El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves, de un plumazo y en apenas tres cuartos de hora, una doble reforma legislativa del sistema electoral para eliminar que el orden de las candidaturas en las elecciones forales y autonómicas, las que se pueden regular desde las instituciones vascas, venga establecido por el tiempo en que se registran, lo que había motivado largas esperas de horas o incluso días, también de madrugada, para coger el primer turno en el día en que se abría el plazo de presentación. El retoque venía previamente pactado por los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, y la principal fuerza de la oposición, EH Bildu, y a esa amplia mayoría se ha sumado el PP. Es decir, 73 de 75 escaños. Sí se ha opuesto Sumar, lo que ha motivado un durísimo cruce de acusaciones entre el portavoz socialista, Ekain Rico, y el parlamentario de la coalición de izquierdas, Jon Hernández, que ha incluido un doble aviso al primero de la presidenta, Bakartxo Tejeria, para que Rico se contuviera en el escaño. También Vox ha votado 'no'.

La aprobación de los cambios, consistentes en apenas un artículo en las respectivas leyes, de 1987 y 1990, respectivamente, estaba ya asegurada de antemano. La nueva redacción dejará el orden en función del resultado de la anterior cita con las urnas o, en el caso de nuevas siglas, por sorteo. Se había justificado la urgencia de la tramitación porque es inoportuno modificar la normativa electoral cuando queda menos de un año para una cita con las urnas y la siguiente, en principio, está fijada en el calendario para mayo de 2027, por lo que había que operar en abril de 2026. El asunto ha seguido el procedimiento de lectura única, es decir, sin comparecencias de expertos y debates de enmiendas en comisión. Al ser una iniciativa de los partidos y no del Gobierno, tampoco han sido necesarios todos los informes consultivos que exigen los proyectos de ley. Ahora bien, un matiz relevante es que las elecciones forales coincidirán con las municipales, todavía bajo la norma estatal y que les exigiría, igualmente, volver a las colas si quieren tener un orden prioritario.

Los tres partidos proponentes, PNV, PSE-EE y EH Bildu, han expuesto sus argumentos muy brevemente, en apenas ocho minutos del turno de la primera de las leyes, sin participar en los turnos de la segunda. “No tiene efectos en los derechos de electores y partidos”, ha dicho Jon Andoni Atutxa, del PNV, en una exposición de apenas unos segundos, mucho más corta que las que se suelen hacer en iniciativas no legislativas. El socialista Rico y Eraitz Sáez de Egilaz, de EH Bildu, han coincidido en que era un ajuste necesario para evitar “fotografías curiosas” en cada proceso electoral, la de las sillas de playa y los víveres para 'acampar' delante de los palacios de justicia, donde están las juntas electorales.

El debate se ha estirado porque Jon Hernández de Sumar ha formulado una dura crítica a la propuesta presentada por la mayoría parlamentaria. Ha señalado que “es una reforma no muy democrática” y que se hace “para tener ventaja”. “Se han puesto de acuerdo para tener ventaja”, ha insistido Hernández, que procede del PCE y de IU. Ha alegado que es “bien conocido” que el orden de las candiaturas tiene “efectos” y ha lamentado también las formas de acometer una reforma como la electoral, sin apenas debate. Ha abundado que “no había inseguridad jurídica con el sistema actual”, más allá de la “incomodidad” de las colas. “Hay alternativas mucho más democráticas o neutrales. Desde la izquierda se debe defender el pluralismo político, nos beneficie o nos perjudique”, ha añadido Hernández, que planteaba un sorteo entre todas las candidaturas.

Sus palabras han encendido a Rico, que no iba a volver a intervenir en las réplicas, pero que ha cambiado de ideas, según ha admitido. Ha considerado “insoportable” y llena de “mentiras” la postura de Sumar, una coalición con la que los socialistas comparten el Gobierno de España. No ha aceptado que pueda ser “antidemocrático” ordenar las listas en función del número de votos de las anteriores convocatorias, porque eso es justamente lo que se hace con los espacios publicitarios o en los medios de comunicación públicos, por ejemplo. Ha citado que se calca el modelo ya vigente en el Senado, por ejemplo. “Yo me he comido muchísimas colas. He coincidido con el PNV, con EH Bildu, con el PP. Hasta nos hemos hecho amigos. Hasta tenemos grupos de WhatsApp. A ustedes no les visto nunca. No son ustedes la España que madruga, precisamente”, le ha espetado a Hernández.

El representante de Sumar ha vuelto a la tribuna y a denunciar la reforma y los comentarios del PSE-EE. Desde el escaño, Rico ha seguido quejándose y es cuando la presidenta Tejeria ha intervenido. “¿Usted me va a decir a mí lo que es militancia?”, ha lanzado Hernández, que ha criticado las decenas de “liberaciones” y “cargos” de las que gozan algunos partidos. Desde el PNV, Atutxa, de nuevo brevemente, ha ironizado que igual con la reforma le hacen un “favor” a Sumar porque, en las últimas elecciones, tuvo un orden mucho más retrasado que el que le daría su posición en las urnas, quinta fuerza de la comunidad autónoma.

PP y Vox no han intervenido hasta después de votadas y aprobadas las leyes. Los 'populares' lo han hecho para darles el visto bueno, según ha indicado Laura Garrido. Vox, por el contrario, ha votado en contra por el “fondo” y por la “forma”. Amaia Martínez Grisaleña ha dicho que es “legislación a la carta” para dar “ventaja electoral” a las grandes fuerzas. “Se altera el tablero electoral”, ha dicho la fuerza que quedó séptima en las autonómicas, incluso por detrás en votos de la extraparlamentaria Podemos.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha informado esta semana al Parlamento Vasco de que han sido hasta 22 los tipos diferentes de vacunas pasadas de fecha que ha administrado en 2023, 2024 y 2025. La directora general, Lore Bilbao, ha matizado que en algunas de ellas se emplean varias marcas comerciales, lo que explica la elevada cifra.

En esta última versión, el total de afectados no difiere en exceso con lo ya conocido, con 89 en 2023, 7 en 2024 y 274 en 2025. El último dato referido al pasado año era del entorno de 260 personas erróneamente vacunadas incluyendo los primeros días de 2026, cuando trascendió este asunto. Sí es relevante, dado que el dato no había trascendido, que ha habido incidencias en las trece OSI o comarcas sanitarias de la red. En marzo ya se informó de casos de 2017.

La información ha llegado a la Cámara a solicitud de la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera, que fue la que en su día lo denunció y motivó que, 'a posteriori', se confirmara públicamente. La triple vírica de Priorix es la que más veces se ha ofrecido pasada de fecha, 84 veces en 2023, 6 en 2024 y 44 en 2025. Después están la tetravalente Tetraxim, con 55, y la hexavalente Vaxelis, con 36, que fue la primera que originó la revisión de inoculaciones anteriores. En el listado, en cambio, hay muchos más tipos de vacunas, algunas con una sola incidencia, como la Rotatez, la Boostrix o la Engerix B. Esta revisión no afecta a los dos productos más comunes, la inmunización contra la gripe estacional y la COVID-19.

Ubera ha insistido en que Osakidetza tiene un problema “estructural” con este asunto. “No es un error aislado o suelto, como lo han querido vender. No hay trazabilidad”, ha indicado a los medios de comunicación. También el PP se ha mostrado crítico y ha asegurado que el problema “no está encarrilado” todavía, según Laura Garrido.

Esto ha sido desmentido con rotundidad por el consejero, Alberto Martínez. Ha asegurado que los partidos políticos son libres para estirar el chicle pero que el Gobierno ya lo da como “tema zanjado”. “Para los pacientes está resuelto” y se han implementado ya las medidas para evitar que se pueda volver a repetir, principalmente el sistema “datamatrix” y de “los siete correctos” -en referencia a un protocolo de comprobaciones de siete pasos-, así como la cartilla de vacunación digital. “El 98,5% de las vacunas administradas en 2025 se hicieron de forma correcta”, ha dicho también Bilbao. El Ejecutivo recalca que no se le puede acusar de opacidad cuando hubo una incidencia “en diciembre y enero” en un centro y se han revisado muchos más meses y tipos de vacunas “en toda la red”.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) asume que es poco aceptable que, en su web de citas, se ofrezcan consultas para dentro de muchas semanas en su red de atención primaria. Ahora, por ejemplo, “para el 8 de mayo”. Y buscará una fórmula para adecuar el sistema informático y que eso no ocurra. La directora general, Lore Bilbao, la autora de la fecha de ejemplo, ha explicado que la web solamente tiene en cuenta la agenda del médico asignado a cada paciente y que, si está de baja o vacaciones, demora hasta su vuelta automáticamente la primera fecha disponible. Se soluciona con una llamada o una visita al ambulatorio, insiste Osakidetza, pero ajustarán, de acuerdo con los sindicatos, la parte informática para que las quejas continuadas desaparezcan. El deseo que es que en no más de “48 ó 72 horas” se resuelvan todas las peticiones.

Bilbao ha expuesto esta cuestión a los periodistas, así como la idea de empezar con un piloto en Elgoibar un cribado de prevención de riesgos cardiovasculares, tras la reunión de seguimiento denominado “pacto vasco de salud”, el catálogo de medidas para mejorar Osakidetza acordado en junio de 2025 en la mesa creada con oposición, sindicatos, universidades, colegios profesionales, asociaciones de pacientes y otras entidades y que, aparentemente, en un 85% de las 332 iniciativas ya está en marcha. A su lado, el consejero de Salud y principal muñidor del pacto, Alberto Martínez, ha destacado la “ilusión” de quienes se han sentado otra vez en el palacio de congresos Europa de Vitoria para repasar el grado de cumplimiento de lo acordado. Incluso se ha atrevido a felicitarse por tener ahora “más respaldo” que hace diez meses porque las centrales Satse -el mayoritario en la Sanidad vasca-, UGT y CCOO han participado no habiendo firmado en 2025 el acuerdo final, como el conjunto de la representación sindical con la excepción del pequeño SAE.

En la cita ha estado, igualmente, EH Bildu. El principal partido de la oposición en Euskadi tampoco posó en la fotografía final del acuerdo, pero desea participar en el seguimiento, según ha explicado su portavoz, Rebeka Ubera. Ha considerado que Martínez hace “marketing, marketing y marketing” con este foro porque se presentan como novedades medidas ya planteadas por anteriores consejeros o que proceden del Ministerio de Sanidad, como el análisis de las aguas para detectar problemas de salud pública. Diagnostica Ubera que el objetivo actual del PNV con Osakidetza es exclusivamente “cambiar la percepción” del deterioro de la Sanidad pública pero no adoptar los cambios “estructurales” que precisa el sistema.

Ubera, de hecho, ha anunciado la “adhesión” de EH Bildu a las protestas convocadas para este fin de semana en Bilbao, Vitoria y Donostia en defensa de una Sanidad pública de calidad. Esas movilizaciones, que han tenido un aperitivo en la puerta misma del Europa mientras se celebraba la reunión, incluyen una petición de dimisión del consejero Martínez, particularmente por la crisis de las vacunas caducadas. Preguntada por los periodistas, la representante de la coalición abertzale ha precisado que ellos piden por el momento que la dirección política asuma sus “responsabilidades”, en general, pero aclarando que “no es ningún ultimátum”.

El PP también ha estado en la reunión. En su día, acordó 14 de las 24 líneas del pacto, según ha recordado Laura Garrido. La portavoz 'popular' ha sido también muy crítica con la gestión de Osakidetza y ha hablado de “precipitación”, “improvisación” o incluso de “poca utilidad” del foro. Sumar ya se descolgó totalmente del pacto en 2025 y no ha regresado y Vox, el otro partido de la oposición, nunca fue invitado.

Se da la circunstancia de que la propia composición del equipo de Martínez ha cambiado de raíz tras la firma del pacto. A las pocas semanas, en julio del pasado año, salieron el viceconsejero Enrique Peiró y fue promocionado Gontzal Tamayo, precisamente uno de los dinamizadores de este foro. Y, entre otros movimientos, la directora general de Osakidetza, Susana López Altuna, dejó paso a la actual, a Lore Bilbao.

En el ambiente ha flotado también el efecto de la huelga de médicos que está teniendo lugar en España una semana al mes. El Gobierno vasco la identifica como una protesta contra la ministra, Mónica García, que es de Sumar, pero los efectos los notan los sistemas autonómicas. Se da por hecho que cuando se actualicen las listas de espera en mayo habrá un empeoramiento en las tres mediciones -operaciones, pruebas y consultas especializadas- por este motivo. “Es una de nuestras mayores preocupaciones”, ha reconocido Bilbao, que ha considerado que “va a afectar seriamente” a las mejoras que se habían ido consiguiendo lentamente tras el deterioro ocurrido como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

El registro del Parlamento Vasco ha anotado a las 11.00 horas y 36 segundos de este miércoles una proposición del PP para modificar nuevamente la normativa de caza autonómica, que ya fue retocada en 2025 a instancias del sector para facilitar la presencia de menores en las batidas como acompañantes y buscar así un “relevo generacional”. Lo llamativo es que el texto, de cinco folios, viene firmado por la portavoz 'popular', Laura Garrido, y por la portavoz habitual en estos asuntos, Ana Morales, a 10 de abril, es decir, con fecha de este viernes.

El documento registrado asume que la ley vasca de 2011 fue retocada hace muy pocos meses, esta misma legislatura. Dice el PP, que apoyó aquella iniciativa de los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, que “dicha reforma avanzó en el reconocimiento de quienes acompañan a los cazadores sin portar armas ni participar activamente en la caza” pero que “excluyó expresamente” a los “ojeadores y batidores”, que son “quienes colaboran en el levantamiento y dirección de las piezas”.

Según el PP, “esta exclusión resulta injustificada” y sería necesario meterlo en una ley que se revisó hace solamente un año siguiendo expresamente los deseos de los representantes del sector.

Adicionalmente, el PP desea hacer que las diputaciones sean responsables “subsidiarias” de los daños que puedan causar jabalíes o corzos si “los titulares de los cotos de caza carecen legalmente de cualquier herramienta para controlar las poblaciones” en tiempo de veda. Sería equiparar estos casos a los del lobo o los buitres, explican los proponentes.

Fue el 20 de marzo de 2025 cuando el Parlamento Vasco modificó la ley de caza. PNV y PSE-EE sumaron a las derechas, PP y Vox, a su iniciativa, tramitada a modo de reforma exprés. El único objetivo era permitir y regular la presencia de menores en las batidas, aunque siempre como “acompañantes” y sin poder usar armas. El argumento era que es preciso promover un “relevo generacional” en un sector esencial para el cuidado del entorno natural, aunque colectivos ecologistas lo habían criticado con dureza. EH Bildu y Sumar se han opuesto aludiendo a la seguridad de niños y adolescentes. Desde la tribuna de invitados, representantes de asociaciones de cazadores recogieron con enorme satisfacción este paso.

Aritz Ezeiza, asesor jurídico y portavoz de los cazadores, realizó a los periodistas una “valoración muy positiva”. La normativa tenía un “agujero” y ahora se ha regulado bien la figura de los “ayudantes”, dijo. “Todos somos adultos y un padre nunca pondría en riesgo a su hijo”, ha señalado también, ante la controversia por los cambios planteados. Manifestó también que el ciclismo o el montañismo también son peligrosos y que ahí no se prohíbe que los practiquen menores.

El Parlamento Vasco ha dado inicio finalmente este jueves a la tramitación de la reforma de la ley de Juventud de 2022 para intentar reforzar los controles en los campamentos en los que participen menores a la luz de la veintena de denuncias de presunta violencia sexual en los organizados en la localidad alavesa de Bernedo por la entidad Euskal Udalekuak. Se realizará por la vía de urgencia, con el ánimo de que las medidas entren en vigor en junio, según fuentes parlamentarias. Este mismo jueves se va a celebrar una Mesa para abrir ya el período de comparecencias de expertos y adelantar lo máximo posible el inicio del plazo de enmiendas, que será de solamente una semana, según estas mismas fuentes.

La iniciativa es de PNV y PSE-EE. EH Bildu también ha apoyado la toma en consideración, al igual que Sumar. El PP se ha abstenido y Vox ha sido la única formación en oponerse. La ley se reformará por la vía de urgencia, que acorta a la mitad los trámites ordinarios, pero no por el procedimiento aún más rápido, el de “lectura única”, como pretendían los partidos del Gobierno vasco. Para ello, podía haber optado por registrar la iniciativa como “proyecto de ley”, como le permite el reglamento. Pero se hizo como “proposición de ley”, para lo que se requiere unanimidad en la Mesa, sin ser suficiente la mayoría absoluta. Y EH Bildu, el único partido de la oposición representado en el órgano que dirige la Cámara, se opuso. El PNV ha insistido en las críticas a la coalición abertzale por “retrasar” la ley, pero Nerea Kortajarena, desde la bancada de EH Bildu, ha sido muy crítica. “La unanimidad no es un estado de gracia. Es el fruto del diálogo y la negociación”, ha avisado.

La cronología indica que la ley urgente -para que esté promulgada antes de la ya publicitada nueva edición de las colonias- se registró el 20 de febrero. Las denuncias sobre el campamento de Bernedo se conocieron en septiembre de 2025. De hecho, la Fiscalía lamentó que existiera una investigación de la Ertzaintza y de un juzgado de Vitoria desde la primavera anterior y que se volvieran a celebrar las actividades Euskal Udalekuak con normalidad el pasado verano. Un pequeño retraso en la presentación del preceptivo informe del Gobierno al texto de PNV y PSE-EE, como adelantó este periódico, impidió que esta tramitación se pudiera iniciar el 12 de marzo, cuando se celebró el anterior pleno. La ley llega al Parlamento en una temporada de baja actividad por la sucesión de puentes y parones vacacionales. Serán seis semanas sin sesiones de control después de haber retomado en febrero la actividad después de Navidad; y el próximo pleno ordinario no llegará hasta el 16 de abril.

El representante del PNV Ander Añibarro, exdirector de Juventud del Gobierno vasco, ha insistido en culpar a EH Bildu de los retrasos de la tramitación. “Con los menores no se juega”, ha llegado a decir, insistiendo en que era precisa la “lectura única”. “Un grupo parlamentario decidió impedir esa tramitación. ¿Por qué hicieron eso? La ciudadanía tiene derecho a conocer esas razones”, ha clamado desde la tribuna. “La respuesta legislativa no puede demorarse”, ha señalado, igualmente, el portavoz del PNV.

Kortajarena ha replicado -aunque la presidenta Bakartxo Tejeria le ha recordado que su turno era solamente de “explicación de voto” y no de debate con los otros partidos- que EH Bildu ve como una “prioridad” la defensa de los derechos de los menores, pero ha remarcado que el Gobierno lanza una reforma de una ley de 2022 incluso antes de haber aprobado los reglamentos para desarrollar el texto original. Es más, cuando se inició la discusión política sobre los retrasos en esta tramitación, la consejera del ramo, Nerea Melgosa (PNV), terció garantizando que aprobaría por decreto los controles adicionales para Bernedo. La semana pasada se activó ya la tramitación de ese decreto, según se informó. La consejera Melgosa no ha estado presente este jueves en el Parlamento.

Añibarro y la socialista Itxaso Asensio han explicado los cambios legislativos que se pretenden. Los principales pasan por cambiar la “comunicación” de la celebración de una colonia por una “declaración responsable”, así como por exiger “certificaciones negativas” de antecedentes de delitos sexuales para trabajar con menores y endurecer las sanciones. “Que las familias estén tranquilas”, ha señalado Asensio, que ha añadido que la ley busca “reforzar la función inspectora” igualmente.

El PP, como ya había adelantado, ha criticado la iniciativa al entender que el ordenamiento jurídico vigente en España ya permite actuar en ámbitos como los certificados para quienes desarrollan actividades con niños y adolescentes. Laura Garrido ha considerado que ya el pasado año “no se actuó aun teniendo herramientas”. Garrido ha anunciado enmiendas para “mejorar” la propuesta de PNV y PSE-EE. Sumar, por su parte, se ha dicho partidario de tramitar la reforma, pero no de los procedimientos con los que se quiere hacer. “El Parlamento debería tener derecho a debatir mejor”, ha señalado Jon Hernández, que ha cuestionado también las reformas legislativas 'ad hoc' pensadas para responder a “hechos concretos”. Vox, que está personado en la causa judicial por las denuncias de Bernedo, ha indicado que si una ley de 2022 se quiere retocar en 2026 es porque “nació coja” en lo tocante a “protección de los menores”.

Euskal Udalekuak prepara ya una nueva edición de los campamentos de Bernedo. También tiene actividades en dos localidades de Navarra. El pasado año, varios centenares de familias de usuarios lanzaron un mensaje de apoyo a la entidad frente a la cascada de denuncias de violencia sexual, que un caso tiene la tipificación inicial de agresión. Este año, personalidades del mundo de la cultura están haciendo vídeos animando a mantener las inscripciones.

A falta de sesión parlamentaria a pesar de ser un viernes perfectamente laborable, el debate en un Parlamento Vasco con las vallas cerradas se ha trasladado al exterior, donde han comparecido ante los medios de comunicación tanto el portavoz del PNV, Joseba Díez Antxustegi, como la del PP, Laura Garrido. En ambos casos, ha tenido protagonismo la controversia en torno a la Korrika, la carrera a favor del euskera, a raíz de que desde AEK se invitara a no acudir al sindicato CCOO al considerarlo partícipe de una campaña orquestada para tumbar en los tribunales exigencias idiomáticas en procesos de OPE.

La formación lo llamó “apartheid social”, el PSE-EE, miembro del Gobierno, dijo que se bajaba, y formaciones como IU o Podemos también han levantado la voz. El PP ha dicho que no va a estar en la Korrika -en su caso también quejoso por la presencia de proclamas a favor de los presos de ETA- y el PNV ha confiado en que el asunto no condicione las negociaciones con los socialistas precisamente en las reformas legales en trámite para blindar las exigencias de euskera.

Díez Antxustegi, que ha dicho en euskera y castellano que no concibe su vida sin el euskera ni el idioma sin una fiesta como es la Korrika, a la que es asiduo desde pequeño, ha deseado que todas las partes sean “lo suficientemente responsables” como para “aislar” las tramitaciones legales de la polémica suscitada en las últimas horas. No hay acuerdo aún en los contenidos, pero sí en que tiene que haber “discreción” para que puedan alcancerse esos consensos. El “objetivo” es que haya “seguridad jurídica”, ha insistido el portavoz del PNV.

El origen del debate sobre la Korrika y CCOO y sobre las leyes es el mismo, los recursos judiciales en cascada contra convocatorias públicas en diferentes instituciones y las posteriores sentencias. El PNV, en solitario y sin sus socios, llevó a la Cámara una reforma de artículo único para dar más garantías a estos procesos. Y permitió también que se admitiera a trámite una iniciativa mucho más ambiciosa de EH Bildu. Ahora los nacionalistas buscan recomponer los puentes con los socialistas, aunque sostienen que no desean que el euskera pase por encima de derechos laborales. El 'deadline', eso sí, no está lejos: el 9 de abril se cierra el plazo de presentación de enmiendas.

Desde el PP, Garrido ha indicado que su partido ya lleva varias ediciones sin acudir a la Korrika a pesar de que, en el pasado, AEK les invitó personalmente. El estar era “un gesto de apoyo” a la lengua cooficial pero ahora entienden que se emplea “con fines absolutamente partidistas y sectarios por parte de los radicales de siempre”, en particular por la exhibición de pancartas alusivas a los presos de ETA. La Fundación Fernando Buesa y Covite ya han denunciado que en los primeros kilómetros de la edición de 2026 se han producido estas situaciones. Garrido ha aprovechado para atizar al Gobierno de Imanol Pradales por no celebrar sesiones de control durante seis semanas.

Después de casi tres semanas sin respuesta a la primera notificación, la Fiscalía ha optado por enviar a la Ertzaintza a la dirección general de Osakidetza para que le sea entregada con carácter inmediato toda la documentación relativa a la crisis de las vacunas caducadas. El ministerio fiscal abrió una investigación tras una petición de la entidad de Madrid Defensor del Paciente, que estima que la administración de productos pasados de fecha puede comportar riesgos de salud y, por lo tanto, constituir un delito.

“No habíamos llegado a recibir la notificación”, ha argumentado el consejero de Salud, Alberto Martínez, en declaraciones a los medios de comunicación. A la luz del requerimiento en mano de este miércoles, según ha expuesto, este mismo jueves “se va a mandar todo”. Y se hará por dos vías, telemáticamente y en papel, para que no haya problemas. “Disposición a todo lo que haga falta”, ha agregado el titular de Salud.

Según 'El Mundo', fue un agente de Policía el que entregó en mano a Lore Bilbao, la directora general del Servicio Vasco de Salud, el segundo requerimiento. Fuentes judiciales “quieren entender” que, en efecto, la primera notificación se perdió en el sistema telemático y confían en que, ahora sí, puedan recabar los datos requeridos. El plazo máximo es de diez días pero, a la luz de las explicaciones del Gobierno, se resolverá mucho más rápido.

Se da la circunstancia de que la Fiscalía y Osakidetza ya tuvieron un encontronazo en otra causa penal de relevancia. En 2018, cuando arrancó la investigación por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas, la misma fiscal ahora lidera estas diligencias, Carmen Adán, pidió la información relativa a las actuaciones internas sobre los exámenes. En aquel caso, el equipo del entonces consejero, Jon Darpón, le envió una conclusiones propias exculpatorias y no el contenido íntegro de sus entrevistas y actuaciones, donde había testimonios que alertaban de la existencia de irregularidades.

Debate parlamentario

Martínez ha dado estas explicaciones justo antes del arranque de la sesión parlamentaria de este jueves en la que, como primer punto, EH Bildu y PP planteaban precisamente nuevas medidas para evitar casos como el sucedido. Por el contrario, la mayoría del Gobierno, PNV y PSE-EE, han contraprogramado con un texto genérico. En él se apunta a “agilizar” las medidas ya anunciadas por el consejero esta semana en la propia Cámara, en la comisión de Salud. “Ante hipotéticos casos de incidencias sanitarias vinculadas a vacunas, [se insta a] establecer un protocolo de comunicación ciudadana en el que se garanticen criterios científicos, de seguridad sanitaria y de prudencia, con el fin de transmitir una máxima confianza y seguridad hacia el sistema de salud, evitando incertidumbre que pudiera generar una alarma desproporcionada e innecesaria”, se puede leer en la resolución.

Desde la oposición, Rebeka Ubera de EH Bildu, quien destapó el asunto, ha insistido en que el Ejecutivo intentó “tapar” que existían estas vacunas caducadas. “Ni siquiera se ha habilitado un teléfono para las familias”, ha asegurado. Por eso, no confía en que esas medidas correctoras vaya a implementarse. Laura Garrido, del PP, ha criticado la falta de colaboración con la Fiscalía por parte de Osakidetza. “El asunto es grave”, ha apostillado, desde Sumar, Jon Hernández.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, y buena parte de su equipo han presentado este lunes en el Parlamento Vasco las primeras conclusiones de la revisión de 168.841 vacunas administradas por Osakidetza en 2025 -todas salvo las de la COVID-19 y la gripe estacional- a raíz de la crisis abierta hace unas semanas cuando trascendió que se habían inoculado hasta tres lotes caducados (de la hexavalente, de una tetravalente y de la triple vírica) durante los últimos meses. Por el momento, hay 19 casos nuevos confirmados y 137 “potenciales”. El Gobierno autonómico se queda en que, en el peor de los escenarios, serían 160 casos por cada 100.000 actos vacunales, por debajo de un estudio del NHS británico (con datos de 2013 a 2015) que dejaba ese indicador entre 170 y 250 y más alto incluso en la capital, en Londres.

Sin embargo, las “incidencias” iniciales que motivaron este estudio integral eran ya 115 en 2025. Aunque muchas menos que los 253, 49 y 29 casos, en función de la vacuna, que se estimaron en un primer momento, superan con creces los 19 supuestos indicados. En concreto, se administraron 132 vacunas caducadas de la hexavalente, tetravalente y triple vírica, 115 en 2025 y 17 en los primeros días de 2026. De ellos, 84 han optado por la revacunación, 40 hexavalentes, 30 tetravalentes y 14 de la triple vírica.

El Ejecutivo insiste en la tesis de que hay más problemas de registro que de vacunas pasadas de fecha. Por eso hay casos potenciales que luego se descartan, los que ahora se están investigando. El consejero Martínez, de hecho, ha presentado en la Cámara, con ayuda de una pantalla, algunos vídeos de cómo se hacen los registros de vacunas en Osakidetza para mostrar que pueden cometerse errores tanto por motivos humanos -que se introduzcan mal los datos- como porque el sistema 'recomienda' lotes ya introducidos.

Martínez ha despejado también la responsabilidad de los servicios centrales de Osakidetza. “En todos los casos, caducaron en los centros de salud”, ha señalado. Y ha agregado que las dosis caducadas se han “concentrado” en un punto concreto, el ambulatorio de Iztieta de Errenteria. Allí hay una cuarentena de casos, muchos más que en otros ambulatorios tanto de Donostialdea como del resto de la red. Se da la circunstancia de que es desde allí desde donde partió el 15 de enero el aviso de este problema, lanzado por una enfermera, cuando el lote circuló por doce de las trece comarcas de la red de Osakidetza. Los hechos trascendieron doce días después, el 27 de enero, y solamente después de que EH Bildu, desde la oposición, presentara unas preguntas en el Parlamento Vasco.

El viceconsejero Gontzal Tamayo, uno de los acompañantes de Martínez, ha indicado que “en el momento de distribución” a los ambulatorios se ofrecen lotes con “al menos doce meses” de vigencia. Es más, “si el período es inferior a seis meses” por alguna circunstancia, debería registrarse como “deficiencia mayor”, con “posibilidad de rechazar” o el pedido o, de lo contrario, un compromiso de “ajustarse” a la fecha con pulcritud.

Con todo, establecidas las conclusiones, Martínez ha señalado igualmente que “no ha existido ninguna actuación voluntaria por parte de nadie” en este caso, así como efectos negativos para la salud de los pacientes, bebés en su gran mayoría. “Se trata de un sistema que se halla en manos de humanis. Permite cometer errores. No es perfecto”, ha insistido el titular de Salud. Ha defendido también el “rigor” con que se ha respondido a la crisis, incluyendo consultas a organismos como la AEMPS (Agencia Española del Medicamento), el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi (CAVE) o el fabricante de la primera vacuna caducada que trascendió, Vaxelis.

Acto seguido, el consejero ha enumerado una batería de 21 medidas para mejorar el sistema vacunal. Se precisará una inversón de 1,5 millones para implementarlas, ha expuesto. Algunas, en puridad, no son nuevas, ya que él mismo ha indicado que ya fueron comprometidas en verano, antes de la crisis, como parte de los acuerdos del denominado Pacto de Salud.

Entre lo planteado, ha indicado que habrá una garantía “FEFO”, siglas en inglés de 'first expired, first out', para que en el almacén “en primera línea” estén los lotes “con fecha de caducidad más próxima”. Quiere un modelo de “total trazabilidad”, aunque siempre desde la premisa de que, como en la aviación o la carretera -comparaciones reales escuchadas en la comisión- es imposible evitar accidentes. Se pedirán, igualmente, “notificaciones obligatorias”, incluso cuando haya incidencias “sin daño”. Se buscará un “control en tiempo real”, un “sistema de vacunación aún más robusto, con mayor capacidad de detección temprana de errores, trazabilidad digital completa y una cultura de seguridad compartida en todos los niveles”, ha indicado. Se establecerá una “cartilla digital de vacunación”.

Desde la oposición, no han convencido las explicaciones de Martínez. Rebeka Ubera, protagonista de este asunto al ser ella la que impulsó las explicaciones, ha definido como “caótica” la gestión de la crisis. Ha ironizado que un Eroski tiene controles totalmente automatizados de su logística para evitar distrubuir productos caducados y que no es razonable que Osakidetza, con mucha más responsabilidad, no lo tenga. “Nos preocupa que resten importancia” al asunto, ha estimado, y ha llegado a decir que ha habido centros de salud que han tenido que requerir la presencia de la Ertzaintza ante el malestar generado.

Desde el PP, Laura Garrido, con un tono muy duro en el que ha recordado que la Fiscalía ha abierto diligencias penales sobre este asunto, entiende que “para nada se puede decir que la situación esté bajo control” y ha lamentado que falten datos “concretos”. “¿Nos van a decir ya la verdad?”, se ha preguntado. También ha lamentado que se minimicen los efectos de salud de ofrecer dosis pasadas de fecha. Finalmente, Vox ha pedido que “no se haga de las enfemeras las cabezas de turco” y que las responsabilidades se asuman en la cúpula. Sumar no ha participado.

El PSE-EE, socio del PNV, no está haciendo sangre en este asunto. Aroa Jilete ha agradecido que se asuman “errores”, pero ha pedido no generar “alarmas” innecesarias. “Debilitar esa confianza [en Osakidetza] tiene consecuencias. Entendemos que se puedan pedir explicaciones, pero se ha de ser extremadamente cuidados. Pueden acabar conectando con marcos propios de los movimientos antivacunas”, ha indicado. El propio Eneko Andueza ya blindó expresamente al nacionalista Martínez en un contexto en el que mantienen tensiones por otras muchas materias.

En su último turno, el consejero Martínez ha insistido en su honestidad en esta crisis. “He llegado a la política muy tarde. Sólo hay una cosa que me importe, que es mi palabra. Yo no miento”, ha usado como cierre de la larga sesión parlamentaria, de más de tres horas, como respuesta a las acusaciones de la oposición.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha remitido al Parlamento Vasco el expediente que ha motivado la denuncia penal contra el exjefe de Seguridad de Osakidetza, el agente de la Ertzaintza Juan José Quiñones, por haber presentado un título universitario falsificado para lograr la plaza en 2023. La documentación, en todo caso, no aclara por qué el Servicio Vasco de Salud realizó a finales de 2025 una revisión de la información que se había dado por buena dos años antes. La destitución fue acordada el 11 de diciembre, trascendió al filo del cambio de año y se hizo oficial en el primer Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) de 2026, el del 2 de enero. Además, revela que el policía incumplía también otro requisito y que se levantó 'ad hoc' esa incompatibilidad.

La documentación de este caso, solicitada en la Cámara por la representante del PP Laura Garrido, confirma de inicio que Osakidetza ha constatado que el aludido “no poseía la titulación universitaria alegada”, en este caso una licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas de la EHU fechada en 2001. El supuesto título presentado era una “copia compulsada por el Ayuntamiento de Getxo”. Disponer de un grado universitario era requisito indispensable para acceder al proceso de selección, aunque luego el cargo se elegía por el sistema de libre designación entre los aspirantes.

El 19 de septiembre de 2023 se celebró una primera reunión de la comisión de valoración constituida para la elección del jefe de Seguridad. En ese momento, se indicó que solamente había un candidato, Quiñones. Se hizo constar en acta que había aportado documentación acreditativa de que era funcionario de la Ertzantza, de su experiencia en El Corte Inglés y también de un título universitario “oficial”, el de licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas.

Simplemente se le requirió que confirmara que era ertzaina en activo y no solamente que obtuvo la plaza en su día y, por ello, entregó 'a posteriori' un certificado firmado por el entonces viceconsejero de Seguridad, Rodrigo Gartzia, que así lo atestiguaba. Así las cosas, el 16 de octubre, en una segunda reunión de la comisión, quedó formalizado el nombramiento. Ahora bien, el expediente, como ha adelantado 'El Mundo', muestra que la entonces directora general de Osakidetza, Rosa Pérez Esquerdo, del equipo de Gotzone Sagardui, modificó entre ambas reuniones los requisitos. Se consideró no “imprescindible” que los ertzainas candidatos fueran del grupo A1/A2, la categoría más alta y a la que no llegaba Quiñones.

El 18 de diciembre, hace menos de dos meses, la subdirectora de Asesoría Jurídica de Osakidetza, Maiteder Mielgo, y el letrado Santos Puga formularon una denuncia penal en la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Vitoria por estos hechos. Exponen en ella que la actual directora general, Lorea Bilbao, convocó a una reunión a Quiñones y que, allí, el ahora imputado por falsedad documental reconoció que no posee la titulación universitaria requerida y que los documentos entregados eran falsos. Antes, sin que se explicite el motivo de la comprobación, el Servicio Vasco de Salud recibió confirmación de que el título no estaba en el NISAE, una plataforma de intercambio de datos entre administraciones.

El puesto de responsable de Seguridad fue creado a la luz de hechos como el secuestro de bebé en la maternidad de Basurto, ocurrido en 2022, según exponen fuentes internas. Durante los dos años de Quiñones en el cargo, aparentemente con un salario superior a los 60.000 euros anuales, participó en la tramitación de cinco expedientes de contratación que suman más de 83 millones de euros. Se trata de dos adjudicaciones de 36,7 millones para la vigilancia de los centros sanitarios de Bizkaia, por un lado, y de Gipuzkoa y Álava, por otro, que recayeron en las compañías Prosegur y ALSE, respectivamente. Y también de otro expediente para la seguridad de los centros de la red de salud mental de Bizkaia, de nuevo para ALSE (11,1 millones). Los otros expedientes son contratos menores, por debajo de 15.000 euros, a Riskless y SDS.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha dicho que espera que “se revierta la situación de tremenda injusticia” que ha vivido Euskadi desde el 2012 respecto al reparto de los fondos de compensación por la asistencia sanitaria y farmacéutica entre comunidades autónomas. El consejero del PNV ha confiado en que “resulte fructífera” la reunión de la comisión de seguimiento de los fondos de cohesión con representantes de todas las comunidades autónomas del próximo 24 de noviembre y en que sirva para “revisar el funcionamiento” del fondo.

Martínez, en respuesta al PP, ha señalado que el Ministerio de Sanidad “ha reconocido abiertamente que Euskadi tenía razón en la necesidad de abordar esta revisión del funcionamiento del fondo”, ya que “no es lógico ni justo que una comunidad que tiene menos de un 5% de la población del Estado, asuma el 60% del coste total de este gasto”. Tras indicar que “Euskadi mostró antes de 2024 su disconformidad con la fórmula de cálculo de este fondo”, ha destacado que el Ministerio ha expresado públicamente que abordará un desarrollo normativo para aplicar “mayor rigor y transparencia” tanto en los criterios de cálculo como en los mecanismos.

“Euskadi trabaja con seriedad y rigor, y confiamos en que el encuentro resulte fructífero, ya que lo que hemos visto hasta ahora es que el que parte y reparte se queda con la mejor parte”, ha añadido, para apuntar que ambas instituciones han establecido “una hoja de ruta de trabajo” en esta materia. Por último, Martínez ha acusado al PP de “establecer este desajuste” en 2012, cuando modificó el carácter presupuestario del fondo a través de la Ley de Presupuestos del Estado, informa Europa Press.

Por su parte, la portavoz del PP, Laura Garrido, ha cuestionado que el Gobierno Vasco “abonó la cantidad sin rechistar” entre los años 2012 y 2022, a pesar de que denuncia que es “una cantidad desproporcionada en relación a los gastos que realmente tenían que abonarse”, así como “cuando se procedió a la liquidación en 2024”. El PP ha afeado que, según dijo el Ministerio, es “Euskadi quien liquida mal y, por eso, existe esa anomalía de cálculo entre los pacientes desplazados a otras comunidades autónomas y los que vienen a Euskadi”, para recriminar que el sistema de información que tiene el Gobierno Vasco “no es muy eficaz”. “Los únicos que se han quejado son ustedes, pero, eso sí, se han quejado después de haber abonado la liquidación del 2012 al 2020 por un importe de 169 millones de euros. Ustedes pagaron religiosamente en ese Consejo Interterritorial del año 2024, por lo que no preguntamos cómo se pagó esa cantidad si era desproporcionada”, ha censurado.

El PP -que lleva varias semanas pidiendo dimisiones de cargos del Gobierno vasco como Bingen Zupiria o Edurne Egaña, que ya ha cesado como directora de la sociedad portuaria EKP- ha proporcionado este jueves en el Parlamento Vasco un balón de oxígeno político al PNV al retirar a última hora su iniciativa sobre el centro de refugiados que el Estado construye en el barrio vitoriano de Arana. El debate migratorio separa cada vez más a los nacionalistas de su socio de coalición, el PSE-EE, hasta el punto de que los socialistas habían pactado una resolución alternativa con EH Bildu y Sumar, dos fuerzas de la oposición, explorando una mayoría de izquierdas latente en la Cámara pero que no se había activado nunca en esta legislatura.

La portavoz del PP, Laura Garrido, ha sido clara. Conocido por los medios de comunicación el acuerdo entre PSE-EE y las izquierdas para sacar adelante una resolución que no pedía la paralización del centro para refugiados de VItoria y sí alertaba de los mensajes racistas y xenófobos que están proliferando en torno al proyecto, ha manifestado que no deseaban que saliera aprobado ese texto cuando, según sostiene, el “sentir mayoritario” en la ciudad es de rechazo al “macrocentro”. Los 'populares' han realizado una recogida de firmas e incluso han asociado la llegada de refugiados con una supuesta mayor delincuencia.

“No queremos que salga un texto totalmente contrario”, ha dicho Garrido a los periodistas. En todo caso, ha buscado tranquilizar a los detractores del plan al asegurar que “más pronto que tarde” el PP gobernará en España y paralizará las obras. El proyecto se presentó a comienzos de 2023, la reforma de lo que fue una antigua clínica y residencia propiedad de la Seguridad Social avanza ya y se prevé su apertura para 2026. Pedro Sánchez ha manifestado su deseo de agotar la legislatura por lo que las generales serían en 2027, con las instalaciones ya inauguradas. La alcaldesa socialista de Vitoria, Maider Etxebarria, ha indicado, en todo caso, que se ha propuesto una reducción de las 350 plazas inicialmente planteadas a 200.

La portavoz del PP, que ha bromeado con que un dirigente del PNV le dijo “mañana vamos a estar juntos” a la luz de los movimientos políticos que ha suscitado el asunto, ha criticado en todo caso a los nacionalistas. Según Garrido, si el partido de Aitor Esteban es tan “influyente” como dice en el Estado podría haber arañado a Sánchez la “paralización” del proyecto en el acuerdo de investidura de 2023, realizado cuando el plan ya era conocido. “El PNV ni ha estado ni se le espera ni se le esperará” en este tema, ha zanjado.

Minutos después, el portavoz del PNV Joseba Díez Antxustegi ha enmendado al PP y ha negado que fueran a pactar con ellos. Ha asegurado que su intención era presentar un texto propio, aunque también en el sentido de demandar la “paralización” del “macrocentro”. Los nacionalistas defienden un “modelo vasco” de acogida de refugiados y ni siquiera han accedido a aceptar la rebaja sustancial de plazas planteada por los socialistas.

Según el análisis del PNV, el asunto no cambia el escenario de la legislatura, con dos socios unidos por un programa compartido pero que piensan y “pueden votar diferente” en “determinadas materias”. Se da la circunstancia de que hace unas semanas el PNV ya se apoyó en EH Bildu para iniciar la tramitación de una reforma legal para blindar el euskera en convocatorias públicas, algo que rechaza el PSE-EE. Díez Antxustegi entiende que EH Bildu, como principal fuerza de la oposición, está jugando a “meter cuña” en el bipartito. “Tacticismo electoral”, interpreta. El lehendakari, Imanol Pradales, ya lanzó esta teoría hace unos días.

En la sesión, en todo caso, sí se debatirá sobre Arana. Y es que, además del PP, Vox había registrado una iniciativa también en contra del centro de refugiados. El PP la apoyará, según Garrido, aunque asume que no es tan completa como la propia. No obstante, la práctica habitual en la Cámara vasca es que el resto de grupos le hagan un cordón sanitario político a la ultraderecha, de modo que ni debatirán ni presentarán enmiendas. El PSE-EE, de hecho, ha retirado una que había planteado inicialmente, según fuentes del grupo parlamentario.

Dos meses después de relevar a prácticamente toda la cúpula del Departamento de Salud, el consejero, Alberto Martínez, ha acudido al Parlamento Vasco para explicar esos cambios. La presidenta de la comisión, Elena Lete, del PNV, ha querido dejar claro que las explicaciones las daba 'motu proprio' el consejero y no por las peticiones de la oposición, que ha mostrado su sorpresa por lo sucedido en la cartera con más presupuesto del Gobierno. Martínez, acompañado por su nuevo equipo, ha insistido en que los tiempos venideros y transformaciones exigen también “nuevos liderazgos”, sin más detalles sobre la gestión anterior. De hecho, en hora y media hora de explicación inicial, no se ha mencionado en ningún momento a los dos principales damnificados, su anterior 'número dos', Enrique Peiró, y la directora general de Osakidetza, Susana López Altuna. Ambos apenas han durado un año en sus cargos.

¿Cuáles son esos cambios? Han sido relevados los dos viceconsejeros anteriores de Salud. Gontzal Tamayo es el nuevo 'número dos', ahora como responsable expresamente de “Transformación Digital”. Sustituye a Enrique Peiró, un profesional de largo recorrido en Osakidetza y con alto grado de reconocimiento desde hace años. Y Aritz Uriarte es el viceconsejero de Administración y Financiación Sanitarias. Le cede su puesto Lore Bilbao, fichada en 2024 de la EHU.

Bilbao, en todo caso, ha pasado a ser la directora general de Osakidetza. Sale Susana López Altuna, jurista de larga trayectoria en el ente. Es una “nueva era” en lo que el propio Martínez ha calificado como la empresa más importante de Euskadi, incluidas las públicas y las privadas. Bilbao aportará un “perfil rigurosamente gerencial” y “rigor en gestión”.

Se ha cambiado también a la anterior 'número dos' de Osakidetza, la responsable de Asistencia Sanitaria. Maite Martínez de Albéniz ha dejado su puesto a Koldo Berganzo y ahora es la gerente de la OSI Donostialdea, la comarca sanitaria de la capital de Gipuzkoa. El consejero ha querido presentarlo como un premio por los retos que afronta esa organización, incluyendo la integración de Onkologikoa, el nuevo servicio de protonterapia y la construcción del hospital público de Tolosa, vinculado al Donostia. “Es un reto de primer orden” ese nuevo puesto para Martínez de Albéniz. El titular de Salud ha mencionado también otros nombramientos en la OSI del Bidasoa o en el hospital de Gorliz.

“Han pasado dos meses con el nuevo equipo. Hemos querido meter una marcha más en decisiones e iniciativas”, ha indicado Martínez. Antes había hecho una larga exposición citando las transformaciones que afronta Euskadi y su Sanidad pública. Ha hablado de la mayor esperanza de vida, que genera “cronicidad y pluripatologías”, de la soledad no deseada y de la salud mental y hasta del “verano tropicalizado y el mosquito tigre autóctono”.

Martínez ha indicado que el pacto de salud alumbrado en junio tras un año de trabajo en una mesa con oposición, sindicatos y otros agentes justificaba cambios. Recibió “señales muy claras” de la necesidad de buscar nuevos perfiles y él se vio “obligado a actuar”. “Para acelerar la transformación hacen falta nuevos perfiles, nuevos liderazgos. La reorganización resultaba necesaria para acometer lo que viene”, ha señalado. En todo caso, ha indicado que la reorganización comportará “menos cargos directivos y más asistenciales”. Ha señalado que ya están trabajando para implementar las “333” acciones contempladas en el pacto de salud, del que a última hora se cayeron los sindicatos y buena parte de la oposición.

Desde la oposición, EH Bildu, por boca de Rebeka Ubera, ha sostenido que Martínez ha hecho un ejercicio de propaganda, sin entrar a las cuestiones concretas. En la misma línea, Laura Garrido, del PP, se ha mostrado sorprendida por la larguísima duración de las explicaciones sin que se hayan dado concreciones. En la réplica, el consejero sí ha agradecido los servicios prestados por Peiró y López Altuna. “Quiero resaltarlo. Además, siguen trabajando en Osakidetza”, ha indicado. Después, ha pasado al ataque y ha recordado que Alfonso Alonso, exlíder del PP vasco, apenas fue ministro un año y que, además, coincidió con la menor incorporación de residentes al Sistema Nacional de Salud (SNS). El tono de la sesión ha subido hasta el punto de que Garrido ha asegurado que Peiró “iba a ser el consejero” y ha sugerido que ahora ha acabado “destituido”. El PSE-EE, socio del PNV, ha ironizado que la oposición parece ahora echar de menos a los mismos altos cargos que criticaba antes y ha cerrado filas con Martínez.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) formalizó en junio un contrato con la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC) valorado en unos 968.000 euros (IVA incluido), según ha informado al Parlamento el consejero de Salud, Alberto Martínez, en respuesta a una solicitud del PP. Se da la circunstancia de que en el tiempo que ha pasado entre la pregunta de la oposición y la respuesta del Gobierno se ha conocido que la compañía ha fichado como consultor externo al expresidente del PNV, Andoni Ortuzar. El socio responsable de la empresa en la zona norte es Asier Atutxa, también procedente del mismo partido.

El PP, a través de su portavoz, Laura Garrido, solicitó al Ejecutivo antes de las vacaciones de verano el expediente completo de esta adjudicación, destinada a la “gestión integral del mantenimiento de activos” informáticos, y la justificación para externalizar un nuevo servicio. Señala el PP, como antes denunciaron también partidos de izquierdas y sindicatos, que Osakidetza viene contratando a más consultoras y recuerda el precedente de Deloitte, a la que se le han subcontratado también tareas informáticas. Garrido estimaba muy importante analizar los documentos para “valorar” si se han producido posibles “duplicidades, sobrecostes o solapamientos”.

El objeto del contrato es la prestación de “servicios que ayuden en la gestión integral adecuada del sistema de información para la gestión de activos de Osakidetza basado en SAP S/4 HANA ASSET MANAGEMENT, así como la correcta adecuación del mismo en el resto de herramientas corporativas de Osakidetza, basada en la previa definición del modelo operativo”. El expediente de contratación muestra que Osakidetza dice estar inmersa en una “transformación digital” integral y que, en ese contexto, “se ha detectado la necesidad de crear una oficina técnica que supervise el sistema implantado controlando el inventario, la operativa y el uso de la herramienta”.

El Servicio Vasco de Salud alega que la subdirección de Infraestructuras de Osakidetza, en lo tocante a “gestión de activos”, solamente tiene dos efectivos. Entre sus funciones “no están” las asociadas a SAP. “Osakidetza dispone de más de 90.000 activos” y “es evidente” que no se dispone de personal propio para asumir esa labor. Además, los funcionarios adolecen de “falta de nivel de especialización tecnológica” y de “experiencia”. Así, la Administración asegura por escrito que prefiere poner en manos de una consultora “decisiones importantes con afección global en todo el Servicio Vasco de Salud”, medidas de “gran impacto económico y laboral”. “Éstas deben ser realizadas por personal altamente cualificado y experimentado”, argumenta.

Osakidetza abrió un concurso y se presentaron tres empresas. Ganó PwC. Una de las condiciones era garantizar una “solvencia técnica” traducido en siete años como poco de experiencia en el caso de la persona “al frente” del contrato y en tres para el técnico. Prestará el servicio hasta el verano de 2027, según la documentación oficial entrega al Parlamento.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha informado en el Parlamento Vasco de que durante tres noches el servicio de Urgencias del centro de Vitoria, el del hospital de Santiago, derivó la llegada de pacientes en ambulancias al otro centro sanitario de la capital, el de Txagorritxu. Martínez recalca que fue una medida “de carácter puntual” para “asegurar una atención urgente más rápida y segura” y que en ningún caso puede considerarse un cierre a pacientes del servicio en Santiago.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) reabrió en abril las Urgencias generales del centro de Vitoria, que en los últimos años habían estado cerradas al público en general y especializadas en casos muy concretos, como la oftalmología. Sin embargo, la portavoz sanitaria del PP, Laura Garrido, había preguntado al consejero en la Cámara por incidencias conocidas en los meses de mayo, junio y julio, es decir, en los tres inmediatamente posteriores a la recuperación de la atención.

Responde Martínez que “en ningún momento se ha limitado el acceso a las Urgencias del hospital [de] Santiago”. “Durante todas las noches de los meses de mayo, junio y julio de 2025 el servicio de Urgencias ha permanecido abierto y operativo, sin restricción alguna para el acceso de pacientes por medios propios. Dentro de ese período, en tres noches concretas, el personal médico del servicio de Urgencias solicitó al servicio de Emergencias que los pacientes trasladados en ambulancia fueran derivados a la sede de Txagorritxu, con el objetivo de asegurar una atención urgente más rápida y segura”, indica el titular de Salud. Desde hace años, los dos centros hospitalarios de Vitoria operan fusionados bajo la marca de Hospital Universitario de Álava (HUA).

Insiste Martínez en que esas derivaciones tuvieron “carácter puntual”. “No afectó al acceso ordinario del resto de pacientes al hospital de Santiago y se enmarca dentro de la coordinación funcional habitual entre dispositivos asistenciales de la OSI Araba”, la comarca sanitaria que coordina hospitales y ambulatorios de Vitoria y de la mayor parte del territorio alavés.

En julio, este periódico publicó un informe de Osakidetza sobre los tiempos de espera en las urgencias de toda la red. De los cinco grandes centros del Servicio Vasco de Salud, el HUA -que aglutina a Txagorritxu y Santiago- es el que sale mejor parado. La estancia media es de 213,75 minutos, un ligero empeoramiento con respecto a los 208,25 minutos del período anterior. Pero es el único por debajo de las cuatro horas de entre los principales. Se pueden consultar aquí todos los datos.

En los ambulatorios de Osakidetza, el personal de enfermería resuelve ya el 74,1% de los casos leves de la población adulta y el 57,7% de los niños en edad pediátrica. En 2024, atendieron a 441.334 pacientes, más de seis veces más que los 70.574 de 2019, cuando se puso en marcha un nuevo modelo de atención primaria en el Servicio Vasco de Salud. Estos datos figuran en un informe enviado al Parlamento Vasco por el consejero Alberto Martínez tras una solicitud realizada por la portavoz del PP, Laura Garrido.

Osakidetza explica que la pandemia condicionó la implantación de este modelo, aunque lo da por “estabilizado” ya desde 2023. Los porcentajes de casos resueltos sin personal médico se corresponden con una “aplicación segura de los protocolos” y existen “criterios de derivación” en caso de necesidad, argumenta el Servicio Vasco de Salud. “La enfermería atiende síntomas de catarro, dolor de garganta, fiebre, diarrea, náuseas y vómitos, tapón de cerumen y síntomas urinarios de la mujer”, explica el informe.

El sindicato Satse, mayoritario en Osakidetza, añade que este personal lidera también curas, otras atenciones o programas de salud pública como los de deshabituación del tabaco. Amaia Mayor señala que prácticamente no hay casos que no sean actos administrativos (bajas) o pacientes con enfermedades crónicas que sean atendidos de saque por personal médico. Por ello, aprovecha para poner en valor la figura de este colectivo. “No podemos mentir y decir que desde 2019 no hay más recursos. Pero evidentemente no se han multiplicado por seis”, señala Mayor, la responsable de Satse en Euskadi.

Esta organización insiste en demandar que, como los médicos, los enfermeros tengan un “cupo” con un tope de pacientes y que varíe en función de su tipología. “No es lo mismo ser enfermera de pediatría en Miribilla, un barrio joven de Bilbao, que en Bilbao La Vieja. Y al revés con las de adultos. El colectivo médico lo tiene y se mide mejor la carga de trabajo”, señala Mayor.

Este mismo informe hace también un repaso a las demoras en atención primaria. En febrero de 2025 la media general era de 1,4 días. En este dato se incluyen todos los territorios -con una variabilidad importante- y todas las tipologías de citas, las pediátricas, las de cabecera, las de enfermería y las administrativas. El dato es idéntico al de febrero de 2023, por ejemplo. Y mejor que el de junio de 2024, cuando llegaba a 1,7. En noviembre de 2022 estaba en 1,9.

Las zonas que están por encima de la media son Vitoria, Bilbao, Barakaldo y Sestao, la comarca sanitaria en torno al hospital de Usansolo -que abarca desde el norte de Álava hasta el interior de Bizkaia-, el Bidasoa (Irún y Hondarribia), el Alto Deba (Arrasate-Mondragón y su zona de influencia) y Donostia. La zona de Debabarrena (Eibar, Ermua, Elgoibar o Mutriku) es la más rápida, según estos datos. Es la única con un promedio por debajo de las 24 horas.

Dentro de cada zona, los datos encierran diferencias importantes. En Vitoria, por ejemplo, la media es de 1,6 días de demora en atención primaria, pero son 2,7 para un médico de familia, 1,3 para pediatría, 0,7 para enfermería y 0,3 para administración. En el caso de Bilbao, la media es de 1,5, con 2,4 para un médico de cabecera, 0,9 para enfermería, 0,8 para pediatría y 0,1 para administración. Y en la tercera de las capitales, en Donostia, la media es también de 1,5 pero los facultativos tardan 2,7 días, por 0,9 de pediatras, 0,7 de enfermeros y 0,3 de administrativos.

Al hilo del desplante de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, al lehendakari, Imanol Pradales, después de intervenir en euskera (y en catalán) en la conferencia de presidentes, la portavoz del PP en el Parlamento Vasco, la bilingüe Laura Garrido, ha evitado criticar a su compañera de partido -“no la conozco”, ha dicho aunque hayan compartido actos en campañas, como se ve en la imagen- y ha afirmado que las lenguas no pueden servir para “confrontar”.

En unas declaraciones ante los medios de comunicación que ha iniciado deliberadamente en lengua vasca, Garrido ha insistido en que la “lengua común” en la conferencia de presidentes era el castellano y ha asegurado que Pradales suele usarlo de forma mayoritaria en muchos actos cuando sabe que su audiencia no domina el euskera. “Aquí tiene que imperar el sentido común”, ha señalado. La portavoz 'popular' ha esquivado todas las preguntas sobre lo que le ha parecido el gesto de Ayuso o incluso el de los presidentes del PP que sí han seguido a Pradales con traducción.

La comparecencia se ha producido minutos después de una pregunta en la sesión de control al Gobierno de la Cámara de la propia Garrido al consejero de Salud del PNV, Alberto Martínez, que no sabe euskera. Preguntada expresamente por el motivo de que ella se dirija a él en ocasiones en euskera, ha dicho que ella está en su “derecho” de poder usar la lengua vasca con Martínez en sus debates aunque posean una lengua compartida, el castellano. Ha señalado que ella no le interpela directamente a él sino que habla “para la Cámara y para los ciudadanos”. Ha contado que “elige” en ocasiones hablar en castellano, en euskera o en ambos idiomas.

Ha justificado la aparente contradicción indicando que cuando está “fuera de Euskadi” hace todo lo más “un saludo” en lengua vasca pero nunca una intervención mayoritaria en ese idioma. “Porque entiendo que el público al que me dirijo no entiende el euskera”, ha manifestado. En todo caso, ha aprovechado para cargar contra el consejero Martínez por formar parte de un Gobierno que quiere “exigir” más euskera en la Administración pública.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha enviado 109 pacientes entre 2019 y 2024 a otros centros de referencia en España por traumatismos “muy graves”, según la tabla de datos enviada al Parlamento Vasco por el consejero, Alberto Martínez, como respuesta a una pregunta de la representante del PP Laura Garrido. En detalle, son 73 derivaciones al denominado Hospital Nacional de Parapléjícos de Toledo y 36 al Institut Guttmann de Barcelona.

Explica Osakidetza que dentro del Sistema Nacional de Salud de España estos dos centros son la referencia para casos “complejos” de lesiones medulares, tanto en adultos como en menores. La información no desglosa cuántos de los 109 pacientes no alcanzaban los 18 años, como tampoco la concreción o causas de las lesiones.

Las cifras muestran que ha habido 26 casos en 2019, 14 en 2020, 15 en 2021, 20 en 2022, 23 en 2023 y 11 en 2024, el ejercicio con menos casos y el único de la serie en que no ha habido, por ejemplo, traslados a Barcelona. De hecho, el pasado ejercicio incluso hubo menos derivaciones que en los años críticos de la pandemia, que condicionó el resto de la actividad asistencial. El centro de Toledo ha acogido a entre 6 y 20 pacientes vascos cada año en este período mientras que el máximo del Institut Guttmann alcanza los 9 de 2021.

Osakidetza informa también de los hospitales vascos de origen de esos casos. El grueso procede de Gipuzkoa, más de la mitad. Son 56 en total. En cuanto al resto de territorios, son 27 de Bizkaia y 26 de Álava. Tampoco se indica el motivo de esta desproporción teniendo en cuenta la distrubución poblacional en Euskadi.

El PP ha interpelado este viernes al Gobierno vasco por la posibilidad de cerrar dos canales de la televisión pública, ETB3 y ETB4, que “nadie ve” y que suponen un “despilfarro” para las arcas públicas. Ha ofrecido datos que sitúan a ETB como la televisión autonómica más cara de toda España, con el segundo presupuesto más alto por detrás de TV3 pero con el gasto por habitante más elevado. “¿Por qué este despilfarro en dos canales de televisión que nadie ve? Porque ETB ha sido siempre un instrumento político para colocar a los afines, a los amigos”, ha sentenciado la parlamentaria Ana Morales. La consejera de Cultura y Política Lingüstíca y también vicelehendakari, Ibone Bengoetxea, le ha acusado de rebajar el nivel del debate y de destilar “desprecio” por el medio de comunicación público y “odio y rechazo” por el euskera. Ha llamado, además, a alejarse de un modelo centrado en los datos y a, por el contrario, “reforzar el papel de servicio público” de EiTB, un modelo con “valor social” en el que la radiotelevisión pública se convierta en “un proveedor de valores y emociones”.

La interpelación de Morales a Bengoetxea en la sesión de control al Gobierno de este viernes era directa: “¿Es propósito del Gobierno [vasco] proceder al cierre de los canales ETB3 y ETB4 ante sus bajos índices de audiencia?”. Se ha quejado de que, a pesar de contar EiTB con un “gasto ingente” (que ha cifrado en 225 millones de euros de dinero público al año), se pusieron en marcha en 2008 y 2011 dos nuevos canales, ETB3 y ETB4, respectivamente. Ha cifrado los costes desde su creación en 100 millones de euros. Jugando con el nombre del primero de esos canales, ha subrayado que ETB3, un canal que ofrece contenidos en euskera dirigidos a un público juvenil e infantil, es “la constatación de un triple fracaso”: por los datos de audiencia y el coste, por el euskera (al tener apenas un 0,1% de cuota de pantalla) y por su implementación en Navarra con bajos niveles de audiencia. “Los chavales salen escolarizados en euskera, pero luego no quieren ver la televisión en euskera. Es lo que tiene forzar la matriculación en euskera y forzar la imposición de un idioma”, ha sostenido.

Morales, que ha hablado de un “entramado” de productoras afines para repartirse la “ingente” producción externalizada y también de un sistema de “puertas giratorias”, ha cargado con dureza contra Bengoetxea, a la que ha acusado de dar el salto desde el Ayuntamiento de Bilbao a EiTB. “Muchos de ustedes tienen que estar mareadísimos de tanta puerta giratoria”, le ha espetado. “EiTB ha sido siempre un instrumento político al servicio de la ideología del PNV, un instrumento para colocar a los afines, a los amigos e incluso a los familiares de los cargos públicos del PNV”, ha aseverado. Ha sostenido, además, que el PNV “jamás ha nombrado al frente de la televisión pública vasca a un profesional independiente con una trayectoria de reconocido prestigio en distintos medios de comunicación”. “El director viene siempre con el carné del PNV en la boca”, ha abundado.

Morales también se ha quejado de la falta de transparencia del Gobierno vasco, al que ha acusado de sepultar el dato del coste de un programa sobre los cien años de historia del PNV entre la información de la programación deportiva. “No tiene un pase”, ha dicho Morales, que ha hablado de “afán de ocultismo” y de datos que son un “fiasco”. “Es insostenible mantener este modelo de gestión. Los vascos ya no toleran el despilfarro, las puertas giratorias, colocar a familiares y amigos. Todo no vale de promocionar el euskera. Llevan ustedes 40 años despilfarrando en promocionar e imponer el euskera y resulta que los chavales no quieren saber nada de la televisión en euskera”, ha apuntado. “No podemos seguir gastando de forma ingente los recursos públicos que salen del bolsillo de los vascos”, ha zanjado, aprovechando para exigir que se emitan programas “de calidad y de éxito”.

“Un modelo de valor social”

Ya en su primera respuesta, la vicelehendakari y consejera Bengoetxea ha acusado a Morales de rebajar el nivel del debate. “Pensé que el debate iba a ser más serio, pero se les ve el plumero. Destilan odio y rechazo a nuestra lengua. Ha manifestado un enorme desprecio por el medio de comunicación del país”, ha lamentado. “Qué peligro tiene, señora Morales”, le ha llegado a espetar en la segunda de sus intervenciones, echándole en cara que haya llegado al Parlamento ya con la idea de “no parar hasta cerrarlo”. Ha incidido, además, en que la decisión de cerrar un canal no correspondería en ningún caso al Gobierno y ha apelado a mantener la independencia de la radiotelevisión pública. “EiTB se debe a la sociedad vasca y tiene obligación de reforzar el papel de servicio público”, ha defendido luego Bengoetxea, que ha llamado a “alejarse de un modelo orientado a medir audiencias” y apostar, en cambio, por convertir a la radiotelevisión pública en “un proveedor de valores y emociones”.

Bengoetxea ha subrayado en más de una ocasión que el contexto es similar en toda Europa y en todo el mundo, con un sector, el de la televisión en abierto, que se encuentra “paralizado” por el auge de las plataformas. Según los datos que ha aportado, siete de cada diez vascos de entre 18 y 44 años tienen uno o dos canales de pago. “La cuestión no es si hay que cerrar ETB3 y ETB4, sino qué decisiones estratégicas adopta EiTB para ofrecer un mejor servicio público con estos canales”, ha defendido.

Ha explicado también Bengoetxea que la función de ETB3 ha cambiado desde la puerta en marcha de la plataforma Makusi, que tiene como objetivo acercarse en euskera a una audiencia infantil y juvenil. Según los datos ofrecidos al Parlamento Vasco hace poco más de un mes, desde el lanzamiento, en nueve meses, había conseguido alcanzar los 36.000 perfiles y las 445.000 horas de reproducción, así como auspiciar seis producciones propias. Bengoetxea ha apuntado este viernes que “en breve” alcanzará ya el millón de horas vistas. “Las niñas y los niños vascos sí consumen contenidos adecuados a su edad en euskera, por más que le pese”, ha sostenido.

Bengoetxea ha aprovechado para ofrecer más datos sobre la audiencia tanto de ETB3 como de ETB4. Ha señalado que el presupuesto en 2024 del primer canal fue de 0 euros, mientras que el del segundo fue de 75.000. Otros años es mayor la cantidad, porque todo, ha razonado, “tiene que ver con cómo opera el negocio” y “cómo funcionan las reglas de consumo con los diferentes canales”. En cuanto a las audiencias de 2024, ETB3 tuvo, según sus datos, un 0,1, mientras que ETB4 alcanzó un 0,9. “Es un punto más a la audiencia acumulada del grupo. Y un punto más, en el negocio audiovisual, y lo digo sin sonrojarme, es muy importante”, ha defendido. Fueron, según esos mismos datos, 28.000 espectadores únicos diarios para ETB3 y 113.000 para ETB4.

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha sugerido en X que sería oportuno expulsar de España a algunos de los niños y adolescentes llegados a Canarias y que ahora serán derivados a la península. “Lo que echo en falta en este reparto de inmigrantes es que ninguno vaya para Marruecos. Para muchos de ellos sería el lugar más conveniente, porque allí está su familia”, ha escrito acompañando el comentario de un mapa con las cifras de la distrubución por comunidades autónomas.

De Andrés, en la misma red social, ha difundido también otro mensaje de la dirigente Cuca Gammara en la que se apunta que “las comunidades autónomas están sobresaturadas por la falta de política migratoria de [Pedro] Sánchez” y que “es necesario que el Gobierno asuma su responsabilidad, ofrezca recursos y se haga cargo de los menores inmigrantes no acompañados”.

El PP vasco ha participado este miércoles en una de las reuniones de la delegación del Gobierno canario -conformado por CC y por el propio PP- en Vitoria para analizar esta situación. Su portavoz, Laura Garrido, ha ofrecido en el Parlamento Vasco una rueda de prensa justo después de que terminara la comparecencia conjunta de la consejera vasca Nerea Melgosa y de su homólogo canario Juan Alfonso Cabello. Aunque ha recordado que el PP cogobierna con CC en Canarias, ha insistido en que “para nada” se ha presentado un “reparto equitativo” ya que “por casualidad” -ha ironizado- son las regiones gobernadas por su formación las “perjudicadas”, dando por hecho que acoger a niños y adolescentes es un problema. Asimismo, ha subrayado que “todo el mundo conoce” que en Euskadi “hay un efecto-llamada” para los migrantes porque dispone “de un sistema de ayudas mucho mejor que el de otras comunidades autónomas”.

Euskadi busca participantes en ensayos clínicos de farmacéuticas, esto es, personas que puedan probar medicamentos experimentales contra el cáncer u otras patologías. En principio, el 2,4% de los pacientes en las pruebas que se hacen en España deberían ser alaveses, guipuzcoanos o vizcaínos, pero se quedan en el 1,9%, según datos oficiales enviados al Parlamento Vasco por Bioef, la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.

En 2023, el último año con datos definitivos, Euskadi colaboró en 867 estudios clínicos, de los que 267 eran “ensayos clínicos con medicamento promovidos por la industria farmacéutica” iniciados o ese año o en los anteriores. La mayoría son de alcance internacional. Participaron en ellos del orden de 1.100 personas. En detalle, 95 de ellos (el 36%) fueron oncológicos y 57 (21%) neurológicos. Los otros eran fármacos de especialidades como reumatología, respiratorio, dermatología, oftalmología, psiquiatría o ginecologia.

Más en detalle, el informe de Bioef, solicitado por el PP en la Cámara, asegura que en 2024, a la luz de los datos “provisionales”, subieron a 292 los ensayos “activos”. Se iniciaron 92 nuevos, más que los 83 que arrancaron en 2023 y los 78 de 2022. “A lo largo de los años, se mantiene el mismo patrón de las áreas. Es decir, que el mayor porcentaje de ensayos clínicos es en oncología y neurología, seguidas del resto de las áreas. También se mantienen los mismos porcentajes de pacientes incluidos”, explica este organismo, que depende del Departamento de Salud.

El Gobierno vasco “es consciente” de la “situación” en relación a los ensayos clínicos. “En junio de 2022 se celebró una sesión de análisis organizada por la Dirección de Investigación e Innovación del Departamento de Salud y Bioef, en la que participaron todos los agentes involucrados”, explica el Ejecutivo. Se añade que aquello “ayudó a identificar aquellos aspectos donde era necesario actuar para la mejora de la gestión y de la ejecución de los ensayos clínicos”.

¿Qué ha ocurrido desde entonces? “Algunos aspectos han mejorado”, promete Bioef. Cita “sobre todo” los “relacionados con tareas de apoyo a la ejecución de los ensayos clínicos por parte de los institutos de investigación sanitaria”, que son Bioaraba, Biobizkaia y Biogipuzkoa. En febrero de 2024 se realizó otra jornada formativa con asociaciones de pacientes y se incluyó una mención a la participación necesaria en ensayos.

Ahora se promete, para 2025, una nueva “estrategia”, un “plan de acción que mejore la situación de los ensayos clínicos”. Se alude a “mejoras” en la gestión con los promotores, “formación” para el personal investigador y dotarles de más tiempo, “involucración” de pacientes y dar a conocer todos los ensayos disponibles. Asimismo, se menciona expresamente la importancia de “atracción de ensayos clínicos de medicamentos innovadores de interés, sobre todo de fases tempranas”.