelante un Ayuntamiento que llevan gestionando décadas”.

En este sentido, ha recordado que esta legislatura, el “tándem De la Serna-Igual” ha “conseguido” el honor de obtener reparos de, entre otros, el Tribunal de Cuentas, que estableció que en 2015 no se realizaron actuaciones de control financiero, el Consejo de la Transparencia --que señaló que el Ayuntamiento incumplió los plazos de acceso a la información-- y, ahora, del Ministerio de Hacienda.

“Por mucho dinero que se gasten en publicidad, por mucho eslogan y titular, la realidad es que tenemos un equipo de Gobierno que gestiona mal nuestro dinero y que es oscurantista”, ha resumido.

El regionalista ha aludido también al “singular protagonismo” del “fiasco del Metro-TUS” en el incumplimiento de la deuda de gasto, con una incidencia global del servicio de transporte en la desviación de más de 6,3 millones de euros. “No solo han perjudicado a todos los usuarios del TUS sino que ha supuesto un quebranto económico brutal”, ha enfatizado.

Además, ha lamentado que todos estos “incumplimientos” que han llevado a la ruptura de la regla de gasto se han producido “a espaldas de los ciudadanos”, con la aprobación de obligaciones sin debate presupuestario “con la mano cómplice del concejal 14”, en alusión a David González.

Por último, ha considerado que los santanderinos “tienen que saber” que el incumplimiento tendrá sobre la calidad de los servicios que van a recibir. Así, ha señalado que hay actuaciones que pueden verse comprometidas o retrasadas como la rehabilitación del antiguo túnel de Tetuán o las de movilidad sostenible, revisiones de contratos a la baja como el de limpieza viaria y recogidas de basuras o parques y jardines y, por último, que puede afectar seriamente al presupuesto del 2019 y años siguientes porque reduce la base del gasto computable.

La Comunidad de Madrid incumplió la regla de gasto en 471 millones de euros en 2017. También aumentó la deuda 2.365 millones, que asciende hasta los 32.783 millones. Y tuvo un déficit de 1.025 millones. Pese a estos tres datos en negativo de la gestión económica del Gobierno de Cristina Cifuentes, el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro no ha intervenido sus cuentas ni ha pedido ajustes adicionales, como sí ha hecho con el Ayuntamiento de Madrid que incumplió la regla de gasto, pero tuvo un cuantioso superávit y no ha dejado de reducir la deuda desde que gobierna Ahora Madrid. Tampoco ha habido consecuencias para las demás comunidades autónomas que también han incumplido.

Los datos los ha hecho públicos el Ministerio de Hacienda en su informe anual sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto del ejercicio 2017. Según se desprende de este informe, Madrid fue la tercera comunidad que más incumplió la regla de gasto por detrás de Navarra y la Comunidad de Castilla y León.

Hacienda intervino las cuentas de Madrid en noviembre de 2017. El Ministerio reconocía que era la primera vez que se aplicaba esta medida a un ayuntamiento. Se produjo una fiscalización semanal para garantizar que no se tocasen partidas afectadas por acuerdos de no disponibilidad. Cada gasto sería analizado para confirmar que “no se ponía en peligro el cumplimiento de la senda de estabilidad presupuestaria”, aseguraron fuentes de Hacienda a eldiario.es.

Montoro ordenó recortes a la ciudad de Madrid por 365 millones en el ejercicio de 2017 que estaba a punto de terminar que se traducían en muchos más recortes para este año. Era el cálculo que hacía Hacienda sobre el incumplimiento que iba a tener el Ayuntamiento. Finalmente, el Ministerio y el Consistorio liderado por Manuela Carmena pactaron un plan económico financiero con esos importantes recortes para el ejercicio 2018 que supuso, mediante cese, la salida al frente del área de Economía y Hacienda del hasta entonces delegado Carlos Sánchez Mato, que se negó a apoyar este acuerdo en el Pleno municipal del 18 de diciembre.

Sánchez Mato había protagonizado la disputa con Montoro por defender que Madrid disponía de recursos necesarios para inversión social, mientras cerraba sus cuentas cada año con superávit y reducía la deuda. En sus dos años y medio al frente de Economía y Hacienda el ayuntamiento redujo más de 2.000 millones de euros de deuda y cerraba cada año con más de 1.000 millones de superávit.

Pese a estos recortes que Carmena pactó con Montoro, Madrid ha incumplido la regla de gasto en 2017 en 143 millones. Este dato en negativo, se compensa con un superávit de 1.120 millones y un nuevo recorte de la deuda en 443 millones ese año. El plan económico pactado con Hacienda perdonaba un incumplimiento de 100 millones de euros, pero tras la liquidación del ejercicio aprobado por el Gobierno de Ahora Madrid, el exceso ha sido finalmente de 142,8 millones. Por tanto, el Gobierno de Manuela Carmena habría incumplido en 42,8 millones.

En el Pleno municipal de febrero, el Ayuntamiento aprobó un acuerdo de no disponibilidad para retener 43,8 millones de euros como le había ordenado Hacienda por ese exceso. Ahora, según ha podido saber eldiario.es, Hacienda ha pedido otro nuevo acuerdo de no disponibilidad al ayuntamiento por 64,6 millones que irán al próximo pleno. La razón: el pago de una sentencia judicial por una decisión del Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón que el ayuntamiento debía haber pagado en 2017 y retrasó a 2018. Dos acuerdos de no disponibilidad que, en cambio, no se han exigido a la Comunidad de Madrid que ha incumplido en 471 millones de euros , ni a ninguna de las comunidades que también han rebasado el objetivo de estabilidad.

“Medidas coercitivas solo a sus adversarios políticos”

Desde el área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento que ahora dirige el concejal de Ahora Madrid Jorge García Castaño consideran que “el abultado incumplimiento de la regla de gasto por parte de las comunidades autónomas en su conjunto y, en particular por parte de Castilla y León y Madrid, revela la urgente necesidad de revisar la regla de gasto”.

Por su parte, Carlos Sánchez Mato, el exconcejal de Economía y Hacienda que lideró el pulso con Montoro y ha reducido considerablemente la deuda de la ciudad de Madrid después de que los anteriores gobiernos del PP la disparasen, señala que las comunidades autónomas que más han incumplido la regla de gasto en 2017 están gobernadas por el PP (Castilla y León, Madrid, Murcia y La Rioja) “y a ellas Montoro no las interviene ni les da toques de atención”.

“La regla de gasto fue incumplida cuatro veces más por la Comunidad de Madrid que por el Ayuntamiento”, critica el edil a eldiario.es. “El incumplimiento ha sido muy notable: mientras que la Regla de Gasto establece el máximo de incremento en un 2,1%, estas comunidades lo han hecho en un 5,6%, 4,8%, 3,4% y 3,2% respectivamente, demostrando su nulo respeto a la regla fiscal”, considera Sánchez Mato. A su juicio, este incumplimiento se debe a que “se saben impunes porque el Ministerio solo aplica medidas coercitivas a sus adversarios políticos”.

“Es evidente que no es la estabilidad presupuestaria el objetivo sino más bien sabotear la acción de gobierno de adversarios políticos que han demostrado una capacidad de gestión notable frente a la deficiente actuación del gobierno de Rajoy. Hemos demostrado que se puede compatibilizar el buen uso del dinero público con mayor inversión e inversión social”, asegura el también dirigente de Izquierda Unida.

Barcelona tiene desde este sábado sus ansiados presupuestos para 2018. Se han aprobado automáticamente después de que venciera el plazo de la cuestión de confianza, a la que se sometió la alcaldesa Ada Colau, por segundo año seguido, tras no alcanzar una mayoría suficiente en el pleno para sacar adelante las cuentas.

“El transatlántico se ha movido hacia la inversión social”, ha manifestado el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, satisfecho al constatar que el Ayuntamiento dispone ya de unos presupuestos que alcanzan los 2.210,4 millones de euros en gasto corriente, 62 millones más que el año anterior, lo que supone una subida del 2,7%. Si se compara con el año en que llegó Colau, el aumento es de 269 millones.

Desde entonces hasta 2018, el gasto en servicios sociales y promoción social ha aumentado un 27%, algo de lo que presumen en Barcelona en Comú. Sin embargo, el incremento se dio sobre todo al inicio de la legislatura. Respecto a 2017, esta partida sube un 4,3%, mientras que otras, como educación, medio ambiente o cultura, quedan prácticamente congeladas en comparación con el año pasado.

La partida más beneficiada en 2018 será la del transporte público, que aumenta un 14% sobre la de las cuentas anteriores hasta los 174,7 millones. La idea de Colau es mejorar la red pública, sobre todo la de los autobuses en los barrios más alejados del centro, aunque el principal foco esté ahora sobre la conexión del tranvía por la Diagonal y el primer aumento de tarifas en tres años.

Los presupuestos permitirán también abrir el grifo del Plan de Barrios, medida “estrella” según Pisarello, que empieza en 2018 su fase de inversión después de pasar por el diagnóstico. Así, destinarán 50 millones sobre todo a los distritos más desfavorecidos, como Besòs o Ciutat Vella. El plan consiste en una serie de pequeñas inversiones sociales y urbanísticas que pueden ir desde subvenciones a entidades educativas o culturales hasta obras de accesibilidad en la vía pública.

El horizonte electoral, cada vez más cerca

La forma con la que Colau ha conseguido sus presupuestos evidencian la situación actual de su Gobierno. Tuvo que recurrir a la cuestión de confianza porque está lejos de una mayoría estable en el pleno (aunque para las cuentas logró la abstención de ERC y PDeCAT), pero a su vez la oposición es incapaz de conformar una alternativa. Los partidos contaron con 30 días para hacerlo tras la activación de la cuestión de confianza, pero ni siquiera se lo llegaron a plantear, como el año pasado.

Dicho de otro modo, el horizonte electoral que apremia a Colau a aprobar unos presupuestos que le permiten ampliar el gasto en un año clave es el mismo que lleva a los demás grupos a marcar perfil propio en todas las negociaciones.

Pisarello ha sido especialmente duro con los socialistas, hasta hace unos meses sus socios de Gobierno, de quienes esperaban conseguir una decisiva abstención en los presupuestos pero que acabaron votando en contra. “Lamentablemente el PSC a última hora no quiso sumarse por cálculos electorales que no compartimos”, ha lanzado el teniente de alcalde.

También ha remarcado Pisarello que se mantendrán las contrapartidas acordadas con PDeCAT y ERC para lograr su abstención. Con los primeros pactaron un fondo de 1,5 millones para rebajar la tarifación social en las guarderías, mientras que con los segundos, un servicio funerario público al margen de los tanatorios. “Vamos a cumplir con estos compromisos”, ha certificado el teniente de alcalde.

Colau reduce el superávit a 1,3 millones

Además de felicitarse por las nuevas cuentas, Pisarello también ha querido recalcar que Barcelona cierra 2017 con un buen balance financiero. La liquidación de los presupuestos del año pasado dejan un superávit de 1,3 millones de euros (el año pasado fueron 98 millones), el pago a proveedores por debajo de los 30 días y una deuda de 835 millones. Esta última corresponde al 32% de los ingresos, un porcentaje sensiblemente inferior al de muchas grandes ciudades.

Con ello, Pisarello ha querido lanzar un mensaje claro al PP y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a los que acusa de querer “ahogar al municipalismo” por haber ordenado ajustes como el del Ayuntamiento de Madrid a cuenta de la regla de gasto. “Le hemos demostrado que somos los que mejor gestionamos, reduciendo el endeudamiento y aumentando el gasto social”, ha afirmado, para luego insistir que Montoro querría “en un cajón” el dinero que destinan a políticas sociales.

Extremadura, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia y Cantabria han respondido este martes a la carta que el Ministerio de Hacienda ha enviado a diez comunidades autónomas en las que habrían detectado una desviación de la regla de gasto. Unas comunidades a las que el ministerio reclama ajustes adicionales para cerrar el año 2017 dentro del objetivo marcado por el Ejecutivo: el 2,1 %.

En sus cartas, Hacienda alertaba de que en el análisis de los datos de ejecución presupuestaria y del gasto computable a estas comunidades se había apreciado una evolución que “podría poner en un posible riesgo” el cumplimiento de la regla de gasto.

Por ello, les había reclamado que informasen de las causas de esa posible desviación así como de las medidas que piensan poner en marcha para su corrección “antes del cierre del presente ejercicio”.

Andalucía

“La Junta de Andalucía cumple de sobra la regla de gasto”, ha aseverado este martes la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, en respuesta a la carta remitida por el ministro Cristóbal Montoro. De hecho, la consejera se ha preguntado que “de dónde saca el ministro que esta comunidad autónoma ha tenido un aumento del gasto del 2,8%, frente al 2,1% establecido como límite”.

Tras confirmar a eldiario.es que ha recibido el requerimiento del Ministerio, la socialista ha comentado que “no es baladí que haya llegado después de que se se hizo al Ayuntamiento de Madrid” y que acabó con la intervención de su hacienda. Por ello, la consejera ha criticado “la falta de transparencia sobre cómo computa la previsión de la cifra de la regla de gasto”, dado que no se le ha trasladado “ninguna metodología” para saber de dónde sale que Andalucía se ha situado en ese 2,8%.

Baleares

Desde la consellería de Hacienda y Administraciones Públicas de Baleares, la consellera, Catalina Cladera, ha asegurado a eldiario.es que tiene “clarísimo” que “no cumple la regla de gasto” estipulada de forma “opaca” por Cristóbal Montoro, pero considera “paradójico” que el Ministerio de Hacienda haya enviado una carta al interventor general de las Islas avisándole de una desviación de la regla de gasto cuando el archipiélago está cerca del superávit. “No entendemos la carta cuando Balears está cerca del superávit”, asegura la consellera.

“Cuando estamos cerca del superávit como en nuestro caso, que la regla de gasto opere de esta manera, con cartas del Ministerio de Hacienda, no deja de sorprender”, puntualiza Cladera. En este sentido, cuestiona qué quiere el departamento dirigido por Montoro: “¿Qué más podemos hacer en Balears, cuando llevamos nueve meses pagando a los proveedores en menos de 30 días, cuando estamos estabilizando la deuda pública y cuando el año que viene la bajaremos en términos absolutos?”.

Comunidad Valenciana

La conselleria de Hacienda y Modelo Económico valenciana ha respondido al ministerio informando de que, con fecha de 1 de diciembre pasado, se publicó la orden 16/2017, de 29 de noviembre, del conseller de Hacienda y Modelo Económico, mediante la que se ha decidido el cierre del ejercicio de 2017 con fecha de 15 de diciembre pasado. Por ello, la conselleria entiende que ya ha adoptado medidas y que cualquier otra no tendría efecto alguno, dada la fecha de comunicación y lo avanzado del ejercicio, ya que solo supondría dejar pendiente de aplicar a presupuesto gasto ya realizado en el ejercicio. Acto seguido, añade: “La única medida efectiva para el cumplimiento de las reglas fiscales es la aprobación de un nuevo modelo de financiación, tal como se determinó en la Conferencia de Presidentes celebrada en enero de 2017”.

La Conselleria insiste en “la imposibilidad material” de “adoptar en el momento actual medidas efectivas” al respecto, al tiempo que subraya que “la única medida efectiva pasa por la aprobación con carácter de urgencia del nuevo modelo de financiación autonómica”.

Extremadura

La Junta de Extremadura ha respondido al Ministerio de Hacienda que la región cumple con la regla de gasto y no a realizar ningún recorte. “En nuestro caso, no cumplimos con el déficit pero sí con la deuda y con la regla de gasto. Aunque, como ya hemos avanzado, Extremadura estará en 2018 en condiciones de cumplir con este indicador”.

En cuanto a la regla de gasto, señala que la tasa de referencia para 2017 es del 2´1%, “mientras que la región registra una tasa de variación del -1´3%”.

Murcia

El consejero murciano de Hacienda y Administraciones Públicas, Andrés Carrillo, ha señalado este martes que la Región de Murcia, “antes de este mal sistema de financiación, era la menos endeudada”.

Carrillo ha explicado, por otro lado, que el incremento del gasto en la Región de Murcia “responde a la necesidad de prestar los servicios públicos fundamentales de Educación, Sanidad y Políticas Sociales de los que somos competentes”.

“Se ha debido básicamente a la puesta en ejecución de leyes de carácter básico”, según Carrillo, quien recordó que la Comunidad Autónoma “ha impulsado actuaciones como la mejora de la gestión y las cantidades de la Renta Básica de Inserción, la Ley de Dependencia, la implantación de la LOMCE o el incremento del 1% de las retribuciones de los empleados públicos”.

Cantabria

El Ejecutivo cántabro ha facilitado a los medios la respuesta dada por el Servicio de Intervención, que no aclara si la autonomía se ajustará o no a la regla de gasto.

En el escrito, firmado el 13 de diciembre y de apenas dos hojas, el interventor general apunta que hay “una carencia de datos imprescindibles” para el cálculo de la regla de gasto y afirma que “cabe la posibilidad” de que Cantabria se sitúe “en torno a la tasa de referencia (2,1%)”.

Entre los anotaciones positivas, este funcionario destaca que el presupuesto entró en vigor con dos meses de retraso (a finales de febrero), “lo que se supone conllevará la no ejecución de parte del gasto dispuesto”, y asimismo resalta el “efecto positivo” del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno el 8 de junio para “la no disponibilidad de los créditos presupuestarios que resulten liberados”