La campaña del presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, llevó este sábado ante la justicia una supuesta interferencia de la tecnológica Meta en favor de su rival, el ultraderechista Flávio Bolsonaro.

La candidatura del líder progresista informó que decidió acudir al Tribunal Superior Electoral y presentar una denuncia ante la Agencia Nacional de Protección de Datos, tras una serie de “evidencias” de ese presunto favoritismo de la multinacional, que controla Facebook e Instagram.

Entre otras cosas, la campaña aseguró en un comunicado que algunas de las publicaciones de Lula de esta semana enfrentaron “interrupciones” en el número registrado de visualizaciones, lo que afectó de forma negativa a su alcance.

Además, afirmó que Meta ha impedido desde el viernes que la cuenta oficial de Lula publique contenidos en Instagram, una herramienta clave para cualquier campaña política.

La candidatura dijo que la empresa ha atribuido esos problemas a “fallos técnicos” que han afectado a otros anunciantes, pero aseguró no haber recibido evidencias de tal cosa.

“La completa ausencia de transparencia en los sistemas de la empresa hace que esas explicaciones sean escasas y opacas”, aseguró.

Tras quedar segundo en la primera vuelta celebrada el domingo pasado, Lula ha estrenado esta semana una nueva estrategia digital, con vídeos en nuevos formatos, para tratar de movilizar a los abstencionistas de cara a segunda vuelta del 25 de octubre.

El presidente brasileño obtuvo en la primera vuelta el 45% de los votos frente al 47% del ultraderechista Bolsonaro, con una diferencia de poco más de dos millones de papeletas.

La izquierda brasileña todavía está intentando digerir el triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, así como el tsunami del Partido Liberal (PL) y los aliados del bolsonarismo en las elecciones regionales y legislativas. Flávio consiguió 2.224.965 votos más que Luiz Inácio Lula da Silva (1,87 puntos porcentuales de diferencia). La extrema derecha avanza en el Senado. Lula pinchó ligeramente en su gran bastión, el noreste. Pero el progresismo mantiene su peso en el Congreso y una nueva generación de diputados a la izquierda de Lula entra en la cámara.

¿Ahora qué?

¿Es posible que el aspirante progresista gane en la segunda vuelta si los principales candidatos eliminados (el 7,58% de los votos) se inclinan a la derecha? “No creo que estas elecciones estén ya perdidas. En 2022, Lula pasó al segundo turno con cinco puntos de diferencia. Ahora, con menos de dos puntos es más fácil para Lula”, ha asegurado Celso Rocha de Barros, analista político del Foro de Teresina, uno de los pódcast políticos más influyentes de Brasil. Felipe Nunes, director de la encuestadora Quaest, tiene claro que Flávio Bolsonaro es el favorito y que Lula tendrá que formar un frente amplio. Sin embargo, de cara al duelo final el 25 de octubre, los números podrían no ser tan favorables para Flávio Bolsonaro como parece a primera vista.

Las alianzas de la segunda vuelta serán fundamentales para definir al próximo presidente de Brasil. A pesar de que el 7,58% de los votos de Augusto Cury (Avante, centro), Ronaldo Caiado (Partido Social Democrático, conservador), Romeu Zema (Partido Novo, liberal) y Renan Santos (Missão, extrema derecha) tiende a la derecha, Flávio Bolsonaro no tiene garantizados sus votos. La encuesta de Medio/Ideia reveló que el 55,6% de los votantes de Cury votaría a Lula, frente a un 27,8% que apoyaría a Flávio. El resto sería voto en blanco, nulo o abstención. Por otro lado, apenas un 26,4% de los votantes de Caiado votarían al heredero de Bolsonaro. Su partido es aliado de Lula. El candidato extrema derechista Renan Santos crítica fieramente a Flávio Bolsonaro y ha manifestado que no pedirá el voto para él. Por su parte, Romeu Zema, que en 2022 se convirtió en aliado de Jair Bolsonaro en la segunda vuelta, se ha quedado en la irrelevancia. 

El pastel de los abstencionistas

La gran clave de la segunda vuelta está en la bolsa gigante de abstencionistas en un país en el que es obligatorio votar: más de 33 millones, el 21% del electorado. El hecho que más beneficia a Lula es el rechazo de muchos brasileños a Flávio Bolsonaro: en algunas encuestas llega al 56%. La fuerte campaña de miedo al candidato bolsonarista que ya está en marcha puede movilizar a abstencionistas e incluso hacer que algún votante del aspirante ultraderechista se quede en casa. Está por ver si se publican nuevos escándalos: Pedro Rousseff, sobrino nieto de la expresidenta Dilma Rousseff, nuevo diputado por Minas Gerais, anunció hace unos días que la campaña de Lula tiene material altamente comprometedor contra Flávio Bolsonaro.

Congreso y Senado

Con 29 senadores, el PL se convierte en el mayor partido de una cámara ampliamente controlada por la derecha. Sin embargo, no será fácil activar procesos de impeachment contra el juez del Supremo, como solicita Flávio Bolsonaro. Apenas 49 senadores son favorables a la medida, cinco por debajo del mínimo. La cámara alta suele tener un comportamiento más moderado que el Congreso, como ocurrió con el juicio político de la presidenta Dilma Rousseff.

Para el progresismo, la fotografía del Congreso, compuesta por 513 escaños, no es tan mala. Los seis partidos de izquierda suman 118 diputados, uno más que en 2022. Si se añade en el cálculo a Avante y el Partido Verde (PV), centro levemente escorado a la izquierda con influyentes diputados progresistas, la suma alcanza 129 (mismo número que en 2022). La diferencia reside en que los partidos del centrão, inclinados a la derecha, han perdido algunos diputados, mientras que el PL gana fuerza (120). La alianza de Lula con el centrão pierde fuerza. 

Antizquierdismo

El triunfo de Flávio Bolsonaro no es sinónimo de un triunfo de la extrema derecha –no existe un 50% de fascistas en Brasil–. El antipetismo y el antilulismo, alimentados con ayuda de los grandes medios entre 2015 y 2018, están en el epicentro del triunfo del bolsonarismo. Durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), con ayuda del ecosistema de la internacional ultra, la narrativa se consolidó como un antizquierdismo furioso. Una parte importante de los votantes de Flávio Bolsonaro no se consideran bolsonaristas. La campaña de Lula tiene el desafío de tender la mano y buscar el voto entre quienes no se consideran izquierdistas y no tienen simpatía por Flávio Bolsonaro. La estrategia de Flávio para la segunda vuelta ya se ha definido: el antipetismo (contra el Partido de los Trabajadores, PT, la formación del presidente) será su combustible. 

El vigor de la extrema derecha en las urnas es incuestionable. Su fuerza se desinfló en las calles tras la prisión de Jair Bolsonaro y perdió la hegemonía de la narrativa oficial de la derrota del bolsonarismo en 2022. Sin embargo, la extrema derecha continúa cohesionada alrededor de sus líderes, mártires caídos y pautas. El sociólogo Marcos Nobre alertaba unas semanas antes de las elecciones de que la extrema derecha cuenta con un poderosísimo partido digital que actúa antes, durante y después de las elecciones. El politólogo Miguel Lago alerta de que los resultados se deben a que, desde 2018, existe una “revolución” conservadora en curso en el país. Las encuestas acertaron el voto de Lula pero subestimaron el apoyo a Flávio Bolsonaro, un voto que prefiere quedarse dentro del armario. 

Políticos influencers

La extrema derecha ha sido extremadamente exitosa a la hora de abrir las puertas a un nuevo tipo de político joven que es, básicamente, influencer en redes sociales. Nikolas Ferreira, del Partido Liberal (PL), que se convirtió en legislador en 2018, se ha alzado con 3.119.314 votos en Minas Gerais y ya es el diputado más votado de la historia. Ferreira, al que Lula definió durante la campaña como “un imbécil”, ha tenido más votos que el candidato a gobernador del PT en Minas Gerais, Patrus Ananias. El apoyo del político del PL en lives y posts en redes sociales ayudó a elegir diputados ultras en todo Brasil. Con el cable de Ferreira, Lucas Pavanato (del PL) también superó los tres millones de votos en São Paulo. Otros jóvenes influencers como el radical Kim Kataguiri consiguieron su asiento en el congreso. Particularmente, por el nuevo partido Missão, una versión kids del bolsonarismo. 

El clan Bolsonaro

El reinado de la familia Bolsonaro sigue creciendo. Los triunfos de la ex primera dama Michelle Bolsonaro (senadora), Jair Renan Bolsonaro (hijo de Jair, diputado), Carlos Bolsonaro (senador) y Renato Bolsonaro (hermano de Jair, diputado) muestran la fuerza creciente del clan Bolsonaro. Carlos Bolsonaro fue el responsable del denominado “gabinete del odio”, que operó dentro del Gobierno de Jair Bolsonaro para diseminar desinformación de forma industrial, usando dinero público. Su presencia en el Senado, donde tendrá acceso a recursos millonarios, es clave para el bolsonarismo. El resultado de Michelle Bolsonaro ha sido histórico: consigue 938.496 votos (el 29% del Distrito Federal). Su mandato, que se extiende hasta 2034, será un balón de oxígeno para el evangelismo más radical. 

Falta de renovación del PT

Mientras la extrema derecha abre la puerta a jóvenes desconocidos que no vienen de la política tradicional, el PT sigue aferrado a sus vacas sagradas y ha naufragado. Políticos de larguísima trayectoria en el partido han fracasado estrepitosamente: Patrus Ananias como candidato al gobierno de Minas Gerais, Zé Dirceu (uno de los fundadores del PT) como candidato a diputado y Gleisi Hoffman (presidenta del PT durante años) al Senado. Dos semanas antes de las elecciones, un político importante en la historia del PT explicó a este medio cómo el partido vetó nombres de gente joven potente que acabó haciendo su carrera en otros lugares.

Por el contrario, la renovación a la izquierda del PT da sus frutos en el Partido Socialismo y Liberdad (PSOL), que capitaliza la nueva política. Rick Azevedo, el antiguo trabajador de una farmacia que encendió el debate del fin de la escala 6x1 (trabajar seis días a la semana), ha sido el segundo diputado más votado en Río de Janeiro, por delante de todos los nombres históricos del PT. La activista trans Erika Hilton, abanderada de la lucha contra el 6x1, ha sido la segunda diputada más votada de São Paulo. Aunque se ha quedado por debajo del 5% de la cláusula de partidos para tener grupo propio, el PSOL consigue el acta de diputado para figuras outsiders como Renato Freitas y Jones Manuel, referentes de la lucha antirracista. 

La sucesión

Lula ha repetido su candidatura de 2022, con Geraldo Alckmin como candidato a vicepresidente. Gobernar y usar la misma fórmula para el intento de reelección transformó a Lula en sinónimo de sistema. A pesar de que Flávio Bolsonaro lleva décadas en la política profesional, consigue capturar el sentimiento contra el sistema. El movimiento de André Mendonça, ministro bolsonarista del Supremo Tribunal Federal (STF), que denunció posible corrupción de su colega Alexandre de Moraes, responsable del encarcelamiento de Jair Bolsonaro, fue clave. El electorado identificó al Supremo con Lula y el voto fue de castigo. Rescatar el pasado del candidato progresista, su papel contra la dictadura, en el inicio de la campaña, fue una buena idea, pero insuficiente. Lula aspira a su cuarto mandato. Para los más jóvenes que eran niños en sus primeros mandatos, siempre ha sido el sistema   

Si bien Lula es mitificado por la mitad de Brasil, es odiado por la otra mitad. No emociona a las nuevas generaciones. La desaprobación del Gobierno supera a su aprobación, a pesar de los buenos datos macroeconómicos. Y el rechazo a la figura de Lula se acerca el 50% en la mayoría de las encuestas. Gane o no la segunda vuelta presidencial, muchos consideran que ha llegado la hora del debate de la sucesión del líder brasileño. 

Voto evangélico

Flávio ha crecido en las ciudades más evangélicas y Lula cae en las más católicas. La polémica en torno a la Virgen de Aparecida y su condición de patrona puede haber empujado al ala radical (iglesias pentecostales) hacia Flávio. El bolsonarismo arrasó en los estados más evangélicos: la mayoría de la Amazonia y en Río de Janeiro. La periodista Thais Bernardes, directora del Instituto Orire, lanza una dura autocrítica: “Cuando transformamos a millones de evangélicos brasileños en una caricatura de gente ignorante, manipulada o atrasada, no estamos combatiendo el fundamentalismo”. El Frente Evangélico progresista que Lula creó en la campaña de 2022 puede ser clave en la segunda vuelta. El PT debe calibrar bien si vale pena seguir aireando la guerra santa (el 12 de octubre es el día de la Virgen de Aparecida). 

Seguridad

La cuestión de la seguridad ha sido central en el resultado electoral. La reelección en primera vuelta del gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defensor de la mano dura, es prueba de ello. Todos los senadores ultras elegidos en São Paulo y Río de Janeiro, que arrebataron por sorpresa el puesto a nombres de peso de la izquierda, apelan a la seguridad. También en la región sur y en el DF. La definición de los comandos de traficantes brasileños como terroristas por parte de Donald Trump ha ayudado a los candidatos de extrema derecha, pese a las políticas públicas de Lula contra las facciones criminales y a que la liberación de armas durante el Gobierno de Jair Bolsonaro reforzó al crimen organizado. 

Interferencia de Trump

La campaña brasileña ha estado marcada por las múltiples interferencias de Donald Trump. A pesar de que Lula ha citado durante la campaña el riesgo de que el triunfo de Flávio Bolsonaro signifique entregar el país a Estados Unidos, el presidente brasileño ha medido mucho sus palabras. No transformó el pleito en una disputa contra Donald Trump. En la segunda vuelta, Lula puede jugar esa carta, aunque eso podría provocar una mayor intervención de Estados Unidos. Las muchas interferencias de la plataforma Meta en contra de la izquierda han encendido todas las alarmas. Un estudio del NetLab, laboratorio de investigaciones de internet y redes sociales de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) reveló que el 68,1% de la publicidad de Meta analizado entre 16 de agosto y 16 de septiembre atacaba instituciones o levantaba sospechas sobre el proceso electoral. 

“Quiero plantar marihuana en la huerta municipal, para hacer aceite y usarlo medicinalmente”. Elenice Delgado, alcaldesa de Lima Duarte (estado de Minas Gerais), municipio del sudeste del estado de Minas Gerais, saca pecho de sus políticas públicas. La regidora del Partido de los Trabajadores (PT) habla del Centro de Atención Psicosocial, del baño público y de la Piscina Viva, con clases gratuitas de natación, fútbol, baloncesto, jiu-jitsu y judo. Elenice, que recorre esta localidad de 17.000 habitantes con un Volskwagen Fusca azul (un “escarabajo”), reconoce la importancia de ser aliada del presidente Lula da Silva. “Beneficia a la mayoría de la población, incluso a gente conservadora. Aquí, Lula ha desatascado la fila de las pruebas especializadas del hospital”, asegura.

En 2022, Lula ganó en esta localidad con el 70,37% de los votos. En 2024, Elenice Delgado conquistó su segundo mandato en la primera vuelta. En los 142 municipios de la Zona da Mata de Minas Gerais, Jair Bolsonaro apenas ganó en 11 (Lula rozó el 60% de los votos). En 22 de ellos, Lula superó el 70%.

En el comité de campaña del PT de Lima Duarte, en Vila Cruzeiro, un joven de 19 años presume que en el barrio el 97% vota al PT. “Solo el carnicero es bolsonarista. La vida de mi familia cambió con el Bolsa Familia (programa asistencial). Antes, no teníamos electrodomésticos. Apoyo a Lula porque defiendo los derechos humanos y el fin de la escala 6x1 (trabajar seis días a la semana)”, afirma Biel Santana. Pedro Teixeira, presidente del PT en Lima Duarte y también sociólogo, argumenta que el voto a Bolsonaro en la ciudad viene de la derecha tradicional. “Ganaderos que te dicen que vendían más cara la leche durante el Gobierno Bolsonaro. O jóvenes que se rebelan contra sus padres lulistas”, matiza. 

La Zona da Mata, con 2,1 millones de habitantes, se inclina a la izquierda en las elecciones presidenciales, cuya primera ronda se celebra este domingo. Y puede ayudar a que Lula gane en Minas Gerais, el segundo colegio electoral (casi 16,4 millones de votantes), el estado que sociológicamente se parece más a Brasil. Como Ohio en Estados Unidos, suele ser un termómetro electoral. Desde 1955, quien gana en Minas Gerais se lleva la presidencia. En 2022, el resultado aquí fue casi idéntico al nacional.

En Juiz de Fora, capital de la Zona da Mata, los militantes de izquierdas sienten que ganar en esta ciudad de 569.588 habitantes es clave para Minas. Y para Brasil. “En las últimas elecciones, la victoria de Minas Gerais se debió mucho al progresismo de Juiz de Fora. Lula ganó en Minas por 49.650 votos y aquí por 39.303”, asegura a elDiario.es el periodista João Paulo Oliveira, militante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). En 2022, Lula ganó a Bolsonaro por 216.606 votos en la Zona da Mata. 

Ciudad talismán

En un quiosco de periódicos de la calle Batista de Oliveira, a pocos metros de donde Jair Bolsonaro fue apuñalado durante la campaña electoral de 2018, un hombre habla de falsos profetas. “Los Bolsonaro engañaron a los gays, a las mujeres”, dice Eduardo Bento, de 52 años, mientras muestra una foto en su teléfono del expresidente ultraderechista tras la cuchillada. “Fue un montaje”, asegura. A su lado, María Elena Bastos, de 61, trabajadora del quiosco, argumenta que fue “una estrategia para ganar votos aquí, donde la mayoría es petista (que apoya al PT)”, reproduciendo una teoría de parte de la izquierda.

Tras la cuchillada de 2018, Jair Bolsonaro se alzó con la presidencia contra todo pronóstico. Para el bolsonarismo, Juiz de Fora es una ciudad talismán. Jair Bolsonaro comenzó en ella su campaña en 2022. El 9 de septiembre, Flávio Bolsonaro replicó la caminata de su padre el día de la cuchillada. El acto electoral de Lula el pasado miércoles en Juiz de Fora fue otra muestra de este carácter estratégico.

Margarida Salomão, alcaldesa de Juiz de Fora, conversa en su despacho sobre la importancia de que la ciudad, la segunda más habitada gobernada por el PT, esté alineada con el presidente. “Ellos tienen más presupuesto para activar políticas sociales que los municipios”, afirma, citando la ayuda millonaria de Lula a la región tras las inundaciones de febrero. Margarida está convencida de que el presidente va a ganar por “goleada” en una región tradicionalmente roja. En 2006, arrasó en Juiz de Fora con un 72,94% de los votos. El PT ganó las elecciones municipales en 2020. En 2022, Lula sacó 12 puntos a Bolsonaro en ciudad. En 2024, Margarida ganó en la primera vuelta.

La alcaldesa argumenta que la gente “busca soluciones para la salud, para la movilidad, para la educación” en las ciudades. ¿Gobernar Juiz de Fora ayudará en la campaña? “Ha sido un buen gobierno. Tarifa gratuita de autobuses los festivos y para los estudiantes. Desayunos y meriendas en las escuelas. 1.400 profesores para alumnos especiales. También cayeron los homicidios”, afirma.

Apoyo a Lula porque defiendo los derechos humanos y el fin de la escala 6x1 (trabajar seis días a la semana)

Biel Santana — 19 años

Biel Rocha, secretario de derechos humanos, también confía en que las políticas públicas locales ayuden a Lula. Cita la Mesa de la Ciudadanía, creada para combatir las desigualdades. “En ella gestionamos las donaciones. Nos ayuda a tener buena relación con iglesias evangélicas”, matiza. Cristiane Nasser do Valle, subsecretaria de Protección Social, resalta la importancia de políticas públicas adaptadas a cada territorio. “La extrema derecha dice que es asistencialismo. Usa la narrativa de la meritocracia para recortar lo público y abandonar al individuo a su propia suerte”, asegura en su despacho.

En el barrio periférico de Grama, Caroline Peixoto, de 29 años, conversa con dos asistentes sociales del Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS), uno de los 11 de la ciudad. Recibe orientación para solicitar ayuda económica y educación especial para su hijo con autismo. En el Centro de Convivencia de São Benedito, un barrio humilde, los niños y ancianos tienen sala de informática, infraestructuras deportivas, huerta, ludoteca, clases de música. “Trabajamos el sentimiento de pertenencia, para que se reconozcan en la comunidad”, dice Fabiana Reis, coordinadora del espacio. 

Militancia en la calle

“Olé olá, Lula, Lula”. Los cánticos flotan sobre el parque Halfeld. Banderas rojas. Altavoces escupiendo melodías. Mesitas con panfletos. Militantes repartiendo material. Tambores.

En medio del parque, Wellinton Alves –pecho cubierto de pegatinas izquierdistas, bandera en mano–, sostiene que “hay que defender la soberanía de Brasil frente a Flávio Bolsonaro y Trump”. Giane Elisa, secretaria municipal de Igualdad Racial, se une al acto, acompañada de quienes participaron en el Chá Preto (Té Negro), un encuentro en el que afrodescendientes comparten sus memorias. “Necesitamos encuentros físicos y políticas públicas de reparación con la población negra”, asegura Giane. La multitud camina por la calle Halfeld. Cruza la esquina de la cuchillada a Jair Bolsonaro gritando “¡Bora Lula! (vamos, Lula)”, que ironiza el lema bolsonarista “fora Lula (fuera, Lula)”. 

En la recta final de campaña, la ciudad está teñida de rojo. El suelo está lleno de pegatinas y santinhos de Lula (panfleto que cabe en la cartera). Hay comités de campaña en todas partes. Mesitas a mansalva. El sábado pasado, un acto tomó la entrada del teatro Central con percusión, capoeira y música. El domingo hubo una manifestación en coche.

El bolsonarismo es un movimiento social de base. Se han infiltrado en las periferias. Manipulan bien. Dicen: '¿Para qué dar dinero a lo LGBTQI+ si falta leche en el hospital?

Talita Sobral — Exconcejala del PSOL

Iluska Coutinho, profesora de comunicación de la Universidad Federal de Juiz de Fora (UFJF), piensa que la clave de la victoria local de Lula reside en la memoria obrera. “Aquí en el centro, al medio día, se escucha un silbato. Es un patrimonio inmaterial, recuperado por el Ayuntamiento, que remite a la salida de las fábricas”, afirma tras hacerse una foto con un Lula de cartón en la calle Halfeld. João Paulo de Oliveira piensa que la victoria de la izquierda puede llegar por una nueva “efervescencia cultural” de la ciudad, “por el debate político cotidiano en las calles” y por el “ecosocialismo de militantes a la izquierda del PT”. 

Bolsonarismo en tierra roja

En la calle Halfeld, un mendigo usa pegatinas de Bolsonaro. Una mujer negra grita: “Fora Lula”. En la pared del Comite de la Direita lucen dos palabras: “Bolsonarista raiz”, como se conoce al núcleo duro de los seguidores del expresidente. Al final de la calle, jóvenes vestidos de negro reparten panfletos de Renan Santos, candidato presidencial de Missão, un nuevo partido de extrema derecha. “Están más organizados. Han abierto Casas de la Derecha en los barrios”, alerta el secretario Biel Rocha. “El bolsonarismo es un movimiento social de base. Se han infiltrado en las periferias. Manipulan bien. Dicen: '¿Para qué dar dinero a lo LGBTQI+ si falta leche en el hospital?”, afirma Talita Sobral, exconcejala del PSOL.

No me gusta el culto exagerado a Lula, pero no nos queda otra

Vanda Oliveira — 67 años

¿Ganará Lula en Juiz de Fora, el espacio mitológico que el bolsonarismo sueña arrebatar a la izquierda? ¿Seguirá cumpliéndose el “quien gana en Minas, gana Brasil”? Las últimas encuestas dan una ligera ventaja a Lula en Minas Gerais. La alcaldesa Margarita Salomão piensa que la izquierda gana en la región. Y en Minas. Y en Brasil. Azuzando el miedo, apela a un voto pragmático: “Por mayor que sea la irracionalidad electoral, mucha gente no olvidará que la gestión de Jair Bolsonaro dejó 700.000 muertos durante la pandemia”.

El Supremo Tribunal Federal (STF) ha engullido la campaña electoral de Brasil. La bomba atómica cayó a comienzos de septiembre, cuando el exministro bolsonarista André Mendonça filtró supuestas conversaciones en WhatsApp entre su compañero en el Supremo Alexandre de Moraes y Daniel Vorcaro, presidente del Banco Master, protagonista del mayor escándalo de corrupción de las últimas décadas. La filtración selectiva de la investigación del Banco Master, que incumple la normativa y protege a otros miembros del Supremo, intentaba probar que Alexandre de Moraes, conocido popularmente como Xandão, recibió favores de Vorcaro, entre ellos, contratos millonarios para el despacho de abogados de su mujer. 

La filtración dejó desconcertada a la izquierda y a la campaña oficial de Lula da Silva: Xandão, que lideró el juicio contra Jair Bolsonaro y la trama golpista, puede estar implicado en el mismo caso de corrupción que salpica a Flávio Bolsonaro por la financiación irregular de la película Dark Horse, un biopic sobre su padre.

La ofensiva sobre Xandão, el villano oficial del bolsonarismo, es una bocanada de oxígeno para la campaña de Flávio: con el Supremo en el epicentro del caso de corrupción del banco Master, sus menciones en redes sociales pasaron segun un estudio de Datrix, del negativo (-34,1) al positivo (+25,2). Mientras la izquierda estaba procesando el golpe, Mendonça realizó una jugada radical: el martes ocho de septiembre cesó al director de la Policía Federal (PF), Andrei Rodrigues, por “estar espiándole”. La dimisión de Andrei Rodrigues, pieza clave en el juicio contra la trama golpista y del escándalo del Banco Master, fue ilegal, porque solo el presidente de Brasil tiene potestad para nombrar o dimitir a dicho cargo.

A ritmo de serie audiovisual, el thriller judicial dio un vuelco un día después, cuando Flávio Dino, ministro del Supremo nombrado por Lula, atendió un recurso y restituyó a Andrei Rodrigues en su puesto y reveló un nuevo escándalo de corrupción: dinero público que un diputado bolsonarista desvió ilegalmente hacia la película Dark Horse. 

El presidente del STF, Edson Fachin, estuvo fuera de juego hasta finales de la semana pasada. Presionado por la fiscalía, Xandão y el propio gobierno Lula, intervinó finalmente para intentar acabar con la guerra de medida cautelares de sus compañeros de tribunal. Por un lado, convocó una sesión extraordinaria, celebrada ayer, para que los miembros del Supremo votasen si procede investigar a Alexandre de Moraes o no. Por otro lado, ordenó levantar el secreto sobre la investigación del Banco Master que implica especialmente al campo político conservador de la clase política.

Como resultado, el escándalo de Dark Horse volvió a la luz. Y se hizo pública una sorpresa: El Supremo investigaba a Flávio Bolsonaro desde julio. André Mendonça, relator de la investigación del caso Master, lo había ocultado, así como la vinculación con el escándalo de dos de los ministros bolsonaristas del Supremo, Luiz Fux y Kassio Nunes Marques. Nuevos audios filtrados a la prensa antes de la sesión extraordinaria de ayer enfangan aún más a los ministros bolsonaristas de la suprema corte. ¿Hasta qué punto el huracán del Supremo da alas a Flávio Bolsonaro y perjudica a Lula?

Lula baja en las encuestas

El protagonismo ganado por André Mendonça, al que Jair Bolsonaro definió como “terriblemente evangélico”, ha involucrado a las iglesias en la campaña de Flávio. Incluso las poderosísimas Igreja Universal y Assembléia de Deis, que no estaban apoyando abiertamente al candidato bolsonarista, están surfeando la ola Mendonça. “Estoy viendo una serie de movimientos que dialogan mucho con esa figura de André Mendonça, que ayuda muchísimo a Flávio Bolsonaro”, aseguró Thiago Bronzatto, editor de Política del periódico O Globo, en el videopodcast Fora da Bolha.

La prestigiosa columnista Mônica Bérgamo considera que la guerra civil del Supremo “se ha mostrado peor para el presidente Lula que para el senador Flávio Bolsonaro”. Por su parte, el veterano periodista Josias de Souza tilda la situación de Lula como dramática: “Podemos decir que la crisis del STF es más perjudicial para Lula que para Bolsonaro. Aunque puede atenuarse. Hay que ver cómo reaccionarán los electores a la apertura del sigilo del Banco Master, porque ahora ya se habla de la implicación de Flávio Bolsonaro”. 

Todas las alertas se encendieron en el Partido de los Trabajadores (PT) el pasado jueves, cuando Atlas-Intel, que clavó el resultado electoral de 2022, colocó a Flávio Bolsonaro númericamente por delante de Lula en el segundo turno: 46,4% frente a 46,2%. Sin embargo, DataFolha, la encuesta más tradicional, trajo el viernes cierto alivio a las izquierdas: el 46% para Lula y el 44% para Flávio, en empate técnico. La encuesta del Quaest de este lunes, que registró un aumento de desconfianza en el Supremo, coloca de nuevo a Flávio Bolsonaro por delante: 42% de los votos en el segundo turno, frente al 40% de Lula. ¿Hay espacio para la reacción del PT?

Un Supremo radioactivo

Tras la bomba atómica de Mendonça, Lula pidió la retirada del secreto del caso Master. Unos días después, el presidente se alejó de Alexandre de Moraes, al afirmar que “si es culpable, tiene que pagar por ello”. Moraes, afirmó durante la sesión extraordinaria que jamás benefició a Daniel Vorcaro y denunció la ilegalidad e inconsistencia de las pruebas presentadas por Mendonça. Moraes acusó a Mendonça de proteger a un grupo político concreto y de ser parte de un grupo golpista, en una sesión bronca y tensa.

Flávio Dino pidió a última hora de ayer una “vista”, lo que retrasa hasta 90 días la sesión. Para la campaña política de Flávio Bolsonaro, sea cual sea el resultado de la sesión extraordinaria para evaluar la investigación contra Alexandre de Moraes, la medida es doblemente positiva. Refuerza su relato de que el Supremo es un órgano autoritario alineado con el presidente Lula. Y que la prisión de Jair Bolsonaro fue ilegal. 

El PT intenta alejarse a toda costa del huracán del Supremo, ya que considera a Moraes la kriptonita de la extrema derecha. Lula convocó el pasado domingo 13 (número asociado al PT en las urnas electrónicas) un día de militancia en todo el país. Las calles se llenaron de banderas, camisetas, actos, conciertos y caminantas rojas. Diferentes movimientos sociales y colectivos activistas están despertando del letargo para sumarse a la campaña. Por ejemplo, el influyente podcast izquierdista Calma Urgente ha activado una campaña para ayudar a llevar a los ancianos a los colegios electorales, ya que el 56,2% de los mayores de sesenta años se inclina por Lula, frente al 37,1% de Bolsonaro.

El PT quiere esquivar el huracán del Supremo para reintroducir en la campaña las políticas públicas de su gobierno: los buenos datos de empleo, la inflación controlada, la exención de impuestos a quien gana menos de 5.000 reales (unos 800 euros) o el apoyo de Lula al fin de la escala 6 x 1 (que obligaría por ley a que los trabajadores tengan dos días de descanso por semana, a la que se opone Flávio). Además, para navegar en el una campaña polarizada, sucia, sembrada de fake news y vídeos elaborados con Inteligencia Artificial, la campaña B del PT ha lanzado un site que recopila todos los casos de corrupción de Flávio Bolsonaro desde que entró en la política.

“Hay un cierto periodismo que compra y vende mentiras”. Se lo escuché recién a Lula da Silva, que anda de campaña para su reelección. Qué mejor fuente que él, que soportó la mentira, aliada mediática imprescindible del lawfare o guerra judicial. En su derrota triunfó entonces la mentira, pero hoy, siempre fiel a la verdad, sigue luchando contra la mentira.

Ni es nuevo ni extraño, la mentira es el principal vehículo de la acción política de la derecha golpista, esa que no acepta las reglas de la democracia y que nunca aceptó la libre elección del pueblo.

En una expresión nunca desmentida de Emilio Romero, periodista falangista, éste afirmó que la derecha para gobernar, en ausencia de golpe de Estado, necesita mentir porque en realidad solo gobierna para doscientas familias. Se le olvidó decir, siendo él periodista, que para que esas mentiras de la derecha progresen necesitan el efecto multiplicador de la prensa, del periodismo.

No es que en el periodismo nunca haya habido conductas digamos desviadas; en el vicio asumido, con cierta condescendencia, siempre se ha aceptado a los cronistas taurinos sobrecogedores, un pecado, pero esto es otra cosa. El problema de ahora es que la mentira se ha convertido en la materia prima de la acción política de la revolución mundial de las derechas, de la internacional de la mentira. El político miente porque sabe que su prensa o sus redes van a contribuir a su difusión.

Como acertadamente ha dicho Lula da Silva, la mentira es objeto de comercio, hay medios y periodistas que se venden o que se alquilan, según esa feliz expresión de James Petras, en su caso aplicada a las facilidades mercantiles de Felipe González. Ciertos medios dependen de la mentira, es su propia razón de ser, la viabilidad de su negocio, es un poner, es a través de la publicidad institucional o privada y otras vías. Se trata de sostener medios y periodistas, una realidad indiscutible y, por cierto, incuestionable. Se crean y se mantienen medios solo para mentir.

Recuerdo con estupor cómo la dirigencia del PP sostenía que la mentira no es un delito, quizá olvidando el falso testimonio que tanto abunda en la vida procesal de los casos que tiene el PP en todo su alrededor

Claro que la mentira apenas tiene sanción ni penal ni política. Recuerdo con estupor cómo la dirigencia del PP sostenía que la mentira no es un delito, quizá olvidando el falso testimonio que tanto abunda en la vida procesal de los casos que tiene el PP en todo su alrededor. Es cierto que el derecho es condescendiente con la mentira, sin embargo, nunca lo han sido ni las religiones ni las constituciones. Ahí está el octavo mandamiento para castigar a los cristianos mentirosos: no dirás falso testimonio ni mentirás. Ahí está la Constitución española para señalar tan solo que la información debe ser veraz. Pero a los mentirosos ni le importa su religión, ni el infierno, ni la Constitución.

A la mentira hoy la llaman bulos; bueno, es otra versión. Bulo, una palabra que trae etimología u origen del caló bul, que es verdad que quiere decir porquería pero originalmente ano u ojete, palabra nunca mejor traída como ejemplo del periodismo mentiroso, injusto evocador de un noble, según Quevedo, con otra razón, ojo del culo.

La democracia tiene un problema, una amenaza mortal en el mentiroso y en el bulo. Un demócrata será siempre fiel a la verdad y nunca a la mentira. A la verdad, semper fidelis.

La cercanía política de los dirigentes de España, Pedro Sánchez, y Brasil, Luis Inácio Lula de Silva, ambos claramente críticos con el unilateralismo deslenguado del mandatario estadounidense, Donald Trump, ha quedado de manifiesto en su reunión con motivo de la I Cumbre España - Brasil, que se ha celebrado hoy en Barcelona. “Frente a la fragmentación, la confrontación y las guerras que estamos viendo en el mundo, trasladamos un mensaje completamente distinto de confianza mutua y prosperidad compartida”, ha defendido Sánchez, que se ha referido a Lula como amigo “de España, de Europa y personal”.

Preocupados ambos por el ascenso de la ultraderecha a caballo de la desinformación y los bulos, disparados en el ecosistema de las redes sociales —una “ola reaccionaria en redes”, en palabras de Sánchez— los dirigentes han destacado la buena relación entre sus países durante un encuentro de alto nivel en el que han participado buena parte de los ministros de uno y otro Gobierno.

A nivel comercial, diplomático y político, la sintonía en la relación bilateral entre España y Brasil viene en claro aumento desde el regreso de Luis Inácio Lula da Silva al poder en 2023. En los encuentros en la Asamblea de la ONU en Nueva York y en respectivas visitas oficiales se certificó un acercamiento improbable durante el mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro.

España es el segundo mayor inversor en Brasil, por valor de más de 50.000 millones de euros anuales, mientras que Brasil ha duplicado las exportaciones a España en la última década (especialmente de petróleo). A los países los unen también importantes lazos históricos —se calcula que unos 15 millones de brasileños son descendientes de españoles—.

Fuentes del Gobierno inciden en que la “sintonía política es muy clara” entre los mandatarios y señalan que el resultado de esta es la firma hoy de múltiples acuerdos de colaboración, tras negociaciones que llevan meses en marcha, en tres grandes bloques: económico y comercial (se anuncia un pacto para la extracción y comercio de minerales críticos, imprescindibles para la industria tecnológica); innovación, ciencia y cultura; o derechos sociales, con especial foco en la igualdad de género y racial.

Así hasta 15 materias diversas, algunas extraordinariamente específicas, como las posibilidades de adaptación de la raza de vaca retinta a Brasil. La voluntad de las delegaciones es que las cumbres se regularicen, posiblemente con carácter bienal.

Las vicepresidentas segunda, Yolanda Díaz, y tercera, Sara Aagesen, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, fueron desfilando ante la mirada de Sánchez y Lula junto a sus homólogos brasileños para firmar memorandos de entendimiento en sus respectivas materias. También los titulares de Ciencia, Cultura e Igualdad, antes de la intervención de los presidentes.

Democracia y multilateralismo

Pero la colaboración entre los dirigentes va más allá del nivel bilateral. Desde 2024, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Lula y Sánchez promueven con otros líderes internacionales un foro más o menos informal en el que proponer alternativas para defender el resquebrajado orden internacional. A aquella reunión la siguieron dos el año pasado, primero en Chile en julio, auspiciada por el presidente Gabriel Boric y a la que se sumaron el colombiano Gustavo Petro y el uruguayo Yamandú Orsi, y después en septiembre, de nuevo en Nueva York con motivo de la reunión de la Asamblea General.

Esta réplica de los progresistas a la internacional de ultraderecha —hoy desmejorada por la derrota y posterior encarcelamiento por golpismo del predecesor de Lula, Jair Bolsonaro, y la reciente salida del poder del húngaro Viktor Orbán— se consolida el sábado en la que será la IV Reunión por la Defensa de la Democracia, donde la nómina de dirigentes se amplía a una quincena.

La Guerra Civil a los ojos de Lula

El presidente brasileño advirtió de la gravedad del momento presente en el plano internacional, que comparó con la propia historia de España y la Barcelona de hace 90 años, inmersa en el “horror” de la Guerra Civil, antesala de la Segunda Guerra Mundial. “Hoy asistimos atónitos a una nueva carrera armamentística”, advirtió el mandatario, que recordó que ya durante su primera etapa como presidente, en 2003, se negó a apoyar la guerra de Irak que pregonaba el entonces líder estadounidense George W. Bush. “Entiendo cuando Sánchez dice no a la guerra”, señaló, en ese sentido.

Lula y Sánchez están, así “en la misma trinchera”, en la que se pretende defender unas instituciones de una ultraderecha que solo pretende “destruirlas”, y en hacer que la democracia avance “más allá del voto” para traer “beneficios concretos a la vida de las personas”.

En la reunión del jueves hablarán los dirigentes del declive y necesidad de refuerzo del multilateralismo, que se refleja en el papel disminuido de la ONU, que “tuvo papel importante en la creación de Israel y hoy no consigue consolidar el Estado palestino”, según recordó Lula.

El dirigente brasileño reflexionó sobre los límites de la democracia y las frustraciones de la izquierda. “Cuando conocí Italia el PCI era el mayor partido comunista de Occidente. Al llegar al poder, se acabó, se desmotivó. ¿Qué sucedió? Hay que entender las causas para hacer una propuesta. Qué parte de discurso está errado, que expectativas de nuestra juventud no estamos satisfaciendo”, planteó.

Sheinbaum en Barcelona

Entre los nuevos participantes destaca la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que la semana pasada anunció que traería un mensaje de “paz” a Barcelona, tras limarse asperezas con España en los últimos meses a cuenta de la memoria del pasado colonial. La mexicana y Sánchez se reunirán brevemente aprovechando la ocasión. Otros dirigentes confirmados son el surafricano Cyril Ramaphosa, o el presidente del Consejo Europeo, ⁠António Costa.

A esta segunda cumbre se suma la Global Progressive Movilization (Movilización Progresista Global), un congreso de contenido más político en el que participan miembros de formaciones políticas internacionales —con destacada presencial del PSOE— expertos y periodistas para discutir el abordaje de cuestiones como el autoritarismo, la desigualdad salarial o las guerras culturales. Está previsto que Sánchez y Lula cierren la reunión el sábado.

Si para Sánchez la triple cita es una oportunidad para afianzar su imagen de referente progresista internacional, para Lula, que después de España pasará por Alemania y Portugal en misión comercial, supone enfriar la visita a Washington, anunciada el año pasado. Las relaciones con Trump son tensas y Lula afronta este año una nueva elección presidencial contra uno de los hijos de Bolsonaro, menos alejado en las encuestas de lo que podría esperarse tras el descalabro de su padre.

La guerra de Irán acerca a Brasil a Europa. La turbulencia geopolítica de Oriente Medio ha enfriado reunión entre el presidente de Brasil, Lula da Silva, y Donald Trump en la Casa Blanca, anunciada a finales del año pasado. Tras una invitación personal del presidente español Pedro Sánchez a comienzos de marzo, Lula decidió cambiar Washington por Barcelona, donde el viernes se celebra la primera cumbre bilateral entre España y Brasil de la historia.

En la capital catalana, Lula también participará en el encuentro Global Progressive Mobilisation y en la cuarta edición del Fórum Democracia Siempre, junto a Pedro Sánchez, el presidente colombiano Gustavo Petro y la presidente mexicana Claudia Sheinbaum, entre otros. Lula ha otorgado a su visita a España el máximo rango de importancia: acude a Barcelona con 14 ministros y un nutrido grupo de empresarios. España acumula la segunda inversión directa más elevada en Brasil durante las últimas décadas y es su octavo socio comercial. Además, las exportaciones brasileñas a España se han duplicado en la última década (especialmente de petróleo).

Tira y afloja con Trump

El conflicto bélico en Irán está dificultando el intento de Lula de recomponer relaciones diplomáticas con Donald Trump, tras un 2025 marcado por la interferencia de EEUU en la justicia brasileña. Trump vinculó directamente la aplicación de aranceles del 50% a Brasil al proceso que llevó a prisión al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. A pesar de que la diplomacia brasileña consiguió revertir el tarifazo para la mayoría de los productos, las relaciones de Lula con Trump siguen tensas.

Brasil rechazó la petición de Washington de recibir a deportados en su sistema carcelario y sigue luchando para que EEUU no declare a los comandos de traficantes Comando Vermelho y PCC como grupos terroristas, algo que abriría la puerta a una posible intervención militar en su territorio. Por otro lado, Brasilia mantiene el máximo nivel de alerta ante la posible injerencia de EEUU en las elecciones presidenciales del próximo octubre. En marzo, Brasil negó el visado a Darren Beattie, asesor del gobierno Trump, que había solicitado visitar a Bolsonaro en prisión.

Roberto Abdalla, secretario para Europa y América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores, aseguró el lunes en conferencia de prensa que la cumbre España-Brasil “servirá para la defensa del multilateralismo, del derecho internacional y de la solución pacífica de conflictos”. Fuentes diplomáticas del gobierno de Brasil reconocen a elDiario.es que el viaje de Lula a España pretende posicionar al país en el combate de las fake news, la regulación de las Big Tech y la soberanía digital. Brasil, que mostró una firme defensa de su soberanía frente a los ataques de Elon Musk, pretende aprobar este año por decreto presidencial la regulación de las grandes empresas tecnológicas, ante el bloqueo del Proyecto de Ley de las fake news en el congreso.

A su vez, Brasilia aspira a cerrar con España acuerdos sobre tierras raras y minerales críticos, algo que la entrada del acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea (entra en vigor el 1 de mayo) facilita.

Alianza contra la extrema derecha

La visita oficial de Lula a España llega en el momento de mayor sintonía política entre Pedro Sánchez y Lula da Silva. En enero, Lula dialogó con 16 jefes de estado del mundo para defender la paz y el uso del multilateralismo. En su conversación telefónica con Sánchez, ambos condenaron el “uso de la fuerza en las relaciones internacionales, sin amparo en la Carta de la ONU”. Después del inicio de los ataque de Israel y EEUU a Irán, los dos presidentes han defendido el multilateralismo y manifestado su oposición a la guerra. “Ambos compartimos nuestro deseo de que cese la guerra y se inicie cuanto antes una negociación en el marco de la legalidad internacional”, aseguró Sánchez en un mensaje en X.

Por su parte, Lula defendió en X que los dos reiteran su compromiso “con el multilateralismo como camino para la construcción de la paz y del desarrollo sostenible”. Lula también debe de abordar el multilateralismo, la desinformación y la igualdad racial y género en el Foro Democracia Siempre, según Vanessa Dolce de Faria, asesora especial del ministro de Relaciones Exteriores.

Lula y Sánchez condenaron el 'uso de la fuerza en las relaciones internacionales, sin amparo en la Carta de la ONU'

Tras Barcelona, Lula viajará a Alemania para participar en la Hannover Messe, la mayor feria industrial del mundo, donde prevé reunirse con Friedrich Merz, primer ministro alemán, y firmar acuerdos estratégicos. La mini ira europea de Lula acaba el día 21 en Lisboa, donde trabajará en acuerdos con el gobierno portugués.

El viaje a Europa supone un giro geopolítico de Lula. En el primer trimestre del año, el presidente brasileño nadó y guardó la ropa para no poner en peligro su reunión con Donald Trump, algo clave para arrebatarle a la familia Bolsonaro la interlocución directa con la Casa Blanca. Estrechando vínculos con Europa, Lula aparca y dificulta su intento de reaproximación con Trump, especialmente por su proximidad con Pedro Sánchez, crítico contra la guerra de Irán.

Transición energética y alimentos

La energía, los combustibles y la transición energética están en el epicentro de la cumbre bilateral de Barcelona. Brasil exporta a España petróleo crudo (representa el 36,8% del total de las importaciones), así como cobre (7,2% del total) y hierro. España exporta a Brasil combustibles y tecnología de energías renovables, especialmente placas solares. La presencia de grandes grupos españoles de los campos de la energía eléctrica, petróleo y gas abre espacio “para diálogo tanto en comercio cuanto en inversiones en el sector”, según un documento elaborado por la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil), a la que ha tenido acceso este medio.

A su vez, Brasil quiere sacar pecho de su producción de biocombustibles, algo que en plena crisis energética global adquiere un cariz geopolítico. En Brasil, el 20% del combustible consumido por los vehículos proviene de biocombustibles: se produce a partir de resto de caña de azúcar, maíz, soja, girasol, tubérculos, piñones e incluso de residuos orgánicos. En noviembre de 2025, Lula aseguró que “quería ir a la feria de Hannover para probar que el aceite diésel que emite menos CO2 del mundo es brasileño”.

El viaje a Europa supone un giro geopolítico de Lula. En el primer trimestre del año, el presidente brasileño nadó y guardó la ropa para no poner en peligro su reunión con Donald Trump, un intento que ahora aparca por su proximidad con Sánchez

Por otro lado, en medio de la interrupción de la cadena de suministros global debido a la guerra de Irán, la cumbre bilateral España-Brasil abordará el comercio de alimentos. España importa de Brasil soja (18,2%), pienso para animales (7,2%) y frutas tropicales. Brasil importa frutas (representa el 2% del total de sus compras).

Brasil quiere demostrar en su gira a Europa que, aparte de exportar materias primas, es una potencia tecnológica. En el pabellón de Brasil en la Hannover Messe habrá halls temáticos de automoción, software, robótica, hidrógeno verde, robótica e Inteligencia Artificial. Entre otras cosas, Lula sacará pecho en Europa de PIX, el sistema público de pagos digitales que tanto irrita a Donald Trump por arrebatar mercado a las tarjetas de crédito y a los sistemas de pago de las grandes tecnológicas estadounidenses.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron al exdiputado brasileño Alexandre Ramagem, condenado junto con el expresidente Jair Bolsonaro en el juicio por golpismo contra el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, informaron este lunes fuentes oficiales.

Ramagem fue detenido en Florida, donde se encontraba tras huir de su país en septiembre pasado, cuando recibió una pena de 16 años de cárcel por su participación en la trama golpista que, según la Corte Suprema, lideró Bolsonaro tras perder las elecciones de 2022.

El arresto, llevado a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), fue producto de “la cooperación policial internacional” entre los dos países, afirmó en un comunicado la Policía Federal de Brasil.

Medios locales y aliados del exdiputado dijeron que la detención se debió a cuestiones meramente migratorias.

Según la Fiscalía, Ramagem, que dirigió la Agencia Brasileña de Inteligencia durante la Administración de Bolsonaro (2019-2022), montó un servicio secreto paralelo para vigilar a adversarios políticos.

En septiembre pasado, en los días en que se concluía el juicio por el intento de golpe en Brasil, huyó de manera clandestina desde el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, entró en Guyana por vía terrestre y puso rumbo a Estados Unidos, de acuerdo con la prensa local.

Con todo, las autoridades brasileñas iniciaron en diciembre pasado el trámite para pedir su extradición. En paralelo, la Cámara de los Diputados le despojó de su escaño y anuló su pasaporte diplomático.

Ramagem no ha sido el único de los condenados por golpismo que huyó o intentó huir de la Justicia brasileña.

En diciembre pasado, el exdirector de la Policía de Carreteras de Brasil Silvinei Vasques, condenado a 24 años y seis meses de prisión por participar en el complot golpista, fue detenido en Paraguay mientras intentaba fugarse a El Salvador.

Además, alrededor de medio centenar de condenados por el asalto a Brasilia, cuando miles de bolsonaristas invadieron las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023, huyeron a Argentina y han sido requeridos por Brasil.

Las autoridades argentinas concedieron el estatus de refugiado a uno de ellos, identificado como Joel Borges Correa, que se fugó de su país a mediados de 2024 tras ser condenado por el ataque a Brasilia, interpretado por el Supremo como el colofón de la trama liderada por Bolsonaro.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, ha anunciado este jueves la liberación de “un número importante de personas”, que incluye a venezolanos y extranjeros —sin precisar la cifra, que se detallará “en las próximas horas”—, como un gesto unilateral para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” en el país.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha confirmado en un comunicado que cinco españoles, una de ellas con doble nacionalidad, han sido liberados. José Manuel Albares ha confirmado a elDiario.es que la hispanovenezolana es Rocía San Miguel y en una entrevista en RNE ha aclarado la identidad del resto: Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Ernesto Gorbe Cardona.

“Celebramos la liberación de los españoles que han pasado más de un año retenidos en Venezuela”, ha asegurado Pedro Sánchez. En una publicación en X, en la que ha compartido el comunicado de Exteriores, el presidente del Gobierno ha escrito que la liberación “es un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconcialiación entre los venezolanos”.

El lendahakari Imanol Pradales ha confirmado también las liberaciones de Martínez Adasme y Basoa “tras más de un año y medio detenidos injustamente”. “Ambos se encuentran bien y han sido liberados, una noticia que devuelve la tranquilidad a sus familias”, ha asegurado en una publicación en X. “Desde Euskadi seguiremos reclamando siempre el respeto a la legalidad internacional”.

Martínez Adasne y Basoa habían sido detenidos en octubre de 2024 acusados de estar implicados en un plan para llevar a cabo actos “terroristas” contra Nicolás Maduro. venzuela aseguró entonces que ambos tenían “vínculos” con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), una información el Gobierno español negó.

En la operación en la que se detuvo a los dos ciudadanos vascos también fueron arrestados dos estaodunidenses, otro ciudadano checo y una venezolana. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó entonces que ambos se encontraban cerca del aeropuerto de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas (al sur del país, en la frontera con Colombia y Brasil), “en situación irregular” y “tomando fotos”, así como que portaban armas que iban a ser utilizadas para “acometer acciones fascistas”.

Antes de conocerse la detención, en septiembre de 2024, familiares de los dos españoles presentaron una denuncia ante la Ertzaintza para denunciar su desaparación el pasado 9 de septiembre.

En su comunicado, Exteriores ha asegurado que los liberados se preparan ya para viajar a España asistidos por la Embajada española en Caracas. Según recoge la agencia Europa Press, se estima que hay en torno a una veintena de españoles encarcelados en el país caribeño, si bien la inmensa mayoría de ellos tienen doble nacionalidad.

“España, que mantiene relaciones fraternales con el pueblo venezolano, recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela”, ha asegurado Exteriores. Albares, según el Ministerio, ha podido hablar con los ciudadanos liberados.

Horas antes del comunicado, el ministro había confirmado la liberación de los presos en Venezuela y había anunciado ya que había españoles entre ellos. “Espero que en muy poco tiempo podamos emitir un comunicado oficial con toda la información y el número exacto”, había dicho en una entrevista en Malas Lenguas (TVE).

Mediación de Zapatero, Lula da Silva y Qatar

Rodríguez ha agradecido la mediación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, al reino de Qatar y “especialmente” a las instituciones del Estado. Todos, ellos, asegura, “siempre han estado al lado del pueblo de Venezuela para defender el derecho” a la “vida plena, a la autodeterminación, a la independencia y a la paz”.

El presidente del Parlamento venezolano y hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez ha asegurado que la liberación no distingue “entre tinte político, religioso, económico y social”: “Todas y todos somos venezolanos y nos amparamos bajo el mismo cielo, abrazamos la misma bandera, entonamos las notas del mismo himno”. Además, ha precisado, el proceso de excarcelación “está ocurriendo desde este mismo momento”.

Esta decisión se produce cinco días después del ataque ilegal de Estados Unidos a Venezuela, en el que murieron al menos 100 personas, según el ministro de Interior y número dos del Gobierno venezolano, Diosdado Cabello, quien ha señalalado que fallecieron “personas que nada tenían que ver con el conflicto”, entre ellas “mujeres y niños”.

La injerencia de Estados Unidos en Venezuela tras la caída de Maduro tiene una doble vertiente: tanto política como económica. La Casa Blanca admitió el miércoles que, “obviamente”, mantiene “la máxima influencia” sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez. Asimismo, a través del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, avisó de que controlará la venta del petróleo venezolano por un tiempo “indefinido” y depositará el dinero obtenido en estas transacciones en cuentas controladas por Washington.

Presos venezolanos

Además de los cinco presos españoles, hay también opositores venezolanos que han dejado la prisión con esta liberación. Por el momento se conoce la identidad del excandidato presidencial Enrique Márquez y el político y colaborador de María Corina Machado, Biagio Pilieri. Ambos se encontraban recluidos en El Helicoide, sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Márquez fue detenido el 7 de enero de 2025, tras participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y cuestionar la victoria atribuida a Nicolás Maduro por el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por rectores afines al chavismo, que no publicó los resultados detallados de la contienda, como exigía su propio cronograma.

Tras el arresto, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó que el excandidato habría propuesto celebrar un acto de investidura del candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, en una embajada venezolana en el exterior.

Activistas y dirigentes políticos habían exigido la liberación de Márquez, entre ellos el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se ha referido al opositor como su amigo.

Por su parte, Pilieri fue perseguido y arrestado el 28 de agosto de 2024, luego de participar en una manifestación en rechazo al fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que convalidó la cuestionada reelección de Maduro.

El coordinador del partido opositor Convergencia y exdiputado, quien fue también alcalde del municipio Bruzual del estado Yaracuy (norte), fue señalado, junto al dirigente Freddy Superlano y el colaborador de Machado Perkins Rocha, de divulgar las actas electorales que hizo la oposición mayoritaria con el objetivo de probar la victoria que reivindican para su candidato, González Urrutia.

El bolsonarismo, el huracán que irrumpió en la política brasileña en 2018, está tocado y hundido. La familia Bolsonaro, el clan que colocó a la extrema derecha latinoamericana en el epicentro ultra global, está siendo arrollada. La prisión de Jair Bolsonaro, decretada el martes tras un presunto intento de fuga del expresidente, representa la guinda de un intenso proceso de decadencia política cocinado a cámara rápida.

Desde que el diputado Eduardo Bolsonaro, el miembro más internacionalista del clan familiar, huyera a Estados Unidos en marzo, la extrema derecha brasileña entró en una incomprensible espiral autodestructiva. El apoyo del bolsonarismo al tarifazo de Donald Trump a los productos brasileños produjo un verdadero cortocircuito en su propia base. Mientras la extrema derecha ondeaba banderas estadounidenses en protestas cada vez más mermadas, la izquierda recuperaba los símbolos nacionales. Y Lula da Silva, aguerrido en su resistencia a Trump, se disparaba en todas las encuestas. La química entre Trump y Lula tras su breve encuentro en la sede de la ONU acabó de sellar el ocaso del clan Bolsonaro.

El presunto intento de fuga de Jair Bolsonaro de su prisión domiciliar, que provocó su detención en la superintendencia de la Policía Federal en Brasilia (PF) el pasado sábado, produjo dos poderosas imágenes que sirven de metáfora para el momento político brasileño. La primera: el expresidente intentando derretir la tobillera electrónica, fuente de un alud de memes. La segunda: una vigilia religiosa en la puerta de la casa de Jair Bolsonaro, convocada por su hijo Flavio, otrora influyente senador, que apenas congregó a un centenar de personas.

La vigilia acabó con una escena difícil de imaginar hace apenas un año: militantes bolsonaristas agrediendo al fiel evangélico Ismael Lopes, que se había presentado como pastor. Lopes, que soltó varias citas bíblicas cuando empuñó el micrófono, acabó acusando a Bolsonaro de ser el responsable de las 700.000 muertes durante la pandemia de COVID-19. La atrevida acción de Ismael Lopes, un joven progresista de 34 años que forma parte del Frente Evangélico por el Estado de Derecho, representa el desenlace del bolsonarismo como fuerza política violenta y aislada.

La prisión de Bolsonaro desbarata todos los planes de la derecha brasileña. Y abre la posibilidad, por primera vez desde que la expresidenta Dilma Rousseff sufrió un impeachment ilegal, de que la derecha tradicional se aleje del radicalismo antidemocrático del bolsonarismo.

“Jurisprudencia Lula”

La detención definitiva de Jair Bolsonaro ha tenido un perfil bajo. Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo, aprovechó la prisión preventiva del expresidente en la misma Superintendencia de la Policía Federal (PF) para decretar el inicio del cumplimiento de su condena de 27 años y 3 meses por intento de golpe de Estado. Su decisión fue estratégica: Bolsonaro cumplirá pena en el edificio donde ya se encontraba desde el sábado, no en la temida prisión de Papuda que pedía la izquierda. La prisión de los otros acusados, entre ellos el general Augusto Heleno, otorga fuerza a la histórica jornada de este martes.

Sin cámaras ni imágenes espectaculares, sin morbo excesivo ni resquicios legales para revertirla, la prisión de Bolsonaro ha huido de la espectacularización que tuvo la detención de Lula. El 7 de abril de 2018 miles de personas se reunieron en el edificio del Sindicato de los Metalúrgicos en São Bernardo do Campo (SP) para apoyar al actual presidente. Tras un discurso histórico y fotografías icónicas, Lula fue llevado hasta las instalaciones de la PF de Curitiba. Su detención fue retransmitida en directo por todas las televisiones. Y su encarcelamiento, que acabó siendo considerado ilegal por el Supremo, fortaleció el mito Lula y posibilitó su vuelta al poder.

La prisión light de Bolsonaro está siguiendo lo que la analista política Letícia Casado ha bautizado como jurisprudencia Lula. La celda de Bolsonaro tiene 12 metros cuadrados (la de Lula tenía 15 metros), aire condicionado y médicos a disposición 24 horas al día. Dando un trato similar al que recibió Lula en 2018, el Supremo evita desgaste y trata de desmantelar cualquier narrativa de persecución política.

El “incidente tobillera” es un mayúsculo tiro en el pie de Jair Bolsonaro. Aleja la posibilidad de prisión domiciliaria, enfría cualquier posible recurso, frena los apoyos a cualquier intento de amnistía y aísla al “capitán Bolsonaro”, que ya no podrá recibir demasiadas visitas en su celda. La extrema derecha teme que ni siquiera Flávio Bolsonaro conseguirá mantener la voz del expresidente viva e influyente hasta las elecciones de 2026.

Lula, en ascenso

El presidente Lula lidera todos los escenarios electorales de cara a 2026. La última encuesta de la CNT (Confederação Nacional do Transporte), divulgada el martes y que contabiliza el efecto de la prisión preventiva de Jair Bolsonaro, es un verdadero alivio para la izquierda.

Aunque el forajido Eduardo Bolsonaro corre el riesgo de ni siquiera conseguir ser candidato, acusado de crímenes de traición a la patria, CNT no le da ninguna posibilidad electoral: Lula obtendría un 49,9% frente a un 33,3% del hijo del presidente. Lula también derrotaría con contundencia a la ex primera dama Michelle Bolsonaro: 49,1% frente a un 35,6%.

El candidato de extrema derecha más competitivo frente a Lula es Tarcísio de Freitas, actual gobernador de São Paulo, hasta ahora fiel al bolsonarismo. Tarcísio de Freitas obtendría un 39,1% frente al 45,7% de Lula. Hace unos meses, Tarcísio llegó a estar empatado técnicamente con Lula.

Ante la actual tesitura y el claro favoritismo de Lula, existe la posibilidad de que Tarcísio decida no ser candidato presidencial, para intentar la reelección en el Estado de São Paulo, el más rico y poderoso del país.

El comentarista político Octavio Guedes, habitual de los platós de Globo News, augura una bifurcación inevitable en la derecha brasileña. En su opinión, aunque Brasil continuará teniendo una extrema derecha, se abre espacio para el surgimiento de un líder moderado, de centroderecha y democrático. “El gran desafío para la sucesión es saber el timing de esa ruptura. La cuestión central es cuando esa derecha democrática conseguirá romper la ”tobillera electrónica“ que el bolsonarismo colocó en su pierna”, escribe en un artículo de G1 (portal del grupo Globo).

Este jueves comienza en la Amazonía brasileña la Cumbre de Belém, previa a la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). He convocado a los líderes mundiales a esta reunión, unos días antes de la apertura de la COP, para que todos asuman el compromiso multilateral de actuar con la urgencia que exige la crisis climática.

Si no actuamos de manera efectiva, más allá de los discursos, nuestras sociedades dejarán de creer en las COP, en el multilateralismo y en la política internacional en general. Por eso he convocado a los líderes globales en la Amazonia y cuento con el compromiso de todos ellos para que esta sea la COP de la verdad, el momento en el que demostraremos la seriedad de nuestro compromiso con todo el planeta.

Las acciones colectivas basadas en la ciencia demuestran nuestra capacidad para hacer frente y superar grandes desafíos. Hemos sido capaces de proteger la capa de ozono. La respuesta global a la pandemia de la Covid-19 ha demostrado que el mundo dispone de los medios necesarios para actuar, siempre que haya valentía y voluntad política.

Brasil fue sede de la Cumbre de la Tierra en 1992. Durante la cumbre aprobamos las convenciones sobre el Clima, la Biodiversidad y la Desertificación, así como los principios que sentaron las bases de un nuevo paradigma y rumbo para preservar el planeta y la humanidad. En estos 33 años, las reuniones han dado lugar a importantes acuerdos y metas para la reducción de los gases de efecto invernadero (erradicar la deforestación para 2030, triplicar el uso de las energías renovables, etc.).

Más de tres décadas después, el mundo vuelve a Brasil para debatir sobre la lucha contra el cambio climático. No es casualidad que la COP30 se celebre en el corazón de la selva amazónica. Es una oportunidad para que políticos, diplomáticos, científicos, activistas y periodistas conozcan la realidad de la Amazonia. 

Queremos que el mundo vea la situación real de los bosques, de la mayor cuenca hidrográfica del planeta y de los millones de habitantes de la región. Las COP no pueden limitarse a ser una feria de buenas ideas, ni un viaje anual de los negociadores. Deben suponer un momento de contacto con la realidad y de acción efectiva para hacer frente al cambio climático.

Para combatir juntos la crisis climática necesitamos recursos. Además, debemos reconocer que el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas sigue siendo la base de cualquier pacto climático.

Por esta razón, el Sur Global exige un mayor acceso a los recursos. No por una cuestión de caridad, sino de justicia. Los países ricos han sido los mayores beneficiarios de la economía basada en el carbono. Por lo tanto, deben estar a la altura de sus responsabilidades. No solo deben asumir compromisos, sino también honrar sus deudas.

Brasil está haciendo su parte. En solo dos años, hemos reducido a la mitad la superficie deforestada en la Amazonia, lo que demuestra que es posible actuar de forma concreta en favor del clima.

En Belém lanzaremos una iniciativa innovadora para preservar los bosques: el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF). Es innovador porque se trata de un fondo de inversión, no de donaciones. El TFFF remunerará a quienes mantengan sus bosques en pie, así como a quienes inviertan en él. Se trata de una lógica de beneficio mutuo en la lucha contra el cambio climático. Con el fin de liderar con el ejemplo, Brasil ha anunciado una inversión de mil millones de dólares en el TFFF y esperamos anuncios igualmente ambiciosos por parte de otros países.

También dimos ejemplo al convertirnos en el segundo país en presentar su nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). Brasil se comprometió a reducir entre un 59 % y un 67 % sus emisiones, incluyendo todos los gases de efecto invernadero y todos los sectores de la economía.

En este sentido, hacemos un llamamiento a todos los países para que presenten NDC igualmente ambiciosas y las implementen de manera efectiva.

La transición energética es fundamental para cumplir la NDC de Brasil. Nuestra matriz energética es una de las más limpias del mundo, ya que el 88% de la electricidad se genera a partir de fuentes renovables. Somos líderes en biocombustibles y avanzamos en energía eólica, solar e hidrógeno verde. 

Será fundamental destinar los recursos obtenidos de la explotación petrolera a financiar una transición energética justa, ordenada y equitativa. Con el tiempo, las empresas petroleras, como la brasileña Petrobras, se transformarán en empresas energéticas, ya que es imposible mantener indefinidamente un modelo de crecimiento basado en los combustibles fósiles.

Las personas deben estar en el centro de las decisiones políticas relativas al clima y a la transición energética. Debemos reconocer que los sectores más vulnerables de nuestra sociedad son los más afectados por los efectos del cambio climático, por lo que los planes de transición justa y adaptación deben tener como objetivo la lucha contra las desigualdades.

No podemos olvidar que dos mil millones de personas no tienen acceso a tecnologías y combustibles limpios para cocinar, y que 673 millones de personas siguen pasando hambre en el mundo. En respuesta a esta situación, en Belém lanzaremos una Declaración sobre el Hambre, la Pobreza y el Clima. Es esencial que el compromiso de luchar contra el calentamiento global esté directamente relacionado con la lucha contra el hambre.

También es fundamental avanzar en la reforma de la gobernanza global. Hoy en día, el multilateralismo se ve obstaculizado por la parálisis del Consejo de Seguridad de la ONU. Creado para preservar la paz, no logra impedir las guerras. Por lo tanto, es nuestra obligación luchar por la reforma de esta institución. 

En la COP30, defenderemos la creación de un Consejo de Cambio Climático de la ONU, vinculado a la Asamblea General. Una nueva estructura de gobernanza que contará con la fuerza y la legitimidad necesarias para garantizar que los países cumplan lo que han prometido. Un paso efectivo para revertir la actual parálisis del sistema multilateral.

En cada Conferencia sobre el Clima se hacen muchas promesas, pero se adoptan pocos compromisos efectivos. La época de las cartas de buenas intenciones ha llegado a su fin; es hora de elaborar planes de acción. Por eso, hoy comenzamos la “COP de la verdad”.

Glauber Braga (Nova Friburgo, 1982) se ha convertido en uno de los diputados de izquierda más populares de Brasil. Desde que comenzó su primer mandato como diputado en 2009, Braga ha sido una de las voces más contundentes contra las privatizaciones, contra la extrema derecha y contra cualquier intento de injerencia extranjera en el país.

Diputado por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), principal fuerza política a la izquierda del presidente Lula da Silva, Braga se ha convertido en uno de los principales enemigos del bolsonarismo y de la élite política conservadora. En abril, hizo una huelga de hambre para denunciar un proceso que pretendía quitarle el cargo de diputado por haber expulsado del Congreso a un militante de extrema derecha.

El diputado argumenta que al Gobierno Lula “le falta ser más osado contra el sector privado” y que la defensa de la izquierda del establishment “es una táctica” para proteger la democracia frente a los ataques de la extrema derecha. En una entrevista telefónica, repasa la vertiginosa política de Brasil, la condena a Jair Bolsonaro y al núcleo duro del intento de golpe de Estado, las gigantescas manifestaciones de izquierda de septiembre, la injerencia estadounidense en Brasil y las elecciones presidenciales de 2026, que en su opinión serán “durísimas”.

Las principales capitales de Brasil vivieron en septiembre manifestaciones masivas contra la amnistía a Jair Bolsonaro y los condenados por golpismo. No estaban lideradas por partidos políticos. Partieron de la ciudadanía ¿Cómo interpreta ese día histórico?

Fue una prueba de que las calles tienen fuerza para darle la vuelta a la tortilla. Es muy significativo que unos días después el Senado archivara por unanimidad un proyecto para blindar a los diputados de procesos judiciales [se tramitaba paralelamente y como paquete al proyecto de ley de amnistía]. Lo paró la fuerza de la calle. Tenemos que continuar movilizándonos para otros asuntos.

La extrema derecha pierde simbólicamente la bandera de Brasil en el imaginario del ciudadano común

Se esperaban manifestaciones de extrema derecha e incluso disturbios tras la condena a Bolsonaro. No hubo. La condena representa también el fin de la impunidad de los militares y, por lo que parece, está sirviendo de herramienta de pacificación. Los medios conservadores argumentaban lo contrario: que Brasil solo se pacificará con amnistía para los golpistas.

Cualquier pacificación pasa por la responsabilización de los golpistas. Porque la extrema derecha, cuando no se siente responsabilizada, dobla la apuesta. [La condena] hace que ellos retrocedan y demuestra que no existe espacio para lo que están intentando hacer. La condena de Bolsonaro fue un momento muy importante para la historia del país.

¿El movimiento a favor de la amnistía perdió fuerza tras las protestas masivas? ¿Se aprobará algún tipo de amnistía light con reducción de penas?

Perdió fuerza, sin duda. Pero tenemos que estar atentos, porque la amnistía aglutina la base de la extrema derecha. Ellos van a continuar movilizándose hasta que encuentren su próximo gran asunto, la próxima cloroquina [el medicamento ineficaz contra el virus de la COVID-19 defendido por Jair Bolsonaro] o su próxima urna electrónica [el bolsonarismo difundió falsamente que se podía manipular el voto]. Hasta que configuren su nueva agenda van a continuar presionando por la amnistía.

El bolsonarismo había encontrado ya su próximo gran asunto: el tarifazo de Donald Trump y la supuesta culpa de Lula y el Tribunal Supremo de Brasil. Pero el tiro les está saliendo por la culata. Las maniobras de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, en EEUU le están saliendo caras. Puede ser procesado como traidor a la patria y no será candidato presidencial, su gran sueño.

Son dos tiros de bazuca en el pie. ¿Cuáles fueron las principales banderas de Bolsonaro y la extrema derecha en su primera campaña presidencial [de 2018]? Un discurso de falso patriota y un discurso de falso moralista de combate a la corrupción. Cuando Eduardo Bolsonaro va a Estados Unidos, conspira contra Brasil, ayuda a un ataque imperialista, con aranceles que representan un verdadero embargo... La extrema derecha pierde simbólicamente la bandera de Brasil en el imaginario del ciudadano común. También perdió el discurso de combate a la corrupción con el intento del proyecto de ley del blindaje de diputados. 

Hablando de banderas. Unos días antes del juicio a Bolsonaro, una manifestación de extrema derecha en São Paulo usó una bandera gigante de EEUU. En las manifestaciones de izquierda, se vieron también grandes banderas brasileñas. ¿La izquierda ha recuperado por fin los símbolos patrios, secuestrados hace años por la extrema derecha?

Simbólicamente, recuperó la bandera. Pero esa recuperación tiene que tener un carácter práctico. Tiene que defender elementos que protejan la soberanía, como por ejemplo, las tierras raras. Estoy recogiendo firmas para garantizar que el monopolio de la explotación de tierras raras sea público.

La interferencia de Estados Unidos en la política y justicia de Brasil tiene un motivo visible: defender a su aliado extrema derechista Jair Bolsonaro y crear inestabilidad política. ¿Existen otros motivos?

Los principales motivos son económicos. Además, de los intereses de las grandes empresas tecnológicas, yo añadiría otros, como el control del agua y lo que representa la Amazonia, el papel de Brasil en América del Sur y ante un posible ataque a Venezuela, que cuenta con la mayor reserva de petróleo del mundo. Trump sabe que la familia Bolsonaro entregaría todo eso a EEUU sin pestañear... Saben que tendrían a un presidente muy afable y sumiso.

El papel protagonista que Brasil está teniendo en los BRICS y en una nueva articulación geopolítica del sur global también parece haber irritado a Trump.

El papel de Bolsonaro como presidente fue lamentable, vergonzoso. Que tengamos ahora una posición soberana y de diálogo con el mundo es muy importante. Pero deberíamos ir más allá. Por ejemplo, ante el genocidio contra el pueblo palestino, Brasil debería romper relaciones y garantizar que no llega nada de nuestro petróleo al Estado de Israel.

Usted está en medio de un proceso que le puede costar el cargo de diputado. Después de ser agredido, expulsó del congreso a un militante del movimiento extrema derechista Movimento Brasil Libre (MBL). Abrieron un expediente disciplinario contra usted. Tuvo que comenzar una huelga de hambre para llamar la atención. ¿Qué hay detrás de ese intento de quitarle el cargo de diputado?

El MBL es un movimiento muy golpista, peligroso. Tiene un discurso megarreaccionario, incluso con elementos de supremacismo blanco. Yo fui atacado siete veces en locales públicos por un provocador profesional del MBL. En el caso específico de mi proceso, el altercado es un pretexto. El motivo real es que yo denuncié constantemente la existencia en el Congreso del presupuesto secreto, soy incluso testigo en la Policía Federal (PF).

A este Gobierno le falta ser más osado y comprometerse a luchar contra el sector privado

¿Cómo explicaría didácticamente en qué consiste el “presupuesto secreto”?

Es la entrega de un presupuesto a una determinada región (a través de diputados concretos), sin decir que es dinero público del Gobierno. A veces se entrega ese dinero al diputado, sin que se sepa para qué va a ser usado. Cuando Jair Bolsonaro se enfrentaba a un crecimiento exponencial de su impopularidad como presidente, cerró un acuerdo con los diputados del centrão [diferentes partidos de centro y derecha necesarios para aprobar cualquier proyecto legislativo en el Congreso] y les entregó buena parte de la administración del presupuesto. Así nació ese mecanismo que hoy se conoce como presupuesto secreto.

Usted es diputado por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), a la izquierda de Lula. La izquierda todavía no critica al Gobierno, a pesar de que está pegado al centro. Parece que la izquierda sacrifica su programa e ideas para defender la democracia y para no dar alas a la extrema derecha. ¿No es también un riesgo no criticar nada y normalizar las alianzas de Lula con la derecha en aras de la gobernabilidad?

Yo formo parte de un grupo de militantes de izquierda que tiene radicalidad política y prioriza la movilización, más allá del espacio institucional. Por eso nos alegra tanto lo que ocurrió [en las marchas de septiembre]. Las manifestaciones presionan para que se aprueben medidas para la clase trabajadora. A este Gobierno le falta ser más osado y comprometerse a luchar contra el sector privado. Lo que es cierto es que nos unimos para defender a Brasil cuando sufre un ataque como el de EEUU.

El bolsonarismo, sobre todo al principio, usó una narrativa antisistema y la izquierda acaba pareciendo como la gran defensora del establishment. ¿No es un error dejarle a la extrema derecha el discurso sistema? ¿Llegó el momento de retomar cierta radicalidad de la izquierda contra el sistema capitalista?

Nunca fue tan fácil explicar y mostrar qué es el imperialismo, qué es soberanía, qué es la clase trabajadora. Se puede defender el establishment para que la extrema derecha sea responsabilizada, como lo prueba el juicio contra Bolsonaro, sin olvidar que el papel de la izquierda es la movilización. No podemos olvidarnos de nuestras banderas. Nuestro papel es exactamente demostrar que no somos un apéndice del establishment. Tenemos que organizarnos mucho más allá de la institucionalidad para superar el capitalismo. En determinados momentos, tácticamente tenemos unidad de acción con otros campos políticos para afrontar a la extrema derecha, pero eso no puede confundirse con una estrategia de defensa del establishment. 

Lula ha confirmado que será candidato presidencial en 2026. De momento, lidera las encuestas. Aun así, no parece que vaya a haber ningún control de la desinformación por parte de las grandes empresas tecnológicas, más bien lo contrario. La interferencia de Trump en las elecciones se da por hecha. ¿Cómo ve el escenario para las elecciones de 2026?

Durísimo, preocupante. Aun así, creo que la extrema derecha va a ser derrotada, y tenemos que trabajar para que eso ocurra. Ahora bien, lo que consolida una mayoría social para derrotar a la extrema derecha es la agenda económica.

Es fundamental priorizar medidas que mejoren la vida de la gente, como la exención del impuesto de renta a los que ganan menos, la estatalización de empresas como Eletrobras, la reducción de la semana laboral por debajo de seis días... La noticia positiva es que las últimas encuestas demuestran que una parte significativa del electorado que fluctúa de un espectro político al otro, que representa un 40% del total, se mueve hacia la izquierda cuando se le pregunta si los golpistas tienen que ser responsabilizados.

Los aliados del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, han acusado a Donald Trump de lanzar “un ataque directo contra la democracia brasileña” después de que el Tesoro de Estados Unidos impusiera sanciones a Alexandre de Moraes, el juez de la Corte Suprema al que se le atribuye haber ayudado a salvar la democracia brasileña de un golpe de Estado de la derecha en 2022.

La controvertida medida estadounidense fue anunciada el miércoles por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, poco antes de que Trump cumpliera su amenaza de imponer aranceles del 50% a las importaciones brasileñas mediante la firma de una orden ejecutiva “para hacer frente a las recientes políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Brasil”.

Trump ha atribuido en parte esos aranceles a su indignación por la supuesta “caza de brujas” política contra su aliado ultraderechista, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que está siendo juzgado por intentar supuestamente hacerse con el poder tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Lula.

Moraes preside el juicio, que se espera que dé lugar a la condena de Bolsonaro a hasta 43 años de cárcel, así como a varias otras investigaciones penales sobre Bolsonaro y su familia.

Al encuadrar las sanciones bajo la Ley Magnitsky, Bessent acusó a Moraes de ser “responsable de una campaña represiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y enjuiciamientos politizados, incluso contra el expresidente Jair Bolsonaro”. “Alexandre de Moraes se ha erigido en juez y parte en una caza de brujas ilegal contra Estados Unidos y Brasil”, dijo.

Además, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, tuiteó: “Que esto sirva de advertencia a aquellos que pisotean los derechos fundamentales de sus compatriotas: las togas judiciales no pueden protegerlos”.

Una declaración de la Casa Blanca que confirmó los aranceles del 50% sobre Brasil —aunque con numerosas exenciones importantes, como el petróleo, el zumo de naranja, la madera y los aviones— afirma que son el resultado de “la persecución, intimidación, acoso, censura y enjuiciamiento por motivos políticos del Gobierno de Brasil contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y miles de sus seguidores”.

Cientos de seguidores acérrimos de Bolsonaro han sido juzgados y encarcelados por participar en los disturbios de extrema derecha del 8 de enero de 2023 en la capital, Brasilia, durante los cuales se asaltaron y saquearon la Corte Suprema, el Congreso y el Palacio Presidencial.

Las sanciones fueron celebradas por los familiares y seguidores de Bolsonaro, que ven la presión de Estados Unidos como la única forma de ayudar al expresidente a escapar de una dura pena de cárcel y, tal vez, salvar su futuro político. “Los brasileños nunca olvidaremos esta acción vuestra [Rubio y Trump]”, tuiteó el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. El congresista ha pasado las últimas semanas en Estados Unidos presionando a la Administración Trump para que luche por la causa de su padre imponiendo sanciones.

“Hoy tengo la sensación de misión cumplida, pero nuestro viaje no terminará aquí”, prometió Eduardo Bolsonaro en un vídeo en las redes sociales.

Los miembros del Gobierno de Lula denunciaron la medida como una escalada drástica de lo que consideran la cruzada de Trump para socavar la democracia brasileña.

José Guimarães, congresista del Partido de los Trabajadores (PT), de izquierda, al que pertenece Lula, calificó las sanciones como “no solo una afrenta a un ministro de la Corte Suprema, sino también un ataque directo a la democracia y la soberanía brasileñas”.

“No aceptaremos la injerencia extranjera en... nuestro sistema judicial”, escribió Guimarães en X, calificando las sanciones como “el fruto de una conspiración de la familia Bolsonaro contra Brasil”.

Gleisi Hoffmann, una de las principales ministras y una de las aliadas más cercanas de Lula, calificó la medida de Trump como un “acto violento y arrogante” y expresó el “repudio absoluto” del Gobierno a la “absurda” medida.

También hubo críticas por parte de políticos conservadores. João Amoêdo, uno de los fundadores del partido de derecha Partido Novo, calificó las sanciones como “un intento inaceptable de injerencia extranjera en el sistema judicial brasileño”.

Eduardo Leite, candidato presidencial conservador que gobierna el estado de Rio Grande do Sul, dijo que no puede aceptar “que otro país intente interferir” en las “instituciones” de Brasil.

Una ley para abusos de derechos humanos

Las sanciones Magnitsky reciben su nombre de Sergei Magnitsky, un abogado ruso especializado en derecho tributario que murió en una prisión de Moscú en 2009 tras ser encarcelado por denunciar casos de corrupción de alto nivel.

Se han utilizado desde 2017 para sancionar a personas acusadas de participar en graves abusos contra los derechos humanos. Entre los objetivos anteriores se encuentran representantes saudíes implicados en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018, representantes nicaragüenses vinculados a una represión mortal destinada a mantener en el poder al dictador Daniel Ortega, líderes del Partido Comunista implicados en la represión de miembros de la etnia uigur en el oeste de China y jefes militares de Myanmar implicados en presuntos actos de limpieza étnica.

Amparo señaló que Trump parecía pensar que el hecho de que uno de sus aliados ideológicos fuera sometido a un juicio justo por su presunta participación en un intento de golpe de Estado equivalía a «tortura, genocidio u otras violaciones graves... a las que se aplican leyes como la Magnitsky».

Expertos jurídicos y activistas de derechos humanos expresaron su asombro y consternación por el hecho de que se hubieran utilizado tales sanciones contra un juez de la mayor democracia de América Latina.

Thiago Amparo, profesor de derecho internacional y derechos humanos de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, dice que las sanciones ponen de manifiesto “la visión distorsionada de Trump sobre lo que es una violación de los derechos humanos”.

Amparo señala que Trump parece pensar que el hecho de que uno de sus aliados ideológicos sea sometido a un juicio justo por su presunta participación en un intento de golpe de Estado equivalía a “tortura, genocidio u otras violaciones graves... a las que se aplican leyes como la Magnitsky”.

Pasado el mediodía en Argentina, tras un breve y seco encuentro con Javier Milei, Luiz Inácio Lula da Silva cruzó la puerta de la residencia en Buenos Aires de Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple arresto domiciliario. Las cámaras registraron el gesto solidario con la expresidenta argentina del mandatario de Brasil, quien estuvo 580 días preso entre 2018 y 2019 tras una condena que el tribunal supremo de su país acabó tachando de “error histórico”. Tras el encuentro, Fernández publicó un mensaje en su cuenta de la red X en la que acusa al Gobierno de Milei de practicar “terrorismo de baja intensidad”, e insistió en el que el poder judicial argentino “es un partido político al servicio del poder económico”.

La esquina de la calle donde está el inmueble se ha convertido en un punto de congregación ineludible desde que la Corte Suprema de Argentina ratificó el 10 de junio la condena a seis años de prisión a la líder del peronismo en una causa por corrupción.

Un grupo de simpatizantes coreó hoy a la llegada del dirigente brasileño, tímidamente: “Olé, olé, olé, Lula, Lula”. El comedimiento se debió a que la Justicia autorizó la visita con la advertencia de que la expresidenta debía dar “estricto cumplimiento a la regla de conducta”, que consiste en “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.

Según fuentes cercanas al líder brasileño, el encuentro, que duró casi una hora, fue muy personal, de una solidaridad muy fuerte de Lula con Fernández, pues el dirigente considera que existe una judicialización de la política en América latina. Ambos líderes evitaron salir al balcón.

Los abogados defensores de la expresidenta argentina señalan que Cristina Fernández es víctima de un caso de lawfare y que en ese uso político de la Justicia se buscó su proscripción, ya que con la condena firme no podrá ejercer cargos públicos de por vida.

Luego de conocerse el fallo de la Corte Suprema contra la líder peronista, Lula habló por teléfono con ella para manifestarle su apoyo. “Observé con satisfacción la serenidad y determinación con la que Cristina enfrenta esta situación adversa y su determinación a seguir luchando [...] Le hablé de la importancia de que se mantenga fuerte en estos momentos difíciles”, declaró posteriormente.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil había contado detalles de su comunicación con Cristina Kirchner en una entrevista para el podcast “Mano a Mano”, conducido por el rapero brasileño Mano Brown. “El otro día llamé a Cristina Kirchner, que estaba condenada. La llamé para expresarle mi solidaridad, e incluso lloró. Le dije: ‘Cristina, te llamo porque quiero que sepas que mi amistad contigo no se debe a que tú y yo fuéramos presidentes. Mi amistad contigo se debe a que yo soy una persona y tú eres una persona’”.

El propio Lula tiene una historia de perseverancia. Durante su encarcelamiento, recibió la visita de personalidades como Noam Chomsky, el intelectual estadounidense que lo definió como “el preso político más importante del mundo”, así como el Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel. El Nobel también ha estado hoy en la reunión en el apartamento de Fernández.

El Supremo Tribunal de Brasil consideró que las pruebas de la causa Lava Jato, a cargo del entonces juez Sergio Moro, fueron obtenidas “bajo presión y bajo tortura psicológica” y anuló las sentencias en su contra. Además, afirmó que la prisión de Lula da Silva fue un “error histórico”. Un error que consistió en pasar un año y medio en la cárcel, y en no haber podido participar de las elecciones de 2018, en las que salió elegido el ultraderechista Jair Bolsonaro, hoy encausado por intentona golpista.

El encuentro entre el líder brasileño y Cristina Fernández tiene un plus político, ya que Lula da Silva no ha mantenido una reunión bilateral con Javier Milei en el marco de la cumbre del Mercosur que ha finalizado este jueves en la capital argentina. El saludo entre ambos ha sido parco.

Las diferencias entre Lula y Milei han quedado evidenciadas en sus discursos de traspaso de la presidencia del bloque regional. “Emprenderemos el camino de la libertad y lo haremos acompañados o solos”, dijo el ultraderechista argentino luego de advertir que espera que, cuando Argentina recupere el liderazgo temporal de la organización, se hayan concretado las reformas liberales que busca imponer.

Milei habló de una “cortina de hierro” en el bloque y pidió un sistema “en el que cada país pueda gozar de mayor autonomía para aprovechar sus ventajas comparativas y su potencial exportador”.

En contraste, Lula da Silva dijo que Mercosur es un “lugar seguro”, con cimientos fuertes ante las amenazas de guerras comerciales. Anticipó que durante su turno al mando, Brasil buscará encarará el desafío del cambio climático. “La región sufre sequías e inundaciones, con sus consecuencias para los pueblos. La realidad expone la falacia del negacionismo climático”, afirmó. En su cierre, recordó que él provenía del misma región terrestre que dos referentes para el mundo recientemente desaparecidos: José Mujica y el papa Francisco.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del hospital Sirio Libanés de Brasilia tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica para drenar una hemorragia intracraneal que se produjo en un accidente doméstico, según ha informado el centro médico.

La cirugía se desarrolló sin problemas y Lula se encuentra bien en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Sírio-Libanés, en São Paulo, según el boletín divulgado en las redes sociales del mandatario.

El líder progresista brasileño, de 79 años, acudió la noche del lunes a un centro médico en Brasilia por “un dolor de cabeza” y, tras realizarle una resonancia magnética, le fue detectada “una hemorragia intracraneal”.

El jefe de Estado fue entonces trasladado de urgencia a la ciudad de São Paulo, donde pasó por el quirófano para drenarle el hematoma detectado en la cabeza.

“La cirugía transcurrió sin problemas y en este momento el presidente se encuentra bien, bajo monitoreo, en una cama de cuidados intensivos”, ha señalado el centro médico.

El hospital informó que en la mañana de este martes que realizará una rueda de prensa con los médicos responsables para actualizar el cuadro de salud de Lula.

El boletín especifica que la hemorragia es reflejo de la caída que sufrió el pasado 19 de octubre en el Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la Presidencia brasileña, en Brasilia, y por la que hubo que darle cinco puntos de sutura en la nuca.

Durante las siguientes semanas pasó por diversas revisiones sin mayores problemas, aunque los médicos le impidieron viajar en avión durante un tiempo por precaución.

De hecho, tuvo que cancelar su viaje a Rusia, a finales de octubre, para participar en la cumbre del grupo de los BRICS.

Una vez recibió el alta, retomó sus viajes con normalidad.

Lula, en el poder desde el 1 de enero de 2023, viene de una intensa agenda de trabajo en noviembre y los primeros días de diciembre, después de ser el anfitrión en Río de Janeiro de la cumbre de líderes del G20 y viajar a Montevideo para la reunión semestral de presidentes del Mercosur.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha confirmado este martes el compromiso inversor de la compañía energética con Brasi ante el presidente del país suramericano, Luiz Inácio Lula da Silva, en un encuentro en Brasilia.

Neoenergia, la filial de Iberdrola en el país, planea invertir más de 7.000 millones de euros (45.000 millones de reales) entre 2024 y 2028 en Brasil gracias al marco regulatorio para las redes eléctricas.

La renovación de las concesiones de distribución culminará en la primera mitad del próximo año, reafirmando la estabilidad y la predictibilidad del sector eléctrico brasileño. La renovación se producirá por un plazo de 30 años sin coste adicional.

El presidente de Iberdrola transmitió también a Lula su compromiso con la COP30, que se celebrará en Brasil en 2025. Al encuentro asistieron también los ministros de Minas y Energía, Alexandre Silveira, y de la Casa Civil, Rui Costa, así como el consejero delegado de Neoenergia, Eduardo Capelastegui.

Iberdrola en Brasil

Iberdrola es, a través de Neoenergia, la primera distribuidora de Brasil, suministrando electricidad a más de 40 millones de brasileños. La eléctrica cuenta en el país con casi 730.000 kilómetros de líneas eléctricas, está presente en 18 estados y en el distrito federal del país. La filial brasileña de Iberdrola tiene cinco distribuidoras de electricidad: Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Pernambuco (PE), Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia Elektro (SP/MS) y Neoenergia Brasília (DF).

Iberdrola cuenta además con una capacidad instalada en Brasil de unos 4.500 MW, de los que 3.900 MW son renovables. Su base de activos regulados de redes en el país se situaba a cierre del tercer trimestre en 10.300 millones de euros, lo que supone el 27% del total, solo por detrás del Reino Unido y los Estados Unidos (13.700 millones).

La filial de Iberdrola cuenta con un activo total de más de 16.000 millones de euros, tiene casi 16.000 empleados y ha incorporado a más de 7.000 trabajadores en los últimos cuatro años.

A las 19.30 horas del miércoles 13 de noviembre, mientras 20.000 agentes de seguridad blindaban Río de Janeiro para la cúpula de presidentes del G20, un hombre se autoinmoló a las puertas del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasilia. Francisco Wanderley Luiz, de 59 años, militante del Partido Liberal (PL) de Jair Bolsonaro, se convirtió en el primer “hombre bomba” de la extrema derecha brasileña.

Caracterizado como el Joker, protagonista de película hollywoodiense de Todd Philips, Wanderley murió al explotar la bomba que cargaba en su propio cuerpo. Unos minutos antes, intentó invadir la sede del Supremo, detonó su coche estacionado en el Congreso de los diputados y arrojó un trapo mojado con gasolina sobre la estatua llamada La Justicia, que pensaba incendiar con un extintor lleno de combustible.

Una hora después de la muerte del “Joker Wanderley”, un hombre intentó entrar en la Granja do Torto, una de las residencias oficiales del presidente de Brasil. Un miembro del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) tuvo que disparar un tiro para disuadir la invasión.

La euforia que el triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses trajo al bolsonarismo se esfumó en apenas dos horas. Los incidentes de Brasilia del día 13 provocaron un punto de inflexión político. Y aceleraron la divulgación de inquérito do golpe, la investigación que la Policía Federal (PF) realiza desde hace dos años sobre el intento de golpe de Estado que desembocó en la jornada antidemocrática del 8 de enero de 2023 de Brasilia.

Tras la victoria de Trump, Jair Bolsonaro confiaba plenamente en la aprobación del proyecto de ley 2.858 del Congreso, un paquete de leyes de amnistía que, entre otras cosas, revertirían la inhabilitación política que le impide ser candidato. “Lo que ocurre en Estados Unidos acaba pasando aquí”, afirmó Jair Bolsonaro en una entrevista Folha de São Paulo un día después de las elecciones estadounidenses.

El intento de atentado del “Joker de Brasilia”, un hombre de extrema derecha que había amenazado en redes sociales a Lula y Alexandre de Moraes (ministro del Supremo), adepto de ideas conspiratorias de QAnon y anticomunista convicto, congeló el optimismo bolsonarista. La verdadera bomba llegó la mañana del martes 19 de noviembre. Mientras los presidentes del G20 se preparaban para la sesión de clausura, la Policía Federal (PF) hizo pública la “operación Contragolpe”, que reveló un plan para asesinar a Lula, Geraldo Alckmin (actual vicepresidente de Brasil) y Alexandre de Moraes a finales de 2022. Cuatro militares y un policía federal fueron detenidos.

Según se iba desgranando el contenido del plan para asesinar a Lula con veneno, el pánico se apoderaba del clan Bolsonaro. La investigación policial colocaba en el epicentro de la trama criminal a Walter Braga Netto, ministro de Defensa durante el gobierno Bolsonaro y candidato a vicepresidente en 2022.

Generales y kids pretos

La “operación Contragolpe” recoge indicios de la participación directa de Jair Bolsonaro en el intento de golpe de Estado y el asesinato de Lula. El general Mário Fernandes, entonces número dos de la Secretaría General de la Presidencia, confirmó, según el informe, que Jair Bolsonaro autorizó todo. El denominado plan Puñal Verde y Amarillo fue impreso en el palacio do Planalto (sede de la presidencia) y llevado a una reunión al Palacio da Alvorada (residencia oficial del presidente), en la que estaba presente Bolsonaro.

El golpe de Estado e intento de asesinato de Lula empezaron a tramarse, según la policía, en una reunión en la casa de Walter Braga Netto. El general habría asumido en ella la coordinación de los kids pretos (miembros de los cuerpos de operaciones especiales) que intentarían liquidar a Lula, Alckmin y Moraes. Además, Netto habría sugerido que los gastos de la operación podrían provenir de la caja del Partido Liberal. La investigación revela que los kids preto poseían “armamentos de guerra utilizados por grupos de combate” y detalles privilegiados sobre la agenda de sus objetivos.

Alexandre de Moraes fue el objetivo que estuvo más cerca de morir: llegó a estar en la mira de un francotirador que decidió abortar la operación por un cambio de planes de última hora. ¿Qué falta para que detengan a Jair Bolsonaro y el general Braga Netto?, escribía el martes Ricardo Noblat uno de los analistas políticos más prestigiosos de Brasil. 

Prisión de Bolsonaro

Tras dos días de desconcierto de la extrema derecha, la Policía Federal lanzó la tarde del jueves la traca final: entregó al Supremo el inquêrito do golpe, responsabilizando a Jair Bolsonaro y a otras 36 personas de “intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal”. En la lista de acusados están los generales Braga Netto y Augusto Heleno (exministro del Gabinete de Seguridad Institucional), así como Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileira de Inteligencia (Abin). El Supremo entregará el informe a la Fiscalía, responsable de ejecutar la denuncia, previsiblemente a inicios de 2025. Jair Bolsonaro podría enfrentarse a una pena de 30 años de prisión e inhabilitación política.

La “operación Contragolpe” coloca a Jair Bolsonaro contra las cuerdas. El expresidente ya estaba fuertemente comprometido por sus múltiples lazos con los acontecimientos antidemocráticos del 8 de enero de 2023 y la aparición de la minuta del golpe, un borrador de decreto que autorizaba un golpe de Estado.

Sin embargo, la Policía Federal ha escalado en los últimos días la implicación de Bolsonaro, al revelar la existencia de una organización criminal que actuó para intentar dar un golpe de Estado, atacar instituciones, vender ilegalmente joyas del Estado, defraudar certificación de vacunación, espiar a adversarios políticos y asesinar a sus oponentes.

“Los hechos dejan muy tocado a Bolsonaro. Prácticamente acaba con la posibilidad de ser amnistiado y de volver a disputar las elecciones presenciales de 2026 y de que haya un cambio en la decisión jurídica en ese sentido”, asegura Sérgio Praça, profesor de la Escola de Ciencias Sociales de la Fundación Getúlio Vargas, en entrevista con elDiario.es.

El proyecto de ley de la amnistía está casi enterrado. “No tiene sentido hablar de amnistía para los condenados por el ataque golpista del 8 de enero de 2023 ante la actual conyuntura”, aseguró el jueves Gilmar Mendes, ministro del STF. El Partido de los Trabajadores (PT) ha aprovechado la tesitura para pedir a Artur Lira, presidente de la mesa del Congreso, que aparque indefinidamente el proyecto de ley de amnistía.

Liderazgo político en baja

Tras el breve paréntesis del efecto Trump, el liderazgo político de Bolsonaro está seriamente comprometido. La trepidante semana brasileña ha reforzado la soledad del expresidente. Los caciques conservadores de Brasil están empezando a abandonarlo a su suerte.

“Su ápice fue en 2018, cuando fue electo. De ahí para adelante solo menguó, porque no supo liderar el país”, afirmó un líder conservador a la periodista Raquel Landim. Por si fuera poco, la inclusión en la lista de acusados de Valdemar de Costa Netro, presidente del Partido Liberal (PL), acierta de lleno en la línea de flotación del principal partido de la oposición.

La elecciones municipales de octubre, muy por debajo de las expectativas del PL, ya habían supuesto la irrupción de nuevas alternativas ultras. Por un lado, el coach radical Pablo Marçal aparece muy bien posicionado en las encuestas presidenciales. Por otro, União Brasil, poderoso partido conservador, ya ha anunciado que tendrá candidato propio. Los desdoblamientos del inquêrito do golpe podrían provocar, en palabras de Sérgio Praça, un alejamiento del partido de Bolsonaro de la extrema derecha: “En el PL no solo hay extremistas. Hay gente más sensata, menos proclive a dictaduras y golpes de Estado. Con la acusación a Valdemar Costa Neto, que debilita al PL, el partido va acabar migrando hacia el centro”.

Para el presidente Lula, que ha perdido popularidad en lo que va de año, la trama golpista es una tabla de salvación. “Tengo que agradecer ahora porque estoy vivo. El intento de envenenarnos a mí y a Alckmin no funcionó. Aquí estamos”, afirmó este jueves desde el palacio do Planalto. El victimismo ha cambiado de lado. Si hasta ahora era Jair Bolsonaro quien usaba el atentado sufrido durante la campaña electoral de 2002 como comodín para reforzar su imagen, Lula está ya surfeando la ola del intento de asesinato. “Yo no quiero envenenar a nadie. La única cosa que quiero es que cuando termine mi mandato desmoralicemos, con números, aquellos que gobiernan antes de nosotros”, matizó Lula. 

El Partido Socialismo y Libertad (PSOL) ya ha pedido al Supremo la prisión preventiva de Jair Bolsonaro, algo poco probable según la mayoría de los analistas. “Bolsonaro no va dejar de ser un líder popular. Muchos de sus seguidores van a ver estos acontecimientos como un complot del Supremo, el PT, los medios, en fin, teorías de la conspiración”, afirma Sérgio Praça. El Supremo difícilmente ordenará la prisión preventiva del expresidente, ya que podría provocar que una multitud enfurecida se levante y tome el mismo rumbo radical que el “Joker de Brasilia”, el hombre-bomba que aceleró el cerco a Jair Bolsonaro.

Multilateralismo internacional e inclusión social. Paz mundial, protección del medio ambiente y una sociedad civil empoderada. A las puertas de la reunión de los jefes de estado del G20 que arranca el lunes, Lula da Silva, presidente de Brasil, realizó un encendido discurso en la clausura del G20 Social, la cúpula de la sociedad civil habilitada por primera vez en la historia del G20. “El G20 tiene que ocurrir todos los santos días, porque hay 733 millones de habitantes pasando hambre. En los últimos años, el mundo gastó dos billones y 400.000 millones de dólares en armamento y no gastó casi nada en la comida para gente que la necesita”, aseveró el presidente brasileño. Lula, recibido como un verdadero rock star en el G20 Social, fue especialmente crítico contra el neoliberalismo económico: “Para llegar al corazón del ciudadano común, los gobiernos necesitan romper con la disonancia cada vez mayor entre la voz de los mercados y la voz de las calles. El neoliberalismo agravó la desigualdad económica y política que hoy asola las democracias”. Para superar el impasse, Lula considera que el G20 necesita urgentemente discutir una serie de medidas para “reducir el coste de vida y promover jornadas de trabajo más equilibradas”. 

Dos horas después de haberse reunido con Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en el fuerte militar de Copacabana, Lula incidió en la reforma de las instituciones globales. Rodeado de movimientos sociales y representantes de la sociedad civil internacional, Lula pidió democratizar el Consejo de Seguridad: “Cuando la ONU fue creada tenía 56 países participando, hoy tiene 196 países. ¿Dónde está el continente africano en el Consejo de Seguridad?, ¿dónde está el continente latinoamericano?, ¿dónde está la India?”. La yemení Tawakkol Karman, premio Nobel de la Paz de 2011, que agradeció a Lula su defensa del pueblo palestino frente “al genocidio de Israel”, afirmó unos minutos antes que solo reformando las instituciones internacionales se conseguirá la paz global. 

Por su parte, Ronald Ramola, ministro de Asuntos Externos y Cooperación de África del Sur, se comprometió a replicar el G20 Social el año que viene, cuando el país asume la presidencia del G20. Ramola, que también asoció la voz de la sociedad civil global al proceso de multilateralismo, criticó con dureza a Israel y comparó el apartheid histórico sudafricano con la ocupación de Israel en Palestina: “Continuaremos exigiendo la responsabilización del gobierno de Israel. Estamos con el pueblo de Palestina. Vamos a liberar a Palestina. Palestina libre”, concluyó Ramola. “El G20 necesita comprometerse con la paz”, sentenció el presidente Lula.

El presidente brasileño también hizo una alusión a la emergencia climática. Citando diversas catástrofes ambientales recientes, entre ellas, la DANA de València, Lula apremió a tomar medidas urgentes en la cuestión climática: “Somos responsables de la única casa que tenemos, que es el planeta tierra”

Lula se comprometió a entregar al resto de presidentes del G20 la declaración de la Cúpula Social, con propuestas de la sociedad civil trabajadas a lo largo del año y discutidas en los últimos tres días. 

G20, cara B

Brasil ha puesto mucho énfasis en la programación paralela del G20. Desde el pasado miércoles, los galpones del puerto de Río de Janeiro, recuperados para la ciudad para las Olimpiadas de 2016, han sido en un hervidero de actividades. Apoyándose en la herencia del Fórum Social Mundial (referencia de la participación de la sociedad civil en la década de los dos mil) y el legado participativo de los gobiernos petistas (2003-2016), el G20 Social ha sido una de las apuestas brasileñas para revolucionar las dinámicas verticales del G20. “Nunca más esos esnobs van a hacer el G20 sin la participación del pueblo”, aseguró Márcio Macêdo, ministro de la Secretaría General de la Presidencia da República, en la abertura del G20 Social. 

Aparte de las reuniones, debates, plenarias y cientos de actividades autogestionadas, el Píer Mauá del puerto de Río de Janeiro ha acogido la Urban 20 (U20, reunión de los principales alcaldes del mundo), el Cria Rede (espacio con charlas y talleres de influenciadores digitales) y el festival musical Aliança Global Contra el Hambre y la Pobreza, coordinado por Janja da Silva, primera dama de Brasil. La cara B del G20, a parte de servir para el debate de la sociedad civil, es un trampolín estratégico para el gobierno brasileño. “No podría haber una discusión efectiva sobre esos temas si no hubiera diálogo con la sociedad”, afirmó Mauro Vieira, ministro de Asuntos Exteriores de Brasil. Margareth Menezes, ministra de Cultura de Brasil, sostiene que el G20 Social quiere dejar para “el mundo una propuesta de gobernanza global que reconozca la participación de la sociedad civil”.

De la soberanía alimentaria a la IA

Tiago Ribeiro, de la cooperativa Coleta de Sementes, del Movimiento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), ha vendido semillas autóctonas en la feria solidaria del G20 Social. “Este espacio es una oportunidad para mostrar que existen alternativas al sistema agrícola internacional basado en patentes y pesticidas”, asegura a elDiario.es. Frente al monocultivo, Tiago defiende sistemas de explotación agroflorestal que combinan protección de bosques nativos y agricultura. A unos metros, dentro de uno de los galpones, un panel sobre seguridad alimentaria destacaba la importancia de las cocinas solidarias, restaurantes populares, cestas de alimentos y de la agricultura familiar. Iniciativas que Brasil incorporará a la Alianza Global contra el Hambre, la iniciativa estrella de Brasil para el G20, que se lanzará el próximo lunes y ya cuenta con la participación de 41 países. 

El G20 Social es una extensión de la marca Lula. En él, no sólo reverberan sus banderas históricas, sino los ecos de tiempos pasados más gloriosos. Dentro del galpón World Forum of Favelas, destinado a diálogos de las periferias globales, el legendario futbolista Cafú, entregó el viernes a Ángela, una adolescente negra del público, la copa del mundo de fútbol de la FIFA de 2002, última conquistada por Brasil. “La favela es una potencia mundial”, aseguró Cafú, capitán de la selección de 2002. La importancia de los gobiernos locales del U20 también dialoga con la oleada municipalista progresista que precedió a la llegada de Lula al poder en 2002. “Haga lo que haga el gobierno nacional de Trump, trabajaremos localmente contra el cambio climático”, afirmaba el jueves Neicy Shutley, del ayuntamiento de Los Ángeles, en un panel del U20. 

A pesar de que el G20 Social es un intento de rescatar el legado de los trece años de gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), algunas banderas históricas han estado ausentes. Los cambios sufridos por el mundo han modificado algunos debates. Las centrales sindicales han incluido en sus propuestas la renta básica universal y medidas contra precarización del trabajo provocado por plataformas digitales como Uber. La soberanía tecnológica, bandera histórica de los gobiernos de Lula, ha desaparecido tanto del G20 como del G20 Social. En el evento Cria Río, el mundo de los influencers ha sustituido el debate histórico del uso de software libre y licencias como Creative Commons. “Hemos apostado por la participación colaborativa, por dar voz a una red de colaboradores que ya tienen una actuación en los territorios. Las tecnologías libres deberían incluirse en próximos encuentros”, asegura a este medio Marcelo Branco, activista histórico del software libre y uno de los articuladores de la coordinación de comunicación del G20 Social. 

Como contrapunto, personas clave en la lucha contra las fake news cerraron el Cria Río con el panel G20 Talks Combate à Desinformação. Después de tres días de talleres sobre algoritmos, filtros de TikTok y claves para monetizar cuentas de Instagram, Felipe Neto reforzó la importancia de luchar contra el discurso de odio, Humberto Ribeiro (fundador de Sleeping Giants Brasil) y compartió cómo la organización lucha contra empresas cuya publicidad financia a la extrema derecha y la activista filipina Mitzi Jonelle arremetió contra el negacionismo climático.   

La gran apuesta tecnológica de Brasil para el G20 tiene que ver con la Inteligencia Artificial. La declaración de São Luiz, elaborada en encuentros celebrados a lo largo del año, lanza recomendaciones para una Inteligencia Artificial sin racismo algorítmico, desigualdad digital y violación de derechos humanos. Aisha Sayuri da Rocha, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), aseguró que las tecnologías de inteligencia artificial que no respeten los derechos humanos deben ser prohibidas.

Críticas

A pesar del esfuerzo del gobierno de Brasil, no todas las organizaciones de la sociedad civil participaron G20 Social. La Asociación Brasileña de Prensa acogió la Cúpula dos Povos, una contra cúpula protagonizada por movimientos sociales y sindicales que critican la “ley del silencio” impuesta por el gobierno a los participantes en el G20 Social. “En la Cúpula se ha criticado el modelo de control de gastos públicos que solo beneficia el mercado financiero y la contradicción medioambiental del gobierno Lula, que intenta conciliar el desarrollo económico con el discurso de la preservación y transición energética”, afirma a eldiario.es André Lobão, del Sindicato de los Petroleros de Río de Janeiro (Sindipetro). 

Mientras Lula recibía a Antonio Guterres en el fuerte de Copacabana, la Marcha dos Povos, organizada por trescientas organizaciones sociales, mandaba un mensaje claro en sus pancartas principales: “Lula, rompe con Israel, contra el genocidio”, “Fuera G20 y genocidas globales”.

La música brasileña de las últimas cuatro décadas, y posiblemente la poesía, no se entendería sin la sombra transversal y alargada de Arnaldo Antunes (São Paulo,1960). Primero como miembro de Titãs, banda de referencia del rock brasileño de los 80 y después con el éxito planetario de la banda Tribalistas, que formó con Marisa Monte y Carlinhos Brown. Pero también con una prolífica carrera en solitario y una relevante trayectoria como poeta, reconocida con premios literarios como el Jabuti, uno de los más prestigiosos de Brasil.

Antunes conversó con elDiario.es desde Brasil, pocos días antes de llegar a Galicia. Desde su viaje artístico hasta alcanzar “la palabra desnuda”, de los vasos comunicantes entre poesía y música que le influyeron desde Vinicius de Moraes, pasando por el Tropicalismo o su admiración por la lírica medieval de Martín Códax. Antunes es músico, poeta o performer, pero ante todo un artista comprometido sin dobleces contra el auge de la extrema derecha y la debacle cultural provocada por Bolsonaro, que supuso “una usurpación del espacio vital por parte del poder”.

El pasado año se embarcó en una gira de conmemoración con Titãs y no descarta un nuevo reencuentro con Tribalistas: “Nunca hacemos planes, pero puede ocurrir”. Mientras tanto sigue con su carrera y sus conciertos en solitario. Los próximos días llegará a Galicia con dos actuaciones programadas. Una con su banda, en la Sala Capitol de Santiago el sábado 19 de octubre y otra en A Coruña el jueves 31 de octubre, con el virtuoso Víctor Araújo acompañándole al piano.

Llega a Galicia con dos formatos diferentes, uno con banda y otro con voz y piano. ¿Qué tiene cada uno de diferente?

El primero, con una banda que toca conmigo hace años, es un repertorio de varias épocas diferentes, desde mi época con Titãs, pasando por algo de Tribalistas y mi época de solista. El segundo es una novedad porque yo nunca había hecho nada con voz y piano.

Trazó su camino desde el rock de Titás o después en formaciones como Tribalistas. ¿Por qué decidió grabar el disco Lágrimas do mar solo con piano y girar con este formato inusual? 

Lo grabamos durante la pandemia y apenas pudimos estrenarlo hasta 2022. Es algo muy diferente. Me gusta este tipo de formato con Víctor Araújo al piano porque no tiene una marcación rítmica como con la banda. Son tiempos flexibles, puedo extender y jugar con las sílabas y las palabras como yo quiero.

¿Siente que su carrera va evolucionando más hacia la palabra desprovista de artificios, próximo a un formato spoken word?

Hacer un concierto solo de piano y voz nace con la intención de llegar a la semilla y al corazón de la canción, a la canción en su estado más primario, completamente desnuda. Quise experimentar algo que no había hecho antes y me gusta mucho hacerlo. A veces hay poemas hablados, unidos de alguna manera al lenguaje de la canción porque siempre hice performances de poesía.

Brasil tiene una gran tradición de la conjunción entre poesía y música, con referentes como Vinicius de Moraes. Usted también es poeta, ¿se considera un continuador de esa tradición?

La tradición de la canción en Brasil tiene detrás un trabajo poético muy sofisticado. Hai compositores anteriores que tienen un un trato íntimo con la palabra como Noel Rosa, Lamartine Babo o Ismael Silva. En mi caso, en mi período de formación, cuando era adolescente en los 70, tuve una aproximación muy grande a la poesía, en ese momento en el que se encontraron el Tropicalismo y la poesía concreta.

Supongo que ese encuentro le deja su impronta en ese momento como poeta y músico…

Es que además de Vinicius, Caetano Veloso musica los poemas de Augusto de Campos y hay muchos poetas de ese momento que trabajaron la poesía escrita y la poesía cantada. Textos de poetas como Paulo Leminski, Antonio Cicero, Waly Salomao o Torquato Neto son cantados por Caetano, Maria Bethania, Gilberto Gil o Gal Costa.

¿Se podría decir que esa poesía era minoritaria y la canción de la Música Popular Brasileira (MPB) la acercó a la cultura de masas?

Creo que fue muy fecundo ese encuentro. La poesía era más minoritaria pero era considerada en un status superior a la canción popular. Sin embargo la canción popular llegaba más a la cultura de masas y en ese momento se produce una ruptura de ese paradigma.

Volvió a hacer una gira con el histórico grupo de rock Titãs y regresó en 2017 con Tribalistas. ¿Habrá nuevos episodios de estos encuentros o es un capítulo de su vida artística ya cerrado?

Con Titãs fue una celebración especial de los 40 años de la banda. Estuve en la banda del 82 al 92, y fue muy emocionante a nivel personal, además de tener un éxito enorme. No creo que sea algo para seguir haciendo periódicamente.

¿Y con Tribalistas? ¿Piensa en un posible regreso con Marisa Monte y Carlinhos Brown?

El encuentro con Marisa y Carlinhos es siempre muy fértil. Nos produce mucho entusiasmo mutuo y componemos muchas cosas juntos, es un ejercicio de composición permanente. Hicimos en estos años muchas canciones juntos, que grabamos como solistas o grabaron otros artistas, pero no sabemos si habrá un nuevo Tribalistas. No tenemos un plan marcado, pero puede ocurrir. El futuro es muy largo.

Con Marisa Monte, usted ganó hace poco un juicio contra el alcalde de São Paulo, el magnate conservador João Doria, por el uso de su música sin consentimiento en su campaña política. Él les llamó “izquierdópatas y parásitos”. ¿Qué supuso para ustedes que les diesen la razón? 

Ha cambiado mucho lo legislado sobre los derechos de autor. Con las redes, la gente pasa a usarlo de la forma que un autor no desearía, y lo hacen sin nuestra autorización. No nos ha gustado este uso político de nuestras canciones, por eso tomamos medidas y ganamos el juicio. La indemnización (sobre 16.000 euros, al cambio), la donamos a la escuela de samba Mirim da Portela de Rio de Janeiro.

Con su palabra y su actitud, usted se convirtió en una cara visible del activismo cultural contra Bolsonaro. El auge de la extrema derecha se ha expandido también a Europa y España, ¿qué postura puede tener un creador comprometido ante este avance de recorte de libertades? 

Vivimos una situación en el mundo preocupante con esta amenaza que supone el auge de la extrema derecha en el mundo. Por eso tenemos que levantar nuestra voz, sea como ciudadanos manifestándonos y como artistas con las canciones. Compuse un tema, O real resiste, para hablar sobre el impacto de la elección de Bolsonaro en Brasil.

¿Quiere decir que el artista debe combatir con sus canciones determinadas actitudes políticas?

No creo que la canción deba nacer con la obligación de manifestarse siempre politicamente, pero a veces esto es inevitable. Sobre todo como en la época de Bolsonaro, cuando el poder usurpa nuestro espacio vital y eso no se puede obviar. Cuando me salió lo hice con una emoción muy genuina, muy verdadera.

¿En qué fase está ahora Brasil con esta etapa de Lula respecto a la anterior con Bolsonaro?

Estamos más optimistas con Lula, pero la extrema derecha continúa siendo una amenaza y eso es preocupante. Tuvimos elecciones municipales ahora y vimos un crecimiento muy grande de esa derecha intolerante y autoritaria. Creo que debemos posicionarnos siempre que sea preciso. La polarización prosigue y hay mucho trabajo por delante para concienciar a las personas de que puedan frenar este impulso autoritario que amenaza la democracia.

¿Tiene algún vínculo a través de la lengua con la música de Galicia o con artistas de aquí?

Conozco cosas de música medieval. En concreto la obra de Martín Códax me encanta, pero la música y la canción contemporánea de Galicia desafortunadamente no la conozco. Me gustaría mucho saber más y aceptaré recibir indicaciones en estos días que esté por ahí.

El pasado miércoles 18 de septiembre, la red social X volvió a estar operativa en Brasil, a pesar del bloqueo ordenado por el Supremo Tribunal Federal (STF). Un cambio de servidores de la red X, que pasó a usar las direcciones de IP dinámicas de la empresa Cloudflare, burló el bloqueo. “Cualquier magia suficientemente avanzada es indistinguible de la tecnología”, escribió Elon Musk en su perfil de X, alterando ligeramente una frase del escritor de ciencia ficción Kim Stanley Robinson. Alexandre de Moraes, ministro del STF, aplicó una nueva multa de 5 millones de reales (unos 820.000 euros) a X, al considerar que la plataforma pretende “faltar el respeto al Poder Judicial brasileño” por medio de una “fraudulenta, ilícita y recalcitrante persistencia”. 

Cuando parecía que el enfrentamiento entre Musk y Moraes iba a escalar a una nueva fase, X emitió un comunicado reconociendo que la restauración del servicio fue involuntaria y mostrando voluntad de colaboración: “Continuamos con los esfuerzos para trabajar con el gobierno brasileño para que ella (X) vuelva de la forma más breve posible al pueblo brasileño”.

Dos días después, X nombró a su nuevo representante legal en Brasil: Rachel de Oliveira Villa Nova, antigua abogada de la empresa antes del cierre de su oficina en el país en agosto. Después de que el STF saldara las multas de 18 millones de reales de la plataforma usando las cuentas de X y de Starlink (empresa de Internet vía satélite propiedad de Elon Musk), el nombramiento de un representante legal abre el camino a la restauración del servicio de X en el país sudamericano. “La decisión que tomó Alexandre de Moraes exigía tres condiciones para que X vuelva. Esas condiciones están prácticamente cumplidas”, asegura João Brant, secretario nacional de Políticas Digitales.

Con el actual bloqueo de X y el carácter sigiloso del proceso no es posible verificar si la tercera condición (el cierre de perfiles con contenido golpista), se cumple totalmente. Ya han sido bloqueados algunos de los perfiles más polémicos, como de los influenciadores digitales Allan dos Santos (fugitivo de la justicia) y Paulo Figueiredo.

Presión de los inversores

Alexandre de Moraes solicitó el pasado sábado más documentación a X, alegando que el nombramiento de representante legal en el país “no fue debidamente presentado”. Además, autorizó a la Policía Federal (PF) a investigar a perfiles que burlaron el bloqueo de X usando servicios de la tecnología Virtual Private Network (VPN), como los diputados Eduardo Bolsonaro (hijo del ex presidente), Níkolas Ferreira o Carla Zambelli. El retorno del funcionamiento de X en Brasil depende a su vez, según la BBC, del pago de una nueva multa que está siendo calculada por diversos órganos públicos de Brasil. 

El principal motivo para el cambio de estrategia de X reside, según la mayoría de analistas y especialistas, en la presión de los inversores de la plataforma. Bruna Santos, de la organización global Digital Action, considera que la plataforma depende de los inversores y de su imagen pública. “Todo lo que está ocurriendo no ha beneficiado a la imagen de la plataforma, que ha sufrido un éxodo considerable de anunciantes”, aseguró Bruna dos Santos a la BBC. 

Un estudio de la consultora Kantar, basado en entrevistas con 18.000 consumidores de 27 mercados y mil inversores en publicidad, revela que el 26% de los anunciantes planea recortar su inversión en X. De hecho, el 14% de los encuestados retirará sus presupuestos de esta red social antes de que concluya el año. La falta de control de contenido de extrema derecha en X, algo que viola leyes en la mayoría de países, es uno de los motivos alegados por algunos anunciantes. “X ha cambiado mucho en los últimos años y puede ser impredecible de un día para otro. Es difícil confiar en la seguridad de tu marca en un entorno como ese”, afirmó Gonca Bubani, directora de Kantar, en declaraciones a The Guardian. 

Por otro lado, el cambio de estrategia de Elon Musk en Brasil se produce tras la migración de millones de usuarios a aplicaciones como Threads de Instagram o a plataformas como Bluesky. Y justo en el momento en el que la empresa E-Space, empresa de Internet por satélite que disputa mercado a Starlink, haya recibido autorización para operar en Brasil.   

Brasil contra las 'big tech'

El presidente brasileño Lula da Silva hizo una alusión velada a Elon Musk en su intervención en la ONU del pasado martes. “El futuro de nuestra región pasa por la construcción de un Estado sostenible, eficiente, inclusivo, que enfrente todas las formas de discriminación, que no se intimide frente a individuos, corporaciones o plataformas digitales que se creen por encima de la ley”, afirmó el mandatario brasileño. Da Silva recogía así el guante de la carta Contra el ataque de las Big Tech a las soberanías digitales , firmada por intelectuales y activistas de todo el mundo, entre ellos, Thomas Piketty, Yanis Varoufakis, Renata Ávila o Cory Doctorow. 

La carta considera el caso brasileño como “el eje pivotal del conflicto entre las corporaciones big tech y aquellos que buscan construir una democracia y un paisaje digital centrado en las personas”. La carta solicitaba apoyo internacional a Brasil, un país que durante los gobiernos izquierdistas entre 2003 y 2016 fue una referencia en soberanía tecnológica. El sector público apostó entonces por el software libre (en detrimento de los sistemas operativos de Microsoft o Apple), y aprobó el Marco Civil de Internet, que protege la neutralidad de la red frente a las prácticas monopolísticas de las multinacionales. Entre las prioridades del actual gobierno de Lula se encuentran el lanzamiento de un sistema de Internet vía satélite de titularidad pública e impulsar nuevas formas de Inteligencia Artificial desde el sur global, discusión que está ganando peso durante la presidencia brasileña del G20.

El escritor Kim Stanley Robinson, a pesar de no haber firmado la carta de apoyo a Brasil, parece estar al lado de Lula frente a Elon Musk. “No tengo fé en los millonarios, no deberían existir”, confesó tras el lanzamiento de su última novela, El ministerio del futuro.