El caso de la muerte del fundador de Mango se adentra en una dimensión desconocida. La jueza de Martorell (Barcelona) ha dado un giro a las pesquisas y pretende ahora indagar, más de un año y medio después del suceso, si la terapeuta que tuvo en tratamiento a los Andic “ha tenido alguna implicación en los hechos”.

La nueva hipótesis judicial está incluida en un auto del pasado 27 de mayo, adelantado por TVE y El País, en el que la jueza acuerda indagar en los mensajes entre padre e hijo para intentar corroborar la “mala relación” entre ambos y el móvil económico que atribuye al caso. Pese a apuntar directamente a la terapeuta, la magistrada no la cita como testigo ni como investigada.

En el auto, la jueza también desvela que Jonathan Andic tardó casi cinco minutos en hacer la primera llamada después de la caída que causó la muerte de su padre, y la dirigió a la pareja sentimental de su progenitor, a quien contactó antes que al servicio de emergencias.

De acuerdo con la fiscal del caso, la jueza ordena una batería de medidas para analizar las comunicaciones entre padre e hijo tras llegar a la conclusión de que es la única manera para esclarecer el caso tras constatar “algunas imprecisiones”.

Las fechas solicitadas por la jueza para acceder al contenido de su teléfono incluyen al viaje a Ecuador de marzo de 2025 en el que, según Andic, le robaron el móvil. La jueza no se lo cree y apunta a una desaparición del terminal en “extrañas circunstancias” tras las primeras noticias en prensa que lo situaban como sospechoso.

También ha pedido analizar las comunicaciones de Jonathan Andic durante el mes de diciembre de 2024 por si estas “pudieran arrojar luz al proceso de gestación de la propuestas de excursión” a su padre, “y si en dicho proceso han podido intervenir o no otras personas”.

Por otro lado, se han solicitado las conversaciones de Whatsapp de la víctima entre el 1 de mayo de 2024 y el día de su muerte para comprobar los “aspectos económicos de la herencia”, en línea con la sospecha del móvil económico que mantiene la jueza.

La tesis de los Mossos d'Esquadra, que la instructora ha hecho suya, es que Jonathan Andic propuso a su padre hacer una excursión a solas por Collbató con el fin de limar asperezas por las diferencias que habían tenido por cuestiones económicas, después de que el empresario manifestara su intención de dejar parte de su herencia a una fundación con fines sociales.

La obtención del contenido del teléfono de Andic es la única medida que permite, según la jueza, “comprobar los actos” que hizo el hijo del fundador de Mango así como “la premeditación de la acción criminal con alguna persona” y “la existencia de una tercera persona que directa o indirectamente participara en los hechos”.

En concreto, tanto la jueza como la fiscal del caso apuntan la terapeuta de los Andic y a “si ha tenido alguna implicación en los hechos”. La decisión de la jueza supone un cambio en la dirección de la investigación, hasta ahora enfocada exclusivamente en Jonathan Andic, investigado por el presunto homicidio de su padre mientras ambos caminaban por un sendero de Montserrat el 14 de diciembre de 2024.

La magistrada mantiene la tesis de que el móvil económico del presunto homicidio nace de la “mala relación” entre el padre y el hijo, algo que el primogénito negó en sus declaraciones ante los Mossos, pero que según la jueza desmienten los mensajes hallados en el teléfono de Jonathan Andic.

Los mensajes ya han sido matizados por la defensa. Remarcó el abogado Cristóbal Martell en su primer recurso del caso que los mensajes en los que, según la magistrada, Andic muestra “odio” hacia su padre forman parte de la terapia, que buscó “cierta confrontación y reacción para encontrar el crecimiento”.

La togada insiste, como ya hizo en el auto por el que envió a prisión provisional eludible con fianza a Andic, como motivo de las desavenencias “la obsesión por el dinero” de Jonathan. Según la jueza, el hijo le llegó a pedir a su padre una herencia en vida que el fundador de Mango aceptó “para continuar teniendo relación” tras la intervención de la terapeuta ahora señalada como potencial sospechosa.

La jueza incluso se ha adentrado en consideraciones psicológicas sobre la relación entre los Andic. Mantiene la magistrada que Jonathan “manipuló emocionalmente” a su padre “para conseguir sus objetivos económicos”.

Casi cinco minutos después, la primera llamada

La caída, señala el informe de la Unidad Central de Informática Forense de los Mossos, se produjo a las 12:28 horas del mediodía, y no fue hasta 4:34 minutos después que Jonathan hizo la primera llamada a la pareja de Isak Andic, Estefanía Knuth, sin intentar en ningún momento contactar con su padre, indica el análisis de eventos del teléfono móvil del imputado.

El hijo del empresario acabó llamando al servicio de emergencias 112 a las 12:36, ocho minutos después de que su padre se despeñase, para, entre sollozos, avisar de que su padre había caído por un barranco y pedir auxilio.

“Necesito ayuda, necesito ayuda (…) Creo que (mi padre) se ha caído por un barranco, por favor envíen a alguien, envíen a una ambulancia”, dijo Jonathan Andic, según la transcripción de la llamada.

La operadora del 112 que le atendió transfirió la llamada a los bomberos y, posteriormente, a las 13:13 horas, Andic recibió otra de una enfermera del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), a quien manifestó que había visto a su padre “gritar y caerse”, en lo que la juez ve una versión “modificada” de los hechos.

En el auto, la jueza enumera varias contradicciones que en su opinión incriminan a Jonathan Andic en relación con la muerte de su padre y que la investigación en marcha ha sacado a la luz. Entre esas “incongruencias”, la magistrada destaca que Andic mantuvo en sus declaraciones ante la policía (como testigo) que era habitual que saliera a caminar con su padre, pese a que el personal de servicio del empresario aseguró ante la policía que “nunca” lo habían hecho.

El testimonio de los empleados de Isak Andic, añade el auto, lo corroboran las conversaciones de móvil entre padre e hijo, que demuestran que en los últimos diez años Jonathan solo propuso una excursión al fundador de Mango, la ruta del 14 de diciembre de 2024 en Collbató (Barcelona) en la que sufrió la caída mortal.

Impuestos y moda no suelen ir de la mano. Pero seis años después del estallido de la pandemia y con la eclosión de los llamados tecnoligarcas —que cada vez acumulan más presencia, poder y riqueza—, los tributos a las grandes fortunas marcan tendencia. De Estados Unidos a Francia, de Dinamarca a Brasil. El eslogan “eat the rich” (comerse a los ricos) ha evolucionado a “tax the rich” (gravad a los ricos). Y, en España, hasta el PP parece estar de acuerdo.

Un reciente informe del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) constata que la imposición sobre la riqueza ha vuelto a una posición central en la agenda académica y política mundial. No solo por las desigualdades crecientes, sino porque las evidencias muestran que, proporcionalmente, las grandes fortunas son capaces de aprovechar mejor los ‘agujeros’ en el sistema para pagar menos que las rentas más bajas. 

El fenómeno, en España, se ha acelerado en la última década, como evidencia el estudio del ‘think tank’ del Ministerio de Hacienda: “En 2017, el 1% más rico de la población poseía el 24% de la riqueza nacional, proporción que aumentó hasta cerca del 30% en 2023. Esto significa que, en un período de seis años, la participación de la riqueza en manos del 1% más rico se incrementó aproximadamente en 6 puntos porcentuales”.

La acumulación de riqueza, dice el estudio, “es un proceso autorreforzante”. Es decir, como una pescadilla que se muerde la cola: “Quienes poseen mayores volúmenes de capital disponen de una mayor capacidad de inversión, lo que genera rendimientos —en forma de intereses y dividendos— que se capitalizan sobre el stock inicial, impulsando un crecimiento de carácter exponencial. Las personas con mayores ingresos tienen una mayor propensión al ahorro, lo que les permite invertir más, a menudo en activos de mayor rentabilidad, lo que, en última instancia, conduce a una mayor acumulación de riqueza”, describen los autores, y se puede ver en el gráfico siguiente.

El trabajo, La fiscalidad de los grandes patrimonios: el estado de la cuestión, recoge las grandes dinámicas a escala internacional no solo con el Impuesto de Patrimonio —que existe, comparativamente, en pocos países del entorno—, sino también con otros gravámenes como a las grandes herencias (que Sumar ya ha propuesto en España), tributos para las donaciones recibidas desde el extranjero, más progresividad en la imposición sobre las rentas del capital o el endurecimiento de los ‘exit taxes’ (impuestos de salida) para aquellos contribuyentes que abandonan el territorio y la residencia fiscal.

De la tasa Zucman en Francia a Mamdani en Nueva York

Quizá la mayor aportación ‘pop’ a esta tendencia internacional ha sido el trabajo del economista francés Gabriel Zucman, que recoge la estela de otro francés, Thomas Piketty, y propuso una tasa anual del 2% a los grandes millonarios, presentada en 2024 durante la presidencia brasileña del G-20. El estudio del economista apuntó que los multimillonarios apenas pagan un 0,3% de impuestos sobre sus fortunas y que, entre 1987 y 2004, el número de multimillonarios ha pasado del 3% al 14% a escala mundial.

“¿Por qué habríamos de permitir que los multimillonarios no pagaran nada?”, se pregunta el propio Zucman en el prefacio de Por qué los multimillonarios no pagan impuestos sobre la renta y cómo vamos a ponerle fin, una pequeña obra editada por Anagrama y que ha visto la luz este mes de mayo. “Los impuestos que no pagan ellos los tienen que pagar otros, ya sea directa o indirectamente, a través de un menor gasto público en educación, sanidad o infraestructuras”, defiende el economista.

Ese argumento de la pescadilla de la riqueza que se come la cola tiene consecuencias no solo en materia de desigualdad o de poder adquisitivo. También repercute en el funcionamiento de la propia democracia: “Mientras no se exija a los ultrarricos que contribuyan todos los años con una cantidad mínima de impuestos, su riqueza seguirá incrementándose más deprisa que la de los demás, al igual que su poder, incluido el de influir en los mercados, en la ideología dominante y en la configuración de las políticas”, advierte.

Con figuras como Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Tesla), Sam Altman (OpenAI) o el propio Donald Trump, ha surgido una ola en el neoliberal Estados Unidos que apuesta por aumentar los impuestos a los más ricos. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, protagonizó una exitosa campaña electoral con esta promesa. Y le llevó a la alcaldía de la Gran Manzana. En California tendrá lugar el próximo noviembre un referéndum sobre la creación de un tributo del 5% a los milmillonarios en su territorio. El gobernador de ese estado, el demócrata Gavin Newsom, es uno de los posibles aspirantes a la presidencia en las elecciones de 2028.

Los agujeros de los que se benefician las grandes fortunas

En España, en los últimos años ha cobrado mucho interés no solo la posibilidad de imponer la tasa Zucman, sino también la de reforzar el Impuesto sobre el patrimonio, la figura que debería gravar a estas grandes fortunas. Ya en 2022 se impulsó desde el Gobierno el Impuesto Temporal de Solidaridad para las Grandes Fortunas para compensar las rebajas fiscales impulsadas por los gobiernos regionales del PP. Pero el diseño del tributo al patrimonio sigue teniendo demasiadas lagunas. “Agujeros”, como lo ha descrito Oxfam Intermón en un estudio reciente, por los que se pierden todos los años 8.800 millones de euros.

“Es un impuesto que tiene techo de cristal y pies de barro. Cuando uno mira la cantidad del patrimonio que queda exento estamos hablando del 98%”, resumió hace unos días el coordinador de investigaciones de la ONG, Íñigo Macías, durante una jornada en la que se presentaron las principales conclusiones del informe.

La estructura estatal fija un mínimo exento de 700.000 euros, y 300.000 para la residencia principal, con tipos impositivos que van del 0,2% al 3,5%. Pero las comunidades autónomas tienen margen para modificar las características principales del tributo, así como añadir deducciones o exenciones fiscales al impuesto.

En una mesa redonda con otros investigadores, la conclusión fue clara: el sistema fiscal no está siendo capaz de reducir las desigualdades, que cada vez son más acusadas. “El 1% y el 5% más rico se han disparado, sobre todo después de la Gran Recesión. Pero, desde 2008 en adelante, uno de los grandes problemas es que se ha dividido entre dos la riqueza del 50% que menos tiene. Son 25 millones de personas que han perdido la mitad de su riqueza neta y esto hace que seamos mucho menos resilientes a los futuros shocks económicos”, resumió Olga Cantó, catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá. 

La investigadora publicó recientemente un estudio, junto al doctorando Francisco García-Rodríguez, sobre las posibilidades de una reforma del Impuesto de Patrimonio. “¿Podemos con la fiscalidad cambiar la distribución de la riqueza? No. Es imposible. La propuesta más amplia, que es la que propone Piketty en 2014, aplicada a España recaudaría unos 15.000 millones. Con esos 15.000 millones podemos hacer políticas públicas, pero no vamos a cambiar la estructura de la riqueza”, detalló la experta.

La investigadora del Instituto de Estudios Fiscales Nuria Badenes subrayó que “el sistema fiscal está diseñado para una gran mayoría”, que son los trabajadores, no los grandes patrimonios. “Y no es que el sistema esté mal diseñado, pero tenemos que hacer algo para gravar a los más ricos, que no se escapan a un paraíso fiscal, sino que aprovechan las ventajas que les da el sistema”, afirmó. Esos “agujeros” por los que escapan casi 9.000 millones.

Sintonía entre PP, PSOE y Sumar

Y aunque pueda parecer paradójico, parece haber agua en la política española para la piscina que supone un impuesto a los superricos. No hay acuerdo sobre patrimonio, pero PP, PSOE y Sumar mostraron sintonía sobre la posibilidad de gravar a los milmillonarios. 

El diputado popular Pedro Puy, que preside la Comisión de Economía del Congreso, se mostró favorable a un “impuesto global” sobre estas grandes fortunas. “Hay una serie de mecanismos fiscales que podrían ser más efectivos que el Impuesto de Patrimonio”, aseveró. “Repensar si el impuesto de sociedades está bien hecho, si está bien hecha la tributación de los dividendos en el caso de las personas físicas, si las ganancias de capital tributan adecuadamente y, por supuesto, el Impuesto de Sucesiones, que es el mecanismo que mejor hace que se perpetúen las diferencias”, reflexionó. Ideas en las que, más o menos, coincidieron los representantes del PSOE, Juan Antonio González, y de Sumar, Carlos Martín.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, definió la imposición a los que más ganan como una “lucha justa”. “Si se quiere la democracia, se quiere un país justo. Si algo ha demostrado la historia, y lo vemos ahora, es que en los países con un menor nivel de desigualdad, sus economías funcionan mejor y son sociedades más justas”. La moda parece ser que, antes de comerse a los ricos, es mejor freírlos a impuestos.

Esta semana en la red social X han coincidido dos debates magníficos para entender por qué España va a acabar teniendo de vicepresidente (o quizá de presidente en la sombra) a Santiago Abascal. Uno de ellos concluía que ganar 4.000 euros netos al mes es de pobres; el otro que 1.200 euros mensuales de SMI es una locura que nos va a llevar a la ruina. Así que había gente que, haciendo cuentas, te aseguraba que un salario bruto de 80.000 euros anuales (que percibe menos del 8% de la población en España) no te da para nada y otra gente (o la misma) que un SMI de 1.221 euros es una pretensión absurda que va a suponer la ruina del empresariado español, especialmente en su versión hostelera. La conclusión es que en España hay un claro excedente de mendrugos aspiracionales que no han entendido cómo funcionan las estructuras de clase y por eso 4.000 euros que nunca van a ganar si no se oponen al extractivismo de las élites rentistas y explotadoras les parece poco y 1.200 euros derivados de meter en el Gobierno la dignidad de la clase obrera, les parece mucho, sobre todo si lo cobran otros. 

En 2012, todavía bajo los efectos de la crisis de 2008 y sin imaginar el paréntesis alucinatorio de la pandemia, los economistas norteamericanos Daron Acemoglu y James A. Robinson escribieron Por qué fracasan los países, los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Los autores aseguraba que ni la geografía, ni la demografía, ni el clima, ni la historia o la cultura colectiva son determinantes en la prosperidad de una sociedad. Lo más importante es la calidad de sus instituciones y de las élites, que pueden ser inclusivas, buscando una mayor participación y beneficio de la sociedad, o extractivas, buscando el beneficio propio y el trasvase de riqueza hacia arriba, hacia los que tienen más. Las instituciones inclusivas se inclinan hacia la justicia, las extractivas, hacia el orden. Más de una década y muchos traumas después, siguen teniendo razón: los gobiernos progresistas se inclinarán por los servicios públicos y la redistribución, los neoliberales por la supresión de impuestos y el punitivismo contra el pobre o el inmigrante. Es fácil concluir quién sale beneficiado de uno u otro modelo. 

De por qué en España se perciben salarios de miseria en comparación con otros países de la UE se habla poco porque pone en jaque nuestro modelo económico y de crecimiento. Los trabajadores solemos ignorar que hay empresas altamente subvencionadas por el Estado que pagan una miseria a sus trabajadores mientras se quejan de las paguitas y los liberales prefieren que no sepamos que subir el SMI no sirve solo para que el trabajador que lo percibe pueda pagar la cesta de la compra, también para que las empresas dejen de crear empleos de baja cualificación y productividad que, además de explotar al empleado, arruinan la economía. Esto se une a que España es el paraíso del pijo rentista aspiracional, una chusma que ha decidido que otros van a trabajar por ellos a cambio de dejarles vivir en sus propiedades. En lugar de masacrar a impuestos a esa chusma y amenazarles con expropiaciones, el español populista se inclina por doblar la rodilla, pedir perdón a los ricos y hacerles la pelota hasta límites intolerables con el único objetivo fantasioso de llegar a ser como ellos: unos parásitos de por vida. 

La frase que se atribuye a San Agustín y que reza “si me analizo me deprimo, si me comparo me ensalzo” explica en buena parte que España, pese a ser uno de los países más vivibles del mundo, conserve modales incívicos y propensión a admirar a gente que no ha hecho otra cosa en su vida que heredar, vivir de las rentas y esquivar a Hacienda. Lo lógico y darwinesco sería que el 99% impidiéramos al 1% esclavizarnos y convertirnos en “permanent underclass”, el término que se utiliza en Silicon Valley para referirse a los trabajadores que jamás saldrán de la precariedad y que se verán obligados a trabajar 996, de 9 a 9, seis días a la semana. La realidad es que los ricos pueden ser todo lo imbéciles, ignorantes, explotadores y absurdos del mundo mientras siga habiendo gente normal que crea que se han ganado lo que tienen. El engaño más persistente de la historia de la Humanidad: ignorar que los ricos han sido, son y siempre serán nuestros parásitos. 

1.250 euros al mes por la “revisión editorial” de una newsletter semanal. Es uno de los gastos cargados por Julio Pomés, presidente de Fundación Civismo, a este ‘think tank’ de orientación marcadamente derechista que apadrinan ultrarricos como Juan Abelló o la dueña de Prosegur, Helena Revoredo, y que en 2024 fichó como patrono a Javier Fernández-Lasquetty, ideólogo de las privatizaciones sanitarias de Esperanza Aguirre en Madrid y ex gurú económico de Isabel Díaz Ayuso.

elDiario.es ha tenido acceso a una factura de 7.500 euros brutos emitida a Civismo por su presidente y fundador el 28 de septiembre de 2023. El concepto o “referancia [sic] del trabajo” que figura es: “Revisión editorial de la newsletter semanal de la Fundación Civismo durante el primer semestre de 2023”. Equivale a 1.250 euros brutos al mes solo por revisar esa lista de distribución de noticias que la entidad lleva tiempo sin enviar a sus suscriptores. 

Preguntado por este asunto, Pomés reconoce la existencia de esos pagos y asegura que sus trabajos para Civismo van mucho más allá de revisar esas newsletter. “Las hago yo también”, dice al teléfono. “Aparte de ese trabajo”, afirma, hace “muchísimas más cosas” para la fundación. “Dedico 24 horas al día a la Fundación Civismo y dedico un montón de gastos a vivir en Madrid”, indicó en una breve conversación con este medio antes de colgar el teléfono.

Preguntado por este medio, Pomés no responde a la pregunta de si Civismo ha pagado el alquiler de la vivienda en el Paseo de la Castellana de Madrid en la que el lobista residió durante años, inmueble que al mismo tiempo albergaba la anterior sede de la entidad. “Solo había un baño que tenía dos puertas, una que daba a la oficina y otra a su casa”, explica una fuente con conocimiento directo del asunto, que pide el anonimato.

Pomés tampoco confirma que Civismo le comprase a su presidente durante años los ISBN (códigos identificativos de una publicación que funcionan como su DNI) para informes que publicaba la entidad. Según algunas fuentes, el 'think tank' adquiría esos ISBN (con el correspondiente sobreprecio) a una sociedad británica ya extinta, Economic Reviews LTD.

Esa sociedad pertenecía a Pomés, tal y como recoge el Registro Mercantil de Reino Unido. En el catálogo de la Biblioteca Nacional hay cerca de una decena de publicaciones editadas por Civismo con su propio ISBN: de estudios firmados por su presidente a un informe sobre el sector del vapeo y una monografía firmada por Agustín García Inda, actual CEO de la Corporación Empresarial Pública de Aragón (CEPA).

Pomés, que el mes pasado cumplió 76 años, está muy vinculado a Navarra (la única vivienda que tiene a su nombre es un céntrico piso en Pamplona). Su 'think tank' ha situado sistemáticamente a la Comunidad de Madrid a la cabeza del “Índice de Libertad Económica” de Civismo, que mide aspectos como el esfuerzo fiscal, el gasto público o el empleo público. En 2021, el propio Pomés entregó a Ayuso el premio anual de Civismo por convertir la región “en un inestimable reducto de libertad”.

La factura a la que ha tenido elDiario.es es posterior al fuerte incremento de las donaciones a Civismo que se produjo entre 2019 y 2022. Ese año la entidad registró un récord de gastos de 304.677 euros, con una importante desviación del 24% respecto a los 245.000 euros inicialmente presupuestados.

Así lo reveló un análisis de las cuentas del 'think tank' realizado en 2024 que confirmó que entre sus donantes estaban Abelló, Prosegur o el multimillonario Víctor de Urrutia, otro de sus patronos ultrarricos. La memoria anual que la entidad publica en su web no detalla cifras económicas.

Pomés, que compara a Pedro Sánchez con el ministro de Propaganda nazi, Joseph Goebbels, se dedicaba en los 90 a dar clases de Química (disciplina de la que es doctor) en la Universidad Pública de Navarra. A principios de siglo se recicló como lobista. Con un diploma en Alta Dirección de Empresas por el IESE, la escuela de negocios de la Universidad de Navarra (del Opus Dei), montó un 'think tank' allí (Institución Futuro) y luego Civismo, cuya primera sede estaba en Navarra.

Su hermano es Javier Pomés, ex eurodiputado de UPN-PP y ex consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, que fue imputado en 2025 por un delito contra la seguridad vial por conducir sin puntos en su carnet en Pamplona y en 2018 aceptó una condena de 16 meses de cárcel por alzamiento de bienes al ayudar a un jeque árabe a eludir una deuda millonaria con la Seguridad Social. Poco después, trascendía que Julio Pomés estaba pidiendo dinero por carta a empresarios de Navarra para financiar un informe contrario al gobierno que entonces lideraba Uxue Barcos, nacionalista de izquierdas.

“Estado limitado”

Civismo se define como “catalizador de ideas que trabaja en defensa de la libertad” y aboga por un “Estado limitado”. Forma parte de Atlas Network, red global de fundaciones y 'think tanks' de corte conservador y libertario impulsada por multimillonarios y fundaciones de derecha como la Fundación Koch, la Heritage Foundation y Templeton, así como grandes corporaciones de sectores como el petróleo, el tabaco y el farmacéutico.

Civismo lleva años calificando a España como “un infierno fiscal”, tal y como defiende Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. Hace unos días organizó un encuentro sobre esta cuestión en el que un fiscalista que lleva meses acusando a Hacienda de “carterista” declaró que España se ha convertido en una “Corea del Norte en materia fiscal” y que la Agencia Tributaria es una “mafia”.

Los miembros del PP son habituales en actos del lobby, aunque también hay vínculos con la ultraderecha. Juan Ángel Soto, director de Civismo hasta 2021, fue luego director de Internacional de Disenso, la fundación de Vox. También estuvo muy vinculado a Civismo durante años Carlos Espinosa de los Monteros, ex Comisionado de Marca España y padre del exdiputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros. El vicepresidente de la fundación es Juan Félix Huarte, heredero del constructor navarro Félix Huarte, que se hizo de oro durante la dictadura y construyó el Valle de los Caídos.

El actual director general de Civismo es Albert Guivernau, ex número dos en 2023 en las listas al Ayuntamiento de Barcelona por Valents, efímero partido conservador y constitucionalista. Hace un par de años El País lo incluyó en un reportaje sobre “los fans españoles” del histriónico presidente argentino, Javier Milei, en vísperas de su visita a España invitado por Ayuso. Economía Digital citaba hace unas semanas a Civismo entre los 15 think tanks “que marcan el pulso económico y político de España”.

La entidad tiene entre sus estudios más conocidos su “Día de la Liberación Fiscal”, cuándo calcula que un español deja de pagar impuestos cada año. En 2024, tras fichar a Lasquetty, otorgó su premio anual al juez jubilado Manuel García-Castellón.

Recientemente, ha lanzado un Centro de Análisis de la Sostenibilidad del Modelo Económico (CASME) del que forman parte figuras como Lasquetty, José Luis Feito (CEOE), Juan Iranzo (condenado por las tarjetas ‘black’) o Daniel Lacalle. Entre otras cuestiones se pregunta si “compensa no trabajar en España”: “En determinados contextos, no trabajar y depender de las ayudas sociales puede ser más ventajoso que aceptar un empleo formal con el SMI” por “la interacción” entre salario mínimo, subsidios por desempleo y trabajo sumergido, sostiene.

El director del CASME es el secretario general de la Fundación Civismo, el catedrático emérito de la Complutense Francisco Cabrillo, al que Ayuso nombró consejero de la Cámara de Cuentas madrileña junto al expresidente Joaquín Leguina. Allí cobra más de 124.000 euros anuales. Cabrillo ya fue colocado por Aguirre en 2004 para presidir el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid. Poco después de cesar en 2012 presidió brevemente Libertad Digital, de la que fue socio otro ultrarrico patrono de Civismo, Víctor Ruiz, accionista de Azkoyen y fundador de la quebrada ingeniería Eurofinsa.

Cabrillo también llegó a ser nombrado presidente del consejo asesor de Madrid Network, opaca asociación a la que la Comunidad de Madrid destinó decenas de millones de dinero público cuyo rastro se ha perdido. Su nombramiento se anunció en 2012 a bombo y platillo aunque el máximo órgano fiscalizador de Madrid ha asegurado que tal consejo asesor “nunca se llegó a constituir”. 

Entre las personas que han asesorado a Civismo está el economista Javier Santacruz, asesor de la fundación del PP (Reformismo XXI) al que la Guardia Civil denunció en diciembre de 2024 por la supuesta extracción ilegal de tierras para Quantum Minería, que quiere abrir una mina de tierras raras en Ciudad Real.

Ex economista jefe de Civismo, administró brevemente (año y medio, hasta septiembre de 2018) la citada sociedad británica de Pomés, Economic Reviews LTD. Al teléfono, Santacruz vincula esa firma a la relación de Civismo con un 'think tank' de orientación similar en Londres, el Institute of Economic Affairs (IEA). Asegura desconocer esa operativa con los ISBN de los informes de Civismo.

Otras personas vinculadas a Civismo son el citado Lacalle (ex “jefe de Estrategia”), Cayetana Álvarez de Toledo, Fernando del Pino (de la familia dueña de Ferrovial), José María Rotellar (asesor a tiempo parcial del gobierno madrileño), Luis María Linde (gobernador del Banco de España con el PP) o Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria con José María Aznar y columnista en medios de derechas.

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, deja temporalmente la vicepresidencia de la compañía para centrarse en defenderse de la acusación por homicidio de su padre, Isak Andic.

Así lo ha anunciado Andic en una carta abierta, en la que el primogénito comunica su decisión “desde el dolor, la impotencia y la frustración” de encontrarse en lo que, denuncia, es un “relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad” y una “injusta e infundada acusación” por la muerte de su padre.

En la misiva, adelantada por la agencia EFE y a la que ha tenido acceso elDiario.es, Jonathan Andic comunica que se aparta de la videpresidencia de Mango (en la que ya no ostentaba funciones ejecutivas), aunque conservará sus responsabilidades en los “proyectos familiares, empresariales y sociales”, entre ellos las sociedades patrimoniales de la familia.

El hasta ahora vicepresidente de Mango argumenta en la misiva que la “atención y el foco” que exige su defensa en el proceso judicial, tras su imputación por el presunto homicidio de su padre, le impide “mantener el alto compromiso” que exigen sus responsabilidades en la compañía.

A nivel comercial, y hasta la detención y puesta en libertad el pasado martes tras pagar Jonathan Andic un millón de euros de fianza, Mango no se había visto afectada por la muerte de su fundador. Todo lo contrario: la compañía batió récords de ventas en 2025, con 3.767 millones, y obtuvo un beneficio de 242 millones, un 11% más que el año anterior.

Sin embargo, el año anterior no se contaba con una resolución judicial que, aunque no es definitiva y se puede recurrir, apunte de forma tan clara contra Jonathan Andic. Tampoco se había producido una imagen contraria a la presunción de inocencia y con un potencial impacto en la reputación de la marca: la entrada esposado de Jonathan Andic en los juzgados.

Además de la deficiente infraestructura de los juzgados de Martorell (están en los bajos de un bloque de pisos y solo tienen una puerta por donde entra todo el mundo, lo que obliga a trasladar a todos los detenidos por la calle), fuentes jurídicas mostraron sus dudas a este diario de que fuera necesaria la detención de Andic. Se le podría haber citado como investigado y que acudiera al juzgado por su propio pie, agregaron estas fuentes.

En la misma carta, Andic ha denunciado que la acusación en su contra es “injusta e infundada” y que se ha construido un relato con una visión “descontextualizada y tergiversada”, aunque está convencido de que se demostrará su inocencia.

Lejos del relato de desencuentro familiar como móvil económico del homicidio que presenta la última resolución judicial del caso, Andic expresa en su carta lo que ya manifestó ante la jueza: “He querido y quiero profundamente a los míos, y de una manera muy especial, a mi padre”. Asegura además que con su progenitor vivió “muchos momentos felices, entrañables y llenos de cariño”.

Admite el primogénito que tuvo “momentos difíciles y complejos” con su padre “como sucede en tantas familias”, pero que los pudieron superar “con gran esfuerzo, generosidad y ayuda”. “El amor, el respeto y el vínculo que siempre hemos sentido forman parte del ADN de nuestra familia, como saben aquellos que nos conocen bien”, agrega.

Sin mencionar explicítamente a los Mossos d'Esquadra, la jueza de Martorell o los medios de comunicación, Andic sí critica que “se ha construido un relato público con una visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad”.

“Sé que desmontarlo exigirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa”, agrega el primogénito, que asegura que afronta esta situación convencido de que los hechos demostrarán “de forma clara” su inocencia y que “la verdad acabará imponiéndose”.

“Hace unos diecisiete meses perdí a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano. A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona”, asegura Jonathan Andic en la carta.

Jonathan Andic es el único que sabe qué pasó en el sendero de la montaña de Montserrat donde murió su padre. Y así seguirá siendo aunque el caso avance y pueda llegar a sentarse en el banquillo acusado de matar al fundador de Mango y primera fortuna de Catalunya, Isak Andic.

Tras investigar durante un año, interrogar a decenas de testigos y bucear en el teléfono del hijo del dueño de Mango, los Mossos d'Esquadra han presentado sus conclusiones sobre el caso, que han hecho suyas la fiscal y la jueza. Como suele ocurrir, la investigación policial se ha focalizado en los indicios más comprometedores contra Andic (que los hay) y ha dejado rezagados los posibles elementos de descargo.

La falta de una prueba directa sobre la autoría de la muerte ha llevado a los agentes a recopilar indicios que, sumados al supuesto móvil económico y a la mala relación padre-hijo, cristalizan en el contundente auto de la jueza de este martes. La defensa apenas ha empezado a estudiar el sumario (más de 1.400 páginas), pero no ha dudado en tildar la tesis del homicidio de “conjetura inconsistente”. Andic pedirá a la jueza volver a declarar una vez su equipo de abogados haya podido analizar toda la causa.

Ahora empieza el partido para el abogado de Andic, Cristóbal Martell, para contrarrestar lo sostenido por los agentes, la jueza y la fiscal. La tarea no es sencilla: además de la disputa técnica con pruebas periciales, la defensa se enfrenta al reto de no ahondar todavía más en la intimidad familiar destripada por la investigación y a los posibles efectos reputacionales que el avance de la causa tenga en la marca Mango.

El indicio más relevante: tres visitas al lugar de los hechos

Distintas fuentes jurídicas coinciden en que el indicio más claro contra Jonathan Andic son sus visitas previas al lugar de los hechos. En una de sus declaraciones policiales tras la muerte de su padre, explicó que unos quince días antes de los hechos, el 14 de diciembre de 2024, ya había estado en el sendero de Collbató al ser uno de sus paseos habituales.

Sin embargo, las imágenes de las cámaras de tráfico del municipio al pie de Montserrat han situado el coche de Jonathan Andic en el camino el 7, el 8 y el 10 de diciembre de 2024. El punto del sendero por el que cayó el dueño de Mango, resalta la jueza, es el único que “presenta una exposición de caída”.

Otro de los aspectos a los que más importancia da la jueza es el borrado del móvil que Jonathan Andic realizó “coincidiendo” con la reactivación de la investigación en marzo de 2025. Según la versión que el hijo trasladó a su secretaria, le robaron el teléfono durante un viaje “relámpago” a Ecuador.

Las contradicciones

Jonathan Andic no solo declaró ante los Mossos d'Esquadra, sino que lo hizo dos veces: el 14 de diciembre de 2024, inmediatamente después de la muerte de su padre, y quince días después. Por aquel entonces, no estaba formalmente investigado. Pero sus palabras se le han vuelto en contra, como a veces ocurre con las declaraciones policiales.

Aunque en otros casos mediáticos (como el caso Alves) los jueces han dado una “importancia menor” a las versiones distintas que dio el investigado ya estando detenido, la jueza del caso Andic sí le otorga importancia a las contradicciones.

Esas supuestas contradicciones afectan, en primer lugar, a lo qué ocurrió en el sendero de montaña donde Isak Andic perdió la vida. Destaca la jueza que, el mismo día de los hechos, Jonathan dijo a la policía que caminaba 4 o 5 metros por delante de su padre, pero que 15 días después afirmó que caminaban juntos.

“Es poco probable que si iban caminando juntos no lo viera caer”, concluye la instructora. También aprecia diferencias la magistrada en el lugar en el que el padre usó el teléfono, según lo manifestado por el hijo.

Además, tras contrastarlo con el contenido hallado en el teléfono de Jonathan Andic, que según la jueza incluye mensajes de “odio” y hasta “ideas de muerte” hacia su padre, la instructora discrepa de que la relación entre ambos en el momento de la muerte fuera buena, tal y como manifestó el investigado.

La batalla por la pisada

Una de las pruebas más relevantes para los Mossos d'Esquadra (y en las que más se han esmerado) es el análisis de una pisada en el punto del sendero en el que se despeñó. La unidad de montaña de la policía catalana ha realizado hasta 10 simulacros del “refregado de la suela” del modelo de zapato que llevaba el multimillonario.

El resultado del análisis por parte de los Mossos es incriminatorio contra el hijo del magnate: según la policía, un resbalón no puede producir la profundidad de la suela del zapato hallada en el camino.

Otros informes forenses también descartan, según la jueza, la caída accidental que fue la hipótesis inicial del caso porque Andic cayó “como si se hubiera lanzado por un tobogán, con los pies por delante”. Previsiblemente, estas pruebas serán replicadas por la defensa con otras periciales que contradigan la tesis de los investigadores.

El dinero y el caso Andic

La clave del caso es el móvil económico y la “obsesión por el dinero” que, según la jueza, llevó a Jonathan Andic a matar a su padre de forma “premeditada” ante el temor de que el fundador de Mango modificara el testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación de ayuda social.

El hijo conoció las intenciones del padre a mediados de 2024, aunque el cambio en el testamento nunca llegó a formalizarse en el medio año que pasó hasta su muerte. La resolución judicial no aporta más datos sobre qué consecuencias económicas habría tenido para Jonathan que su padre creara una fundación benéfica.

Según portavoces de la familia citados por la agencia EFE, el proyecto de crear una fundación destinada a fines sociales siguió adelante tras la muerte de Isak Andic, sin que sus hijos, incluido Jonathan, plantearan objeción alguna: si el plan se paralizó es por la coincidencia con la investigación sobre la muerte del empresario y será la familia la que decidirá cuándo se reanuda.

El propio auto sí incorpora, sin embargo, un hecho que muestra que el primogénito no tenía a priori que temer por su futuro financiero: Isak Andic aceptó la petición de su hijo para concederle la herencia en vida. La cesión se produjo, según la resolución, tras la mediación de una psicóloga en el contexto de las tensiones familiares por la gestión de Mango.

El impacto en la compañía

A nivel comercial, Mango no se ha visto afectada por la muerte de su fundador. Todo lo contrario: la compañía batió récords de ventas en 2025, con 3.767 millones, y obtuvo un beneficio de 242 millones, un 11% más que el año anterior. Pero el año anterior no se contaba con una resolución judicial que, aunque no es definitiva y se puede recurrir, apunte de forma tan clara contra Jonathan Andic.

Tampoco se había producido una imagen contraria a la presunción de inocencia y con un potencial impacto en la reputación de la marca: la entrada esposado de Jonathan Andic en los juzgados.

Además de la deficiente infraestructura de los juzgados de Martorell (están en los bajos de un bloque de pisos y solo tienen una puerta por donde entra todo el mundo, lo que obliga a trasladar a todos los detenidos por la calle), fuentes jurídicas dudan de que fuera necesaria la detención de Andic. Se le podría haber citado como investigado y que acudiera al juzgado por su propio pie, agregan estas fuentes.

Jonathan Andic mantiene su cargo como vicepresidente de Mango, sin responsabilidades ejecutivas, y sigue al frente de las sociedades familiares que comparte con sus dos hermanas, Sarah y Judith. La familia ha reafirmado que apoya la inocencia del primogénito.

Es una de las imágenes del año. Estigmatizante, pero histórica. El hijo del hombre más rico de Catalunya ha entrado esposado en el juzgado, custodiado por cinco mossos d'esquadra, e investigado por el homicidio de su padre, fundador de Mango. Jonathan Andic ha declarado una hora y ha salido en libertad tras abonar en apenas 20 minutos una fianza de un millón de euros.

La resolución judicial por la que se decreta la libertad de Andic tiene tintes de guion de Succession, aunque sigue sin contar con una prueba clara que determine la autoría del hijo del fundador de Mango. La jueza sí compra todos los indicios expuestos en los atestados de los Mossos d'Esquadra y señala la “obsesión por el dinero” de Jonathan Andic y la “mala relación” y el “odio” hacia su padre como claves del caso.

En un comunicado, la defensa y la familia de Andic han cargado contra la investigación policial que han asumido Fiscalía y jueza. “La conjetura del homicidio es inconsistente. Pero, sobre todo, es dolorosa. Estigmatiza a un hombre inocente. Ahora comienza auténticamente el proceso y brillará la verdad y la inocencia”, ha expresado Cristóbal Martell, abogado de Jonathan Andic.

El auto, junto a la imagen de Andic entrando esposado en el juzgado de Martorell, son demoledores para la imagen del hijo del dueño del imperio de la moda. En 14 páginas, la magistrada condensa año y medio de investigación policial y enumera siete indicios de lo que considera una “participación activa y premeditada” de Jonathan en la muerte de su padre al despeñarse en un sendero en Collbató (Barcelona) en diciembre de 2024.

Primero y principal: la “mala relación” del hijo con el padre, algo que el primogénito negó en sus declaraciones ante los Mossos, pero que según la jueza desmienten los mensajes hallados en el teléfono de Jonathan Andic.

La togada sitúa como motivo de las desavenencias “la obsesión por el dinero” de Jonathan, hasta el punto que, según el auto, le pidió a su padre una herencia en vida que el fundador de Mango aceptó “para continuar teniendo relación con su hijo” tras la intervención de una psicóloga.

A mediados del año 2024 (esto es, seis meses antes de la muerte de Andic al caer durante una excursión en el macizo de Montserrat), Jonathan “fue conocedor”, indica la jueza, de que su padre tenía intención de cambiar el testamento “creando una Fundación para ayudar a las personas necesitadas”. La magistrada sitúa esta decisión como detonante de un “cambio de actitud” de Jonathan con su padre, con el que pretende “reconciliarse y reconoce que su actitud con el dinero no es la correcta”.

El padre, agrega la jueza, aceptó la excursión de su hijo “para hablar los dos solos”. Este es el principal salto temporal del auto, toda vez que la caminata donde el fundador de Mango perdió la vida ocurrió medio año después de que estallaran las supuestas discrepancias entre padre e hijo.

La jueza incluso se adentra en consideraciones psicológicas sobre la relación entre los Andic. Mantiene la magistrada que Jonathan “manipuló emocionalmente” a su padre “para conseguir sus objetivos económicos”. También mantiene que en los mensajes analizados en su teléfono el hijo muestra “sentir odio, rencor, ideas de muerte, y culpabilizar de su situación a su padre”.

“Planificación y estudio”

La magistrada enmarca esta estrategia de supuesta reconciliación dentro de lo que, en realidad, sería “una planificación y estudio previo del lugar de los hechos y un intento de crear una situación y circunstancias concretas lo más discretas posibles previamente a los hechos, en el mismo momento y durante los minutos posteriores a la caída”.

Esta premeditación que la magistrada advierte sería más compatible con un delito de asesinato, pero de momento la causa permanece abierto por homicidio “sin perjuicio de ulterior calificación”, agrega la jueza.

Los días previos y el sendero donde se precipitó Andic, que no presenta grandes dificultades, son otros dos de los indicios que pesan contra Jonathan Andic. La jueza destaca que el hijo del fundador de Mango visitó “el lugar de los hechos” hasta tres veces en solo siete días antes de la caída de su padre.

El recodo de la montaña por donde se precipitó el empresario es otro de los principales indicios de criminalidad a los que se aferra la jueza: las investigaciones de los Mossos d'Esquadra, que incluyeron cuatro simulacros en el mismo punto por el que cayó Andic, han concluido que una pisada como la hallada en el lugar de los hechos “no es posible por un resbalón”.

Además, la jueza cita el informe forense, que no ve signos de resbalón sino que compara la caída con un lanzamiento “por un tobogán, con los pies por delante”, de forma que todas las lesiones fueron en el lado derecho y en forma ascendente, sin afectación en las manos, un dato clave para los investigadores.

A los indicios sobre el terreno, se le suma la “desaparición en extrañas circunstancias”, en palabras de la jueza, del móvil de Jonathan Andic. Según trasladó el hijo a su secretaria, le robaron el teléfono en un “viaje relámpago” a Ecuador entre el 24 y el 26 de marzo de 2026. Sin embargo, la jueza destaca que Andic borró el contenido de su anterior terminal tras cambiarse el móvil, y que las fechas de su desaparición “coinciden” con las noticias en presa sobre la reapertura del caso, inicialmente archivado.

Las gestiones de los Mossos para “determinar la pérdida o sustracción” del antiguo teléfono de Andic han resultado “negativas”, agrega la magistrada.

Llamadas y “contradicciones”

Tampoco le cuadran a la jueza las llamadas a los servicios de emergencia que Jonathan realizó tras la caída. En las dos primeras, indica la jueza, manifestó al teleoperador que su padre se había caído por un barranco, en el Montserrat. En la tercera, explicó a la enfermera lo que, según la jueza, es otra versión: que iba por delante de su padre “y de repente ha oído ruido de piedras y cuando se ha girado lo ha visto gritar y caerse”. Esta llamada difiere, siempre según la magistrada, de la declaración que Andic prestó ante los Mossos, pese a que la jueza recoge que Andic manifestó que también iba caminando por delante de su padre y vio su cuerpo rodando y escuchó un gemido de dolor.

En su auto, la jueza enumera las “contradicciones” de Jonathan Andic en sus diferentes declaraciones, las primeras a los Mossos tras la muerte de su padre, los días 14 y 31 de diciembre de 2024, y las de este martes en sede judicial, únicamente a preguntas de su defensa.

En la primera de las declaraciones, la del 14 de diciembre, afirmó que “se adelantó unos cuatro o cinco metros por delante de su padre”, que este se paró para tomar unas fotografías y sin tenerlo a la “vista”, se giró y vio “un cuerpo rodando entre los matorrales, y escucho un fuerte golpe y un gemido de dolor”. Sin embargo, el 31 de diciembre Jonathan declaró que su padre hizo uso del teléfono al principio del recorrido, y que ya “no lo volvió a ver que lo utilizara”.

La investigación de los Mossos del volcado del móvil del empresario fallecido determina que “solo” lo utilizó al inicio del camino, y que no hizo uso del mismo en el “lugar de los hechos”, es decir, desde donde se precipitó al vacío. La montaña es la otra única testigo de la muerte de Isak Andic.

El hijo del fundador de Mango, Jonathan Andic, detenido por la muerte de su padre, Isak Andic, ha estado vinculado a la operativa de la empresa desde hace más de dos décadas, aunque no llegó a suceder a su progenitor al frente de la compañía.

Tras su fallecimiento, dejó la gestión diaria para centrarse en la administración de las patrimoniales familiares, que heredó a partes iguales con sus dos hermanas. Jonathan Andic, nacido en 1981, es propietario junto con sus hermanas Sarah (1984) y Judith Andic (1997) del 'holding' Punta Na, que controla el 95 % de la empresa.

Toni Ruiz, consejero delegado y presidente ejecutivo de la compañía, posee el 5 % restante y es el único accionista ajeno a la familia, una participación que Isak Andic le entregó en reconocimiento a su labor al enderezar el rumbo de la textil tras el periodo de pérdidas registrado entre 2016 y 2018.

Responsable de la línea de ropa masculina

Jonathan Andic estudió Comunicación Audiovisual en Estados Unidos y más tarde amplió su formación en la escuela de negocios IESE, donde cursó un programa EMBA de contabilidad y finanzas para directivos.

En 2005, con 24 años, se incorporó a Mango, y solo dos años después colaboró con el lanzamiento de la línea de ropa masculina de la marca, que dirigió hasta mediados de 2025, meses después de que su padre muriera al caer por un precipicio mientras ambos caminaban por la montaña.

Jonathan fue el encargado de impulsar Mango Man a escala internacional, y a lo largo de su trayectoria en la compañía ha asumido asimismo la supervisión del área de comunicación e imagen, y la de interiorismo, entre otras responsabilidades.

En 2012, Isak Andic le situó como uno de los dos vicepresidentes ejecutivos de la compañía, aunque nunca llegó a sucederle al frente de la firma.

Tras la salida de Enric Casi como director general en 2015, la empresa atravesó un periodo de pérdidas, entre 2016 y 2018, y el fundador recurrió a ayuda externa para lidiar con la crisis.

Toni Ruiz, que había llegado a la empresa como director financiero, fue elevado a director general en 2018 y ascendido a consejero delegado en 2020.

Perfil bajo tras la muerte de Isak

El primogénito del fundador de Mango ha mantenido un perfil público bajo tras la muerte de su padre. En septiembre de 2024 se casó con la 'influencer' Paula Navarro, con la que tuvo un hijo al año siguiente.

Según las cuentas de Mango, los tres hijos Isak Andic se repartirán 206 millones de euros a cuenta del dividendo de la compañía de 2025, casi el 90 % del beneficio de la firma en ese ejercicio.

El mes pasado, los hermanos Andic volvieron a ocupar espacio en las páginas de la prensa económica al recibir luz verde de la CNMV para operar con la sociedad de capital riesgo Pikeville, integrada en el 'holding' Punta Na.

Investigado por homicidio, pero en libertad. El hijo del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha abonado en poco más de 20 minutos el millón de euros de fianza que le había impuesto la jueza para eludir la prisión provisional en la causa en la que permanece investigado por la muerte de su padre, Isak Andic.

El caso está abierto por un delito de homicidio, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunnya (TSJC). Andic ha declarado durante alrededor de una hora ante la jueza de Martorell. Lo ha hecho tan solo a preguntas de su abogado, Cristóbal Martell.

El investigado ha salido del juzgado acompañado de sus abogados y en medio de una gran expectación mediática. Ha caminado por la rampa de los juzgados de Martorell y se ha subido a un coche.

Tras la comparecencia, la jueza ha seguido el criterio de la Fiscalía en las medidas cautelares: cárcel eludible bajo pago de un millón de euros, así como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias semanales en el juzgado.

Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes a Andic, al que consideran sospechoso de la muerte de su padre. La policía catalana no cree la hipótesis del accidente que en un primer momento sostuvo tras constatar lo que, a su juicio, son contradicciones en la versión del hijo.

Coincidiendo con un relevo al frente del juzgado de instrucción número 5 de Martorell en octubre de 2025, los Mossos, ya con la comisaría general de Investigación Criminal al cargo de las diligencias, pusieron el foco de las sospechas bajo Jonathan Andic, al que pidieron el teléfono móvil para analizarlo.

El contenido de este teléfono se sitúa como uno de los puntales de la investigación. Bajo secreto de sumario, los Mossos han indagado en el teléfono de Andic, tanto su registro de llamadas como sus mesajes. Los agentes tambié han intentado recuperar algunos mesajes borrados meses antes, en busca de indicios sobre la muerte del fundador de Mango.

La policía catalana basa sus sospechas en ciertas diferencias entre las dos declaraciones que prestó Jonathan Andic ante los agentes. Por ejemplo, sobre el lugar donde estaba cuando se precipitó su padre, dónde aparcó o si tomó fotos en la excursión.

Los agentes también dudan sobre las circunstancias de la caída del fundador de Mango, en un camino donde creen difícil que un cuerpo pueda despeñarse sin que se ejerza cierta fuerza sobre él.

También indagan si Jonathan Andic tenía mala relación con su padre, una hipótesis que han negado de forma casi unánime los allegados del fundador de Mango que han sido interrogados por los Mossos como testigos, entre los que se cuentan desde sus dos hijas, Judith y Sarah, o su tío, hasta directivos y trabajadores de Mango.

El fundador del imperio de moda Mango, uno de los hombres más ricos de España, murió el 14 de diciembre de 2024 al caer desde una altura de unos 150 metros en una excursión por un sendero de las cuevas de Collbató (Barcelona), una ruta que transcurre por el macizo de Montserrat.

Un portavoz autorizado de la familia ha recalcado a la agencia EFE que la colaboración de Jonathan Andic con las autoridades en la investigación por la muerte de su padre “ha sido y será máxima”.

El economista francés Gabriel Zucman ha ganado relevancia mundial en los últimos años por sus estudios sobre la desigualdad pero, sobre todo, por ser el impulsor de una propuesta para que los patrimonios de más de 100 millones paguen al menos un 2% anual de impuestos. Esta 'tasa Zucman' es ahora una de las peticiones que los Comuns han puesto sobre la mesa de Salvador Illa para actualizar el acuerdo de los presupuestos catalanes, que el grupo de Jéssica Albiach ya pactó hace unos meses, pero que el Govern quiere volver a presentar la próxima semana, tras alinearse con ERC.

La propuesta de los Comuns es prácticamente calcada a la del francés. Se trataría de que las fortunas de más de 100 millones paguen un tipo efectivo del 2%. Es decir, que después de contar todas las exenciones, reducciones y bonificaciones que la ley permite, se les imponga un suelo mínimo del 2% de su patrimonio a pagar anualmente. “Se trata de acabar con los privilegios fiscales de los ultrarricos con una medida de sentido común: la tasa Zucman”, recalcan fuentes de la formación.

De esta manera, los Comuns pretenden enmendar algunos flecos del impuesto temporal que en España se aplica desde 2022 a las grandes fortunas. Por un lado, buscan que la tasa sea permanente. Por otro, apuestan a que la aplicación de este umbral mínimo vaya de la mano de cambios en la forma en cómo se contabilizan las fortunas. “Ahora, la ley deja fuera de los impuestos al patrimonio varios tipos de bienes, entre ellos bienes o inmuebles vinculados a una empresa”, aseguran desde los Comuns, que indican que debería contabilizarse el conjunto de la fortuna en la línea a las tesis de Zucman.

Actualmente, el impuesto temporal en España contempla un tipo del 3,5% por encima de 10,7 millones de euros. Además, el impuesto al patrimonio de Catalunya tiene, gracias a un acuerdo de 2022 de los Comuns, un tipo del 2,75 por encima de los 10,7 millones y del 3,48 por encima de los 2. Pero, debido a las excepciones y descuentos a las que los multimillonarios pueden acogerse y que los Comuns quieren topar, el impuesto medio que se recauda en Catalunya y en España “no llega ni al 0,3% del total de patrimonio que declaran las personas con grandes fortunas”, explican fuentes de la formación.

Para llevar a cabo esta reforma fiscal, el plan del grupo de Albiach es convencer a los socialistas de sacar adelante una propuesta para que el Parlament ejerza su iniciativa legislativa ante el Congreso. Una fórmula que la Cámara catalana ha ejercido en diversas ocasiones, la última hace pocas semanas para proponer cambios en la ley de la eutanasia, y que permitiría que tres diputados catalanes acudan a Cortes a defender la proposición de ley.

Gabriel Zucman es un economista muy influyente en el conjunto de la izquierda global, pero al que recientemente el Gobierno de Pedro Sánchez se ha mostrado cercano. En febrero pasado, el presidente recibió a Zucman en Madrid, durante unas jornadas ministeriales contra la desigualdad. Dos meses después el economista participó en el gran encuentro progresista de Barcelona con el que Sánchez enmarcó la cumbre con Lula y otros jefes de Estado y de Gobierno de izquierdas.

Los Comuns quieren ahora que los socialistas vayan más allá de las palabras y muestren su compromiso con la propuesta estrella de Zucman sobre fiscalidad. De sellarse este acuerdo, se incorporaría al conjunto de medidas que ya firmaron en su día Comuns y PSC a cambio del apoyo a las cuentas. Entre los pactos destaca la nueva regulación para prohibir las compras de vivienda por parte de inversores, una medida que dependerá de los municipios y finalmente afectará tanto a los grandes caseros y como a empresas.

A las dos y veintitrés de la madrugada del 29 de noviembre de 2019, una cámara de la sede de los espías británicos grabó la imagen de un joven en un balcón del quinto piso de un edificio de fachada ondulada, piedra clara y aluminio bronceado junto al Támesis. La figura se asomó, primero por el centro y luego por una esquina. Volvió al punto de partida y saltó al río. Se llamaba Zac Brettler, tenía 19 años y no era quien decía ser.

El misterio de ese salto vertebra el nuevo libro del periodista Patrick Radden Keefe, London Falling, que se acaba de publicar en inglés y se editará en español y en catalán en otoño (el autor lo presentará en octubre en Barcelona, donde escribió el manuscrito durante una estancia en el Centro de Cultura Contemporánea). Keefe, reportero de The New Yorker, es autor de No digas nada, sobre un asesinato sin resolver del IRA, y El imperio del dolor, sobre la familia Sackler, propietaria de la farmacéutica ligada a la crisis de los opiáceos. 

El reportero estadounidense llegó a la historia que cuenta ahora durante el rodaje en Londres de la serie sobre No digas nada, en verano de 2023. Un hombre amigo del director de la serie se le acercó a conversar en una espera. Hablaron de una rabina de la ciudad conocida por ambos y casi por casualidad el espontáneo mencionó a la familia Brettler. 

Así empezaron 18 meses de investigación exhaustiva sobre un caso en el que ningún otro periodista había indagado hasta entonces. La muerte de Zac Brettler había quedado sin resolver, según una investigación oficial, y su vida seguía llena de incógnitas. Después de su desaparición, sus padres habían descubierto que el joven se hacía pasar por el hijo de un oligarca ruso conectado con Roman Abramovich, entonces propietario del Chelsea, y que había acabado en un círculo de truhanes ricos de Londres. Cuando Keefe empezó a tirar del hilo no había salido ni un breve en ningún medio británico. 

Las sombras detrás de la opulencia

London Falling desentraña algunos de los misterios de la vida y la muerte de Zac Brettler, pero también retrata la corrupción económica y moral de una ciudad convertida en una fachada de opulencia que encubre un mundo oscuro de mansiones fantasma vacías, empresas pantalla, oligarcas, asesinos, gánster de medio pelo y policías incompetentes o cómplices. 

El libro relata el cambio radical de una ciudad portuaria e industrial convertida en el centro de las finanzas mundiales por la desregulación de Margaret Thatcher de 1986. Llegaron los brokers estadounidenses sin horarios y las fortunas de pseudo empresarios que habían rapiñado lo que quedaba de la Unión Soviética o los restos del imperio británico en India, Uganda y Oriente Próximo. Y fueron acogidos con los brazos abiertos por el establishment vetusto y en parte arruinado del Reino Unido en declive. Durante años, este proceso fue a más y se mezcló con la política, como han contado también otros libros, en particular los de Oliver Bullough, Tom Burgis, Catherine Belton y Heidi Blake.

En plena crisis financiera, el Gobierno británico en 2008 lanzó las llamadas golden visas (visados dorados) para vender el derecho a la residencia a cualquiera que pusiera la promesa (a menudo era solo eso) de unos millones de libras por delante.

“Londres es para el multimillonario como la jungla de Sumatra para el orangután… Estamos orgullosos de ello, bueno, tenemos sentimientos encontrados”, dijo Boris Johnson en 2014, cuando era alcalde de la capital. “La presencia de estas criaturas exóticas, los multimillonarios, es buena para todo el ecosistema… Pedirle a la gente que te traiga el coche delante de la puerta del hotel, o lo que quiera que hagan, suma a la actividad económica de la ciudad”. 

Era el apogeo de la venta de permisos de residencia, entradas a clubes y escuelas privadas, apartamentos de lujo y, sobre todo, lo que Keefe describe como “el encanto del cuento de hadas de la cucharilla de plata” que seguía y sigue rentando al país entre la pompa, los títulos nobiliarios y el pasado a veces de cartón piedra. 

Una historia muy londinense 

La historia de Zac Brettler tiene que ver con su personalidad, su familia, el algoritmo de las redes sociales, la obsesión local por las clases y los complejos adolescentes difíciles de dilucidar, pero también con la ciudad donde creció. Lo que le pasó también se explica con la mezcla de inutilidad, falta de recursos y conexiones oscuras de las autoridades. Londres no es el único lugar que puede ser descrito así, pero al autor solo se le ocurre uno tal vez parecido.

“Es una historia muy específicamente londinense”, explica Patrick Radden Keefe a elDiario.es durante una presentación del libro esta semana en Bath. “Fue curioso durante la gira del libro en Estados Unidos porque, en la ciudad de Nueva York, donde hay una enorme cantidad de riqueza y muchos problemas de este tipo, creo que la gente no conectaba emocionalmente con esto de la misma manera. Pero en Miami, cuando describía el barrio de Mayfair, todas las cabezas en la sala asentían. Era bastante curioso… Miami: el último refugio de los canallas”.

Keefe recuerda que vivió en Londres a principios de este siglo y desde entonces ha visto cómo ha cambiado la ciudad: “El Londres donde creció Zac, en particular esa zona del oeste de Londres por donde se movía, era un mundo de supercoches y consumo ostentoso. Era muy distinto en comparación con lo que habían conocido sus padres, había a su alrededor una exhibición ostentosa de riqueza en plena calle”.

El mundo de los ultrarricos

Cuando apenas era un adolescente, Zac entró en un colegio privado a las afueras de Londres donde compartía clase con hijos de millonarios en una ciudad que no le hacía ascos al blanqueo de capitales. “No filtramos dinero de la mafia porque no se puede. No se sabe de dónde llega el dinero”, decía años antes en The Guardian un responsable del reclutamiento para escuelas privadas. 

El mundo de los ultrarricos misteriosos no era el de Zac, que venía de una familia adinerada pero parca en sus costumbres.

A su padre, Matthew, le había ido muy bien en la City acumulando dinero y posición. Su madre, Rachelle, hija de un respetado y acomodado rabino, escribía en una revista para ricos y sobre ricos del Financial Times. Su familia vivía en un apartamento en una de las mejores zonas de Londres y se podía permitir pagar decenas de miles de libras al año para la educación de sus hijos, pero no paseaba en Maserati ni tenía casas en islas caribeñas ni derrochaba dinero en clubs de moda. 

En medio de su obsesión por los coches y la opulencia visible, Zac se interesó por Vladímir Putin, a quien decía admirar, y sus conexiones o supuestas conexiones en Londres, entre lo que veía a su alrededor y las fantasías en redes sociales. Sus fingidas raíces rusas lo llevaron por el peor camino posible.

La conexión rusa

La pasividad con la que la policía de Londres trató la investigación durante meses hizo sospechar a los padres de Zac que podían estar ante un nuevo caso en que las autoridades evitaban investigar episodios de violencia contra ciudadanos rusos o su entorno. El libro cita varias muertes que, según la CIA, fueron asesinatos, y, según Scotland Yard, suicidios o muertes por causas naturales.

Keefe describe con cuidado y sutileza los misterios alrededor de las muertes de varias personas relacionadas con Rusia y va desentrañando algunos enigmas. El periodista es cuidadoso al escribir y también al hablar en público de estas conexiones. 

“Quiero ser muy cuidadoso sobre esto”, dice en Bath al ser interrogado sobre este asunto. “No hubo ninguna implicación rusa en la muerte de Zac. Quiero dejar esto completamente claro. Pero sí creo que hay cierto comportamiento aprendido por parte de la policía metropolitana de Londres: una suerte de pasividad adquirida, una tendencia a decir, ‘mira, si se trata de un asesinato corriente, un suicidio evidente o agresión típica, sabemos qué hacer. Pero si algo tiene un atisbo de algo más exótico, que puede ser difícil de perseguir para la Fiscalía, nuestra inclinación es decir que tal vez fue un suicidio, tal vez esto no es algo a lo que tengamos que mirar”. 

Mirar hacia otro lado

Keefe retrata una policía, pero también una comunidad de empresarios, políticos e incluso periodistas que están acostumbrados a mirar para otro lado. O a quedarse en la superficie de la riqueza aparente. También la complicidad de una generación de jóvenes profesionales “moralmente flexibles” que creció con el dinero que ha cambiado radicalmente la ciudad en este siglo y borra las fronteras entre lo admirable y lo criminal. 

“Londres es un lugar tan bonito que mientras paseas por la ciudad puede resultar fácil olvidar que gran parte fue construida sobre el saqueo imperial. Londres es la capital de fachadas impecables, a menudo pintadas en tonos crema o marfil, como de pastel de bodas: la estética dominante de la ciudad es un blanqueo literal”, escribe Keefe. “Lavar algo —sea dinero o reputación— es mezclar lo sucio con lo limpio, y una de las consecuencias de la nueva identidad de Londres como una lavandería de dinero sucio abierta 24 horas es que la ciudad está llena de maleantes con pretensiones de respetabilidad y de empresarios que parecen un poco turbios”. 

Keefe cita en el libro un informe sobre la influencia del dinero “corrupto” en la política británica escrito por Margaret Hodge, miembro de la Cámara de los Lores y empresaria del acero que fue diputada laborista entre 1994 y 2024. Se titula Perdiendo nuestra brújula moral y dice en la introducción: “Nuestras estructuras corporativas, nuestro floreciente mercado inmobiliario y nuestro ejército de facilitadores en el exitoso sector de los servicios financieros sirven para facilitar la corrupción, la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales”. Un donante del Partido Conservador fue acusado después de intentar silenciar a Hodge con una querella mordaza.

El Reino Unido prometió limpiar el país, y en particular Londres, de dinero ruso dudoso después de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022 —la de 2014 no les importó tanto como tampoco los asesinatos relacionados con el Kremlin en suelo británico—. Más allá de las sanciones y los vetos a los empresarios más famosos, Keefe refleja dudas de que haya habido un cambio tan sustancial. Cita a un millonario ruso que comenta que cuando los servidores públicos desarrollaron un “apetito por la corrupción” en su país se empezaron a parecer a “la gente que ha bebido sangre, no podían parar”. 

Y los rastros que quedan del caso que Keefe investiga muestran que, sea ruso, saudí, indio o local, un dinero opaco se sustituye con el siguiente con naturalidad y pocas repercusiones.

Poder y secretismo

Los padres de Zac, que se entregaron a su propia investigación, y el libro de Keefe desvelan un “entramado de poder y secretismo” que ellos mismos no esperaban encontrar. 

Los enigmas que persisten, escribe el reportero, tienen que ver con una ciudad que no conocían, “el poder maligno de la metrópolis – las mansiones vacías, la cuentas en paraísos fiscales, el dinero sucio, las empresas pantalla anónimas, los empresarios amorales, los delincuentes depredadores, las autoridades incompetentes, la grandeza de todas esas superficies deslumbrantes que ocultan un inframundo de sombras”. 

El artículo publicado en 2024 en el New Yorker que precedió al libro ayudó a Keefe a conseguir más fuentes e incluso ahora, después de la salida del libro, está recibiendo más pistas. 

Durante la presentación en Bath, un lector le preguntó si no está recibiendo también amenazas y si teme por su seguridad después de entrevistar y escribir sobre mafiosos, tramposos y policías turbios. 

“He escrito sobre gánster, pesos pesados de cárteles de drogas, todo tipo de gente que ha hecho cosas muy malas… La única gente que me ha amenazado alguna vez es gente rica. Habitualmente, van a los abogados”, explica Keefe. 

Aun así, el periodista dice ser muy cuidadoso tanto en sus citas —suele avisar sobre sus movimientos y toma precauciones sobre el lugar y las circunstancias— como en las expectativas de las entrevistas. También cree que su actual fama o el no vivir en el Reino Unido le dan algo de protección. Y, medio en broma, medio en serio, dice: “Si me cayera por una ventana, dejando de lado a las fuerzas del orden, mis 50 mejores amigos son periodistas de investigación”. 

Fortunas internacionales están apostando por valores asociados al escenario geopolítico imperante, con empresas y sectores estrechamente vinculados a la contienda militar en Oriente Medio. Las mutaciones del orden mundial están reconfigurando el enfoque de los inversores milmillonarios y con oscilaciones notables, una clara tendencia especulativa al alza está catapultando sus rendimientos bursátiles desde el inicio de la guerra en Irán. 

Bloomberg recoge tres altos patrimonios que han elevado sustancialmente sus beneficios en bolsa recientemente. Uno de ellos es Jaime Gilinski, la mayor fortuna de Colombia y ex accionista de Banco Sabadell, que ha incrementado su participación en GeoPark, firma productora de petróleo y gas en América Latina. 

Junto a su hijo, Gilinski ha invertido 107 millones de dólares en esta compañía desde marzo por considerarla una opción prioritaria en el reparto del suculento pastel del crudo venezolano desde la detención ilegal de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, que propició el cambio de poder político (sin alternancia ideológica) en Caracas.

A tenor del rumbo que han tomado sus inversiones, Gilinski confía en la reactivación de la industria del oro negro de Venezuela, que cuenta con la mayor reserva de petróleo del planeta y que, por designación de Donald Trump, tendrá ahora mayor presencia del sector privado exterior (especialmente, estadounidense, aunque también de otras como la española Repsol), tras levantar la Casa Blanca su veto a las exportaciones de crudo venezolano. 

Pero hay más balas milmillonarias en este revólver inversor. El family office de los herederos del magnate sueco del petróleo y la minería Adolf Lundin destinó en marzo unos 29,5 millones de dólares a aumentar sus participaciones en empresas de cobre y diamantes con sede en Vancouver y aprovechar las restricciones en las cadenas de suministro. Los portafolios familiares tras la marca de automóviles de lujo Ferrari o el emporio mediático estadounidense Cox vienen eligiendo firmas emergentes del sector de defensa como Hermeus, que construye el avión a reacción no tripulado más rápido de la historia para el Pentágono.

El Índice de Milmillonarios de Bloomberg desvela que estas cuatro familias poseen un patrimonio neto conjunto de casi 90.000 millones de dólares y carteras de inversión intergeneracionales que se remontan a 1898. 

Varias de las mayores riquezas del planeta están impulsando sus apuestas en los mercados de capital hacia sectores y empresas involucradas en el elevado voltaje geopolítico que ha dominado el escenario global desde finales de febrero, cuando comenzaron las hostilidades en Irán.

Esto evidencia la relación directa entre la guerra y las fluctuaciones de activos con protagonismo bélico, energético o geoestratégico. Un fenómeno constante desde el inicio de la versión Trump 2.0, que extiende sus tentáculos hacia valores como el oro, que en los últimos meses ha experimentado revalorizaciones fulgurantes y cotas de precio históricas, acompañando los giros económicos, comerciales, financieros, regulatorios y geopolíticos del líder MAGA sobre el orden mundial. 

Valores asociados a estos negocios se han visto alterados por los aranceles recíprocos, la debilidad del dólar, las embestidas dialécticas trumpistas para invadir Groenlandia, desintegrar la OTAN, amenazar a Cuba tras entrar ilegalmente en Venezuela o detonar otro conflicto militar en Oriente Próximo.

Carlos Slim, primera fortuna mexicana, con una riqueza valorada en 125.000 millones de dólares, el 6,7% del PIB de su país, está entre ellos y dispone de un currículum bursátil cargado de excelsas ganancias cuando irrumpen crisis financieras. 

Altas rentabilidades

Solo en valores con sello de Defensa, un selecto club de ultrarricos ha acumulado más de 20.000 millones de dólares en medio de perturbaciones energéticas y de otras materias primas como el cobre o los minerales críticos, indispensables para la tecnología de la IA, que hacen más visible la ganancia de pescadores en río revuelto. 

Expertos de Bloomberg cifran en 658.000 millones de dólares el tesoro conjunto de estas fortunas. Su ranking detecta una concentración masiva de capital en lo que denomina “economía del conflicto”, con pingües beneficios.

Bancos de inversión como JP Morgan admiten que la geopolítica se ha convertido en un factor de riesgo predominante en las dinámicas inversoras. Empieza a perfilarse como su principal motivo de decisión en un contexto de mutaciones horarias de carteras. Las gestoras reconocen soterradamente que la fragmentación del orden mundial ha convertido la Defensa en un activo estructural, lo que explica su entrada en startups militares y aeroespaciales. Family offices de fortunas del sector del lujo y la automoción han comenzado a diversificar hacia valores de tecnología militar, tras decenios centrados exclusivamente en bienes de consumo.

Todo ello se une a la denuncia vertida desde Financial Times que documenta la sucesión de movimientos billonarios y opacos de capital en Wall Street previos a anuncios oficiales de la Casa Blanca sobre escaladas o distensiones del conflicto contra Irán. En algunos casos, asociados a un núcleo cercano al líder republicano que habría recibido alertas tempranas sobre decisiones de alto nivel que han condicionado la evolución de las bolsas.

Apuestas por encima de los 1.000 millones de dólares surgieron en varias plataformas predictivas (esencialmente en las dos más utilizadas, Kalshi y Polymarket) con un acuse de recibo claramente vinculado al desarrollo del conflicto. Muchas, según el diario británico, justo antes de eventos clave como ataques o anuncios de tregua. Este rotativo reveló el viernes la apuesta milmillonaria de dos hijos de Trump por sectores apadrinados por el presidente, como los drones.

Sin embargo, hay cierto margen para la esperanza. En EEUU, la senadora demócrata Elizabeth Warren ha vuelto a situar en la conciencia colectiva la necesidad de gravar a las grandes fortunas, al presentar un proyecto de ley que recaudaría billones de dólares en ingresos federales en una época marcada por un agujero presupuestario del 7% del PIB y una deuda que roza los 37 billones de dólares.

Esta iniciativa impondría un gravamen anual del 2% sobre los patrimonios netos de hogares que superen los 50 millones de dólares y un tipo impositivo adicional del 1% sobre la riqueza de los multimillonarios. Afectaría a unos 260.000 hogares.

David Dayen asegura en The American Prospect, con citas a los trabajos de campo de Emmanuel Saez, profesor en la University of California, Berkeley, y de Gabriel Zucman, discípulo de Thomas Pikkety y director del UE Tax Laboratory, que la riqueza de los milmillonarios se ha duplicado con creces desde finales de la década pasada. Sólo las 19 mayores fortunas de EEUU añadieron un billón de dólares en 2024, más que el PIB suizo, mientras el 1% concentra 55 billones de dólares (31,7% de la riqueza total).

Algo se mueve

En este club de acceso restringido destacan nombres del establishment financiero y tecnológico estadounidense y figuras de la élite energética, inmobiliaria y de los fondos de inversión. Muchos radicados en Nueva York, cuyo alcalde, el progresista Zohran Mamdani, plantea el debate de la desigualdad social en EEUU sin paños calientes y ha hecho de la fiscalidad de los grandes patrimonios su campo de batalla política.

En su agenda prolifera el respaldo a nuevos impuestos sobre las propiedades de alto valor (como las segundas residencias de lujo), con la airada reacción de grandes inversores inmobiliarios y financieros como Ken Griffin, multimillonario gestor de hedge funds que compró un ático de 238 millones de dólares en Manhattan; inversores como Bill Ackman o promotores como Alex Witkoff, que han advertido de que una fiscalidad más agresiva podría acelerar la salida de capital hacia otras jurisdicciones como Florida.

Mamdani ha puesto el dedo en la llaga y ha centrado el debate en el punto de ebullición justo: la necesidad de financiar servicios públicos en grandes ciudades altamente desiguales frente a la movilidad extrema del capital de alto nivel.

También el senador demócrata Bernie Sanders incide en que figuras como Elon Musk o Jeff Bezos pagan tipos efectivos muy inferiores a los de trabajadores medios, y ofrece propuestas impositivas para paliar esa asimetría y crear una estructura que obligue a la riqueza acumulada de forma fulgurante a afrontar gravámenes acordes. En una línea similar a la propuesta de Warren, critica que el sistema fiscal americano no capta adecuadamente el ascenso del capital financiero y que su propagación por la élite patrimonial de la gran potencia económica global supera la capacidad redistributiva del Tesoro.

Paraísos fiscales

Oxfam recuerda que los perjuicios no solo son morales, sino económicos y que suceden por la persistencia de paraísos fiscales y centros offshore. Según esta ONG británica, los milmillonarios de todo el mundo habrían ocultado a sus autoridades tributarias hasta 3,55 billones de dólares en el último bienio. Una porción de los más de 13 billones que atesoran en paraísos fiscales. El 80% de estos activos pertenecería al 0,1% más rico de la población mundial.

El propio Zucman alertó a comienzos de 2024 de que la montaña de activos en estos enclaves impositivamente dañinos por su baja tributación había crecido desde la Gran Pandemia de 2020 un 25% hasta superar los 45 billones de dólares. Cantidad similar al PIB conjunto de EEUU y China, que convertiría a estas jurisdicciones (entre ellas, el estado de Delaware, en EEUU, o las del Mar del Norte bajo soberanía británica), en la primera potencia económica global.

Además de rebajar a la mínima expresión el principio de la progresividad impositiva, la existencia de paraísos fiscales distorsiona la medición real de la riqueza global, ya que una parte notable de los capitales en manos de ultrarricos no aparece en estadísticas oficiales.

Estudios recientes muestran que las decisiones de arraigo de los grandes patrimonios no responden únicamente a factores personales o familiares, sino a consideraciones impositivas. La movilidad del capital añade presión a los sistemas fiscales, con competencia entre jurisdicciones y trabas a la capacidad de mantener bases impositivas estables, difuminando la tenue línea entre optimización y evasión fiscal. 

Porque, en paralelo, ha emergido una potente cruzada de gestores encargados de adelgazar las presiones tributarias sobre las ganancias de sus clientes. Herramientas de ingeniería contable que bordean la legalidad y se ocupan de compensar pérdidas o diferir pagos en busca de rentabilidad financiera.  

Para el fiscalista Steve Rosenthal, del Tax Policy Center, “los sistemas tributarios mundiales no han conseguido seguir el ritmo de la ingeniería financiera moderna” al permitir un ecosistema en el que la rentabilidad depende del diseño fiscal o del desempeño del activo bajo una atmósfera de tensión geopolítica, con altas expectativas de rentabilidad y baja propensión a cumplir las obligaciones tributarias. En especial, entre los más pudientes. 

El expresidente y fundador de Inditex, Amancio Ortega, se ha convertido en el mayor magnate inmobiliario del mundo, según ha publicado este martes Forbes a partir de las bases de datos internacionales Regrid y Real Capital Analytics. El gallego tiene más de 25.000 millones de dólares (21.000 millones de euros) en inmuebles repartidos en 200 propiedades en 13 países distintos.

Esta fortuna supera a la segunda mayor particular, la del australiano Harry Triguboff, con 23.200 millones de dólares, y a la tercera, el estadounidense Donald Bren, con 19.200 millones de dólares.

El también hombre más rico de España cuenta con una fortuna de unos 109.900 millones de euros y ha acelerado sus inversiones inmobiliarias desde que dejó la presidencia de Inditex hace ya 15 años, el pasado 2011.

El año pasado, Ortega gastó más de 3.000 millones de dólares en ocho países diferentes, con la compra de 7 edificios de oficinas, dos hoteles, dos propiedades industriales, un complejo comercial de lujo y una torre de apartamentos, así como la compra del 49% de una empresa portuaria británica.

Las compras le sirven a Ortega para ahorrar una importante suma en impuestos, unos 800 millones de dólares desde 2001 por la reinversión de dividendos en puertos, parques de renovables y empresas de telecomunicaciones a través de Pontegadea, su brazo inmobiliario.

Lo hace gracias a diferentes exenciones como la que se les aplica a las empresas familiares en el caso de accionistas con al menos un 5% de la empresa que demuestren que se trata de una sociedad holding activa.

Ortega también elude el 30% de los impuestos sobre los dividendos, porque existe una exención a las rentas derivadas de ganancias de capital para empresas residentes que posean al menos el 5% de una filial local o extranjera, siempre que cumplan ciertos requisitos. Por ello, Ortega tan solo paga un 1.25% por estos dividendos anuales, que eran menos, absolutamente nada, antes de 2021, cuando existía una exención total. Según Forbes, esta exención ha permitido ahorrar unos 7.000 millones de dólares en impuestos sobre dividendos en los últimos 25 años.

Las dos compras inmobiliarias más destacadas están en Canadá: el Royal Bank Plaza en Toronto, por el que pagó 916 millones de dólares en 2022 y el edificio de Correos, en Vancouver, por el que pagó 855 millones en 2025.

El economista francés Gabriel Zucman, creador de la propuesta de un impuesto mínimo sobre el patrimonio de los multimillonarios que se ha debatido en Francia en los últimos meses sin lograr el respaldo político suficiente, cree que España debería adoptarlo. “No es aceptable que los más ricos tengan la posibilidad de pagar menos que las clases medias o que las clases populares”, ha subrayado a la agencia EFE este jueves en París, durante la presentación del nuevo Observatorio Internacional de la Fiscalidad (ITO), heredero del Observatorio Europeo de la Fiscalidad.

El economista, que este viernes se reunirá con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, insistió en que el problema central es la desigualdad en la contribución fiscal. A su juicio, la situación fiscal de los ultrarricos “no es ni aceptable ni sostenible”. También ha argumentado que España, como Francia y los demás países, deberían implantar un impuesto mínimo sobre las mayores fortunas, “simplemente por una cuestión de igualdad ante la ley”.

Un 2% sobre el patrimonio de más de 100 millones

Los estudios del Observatorio muestran que en países como Francia los principales multimillonarios pagan menos del 2% de sus ingresos en impuestos, una tasa muy inferior a la que soportan las clases medias, gracias a distintos mecanismos de optimización fiscal. Frente a ello, Zucman propone un impuesto mínimo del 2% sobre el patrimonio —no sobre los ingresos— de los contribuyentes con activos superiores a los 100 millones de euros.

Según el economista, esta fórmula podría trasladarse a España y a otros países, aunque matizó que los detalles deben decidirse en cada caso. “No digo que se tengan que aplicar exactamente los mismos parámetros: eso tiene que decidirse en un debate democrático parlamentario”, afirmó.

De cara a su encuentro con Bustinduy, Zucman explicó que traslada el mismo mensaje a todos los responsables políticos con los que se reúne: “Es urgente avanzar”, especialmente ante las “necesidades de inversión muy importantes” de las administraciones públicas y los problemas de déficit y deuda acumulados.

Los ultrarricos como los demás

Gravar el patrimonio con un 2%, defendió, permitiría garantizar que los ultrarricos “paguen proporcionalmente con sus ingresos tantos impuestos como las otras categorías sociales, ni más ni menos”. A su juicio, se trata de una cuestión clave para la salud democrática y económica de Europa.

El economista aseguró que “el atractivo de España” tiene que venir de la educación de su población, de su sistema sanitario y de sus infraestructuras y añadió que “para eso hace falta dinero, en particular de quienes ahora pagan menos” al defender la implementación del impuesto en el país.

Zucman rechazó además el argumento de que un impuesto de este tipo provocaría exilio fiscal o ahuyentaría la inversión. Por un lado, planteó que España podría acompañar la medida con un sistema que obligue a seguir pagando impuestos durante cinco, diez o incluso quince años a quienes trasladen su residencia al extranjero. Por otro, recordó que España no basa su modelo de desarrollo en atraer multimillonarios con ventajas fiscales, a diferencia de países como el Reino Unido, que abandonó ese enfoque en 2024 incluso bajo un gobierno conservador.

Una batalla política a medio plazo

En una conferencia de prensa previa, Zucman se mostró convencido de que la implantación en Francia de un impuesto como el que propone es solo cuestión de tiempo. “Si observamos la historia, vemos que estos cambios no se producen en doce meses”, indicó, apelando a la “paciencia” ante una situación que calificó de “insostenible”, dado el elevado déficit y la deuda pública.

En Francia, la tasa mínima sobre el patrimonio de los multimillonarios cuenta con el respaldo de toda la izquierda, pero no del centro y la derecha, que actualmente suman mayoría parlamentaria. Un escenario político que, según el economista, retrasa pero no frena un debate que considera inevitable.

Un inmueble en un edificio señorial de principios del siglo XX en Madrid, una vivienda con la última tecnología, los más innovadores sistemas de domótica o una cocina de altísima gama. Una villa en una zona de playa, en la Costa del Sol o en Baleares. Una residencia privada y en propiedad, diseñada por los equipos de las marcas de moda más prestigiosas o avaladas por los servicios de las grandes cadenas hoteleras del sector prime. El mercado residencial del lujo no se resiente y sitúa a España como un destino preferente para los multimillonarios que pueden desembolsar millones de euros en una vivienda en un mercado tensionado para el común de los mortales.

Todos los informes de las grandes consultoras e inmobiliarias del segmento residencial de lujo apuntan a un buen rendimiento de este mercado en el último año, que no tiene visos de frenarse en 2026. “El ecosistema del lujo lleva desde la pandemia en un continuo mercado alcista. España se ha puesto de moda por su situación geográfica y un estilo de vida muy atractivo, sobre todo para alemanes, británicos y nórdicos, los principales compradores”, explica Luis Díaz, responsable de este segmento en el Grupo Tecnitasa, una de las principales tasadoras del país.

Según los datos de esta tasadora, a falta de cerrar el año, las viviendas de lujo habrían experimentado un aumento del 10% del precio respecto a 2024. A principios de año, el informe The Wealth Report, de la consultora inmobiliaria privada Knight Frank, ya estimaba incrementos del 5% en ciudades como Madrid, que venía de sumar un 5,5% en 2024; un 4% en Marbella; o un 2% más en Bacerlona.

Otro informe posterior de esta misma compañía ya ubicaba Madrid, Londres y Lisboa como algunos de los destinos favoritos de los llamados 'Ultra-High-Net-Worth Individual' (UHNWI), los ultrarricos con patrimonios por encima de los 30 millones de euros. En abril, Barnes, otra de las inmobiliarias de lujo con más presencia a nivel internacional, ya presentó su Global Property Handbook 2025, a raíz de análisis con más de 100.000 clientes, que colocaban a la capital española en el primer puesto entre las ciudades más demandas en este segmento, con Barcelona en el puesto 22 y Marbella en el 35. Ese informe iba más allá, al hablar de revalorizaciones que podrían llegar hasta al 30% al año.

La inmobiliaria de lujo Lucas Fox presentó en noviembre su Informe del Mercado Residencial 2025, en el que estimaba incrementos de precio para el próximo año de entre el 6 y el 10% y un aumento del volumen de operaciones, de las 8.000 este año hasta las 10.000 unidades de más de cinco millones de euros en 2026, que ganarían peso en el mercado residencial, hasta una cuota que pasaría del 1,3 al 1,6% del total.

Además, destacaba que el residencial prime en Madrid “mantiene su solidez gracias a la escasez de oferta, la estabilidad económica y la confianza sostenida de los inversores en sus barrios más exclusivos”, como Salamanca, Chamberí, Justicia, Almagro, Retiro y Jerónimos, que mantienen su valor “porque representan algo limitado: verdadera calidad y ubicación”, indicaba su Ceo, Paloma Pérez, que señalaba que la ciudad “ha alcanzado un nuevo nivel de madurez”.

Hay varias causas que explican esta tendencia al alza de las residencias para ultrarricos en España. Al margen de las condiciones meteorológicas y el estilo de vida, existen otros factores de atracción como la estabilidad financiera, las conexiones internacionales o un ecosistema en el que se puede acceder a una educación internacional y servicios de calidad, con el precio por metro cuadrado por debajo de otros mercados, lo que está atrayendo cada vez más a otros compradores, como americanos y asiáticos.

Un informe de CaixaBank Research indica que, solo en 2024, unas 50.000 casas fueron compradas por extranjeros no residentes. El estudio analiza también el precio medio por metro cuadrado de las compraventas en el mercado de vivienda libre: estos pagaban más de 3.000 euros por metro cuadrado, frente a los 1.700 de los nacionales o los 1.800 de los extranjeros residentes, lo que muestra una consolidación del país “como uno de los destinos más atractivos para la inversión en inmuebles de lujo en Europa”.

La mayoría de estos ultrarricos, explica Díaz, son “empresarios de entre 45 y 60 años, que han amasado grandes fortunas en sus países y amplían su cartera inmobiliaria por todo el mundo”. Es un perfil con el que coincide el Antonio de la Fuente, managin director de living en Colliers. Esta asesora inmobiliaria trabaja también por una nueva vía dentro del sector prime, las conocidas como branded residences, viviendas privadas vinculadas principalmente a grandes cadenas, que les prestan los servicios habituales de los hoteles de lujo.

Este modelo surgió en Estados Unidos a principios del siglo pasado y empezaron a popularizarse en España, principalmente en Madrid y en la Costa del Sol, a partir de 2020. En Madrid hay cuatro proyectos en marcha, a cargo del Mandarin, SLS y Banyan Tree y Four Seasons, estos dos últimos comercializados por Colliers. “Los compradores no buscan solo una vivienda, sino una experiencia de vida con un lujo y unas comodities que se gestionan sin complicaciones por parte de los mejores expertos. Además, lo interpretan como un valor refugio y un símbolo de estatus personal, que les permite preservar su patrimonio. No buscan tanto una inversión con un retorno como el que te pueden dar los alquileres, sino una vivienda que se revaloriza a lo largo de los años”, explica De la Fuente.

Además de las branded residences vinculadas a cadenas hoteleras, proliferan otras promociones vinculadas a fashion brandes, con un concepto y diseño de una marca de lujo, pero sin servicios añadidos, como Dolce&Gabana, Karl Lagerfeld, Elie Saab, Missoni o Lamborghini, enfocadas a en la Costa del Sol, donde también hay proyectos de Marriot, Hilton, Four Seasons o Mandarin. En total, desde Colliers estiman que hay unas 1.700 unidades en todo el país. ¿Cómo se venden? “Los más emblemáticos se colocan muy bien y a muy buenos precios. A otros, por su ubicación o porque el diseño de la marca no ha sido el óptimo les cuesta un poco más, pero en general todos se acaban vendiendo bien”, explica De la Fuente que estima una prima de entre el 25 y el 35% sobre otros productos similares, fuera del paraguas de las branded.

La brecha de la desigualdad económica en el mundo se ensancha, sobre todo por el aumento de la riqueza de los ultrarricos, que se benefician de la movilidad de los capitales y su influencia política, advierte el Laboratorio Mundial de las Desigualdades (WIL, en sus siglas en inglés) en la tercera edición de su Informe sobre la Desigualdad Mundial, publicado este miércoles.

El WIL, conocido por sus posiciones en favor de un impuesto mundial al patrimonio de los multimillonarios, denuncia que “una pequeña minoría” ejerce “un poder financiero sin precedentes mientras miles de millones de personas siguen excluidas incluso de la estabilidad económica básica”.

Los autores explican que si la riqueza global estuviera repartida por igual permitiría unos ingresos de 1.200 euros mensuales por persona, pero en realidad unos pocos captan “una parte desproporcionada” de ese pastel. Por un lado, el 50% más pobre solo recibe el 8% de los ingresos, mientras el 0,1% más rico obtiene una cantidad equivalente y el 10% más rico gana más que el 90% restante.

En términos económicos, eso también se puede traducir en que mientras la mitad de los adultos del mundo viven con unos 425 euros mensuales de media, el 0,001% más rico (unas 56.000 personas) recibe 10.000 veces más.

La riqueza está todavía más concentrada que los ingresos. El 10% más rico posee el 75% del total mundial, mientras la mitad de los habitantes de la Tierra sólo poseen el 2%.

Los autores del informe subrayan que esta concentración se está acelerando, porque la riqueza de los multimillonarios ha progresado desde la década de 1990 a un ritmo de aproximadamente el 8% anual, casi el doble que para la mitad más pobre de la población.

Brecha moderada en España

En el caso de España, el informe señala que la desigualdad se ha reducido ligeramente en los diez últimos años y la brecha entre ricos y pobres es moderada, si se compara con su entorno europeo, algo menor que en Alemania, Francia o Reino Unido, pero superior a la de los nórdicos.

El WIL calcula que el 10% más rico en España en 2024 captó el 33,4% de los ingresos y concentraba el 57,2% de la riqueza. Mientras, el 50% más pobre se tuvo que contentar con el 22,6% (6,7% de la riqueza). El 10% de los más ricos de España han pasado de ganar 16,4 veces más que el 50% más pobre en 2014 a 14,7 veces más diez años más tarde.

Esa brecha es superior en Italia (el 10% más privilegiado recibe 14,8 veces más que el 50% en la parte baja de la escala), en Francia (16,6 veces más), Reino Unido (16,6 veces más) y Alemania (19,5 veces más).

En Latinoamérica, la polarización es muchísimo más acusada. La brecha es de hasta 90,3 veces en Colombia entre lo que gana el 10% más rico con respecto al 50% más pobre, de 76,4 veces en México y de 63,5 veces en Brasil. Y sólo los países escandinavos presentan unos niveles menores de desigualdad que los de España. En Dinamarca, el 10% más adinerado obtiene 14,3 veces más de ingresos que la mitad más pobre de la población del país, 11,5 veces en Noruega y 11,2 en Suecia.

El economista mexicano Ricardo Gómez Carrera, autor principal del estudio, destacó en declaraciones a EFE que “la desigualdad de riqueza está mucho más concentrada y crece rápidamente en la parte más alta de la distribución”.

Detrás de esa evolución -precisa Gómez Carrera- está el hecho de que los multimillonarios tienen más “influencia sobre los procesos políticos” y “escapan a la progresividad” fiscal, porque disponen de “más opciones para evadir los impuestos”: “Hay más paraísos fiscales donde ellos pueden llevar sus cuentas” y existe la posibilidad de llevar las sedes de sus empresas a países que les son más favorables.

Para evitar esa deriva, la propuesta del WIL, un organismo conocido por estar dirigido entre otros por los economistas Thomas Pikkety y Gabriel Zucman, es un impuesto mínimo que gravaría la fortuna del 0,001% de la población mundial, apenas 56.000 personas que podrían reunirse en un estadio.

Con ese impuesto se recaudaría alrededor del 1% del producto interior bruto (PIB) que permitiría cubrir por ejemplo, según Gómez Carrera, el actual gasto anual en educación en regiones pobres como el África subsahariana y el sur y el sureste de Asia.

El economista mexicano reconoce que la coyuntura internacional, sobre todo por el regreso de Donald Trump en la Casa Blanca, es poco propicia para los proyectos de fiscalidad internacional que había lanzado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

A pesar de todo, considera que se pueden dar pasos si hay países que comparten datos de la riqueza, y en paralelo su laboratorio propone crear un panel internacional dedicado a estudiar la desigualdad con los “países campeones” en ese proyecto, entre los que señala a España, Sudáfrica o Brasil.

Para evitar que los países que impongan impuestos al patrimonio de los ricos se vean perjudicados en términos de competencia respecto a los que no, su respuesta es gravar la riqueza de las personas en función del tiempo que hayan residido en un país.

Así Brasil tendría, por ejemplo, derecho a reclamar esos impuestos a una persona que ha vivido allí 50 años por ese tiempo aunque se fuera a vivir por razones fiscales a Dubai, que sólo podría cobrar por su tiempo de residencia.

La riqueza conjunta de los ultrarricos (más de 1.000 millones de dólares) ha alcanzado un nuevo máximo histórico este año, en el que 196 multimillonarios se han incorporado a este grupo, que ahora forman casi 3.000 personas en el mundo, según un informe anual del banco suizo UBS publicado este jueves.

Los 196 nuevos multimillonarios han añadido 386.500 millones de dólares a la riqueza global este año, con lo que su riqueza combinada se eleva a un récord de 15,8 billones de dólares, un aumento espectacular y el segundo mayor registrado en más de una década de existencia de ese informe.

Estos nuevos millonarios están activos principalmente en los sectores como el software de marketing, la genética, la restauración, las infraestructuras y el gas natural licuado (GNL); y los que lideran esta tendencia se encuentran principalmente en Estados Unidos y Asia-Pacífico.

Los multimillonarios españoles vieron incrementadas sus fortunas un 21,5% en 2025, hasta los 213.100 millones de dólares (182.602 millones de euros), al tiempo que ocho personas más adquirieron el estatus de ultrarrico, hasta elevar la cifra a 32. Según el informe, los españoles más ricos añadieron 11.600 millones de dólares (9.940 millones de euros) a la riqueza nacional impulsados por el desempeño de algunos de los principales empresarios del país y una mayor concentración de patrimonio familiar.

Cabe destacar, en concreto, que el patrimonio de Amancio Ortega creció en 21.000 millones de dólares (17.995 millones de euros), hasta los 124.000 millones de dólares (106.254 millones de euros). Esta cantidad equivale al 58,2% de la riqueza total de los multimillonarios de España.

Multimillonarios en el sector tecnológico

Según el informe, los multimillonarios con inversiones en el sector tecnológico vieron crecer su riqueza un 23,8 %, mientras que el sector del consumo y de venta al detalle se desaceleró un 5,3%, ya que la industria europea del lujo perdió impulso frente a las marcas chinas.

La riqueza en el sector industrial registró el avance más rápido (27,1%, hasta 1,7 billones de dólares), con un cuarto de este progreso atribuible a los nuevos multimillonarios; en tanto que la riqueza en el sector de servicios financieros aumentó un 17%, hasta 2,3 billones de dólares, impulsada por mercados sólidos y un repunte de las criptomonedas (80% atribuible a nuevos ultrarricos).

El jefe del área de Clientes Estratégicos y Conectividad Global de UBS, Benjamin Cavalli, ha explicado en rueda de prensa que este año se registró el volumen de transferencia de riqueza más importante en los once años que se produce este informe, con 91 herederos (64 hombres y 27 mujeres) que recibieron un récord de 297.800 millones de dólares.

El ejecutivo también ha asegurado que, aunque las ultrarricas sigan siendo menos con respecto a sus pares masculinos, la riqueza promedio de las mujeres de este grupo creció dos veces más que la de los hombres, una tendencia que se observa desde hace cuatro años.

Pese a ello, las mujeres multimillonarias son apenas un 15% del total, es decir 374, frente a 2.545 multimillonarios hombres.

Cavalli ha afirmado que, con una mayor presencia en puestos de liderazgo corporativo, las mujeres se están convirtiendo en propietarias y gestoras de una riqueza considerable, lo que, a su vez, influye en la forma en que se maneja e invierte la riqueza.

“En promedio, las mujeres son más adversas al riesgo, pero más disciplinadas que los hombres, es decir, no venden en mínimos de mercado, son menos emocionales, y tienen carteras más diversificadas, a menudo priorizando la sostenibilidad, la inversión de impacto y la filantropia”, ha detallado.

Por otra parte, el informe de UBS anota que los multimillonarios siguen trasladándose de lugar y el 36% de los encuestados (entre los clientes del banco con cuentas en Suiza y Europa, Singapur, Hong Kong y Estados Unidos) dijo haberse mudado al menos una vez y el 9% indicó que lo está considerando.

“Una mejor calidad de vida, importantes preocupaciones geopolíticas y la capacidad de organizar sus asuntos fiscales de forma más eficiente fueron las principales razones citadas para una posible reubicación”, según Cavalli.

En cuanto a las prioridades de inversión, pese a la volatilidad del mercado en 2025, el informe anota que Norteamérica sigue siendo el principal destino de inversión, seguida de Europa Occidental y de la Gran China (incluidas sus regiones administrativas especiales).

Donde más multimillonarios hechos a sí mismos surgieron este último año fue en Estados Unidos (92 adicionales, 87 domiciliados dentro del país y acumulando un riqueza de 179.000 millones de dólares) y entre estos figuran Ben Lamm, cofundador de la firma de genética y biociencia Colossal; Michael Dorrell, cofundador y director ejecutivo de Stonepeak, una firma de inversión en infraestructuras; y Bob Pender y Mike Sabel, que cofundaron Venture Global, un exportador de GNL.

También fue un buen año para los empresarios asiáticos: 61 se convirtieron en multimillonarios, acumulando conjuntamente 124.400 millones de dólares.

Aparecen en la lista los hermanos Zhang, fundadores de la cadena de restaurantes de comida rápida Mixue Ice Cream & Tea; Justin Sun, el emprendedor cripto detrás de la cadena de bloques TRON; y Hao Tang, gracias a sus inversiones tempranas en la empresa de software de marketing y videojuegos AppLovin.

Sorpresa en el caso Cellex, la investigación que comanda una jueza de Barcelona para determinar si los albaceas del gran mecenas catalán, Pere Mir, dispusieron ilegalmente de su millonaria fortuna. La Audiencia de Barcelona ha dado la razón a los tres albaceas investigados por el presunto desfalco de la herencia y ha anulado la administración judicial de las dos fundaciones en las que estaba distribuida la fortuna de Mir, Cellex y Mir-Puig.

En un auto, adelantado por La Vanguardia y al que ha tenido acceso elDiario.es, la Audiencia de Barcelona atiende el recurso de los albaceas investigados, Jorge S., expresidente de la fundación Cellex, el abogado Juan Francisco C., y el oncólogo y exmédico del filántropo Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), todos ellos defendidos por el despacho Molins.

Los magistrados consideran que la jueza de instrucción vulneró el derecho de defensa de los investigados al no darles tiempo de prepararse la vista judicial en la que se acordó la administración judicial de la fundación Cellex, que fue intervenida, por orden de la jueza, por la conselleria de Justicia ante el presunto desfalco.

La sección 9ª de la Audiencia de Barcelona destaca que la jueza, tras investigar un año el caso bajo secreto, levantó la reserva de actuaciones el 10 de abril y “sin solución de continuidad”, citó a los tres investigados un día después y, en la misma fecha, acordó celebrar la vista para adoptar medidas cautelares para intervenir la fundación.

“El derecho de defensa no solo exigía la información sobre los hechos que son objeto de investigación, sino también el derecho de acceso a las actuaciones, al menos en lo esencial para poder articular una oposición eficaz”, aseveran los magistrados, que reprochan a la jueza de instrucción el escaso tiempo que dio a las defensas para prepararse la vista de medidas cautelares en la que se decidió la administración judicial de Cellex.

En su resolución, los magistrados encargados de revisar las decisiones de la instructora no prejuzgan “la procedencia o adecuación” de la administración judicial de la fundación Cellex, esto es, si la intervención estuvo bien motivada, sino que tan solo la anulan porque la jueza no dio suficiente tiempo a los investigados para prepararse la vista de cautelares.

A la vista de la “complejidad del asunto”, ahonda el tribunal, hubiera sido necesario que la jueza otorgara a la defensa al menos 10 días para estudiarse los más de 1.900 folios del caso, toda vez que “no existía una situación de urgencia y necesidad” que justificara la celeridad en la vista.

Y esto es precisamente lo que la Audiencia de Barcelona ordena a la jueza instructora más de medio año después de su decisión: convocar, de nuevo, una vista sobre medidas cautelares, en la que la Fiscalía podrá volver a pedir la administración judicial de Cellex, pero dando al menos diez días de margen a las defensas para estudiar el caso.

Mir, residente en Suiza desde hacía décadas, murió sin descendencia en 2017 y manifestó que todo su patrimonio debía ir al mecenazgo y a la asistencia social en Catalunya. Antes de su muerte, las aportaciones a la fundación Cellex se hacían a través de donaciones provenientes de una de sus empresas con sede en Luxemburgo.

Un extenso informe de los Mossos en la causa que investiga a los albaceas de Mir por su supuesta apropiación del legado del empresario químico ha desvelado que dinero de la venta de Derivados Forestales, la empresa en la que Mir fraguó su fortuna, fue colocado en dos fundaciones en Panamá, al igual que todo el patrimonio inmobiliario del empresario en Catalunya (que la policía autonómica no ha llegado a cifrar).

Según la jueza, la fiscal y los Mossos, Jorge S. lideró la operación para no transferir todo el patrimonio del fallecido (que murió sin descendencia) en las sociedades panameñas a las fundaciones españolas sin ánimo de lucro Cellex y Mir-Puig y dedicarlo a la investigación científica, como era la última voluntad de Mir.

El abogado lo pudo hacer, recalcan los investigadores, gracias a su “control efectivo” de todo el entramado societario de los Mir-Puig a ambos lados del Atlántico. Por el contrario, la defensa de los albaceas mantiene que solo una parte del patrimonio de Mir debía ir a la filantropía.

Vamos a comenzar por el final. El fin del mundo para Peter Thiel es el estancamiento, algo que percibe aún más peligroso que el Armagedón. El estancamiento económico, reflexiona, es el Anticristo y esto es, a su juicio, lo que hoy representa Europa. También le pone nombre de mujer: Greta Thunberg.

Cuando Thiel argumenta ralentiza los conceptos como si midiera el peso de las palabras en la reacción de su interlocutor. No duda, otea. No arriesga, administra las frases pero el lenguaje de su cuerpo lo traiciona y refleja el movimiento de cada pensamiento. Cuando Ross Douthat, en su podcast del Times, le pregunta por el control que ejerce Dios sobre la historia, Thiel, un profundo religioso, se agita e incómodo, interroga a su vez a Douthat, interesado en saber si está convirtiendo a Dios en un chivo expiatorio. Esto lo aprendió con René Girard. 

Hay que recordar que Thiel está considerado uno de los intelectuales más influyentes de la derecha de las últimas dos décadas. Alguien que observa que la historia vivió entre la Revolución Francesa y el Mayo del 68 una verdadera aceleración y que en los últimos cincuenta años está simplemente detenida: no pasa nada. Por supuesto que estas efemérides no son las que usa él, ya que los acontecimientos mencionados le producen irritación: prefiere señalar la llegada del hombre a la Luna como el final del crecimiento y la masacre de Charles Manson como el triunfo de los hippies y la madre de nuestra decadencia. 

Jean Didion percibió en aquel momento que el centro cedía, según cuenta en una crónica de Arrastrarse a Belén y en El álbum blanco, donde vibran los ecos entonces recientes de la masacre del clan Manson. Quizás ha muerto sin saber que un cryptobro, vecino de Los Ángeles, vio también allí un quiebre, pero que, muy lejos de ella, propone disolver el mundo como plan de restauración. 

¿Qué hace un magnate del Silicon Valley teorizando y liderando el supremacismo tecnológico desde la trastienda del gobierno de Donald Trump? Repetir lo que hacía en sus años de estudiante en el campus universitario cuando asumió el rol de intelectual hiperagresivo y fundó la revista conservadora The Stanford Review desde donde combatía, aun siendo gay, los planteos a favor de la diversidad. En aquellos años, señala Max Chafkin, autor de The Contrarian, una biografía no autorizada, que Thiel era también un defensor del apartheid porque, argumentaba, había permitido el alto desarrollo de Sudáfrica en comparación con los demás países africanos. Su padre fue ingeniero de minas en Namibia y el pequeño Peter crecía en una reserva de población blanca entre comodidades que contrastaban con las condiciones de vida esclavizantes de los trabajadores negros bajo las órdenes de su progenitor. Thiel nunca miró el mundo desde un costado. 

En Stanford conoce al pensador francés Rene Girard e inmediatamente se integra a su grupo de estudio. Girard es autor de la teoría mimética que postula que los deseos humanos no son innatos, sino que se forman a partir de la imitación de los demás. Aquello que moviliza al sujeto, sostiene, es la competencia con otro para obtener el objeto que desea: deseamos lo que desea el otro, le imitamos, lo cual nos lleva al enfrentamiento. Cuando la disputa pasa de lo personal a lo colectivo, hace falta un chivo expiatorio para resolver el proceso. Cristo, quizás, sea el más célebre.

Cuando años después se cruza con Mark Zuckerberg, quien le pide apoyo económico para su plataforma, Thiel atiende el hecho de que Facebook comenzó como Facemash en Harvard, que permitía a los estudiantes comparar sus fotos y elegir, es decir, desear, y expresarlo con un «me gusta» entrando en una competición virtual. El modelo le pareció un ejercicio práctico de la teoría de Girard. Esa epifanía le ha permitido ser actualmente socio accionarial de Meta. 

Si bien Thiel se considera un discípulo de Girard, solo ha tomado de su sistema de pensamiento aquello que le permite proyectar el suyo. 

En 2004 Thiel establece claramente su punto de mira al pronunciar una conferencia ampliamente difundida y que sigue siendo el eje de su narrativa, El Momento Straussiano, en la que sostiene que los ideales liberales de la Ilustración —tanto el racionalismo como los derechos individuales y una economía consecuente con esos valores– son insuficientes para hacer frente a los peligros que plantean los adversarios impulsados por ideologías como la ley musulmana.

Thiel sigue ahora al filósofo clasista Leo Strauss, quien sostenía que la modernidad y la Ilustración erosionaron los mitos fundacionales que unificaban las sociedades. Plantea, entonces, un encuadre político que funcione al margen de los controles y equilibrios de la democracia representativa; un marco excepcional controlado por una vanguardia elitista que opere en la sombra, sin el lastre de la supervisión democrática. La sociedad necesita riesgo y disrupción, sostiene Thiel. Trump es riesgo y disrupción; el movimiento MAGA representa esos valores.

¿Por dónde empezar? El peligro chino, el ambientalismo y la ley islámica son los obstáculos que hay que vencer. Thiel considera que en Europa el ambientalismo es una ideología que relativiza “la toma del poder comunista chino” y la ley islámica. El ambientalismo podría crear un estado totalitario mundial, afirma: “el poder verde es muy fuerte”. Esto configura el estancamiento total, según él, que llevaría al mundo a una especie de pueblos escandinavos en decrecimiento, que “tal vez serían como Corea del Norte; algo tremendamente opresivo”. 

Hay que tener en cuenta que quien dice esto, además de intelectual es un escualo financiero capaz de desplazar a Elon Musk de la dirección de PayPal mientras el dueño de X estaba de luna de miel en Australia y fundar con ese gesto una leyenda en Silicon Valey: la “PayPal Mafia” un sistema de networking con enlace a todos los estamentos del Silicon Valley y el poder de Washington. En el número de noviembre de 2007 la revista Fortune dedicó un amplio reportaje a este grupo integrado por Thiel y una docena más de emprendedores que en su día formaron el equipo de PayPal y, luego, su carrera los llevó a fundar o formar parte de la dirección de LinkedIn, Palantir, Affrim, Slide, Kiva, YouTube, Yelp y Yammer, entre otras compañías. La imagen central del reportaje, a doble página, muestra al grupo sentado en varias mesas de un bar, en una escenografía reconocible en las películas de Scorsese o en cualquier capítulo de Los Soprano, en la que la docena de amigos mira a cámara y en un lugar central, el sitio reservado para el padrino, lo ocupa, obvio, Thiel. 

Cuando vende PayPal, funda Palantir y comienza la cruzada. La compañía nace ante un impulso de Thiel tras el atentado del 11 de septiembre al sentirse, según apunta Mark Chafkin, «consumido por la amenaza del terrorismo islámico» y escéptico «respecto a la inmigración y todas las demás formas de globalización». René Girard, después del ataque las torres gemelas, declara: «Lo que todavía necesitamos en la era posterior al 11-S es una ideología más razonable y renovada del liberalismo y el progreso». Thiel estaba bailando un vals de Strauss. 

Palantir es hoy una mega compañía de espionaje que trabaja con la CIA, los estados federales a quienes ayuda a vigilar a sus ciudadanos y durante todos estos años ha hecho contratos con la práctica mayoría de los estamentos de seguridad de los Estados Unidos, incluida la propia CIA, el FBI y la NSA. Palantir también está en Oriente Medio donde colabora con las fuerzas israelíes para identificar objetivos en Gaza. Es bueno ser cryptobro, pero mejor es ser el Gran Hermano. 

El poder de Thiel en la administración Trump se extiende a través de J. D. Vance, nada menos que el vicepresidente y a todas luces, el hombre señalado a encabezar en un futuro el plan del supremacismo tecnológico. 

Thiel conoció a Vance en Yale cuando fue a participar en un encuentro académico y Vance rápidamente se sintió atraído por el magnate tecnológico y su planteamiento filosófico: es a través del sistema de René Girard que Vance se convierte al catolicismo y, además, converge con la visión de Thiel en la que los jóvenes tienen que crear de manera vertical, disruptiva y no competir absurdamente por un lugar en la línea de montaje del Silicon Valley, tal como plantea en su libro De Cero a Uno. No está de más recordar que Thiel incentiva a los jóvenes con ayudas económicas para que abandonen la universidad y se sumerjan en su propio emprendimiento. Con su talento y la ayuda económica de Thiel, Vance fue elegido senador por Ohio y dos años después, es el número dos del Gobierno de los Estados Unidos. 

Hubo un tiempo en el que Thiel estaba interesado en el seasteading, la construcción de ciudades artificiales en aguas internacionales, una suerte de estados portátiles en medio del océano. También ha comprado tierras en Nueva Zelanda y, según le dijo a Elon Musk, en el caso de que Trump hubiera perdido las elecciones ese hubiera sido su destino. Claro que, aunque el plan está en marcha, siempre hay imponderables que lo pueden hacer fallar. Si eso ocurre, además de una isla libertaria o la granja neozelandesa, también podrá contar algún día con una casa en Marte, zona liberada por Elon Musk, quien, a pesar de todo, no le guarda rencor. Quedan pocos así.

Francia, la segunda economía del euro, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de aplicar un gravamen a los milmillonarios por su delicada salud presupuestaria y su frágil juego de equilibrios políticos. La iniciativa de implantar una tributación del 2% a los grandes patrimonios ha estado sumida en una siesta estratégica desde que, durante el mandato del expresidente Joe Biden, irrumpiera en el escenario internacional como el mecanismo tributario idóneo para que las grandes fortunas aportaran una contribución básica –y justa, según varios de sus mentores, como el economista Thomas Piketty– a las arcas de sus estados. La reivindicación, además, pretendía completar así la exigencia de un gravamen mínimo del 15% que el G-20 puso en liza en 2022 para acabar con el extenso abanico de exenciones, deducciones y argucias legales que, como el concepto tributario de la residencia de sede social, han camuflado por decenios los beneficios empresariales y minimizado por ende sus obligaciones tributarias por todas las latitudes del planeta. 

Donald Trump ha enterrado de nuevo la idea de que los ricos contribuyan a financiar los gastos del bienestar. Hasta que Francia y su acuciante desorden presupuestario, con espasmos en su prima de riesgo y la amenaza de sepultar la presidencia de Emmanuel Macron, ha vuelto a desempolvar la caja de Pandora. No sin que las grandes fortunas galas, que tras la pandemia parecían haberse alineado con el patriotismo impositivo en la segunda economía del euro, muestren su estupor. El llamado impuesto a la riqueza ha salido a la palestra tras el cese de François Bayrou como primer ministro –el quinto en dos años– y ha hecho tambalearse los cimientos mismos del Elíseo. A su sustituto, Sébastien Lecornu, no le gusta la propuesta. Pero es la condición sine qua non que la bancada socialista de un Parlamento sumamente dividido le exige para concederle su apoyo.

El delfín de Macron prefiere rescatar la iniciativa de Bayrou de supervisar las sociedades holding de los grandes patrimonios, una mera labor inspectora, sin presión fiscal sobre las rentas altas. En cambio, la formación socialista, que lidera Olivier Faure, le reclama el Impuesto Zucman, en referencia al economista Gabriel Zucman, que dirige el Observatorio Europeo de Fiscalidad y al que muchos consideran el discípulo aventajado de Piketty, para sellar un acuerdo presupuestario para 2026 que evite otra crisis política en Francia. Según los cálculos socialistas, un gravamen específico del 2% sobre todas las fortunas que superan los 100 millones de euros –la premisa fiscal de Zucman– sumaría 15.000 millones de euros anuales al fisco galo. A lo que habría que añadir otros 3.800 millones procedentes de una reforma legal, con subida de la presión tributaria, sobre las ganancias del capital y los dividendos, que también demanda Faure.

A la extrema derecha y los grandes patrimonios no les gusta una maniobra que tildan de revuelta impositiva. La líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, se cuidó de rechazar la medida ante el creciente descontento social que ha resurgido en el país, pero planteó como alternativa una lista de exenciones a este tributo que anularía, de facto, su propio objeto impositivo al reclamar que se exoneraran de sus bases tributarias las propiedades residenciales, activos comerciales y hasta el 75% de sus montantes de acciones en pequeñas y medianas empresas (pymes).

Todo un circunloquio dialéctico para “no perturbar a la clase media empresarial”, admite Le Pen. Aunque en el fondo, también a sus propios votantes. No por casualidad, una encuesta reciente asegura que el 86% de los franceses aprueba el Impuesto Zucman, incluyendo el 96% de los votantes socialistas y el 75% de quienes apoyan a la formación ultraderechista de Le Pen.

Más alterados se mostraron Bernard Arnault, dueño y señor del emporio del lujo LVMH, quien califica a Zucman de “activista de extrema izquierda” y el director del banco inversor Bpifrance, Nicolas Dufourcq, que critica la propuesta por “descabellada”. En medio de manifestaciones que ganan en afluencia y que han intentado bloquear la sede de la naviera CMA CGM, propiedad del multimillonario Rodolphe Saadé y su familia, y de programas de debate que inundan las parrillas de televisión sobre la desigualdad y la justicia fiscal.

Sus mensajes han sido mucho más gruesos que el que ha empleado el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, para quien las directrices presupuestarias bajo negociación “deberían servir para mejorar la equidad fiscal”, abordar una hoja de ruta que lleva al “equilibrio de las cuentas públicas” y encontrar “un esfuerzo de ajuste fiscal que comprometa a todos los ciudadanos”. Palabras alejadas de la advertencia de Arnault de que el tributo dejaría a la economía francesa de rodillas y a merced de los mercados. 

Piketty, por su parte, enfatiza que esta herramienta impositiva “debería entenderse como un mínimo imprescindible”, dada la encrucijada presupuestaria y de deuda a la que está sometida Francia, de “gran magnitud” y que requiere “capitales ingentes”. En su opinión, el cheque que obtendría la Hacienda Pública francesa por este concepto tributario a los ricos oscilaría entre los 20.000 y los 25.000 millones de euros anuales -cifras sensiblemente superiores a las que baraja el socialismo galo- de implantarse en toda su dimensión.

Dilema global

La competencia fiscal es el argumento que, desde la doctrina neoliberal, siempre se ha utilizado para eludir la imposición a los ricos en función de su valor patrimonial. El capital fluye con plena libertad y acude a territorios de baja tributación, sustentados en su soberanía económica y, por supuesto, impositiva, manifiestan sus correligionarios. Es el “nerviosismo” que Zucman dice que está detrás del ataque hacia su persona de Arnault, destacado donante de la campaña electoral de Donald Trump, y que esconde deliberadamente episodios del pasado como el esfuerzo que los ricos jugaron en la sostenibilidad de las arcas del Tesoro norteamericano tras la Segunda Guerra Mundial.

La tasa impositiva máxima sobre las rentas de los grandes patrimonios estadounidenses durante el periodo 1944-1963 superó el 90%, con su tope en el penúltimo año de la contienda bélica con el 94% de sus ingresos imponibles. Solo a partir de 1964 inició su descenso, hasta alcanzar unas cotas homologables con las del resto de las potencias occidentales en 1987. El doble mandato de Reagan aceleró de manera abrupta las rebajas de sus obligaciones, tesis que asumió con fervor el thatcherismo británico, al instaurar un liberalismo sin ataduras y con un testimonial control del Estado.

Pero también pervive en Europa. Además de en España, donde el Impuesto sobre el Patrimonio, creado en 1977, sufre más o menos mutilaciones en función del signo político que habite en La Moncloa y debido al nexo de unión entre sistema tributario y financiación autonómica, también opera en Noruega. El formuesskatt o gravamen patrimonial a los ricos está en vigor desde 1892, años antes de su independencia de Suecia, y sigue en plena forma. Al fin y al cabo, acaba de ser uno de los caballos de batalla de la reciente contienda electoral.

La victoria laborista en las urnas del pasado 8 de septiembre se fraguó en las últimas semanas y en gran medida por el compromiso de Jens Stoltenberg, antiguo secretario general de la OTAN y ex primer ministro del país que volvió a la arena política noruega en febrero como titular de la cartera de Finanzas, de modificar el mapa tributario de una economía que supone menos de un tercio del PIB español. Pero que recaudó en 2024 por este concepto 32.000 millones de coronas noruegas; casi 2.800 millones de euros. Aunque sin suprimir el formuesskatt.

Enfrente, la ultraderecha, que abanderó la intención de voto durante los meses previos a la cita de los comicios, que no tuvo reparos en argumentar para su eliminación la supuesta fuga masiva de altos patrimonios noruegos a Suiza desde hace décadas.

En Francia, el ala liberal que sigue arropando a Macron, insiste en que restará poder inversor a la innovación, mermará a las firmas de capital riesgo y perjudicará la creación de startups.

Los paraísos fiscales sostienen la riqueza oculta

Zucman forma parte de los expertos que alertan de que una imposición eficiente a las ganancias empresariales y a las riquezas individuales no será posible sin la defenestración de los paraísos fiscales y los centros offshore. Al igual que think tanks como Tax Justice Network, que ya cifraba en 32 billones de dólares en 2014 la acumulación de activos en estos territorios de baja tributación como se les denomina en la jerga multilateral. O como Offshore Financial Centers (OFC), que elevaba esa cantidad a 36 billones el año que precedió a la pandemia y hasta 45 billones el pasado ejercicio. Esta cantidad no es baladí. Equivale a la suma de los PIB de EEUU y China, por lo que sus analistas hablan de sorpasso de los paraísos fiscales sobre las dos superpotencias del planeta. 

Zucman, que también ejerce como profesor en Berkeley y es el autor del ensayo La Riqueza Oculta de las Naciones, incide en que los activos de grandes patrimonios y empresas en estos enclaves aumentó en un 25% desde 2020, baremo que coincide con el repunte que calculan los expertos de OFC. En su opinión, existen alrededor de 2.500 milmillonarios individuales en el mundo y sus tesoros offshore ascienden a 13 billones, lo que supone un promedio de 4.700 millones por cada uno de ellos. En Francia –puntualiza– las rentas que pagaron al fisco el año de la Covid-19 sus 75 mayores fortunas representaron el 2% de sus ingresos; sin repercusión fiscal alguna sobre sus patrimonios. En EEUU, fue del 0,5% y, en todo el mundo, el 0,35%, apenas 44.000 millones.

En el supuesto, aún ficticio, de que se estipulase un tipo mínimo global –por ejemplo, el 2% que propone Zucman, similar al del 15% que rige para las empresas, y Trump promete anular pese a haber recibido el plácet del G-20 durante la Administración Biden– la factura del conjunto de milmillonarios apenas supondría el 1,65% de los ingresos fiscales del planeta; cuantitativamente, unos 214.000 millones de dólares. Peccata minuta. En el ámbito empresarial, Tax Justice sitúa a Islas Vírgenes Británicas, las Caimán, Bermudas, Países Bajos y Suiza como los enclaves con más capital almacenado por sociedades mercantiles fuera de sus auténticas sedes fiscales.