La Media Maratón de Santa Cruz de Tenerife celebrará este domingo su undécima edición con récord de inscritos: más de 4.000 atletas en sus dos modalidades, la de la distancia oficial, 21 kilómetros, y la prueba popular, de 8 kilómetros.

La 21K, distancia reina y prueba que le da nombre al evento (Media Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife), homologada por la Real Federación Española de Atletismo, presenta un trazado completamente urbano y prácticamente llano.

Desde el pasado año cuenta con un nuevo recorrido y ubicación de salida y meta. A las 9:00 horas del domingo 16 se dará el pistoletazo de salida a los más de 2.000 fondistas inscritos. En esta distancia campean los récords de Class Jantz (1:11:02) y Sofiia Harmash (1:21:04).

La 8K mantiene también un recorrido cómodo y accesible. Tendrá su salida a las 9:45 horas y estará amenizada con música a ritmo de batucada.

Los tiempos a batir son el 24:44 de Peter Santagati (este año estará disputando la distancia reina) y el 32:55 de Yurena Domínguez.

Manteniendo la operativa de la pasada edición, la entrega de dorsales se llevará a cabo en el Centro Comercial Nivaria de Santa Cruz de Tenerife durante el viernes 14 (de 15:00 a 21:00 horas) y el sábado 15 (de 10:00 a 21:00 horas).

En la presentación de la prueba, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha subrayado que la Media Maratón es mucho más que una carrera: es una cita con el orgullo de ciudad“, a la vez que ”sitúa a Santa Cruz en el mapa internacional de las maratones“.

La concejala de Deportes, Alicia Cebrián, ha indicado que la Media Maratón de Santa Cruz “es una meta personal para miles de personas que ven en esta carrera a pie la oportunidad de demostrarse a sí mismo que se puede llegar más allá de lo que uno mismo cree”.

La consejera delegada de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, ha hablado de “un evento deportivo consolidado en la isla y en su capital” que “no sólo fomenta y promociona la salud a través de la actividad física, sino también fortalece el binomio deporte-turismo”.

El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha convenido en que “la práctica deportiva está cada vez más generalizada como un elemento importantísimo en una vida saludable que se enriquece cuando se realiza en grupo”, y ha añadido que esta prueba posiciona a la ciudad como “destino de turismo deportivo”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Servicio de Deportes, ha aprobado la adjudicación de la reforma integral del Pabellón Ana Bautista por un importe de 410.103,90 euros. El plazo de ejecución de las obras será de 59 días a partir de su inicio.

El proyecto que desarrollará la firma Infraestructuras Deportivas Canarias S.L. contempla una modernización integral del pabellón, destacando entre sus principales mejoras la renovación completa del sistema de iluminación, el cambio del pavimento deportivo y la instalación de un nuevo sistema de agua caliente sanitaria.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha subrayado que “este tipo de inversiones reflejan nuestro compromiso con el deporte base y profesional, y con seguir posicionando a Santa Cruz como un referente nacional e internacional en materia deportiva”.

Por su parte, la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, ha puesto en valor el papel del pabellón en la ciudad: “El Ana Bautista es un pabellón emblemático para Santa Cruz, pero especialmente para la gimnasia rítmica. Ha sido durante años el espacio de referencia para esta disciplina y, recientemente, la selección española de gimnasia rítmica lo eligió para preparar su participación en el Mundial, lo que refuerza su prestigio y proyección”, afirmó.

“Esta reforma no solo responde a una necesidad funcional, sino que refuerza nuestro compromiso con la excelencia en el deporte y con ofrecer instalaciones modernas y adecuadas para nuestros deportistas”, señaló Cebrián.

El Salón de Actos del Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) del Cabildo de Tenerife, acogió este martes la presentación oficial del libro La lucha canaria en Tenerife. Una historia documentada, una obra imprescindible para conocer la historia insular de nuestro deporte vernáculo, que contó con la presencia de los autores del libro, Andrés Simó y José Peraza; del vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso; la consejera de Deportes, Yolanda Moliné; y la directora general de Deportes Autóctonos del Gobierno de Canarias, Lorena Hernández, entre otros.

También asistieron el consejero insular de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo, José Carlos Acha; la alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito; la concejala de Desarrollo Rural de La Laguna, Cristina Ledesma; el vicepresidente de la Federación Canaria de Lucha, Dámaso Rodríguez; y el consejero delegado de Ideco, Manuel Gómez.

AyB Editorial ha editado la obra, una auténtica enciclopedia de 452 páginas de extensión en la que sus autore recogen la génesis y el desarrollo, club a club y municipio a municipio, de esta modalidad vernácula de tanto arraigo en las Islas. La edición de este volumen, adscrito a la colección Vida y Deporte en Canarias del sello especializado desde hace treinta años en recoger la historia del deporte isleño, ha contado con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, además de la colaboración de los consistorios de Candelaria y La Laguna.

La lucha canaria en Tenerife. Historia documentada no sólo nos acerca a un deporte singular, sino que también nos hace querer una práctica ancestral que regala momentos de gran belleza sin perder su valor cultural y etnográfico. En la obra, este acercamiento se realiza desde una doble vertiente: general y particular. La versión en línea de la obra está disponible en La lucha canaria en Tenerife – Historia documentrada

Lope Afonso destacó que “celebramos la publicación de algo que va mucho más allá de un libro, que trasciende a lo que puede ser un glosario a pesar de su tamaño y no es otra cosa que la comunicación de décadas de lucha canaria, de deporte, de identidad, de legado cultural y de nobleza propia de nuestro deporte vernáculo. Vivimos un nuevo momento dulce de este deporte, que está en punta de lanza de las preferencias de nuestra gente, incrementándose se práctica deportiva, que se adapta a los tiempos. Sirva esta publicación para reencontrarnos con nuestra historia y proyectarla hacia un futuro, que es prometedor”.

Yolanda Moliné definió la obra como “necesaria para la identidad de nuestro pueblo y un acto de justicia con la lucha canaria. El patrimonio cultural hay que divulgarlo porque todo lo que no se da a conocer no se respeta”. Asimismo, la consejera señaló que “el Cabildo trasladará a cada municipio un ejemplar del libro para que sepan su propia historia. Estamos muy orgullosos desde el Cabildo por apoyar esta publicación. Vamos a seguir apostando por nuestra identidad y los valores que transmite el deporte vernáculo”.

Lorena Hernández aseguró que “el libro es un regalo a los amantes de la lucha canaria, fruto de muchos años de historia”. En este sentido, Hernández remarcó la labor de los clubes y sus directivos. “Todas esas personas hacen grande nuestro deporte. Se han pasado épocas difíciles, pero siempre se ha salido a luchar. Continuaremos con nuestro Plan de formación al profesorado, y trabajando codo con codo con el resto de instituciones, para que la lucha canaria siga creciendo, para que entre en los centros educativos y se llenen los terreros”.

Así, los autores realizaron primero un repaso global sobre el origen y la evolución de la lucha canaria a través de sus diferentes etapas históricas, recordando además las normas y reglas que rigen esta actividad, amén de varias consideraciones técnicas, reglamentarias e históricas. Y más adelante, la publicación ofrece un detallado estudio de la trayectoria de todos los equipos –muchos ya desaparecidos– de los distintos municipios de la Isla, citando los títulos y subcampeonatos conquistados por cada uno de ellos.

El exhaustivo repaso que se realiza de la evolución y los logros de todos los conjuntos tinerfeños se acompaña de una detallada relación de los luchadores que defendieron a cada equipo en las diferentes temporadas, así como de los directivos o mandadores que formaron parte de estas entidades.

Simó y Peraza también incluyen en esta obra una breve historia del nacimiento, la evolución y las polémicas que rodearon la creación de una estructura federativa propia para la lucha canaria, independiente de la Federación Española de Luchas. Además, la publicación recoge con todo detalle –fotográfico y literario–acontecimientos relevantes, desde los desafíos que midieron hace casi un siglo a Luis Pagés con el Pollo de Las Canteras a la rivalidad Santa Cruz-Laguna, con enfrentamientos que llenaban la Plaza de Toros en los años sesenta del siglo pasado.

Y también hay citas sobre la actividad luchística en lugares tan emblemáticos –y en principio ajenos a la lucha canaria– como el Teatro Leal (La Laguna) o el Real Casino de Tenerife (Santa Cruz), así como un completo censo de presidentes federativos, clubes y asociaciones.

En opinión de José Miguel Galarza, director de AyB Editorial, el magno estudio elaborado por Andrés Simó y José Peraza es, ante todo, “un acto de justicia con la lucha canaria y una muestra de amor hacia el más representativo de nuestros deportes y la más noble herencia recibida de nuestros antepasados”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Servicio de Deportes, ha finalizado la instalación de un moderno sistema de iluminación con proyectores LED en el campo de fútbol municipal de María Jiménez, con una inversión cercana a los 50.000 euros. Esta actuación supone un avance significativo hacia unas infraestructuras deportivas más sostenibles, eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha señalado que “con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y el impulso al deporte y a las mejores en las instalaciones deportivas en los cinco distritos de la ciudad, sumándose no solo las actuaciones de rehabilitación que estamos llevando a cabo, sino también estas otras que mejoran la eficiencia energética”.

La concejala Alicia Cebrián ha destacado que “desde el Servicio de Deportes seguimos avanzando en la mejora de las instalaciones deportivas del municipio, y ya podemos dar por finalizada la instalación de un nuevo sistema de iluminación con proyectores LED en el campo de fútbol municipal de María Jiménez ”y añadió que “una actuación que supone un paso más hacia unas infraestructuras deportivas más sostenibles y eficientes”.

La edil santacrucera explicó que “gracias a esta nueva instalación conseguimos reducir significativamente el consumo energético, mejorar la eficiencia lumínica y aumentar la durabilidad del sistema, lo que se traduce en un menor coste de mantenimiento y un mayor aprovechamiento de los recursos públicos”.

Asimismo, Cebrián comentó que “esta actuación se enmarca dentro del contrato de suministro de proyectores LED para instalaciones deportivas municipales, y nos permitirá ir renovando progresivamente la iluminación de otras infraestructuras del municipio”. Además, indicó que “seguimos trabajando para ofrecer a los deportistas y usuarios unas instalaciones cada vez más propias del Siglo XXI, más seguras y más comprometidas con el medio ambiente”.

Con un portazo y tensión. Así avanzó la última negociación de la Mesa Sectorial de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, que trata de llegar a un acuerdo para la recuperación de la Unipol (Unidad de Intervención Policial) desmantelada hace más de un año y medio y que ahora se intenta restaurar a toda prisa antes de las elecciones. Este jueves, mientras un sindicalista del CSIF leía el último escrito remitido por las organizaciones sindicales (registrado el cinco de enero y según los sindicatos no ha tenido respuesta) para conocer más detalles sobre el nuevo grupo, la jefa de la Policía, Carmen Delia González dijo: “Sean sinceros, son unos falsos, no puedo seguir callada, ustedes lo que no quieren es que salga el grupo”, según un audio al que ha tenido acceso este periódico. Tras añadir que no pensaba seguir allí “perdiendo el tiempo”, pidió disculpas a la concejala presente, la responsable de Recursos Humanos, Purificación Dávila, y abandonó la sala. 

Los sindicatos recibieron este jueves una nueva propuesta sobre la creación de este grupo policial, un documento que estudiarán estos días y se les emplazó a una reunión de la Mesa Sectorial el próximo martes. Fuentes sindicales señalan que han solicitado que las formas de la jefa de la Policía sean recogidas en el acta de la Mesa y pedirán en un comunicado que sea vetada a futuras negociaciones por su actitud.

Por su parte, fuentes municipales destacan que “efectivamente, al principio de la reunión hubo algunos desencuentros fruto de la propia negociación”, pero agregan que fue reconducida y finalmente se acordó continuar en los próximos días dicho diálogo. Las mismas fuentes añaden que esa negociación se centrará en puntos concretos que serán trabajados técnicamente por el área y los propios representantes sindicales antes de que se retome la Mesa Sectorial la semana que viene.

En la reunión de este jueves estuvieron presentes miembros de los sindicatos con representación, el director de Seguridad de Santa Cruz de Tenerife, el de Recursos Humanos, la comisaria de la Policía Local, Carmen Delia González (como asesora técnica de la administración) y la concejala de Recursos Humanos, Purificación Dávila. La concejala de Seguridad Ciudadana, Evelyn Alonso, no asistió.

La Unipol quedó desmantelada en junio de 2021 tras la falta de acuerdo. El pasado mes de noviembre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife publicó una nota informativa asegurando que se precisaban “voluntarios para la creación de un nuevo grupo de seguridad ciudadana en barrios”. A juicio de los sindicatos firmantes en un escrito del pasado mes de enero (CSIF, UGT, CCOO y Asipal) se trataría de “una convocatoria encubierta donde no se recogen plazos de solicitud, perfil del puesto, requisitos para el desempeño de los puestos, condiciones psico- físicas de los agentes. Además no concreta el número de puestos de trabajo que conforman el grupo de seguridad en barrios”. 

Por ello, reclamaban información como el carácter de la provisión o movilidad ofertada, si se trata de cubrir la vacante de forma temporal o permanente, los perfiles de cada puesto ofertado, qué formación específica se requiere y cómo se valora la misma (curso, formación reglada oficial, privada, etc.), además de otros datos relacionados con el baremo, plazos... También los sindicatos pretenden conocer si se conformará un nuevo grupo operativo o si se distribuirá el personal seleccionado entre los ya existentes. 

Fuentes sindicales señalan a este periódico que nunca tuvieron respuesta a ese escrito. Explican que no están en contra de la creación de este grupo policial, pero consideran que para poder negociar las condiciones laborales deben contar con información. Además, estiman que deben existir unos criterios para acceder al mismo, de manera que no se produzca “a dedo”. En la reunión de este jueves se mencionó que los agentes que se han presentado voluntarios hasta ahora son todos hombres, por lo que uno de los representantes sindicales señala que se debería volver a convocar el proceso para que se pueda optar a estos puestos teniendo en cuenta las nuevas condiciones negociadas y las compañeras mujeres puedan valorar si quieren acceder al mismo.

Las fuentes sindicales también apuntan que estos cambios con la creación del nuevo grupo pueden afectar también al resto de agentes que no optan al mismo. Y ponen como ejemplo que en el año 2019 había 367 miembros de la policía local, de ellos 32 se encontraban en la Unipol. Ahora, añaden, hay un total de 316 policías y se pretende crear un cuerpo de 30 personas con menos plantilla.

Por ello, en las próximas semanas seguirán luchando por que se vuelva a abrir el proceso de selección y se aclaren diversas cuestiones, entre ellas cómo con menos plantilla en otras unidades operativas se va poder dar cumplimiento al acuerdo ratificado a finales del pasado año para garantizar el descanso de los agentes.

Expedientada por celebrar una fiesta en pandemia

La comisaria jefa de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Delia González, ha estado envuelta en otras polémicas. El pasado mes de octubre, los sindicatos afearon que se les negara la celebración de una asamblea de funcionarios por “alerta COVID”. Precisamente, en 2020 ella misma fue expedientada por haber celebrado una fiesta en dependencias policiales durante el estado de alarma por la pandemia.

Sin embargo, sigue al frente de este puesto ya que tras la moción de censura a Patricia Hernández (PSOE) por José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria) respaldada por el Partido Popular y Evelyn Alonso, expulsada de Ciudadanos y ahora concejala de Seguridad, se dejó caducar el expediente disciplinario.

En junio del pasado año también fue criticada por haber cogido vacaciones  en pleno dispositivo especial por la celebración del Carnaval cuando había sacado dos meses antes una orden para la plantilla en la que anunciaba que, “durante el periodo comprendido entre el 23 y el 26 de junio, ambos inclusive, solo se autorizarían permisos en casos excepcionales debidamente justificados”.

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández (PSOE), se ha mostrado este martes confiada en que la suspensión cautelar de la expulsión de los concejales Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano de Ciudadanos (Cs) será “permanente”.

“Siempre me han escuchado y me han leído en la misma línea, confiaba en que esto sucediera”, ha comentado a los periodistas, resaltando que está “segura” de que los ediles hicieron lo que se “comprometieron” con los ciudadanos en campaña electoral y “siguieron” las indicaciones de la mesa del pacto. “Lo sé porque estaba en la mesa del pacto y lo he visto”, ha agregado.

Con todo, ha resaltado su alegría por el fallo judicial y recordado que la suspensión cautelar ha sido por vulneración de derechos fundamentales, lo que, a su juicio, “no es por cualquier cosa”.

Unidas Podemos (Podemos-Izquierda Unida-Equo) pedirá al Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife eliminar el seguro médico privado del que disfrutan los cargos electos de la Corporación. La concejal de Unidas Podemos, Dolores Espinosa, llevará una moción al Pleno que se celebra el próximo viernes para su debate.

Dolores Espinosa ha querido recordar que ya en el mandato pasado, Izquierda Unida renunció al seguro privado por considerarlo una “prebenda” que además es “incompatible” con el compromiso que las instituciones públicas han de tener con el aseguramiento público por su naturaleza de universalidad y acceso equitativo.

“La apuesta institucional por un modelo de sanidad pública no es compatible con medidas que fomenten la sanidad privada”, explica la concejal, que indica que el sistema nacional de salud “es el resultado del esfuerzo colectivo de varias generaciones y uno de los logros de la sociedad española”.

Para la edil, “no es justo que mientras nuestros abuelos y abuelas pagan un copago en las farmacias, en muchos casos, con grandes dificultades por una pésima pensión, este ayuntamiento haya venido gastando dinero público en estos seguros médicos privados”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y los propietarios del centro comercial Meridiano negocian si a partir del 1 de septiembre próximo este cobra por aparcar en sus instalaciones tal y como ha anunciado después de recibir el visto bueno del anterior grupo de gobierno municipal, algo que ha sido desmentido por CC.

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández (PSOE), explicó este viernes en rueda de prensa que con los documentos que obran en poder del equipo de gobierno no se puede cobrar, ya que en un convenio firmado en 2013 se dice que el aparcamiento será gratuito.

Pero como el pasado mayo el anterior grupo de gobierno municipal, CC-PP, dio su visto bueno al anuncio hecho por el centro comercial de que cobraría por aparcar a partir del 1 de septiembre de este año, “es preciso analizar la situación”, declaró la alcaldesa.

Para Patricia Hernández está claro que el convenio está en vigor y el anterior grupo de gobierno municipal no tenía que haber dado su visto bueno, por lo que apuntó que es preciso analizar por qué se dio.

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife destacó la disposición de los responsables del centro comercial a negociar y criticó que la información “no es nueva” para la corporación porque la empresa comunicó su decisión al anterior equipo de gobierno.

Y tras poner énfasis en el hecho de que el convenio era público y “no estaba en una gaveta”, agregó que el visto bueno del anterior equipo de gobierno municipal no es una autorización.

De forma paralela a las negociaciones se tomarán medidas, pues la capital tinerfeña tiene un déficit de 18.000 plazas de aparcamiento, de las que 5.000 están en la zona de influencia del centro comercial, por lo que es cierto que este asume una carga que no ha hecho la corporación municipal.

Por ello, se cobre o no por aparcar en el centro comercial, la corporación municipal tomará medidas para cubrir ese déficit en su ámbito de influencia.

La alcaldesa reconoció que desde el centro comercial se quiere colaborar y se le ha pedido tiempo para analizar los documentos y para diseñar alternativas, y aseguró que los intereses de los santacruceros están por encima de los legítimos de cualquier empresa.

Por ello las alternativas se darán se cobre o no por aparcar en el centro comercial, y la alcaldesa aseveró que la decisión del centro comercial agrava el problema de déficit de aparcamiento, pero no es el origen.

El déficit de aparcamientos, declaró la alcaldesa, también afecta a otras áreas de la ciudad, como los barrios de Duggi, Los Gladiolos, La Salud, El Toscal y Salamanca-Uruguay.

De las alternativas habló el concejal de Innfraestructuras y Planificación Territorial, Juan Ramón Lazcano, quien explicó que hay medidas a corto plazo para facilitar el aparcamiento sobre todo a quienes entran en la capital tinerfeña y aparcan en el centro comercial.

Juan Ramón Lazcano comentó que en torno al 75 por ciento de las plazas del centro comercial las ocupan personas que entran en la ciudad, y en cuanto a las medidas para buscar soluciones propuso acondicionar solares públicos de la zona para que, de forma temporal, se pueda dar servicio.

De forma paralela habrá licitaciones para hacer todos los aparcamientos que ese pueden llevar a cabo en la ciudad, señaló el concejal, quien añadió que también habrá que tomar medidas de transporte público.

Entre los solares a los que se refiere Juan Ramón Lazcano están uno de titularidad municipal situado frente a las torres, al lado de la rotonda, y dos del gobierno regional, por lo que habrá que llegar a un acuerdo con la administración autonómica, además de otro de la corporación.

En cuanto a los aparcamientos no públicos se refirió a los situados junto al Palmetum, el Parque Marítimo, la plaza de las torres y varios en Duggi o el barrio de La Salud, y el concejal reconoció que no puede hablar de momento del número de plazas posibles.

El concejal de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, José Ángel Martín, hizo un relato de lo sucedido, de forma que, indicó, se enteraron por la prensa por la decisión del centro comercial, con cuyos responsables se reunieron.

José Ángel Martín aseguró que los responsables del centro comercial mostraron su sorpresa por el desconocimiento del grupo de gobierno, pues entendían que la información tenía que haberla transmitido el anterior equipo.

El concejal añadió que en esa reunión los responsables del centro comercial mostraron un expediente de mayo de este año en el que el grupo de gobierno daba su visto bueno al anuncio de que cobrarían a partir del 1 de septiembre.

La sorpresa fue “mayor” cuando “nos encontramos con un convenio” de 2013 en el que se dice que la entidad del centro comercial “se obliga a garantizar el acceso libre y gratuito a todos los usuarios de los aparcamientos”, así como a mantenerlos abiertos “durante el horario de apertura de cualquiera de los establecimientos”.

José Ángel Martín señaló que no se puede obviar ese convenio, que no tiene alegaciones en contra, y destacó que es preciso garantizar que no se tomarán medidas de forma unilateral, y por ello se busca un acuerdo para intentar minimizar el impacto de cualquier solución.

UGT informó este miércoles de que ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para salvaguardar los derechos de los trabajadores afectados y la de los empleados que no han podido participar en las negociaciones.

El sindicato indica que con ese recurso la “tan publicitada” oferta de empleo público (OPE) puede “quedarse en nada” al presentar un recurso contencioso administrativo para “hacer entender a los responsables encargados de negociar las condiciones laborales de los empleados públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el atropello de derechos laborales que supuso la aprobación de dicha OPE de forma unilateral”.

UGT señala en un comunicado que, aunque se han expuesto los problemas de forma clara y a pesar de tener el apoyo de representantes del PP, que forma parte del Gobierno municipal, y pese a que se han reunido en dos ocasiones con el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), de esos encuentros “no ha salido nada”.

Según la UGT, “ni siquiera se han modificado los argumentos iniciales, de lo que se entiende que ni siquiera se nos ha escuchado lo más mínimo, por lo que recurrimos a la vía judicial, solicitando la adopción de medidas cautelares”.

Pide medidas “no solo para salvaguardar los derechos de los trabajadores afectados por la OPE sino también los del resto de trabajadores públicos, a los que no se les ha dado el derecho a participar de forma efectiva en negociar las condiciones de trabajo, y a los que pudieran entrar a trabajar después de haber superado un proceso selectivo y se vieran sin empleo por la desatención de los responsables”. 

El servicio jurídico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presentó el pasado miércoles ante la Audiencia Provincial un escrito en el que solicita a este órgano que dicte las diligencias necesarias que impulsen la ejecución de la sentencia sobre Las Teresitas, en particular la responsabilidad civil y la recuperación del dinero. 

La solicitud se produce tras la instrucción formulada por el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, el pasado 29 de marzo, un día después de conocerse la resolución del Tribunal Supremo sobre esta causa y una vez los servicios jurídicos hayan constatado que las aclaraciones solicitadas por algunas de las partes no tienen afección sobre el ámbito del Ayuntamiento.

Una nota del Ayuntamiento indica que la citada instrucción, de la que ahora dimana la petición a la Audiencia, ordenaba a la asesoría jurídica del Ayuntamiento las actuaciones necesarias para recuperar el dinero público invertido en la compra de los terrenos del frente de la playa, así como hacer efectivas las indemnizaciones en favor de esta entidad local.

Para el Ayuntamiento, con esta actuación se da un nuevo paso para la restitución de los perjuicios provocados al patrimonio municipal en el llamado caso Las Teresitas, por el que cumplen condena el exalcalde de la ciudad y exsenador de CC Miguel Zerolo (de CC), el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo (de CC), el exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo Juan Víctor Reyes y el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín González. También se encuentran cumpliendo condena los empresarios Antonio Plasencia y Ignacio González.

La nota remitida desde el Ayuntamiento afirma que acordó en mayo de 2017 adherirse a la solicitud de medidas cautelares planteada por el Ministerio Fiscal y asegurar “la totalidad de las cantidades que en concepto de responsabilidad civil derivada de los delitos reconoce la sentencia a favor del Ayuntamiento”.

Dos años “sin mover un dedo”

Sin embargo, la oposición ha criticado en repetidas ocasiones la inacción del Ayuntamiento ya que, en palabras del portavoz socialista local, José Ángel Martín, tras ese acuerdo en mayo de 2017 no se llevó a cabo ninguna medida para recuperar el dinero. 

El portavoz socialista negó en marzo de 2019 esa buenas intenciones del alcalde y de Coalición Canaria, y señalaba dos operaciones (de momento fallidas), del Cabildo de Tenerife, presidido por Carlos Alonso (CC), y de la Comunidad Autónoma, por Fernando Clavijo (CC), con las que se ha tratado de beneficiar económicamente a uno de los empresarios condenados, Antonio Plasencia, históricamente vinculado a las grandes operaciones económicas del partido.

Patricia Hernández, candidata del PSOE a la alcaldía de Santa Cruz, criticaba el pasado 30 de marzo que el alcalde no haya “movido un solo dedo en estos dos últimos años en los que se podría haber pedido la ejecución de la sentencia para salvaguardar los intereses de la ciudad”.

En su opinión, “tardar dos años da el suficiente margen a los condenados para mover su dinero y que, a la hora de la verdad, puedan utilizar triquiñuelas para no pagar ni un solo euro de los que le deben a los chicharreros”, alertó.

La sentencia sobre este caso, avalada por el Tribunal Supremo, afirma que el Ayuntamiento pagó 52 millones de euros por la compra de varias parcelas del frente de la playa a la empresa Inversiones Las Teresitas, SL, cuando algunas tasaciones, entre ellas la municipal, situaban el precio en 20 millones de euros. Además, había parcelas que se ha demostrado que son de titularidad pública.

Antes de esta sentencia, la Audiencia Provincial había anulado la operación de compraventa y requería la devolución de los fondos pagados a los vendedores, Inversiones Las Teresitas, al Ayuntamiento capitalino.

La Junta Electoral de Zona ha prohibido la celebración de los actos del Día del Vecino de Ofra y del Día de la Juventud del barrio de La Salud, organizados por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y previstos para los días 30 y 23 de marzo, respectivamente, tras una denuncia del PSOE. La resolución, a la que ha tenido acceso mirametv.com, desautoriza ambas iniciativas por haber sido anunciadas sin contar con el permiso pertinente.

El órgano jurídico expone que “no existe autorización por parte de esta Junta Electoral de Zona para la celebración de dichos eventos”, en relación a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General “sobre actos celebrados por los poderes públicos en período electoral”. La resolución resuelve “desautorizar la celebración de tales actos y requerir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para que elimine la publicidad sobre los mismos, todo ello con los apercibimientos en materia de responsabilidad que pudieran corresponderle en el caso de que no fuera atendido el requerimiento y la desautorización”.

La Junta Electoral de Zona, en una resolución dictada este jueves 21 de marzo, da respuesta a un recurso del PSOE que fue presentado el 19 de marzo y ampliado al día siguiente. Los socialistas denunciaron la organización, participación y financiación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde gobiernan en pacto Coalición Canaria y PP, de los dos actos, pese a no contar con el pertinente permiso del órgano electoral.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tenía previsto organizar el Día del Vecino de Ofra el próximo 30 de marzo, una iniciativa que anualmente, desde su primera edición en 2012, se desarrolla en el mes de junio. Una regla que tiene una excepción: los años que coinciden con la celebración de elecciones autonómicas y locales. Ya ocurrió en 2015, cuando el evento también se adelantó a marzo.

En cuanto al Día de la Juventud del barrio de La Salud, la iniciativa vio la luz por primera vez el pasado 10 de noviembre de 2018. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no esperó un año para anunciar la siguiente edición y hace unos días comenzó a publicitar la segunda jornada del acto, previsto para este sábado 23 de marzo.

La sentencia emitida estima el recurso contencioso-administrativo que interpuse, declara que el acto administrativo impugnado no es conforme a derecho, anula le resolución recurrida y condena al Ayuntamiento al pago de las costas con el límite máximo de 300 euros.

Contra la sentencia no cabe recurso de apelación.

UN MONTAJE. Aunque el fallo judicial se basa en la concurrencia de una serie de irregularidades en la tramitación del expediente que afectan directamente al derecho de defensa del recurrente, sin entrar a valorar las alegaciones de este, considero que aquel es el resultado lógico de todo un montaje en el que están implicados como autores directos los policías locales 10137 y 12173, que firman tres actas de infracción manifiestamente falsas fechadas el 15 de diciembre de 2016; la comisaria de la Policía Municipal, Carmen Delia González Martín, que traslada dichas actas al Área de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y, especialmente, el concejal delegado de dicho área, Dámaso Arteaga Suárez, que ordena iniciar el expediente sancionador y nombra instructor del mismo al jefe de la Sección de Soporte Administrativo y Control de Servicios Públicos, Pablo López Armas.

El problema empieza –tal vez casualmente, pues igual podían habérselo endosado a otro– con mi identificación por dos policías locales el 19 de diciembre de 2016, cuando, en unión del profesor universitario Santiago Pérez García, acababa de dar una rueda de prensa a las puertas del Parlamento de Canarias, donde criticamos el proyecto de Ley del Suelo que en esos momentos se tramitaba en la Cámara autonómica. Además de los datos del DNI, los agentes me pidieron un teléfono de contacto y yo, que en ese momento carecía de móvil, les di el fijo de mi domicilio, que no figura en el listín telefónico. Cito este dato, porque aparece en las actas de infracción, lo que me reafirma en la creencia de que los autores de estas actas falsas fueron los policías que me identificaron.

Casi un año después de este hecho, el 23 de octubre de 2017, recibí la notificación del decreto de incoación de expediente sancionador por haber fijado carteles de propaganda (la convocatoria de la manifestación contra la Ley del Suelo que tuvo lugar el 26 de noviembre de 2016) en tres vías de la ciudad donde, según el artículo 7 de la Ordenanza de Paisaje Urbano, está prohibido hacerlo. El decreto establecía como propuesta de sanción una multa de 60 euros por considerar la infracción como leve.

CONTRADICCIÓN EN LAS ACTAS. En las alegaciones siguientes hice constar la existencia de contradicción en las tres actas de infracción levantadas por los agentes; contradicción consistente en que en ellas se consignaba simultáneamente que fui identificado y que estaba ausente, por lo que no pudo dárseme a firmar ninguna.

¿Cómo llegaron a la conclusión de que fui yo quien colocó los carteles, si no me sorprendieron colocándolos? Misterio. La única prueba de mi autoría es lo que dicen los propios agentes actuantes en un informe que dirigen a la comisaria del cuerpo: “Los policías que suscriben informan a usted que en funciones propias del servicio y al observar publicidad en mobiliario urbano en diferentes zonas del centro se comunican con responsable de la manifestación para que retirara dicha publicidad, bajo apercibimiento de levantar acta por las infracciones observadas, pasado quince días, se procede al no ser retirada la publicidad en lugares no autorizados, se levanta actas según Ordenanza de Paisaje Urbano”.

Mentira evidente, pues aparte de que yo no fui el “responsable de la manifestación”, que fue convocada por la Plataforma Canarias por un Desarrollo Sostenible, integrada por más de doscientas personas pertenecientes a organizaciones ecologistas, sindicatos y partidos políticos, así como ciudadanos y ciudadanas a título individual, ningún policía se puso en contacto conmigo para indicarme nada referente a dicha publicidad.

La realidad fue, como he indicado más arriba y así hice constar en las alegaciones, que se me identificó cuando realizaba un acto legal, el 19 de diciembre de 2016, y se utilizó esa identificación para achacarme una serie de acciones ilegales, de las que, supuestamente, los policías habían levantado actas cuatro días antes. Todo un montaje para reprimir la legítima protesta ciudadana contra una ley que va a convertir el territorio de las islas en materia de especulación y negocio inmobiliario. Abunda en esta certeza el hecho de que el informe policial y las actas fechadas el 15 de diciembre no fueron enviadas al concejal responsable por la comisaria de la Policía hasta el 19 del mismo mes, exactamente a las 14 horas y 12 minutos, como consta en el expediente; es decir, dos horas después de mi identificación a las puertas del Parlamento. En la fase probatoria, quizá hubiera solicitado que alguien explicara esta falta de diligencia, que de todas maneras no es lo más importante en el embrollo fraudulento del expediente sancionador.

Por todo ello solicité el archivo del expediente y, en caso de que la solicitud fuera desestimada, la apertura de una fase probatoria para ejercer mis derechos de defensa.

CATÁLOGO DE DESAFUEROS. Sin embargo, el funcionario instructor del expediente y el concejal responsable no se dieron por aludidos, pues ni trasladaron a los agentes denunciantes mis alegaciones, para que emitieran el obligatorio informe de ratificación, ni se pronunciaron formalmente sobre la admisión o no de la prueba presentada, ni procedieron a la apertura de la fase probatoria.

Todo ello debió haberse efectuado, según la ley, antes de la propuesta de resolución, que recibí el 1 de diciembre de 2017. Esta propuesta, naturalmente, no tuvo en cuenta para nada las alegaciones presentadas, pues se limitó a citar como único fundamento de la sanción el artículo 77 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 52 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, que en ambos casos recoge, la presunción legal de las denuncias, atestados o actas formuladas por los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones. “De lo que se deduce que dicho acta tiene presunción de veracidad”.

Todos estos desafueros me colocaron en la situación de indefensión a la que se refiere el juzgado, que, por ello, estimó el recurso y dictó la nulidad del procedimiento administrativo.

RIZAR EL RIZO DEL ESPERPENTO. Pero hay más. Mis alegaciones a la propuesta de resolución les hicieron caer en la cuenta del patinazo cometido al no haber recabado la ratificación de los agentes ni realizado prueba alguna, especialmente sobre los extremos que, según los policías denunciantes, me fueron informados telefónicamente.

Para intentar tapar la chapuza solicitaron –fuera ya del tiempo habilitado para ello– un informe de la Policía Local, que me fue comunicado el 7 de marzo de 2018. Dicho informe riza el rizo del esperpento, pues los policías denunciantes, verdaderos émulos de Torrente, el brazo tonto de la ley, que popularizó hace unos años el cineasta español Santiago Segura, afirmaron lo que copio textualmente, respetando incluso las incorrecciones gramaticales:

“Nos ratificamos en los hechos denunciados, lugar y hora.

Para la localización e identificación del denunciado y adjudicarle la autoría se realizan varias gestiones para llegar a esta conclusión.

Nos comunica la Subdelegación del Gobierno que el responsable como organizador de la manifestación y presidente de dicha organización es el que nos refiere.

Puestos en contacto telefónico con el mismo e informarle de la prohibición de colocar publicidad en mobiliario urbano y tratándose de un acto sin ánimo de lucro, se le da un plazo de diez días para que retire la publicidad que se ha observado en varios puntos de la capital en mobiliario urbano y fachadas no autorizadas. Comunicándonos que efectivamente él es el responsable, pero que hasta que no retiren las microalgas o pague algún responsable él no va a hacer nada.

Transcurrido el plazo establecido se procede a levantar acta“.

Y se quedaron tan panchos, sin caer en la cuenta de que esta supuesta conversación era imposible que se hubiera producido en diciembre de 2016, pues el fenómeno de las microalgas, que también fue causa de una gran manifestación ciudadana, se produjo durante el verano de 2017.

No obstante, Dámaso Arteaga, igual de velillo y mentiroso que los dos “brazos tontos de la ley”, no tuvo el menor reparo en firmar el decreto de resolución y concluyó multando a un ciudadano inocente con 60 euros. Sin cortarse y por la jeta, que para eso es el concejal delegado del Área de Gobierno de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos. El puto amo, vamos. (¡Dios nos coja confesados!)

PINCHAR EN HUESO. Pero esta vez el ilustrísimo señor pinchó en hueso. Quizá tuvo la idea de que darle un pequeño escarmiento a un perroflauta o “terrorista social de los que se oponen a todo” nunca está de más y la ocasión la pintan calva. A mí los 60 euros me la traen al pairo; si don Dámaso los necesitara para sus tareas de Bienestar Comunitario no me hubiera importado donárselos (y más incluso). Lo que me repateó el ánimo y me hizo perder mi tiempo, refutando los enredos y faramallas de estos badulaques, hasta el punto de presentar un recurso contencioso contra la sanción, no fue la cuantía de esta, sino el atropello y abuso de poder de que hicieron gala unos responsables municipales, que confunden el Ayuntamiento con su finca privada y la política municipal, que debe estar al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, con la represión de las personas que, legítimamente, pueden no estar de acuerdo con algún proyecto emanado de los poderes públicos afines a quienes gobiernan la corporación.

CODA PARA GENERAL CONOCIMIENTO. Ingresé en la honorable cofradía de perroflautas cuando el viejo genocida estaba todavía pescando salmones y firmando sentencias de muerte, y si entonces no me resigné a las arbitrariedades del poder, mucho menos lo voy a hacer ahora, viejo, peleón y con el colmillo más retorcido que un jabalí asilvestrado. Que lo tengan en cuenta los mandamases y caciquillos de tres al cuarto, como estos que fueron por lana y salieron trasquilados. Es un aviso.

Esta misma semana la Junta del Gobierno local adoptó el acuerdo de adquisición de 18 viviendas por un importe de 1,2 millones de euros.

Cumplimos, por tanto, lo prometido. Pero no solo en este aspecto concreto, sino en todo lo relacionado con la polí­tica de vivienda, en la que nos hemos aplicado con enorme intensidad en los últimos ocho años.

La sensibilidad social de una administración se mide en función de las respuestas que sea capaz de ofrecer a aquellas personas o familias que peor lo están pasando, mientras que el compromiso se mide en razón de la implicación de esa misma institución más allá de las competencias que por norma tenga atribuidas.

En nuestro caso, sensibilidad y compromiso van de la mano.

Con la adquisición de estas viviendas nos volvemos a situar a la vanguardia a nivel estatal, como ya lo hicimos en su momento con la aprobación del Protocolo Anti-desahucios o con la puesta en marcha de un servicio de intermediación hipotecaria.

Esta medida forma parte de un plan que incluye también la compra anual de inmuebles, mediante licitaciones programadas, con el fin de poner en el mercado viviendas de precio tasado. 

Pretendemos, por un lado, incrementar los recursos disponibles para hacer frente a casos de emergencia social y, por otro, ampliar el parque municipal de viviendas destinadas a alquiler social. En relación con este último punto, tenemos también en marcha la construcción, con fondos propios, de una promoción de 44 viviendas en el distrito Suroeste.

Estas actuaciones se completan con una polí­tica de firmeza, que se ha manifestado en toda su dimensión en el caso de injusticias flagrantes contra los vecinos por parte de entidades financieras.

Ha sido el caso de las 358 familias de Añaza, a las que se pretendía echar de sus casas. El Ayuntamiento, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias trabajaron coordinadamente para evitar este drama y hoy esos vecinos pueden ya dormir tranquilos. Hicimos lo que debimos y hemos cumplido con nuestra obligación en la defensa del más débil.

Y esa siempre ha sido mi forma de proceder: la de cumplir mis obligaciones para intentar satisfacer el interés general de toda la ciudadaní­a. Nunca me he alejado de ella y tampoco lo haré en el futuro.

Porque, efectivamente, sensibilidad y compromiso han de ser las banderas de cualquier gestor público. Y yo las enarbolo responsabilizado, pero, sobre todo, honrado de poder defender a los vecinos de esta maravillosa ciudad.

*Alcalde de Santa Cruz de Tenerife

La empresa Carlacand, de la familia del constructor Antonio Plasencia, hizo una oferta, luego aceptada, al Instituto de Atención Social Sociosanitaria (IASS), organismo autónomo del Cabildo de Tenerife, para vender por 23 millones su edificio de oficinas de 13 plantas en Cabo Llanos (municipio de Santa Cruz de Tenerife) y además aportó un anteproyecto de un estudio de arquitectura para adecuarlo al uso sociosanitario por 6,1 millones más, todo ello sin que tuviera por escrito del Ayuntamiento capitalino la certeza de un cambio de uso de oficinas a sociosanitario, lo cual era y es imprescindible para el éxito de la operación.

De hecho, en octubre pasado, cuando Carlacand registró en el IASS su ofrecimiento, admitió que la compraventa quedaba “condicionada” a que el Ayuntamiento “garantice” ese cambio de uso. El IASS solicitó a la Gerencia de Urbanismo al mes siguiente esa confirmación. Según consta en el informe emitido por este organismo santacrucero, al que ha tenido acceso Tenerife Ahora, el IASS registró su solicitud el 26 de noviembre, y la respuesta se emitió el 10 de diciembre, es decir, 14 días naturales después.

Urbanismo, en un informe que firma la secretaria delegada, Belinda Pérez Reyes, concluye que, según los usos previstos en el Plan General de Ordenación (PGO) de 2013 -anulado por sentencia judicial del TSJC y pendiente de que esta sea firme, tras el recurso de casación ante el Supremo del propio Ayuntamiento- “se considera viable el cambio de oficinas a equipamiento socioasistencial” .

No obstante, en el apartado de “antecedentes urbanísticos, planeamiento según el que se concedió la [primera] licencia”, la funcionaria recuerda que en el estudio detalle de esta manzana “el uso queda explícitamente predeterminado” en terciario comercial y oficinas, “y no se establecen tolerancias con otros usos (como sí ocurre con otras manzanas del polígono CEPSA-DISA)”. 

El informe de Urbanismo expone que, posteriormente, la adaptación básica del PGO incorpora las determinaciones de una modificación del Plan General aprobada definitivamente por la Cotmac en 2005, en desarrollo del convenio urbanístico suscrito entre DISA y la Gerencia de Urbanismo ese año, de modo que se cambian las alineaciones de la manzana 11, “pero señala de forma expresa que no se alteran sus condiciones de uso”. 

En el supuesto de que el PGO fuera definitivamente anulado por el Tribunal Supremo, el informe del Ayuntamiento también ve posible el cambio de uso a sociosistencial con arreglo a las normas urbanísticas anteriores que quedarían vigentes, ya que este no se encuentra prohibido en el área. En cualquier caso, se deberá cumplir con las condiciones particulares de los usos referidos en el párrafo anterior.

Más condicionantes: el Registro de la Propiedad y los financieros

Para formalizar la compraventa aún es preciso legalmente otro trámite, aparte de ese cambio de uso urbanístico. En la propuesta de acuerdo finalmente aprobada en el consejo rector del IASS del pasado 28 de diciembre (con la única abstención de Podemos), se advierte de que “actualmente consta en el expediente nota simple del Registro de Propiedad correspondiente a la parcela, estando condicionada la adquisición a que la empresa propietaria proceda al otorgamiento de la escritura de declaración de obra nueva en construcción, así como su correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad”.

En un procedimiento que evolucionó a toda prisa en el último trimestre de 2018, se da la circunstancia de que el informe favorable de la Intervención delegada a tramitar esta compraventa en realidad es un sí condicionado a que se acredite de manera formal el compromiso del Cabildo de aportación de esos fondos al IASS para cubrir los 29 millones de inversión.  

En realidad, el IASS no disponía de dinero para esta operación, solo 6,4 millones de los 29 millones necesarios, si bien 23 son los que deberá pagar de una tacada por el inmueble, y los 6,1 restantes a medida que la empresa de Plasencia vaya justificando las obras de adecuación del inmueble como residencia de ancianos.

Como aparece en el expediente, el dinero preciso se completará con dos modificaciones presupuestarias del Cabildo a favor del IASS por 18,3 millones, de los que 13,5 son por suplemento de crédito y cinco créditos procedentes del convenio de cooperación firmado a finales de 2017 con el Gobierno canario para construir infraestructuras sanitarias y reformas de las ya existentes. 

Sin embargo, la premura del IASS por cerrar este negocio con Plasencia llevó a que en la propuesta de acuerdo firmada por Juana María Reyes, directora de este organismo autónomo, se aludiera a que, según un informe del servicio económico financiero, se está “a la espera de la tramitación por parte del Cabildo del otorgamiento de las citadas aportaciones par acreditar la existencia formal del compromiso de aportación”, como obliga la normativa vigente.

El concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, y el director general de esta área en el Ayuntamiento de la capital tienrfeña, Juan Domingo Cabrera, insistieron este jueves en que “no hay argumentos” para que no se adjudique a Valoriza, filial de Sacyr, el servicio de limpieza viaria y recogida selectiva de basuras, a pesar de un informe técnico desfavorable, pues, según interpretan, concluye que la empresa no podrá cumplir los objetivos de calidad pero no afecta a la viabilidad de la oferta en su conjunto.

Tanto Arteaga como Cabrera, en declaraciones a Tenerife Ahora, reconocen que este asunto puede acabar en los juzgados si las empresas que han perdido el concurso deciden recurrir, pero indicaron que, si bien la legislación establece que una oferta temeraria debe ser excluida si así lo indican los informes técnicos municipales, la jurisprudencia en este campo fija que, si el valor anormal o desproporcionado se produce en un parámetro de los varios tenidos en cuenta, debe analizarse si este hace o no inviable el conjunto de la oferta, lo cual, sostienen , no se da en esta caso.

“El trámite que dice la ley es que no hay exclusión automática del licitador, sino que debe justificarlo como llega a ese parámetro de calidad y esa justificación la debe informar el servicio técnico municipal, que concluye que la empresa no justifica suficientemente cómo va a llegar a ese ratio y considera que no la va a poder cumplir en ese concreto elemento”, explica Arteaga, quien señala que el informe de los técnicos públicos “no es vinculante” par la mesa, que es libre de tomas las decisiones que considere oportunas sobre la base de los informes que tenga sobre la mesa“.

La realidad es que fuentes de la oposición municipal aseguran que no conocen casos de adjudicaciones con informes en contra en el Ayuntamiento santacrucero, en este caso porque Valoriza ofrece un 80% de mejora de los objetivos de calidad en el servicio de la limpieza y la recogida de basura, y los técnicos municipales no se lo creen en función de los medios humanos y materiales que aporta la compañía, porque mas allá del 50% ofrecido por las demás empresas se considera baja temeraria.

Incumplimiento parcial, no general: el argumento de la Mesa

En cualquier caso, el edil de CC reitera que “no hay que excluir la oferta en este caso, porque los tribunales de Justicia sobre contratación dicen que no es suficiente que una oferta del licitador incurra en desproporción en un elemento concreto de su oferta sino que hay que analizarla en su conjunto y concluir si a pesar de la desproporción es posible ejecutar el contrato en los términos que exige el pliego, y la oferta del licitador”.

“En ese punto la Mesa de Contratación”, que él preside, “no discute que hay desproporción en un elemento, sino que considera que a pesar de ello el contrato se puede ejecutar cumpliendo los pliegos; y por tanto, no es suficiente como para excluir a la mejor oferta”.

Preguntado cómo es posible que se adjudique el contrato, 142 millones, a una empresa que según los técnicos municipales no podrá mejorar el servicio en los anormales niveles que promete, Cabrera enfatiza que “la Mesa entiende que no es motivo para excluirla, porque no hay elemento suficientes para concluir que el conjunto del contrato no puede ser cumplido, ni quiere decir que la empresa incumpla los parámetros de calidad del pliego, sino que los ofrece superiores, y eso tiene como consecuencia la detracción de unas cantidades en la factura si incumple”.

La oferta temeraria global es “una ficción de los tecnicos”

En este punto, los técnicos municipales prevenien de que, se se tienen en cuenta la rebaja del 10% hecha por Valoriza en el precio, y las sanciones que podría recibir por incumplir objetivos de calidad, la suma alcanzaría entre el 14% y el 18% del presupuesto base de la licitación, más allá del 15% que se entiende como baja temeraria. Pero en este punto, el director general advierte de que ese cálculo “es una ficción que se hace, y el pliego no dice que podamos hacer esas elucubraciones para que podamos ejecutar el contrato, por lo que no podemos cuantificar de esa forma en la Mesa porque incumplimos el pliego”.

Cuestionado por qué si en los anuncios del concurso como en los pliegos el gobierno local presumió de que esta vez la calidad se primaría, y no solo la oferta económica de las licitadoras, el concejal apuntó que con el resultado “no se le quita importancia al criterio de calidad; es al revés,Valoriza lo que ha ofertado es más calidad, es la excelencia en la calidad, y lo que el servicio tecnico viene a decir es que no lo podrá cumplir esa excelencia pero no es que el servicio no lo vaya a prestar con calidad”.

Y el director general ratifica este planteamiento del concejal nacionalista: “Es un silogismo incorrecto: el pliego establece un nivel alto de calidad mínimo y se le ha dicho a las empresas que oferten un nivel mayor de lo que establece el pliego, y Valoriza ha ofertado más del resto, al punto de que un informe técnico dice que el nivel de calidad ofertado puede que no lo cumplan, pero eso no quiere decir que no vayan a cumplir el parámetro de calidad que marca el pliego que rige el concurso”.

Cuestionado Arteaga sobre por qué en el acta de la Mesa la larga controversia con los técnicos discrepantes se zanja con la expresión “tras un intenso debate”, pero no se alude a su contenido, respondió: “Fue un intenso debate sobre si independientemente de que se incumpliera un parámetro se podía cumplir el contrato o no”. Y la decisión, destaca, se produce por unanimidad de quienes tenían voto, “e incluso consultados los tecnicos -sin voto, con voz- nos dicen que su informe se refiere al punto 2, la calidad”.

Llegados a este punto, Arteaga considera que la oposición política “está tratando de enturbiar este asunto, dando patadas al ordenamiento jurídico y diciendo mentiras”, al tiempo que desmiente que vaya a haber despidos en Urbaser porque la actual plantilla “se subrrogar, el pliego lo garantiza, y además lo han dicho los propios trabajadores en una nota de prensa”.

La Junta de Gobierno puede apartarse de la Mesa si lo justifica

El director general de Servicios Públicos no contempla la posibilidad de que al Junta de Gobierno local, que preside José Manuel Bermúduez (CC) ,dé marcha atrás a esta adjudicación : “La Mesa de Contratación es un órgano técnico, y quien hace la propuesta técnica es la Mesa; el órgano de decisión política, la Junta de Gobierno , no va a apartarse de la propuesta de los técnicos, como estoy oyendo hablar, pues de de la Mesa forman parte también un internventor, un letrado y técnicos”.

Si bien el alcalde, José Manuel Bermúdez, afirmó el miércoles que no asumir la propuesta de la Mesa de Contratación sería “prevaricar”, Cabrera admitió que el gobierno local “para apartarse de la propuesta técnica tiene que motivarlo sobradamente”.

FCC contraataca con un informe para la Mesa de Contratación

No quiso entrar a valorar el director general el escrito presentado por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) ante el Ayuntamiento, quejándose de que la propuesta de la Mesa constituye una “irregularidad” y lamentando que se haya “legitimado una distorsión artificial de la puntuación” por parte de Valoriza, al hacer una oferta temeraria en objetivos de calidad. “Las empresas pueden presentar los escritos que quieran, y en este simplemente expresan su opinión sobre la propuesta de la Mesa, que ahora tendrá que valorar ese escrito”, apuntó el funcionario municipal.

En su escrito FCC protesta por que se haya dado por buena la desproporción de la oferta de Valoriza, a pesar de lo que establecen las normas del concurso y que la propia empresa en sus alegaciones admita que no va a poder cumplir las mejoras que promete, algo que constatan los servicios técnicos municipales y la propia Mesa de Contratación.

Alega FCC en su contundente escrito que “se permite un 18,1% de baja económica”, lo cual supone, para esta licitadora, incumplir los pliegos del concurso y la legislación de contratos públicos. Por ello, FCC concluye que “existen argumentos para corroborar que no hay viabilidad técnica ni económica en la oferta elaborada por Valoriza, además de una presunta estrategia para distorsionar la puntuación y la valoración de las ofertas, práctica que es contraria a la ley, así como una práctica restrictiva de la competencia”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en colaboración con la organización conservacionista SEO/BirdLife, ha emprendido un programa para reforzar el conocimiento y la protección de la avifauna del Palmetum de la capital tinerfeña. La iniciativa lleva por título Aves del Palmetum. Descúbrelas y protégelas y contempla la realización de diferentes materiales divulgativos en tres idiomas.

La puesta en marcha de esta iniciativa, presentada este mediodía por el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y el séptimo teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, contó con la presencia de un grupo de escolares del CEIP García Escámez.

La cita también ha servido para dar a conocer la distinción otorgada al Palmetum como mejor proyecto nacional de jardinería pública, el Premio Alhambra, recogido por el cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga.

“El Palmetum es un jardín botánico que no solo cuenta con la colección de palmeras más sobresaliente de Europa, sino que, además, forma ya un ecosistema donde las aves también son importantes”, destacó el alcalde. “Tenemos unas 60 aves que pasan por el Palmetum, o que nidifican aquí, y queremos darlas a conocer con esta acción divulgativa junto a una organización como SEO/BirdLife, que es una aliada de Santa Cruz”, añadió.

El delegado de SEO/BirdLife en Canarias, Juan Antonio Lorenzo, precisó que entre las especies que habitan el Palmetum “figura una veintena de algunas tan comunes como  mirlos, canarios, capirotes, tabobos…, además de otras más raras o escasas, que se acercan en alguna época por el mal tiempo o porque hallan aquí alimento suficiente, y turistas alados, migrantes, que se encuentran de paso, hasta alcanzar las 60 especies”.

Folletos y paneles

Entre los soportes que sustentan esta campaña divulgativa figura un folleto, en formato tríptico, para que los visitantes puedan conocer e identificar mejor las especies más comunes que han fijado su hábitat en el jardín botánico santacrucero.

La publicación cuenta con una tirada inicial de 4.000 ejemplares, a cargo de la citada Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife), ilustrada con fotografías y dibujos de cada ave. El objetivo es sensibilizar a vecinos y visitantes sobre cómo poder ayudarlas y cuáles son sus problemas más comunes. Asimismo, incluye un mapa geográfico de la instalación, donde se señala cuáles son las especies más comunes en cada zona del Palmetum.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (de CC), ha pedido este martes al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (también dirigido por un alcalde de ese partido, José Manuel Bermúdez) “mayor esfuerzo” en la gestión y protección del patrimonio histórico y puso como como ejemplo de las cosas bien hechas en este capítulo al municipio vecino de La Laguna, donde gobierna Coalición Canaria y el regidor es José Alberto Díaz.

En una entrevista concedida a la Cadena SER y recogida por Europa Press, Alonso ha criticado el estado del templo masónico, el antiguo instituto de Ireneo González o el cementerio de San Roque, al tiempo que ha ofrecido el apoyo de la Corporación insular, que ya ayuda a financiar la redacción de proyectos y obras de rehabilitación.

El presidente insular ha destacado que La Laguna ha hecho del patrimonio histórico el “eje” de su desarrollo comercial y urbano, y ese es la clave de su “renacimiento” en los últimos años. Alonso indicó que la capital tinerfeña “debe tomar nota”.

Sobre las diferencias entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz, ha comentado que ya ha solicitado una reunión con el alcalde, José Manuel Bermúdez, para sentarse a hablar y encontrar una solución a algunos problemas, como la ordenación de Miraflores o de Las Teresitas.

“Hay que resolver los problemas de manera acordada y no a través del pleito”, ha comentado Alonso, al tiempo que criticó la gestión del nuevo concejal de Urbanismo, Carlos Tarife (PP), que “está removiendo todos los asuntos”.

“No quiero elevar la polémica, es lo que buscan algunos”, ha agregado el titular del Cabildo de Tenerife.

Tenerife Lan Party 2017, actividad organiza por Innova7 en colaboración con el Cabildo de Tenerife (esta administración pública aporta a la cita más de medio millón de euros) que tendrá lugar en el Recinto Ferial de Tenerife del 18 al 23 de julio, ofrecerá más de 400 actividades tecnológicas en las que se podrán saber cuáles son las profesiones del futuro.

La presentación oficial de la cita se hizo este viernes y en ella se ha contado con la presencia del presidente de la Corporación insular, Carlos Alonso; del consejero del área Tenerife 2030, Antonio García Marichal; del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y del director de TLP Tenerife 2017, Marcelino Concepción.

Alonso explicó que, “si quieren ver las profesiones del futuro, vengan la próxima semana a TLP. Aquí reina la creatividad, que es una de las apuestas que hacemos con el área Tenerife 2030, donde mostramos un mundo más abierto en el que Tenerife se conecta con el exterior. Se trata también de un punto de encuentro para innovadores en el que se consigue implicar a mucha gente en un escenario donde ocurren acontecimientos que tienen que ver con el presente y el futuro, con un ancho de banda  de 30 gigabytes y donde hay gente emprendedora que busca soluciones a los problemas y no espera a que lo hagan otros”.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, dijo que la ciudad ha mostrado su gratitud con el Cabildo y ha considerado que si la TLP 2017 se celebra en Santa Cruz es porque se trata de un “buen sitio en el que siempre ocurren cosas de manera continua”

Marcelino Concepción remarcó la importancia de apostar por un evento de estas características porque “se trata de una actividad profesional que anima a la gente a que pueda ver en la tecnología una forma de ganarse de la vida al despertar vocaciones científico-tecnológicas en los participantes. La TLP contará, entre otras actividades, con un espacio dedicado a la cultura asiática, otro dedicado a las empresas innovadoras emergentes y una zona de gaming. Este año se ha apostado por los deportes electrónicos para responder a las demandas e intereses del público de TLP”.

TLP Tenerife 2017 contará con 2.000 participantes conocidos como teleperos, quienes agotaron las entradas en un minuto y medio y que podrán pasar las 24 horas de los seis días que dura el evento conectados en la zona LAN.

La organización espera alrededor de unos 50.000 visitantes que buscarán disfrutar de una amplia gama de torneos, competiciones y mesas redondas. En esta ocasión, la estrella invitada es Miltos Yerolemou, el actor que interpreta a Syrio Forel en la serie televisiva Juego de Tronos y que también aparece en el episodio VII de la saga Star Wars.

TLP Tenerife 2017 se ha dividido en cuatro zonas: la zona LAN, en la que estarán los 2.000 teleperos con sus ordenadores; la TLP ESPORTS, donde se celebrarán torneos de videojuegos; la TLP SUMMER CON, un espacio dedicado a los aficionados al cómic en el que podrán compartir experiencias con dibujantes de Marvel y DC, y la TLP Innova, el espacio profesional de TLP en el que estarán presentes empresas como Google o IBM.

1) Consideramos que el principal responsable de que la ejecución de la sentencia firme del derribo del mamotreto se haya dilatado, artificial e intencionadamente, casi tres años, ha sido el alcalde José Manuel Bermúdez. En innumerables ocasiones nuestra plataforma ha denunciado los actos de supuesto sabotaje del alcalde a esa decisión judicial. Bermúdez ha utilizado torticeramente todos los medios de que dispone el Ayuntamiento, incluso dinero público, para mantener en pie el adefesio, un edificio ilegal e ilegalizable convertido en monumento a la corrupción, burlando a la Justicia y al pueblo de Santa Cruz, y coqueteando peligrosamente con el delito de prevaricación.

2) A pesar de que el señor Garcinuño le sirvió en multitud de ocasiones como escudo protector, al asumir las consecuencias de las acciones más arriesgadas y discutidas del grupo de gobierno, protagonizando conflictos de manera un tanto gratuita y vanidosa con funcionarios, vecinos de El Toscal, magistrados y abogados, con nuestra plataforma y con numerosos colectivos que defienden los intereses de las clases populares, José Manuel Bermúdez lo dejaba hacer socarronamente por conveniencia y tacticismo. Pero la última salida de tono del concejal de Urbanismo, al votar en contra de la adjudicación de la obra de demolición del mamotreto, lo condenó. El alcalde de Coalición Canaria y su propio partido -el PP- lo desfenestraron, pues ya no era útil ni como parapeto y acabó revelándose como una fuente de conflictos allí donde intervenía.

3) Contrariamente a lo que ha afirmado en sus últimas manifestaciones, el exconcejal de Urbanismo no ha defendido nunca el interés general ni el dinero ni el patrimonio de los santacruceros. Señor Garcinuño, usted debería saber que la construcción del mamotreto fue un acto delictivo, como dice la sentencia, y lo primordial en estos casos, según el Código Penal, “es la reparación del daño ocasionado por el delito. Algo plenamente dotado de sentido, ya que, de otro modo, la voluntad del infractor prevalecería sobre la de la ley. Así las cosas, la reparación del daño, ahora en la forma de demolición de la construcción ilegal, será, en principio, la regla”. Por lo tanto, el inacabado mamotreto nunca puede considerarse como un elemento del patrimonio municipal. Por otro lado, si fuera verdad que defiende el dinero de los chicharreros, debería haberse abstenido de gastar dinero público en informes absurdos y extemporáneos, dado que la sentencia es firme y ha adquirido la consideración de cosa juzgada con todo lo que ello significa. Al mismo tiempo, en su afán de mantener el mamotreto a toda costa, ha despilfarrado una ingente cantidad de capital humano al depurar, junto al alcalde Bermúdez y al concejal Díaz Estébanez, a unas funcionarias, juristas de contrastado prestigio profesional, porque no avalaban las tesis del grupo de Gobierno municipal, a pesar de las amenazas recibidas y contratando a otras que estuvieran dispuestas a firmar los informes deseados.

Finalmente, su activa campaña de denuncia del Plan Especial de El Toscal, al que ha llegado a calificar temerariamente de fraude a pesar haber votado usted a favor en el pleno en el que se aprobó de manera “definitiva con reparos”, por unanimidad de los grupos municipales, y de contar con el apoyo de los vecinos de ese emblemático barrio, ha puesto al descubierto que su intento de regresar al punto de inicio del citado plan no tiene como objetivo la defensa del interés general de la ciudadanía, sino todo lo contrario: abrir aún más la puerta a la especulación urbanística.

4) En la Plataforma por el Derribo del Mamotreto y contra la Corrupción no nos contentamos solo con el cese del concejal Garcinuño y la entrega “en diferido” de su acta de concejal, ya que tardará varias semanas en hacerla efectiva. Seguimos vigilantes pues no nos fiamos del alcalde Bermúdez ni de su grupo de gobierno porque, como decíamos en mayo de 2015: “El derribo del mamotreto pone en cuestión los intereses de los poderes económicos a los que ATI-Coalición Canaria y el Partido Popular han servido fielmente durante todos los años que han detentado el poder en la ciudad; los intereses del capitalismo de amiguetes que hasta ahora no se había encontrado en una situación semejante. El mamotreto no es una infamia urbanística aislada, sino un ejemplo más del maridaje político-económico que durante casi 40 años ha sido la pauta de gobierno en la capital tinerfeña. Es un símbolo de la especulación urbanística y de la corrupción política que ha sido la marca oficial de la ciudad”.

*Declaración remitida por la Plataforma por el Derribo del Mamotreto y contra la Corrupción

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha subrayado este jueves que desde que accedió al cargo en 2011, año en que sucedió a Miguel Zerolo, el Ayuntamiento siempre ha defendido el interés general y ha intentado recuperar el dinero pagado por el frente de playa de Las Teresitas.

Bermúdez no quiso comentar la sentencia, sobre todo porque no es firme, pero insistió en que en este proceso el Ayuntamiento siempre ha perseguido defender el interés general y la restitución del dinero pagado por los terrenos, como establece la sentencia de 2007 del Tribunal Supremo que anuló la operación de compraventa.

En julio de 2007 se produjo un acuerdo plenario que, a la luz de esa sentencia, obligaba al Ayuntamiento a restituir las fincas del frente de playa y a reclamar el dinero, “pero la demanda no se produce hasta noviembre de 2011”, recalcó.

En la demanda civil a la que se refería Bermúdez, aún pendiente de resolución, el Ayuntamiento reclama a Inversiones Las Teresitas, propiedad de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, condenados por la vía penal a cinco años y tres meses de prisión cada uno, el pago de 74,5 millones de euros, de ellos 52,5 millones por la operación de compraventa y 22 millones por los intereses.

El alcalde recordó que el Ayuntamiento también se personó en la causa penal, cuya sentencia se ha conocido hoy, “para conseguir la devolución del dinero y nosotros restituir las parcelas, conforme establece la sentencia de 2007”.

En esa sentencia, seis de los encausados, que suman penas de 33 años de cárcel, han sido condenados a pagar al Ayuntamiento indemnizaciones por valor de 61,6 millones de euros.

Dado que la sentencia no es firme, el alcalde ha dado instrucciones a los servicios jurídicos municipales para continuar en las instancias judiciales que proceda con las acciones necesarias “en defensa del interés general y para la recuperación del dinero público invertido en la compra de los terrenos”, dijo Bermúdez.