La Fiscalía abre una investigación penal para analizar si las vacunas caducadas de Osakidetza supusieron un “riesgo”

La Fiscalía ha incoado diligencias de investigación para analizar posibles responsabilidades penales en el caso de la inoculación de vacunas caducadas por parte de Osakidetza en los meses de diciembre y enero, principalmente a bebés de muy corta edad. La asociación Defensor del Pacientes trasladó la petición este miércoles a la fiscal superior vasca, Carmen Adán, ante la gravedad de lo sucedido. El consejero de Salud, Alberto Martínez, ya ha convocado una nueva comparecencia ante los medios de comunicación, la tercera en dos días.

Fuentes judiciales recuerdan que hay un tipo penal específico que sanciona el suministro de medicamentos caducados (artículo 361 del Código Penal, de seis meses a tres años de cárcel) y que las diligencias penales buscarán determinar si, en este caso, ha habido “riesgo para la vida” de las personas que han recibido este producto concreto.

¿Cuáles son los hechos? El Servicio Vasco de Salud, al menos desde el 15 de enero y por el aviso de una enfermera de Errenteria, tenía constancia de que el lote X019675 de la vacuna Vaxelis, un antídoto hexavalente contra difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y haemophilus influenzae tipo B, tenía finales de octubre como fecha de caducidad. Finalmente, se ha estimado que la caducidad real era noviembre. En total, 261 personas han recibido esas dosis, 103 de ellas en diciembre y enero, ya plenamente caducada. El caso solamente se hizo público después de que lo denunciara EH Bildu en la oposición, este martes, doce días después.

El Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi, reunido de urgencia, recomendó este miércoles -y así lo ha asumido Osakidetza- que las dosis inoculadas en noviembre se dan por buenas pero que 18 bebés de dos meses (primera dosis), 29 bebés de cuatro meses (segunda dosis), 51 bebés de once o doce meses (dosis de recuerdo) y cinco adultos (entre 42 y 69 años) tendrán que volver a pasar por un centro de salud. La mayor afección se da en las OSI o comarcas sanitarias de Donostialdea o Uribe, que aglutina a Getxo. Las vacunas del lote se ofrecieron en doce de las trece comarcas de Osakidetza, todas salvo la pequeña de la Rioja Alavesa, y un centro privado.

Defensor del Paciente mandó una carta a la fiscal Adán nada más conocer el caso y le urgió a iniciar una investigación. “No es excusa que que las dosis no suponen un riesgo para la salud de los afectados, y que aquí no pasa nada porque con recibir un nuevo pinchazo para garantizar que han sido debidamente inmunizados ya está”, sostiene Carmen Flores, la denunciante. Y agrega: “La falta de atención de no comprobar la caducidad ya es motivo para responsabilizar a aquellos que deben vigilarla”.