La Asociación Medioambiental Los Árboles Hablan pedirá el lunes en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife la suspensión inmediata de la tala de árboles en el barrio de la Salud, y advierte de que no descarta recurrir a acciones penales.

La entidad ha precisado en un escrito que en la tarde del pasado jueves comenzó la tala del arbolado del entorno de la Plaza de San Gerardo, en el barrio de La Salud, dentro de las obras del proyecto municipal de demolición de la iglesia de San Gerardo y rehabilitación de su entorno.

Según la Asociación Medioambiental Los Árboles Hablan, ya se han talado unos seis árboles y quedan en pie unos 14 de los afectados por el proyecto.

La asociación denuncia que se incumple la Ley canaria de protección del arbolado urbano y ha requerido al alcalde el cese inmediato de la tala, sin descartar acciones penales.

Añade que se aprecia “una clara contradicción” en el proyecto, ya que en su memoria se afirma que “los árboles de gran porte existentes en la Plaza se mantendrán”.

Sin embargo, agrega, la separata de jardinería incluye un capítulo de “talas, podas y limpiezas”, con la tala de flamboyanes y jacarandas, destoconados y una partida para triturar y retirar los restos vegetales.

Recuerda la asociación que desde diciembre de 2025 está en vigor la Ley de protección del arbolado urbano y del arbolado de especial protección de Canarias, una norma autonómica que prohíbe con carácter general la tala de árboles urbanos.

Además, exige un informe técnico preceptivo que la justifique y un estudio previo de alternativas que garantice la conservación del arbolado.

No obstante, en el expediente relativo a la plaza de San Gerardo “no consta ni el informe ni el estudio de alternativas, y el acuerdo municipal que aprobó el proyecto ni siquiera menciona la ley”, afirma.

Lo que se pretende en la parcela donde se encuentran los árboles es un aparcamiento que el propio Ayuntamiento califica de “provisional”, puntualiza la asociación, que señala que ha acreditado la existencia de varios solares alternativos en el mismo barrio para ubicar ese aparcamiento sin talar un solo árbol.

Entre ellos figuran una cancha municipal abandonada en la calle Bartolomé Cifra, dos solares en las calles Guanarteme y Cornisa que ya se usan como aparcamiento, y dos solares de mayor tamaño en Barranco Molina y en la calle José Luis de Miranda.

Estas alternativas se trasladaron al Ayuntamiento en agosto y septiembre sin que conste respuesta.

A la vista de esta situación la asociación tiene previsto pedir el lunes al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife la medida cautelarísima de suspensión inmediata de toda actuación de tala, apeo, destoconado, poda drástica o trasplante de arbolado.

La petición se presentará en el recurso que la asociación ya tiene en curso contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de abril de 2026, que aprobó el proyecto modificado de Demolición de la Iglesia de San Gerardo y rehabilitación de su entorno. Fase 1.

Además, este sábado la asociación ha dirigido un escrito al alcalde de Santa Cruz de Tenerife en el que le pone en conocimiento estos hechos y le requiere que acuerde el cese inmediato de la tala y que facilite el informe técnico y el estudio de alternativas exigidos por la Ley.

La asociación advierte de que no descarta el ejercicio de acciones penales.

“No estamos en contra de mejorar La Salud ni de que el barrio tenga aparcamiento. Estamos en contra de que se haga incumpliendo la ley y a costa de los únicos árboles del barrio, cuando hay otras opciones. Lo que se tala no lo devuelve ninguna sentencia”, señala la entidad. 

La polémica por la tasa de basura ha saltado unos 113 kilómetros. Esta vez es en Santa Cruz de Tenerife donde los vecinos tienen la posibilidad de recurrir los recibos del ya llamado 'tasazo'. Así lo ha anunciado la diputada del PSOE Patricia Hernández, quien ha puesto a disposición de los ciudadanos una plataforma que facilita un modelo de recurso para reclamarla.

La herramienta, disponible en reclamatasadebasura.es bajo el lema 'Bermúdez te va a deber dinero', permite descargar el modelo, completar los datos del recibo y presentarlo ante el Ayuntamiento, bien a través de la sede electrónica o de forma presencial. Hernández recuerda que se trata de un recurso administrativo que no requiere abogado ni procurador.

Sin emabrgo, la iniciativa ha levantado asperezas en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña. Eel alcalde, José Manuel Bermúdez, ha acusado a los socialistas de “engañar” a los vecinos con una tasa que, sostiene, ha impuesto el Gobierno de Pedro Sánchez.

El alcalde defiende que el Ayuntamiento se ha limitado a cumplir la ley y acusa al PSOE de intentar ahora desentenderse de una obligación que nace de la normativa estatal. También ha pedido a los ciudadanos que “extremen las precauciones” con la cesión de sus datos y ha cuestionado el momento elegido para lanzar la web, apenas un día después de la convocatoria de las elecciones generales.

Una ley estatal, una ordenanza municipal

Es cierto que el origen de la obligatoriedad proviene de una ley del Gobierno central presidido por Pedro Sánchez, para adaptar la normativa española a las exigencias europeas.

Pero la forma de calcularla, repartirla y aplicarla es competencia de cada Ayuntamiento. Y es precisamente sobre esa ordenanza donde el PSOE centra sus críticas.

Hernández cuestiona, entre otras cosas, que se estime una media de tres personas por vivienda. “Si usted vive solo, paga por tres”, ha denunciado. También critica el tratamiento de las viviendas vacacionales, las bonificaciones y el coste que, a su juicio, se está trasladando a los ciudadanos por el incumplimiento de los objetivos de reciclaje de la concesionaria.

Asimismo, la portavoz socialista reclama la nulidad íntegra de la ordenanza y sostiene que, si la Justicia le da la razón, quienes hayan pagado podrán reclamar la devolución de lo cobrado, con los intereses correspondientes.

El procedimiento judicial sigue abierto y la deliberación y fallo están señalados para el 19 de noviembre. Mientras tanto, el PSOE anima a los vecinos a presentar sus recursos, también a quienes ya hayan abonado el recibo.

Bermúdez pone el foco en los datos, pero el recurso se presenta ante el Ayuntamiento

El alcalde ha intentado llevar la polémica también al terreno de los datos personales. Bermúdez ha pedido a los vecinos que “extremen las precauciones” ante la plataforma presentada por Hernández y ha cuestionado que el PSOE les invite a facilitar sus datos para asesorarlos.

Sin embargo, en el mecanismo anunciado por los socialistas, la web permite descargar un documento que el propio vecino rellena y que después presenta directamente ante el Ayuntamiento. Es decir, los datos que aparecen en el recurso son los necesarios para identificar al contribuyente y su recibo, pero el trámite no exige entregárselos al PSOE para que este lo registre en su nombre.

La propia naturaleza del procedimiento rebaja así el alcance de la advertencia lanzada por Bermúdez, ya que el vecino puede descargar el formulario, cumplimentarlo y acudir directamente al Registro General o a la sede electrónica municipal, sin pasar por las oficinas del PSOE ni entregar allí la documentación.

Cómo recurrir la tasa de basura de Santa Cruz de Tenerife

Los vecinos de Santa Cruz de Tenerife que quieran reclamar la tasa de basura pueden descargar el modelo de recurso disponible en reclamatasadebasura.es. El documento debe cumplimentarse con los datos personales del contribuyente —nombre y DNI— y con la información del recibo, como la dirección del inmueble, el importe abonado y la fecha de la liquidación.

Una vez completado, el recurso puede presentarse directamente ante el Ayuntamiento. Los vecinos pueden hacerlo de forma presencial en el Registro General o a través de la sede electrónica municipal, utilizando certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve. Se trata de un procedimiento administrativo para el que no es necesario contar con abogado ni procurador.

La iniciativa también está dirigida a quienes ya hayan pagado el recibo. En ese caso, presentar el recurso permitiría dejar constancia de la reclamación y mantener abierta la posibilidad de solicitar la devolución de las cantidades abonadas si finalmente la Justicia declara nula la ordenanza. El procedimiento judicial está pendiente de resolución y la deliberación y fallo están señalados para el próximo 19 de noviembre.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado este jueves que activa el carril bus hacia la playa de Las Teresitas para el próximo sábado y domingo, de 09:00 a 18:00 horas, con el fin de facilitar el acceso de la ciudadanía a la playa ante la previsión de altas temperaturas.

Esta es la segunda ocasión en la que se adopta esta medida en lo que va de año, tras la experiencia llevada a cabo durante el primer fin de semana de agosto, que fue objeto de una buena aceptación por parte de los usuarios de la playa. Sin embargo, cabe destacar que, al tratarse de la principal playa del municipio, sufre importantes atascos en sus accesos desde que el Ayuntamiento, en plena pandemia de la COVID-19, decidió eliminar gran parte de los aparcamientos que existían en la zona, cerrando además el acceso a uno de los carriles por el que los vehículos circulaban (el llamado carril cero, el más cercano a la arena) y cambiando también la circulación en la avenida marítima de San Andrés. Esta situación ha originado que se formen más colas en el momento en que un coche quiere aparcar, al detenerse el único carril existente, sobre todo en los días de mayor afluencia, que llegan incluso a la autovía de San Andrés y la dársena pesquera.

La corporación local señala que la implantación del carril bus para el próximo fin de semana responde a la activación del protocolo por parte del Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal) tras las previsiones de altas temperaturas para los próximos días y de una elevada afluencia de personas a la playa de Las Teresitas.

Según asegura el Ayuntamiento, esta medida mejora las condiciones de transporte a la playa, tanto en tiempo como en seguridad, a través del aumento de servicios de guaguas articuladas de la línea 910, el carril bus permite garantizar los desplazamientos de los vecinos tanto de San Andrés como de Anaga.

El carril bus se activará desde la glorieta de la Dársena Pesquera, incorporándose a la autovía de San Andrés (TF-11) hasta el final de la avenida Marítima de San Andrés, dando preferencia de paso a las guaguas.

Asimismo, el Ayuntamiento recuerda que las personas que quieran ir a la playa pueden conocer el estado real de la ocupación de los estacionamientos disponibles en sus inmediaciones a través de los paneles informativos ubicados con tal fin en diferentes puntos de la ciudad.

El grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado al alcalde que realice los cambios en las áreas gestionadas por este partido para que la candidata del partido a la alcaldía en las próximas elecciones municipales, Carmen Pérez, asuma la portavocía del PP y la primera tenencia de alcaldía, desplazando así al hasta ahora cabeza de lista, Carlos Tarife.

Según ha informado este lunes el Ayuntamiento, el alcalde, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), ha firmado el decreto por el que se establece esa nueva distribución de las responsabilidades institucionales desarrolladas por el PP, su socio de gobierno en el consistorio.

La reorganización contempla también una nueva distribución de las tenencias de Alcaldía del Partido Popular, de manera que Carlos Tarife pasa a ocupar la tercera tenencia de alcaldía; Zaida González ocupará la quinta, y Alicia Cebrián, la séptima, mientras que Santiago Díaz Mejías deja de ostentar esta condición.

En cuanto a las portavocías adjuntas del PP, estas serán desempeñadas por Carlos Tarife y Zaida González.

En lo que se refiere a las áreas de gobierno, se mantienen las competencias actualmente asignadas a los concejales del Partido Popular, con la excepción de las áreas de Planificación Estratégica y Mercado, que pasan de Carlos Tarife a Carmen Pérez.

El resto de las responsabilidades de gobierno mantienen su actual distribución.

El decreto incluye igualmente la modificación de la representación municipal en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, donde Carmen Pérez sustituirá a Carlos Tarife como vocal representante del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha vallado la céntrica plaza del Príncipe de la capital para desarrollar una campaña de control de plagas en el entorno del quiosco al detectarse indicios de la presencia de ratas.

La corporación local informa de una actuación reciente, a través del área de Servicios Públicos y la empresa Rentokil Initial, en este ámbito de la capital.

Los indicios de presencia de roedores observados en la plaza del Príncipe se corresponden con la rata negra o arborícola, una especie que puede desplazarse por zonas elevadas y resultar más visible, “circunstancia que puede incrementar la percepción ciudadana de su presencia”, indica el Ayuntamiento.

“Las medidas adoptadas han permitido contener la incidencia y el entorno continuará sometido a seguimiento técnico para evaluar su evolución y prevenir nuevas apariciones”, esgrime la corporación local.

El quiosco de la plaza del Príncipe está cerrado desde hace varios meses y sigue pendiente a una nueva adjudicación, por lo que desde entonces esa zona ha sufrido el deterioro de una zona en desuso.

La existencia de huecos, el sótano y el deterioro de la tarima de madera situada dentro del perímetro vallado pueden facilitar el refugio de estos animales, explica el Ayuntamiento.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, afirma que cuando se detecta alguna señal que pueda requerir una intervención, se activa el protocolo correspondiente y se trabaja de manera coordinada para atajar la incidencia y evitar que pueda extenderse.

Bermúdez subraya que existe una estrategia preventiva en toda la ciudad, con actuaciones programadas y atención a las incidencias que comunican los vecinos y vecinas.

El concejal de Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos, Carlos Tarife, detalla que la intervención en la plaza del Príncipe ha consistido en una “limpieza intensiva” de ésta y su entorno, la retirada de restos vegetales y de la tarima deteriorada, el acondicionamiento preventivo del espacio y el refuerzo de las medidas de control de roedores.

Tarife recalca que el control de plagas urbanas es un servicio que se presta de manera continua y que requiere tanto actuaciones preventivas como una respuesta rápida ante cualquier incidencia detectada.

Actualmente, los equipos municipales y la empresa adjudicataria están completando las actuaciones previstas en los centros educativos, mientras continúan los trabajos programados en los barrios y la atención de las incidencias comunicadas, de acuerdo con su nivel de prioridad.

El Ayuntamiento de Santa Cruz recomienda recurrir a la aplicación 'SC Mejora' para notificar incidencias en los espacios públicos, como la presencia de roedores, y consultar servicios municipales en tiempo real.

Y recuerda que “la implicación de la ciudadanía es fundamental para que estas actuaciones sean realmente efectivas. Una gestión adecuada de los residuos y evitar dejar restos de comida en la vía pública son medidas sencillas que ayudan a reducir la aparición de plagas, ya que estos restos constituyen una fuente de alimento para animales como roedores e insectos”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pondrá en marcha una nueva medida de apoyo con motivo del inicio del curso escolar destinada a ayudar a las familias con mayores dificultades económicas a afrontar los gastos de la vuelta a las aulas. El Consistorio distribuirá tarjetas de ayuda de 50 euros para la adquisición de material escolar, una iniciativa posible gracias al acuerdo de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la Fundación DinoSol.

La planificación prevista permitirá distribuir estas tarjetas entre familias en situación de vulnerabilidad a través de la red de entidades colaboradoras que trabajan con el Ayuntamiento y, en concreto, mediante la entidad Bancoteide, encargada de canalizar su reparto.

Estas ayudas se financian a través de las tarjetas adicionales contempladas en el convenio firmado el pasado mes de julio entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Fundación DinoSol. El acuerdo establece una aportación equivalente al 3% de la facturación anual de las tarjetas básicas adquiridas por el Consistorio para las Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS), que podrá destinarse, entre otros fines, a la adquisición de material escolar.

El acuerdo entre el Ayuntamiento y la Fundación DinoSol refuerza los recursos municipales destinados a la atención de personas y familias en situación de vulnerabilidad. Gracias a esta colaboración, la Fundación aporta tarjetas adicionales financiadas íntegramente por la entidad, que pueden destinarse a diferentes necesidades sociales, entre ellas la adquisición de material escolar.

Acogida temprana desde el primer día de clase

El Ayuntamiento de Santa Cruz activará también el servicio de acogida temprana desde el primer día de clase, el próximo 9 de septiembre, con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias del municipio.

Para garantizar la prestación de este servicio, el Consistorio realiza una inversión de 420.000 euros, reforzando así una medida especialmente importante para muchas familias en el inicio del curso escolar.

Más de un millón de euros en mejoras en los colegios

La vuelta a las aulas llega también después de un verano en el que el Ayuntamiento ha realizado diferentes las actuaciones de mejora en los colegios públicos del municipio. En lo que va de año, el Consistorio, a través del área de Obras e Infraestructuras, ha destinado más de un millón de euros a obras dirigidas a mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad, funcionalidad y confort de los centros educativos.

Durante los meses de verano se han ejecutado actuaciones en diferentes colegios de Santa Cruz, aprovechando el periodo de menor actividad lectiva. Los trabajos han incluido la renovación de ventanas, la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas, la reforma de baños, la instalación y renovación de pérgolas, trabajos de pintura, la mejora de vallados y otras actuaciones de conservación.

Entre las intervenciones realizadas se encuentran el cambio de ventanas en el CEIP Julián Rojas de Vera y en las aulas de Infantil del CEIP Miguel Pintor; la impermeabilización de la cubierta y la renovación de bajantes del CEIP Salamanca; la instalación de una nueva pérgola en el CEIP Ágora y la reforma de los baños en los CEIP Chapatal y Los Verodes.

También se han desarrollado trabajos de pintura, impermeabilización y rehabilitación en otros centros del municipio, así como actuaciones para mejorar los espacios exteriores y las zonas comunes.

A esta inversión en obras se suma el esfuerzo económico que el Ayuntamiento realiza anualmente para garantizar el correcto funcionamiento de los colegios públicos de Santa Cruz. El Consistorio destina cerca de cuatro millones de euros cada año a servicios vinculados a los centros educativos, entre los que se encuentran el mantenimiento, la limpieza, el suministro eléctrico, los sistemas de alarma y contraincendios y el mantenimiento de los ascensores.

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife destinados en la zona de Anaga, junto a efectivos de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, han detectado dos estanques en el parque rural que se encuentran vacíos y pueden suponer un “riesgo” para la población de pardelas de esta zona.

En concreto, el Ayuntamiento ha detallado en una nota que la inspección ha sido en las zonas de Los Orovales y Las Breñas, y en ambos casos los agentes solicitaron la adopción de medidas para evitar el daño que la primera de las infraestructuras genera en la población de pardelas de esa zona.

Así, hace unos días, y partiendo desde El Draguillo, dos policías y una agente medioambiental realizaron una inspección recorriendo toda esa zona a pie por el sendero que conecta con Las Palmas de Anaga hasta Los Orovales.

Tras realizar una búsqueda visual en un área de difícil acceso, bajo los derrubios de la cara (este) del Roque del Aderno, se localizó un depósito de agua abandonado y, en el interior de la infraestructura, se constató la presencia de una gran cantidad de esqueletos de aves.

Consultada una agente insular de Medio Ambiente, especialista en la materia, determinó que los restos corresponden a pardelas cenicientas Calonectris borealis, especie que cuenta con un alto nivel de protección en Canarias.

De la inspección se reafirmó la hipótesis de que muchas de estas aves, especialmente crías, caían desorientadas al citado estanque y luego se veían imposibilitadas para salir.

Siguiendo con la información facilitada previamente, los agentes se desplazaron hacia por un sendero poco visible en dirección a Las Breñas donde los policías localizaron una segunda infraestructura; un tanque de agua de pequeñas dimensiones que se encuentra actualmente lleno de residuos y basura, pero se determinó que no supone peligro especial para los ejemplares de esta especie protegida. Aún así, también se considera que debe intervenirse en el mismo.

Se ha solicitado al Cabildo tinerfeño la intervención urgente en el primer depósito puesto que se ha convertido en una “trampa mortal” para las crías de pardela que, además en estas fechas, comienzan a abandonar las uras o nidos.

En el segundo estanque se valoró este riesgo y también se incluyó para que se adopten medidas y clausurarlo o cubrirlo eliminando esta situación.

“Junto a estas medidas correctoras, que deben diseñar e instalarse bajo el criterio de personal técnico competente, se garantizaría su sellado impidiendo que los ejemplares de pardela cenicienta caigan y queden atrapados o se enreden en las actuales instalaciones”, añade el Ayuntamiento.

Del mismo modo, los policías locales han trasladado esta información al servicio de Disciplina Urbanística capitalino para la búsqueda del propietario y que también se proponga un vallado de estas infraestructuras.

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han detenido a una mujer de 39 años que supuestamente robó a punta de navaja a un hombre a la que se había ofrecido previamente a ayudarle a subir las bolsas de la compra a su domicilio, según ha informado el Ayuntamiento.

Agentes que patrullaban por el barrio de La Salud fueron alertados por una vecina que, desde el balcón de un inmueble, requirió su ayuda debido a que en el interior había una mujer gritando y con sangre en las manos.

En cuanto pudieron acceder al edificio se hicieron cargo de la situación y trataron de esclarecer lo ocurrido.

Así, un hombre que reside en edificio les contó que había sido víctima de un robo por parte de esta mujer quien, posteriormente, se había quedado atrapada en el portal sin poder salir a la calle.

El hombre explicó que cuando volvía a su domicilio tras realizar unas compras la mujer se ofreció a ayudarle de manera muy insistente.

Una vez en la vivienda le pidió si le podía dar algo de beber y cuando fue a servirle un refresco, la arrestada trató de arrebatarle la cartera e incluso cogió una navaja produciéndose un forcejeo.

Después de lograr arrebatarle el dinero, la mujer trató de huir, pero se encontró la puerta del portal cerrada y no pudo salir del inmueble hasta la llegada de la Policía Local.

En el registro e identificación de la arrestada se encontraron los 110 euros en el interior de su calzado y una navaja apoyada en la zona de contadores del edificio.

En vista de lo sucedido, los agentes procedieron a su detención y traslado a un centro de salud porque presentaba un corte en las manos, para posteriormente quedar a disposición de la autoridad judicial.

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, a través de su Agencia de Colocación, ha informado de que gestiona actualmente 54 ofertas de empleo para cubrir más de 96 vacantes en diferentes sectores profesionales.

Las personas interesadas en ampliar información sobre la Agencia de Colocación o consultar las ofertas de empleo disponibles pueden acceder a www.empleasantacruz.com, donde además podrán inscribirse en aquellas que mejor se adapten a su perfil profesional. Asimismo, las empresas que deseen acceder a los servicios que presta la entidad capitalina en materia de empleo también pueden hacerlo a través de esta web, donde encontrarán información detallada sobre este servicio gratuito de intermediación laboral.

Así lo ha comunicado el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, quien destacó que todas las ofertas pueden consultarse en un portal que se actualiza de forma constante y que permite a las personas candidatas acceder a procesos de selección de ámbitos muy diversos.

En este sentido, Bermúdez detalló que “la Agencia de Colocación continúa conectando a las empresas con el talento que necesitan y facilitando nuevas oportunidades a quienes buscan incorporarse al mercado laboral o mejorar su situación profesional” y añadió que “para optimizar la búsqueda de empleo, se recomienda mantener actualizado el perfil profesional en la plataforma e inscribirse únicamente en las ofertas compatibles”.

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, explicó que “el sector sociosanitario vuelve a concentrar una parte importante de las oportunidades laborales” y añadió que “contamos con diez vacantes de personal sociosanitario de ayuda a domicilio en distintas zonas de la Isla y cinco para auxiliares, al igual que gestionamos ofertas en las que se solicitan ocho cuidadores internos, tres de ellos para fin de semana, cuatro cuidadores externos, un gerocultor y cuatro fisioterapeutas para atención domiciliaria”.

Pérez señaló que “actualmente se demandan profesionales cualificados en actividades técnicas e industriales como, por ejemplo, siete para personal de limpieza, dos conductores para lavandería con permiso C, un técnico de mantenimiento industrial, un especialista en reparación de electrodomésticos, seis instaladores electricistas, un frigorista, un mecánico diésel y un técnico de soporte para talleres y operaciones” y añadió que “también gestionamos una oferta dirigida a personas con certificado de discapacidad en la que se solicitan diez vacantes para operarios de lavandería”.

“Respecto a otros sectores, la Agencia de Colocación gestiona ofertas para encontrar perfiles como dos peones de construcción, dos asesores comerciales de automoción, un comercial para el sector transitario y marítimo, un técnico de desarrollo local especializado en turismo, entre otros” indicó Pérez, quien añadió que “también existen ofertas en las que se requieren un arquitecto técnico, tres conductores y repartidores de butano, dos en la zona norte y uno en el sur, uno para personal de limpieza para un centro educativo, un operario temporal para la Terminal de San Sebastián de La Gomera y un técnico de proyectos sociales”.

“En sectores como administración y finanzas hay ofertas en las que se solicitan cubrir vacantes para un administrativo contable, un socio estratégico de Recursos Humanos, un recepcionista y un técnico contable y fiscal” subrayó Pérez, quien añadió que “en el sector de la hostelería hay ofertas para dos planchistas y cinco ayudantes de cocinero, además de otras para personal de cocina, especialista en charcutería; o pastelero o sumiller, con una vacante para cada uno de estos perfiles”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife realizará la próxima semana varias reservas y supresiones temporales de plazas de estacionamiento en distintos puntos de la ciudad con motivo del rodaje de una serie de ficción para el canal TV3.

Las medidas afectarán exclusivamente al aparcamiento y no implicarán cortes de tráfico ni modificaciones en la circulación, según ha informado este viernes el Consistorio capitalino.

Horario de las calles reservadas para el rodaje

La primera reserva tendrá lugar el lunes 24 de agosto, en la avenida Marítima, junto a la Alameda del Duque de Santa Elena. Se ocuparán unos 20 metros de estacionamiento en línea situados en el margen derecho, en sentido hacia la plaza del Cabildo, entre las 08.00 y las 20.30 horas.

El miércoles 26 de agosto, las restricciones se trasladarán a la calle Doctor Jiménez Díaz, donde se reservarán aproximadamente 125 metros de estacionamiento en línea en ambos márgenes, en el tramo comprendido entre las calles Benito Pérez Armas y Blas Cabrera. La medida estará vigente desde las 00.00 hasta las 19.30 horas.

Por último, el viernes 28 de agosto, se reservarán unos 90 metros de aparcamiento en la avenida de Madrid, en el lateral del Parque La Granja. La ocupación afectará al margen derecho en sentido hacia la avenida Benito Pérez Armas y se mantendrá entre las 07.00 y las 22.30 horas.

El Ayuntamiento precisa que estos espacios estarán destinados exclusivamente al estacionamiento de los vehículos vinculados al rodaje. Asimismo, la autorización municipal establece que la parada y el estacionamiento de los vehículos de la producción deberán realizarse únicamente dentro de las zonas expresamente habilitadas para ello.

Las actuaciones forman parte de la logística necesaria para el desarrollo de la grabación y no contemplan afectaciones a la circulación rodada en las vías señaladas.

¿Pagar una tasa por la gestión de los residuos o quedar exento de ella? Desde abril de 2025, la normativa estatal establece la obligación de que los municipios repercutan sobre los ciudadanos el coste real de la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos, pero hay dos distritos en Canarias que se salvan de esto.

Aunque ningún ayuntamiento canario puede decidir libremente no cobrar la tasa de basura o subvencionarla con otros impuestos generales, la aplicación práctica deja algunas excepciones. Entre ellas están los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y de Santiago del Teide (Tenerife).

Dos excepciones al cobro de la tasa en Canarias

Históricamente, Las Palmas de Gran Canaria siempre ha sido uno de los pocos grandes municipios de Canarias y capitales de provincia de España que no gravaba a sus ciudadanos con una tasa específica por la recogida y tratamiento de residuos. Hasta ahora, el servicio se había financiado fundamentalmente a través de los presupuestos generales del Ayuntamiento. Sin embargo, la entrada en vigor de la Ley 7/2022 obligó al Consistorio a establecer una tasa específica que empezó a cobrarse este 2026 con una cuota de alrededor de 149,33 euros anuales por vivienda. Una adaptación que terminó chocando con los tribunales.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló en julio la ordenanza al considerar insuficientemente justificados tanto algunos criterios utilizados para calcular y distribuir la tasa como la memoria técnico-económica que la sustentaba.

Después de ello, el Ayuntamiento decidió finalmente no recurrir la sentencia, de modo que paralizó las nuevas liquidaciones y anunció la devolución de las cantidades que ya habían abonado los contribuyentes. Con la anulación de la ordenanza, el Consistorio recupera, al menos de forma temporal, el escenario anterior a la entrada en vigor de la tasa, mientras trabaja en una nueva ordenanza que le permita adaptar el cobro del servicio a las exigencias de la normativa estatal.

La estrategia es distinta en Santiago del Teide, el otro municipio canario que, en la práctica, ha quedado al margen del cobro efectivo de la tasa. Aquí no ha mediado una sentencia judicial que la anule. La tasa sigue vigente, pero el Ayuntamiento ha optado por bonificar la cuota hasta dejarla sin efecto siempre que el coste del servicio quede “íntegramente cubierto con cargo al presupuesto municipal”. La fórmula permite mantener formalmente la figura tributaria y, al mismo tiempo, evitar que el recibo recaiga sobre los vecinos. El coste, por tanto, no desaparece, cambia de bolsillo. En lugar de pagarlo directamente los ciudadanos, lo asume el propio Consistorio con cargo a los ingresos ordinarios de las arcas municipales o, en su caso, al superávit acumulado.

Los 86 municipios restantes sí tienen y cobran actualmente la tasa de basura.De hecho, el impacto de la nueva ley ha provocado que muchos ayuntamientos que ya la cobraban hayan tenido que subir drásticamente los importes o cambiar sus métodos de cálculo para asegurar que no hay déficit. Es el caso de Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento se ha visto obligado a subir los precios tras recalcular sus cifras, lo que se ha traducido en un encarecimiento notable del recibo. Por ello, el Consistorio ha decidido aplazar el golpe en los bolsillos retrasando el periodo de cobro voluntario a los meses de septiembre a noviembre

El objetivo real: la ley del 'quien contamina, paga'

Pero la verdadera pregunta es por qué nace esta norma que comúmente se conoce como 'tasazo'. La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados adapta la legislación española a las exigencias europeas con el objetivo de corregir una situación que llevaba años generando problemas. Unas tasas de reciclaje insuficientes, una elevada dependencia de los vertederos y un coste de la gestión de residuos que, en muchos municipios, no se reflejaba de forma transparente en lo que pagaban los vecinos.

Hasta ahora, si un vecino reciclaba al máximo y generaba muy poca basura, pagaba exactamente lo mismo que un vecino o negocio que tiraba toneladas de residuos mezclados sin separar. La nueva regulación busca precisamente hacer visible ese coste y vincularlo al servicio que se presta.

A ello se suma un principio ambiental conocido como 'quien contamina, paga'. La idea es que generar residuos tenga un coste y que ese coste pueda utilizarse como incentivo para reducirlos y reciclar más. Por eso, el objetivo es que se equilibren la responsabilidad y el importe y que quien apenas genera basura no pague lo mismo que quien produce grandes cantidades de residuos sin separar. De esta manera, la normativa abre la puerta a sistemas que tengan en cuenta comportamientos como el compostaje, la separación de residuos orgánicos o el uso adecuado de los distintos contenedores.

Otro aspecto importante es que la tasa debe cubrir únicamente el coste real de gestionar los residuos. Esto significa que el Ayuntamiento no debe cobrar menos de lo que cuesta el servicio, pero tampoco más para obtener ingresos extra y destinarlos a otros gastos. Por lo que esta tasa también sirve para que los ciudadanos sepan cuánto cuesta gestionar los residuos y qué parte de ese coste están pagando.

La reforma responde, además, al problema del vertido. España necesita reducir la cantidad de residuos que terminan en los vertederos y aumentar la preparación para la reutilización y el reciclaje, una tarea pendiente en Canarias, que acumuló un 83% de residuos mezclados en 2025. El propio Gobierno regional ha reconocido en sus informes de coyuntura que los residuos son “uno de los mayores problemas” de la gestión ambiental en las Islas.

Imagina pasar años estudiando para conseguir una plaza, sacrificando tiempo, trabajo y familia, y llegar al final sin saber si todo ha merecido la pena. 66 opositores a la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife llevan más de dos meses atrapados en ese limbo. No saben si han conseguido una plaza ni cuándo lo sabrán. Ante esta situación, han decidido hacer público su malestar a través de una carta en la que denuncian “graves irregularidades” y un silencio administrativo que mantiene su futuro en suspense.

Pero ese mutismo es tan solo la punta del iceberg. A esa querella pública se suma “una absoluta inseguridad jurídica”, donde acusan directamente al Tribunal Calificador de “saltarse la ley de la oposición”.

Preguntas fuera de temario

El primer impedimento llegó cuando se presentaron al último examen, efectuado en la Sala Polivalente de la Sede Administrativa del Servicio de Atención Social (antiguo IMAS) el pasado 9 de junio, y comprobaron que una de las preguntas no figuraba en el temario oficial. La prueba les exigía resolver un caso relacionado con un delito de daños. Todo parecía usual hasta que se percataron de que ese delito, aparentemente inexistente, pertenece a un artículo que no formaba parte de las propias bases de la convocatoria.

Los afectados sostienen a Canarias Ahora que el pliego de condiciones delimitaba de forma concreta los contenidos que podían ser objeto de evaluación. En el caso del tema 10, se incluían los delitos contra el patrimonio: hurtos, robos, robo y hurto de uso de vehículos, usurpación y determinadas modalidades de defraudación, como las estafas y la apropiación indebida. El delito de daños, regulado en los artículos 263 y siguientes del Código Penal, no aparecía entre los tipos penales incluidos en el programa.

La cuestión no es menor. Los opositores consideran que el Tribunal Calificador no puede exigir conocimientos que no aparecen en las bases que rigen la convocatoria y que, precisamente por ello, la pregunta genera una situación de inseguridad jurídica que puede afectar a la igualdad entre los aspirantes.

A esta primera controversia se suma la planteada en el segundo supuesto práctico. Una de las preguntas estaba valorada en 2,5 puntos, una puntuación especialmente relevante en una oposición en la que una diferencia de unas pocas décimas puede determinar quién consigue una de las 26 plazas.

En este caso, los aspirantes debían detallar las infracciones cometidas en relación con una Ordenanza Municipal y citar concretamente sus artículos 22 y 24, una normativa que no figuraba expresamente en el temario específico de la convocatoria.

Pero la polémica no terminó en el contenido de la pregunta. El caos organizativo de la prueba fue lo que agravó todavía más la situación. El examen se entregó boca abajo y cubierto por una hoja separata en la que debía consignarse el nombre antes de ser recortada, tal como indica el Tribunal Calificador. Al realizar el corte de la plica, lo primero que quedaba al descubierto antes siquiera de comenzar oficialmente la prueba era precisamente la pregunta de 2,5 puntos sobre la ordenanza, lo que desató angustia y nerviosismo.

El problema, según explican los opositores a este periódico, es que el Ayuntamiento de Santa Cruz no había indicado claramente qué textos legales podían llevarse al examen.

Por eso, cuando apareció una pregunta sobre una ordenanza que no estaba incluida en el temario específico, muchos aspirantes empezaron a buscarla entre los documentos que habían preparado.

Esto provocó un bloqueo al principio del examen y les hizo perder minutos importantes buscando una normativa que finalmente no tenían, ya que no aparecía en el programa que habían estudiado.

Una ordenanza que ya estaba bajo lupa

El episodio cobra todavía mayor relevancia porque la misma Ordenanza Municipal ya había aparecido en la anterior prueba tipo test. En aquella ocasión, los opositores ya habían impugnado una pregunta relacionada con esta normativa. Sin embargo, el Tribunal rechazó sus alegaciones al considerar que el temario incluía, dentro de la Policía Administrativa Especial, un apartado sobre Humos, Ruidos y Vibraciones y que, por tanto, los aspirantes debían conocer la normativa relacionada con esa materia, incluida la ordenanza municipal.

Esa explicación, sin embargo, no ha convencido a los afectados, que consideran que esta interpretación amplía de facto el contenido de las bases y que “una referencia genérica a una materia no puede convertir automáticamente toda la normativa municipal relacionada con ella en contenido evaluable”.

Para defender su postura, los opositores también citan el artículo 21.3 de la Ley 6/1997, de Coordinación de Policías Locales de Canarias. Esta norma permite que cada Ayuntamiento añada al temario general contenidos relacionados específicamente con su propio municipio.

Por eso, los opositores consideran que, si una ordenanza municipal podía entrar en el examen, debería haber aparecido claramente en el temario específico y no incluirse de forma indirecta mediante una pregunta del examen.

Un hecho que, según denuncian, podría haber generado una situación de ventaja para quienes conocían previamente el criterio empleado por el Tribunal para resolver la impugnación del test, frente a aquellos aspirantes que se limitaron a preparar las materias que figuraban expresamente en las bases de la convocatoria.

Más de dos meses sin conocer las notas

A todas estas dudas sobre el contenido de los exámenes se suma ahora la espera. Más de dos meses desde el supuesto práctico, la última prueba obligatoria del proceso selectivo, y los 66 aspirantes continúan sin conocer sus calificaciones.

La prueba de inglés que queda por realizar tiene carácter voluntario y únicamente sirve para mejorar la puntuación, por lo que los opositores ni siquiera saben si deben continuar preparándola. La incertidumbre se traduce en una decisión difícil, en la que no saben si seguir invirtiendo tiempo y dinero en clases y preparación para intentar conseguir algún punto adicional o bien centrar los esfuerzos en otras oposiciones de Policía Local.

“¿Seguimos preparando inglés o damos un paso al lado?”, se preguntan. Una decisión que, en cualquier caso, depende de unas notas que el Consistorio todavía no ha publicado.

Detrás de los 66 aspirantes hay también 66 situaciones personales diferentes. Personas que compaginan turnos de trabajo con jornadas de estudio, responsabilidades familiares y una preparación física que requiere constancia diaria. Todas ellas se ven obligadas a mantener ese nivel de exigencia sin saber siquiera si continúan dentro del proceso.

Este periódico ha preguntado por ello al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que ha remitido las cuestiones planteadas por los opositores al Tribunal Calificador, al que corresponde la valoración de los ejercicios y la resolución de las reclamaciones. La Concejalía de Recursos Humanos, responsable de la gestión administrativa de la convocatoria y de la designación del Tribunal, ha señalado que, por el momento, “no realizará ninguna valoración sobre las denuncias”.

A la espera de una respuesta del Ayuntamiento

“No reclamamos ni trato de favor ni una modificación de las reglas”, lo que los opositores exigen es que se respeten las bases de la convocatoria y se garantice que todos los aspirantes sean evaluados exactamente bajo las mismas condiciones.

Entre sus reivindicaciones está que el primer supuesto sea corregido atendiendo únicamente a las materias incluidas en el temario; que se anule la pregunta de 2,5 puntos relativa a la Ordenanza Municipal y, sobre todo, la publicación inmediata de las calificaciones.

En su escrito, los opositores argumentan que los principios de seguridad jurídica e igualdad en el acceso al empleo público impiden que durante una oposición se incorporen contenidos que no estaban previamente delimitados para los candidatos.

Una carta pública que puede terminar en los tribunales

Lo que comenzó como una espera cargada de incertidumbre puede acabar ahora en los tribunales. Varios aspirantes ya han buscado asesoramiento jurídico y aguardan a la publicación oficial de las notas para decidir si dan el siguiente paso.

Por ello, reclaman a las instituciones que si no corrigen las irregularidades que denuncian, están preparados para llevar el proceso a la vía contencioso-administrativa. La batalla por una plaza de Policía Local podría, así, continuar en los juzgados, emulando a los opositores al Cuerpo General de la Policía Canaria, quienes han denunciado este mismo año “la existencia de graves irregularidades detectadas”, que comprometían los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso al empleo público. Un proceso que se encuentra en plena parálisis institucional y judicial, marcado por la apertura de nuevos procesos selectivos en paralelo.

Un proceso por oposición libre

El procedimiento de selección fue convocado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y se desarrolló mediante acceso libre y oposición. A lo largo del año, los participantes tuvieron que superar exigentes pruebas físicas, que incluyeron salto horizontal, flexiones de brazo, resistencia aeróbica y adaptación al medio acuático, además de exámenes de conocimientos y las pruebas psicotécnicas, diseñadas para evaluar distintas aptitudes y características psicológicas relacionadas con el desempeño de las funciones policiales..

Una convocatoria que pone en juego 26 plazas de funcionario de carrera para la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la única institución democrática que mantiene abierta una batalla para preservar el monumento a Franco, ha anunciado que “ejercerá sus competencias” y utilizará todas las vías jurídicas y administrativas a su alcance para defender su conservación.

La defensa del monumento por parte del alcalde, José Manuel Bermúdez, adquiere además una particular dimensión por los antecedentes franquistas documentados de su familia. Su abuelo, Pedro Esparza Martín, fue alcalde de Agaete tras el golpe de Estado de 1936 y participó en actos de exaltación del bando franquista, como recogió la prensa de la época.

El Consistorio ha reaccionado así después de que el Gobierno de Canarias rechazara declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la estatua.

El Ayuntamiento sostiene que la no declaración como BIC “no elimina las competencias municipales en materia de protección del patrimonio artístico ni impide que la ciudad adopte sus propias medidas de conservación y catalogación”.

“El Ayuntamiento va a defender el patrimonio de Santa Cruz con todas las herramientas que la ley pone a nuestra disposición”, ha señalado Bermúdez, quien considera que existen informes técnicos que acreditan valores artísticos, culturales y urbanos que justifican la preservación del conjunto.

Bermúdez ya había anunciado hace unas semanas que el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de Santa Cruz había aprobado por unanimidad estudiar la inclusión del monumento en el listado de elementos protegidos.

“Desde el Ayuntamiento vamos a seguir defendiendo esa posición y ejerciendo todas las vías que nos permita la legislación para que el futuro de este elemento de nuestra historia no quede condicionado únicamente por una decisión administrativa”, ha apuntado el alcalde.

El Ayuntamiento, contra la resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática

El Consistorio ha recordado que ya ha presentado un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática que incluye el conjunto escultórico en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y establece su retirada, recurso que todavía no ha sido resuelto.

En dicho recurso, el Ayuntamiento solicita que quede sin efecto la obligación de retirar el monumento y fundamenta su posición en las competencias municipales previstas en la legislación patrimonial.

El recurso municipal al Ministerio plantea, además, la suspensión cautelar de la ejecución de la retirada mientras se resuelve el procedimiento, al considerar que el desmantelamiento físico del conjunto podría ocasionar daños estructurales, materiales y estéticos “de difícil o imposible reparación”.

El escrito advierte también de los posibles efectos que una retirada del monumento podría producir sobre la infraestructura del Fuerte de Almeyda, al señalar que podría afectar a la estabilidad de parte de sus muros perimetrales.

El Ayuntamiento ha afirmado además que la defensa municipal del monumento no responde únicamente a una decisión política, sino que está respaldada por informes de carácter técnico y especializado.

El informe del arquitecto municipal incorporado al recurso de alzada destaca los valores artísticos de la obra y considera que Juan de Ávalos fue “una de las figuras relevantes de la escultura española del siglo XX”.

El mismo informe apunta a valores histórico-documentales, al considerar que la conservación del conjunto permitiría estudiar manifestaciones escultóricas y arquitectónicas del franquismo en Canarias y mantener abierta la posibilidad de una reinterpretación museográfica de la obra sin necesidad de eliminarla físicamente.

Desde el punto de vista urbano y paisajístico, el documento municipal destaca que el monumento “forma parte del trazado urbano histórico de Santa Cruz desde 1966, constituye un elemento reconocible para varias generaciones y mantiene una relación visual con el Fuerte de Almeyda”.

Su retirada, según el informe, produciría además un impacto sobre la imagen y el perfil urbano del área portuaria

El PSOE urge a Bermúdez que “retire ya” el monumento

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya Rodríguez, por el contrario, ha urgido al alcalde José Manuel Bermúdez a que “cumpla la ley” y a que “retire ya” el monumento a Franco.

En un comunicado, Raya indica que la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la resolución del ejecutivo canario poniendo fin a la vía administrativa “deja sin su principal argumento a quienes pretendían conservar el monumento en el espacio público”.

“Hoy se termina la última excusa de José Manuel Bermúdez. Ya no existe ninguna expectativa de protección como Bien de Interés Cultural y el alcalde debe cumplir la ley y retirar de una vez un monumento concebido para glorificar al dictador”, afirma Tamara

La decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de permitir hasta veinte macroeventos al año con excepciones en materia de ruido invita a una reflexión que va más allá del necesario debate sobre el descanso de los vecinos.

Está bien que Santa Cruz atraiga grandes artistas. Estos conciertos generan actividad económica y nos permiten disfrutar de espectáculos que antes difícilmente llegaban a la isla. Pero resulta inevitable preguntarse: ¿y nuestros músicos?

Los grupos y artistas locales apenas cuentan con espacios donde tocar. Las pocas salas que apuestan por la música en directo conviven con restricciones, denuncias y el riesgo de sanciones. Faltan pequeños escenarios, locales de ensayo y espacios donde los músicos puedan empezar, crear y crecer.

La contradicción resulta difícil de ignorar: para los grandes acontecimientos somos capaces de buscar espacios y establecer excepciones; para la música que nace aquí, encontrar soluciones parece mucho más complicado.

Una política cultural no debería medirse solo por los grandes nombres que consigue traer, sino también por las oportunidades que ofrece a sus propios creadores.

Porque una ciudad cultural no es únicamente la que compra cultura ya consolidada. Es también la que permite que la cultura nazca.

¿Hasta qué punto la calidad de la música debe primar sobre el derecho al descanso de los ciudadanos? Esa es la pregunta que ha terminado en los despachos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife después de que una residente haya decidido impugnar la nueva regulación municipal que permitirá celebrar hasta veinte macroeventos al año en la capital, con menos restricciones frente al ruido.

La polémica se remonta a un decreto publicado el pasado 8 de julio en el Boletín Oficial de la Provincia. En lugar de elaborar una nueva ordenanza municipal para regular la celebración de grandes conciertos, el Ayuntamiento ha optado por modificar la normativa ya existente para ampliar las excepciones que permiten superar los límites de ruido. Según la demandante, esa decisión es un atajo que convierte en habitual una herramienta que la ley reserva para situaciones excepcionales.

De esta manera, los conciertos más multitudinarios, es decir, aquellos que reúnan a más de 5.000 asistentes o se celebren en grandes espacios abiertos, quedan exentos de instalar limitadores automáticos de sonido, los dispositivos que reducen el volumen cuando se sobrepasan determinados niveles.

El Ayuntamiento justifica que esa excepción es por motivos artísticos. Segúna argumentan, la tecnología de la que disponen puede afectar a la calidad acústica del espectáculo y dificultar la percepción sonora que necesitan los músicos sobre el escenario. Por eso, en lugar de establecer esos limitadores, serán los organizadores quienes deban controlar el ruido mediante mediciones manuales y un plan específico de vigilancia.

Precisamente esa sustitución carece de sentido para la residente que ha presentado un recurso potestativo de reposición al que ha tenido acceso Canarias Ahora. Según señala, los eventos con mayor capacidad y mayor potencia sonora serán, paradójicamente, los que cuenten con menos mecanismos automáticos de control, dejando la protección del vecindario en manos de una supervisión humana, en lugar de aprovechar los recursos tecnológicos.

Veinte macroeventos y un mismo debate

Por el contrario, la modificación que presenta el Consistorio recoge que la Dársena de Los Llanos podrá albergar hasta diez macroeventos al año y el estadio Heliodoro Rodríguez López otros diez, con un máximo de tres por trimestre en cada recinto. Además, los espectáculos podrán prolongarse hasta las dos de la madrugada cuando coincidan con fines de semana o vísperas de festivos.

La recurrente cuestiona que esos límites se hayan fijado sin un estudio que analice el efecto acumulado de veinte macroeventos al año sobre la población residente y sin contar con la participación ciudadana. Porque, sostiene, que el problema no es el ruido de una única noche, sino la repetición de episodios de alta contaminación acústica y sus consecuencias sobre el descanso y la salud de quienes viven cerca de estos espacios.

Pero esta impugnación no es nueva. La misma vecina ya recurrió en diciembre de 2025, coincidiendo con la celebración del XXXI Concierto de Navidad de Puertos de Tenerife. Según explica, el Ayuntamiento aún no ha respondido ni a aquel recurso ni a las alegaciones que presentó ese mismo mes durante la tramitación del Plan de Acción contra el Ruido, un procedimiento en el que también formuló alegaciones la asociación vecinal Los Llanos para Vivir. Preguntado por este periódico, el Consistorio señala que “cualquier tipo de recurso será estudiado por los técnicos y contestado en tiempo y forma”.

El festival que colmó la paciencia vecinal

Todo ello pone el foco en el Cook Music Fest, celebrado entre el 16 y 18 de julio en la Dársena de Los Llanos. La afectada denuncia que el escenario se instaló este año más cerca del Auditorio de Tenerife y orientado hacia el sur, una disposición que dirigió el sonido de forma directa hacia las viviendas situadas en el frente litoral, separadas del recinto por 600 metros aproximadamente y sin barreras que amortiguaran el impacto.

Eso reavivó el malestar de hasta 15 comunidades de vecinos de la capital, que se querellaron por la contaminación acústica generada por el festival. El ruido afectó a barrios como El Chapatal, Los Gladiolos, Cabo Llanos, la zona centro y la avenida de Anaga, obligando a muchos residentes a permanecer en sus viviendas con las ventanas cerradas e incluso a utilizar tapones para dormir durante tres noches.

Para la recurrente, el Cook Music Fest terminó de confirmar un conflicto latente desde hacía meses y que ahora ha trasladado a la vía administrativa.

La vecina pide así la anulación íntegra del decreto al considerar que la suspensión de los límites de ruido es una herramienta prevista para situaciones verdaderamente excepcionales, no para organizar de forma habitual la programación cultural de una ciudad.

Y, si esa petición no prospera, plantea como alternativa la eliminación de la consideración de la Dársena de Los Llanos y del Heliodoro Rodríguez López como espacios sometidos de forma recurrente a excepciones acústicas y prohibir que los escenarios y torres de sonido se instalen en la zona de la Dársena más próxima al Auditorio de Tenerife, donde el impacto sobre las viviendas resulta mayor.

Más allá del recurso, el debate ya trasciende el contenido de un decreto. La discusión enfrenta dos formas de entender la ciudad. La de quienes defienden consolidar Santa Cruz como un gran escenario para conciertos y festivales; y la de quienes sostienen que ese impulso cultural no puede construirse a costa del derecho al descanso de quienes viven junto a los recintos elegidos.

El plazo para recurrir finaliza este sábado 8 de agosto. Después será el Ayuntamiento quien deba decidir si mantiene una regulación pensada para convertir dos recintos de la ciudad en escenarios habituales de grandes conciertos o introduce cambios para limitar el impacto acústico sobre los vecinos.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (TS) ha anulado la ordenanza urbanística que permitía la remodelación y ampliación del Palacio Municipal de Deportes de Tomé Cano, en Santa Cruz de Tenerife, al considerar que el Ayuntamiento debía realizar una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) antes de aprobar el proyecto. La sentencia establece que el cambio de calificación urbanística podía tener efectos sobre el medio ambiente y deja sin validez la normativa municipal, lo que podría afectar a licencias y actuaciones realizadas al amparo de dicha ordenanza.

La corporación local aprobó en mayo de 2022 el instrumento urbanístico provisional y a continuación el Gobierno regional acudió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) alegando que la norma tenía naturaleza de plan urbanístico y, por lo tanto, requería de ese informe.

En alto tribunal canario se puso del lado de la corporación local al considerar que la ordenanza no reunía los requisitos exigibles para tener que ser sometida a este procedimiento, como sí es obligatorio cuando el proyecto implica efectos más significativos.

Sin embargo, ahora el Supremo considera que el proyecto “no tiene un alcance meramente formal”, dado que el cambio de calificación urbanística de la parcela se hace con el propósito de permitir una determinada reforma o ampliación de un equipamiento existente.

Todo ello, según la sentencia, comporta “una transformación del espacio que, en principio, no es totalmente inocuo para el medio ambiente pero que de cualquier forma es una incidencia que deberá concretar el órgano competente, no el Ayuntamiento”.

“La evaluación ambiental es una actividad reglada que se reserva en exclusiva a un órgano especializado y a través de un procedimiento definido, prevenciones que tienden a garantizar la objetividad y acierto en un ámbito tan sensible y necesitado de protección”.

El Supremo cree que este trámite no supone un obstáculo desproporcionado, “en cuanto tiende a salvaguardar precisamente un interés general de inequívoca trascendencia, ni es incompatible con la necesidad de aprobar la ordenanza” con agilidad.

Tampoco se invaden competencias municipales y, en definitiva, “la falta del expresado trámite esencial conlleva la nulidad de la disposición recurrida”, en referencia al acuerdo plenario.

En el caso de Canarias, el órgano correspondiente para emitir estas declaraciones e informes es la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, y en el ámbito insular y local, los cabildos de las islas capitalinas cuentan con sus propias entidades.

El ejecutivo autónomo reconoce el error

El ejecutivo autónomo defendió que se cometió un error al dar prevalencia al reglamento del planeamiento regional frente a la norma estatal y que es necesario garantizar que la actuación no tenga efectos sobre el medio, para lo que no sirven los estudios en detalle por su limitado alcance.

La normativa urbanística determina que este tipo de anulaciones por parte del Supremo conlleva “la pérdida de eficacia retroactiva, lo que significa que se considera como si la ordenanza nunca hubiera tenido validez”.

Como efecto inmediato, los actos administrativos, licencias o edificaciones que se amparan exclusivamente en esa norma provisional pasan a carecer de cobertura legal e incluso se puede llegar a la demolición si la actuación no es legalizable.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado este miércoles que activa el carril bus hacia la playa de Las Teresitas para el próximo sábado y domingo, de 09:00 a 18:00 horas, con el fin de facilitar el acceso de la ciudadanía a la playa ante la previsión de altas temperaturas.

Según señala la corporación local, la implantación del carril bus para el próximo fin de semana responde a la activación del protocolo por parte del Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal) tras las previsiones de altas temperaturas para los próximos días y de una elevada afluencia de personas a la playa de Las Teresitas.

El dispositivo contempla la puesta en marcha del carril bus desde la glorieta de la Dársena Pesquera, incorporándose a la autovía de San Andrés (TF-11) hasta el final de la avenida Marítima de San Andrés, dando preferencia de paso a las guaguas.

No obstante, hay que destacar que, al tratarse de la principal playa del municipio, sufre importantes atascos en sus accesos desde que el Ayuntamiento, en plena pandemia de la COVID-19, decidió eliminar gran parte de los aparcamientos que existían en la zona, cerrando además el acceso a uno de los carriles por el que los vehículos circulaban (el llamado carril cero, el más cercano a la arena) y cambiando también la circulación en la avenida marítima de San Andrés. Toda esta situación ha derivado en que, en el momento en que un coche quiere aparcar, se detiene el único carril existente, lo que se traduce en enormes colas, sobre todo en los días de mayor afluencia, que llegan incluso a la autovía de San Andrés y la dársena pesquera.

Por su parte, la concejala de Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso, destaca que, “además de mejorar las condiciones de transporte a la playa, tanto en tiempo como en seguridad, el carril bus es una herramienta clave para garantizar los desplazamientos de los vecinos y vecinas tanto de San Andrés como de Anaga”.

Sin embargo, la edil insiste en que “las retenciones en la vía son provocadas principalmente por la saturación de los aparcamientos del entorno de Las Teresitas, por lo que el transporte público se consolida como una medida eficaz que da respuesta a la ciudadanía a través de la línea 910, con unidades articuladas y un elevado número de servicios, que en experiencias anteriores alcanzó los 30.000 usuarios durante los fines de semana”.

Por otro lado, recuerda que las personas que quieran ir a la playa pueden conocer el estado real de la ocupación de los estacionamientos disponibles en sus inmediaciones a través de los paneles informativos ubicados en diferentes puntos de la ciudad, así como a través de la página web del Ayuntamiento.

Según asegura la concejala, las experiencias de años pasados ponen de manifiesto que el uso del transporte público supone una reducción de los tiempos de viaje y una mayor comodidad de los usuarios en sus desplazamientos a la playa.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destaca que “esta medida apuesta por promover el uso del transporte público como una de las mejores y más seguras opciones para este desplazamiento en días en los que se registra una alta ocupación en la playa”.

El regidor apunta que “tal y como habíamos anunciado, esta medida se activa de la mano de la previsión de altas temperaturas, con la finalidad de facilitar el acceso hasta la playa de forma prioritaria al transporte público, y evitar, en la medida de lo posible, los colapsos en las carreteras”.

La Asociación de Vecinos Urban Centro El Perenquén, la misma que logró tumbar en los tribunales el polémico carril bici por el centro de la Santa Cruz de Tenerife y la Zona de Bajas Emisiones (en ambos caso, por defectos en su tramitación) ha expresado este martes su malestar por el hecho de que el Ayuntamiento, Gobernado por CC y el PP, no ha hecho efectivo el pase a gestión pública del aparcamiento de la Plaza de España el pasado 1 de julio, como había anunciado la corporación.

El colectivo vecinal califica en un comunicado esta situación como “un nuevo episodio del día de la marmota” y exige al gobierno local que abandone las promesas y actúe de forma inmediata, al tiempo que recuerda que la municipalización iba acompañada de una bajada de tarifas.

La entidad señala que el alcalde, José Manuel Bermúdez, anunció en 2023 que el aparcamiento sería “totalmente público” tras la finalización de la concesión en enero de 2025.

Sin embargo, el Ayuntamiento otorgó una prórroga a la empresa Interparking, aplazó la fecha en dos ocasiones más y, finalmente, la concejala de Viviendas Municipales, Ana Belén Mesa, fijó el 1 de julio como el “plazo definitivo”.

A día de hoy el aparcamiento sigue gestionado por la misma concesionaria, las tarifas no han bajado y los vecinos no han recibido ninguna comunicación oficial sobre el estado del proceso, afirma la Asociación, que asegura que le indigna “no solo el retraso, sino la falta de transparencia” y asevera “que esta es la cuarta vez que nos toman el pelo”.

El Perenquén insiste en que, mientras el Ayuntamiento dilata la municipalización, los ciudadanos siguen pagando unas tarifas que califican de “incomprensibles y desproporcionadas”.

Asimismo la asociación vecinal ha recordado que el aparcamiento está apuntalado por problemas estructurales y subraya que debe ser la empresa Interparking la que pague el arreglo “pero nos tememos que vamos a ser los ciudadanos”.

“Queremos que el parking de la Plaza de España sea público, barato y bien gestionado, y que dejen de tratarnos como si fuéramos ingenuos. Santa Cruz merece unos aparcamientos dignos de una capital de provincia”, concluye Urban Perenquén.

Esta misma asociación ya denunció hace meses la “situación crítica” de los aparcamientos en la ciudad. Citando un informe elaborado por la propia asociación, esta aseguró que la gestión por parte de empresas privadas de los aparcamientos públicos de la ciudad, pese a que estos han sido financiados y construidos con dinero del Ayuntamiento, ha derivado en un modelo que “prioriza el beneficio económico frente a las necesidades reales de la ciudadanía”.

El estudio, que analiza las condiciones de parkings clave como Plaza de España, El Pilar, Plaza Weyler o Prolongación Ramón y Cajal, evidencia, según la asociación, que los vecinos que residen en el centro se enfrentan a “precios abusivos, falta de transparencia, listas de espera cerradas y un acceso limitado a abonos mensuales que realmente se ajusten a un uso residencial”.

“Empresas como Interparking, APK2 Gestión o Telpark aplican tarifas que varían sin justificación, eliminan la cartelería con los precios de los abonos y dificultan deliberadamente el acceso a la información. En el caso del Parking El Pilar, no existe ni web ni teléfono de contacto, obligando a acudir físicamente para conocer las tarifas”, denunció la asociación.

Santa Cruz de Tenerife puso este domingo el broche final a la programación de la Gesta del 25 de Julio de 1797 con el tradicional acto institucional de clausura, en el que se entregaron las Medallas de la Gesta, se reconoció la labor de personas e instituciones vinculadas a la conservación de este legado histórico y se rindió homenaje a los caídos.

La celebración tiene su origen en la victoria lograda por Santa Cruz de Tenerife el 25 de julio de 1797, cuando la ciudad logró rechazar el intento de invasión de la escuadra británica comandada por el contralmirante Horacio Nelson. Desde entonces, este episodio se ha convertido en uno de los principales símbolos históricos de la capital y cada año da lugar a un programa de actividades culturales, divulgativas y recreaciones históricas para acercar este legado a la ciudadanía.

Las Medallas de la Gesta reconocen a La Laguna y al Mando de Canarias

En esta edición, una de las distinciones recayó en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en reconocimiento a la participación de su batallón de milicianos en la defensa de Santa Cruz durante los hechos de 1797. El galardón fue recogido por el primer teniente de alcalde y concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo Hernández.

La segunda Medalla de la Gesta fue concedida al teniente general jefe del Mando de Canarias, Julio Salom Herrera, por su contribución a la conservación y difusión del patrimonio histórico y militar vinculado a esta efeméride.

Antes de la entrega de las medallas, la Asociación Histórico-Cultural Gesta del 25 de Julio de 1797 concedió dos reconocimientos especiales. El primero fue un diploma para Magaly Pérez Méndez, presidenta del Regimiento Fijo de Puerto Rico, como muestra del vínculo de colaboración y hermanamiento entre ambas entidades. El segundo consistió en una insignia de oro para la Guarnición de La Palma, representada por el grupo Los Doce de Su Majestad, por su participación en las recreaciones históricas de la Gesta.

La asociación también entregó al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, un obsequio conmemorativo y una carta de reconocimiento por su apoyo a la conservación, protección y difusión del legado histórico de la Gesta del 25 de Julio.

Durante su intervención, Bermúdez destacó que la Gesta del 25 de Julio constituye “uno de los capítulos más importantes” de la historia de la ciudad y subrayó que la programación de estos días ha permitido acercar este episodio histórico tanto a vecinos como a visitantes. Además, agradeció la labor de la Asociación Histórico-Cultural de la Gesta del 25 de Julio por su trabajo para preservar y divulgar este legado.

La ceremonia concluyó con el tradicional homenaje a quienes perdieron la vida durante la Gesta de 1797, acompañado por la actuación de la Banda de Guerra del Mando de Canarias, que interpretó los himnos de España, Francia e Inglaterra.

Con este acto finalizó el programa conmemorativo de la Gesta del 25 de Julio, que durante los últimos días ha incluido conferencias, exposiciones, recreaciones históricas, representaciones, visitas teatralizadas, un campamento histórico y distintas actividades divulgativas para acercar este episodio de la historia de Santa Cruz a la ciudadanía.

La calle de La Rosa volverá a estar abierta al tráfico el próximo jueves 30 de julio, más de un año después de la fecha prevista inicialmente. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife comenzará este lunes los trabajos para restablecer la circulación en una de las principales vías de El Toscal, cuya remodelación integral, ha supuesto una inversión de 5,2 millones de euros, de los que 1,7 millones proceden de los fondos europeos Next Generation, y cuyo calendario se ha visto condicionado por la complejidad técnica de la intervención.

Llas primeras actuaciones consistirán en la modificación de la señalización horizontal y vertical de la calle Santiago, que recuperará su sentido habitual de circulación en dirección a la calle San Isidro, una vez desaparezcan las restricciones y desvíos implantados durante las distintas fases de ejecución de la obra.

Estos trabajos forman parte del dispositivo diseñado para normalizar progresivamente la movilidad en el barrio y permitir la reapertura de la calle de La Rosa con todas las garantías de seguridad para vehículos y peatones, indica la nota del Ayuntamiento.

La línea 914 de TITSA probará su nuevo recorrido por la calle de La Rosa

Asimismo, la línea 914 de TITSA iniciará un periodo de pruebas operativas que se prolongará hasta el 3 de agosto, con el objetivo de verificar el funcionamiento del nuevo recorrido antes de su implantación definitiva.

Durante este periodo, las guaguas circularán por la calle La Rosa y realizarán dos paradas en este eje viario.

El Ayuntamiento recuerda que la apertura al tráfico de la calle de La Rosa supondrá la recuperación de uno de los principales corredores de circulación de El Toscal y culminará una actuación que ha transformado por completo este espacio urbano.