Vitoria empieza a pensar ya en enterrar la última 'herencia' del alcalde entre 1999 y 2007, el 'popular' Alfonso Alonso, que luego fue ministro de Sanidad con Mariano Rajoy, portavoz en el Congreso o líder del PP vasco y que ahora está ya alejado de la política. El 16 de febrero de 2027 expirará un contrato blindado de veinte años de un espacio de unos 900 metros cuadrados en pleno centro de la capital, en la calle de San Antonio, donde están ubicados tres servicios municipales, las Urgencias Sociales, una oficina de atención ciudadana y la Defensoría vecinal (la Síndica). El actual Gobierno local, una coalición de PSE-EE y PNV, ha confirmado ya que no renovará el arrendamiento, que actualmente es próximo a los 25.000 euros mensuales y que ha supuesto pagar a la sociedad propietaria mucho más del doble lo que en su día le costó el inmueble, además de obras de acondicionamiento y exención de impuestos.

Hace dos décadas, con Alonso al frente de la ciudad y Javier Maroto como escudero y responsable de Hacienda, el Ayuntamiento firmó el alquiler con una sociedad llamada Sbayre. Detrás de ella está el conocido empresario gastrónomo Gonzalo Antón, que unos pocos años atrás, en 2004, había vendido su participación mayoritaria en el Deportivo Alavés a Dmitry Piterman después de unos años dorados que incluyeron el subcampeonato de Europa en Dortmund en 2001 con él como presidente. En 2006, Sbayre pagó 2,72 millones a la constructora Sarkis por el inmueble y por unas plazas de aparcamiento y un trastero. Era el antiguo convento de las hermanas Reparadoras.

El acuerdo con el Ayuntamiento se inició a comienzos de 2007, en puertas de unas municipales que el PP perdió en favor del PSE-EE de Patxi Lazcoz, también alejado ya de la política. Las consecuencias que aquel Gobierno local dejó han sido descritas como leoninas. El arrendamiento estaba blindado para dos décadas, con una renta mensual de unos 12.000 euros que iba revalorizándose con subidas superiores al IPC. Pero, además del cumquibus, había otras cláusulas que cargaban las reformas o los impuestos a las arcas públicas. Los técnicos habían avisado de algunas condiciones no precisamente favorables, sin que fueran atendidas.

En la legislatura de 2011 a 2015, el delfín de Alonso, Maroto, se convirtió en alcalde. Pero no tenía mayoría en el pleno y PNV, PSE-EE y la nueva coalición Bildu forzaron una comisión de investigación que concluyó que la operación fue muy gravosa para la ciudad. Eso sí, el asunto no prosperó en ningún ámbito judicial. La vía penal la archivó la Fiscalía. Y la vía contable tuvo una primera sentencia en el Tribunal de Cuentas del Reino que estimó en 400.000 euros el perjuicio ocasionado por el contrato de San Antonio pero fue rectificada en segunda instancia en el propio organismo, con una sala presidida por una exministra del PP, Margarita Mariscal de Gante, y con un voto particular.

Para entonces, Maroto ya había sido desalojado como alcalde (ahora es vicepresidente del Senado por Segovia y dirige algunas sesiones) y ocupaba el puesto Gorka Urtaran, del PNV, muy crítico con este acuerdo con Antón y que incluso sopesó elevarlo al Tribunal Supremo, aunque los servicios jurídicos, en 2017, vieron que no había agua en la piscina. “Queda claro que el PP de Vitoria, de Alonso y Maroto, desgraciadamente, no es nada diferente a la peor versión del PP de Valencia o Madrid”, llegó a manifestar Urtaran, ahora en la Diputación.

El asunto de San Antonio ha vuelto a la primera línea en Vitoria esta semana. EH Bildu ha preguntado al equipo actual de Maider Etxebarria, del PSE-EE, por el futuro de este acuerdo. El edil de Hacienda, Jon Armentia, ha sido claro al afirmar que “se abandonará San Antonio” en cuanto se pueda y que los servicios afectados se reubicarán en otros locales propios, aún no determinados, y con la garantía de no perjudicar a la ciudadanía. “Hubo un Gobierno que tomó una mala decisión, profundamente equivocada y claramente perjudicial para los intereses de la ciudad. Firmó un contrato gravoso para las arcas municipales. Ahora hay un Gobierno totalmente distinto, que actúa con responsabilidad. Vitoria no va a seguir pagando 25.000 euros al mes por unos locales”, ha defendido el socialista Armentia, este miércoles, en una comisión municipal. Se va a poner fin a una “tropelía”, ha añadido también.

Desde EH Bildu, Rocío Vitero ha asegurado que el Ayuntamiento no es plenamente transparente con este asunto. Ha explicado que han tenido que localizar una por una las facturas que se han ido pagando para poder concluir que se habrán abonado al final del período “más de 6 millones de euros” por lo que costó en su día menos de la mitad, 2,7. “Había cláusulas completamente abusivas. El desembolso será no inferior al doble de la compra del local. [...] Podríamos haber comprado un edificio directamente”, ha señalado la portavoz abertzale, que ha lamentado que el actual Ejecutivo no precisa dónde ubicará los servicios que ahora se prestan en San Antonio.

El Arucas CF abrió la sexta jornada de la categoría Preferente de Las Palmas con triunfo a domicilio ante el Real Club Victoria (0-2), que le permite alcanzar con 13 puntos en el liderato a la UD Guía, al que le correspondía descansar este fin de semana.

El tercer clasificado es el San Antonio, con 12 puntos, tras sumar un empate en su visita al Balos.

Este sábado, el Becerril se impuso a El Cotillo, mientras que el Unión Sur Yaiza resolvió el derbi de Lanzarote ante el colista Tahíche con un gol en el tiempo de prolongación.

Los resultados de la sexta jornada han sido los siguientes:

RC Victoria 0 - Arucas 2

Estrella 2 - Teror 2

Maspalomas 1 - Tablero 0

Doramas 0 - Arguineguín 0

Pedro Hidalgo 1 - Costa Ayala 4

Balos 1 - San Antonio 1

Ingenio 3 - S. Pedro Mártir 0

Becerril 2 - El Cotillo 0

Tahíche 1 - Unión Sur Yaiza 2

La Unión Deportiva Guía cedió sus primeros puntos de la temporada tras empatar en casa ante el Real Club Victoria (2-2), pero sigue como líder invicto de la categoría Preferente de Las Palmas, con 13 puntos, tras completarse la quinta jornada liguera.

El segundo puesto lo comparten San Pedro Mártir y San Antonio, también invictos con 11 puntos, después de imponerse como locales a Tahíche e Ingenio, último y penúltimo de la tabla, respectivamente.

La única victoria visitante del fin de semana la protagonizó el Unión Pedro Hidalgo con un abultado 0-7 en Arguineguín.

Resultados:

Teror 1 - Becerril 1

Costa Ayala 3 - Balos 0

Guía 2 - RC Victoria 2

Arucas 3 - Doramas 0

Arguineguín 0 - Pedro Hidalgo 7

San Pedro Mártir 3 - Tahíche 0

Unión Sur Yaiza 1 - Estrella 1

El Cotillo 4 - Maspalomas 0

San Antonio 2 - Ingenio 0

La Unión Deportiva Guía se mantiene como líder en solitario de la categoría Preferente de Las Palmas al ser el único que ha obtenido el pleno de puntos -doce- en las cuatro jornadas disputadas.

El conjunto grancanario se impuso este fin de semana a domicilio al Doramas (1-2), en una de las cuatro victorias visitantes registradas en la jornada.

Los resultados de la cuarta fecha del campeonato, en la que le tocó descansar al equipo majorero de El Cotillo, han sido los siguientes:

RESULTADOS:

RC Victoria 1 - Tablero 1

Balos 3 - Arguineguín 1

Pedro Hidalgo 1 - Arucas 2

Doramas 1 - Guía 2

Maspalomas 1 - Teror 2

Ingenio 1 - Costa Ayala 2

Becerril 1 - U. Sur Yaiza 0

Estrella 2 - Tahíche 1

San Antonio 2 - S. Pedro Mártir 2

Los equipos CD San Pedro Mártir, UD Guía y UD San Antonio han hecho pleno de puntos en las dos primeras jornadas disputadas de la categoría Preferente de Las Palmas de fútbol

El San Pedro Mártir lidera la tabla por su mejor diferencia de goles, gracias el 0-6 obtenido este viernes ante el colista Costa Ayala, con destacada actuación de Ruymán, autor de cuatro tantos.

Por su parte, el Guía superó por 0-2 al Balos, y el San Antonio cerró este domingo la segunda jornada con mínimo triunfo ante el Arguineguín (2-1) en el López Socas de la capital grancanaria.

Los resultados de la segunda jornada, en la que le tocó descansar al Unión Sur Yaiza, fueron los siguientes:

Becerril 2 - Estrella 2

Doramas 3 - El Cotillo 0

Pedro Hidalgo 1 - Tablero 1

Balos 0 - Guía 2

Ingenio 1 - Arucas 1

RC Victoria 2 - Teror 0

Costa Ayala 0 - S. Pedro Mártir 6

Maspalomas 3 - Tahíche 2

San Antonio 2 - Arguineguín 1

39 ascensores y cinco rampas mecánicas salvan a los residentes de las laderas de Bilbao de las infinitas escaleras que deben transitar para llegar a sus hogares. Una solución que suena a utopía para los vecinos de los riscos de la capital grancanaria. Más de 200 escalones separan la casa ubicada en el punto más alto del barrio de San Nicolás del centro de Las Palmas de Gran Canaria. Junto a ellos, varios tramos de escaleras mecánicas paralizadas aíslan a una población integrada en gran medida por personas mayores. “La gente del barrio sale cada vez menos de sus casas. Si alguien va al supermercado, pregunta al resto de vecinos qué necesita para aprovechar el viaje”, reconoce el presidente de la Asociación vecinal Cofiris, Israel Medina. En una situación similar se encuentran San Roque, San Antonio, San Juan y San José.

El plan de movilidad vertical desarrollado en Bilbao prueba que existen alternativas. El sociólogo y miembro de la empresa encargada de su instalación, Sergio Barreña, conoce la historia de los cinco barrios grancanarios “olvidados”, pues el año pasado estuvo en la Isla presentando las instalaciones mecánicas del País Vasco en el marco de las jornadas Barrios Pendientes,donde se expusieron propuestas para la ordenación y rehabilitación urbana de los riscos de la ciudad.

Sin embargo, las escaleras de San Antonio y San Nicolás siguen paralizadas, el ascensor que conecta San José con San Juan “está más veces averiado que en funcionamiento” según el vecino Manolo Armas, y en San Roque ni siquiera quieren tenerlas. “¿Para qué, si luego van a estar sin funcionar?”, lamenta Pepa Abrante, presidenta de la asociación vecinal de este barrio. 

Los invisibles de los riscos

Los invisibles de los riscosA pesar de ello, el ejemplo que Barreña trajo desde la Península se ha tenido en cuenta, y el área de Urbanismo de la capital grancanaria se encuentra en fase de estudio y redacción de un Plan General de Movilidad Vertical para la ciudad, tal y como ha reconocido el concejal, Javier Doreste, con el fin de atender las necesidades de los riscos a los que la incomunicación ha vuelto vulnerables. “La principal secuela del difícil acceso a estas zonas es la menor participación social, las personas acaban quedando invisibilizadas y alejadas de las políticas públicas”, señala el sociólogo. La fragmentación social dentro de la propia capital desemboca en estigmas. “No nos rodeamos de esas personas, ni las conocemos, por lo que a veces estos barrios se perciben como zonas hostiles, y no tiene por qué ser real”, indica Barreña.

 “Desde hace tiempo hay escaleras mecánicas y ascensores instalados en la ciudad. Sé que algunos funcionan, pero el resto no. La gran dificultad siempre es el mantenimiento”, señala Doreste. Por ello, la concejalía ya ha puesto en marcha una prueba en la zona de la Cícer, en Las Canteras, instalando una escalera mecánica con un plan de mantenimiento basado en cámaras. “Si hay alguna incidencia, el técnico recibe una notificación en su móvil e incluso, si es leve, puede solventarla a distancia. Ese es el modelo a copiar”, asevera el concejal. 

A casa, en taxi o a pie

A casa, en taxi o a pie “En San Roque hay un chico parapléjico con dificultades para trasladarse y dos personas con las piernas amputadas que solo salen cuando viene a buscarles la ambulancia”, lamenta la presidenta de la asociación vecinal del barrio. Ante esto, Sergio Barreña apela a la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Este último concepto se define en la normativa como la condición que deben cumplir los entornos para ser practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma “más autónoma y natural posible”.

Barreña también destaca que, para evitar el abandono de los barrios con estas características, no solo hay que favorecer el desplazamiento vertical, sino también el horizontal. “Es interesante que no sean solo puntos de paso, sino que se fortalezca la vida interna de los barrios a través de comercios, por ejemplo, y que se obtenga un beneficio económico y social”, propone.

Además, el sociólogo plantea que “hay que garantizar la accesibilidad mediante distintos medios, no solo privados. Por ejemplo, a través del transporte público”. Sin embargo, en los barrios olvidados de la capital grancanaria ir a pie, en vehículo privado o en taxi son las únicas opciones. Por ello, los residentes “tienden al sedentarismo”, añade Medina, el vecino de San Nicolás. “En vez de ir para adelante, vamos para atrás”, sentencia Israel Medina, quien afirma que el barrio está conectado con el resto de la ciudad solo por la línea 80. Para llegar a ella, los residentes deben andar un kilómetro y medio. “Además, hay algunas paradas que están inhabilitadas por la construcción del mirador Punta del Diamante”, afirma. La interrupción de esta obra, tal y como explica Doreste, se debe al hallazgo de restos de fortificaciones de los siglos XVI y XVII.

Por otra parte, llegar a San Juan en guagua solo es posible hasta las 21.30 horas, según el vecino Manolo Armas. “Hay personas que salen de trabajar a esa hora y se ven obligadas a asumir el gasto de un taxi porque ya no hay transporte público”, revela el presidente de la Asociación de Festejos.

Pero hasta andar y usar vehículos privados se vuelve un infierno en el caso de San Roque. “La falta de espacio suficiente” hace que los coches estacionen a ambos lados de las estrechas calles, dificultando el paso, señala la presidencia de la asociación vecinal del barrio Pepa Abrante.

El presidente de la asociación vecinal Cofiris coincide y asevera que en Las Palmas de Gran Canaria “hay ciudadanos de primera (que viven en la zona baja de la ciudad) y de segunda”. “El Ayuntamiento no tiene en cuenta a la población de los barrios, siempre se invierte en la zona baja para arreglar las calles, asfaltarlas y tenerlo todo bien. San Nicolás lleva casi 40 años sin asfaltar y está totalmente abandonado”, plantea. “Las dos grandes inversiones que se han hecho en San Nicolás son el mirador de Punta del Diamante y una plaza”, añade Medina. 

El Plan de Reasfaltado 2018-2019 puesto en marcha por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con un presupuesto de 3,2 millones de euros para la repavimentación de 72 calles, entre las que no figura ninguna vía de estos riscos. Los barrios beneficiados por esta partida son Santa Catalina, Guanarteme, Escaleritas, Las Rehoyas, La Milagrosa, Tamaraceite y Lomo Los Frailes.

El conocido como 'caso San Antonio' ha llegado a su final. El actual presidente del PP vasco, Alfonso Alonso firmó un alquiler en su época de alcalde de Vitoria conocido como “el peor contrato de la historia de la ciudad”, que obligaba al Ayuntamiento a pagar al propietario del local 7,6 millones de euros durante cinco legislaturas. En ese momento, Javier Maroto también formaba parte del equipo municipal como concejal de Hacienda. Después de muchas idas y venidas por el Tribunal de Cuentas, que primero condenó a Alonso y Maroto y después les absolvió con una composición diferente entre sus miembros, el Ayuntamiento de Vitoria ha decidido no recurrir la última sentencia.

El pasado mes de diciembre el Tribunal de Cuentas absolvió a los dirigentes del PP Javier Maroto y Alfonso Alonso por el alquiler gravoso de las oficinas. En ese momento, el Ayuntamiento de Vitoria era favorable a recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, pero con el paso de los días los ánimos han cambiado.

El alcalde Gorka Urtaran (PNV) ha justificado la renuncia a seguir pleiteando por “responsabilidad” ya que los servicios jurídicos municipales no han visto posibilidades de que prosperara un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. “Solo se incurriría en gastos importantes para las arcas públicas que irían a la basura. Hay que dar por cerrado este asunto”.

Recursos públicos

A pesar de esta retirada, Urtaran recordó que la última sentencia del Tribunal de Cuentas ha dejado “claras” una serie de cuestiones, como que “no ha habido un uso responsable de los recursos públicos y se produjo un quebranto para la ciudad”. “Esta no es la forma de gestionar los recursos públicos. Y toda la ciudadanía lo sabe”, ha enfatizado.

“La gestión del contrato”, ha añaido, “fue pésima. No se jugó bien y el único que ha ganado ha sido el propietario de los locales”.

El Ayuntamiento de Vitoria va a recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión del Tribunal de Cuentas del Estado que absuelve al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, y al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, de la condena inicial impuesta por este mismo organismo en el 'caso San Antonio'. Este caso se refiere a la firma de un contrato público a un precio considerado muy superior al del mercado durante su etapa al frente del Gobierno municipal de Vitoria.

Maroto y Alonso fueron condenados el pasado mes de mayo por el Tribunal de Cuentas en primera instancia, junto al resto de miembros del Gobierno municipal de Vitoria que en 2007 firmaron un contrato público para el alquiler de unas oficinas con el empresario Gonzalo Antón.

La sentencia que ahora absuelve a Maroto y a Alonso ha contado con el respaldo de la actual consejera del Tribunal de Cuentas (TCU) y antigua ministra del PP Margarita Mariscal de Gante, y de otro de los miembros de la Sala de Justicia de este organismo, integrada por tres consejeros. Sin embargo, el presidente de la Sala, Felipe García Ortiz, emitió un voto particular discrepante, al estimar que sí existió “infracción legal” en el contrato.

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha explicado que, teniendo en cuenta los argumentos que se han manejado hasta ahora por parte de los servicios jurídicos municipales, y recordando que uno de los consejeros del Tribunal “sigue entendiendo que existe un perjuicio económico y que los hasta ahora condenados tenían que abonar una cantidad -- 393.862 euros-- en concepto de sanción por el perjuicio ocasionado a las arcar públicas”, el Ayuntamiento ha decidido interponer un recurso de casación ante el TS.

Tras reconocer que esta vía “tiene sus complejidades”, ha defendido la presentación del recurso recordando el voto particular de uno de los magistrados y que “la ponente de la sentencia, advierte de que no entra en el fondo de la gestión”.

“En la página 22 de sentencia, la propia ponente reconoce que la gestión del contrato de alquiler de los locales de San Antonio es 'claramente mejorable' y no entra a valorar el daño económico”, ha explicado.

“Cautelosos y prudentes”

Por ello, ha insistido en que el gobierno municipal de PNV-PSE va a seguir defendiendo el interés general “hasta el final”, interponiendo un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que será “quien tenga que valorar si lo admite a trámite o no”. “Debemos ser cautelosos y prudentes”, ha reiterado.

Urtaran ha subrayado que va a utilizar “todos los instrumentos disponibles” para “seguir defendiendo el interés general” porque “toda la ciudad de Vitoria tiene muy claro que aquel contrato solo beneficiaba al propietario y perjudicaba y mucho a las arcas públicas”.

En este sentido, ha señalado que quieren ser “muy respetuosos con la sentencia” del Tribunal de Cuentas, pero ha señalado que “llama la atención” que el Tribunal dicte una sentencia “demoledora” en abril contra los interese de la parte imputada -- Alonso y Maroto-- “y meses más tarde los absuelva”.

“Llama la atención que el mismo Tribunal de Cuentas plantee, en función de otras cuestiones, si este caso es un caso claro de alcance y perjuicio económico o si por el contrario, deben ser absueltos porque no hay caso”, ha indicado.

Sin unanimidad

También ha destacado que la ponente “no ha sido capaz de convencer a toda la Sala --integrada por tres consejeros-- para emitir un voto unánime”. “Esto sí que es muy llamativo porque si es tan claro el asunto, evidentemente la respuesta debería haber sido unánime”, ha señalado.

El alcalde de Vitoria ha reiterado que el Gobierno municipal entiende que ha habido un daño económico al Ayuntamiento “como fue interpretado por el instructor del caso en la sentencia en primera instancia” y que, meses después, uno de los tres magistrados sigue manteniendo la tesis del Tribunal de Cuentas, es decir, que ha habido un perjuicio económico por el que hay que pagar.

“Como existe la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el Ayuntamiento va a agotar todas las vías posibles para poder defender el interés general”, ha concluido.

San Antonio es una ciudad de mayoría latina gobernada por una mujer negra y conservadora en el corazón de Texas, el feudo republicano más racista. Todas las combinaciones son posibles en este lugar, que parece un laboratorio de futuro para un país joven con menos de 300 años de historia, llamado Estados Unidos.

La pequeña población hindú que vive en la ciudad celebraba este sábado la festividad del Diwali. Sobre uno de los escenarios, un DJ con turbante y barba larga mezcla temazos indios para sus compatriotas con otras canciones populares para integrar al resto de vecinos de San Antonio. Suena Jennifer López. Suena “cho cho cho fer para el taxi”. Suena La Macarena.

La calle de la séptima ciudad más grande de Estados Unidos mezcla el español con el inglés, los sabores mexicanos con el carácter texano. El 65% de los habitantes de San Antonio son hispanos, la proporción más importante de las grandes ciudades americanas de más de un millón de habitantes. En Estados Unidos ya nacen más niños de origen latino que del resto de grupos demográficos. En 2050, uno de cada tres estadounidenses tendrá origen hispano, según Pew Research.

La explosión demográfica latina está teniendo un impacto directo sobre la política en Estados Unidos, también en el Partido Republicano. En el mismo año que entre los presidenciables conservadores estaban apellidos como el de Marco Rubio o Ted Cruz, Donald Trump obtuvo un apoyo histórico entre las primarias republicanas con un discurso encendido contra todo lo que suene a hispano. Es un mito pensar que, por ser hispano o mestizo, el voto de una persona será demócrata. De hecho, Bush se llevó el voto del 40% de los latinos que votaron en 2004 y Romney o McCain se movieron alrededor del 30%. Pero la campaña de odio de Trump, que cuenta con movilizar a los cabreados con la inmigración, previsiblemente bajará ese porcentaje considerablemente. Varios cargos públicos republicanos e hispanos de Texas reconocen en privado que les está poniendo muy complicado su papel.

A pesar de la influencia, y siendo ya mayoría en algunas ciudades, no manejan el poder. San Antonio es la gran ciudad más hispana y a la vez la ciudad con mayor segregación racial y económica de Estados Unidos, según las investigaciones anuales. La riqueza y las oportunidades se acumulan en el norte de la ciudad, fundamentalmente poblado por el 25% de la población blanca. El sistema educativo y administrativo favorece esa desigualdad creciente. Barrios ricos con colegios públicos y colegios privados ricos, y una ciudad pobre donde la mitad de los adultos no tiene ningún título educativo y el 60% no tiene trabajo. Como en Detroit, algo más del 40% de la población vive bajo el umbral de la pobreza.

No es algo de lo que te des cuenta paseando por el centro de San Antonio. La ciudad vive un florecer económico y los edificios desprenden un aroma europeo, con un toque de Venecia y sus canales, con un toque de París y sus bombillas tenues cruzadas entre las fachadas de edificios renovados. Y una traza constante de colonialismo español. La ciudad fue uno de los primeros asentamientos de las misiones conquistadoras y evangelizadoras españolas hacia el norte de América, en el siglo XVII. Las autoridades locales están aprovechando ese legado histórico y monumental para potenciar el turismo y dotar a la ciudad de un carácter cosmopolita. Un grupo esforzado de emprendedores hispanos intenta reclamar su hueco en esa selva.

Tomás Ibarra, con su sombrero y sus tirantes, su bigote y sus 76 años, prefiere otra perspectiva para explicar la situación.  “Aquí las élites se empeñan en construir la identidad local dejándonos a un lado, obviando que Texas de hecho era parte de México antes de que Estados Unidos existiera”. En efecto, el Estado fue, además de indígena, primero francés, luego español, luego mexicano y luego independiente antes de anexionarse a Estados Unidos en 1845. También Nuevo México, Arizona o California pertenecieron a México.

“Siempre se habla de los latinos o los hispanos como si fuéramos sencillamente inmigrantes. Bueno, durante siglos esta ha sido nuestra tierra. Nosotros no cruzamos la frontera, la frontera nos cruzó a nosotros. Una generación era mexicana y la siguiente era americana, pero los valores y sus gentes no cambiaron”. Tomás nació y creció en San Antonio, donde ha ejercido siempre de profesor.

Nobody expects the hispanic revolution

“Lo que estamos viendo ahora es una crisis de identidad del americano blanco y privilegiado”, dice Tomás Ibarra. “Tienen miedo a lo mestizo, y yo lo entiendo, pero es un proceso inevitable”. Recuerda que sus tiempos de niño eran una crisis constante de identidad. “Mi padre me decía que éramos estadounidenses y que hablábamos español. Yo luego iba a la escuela y me castigaban por hablar en español, porque los estadounidenses no hablan español”, recuerda. “Hoy lo tengo claro: yo soy muchas cosas a la vez, no solo mexicano, no solo estadounidense. Y también sé otra: en ninguna parte de la Constitución de Estados Unidos se dice que el inglés sea la lengua oficial del país”.

En el centro cultural Guadalupe, en una de las zonas más pobres de la ciudad donde estos días celebran el Día de los Muertos al estilo mexicano, también está Graciela Sánchez, una activista por los derechos de los latinos y su cultura en Estados Unidos. “Texas y Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Ronald Reagan, han desarrollado una idea totalmente materialista e individualista de la vida. Nuestras abuelas nos enseñaron lo contrario, y la comunidad hispana tiene otros valores”, dice desde sus cincuenta y muchos años. Esas abuelas vieron que conforme más “gente marrón”, como ironiza Graciela, empezaban a aparecer en el sur, más blancos se mudaban al norte, “se hacían sus propios barrios y sus propios presupuestos de educación”. Los que se quedaron tuvieron que luchar por tener agua y luz en el barrio.

Tomás Ibarra y Graciela Sánchez son mexicano-americanos, un término que se usa para definir a los estadounidenses de origen mexicano al igual que se usa ‘afroamericano’ para definir a los negros, cuyos antepasados fueron traídos a la fuerza para ser esclavos en el nuevo mundo. “Yo estoy orgulloso de ser mexicano-americano pero nadie llama ‘euro-americanos’ a los descendientes de los británicos que vinieron a Estados Unidos”. Y vuelve a tirar de la historia:  “La conquista de América no fue un episodio que haya que rememorar como quien recuerda algo muy lejano. El proceso no ha terminado, nosotros hoy aquí somos un capítulo más, una consecuencia viviente de algo que ocurrió hace 500 años y que aún no ha terminado”.

"El alquiler de San Antonio demuestra que la corrupción del PP también está en Euskadi", recalcan desde la formación morada

El portavoz del PSE en el Ayuntamiento de Vitoria, Peio López de Munain, ha instado a los dirigentes del PP Alfonso Alonso y Javier Maroto a “pedir perdón” por el alquiler de San Antonio, y el diputado de Podemos, Juantxo López de Uralde, ha solicitado su inhabilitación como candidatos el 26J tras la condena del Tribunal de Cuentas por firmar ese año un alquiler gravoso para unas oficinas municipales.

El concejal socialista ha considerado que el tiempo “ha dado la razón” a quienes criticaron la operación y que la sentencia demuestra que “Maroto y Alonso actuaron en contra del interés público” y fueron “partícipes de una operación que ha perjudicado claramente al Ayuntamiento y a la ciudad”.

“Éste es el resultado de la brillante gestión económica de la que siempre alardea Maroto, esta es la ruta social del PP: esquilmar fondos públicos a beneficio de terceros”, ha afirmado López de Munain, quien ha defendido que a los representantes populares “no les queda otro remedio que poner el dinero de su bolsillo” y “pedir perdón”.

La secretaria general de esta formación en Euskadi, Nagua Alba, ha dicho por su parte que el alquiler de San Antonio demuestra que “la corrupción del PP también está en Euskadi” y que es “muy necesario que [los políticos condenados] estén mucho tiempo lejos de las instituciones”.

Desde Irabazi Gasteiz, que cuenta con un concejal en el Ayuntamiento de Vitoria, han pedido la dimisión tanto de Alonso como de Maroto: “No pueden continuar en la gestión pública. Actuaron contra los intereses de la sociedad”, han resumido.

El Tribunal de Cuentas ha dejado visto para sentencia el juicio contable contra el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, el secretario Sectorial del PP, Javier Maroto, y los miembros del equipo de gobierno municipal de Vitoria entre 2003 y 2007 por el alquiler de unas oficinas, un caso en el que no acusa la Fiscalía. El máximo responsable del PP en Euskadi, Alfonso Alonso, ha reconocido en una entrevista en ETB la situación de “incomodidad” por el citado juicio y espera un desenlace cuanto antes mejor. La Fiscalía finalmente se retiró por sorpresa y no acusa en este proceso que se ventila fuera de la jurisdicción ordinaria.

Este tribunal ha estado investigando el alquiler por 20 años de un local de unos 900 metros cuadrados, situado en la vitoriana calle de San Antonio, para albergar oficinas municipales, y este lunes ha acogido la vista oral, a la que no han asistido ni Alonso -entonces alcalde- ni Maroto -que era concejal de Hacienda-, a quienes acusan los grupos municipales del PNV y del PSE, así como la nueva corporación municipal que dirige Gorka Urtaran (PNV).

El contrato obligaba al consistorio de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de 20 años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros. El alquiler se estableció en 12.500 euros más IVA mensuales, pese a que los técnicos municipales estimaron que la cuantía debía ser de poco más de 10.000 euros. Además, el contrato incluía diversas condiciones potencialmente negativas para las arcas municipales, entre ellas, una cláusula que establecía que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de veinte años, debería abonar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final.

Todas estas condiciones exigidas por el arrendatario convirtieron la firma en una auténtica sangría económica para el Ayuntamiento de la que no puede librarse en años si no es previo pago de esa cuantiosa penalización. Según las acusaciones, en ese arrendamiento podría haber una “responsabilidad contable” por parte del entonces gobierno local, por entender que pactó con el dueño del local, el empresario Gonzalo Antón, una renta superior a la recomendada en un informe redactado por el técnico municipal.

En la vista se han escuchado las grabaciones de algunos altos funcionarios del Ayuntamiento que testificaron en la comisión de investigación creada por el consistorio en 2013, como el que era director de Hacienda en aquella época, Iñaki Díez Unzueta, quien argumentaba que las oficinas de San Antonio eran idóneas para unificar el servicio de atención al ciudadano y la Oficina Municipal de Turismo, ya que el local donde se ubicaba esta última había finalizado el contrato de alquiler.

Sin embargo, los abogados que ejercen la acusación en nombre del Ayuntamiento y del PNV y el PSE-EE se han amparado en los dos años largos de obras en esas oficinas para negar la urgencia.

La Fiscalía no acusa

La defensa de los demandados, en cambio, ha insistido en que no hubo ni infracción presupuestaria ni negligencia, ha subrayado que se firmó un contrato privado de arrendamiento y ha incidido en que se acordó un precio acorde al mercado, no sin antes recordar que quienes ahora acusan estuvieron gobernando entre 2007 y 2011 y no dijeron nada.

Y ha indicado que el caso podría estar prescrito porque han transcurrido casi diez años desde que se formalizó el contrato.

El Tribunal de Cuentas celebró el 15 de febrero una audiencia previa en la que el Ministerio Fiscal anunció que no iba a formular demanda en este procedimiento al no apreciar responsabilidad contable, a pesar de que inicialmente estimó que el daño al erario municipal rondó el medio millón de euros y, por eso, en marzo del año pasado se impuso una fianza conjunta por ese importe a los nueve miembros del equipo de gobierno de Vitoria de aquella época.

El alto tribunal deberá ratificar lo que ha quedado probado durante la fase de instrucción, ese supuesto quebranto económico a la ciudad y la responsabilidad contable de Alonso y Maroto o si finalmente quedan absueltos de los cargos.

El Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Infraestructuras que dirige Jorge González, comenzará el lunes, 18 de enero, los trabajos de repavimentado y mejora de trazado de tres curvas en la carretera LP-2, en el tramo que transcurre entre los núcleos de población de San Antonio y La Polvacera, en el término municipal de Breña Baja, según se informa en nota de prensa.

Con un presupuesto base de licitación próximo a los 448.00 euros, las obras se adjudicaron por 352.840 euros. Los trabajos se ejecutan en un tramo de 1,25 kilómetros, de los cuales los primeros 155 se levantarán y sustituirán desde su base y el resto serán reforzados. Además, se realizarán mejoras de trazado en tres curvas de radios cerrados y se acondicionarán nuevos sobreanchos.

“Esta actuación tiene un doble objetivo: repavimentar esta parte tan deteriorada de la carretera a su paso entre dos zonas muy pobladas de Breña Baja y, por otro lado, y en la medida de lo posible, mejorar la seguridad vial en un espacio donde se suceden tres curvas cerradas y donde la invasión del carril contrario es demasiado habitual debido a lo estrecho de la vía y sinuoso del trazado”, explica Jorge González.

El consejero insular de Infraestructuras insiste en la importancia de esta actuación que el Cabildo de La Palma afrontará con recursos económicos propios y dentro del III Plan de Repavimentación de Carreteras de la Red Insular. “En este tramo de la carretera del sur el refuerzo del pavimento asfáltico es tan necesario como en otros muchos lugares de la Isla, pero a eso hay que sumar el problema de seguridad que se origina en las tres curvas en las que dos vehículos pesados no se pueden cruzar, por lo que ésta es una de las intervenciones con mayor dotación presupuestaria del plan”, concluye el consejero.

Desde el Área de Infraestructuras se señala que estos trabajos acarrearán cortes de tráfico intermitentes en horario de 8:00 a 18:00 horas y se ruega a los conductores que circulen con precaución por la zona en obras y que siempre atiendan a las indicaciones de los operarios en la vía.

El pleno del Ayuntamiento de Vitoria ha reprobado al alcalde, Javier Maroto, por “mentir y actuar en contra del interés general” en el alquiler de una lonja en la céntrica calle de San Antonio. Se trata de la segunda reprobación a un miembro del equipo de Gobierno municipal, tras la de la concejala Marian Castellanos y la primera de la historia del consistorio contra un alcalde.

PNV, PSE y EH Bildu, que cuentan con la mayoría en el Ayuntamiento, censuran al regidor emdiante una moción presentada al pleno por pagar por un alquiler de un local casi el doble del precio que abonó su propietario por su compra. El dueño del inmueble desembolsó 2,7 millones de euros por la adquisición del local en 2006 y el Ayuntamiento debe pagarle en total por 20 años de arrendamiento casi seis millones de euros.

Los dudas sobre los términos del contrato y lo gravoso que resulta para Vitoria provocaron la apertura de una investigación que ha desarrollado una comisión municipal a lo largo de seis meses. Durante sus trabajos se ha evidenciado la “mala gestión” del alcalde, que respaldó ese contrato con un precio de alquiler del inmueble, 600.000 euros anuales, una cláusula de blindaje por 20 años inédita hasta el momento y la regulación de las revisiones del IPC.

Las intervenciones y la actitud mantenida por el alcalde Javier Maroto durante sus comparecencias en la comisión de investigación demuestran a juicio del PP, PSE y PP que ha mentido reiteradamente y ha actuado en contra del interés general de la ciudad a la hora de negociar, firmar y renegociar “el peor contrato de la historia de la ciudad”. Entre las falsedades de las que acusan al regidor apuntan las siguientes: afirmó que a los 20 años el local pasaría a formar parte del patrimonio municipal, algo que no se contempla; justificó una necesidad y urgencia de ese inmueble para ubicar allí la Oficina de Turismo para negarlo después; negó la posibilidad de renegociar las claúsulas del contrato y posteriormente, una vez anunciada la apertura de la investigación sí lo hizo.

El PNV trasladará el caso al Tribunal de Cuentas para que depure responsabilidades contables y EH Bildu entregará la documentación obtenida tras la comisión de investigación municipal a Fiscalía.

El edil popular defiende durante la comisión de investigación sobre el polémico alquiler que era objetivo estratégico para el Ayuntamiento disponer de ese inmueble para trasladar allí tres servicios municipales.

El PSE recupera unas grabaciones de las actas que desmontan esos argumentos.

El dictamen preliminar concluye que queda acreditado que el contrato firmado es contrario al interés de la ciudad y beneficia al propietario del local, Gonzalo Antón.

“Están ustedes enrocados en la mentira”. El portavoz del grupo socialista, Patxi Lazcoz, ha lanzado esta dura acusación al Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Vitoria y desde el resto de las formaciones le han llovido a los populares más críticas en la misma línea. Las contradictorias versiones del alcalde Javier Maroto para justificar la necesidad por parte del Ayuntamiento de alquiler el local de San Antonio, a razón de 12.500 euros sin IVA al mes durante 20 años, han provocado la indignación de los concejales.

Durante la celebración de las diferentes sesiones de la Comisión de Investigación sobre el polémico y costoso arrendamiento, el edil popular ha justificado en varias ocasiones que era objetivo estratégico para el Ayuntamiento disponer de ese inmueble y no de otro. La razón esgrimida por Maroto en sus intervenciones es que sólo allí y dadas las características del local, podían trasladarse tres servicios municipales a la vez. El alcalde se refería al padrón, a la oficina de turismo y a la oficina de atención ciudadana. Se pretendía alojar esos tres recursos diferentes en un mismo espacio y el inmueble de San Antonio, era, al parecer, el idóneo. Además, el Gobierno, entonces comandado por el actual portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, se sentía apremiado porque, según han sostenido los populares en sus intervenciones, vencía el contrario del inmueble de la calle General Loma en el que estaba ubicada la oficina de turismo. Era urgente su traslado a otro emplazamiento.

Estos argumentos han sido desmontados por los grupos de la oposición. El PSE ha recuperado unas grabaciones de las actas de las comisiones posteriores a la fecha de la firma de dicho contrato de alquiler. En dichas grabaciones, que han reproducido ante los miembros y periodistas presentes en la penúltima sesión de la investigación, se puede escuchar al alcalde Javier Maroto, tan solo doce días después de estampar su firma en el contrato de arrendamiento, afirmar que no tiene intención de trasladar la oficina de turismo al local arrendado de San Antonio. Explica que ese uso es incompatible con el destino principal que se le quiere dar al inmueble. Estas palabras pronunciadas en febrero del 2007 contradicen la versión ofrecida por el alcalde en su intervención en la comisión de Investigación en noviembre del 2013, cuando afirmó que la oficina de turismo, junto a los otros dos servicios, pasarían a San Antonio.

“Una gran mentira para eludir responsabilidades”

Por otra parte, EH-Bildu ha aportado en la misma sesión documentación que desmiente el vencimiento del contrato de la oficina de General Loma, donde estaban ubicada la oficina de turismo, apuntado por los populares. En dichos papeles queda demostrado que el contrato se podía prorrogar y por lo tanto no urgía el traslado.

Tras presentar estas evidencias los socialistas han acusado el PP de “urdir una gran mentira para eludir cualquier responsabilidad”.

EH Bildu pedía la dimisión de ambos cargos, el entonces concejal de Hacienda y actual alcalde, Javier Maroto, y el exalcalde y actual portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso. “Si no van a dimitir ahora, ¿cuándo van a hacerlo?”, se preguntaba Antxon Belakortu, de la coalición soberanista.

Desde las filas nacionalistas, Blanca Guinea, exigía depuración de responsabilidades. “Ustedes tiene responsabilidad directa y lejos de aclarar lo sucedido han creado más confusión con sus declaraciones contradictorias”, reprochaba Guinea.

Estas revelaciones y otras sobre el cruce de correos electrónicos mantenido durante la negociación han salido a la luz a una semana de la aprobación del dictamen final de la comisión de investigación. Las conclusiones elaboradas por la presidenta de la comisión, la socialista Maite Berrocal, concluyen que ha quedado acreditado que el contrato firmado por el excalcalde Alfonso Alonso es “contrario al interés de la ciudad y beneficia al propietario del local, el empresario y expresidente del Alavés, Gonzalo Antón”.

Varias causas desencadenaron la petición de la investigación. Por una parte el precio fijado para el alquiler del inmueble, 600.000 euros anuales, seguido de una cláusula de blindaje por 20 años inédita hasta el momento y la regulación de las revisiones del IPC. Todo ello convertían el acuerdo de arrendamiento alcanzado en una sangría para las arcas municipales. La evolución de las negociaciones también levantó las sospechas de la oposición que finalmente solicitó la apertura de la investigación.

El interventor, el responsable de Planeamiento y la secretaria del pleno coinciden, al comparecer en la comisión de investigación, en que era desaconsejable la adjudicación directa aplicada por el exalcalde Alfonso Alonso.

El informe realizado por el entonces director de Hacienda, que debería haberlo redactado un técnico competente, no acredita la obligación de la contratación directa ni tampoco la necesidad de una lonja de esas características.

Las tres primeras comparecencias de la comisión municipal de investigación del polémico alquiler del local de San Antonio en Vitoria, que cuesta 650.000 euros anuales, han coincidido al señalar como desaconsejable, aunque sea legal, la fórmula de la contratación directa que se utilizó. Tanto la secretaria del pleno como el interventor y el técnico de Planeamiento y Gestión Urbanística aseguran que lo recomendable para esos casos es siempre la apertura de un concurso público. El informe que sugería el modelo de contrato directo pero sin acreditar la necesidad de esa adjudicación directa, fue redactado por el entonces director de Hacienda, Iñaki Diéz Unceta. La secretaria del pleno, que ha comparecido durante más de una hora, ha asegurado que ese documento debería haberlo elaborado un técnico competente y no el director de área.

Por su parte, el técnico de Planeamiento Urbanístico ha declarado que es cierto que en ese momento no existía ningún local de esas dimensiones disponible en Vitoria, de unos 800 metros cuadrados, pero al mismo tiempo ha insistido que tampoco quedaba demostrada la necesidad de una lonja de esas características. El técnico también ha remarcado que la actualización de la tarifa debería ajustarse a la subida del IPC y el precio recomendado a los 10.000 euros y no a los 12.000 al mes fijados en el contrato del 2007 firmado por el exalcalde Alfonso Alonso. Pero al optar por el último precio, el alquiler actual asciende a 24.000 euros y el importe de las obras, que también se pagan al arrendatario, hasta los 26.000 euros. En total el desembolso mensual es de 50.000 euros aunque el actual alcalde Javier Maroto ha conseguido, tras acordarlo con el arrendatatario,una rebaja de cara el próximo ejercicio.

La próxima sesión se celebrará el próximo jueves, también a puerta cerrada y acudirán los directores de Hacienda de la legislatura del popular Alfonso Alonso y del socialista Patxi Lazcoz.

Los populares sostienen que Alonso "nada tiene que aportar" a la comisión de investigación sobre el contrato de arrendamiento del local de San Antonio que autorizó durante su etapa como alcalde de Vitoria.

La oposición en bloque solicita la comparecencia del portavoz popular para que aclaré los términos en los que se firmó la renta de 650.000 euros anuales hasta el 2027.

Los grupos de la oposición de Ayuntamiento de Vitoria han asegurado, durante la primera sesión de la comisión de investigación, que todos solicitarán la comparecencia del actual portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, para que aclare los términos en los que se efectuó el contrato de alquiler del inmueble de la calle San Antonio “tan lesivo” para la institución municipal y la ciudadanía de Vitoria. Dicho contrato tiene un coste anual de 650.000 euros durante los próximos 14 años.

El Partido Popular, por contra, no va a incorporar a su listado de comparecientes, cuyo plazo de presentación finaliza el próximo viernes, el nombre del dirigente popular ya que consideran que Alonso “nada tiene que aportar en estos momentos” a esa investigación, aunque sí llamarán a declarar a Patxi Lazcoz, su sucesor en la Alcaldía, y a la concejala de Haciendade dicho Gobierno socialista, Marian Gutiérrez. A ambos dirigentes, los populares les pedirán explicaciones sobre las razones de la continuidad de ese contrato durante su legislatura y los motivos por los que entonces, “no consideraron necesaria una investigación profunda como la que sí se plantean ahora” durante el mandato del popular Javier Maroto.

En cualquier caso, Alfonso Alonso no tiene obligación de acudir al foro municipal como tampoco la tienen los concejales socialistas, que sí han manifestado su intención de colaborar pese a que no están obligados por reglamento.

El contrato sellado en el 2007 por Alfonso Alonso con la empresa propiedad del que fuera presidente del Alavés, Gonzalo Antón, está blindado durante 20 años. Esta claúsula única, que no se repite en ningun otro convenio municipal a lo largo de la historia del consistorio, junto a la desorbitada tarifa acordada, generaron entonces duras críticas por parte de la oposición. Años más tarde, el Gobierno del socialista Patxi Lazcoz, secundado por el resto de grupos excepto por los populares, ya reclamó una revisión de lo pactado sin éxito. Ahora, a raíz de la presentación de un informe jurídico elaborado por la Secretaría General del Pleno a solicitud del PNV y que ha reprobado este alquiler, se abre la investigación.

La presidenta de la comisión, Maite Berrocal, explicaba a los presentes que el objetivo de las indagaciones no es otro que la defensa del interés público y por ello solicitaba agilidad y eficacia durante el desarrollo del proceso, una opinión que compartían el resto de grupos de la oposición. Su compañera de filas Marian Gutiérrez insistía en la urgente necesidad de encontrar un “resquicio jurídico” al que agarrarse para acabar “con esa sangría económica”. Por su parte, el concejal de Bildu Antxon Belakortu, declaraba que no se trata de hacer un linchamiento público a ningún político -en referencia a Alfonso Alonso- sino de depurar responsabilidades y mejorar el contrato. El peneuvista Borja Belandia proponía que “bien negociadamente o judicialmente” se deben modificar las condiciones acordadas en su día.

El alcalde ha solicitado formalmente al propietario del inmueble una reducción “sustancial” del precio- 600.000 euros anuales- y que la actualización de la tarifa se limite a la subida del IPC.

El PP justifica la reciente petición debido a que las condiciones del mercado de alquiler del 2006 han cambiado con respecto a las del 2013.

El edil popular considera innecesaria la comisión de investigación pero, si se desarrolla, asegura que servirá para demostrar “que las cosas se hicieron bien”.

La petición de rebaja del contrato del alquiler del local de la calle San Antonio, que alberga oficinas municipales y cuesta al Ayuntamiento 600.000 euros anuales, está ya sobre la mesa del propietario del inmueble, el empresario Gonzalo Antón. El alcalde le ha solicitado formalmente una reducción del precio y que la actualización de la tarifa se limite a la subida del IPC.

El edil popular ha explicado que la reclamación realizada ahora responde a los cambios registrados en el mercado de alquiler en los últimos años y ha querido desvincular así el emplazamiento trasladado al dueño de la lonja con la celebración de la comisión de investigación, hechos ambos coincidentes en el tiempo. “Independientemente de ese asunto, es evidente que las condiciones del mercado de alquiler actuales son bien distintas a las que teníamos en el año 2006. Las familias, las responsables de actividades comerciales, todos en general estamos solicitando a los propietarios una revisión de los contratos firmados”, declaraba Javier Maroto en su primera comparecencia ante los medios después de las vacaciones estivales.

La solicitud del alcalde no incluye una propuesta explícita de la cantidad a reducir pero el edil popular ha asegurado que la rebaja pedida es “sustancial”. No hablo de un 5% o un 10%“, aclaraba. Javier Maroto, que ha recordado que la modificación del contrato ”es difícil“ según recogen los informes de los servicios jurídicos municipales, asegura que Gonzalo Antón no se ha negado a revisar el contrato y que lo estudiar. ”Si hay voluntad del propietario deberían mejorarse las cantidades que el Ayuntamiento abona“, manifestaba Javier Maroto.

La celebración de la comisión de investigación, según el alcalde, es innecesaria y no debe producirse aunque cree que, en el caso de que se desarrolle, servirá para “demostrar que las cosas se hiciero bien. Me siento en la obligación de defender el papel de Alfonso Alonso como alcalde de la ciudad. Es injusto que se trate ahora este asunto. Ha habido un Gobierno de otro color que ya dijo que no le gustaba el contrato pero no planteó investigación alguna sobre él. Entonces no encontraba motivos para la comisión de investigación y por qué ahora, que ya no es alcalde, sí considera que lo que lo que no hizo durante cuatro años, hay que hacerlo ahora. Es una pregunta que se contesta sola y pone de manifiesto las verdaderas razones que impulsan esta comisión”, concluía.

El Gobierno de Maroto se muestra “abierto” a la renegociación pero avisa de las complicaciones apuntadas por los servicios jurídicos municipales.

La Concejala Ainhoa Domaica prefiere guardar discreción sobre las posibles gestiones de su gobierno con el propietario del local Gonzalo Antón “para facilitar que lleguen a buen término”.

El Gobierno de Javier Maroto, a través de la concejala Ainhoa Domaica, advierte que renegociar el contrato de alquiler del local de la calle San Antonio, que supone un gasto anual para las arcas municipales de 600.000 euros, es “difícil”. Domaica trasladaba la voluntad de su Gobierno, que “está abierto a estudiar si son factibles nuevas fórmulas2 para modificar ciertos términos como eliminar el blindaje firmado durante un periodo de 20 años o reducir los costos del acuerdo, aunque avisaba de las complicaciones apuntadas ya por los servicios jurídicos del Ayuntamiento en los informes redactados al respecto en el pasado.

“Veremos en el ámbito de esa comisión a qué conclusiones llegamos. Nosotros vamos a participar con absoluta normalidad y máxima transparencia. Aunque consideramos que no ha habido nuevos datos que justifiquen la creación de esta comisión de investigación. De repente surge ahora esta inquietud entre los grupos porque hay un interés político en situar este asunto como prioritario en la actualidad”, declaraba Domaica.

La celebración de la comisión de investigación, según el PP, “nada bueno trae a Vitoria y pone en entredicho el buen nombre de la ciudad. No es oportuno y no hay elementos nuevos que hagan necesario que se investigue este contrato de más de seis o siete años de vigencia”, insistía la concejala.

Domaica ha evitado contestar sobre los posibles encuentros de su Gobierno con el propietario del local de San Antonio, el empresario Gonzalo Antón. “Las gestiones que hagamos con el señor Antón, si queremos que lleguen a buen término deben llevarse con discreción, en un ámbito de confianza”, aclaraba.

La oposición ultima una lista de comparecientes para que declaren entre los que figuran el ex-alcalde Alfonso Alonso y el propietario de los locales Gonzalo Antón.

Además de esclarecer responsabilidades Bildu, PSE y PNV pretenden renegociar y acordar las condiciones del contrato con el dueño de espacio.

El Ayuntamiento paga por el alquiler de ese local 50.000 euros al mes.

La Comisión de Investigación para esclarecer por qué el Ayuntamiento de Vitoria paga 600.000 euros anuales de alquiler –50.000 euros al mes- por un local en la calle San Antonio arrancará a comienzos del mes de octubre. Los portavoces municipales de Bildu, PSE y PNV han registrado ya ante la Secretaría General del Consistorio la convocatoria de un pleno urgente extraordinario para solicitar la creación de esa comisión sobre el contrato firmado por el PP.

Estos días la oposición ultima una lista de comparecientes para que declaren en la comisión. Llamarán al exalcalde Alfonso Alonso, al propietario de los locales, Gonzalo Antón, y a otros implicados de perfil más técnico entre los que podría figurar el jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Vitoria.

Los portavoces municipales han declarado que pretenden de esclarecer responsabilidades para determinar quién ha sido el causante de la existencia de este contrato. “Se debe aclarar quién ha sido el causante de este contrato tan abusivo y por qué el alcalde Alfonso Alonso modificó las condiciones de un contrato sin ser el competente para ello en contra de los intereses de la ciudad”, explica el portavoz peneuvista, Gorka Urtaran .

Por su parte Kike Fernández de Pinedo, de Bildu, sostiene que “se debe tener un tratamiento totalmente exigente de estos asuntos teniendo en cuenta los casos de corrupción que se están destapando”.

El portavoz del PSE, Patxi Lazcoz, asegura que la investigación “dará resultados positivos y permitirá que se pueden llegar a dar las circunstancias para que las dos partes –en referencia al Ayuntamiento y propietario del local, el empresario Gonzalo Antón- no continúen perjudicando el interés general y Vitoria no pierda más dinero a cuenta de un contrato que es una auténtica sangría para el erario público”.

“Interés repentino”

Los portavoces confían además en conseguir una mejora de las condiciones de ese contrato con el empresario propietario de los locales para que no resulte “tan lesivo para Vitoria”. “El alcalde ya tenía que haber intentado mejorar esas condiciones. Él no lo ha hecho y nos tenemos que encargar el resto de los grupos municipales”, sostiene Urtaran.

Por su parte, el Gabinete del alcalde, Javier Maroto, denunció en una nota el “interés repentino de los grupos municipales por un contrato que no ha sufrido ninguna modificación y sobre el que estos mismos grupos políticos no han no mostraron ningún interés ni preguntaron nada durante los cuatro años de mandato de Patxi Lazcoz”.

Bildu ha solicitado hoy la creación de una Comisión de Investigación para esclarecer por qué el Ayuntamiento de Vitoria paga 600.000 euros anuales de alquiler por un local en la calle San Antonio. Sólo en el mes de julio, el alquiler asciende a 24.000 euros y el importe de las obras, que también se pagan al arrendatario, hasta los 26.000 euros. En total, 50.000 euros mensuales.

Bildu ha solicitado en la Comisión de Hacienda la creación de la comisión para esclarecer el asunto, y la propuesta ha contado con el apoyo tanto del PNV como del PSE. “Después de la comparecencia de Maroto hemos visto que necesitábamos saber qué ha pasado”, señala Antxon Belakortu, portavoz de la coalición.

En su comparecencia, Maroto ha “escurrido el bulto de la responsabilidad de un contrato que es lesivo para el Ayuntamiento, y se la ha atribuido a los técnicos municipales”, añade. “Lo cual es muy grave”, comenta Belakortu.

“Todo lo que ha venido con el contrato ha sido perjudicial para el Ayuntamiento, y además resulta que un señor (Gonzalo Antón) ha sacado muchísimo dinero”, concluye el portavoz de Bildu, que se mantiene a la espera de que el Pleno convocado a mediados de septiembre decida.

El PSE sostiene que el contrato es “totalmente exagerado” y que, además, “nos lo tenemos que comer con patatas”. El grupo ha cuestionado el por qué se alquiló el local de la calle San Antonio cuando había opciones mejores, como los antiguos juzgados, y por qué el contenido del contrato, que establece una duración de 20 años, es diferente al aprobado por la Junta de Gobierno, que establecía el plazo en 10 años.

“Más que un contrato de alquiler, parece un plan de jubilación”, señalan desde el PSE, y por ello y porque consideran que “aún hay dudas que aclarar”, apoyan la creación de la Comisión de Investigación propuesta por Bildu.

El PNV, por su parte, se pregunta por qué el PP “permitió una adjudicación a dedo en condiciones nefastas para el Ayuntamiento y por qué se ocultó un informe jurídico que avala la nulidad parcial del contrato”.

Por su parte el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, ha señalado que comparecerá “las veces que haga falta y donde haga falta para volver a explicar lo que ya he aclarado en numerosas ocasiones”.