El ruido de los combates alcanzó el corazón del poder en Sudán en la madrugada del 15 de abril de 2023. El palacio presidencial, así como los aeropuertos de Jartum y Merowe, se convirtieron en los primeros escenarios de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). Lo que comenzó como una lucha de poder entre dos cúpulas militares y señores de la guerra —Mohamed Hamdam Dagalo, líder de las FAR, y Abdelfattah al Burhan, líder de facto y jefe del ejército de Sudán— se ha transformado, tres años después, en una de las mayores crisis humanitarias, con reiteradas vulneraciones de los derechos humanos, y en un conflicto regional que incluye a aliados extranjeros.

Mariam tenía 18 años cuando fue violada por un grupo de hombres armados mientras iba a buscar agua en El Fasher, en Darfur del Norte. No lo contó en casa. Unas semanas después, durante la huida de la ciudad, su familia descubrió que estaba embarazada. “Tenía miedo, por eso no lo conté”, explicó más tarde a Plan International, una organización no gubernamental que defiende los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas en Sudán y en más de 80 países en el mundo.

La historia de Mariam se repite en un país donde, tres años después del inicio de la guerra, más de nueve millones de personas han sido desplazadas dentro de Sudán y más de 30 millones dependen de ayuda humanitaria. Hay regiones en una situación más crítica como es el caso de Darfur y Kordofán, con elevados niveles de emergencia alimentaria y riesgo de hambruna tras el colapso de los mercados y el bloqueo de las rutas comerciales.

Del golpe fallido a “archipiélago de guerras”

“El conflicto empezó como un golpe palaciego fallido y se ha convertido en un archipiélago de guerras civiles interconectadas”, explica a elDiario.es el analista geopolítico y director del Centre for Global Peace and Development en Sudán, Elhadi Abdalla Mohamed.

Dicha evolución es vital para entender el conflicto en Sudán hoy. No hay un único frente ni actor, sino múltiples guerras superpuestas en Jartum, Darfur, Kordofán o el Nilo Azul, donde operan las fuerzas paramilitares, el ejército sudanés, las milicias locales y las redes armadas relacionadas con economías ilícitas. Aun así, y como señala Abdalla Mohamed, lo lógica original no ha desaparecido. “El conflicto en Sudán sigue siendo una lucha contra el control del aparato coercitivo del Estado y de las rentas asociadas a él”, explica.

En estos tres años también han cambiado las formas de combatir. El conflicto ha pasado de combates urbanos caóticos a campañas más prolongadas, territoriales y tecnológicamente más complejas. “Ahora vemos una guerra de desgaste, con uso extensivo de drones, asedios prolongados y ataques sistemáticos contra infraestructuras y corredores de suministro”, explica el analista.

El conflicto en Sudán sigue siendo una lucha contra el control del aparato coercitivo del Estado y de las rentas asociadas a él

Elhadi Abdalla Mohamed — Director del Centre for Global Peace and Development en Sudán

El asedio de El Fasher ilustró este cambio. Desde abril de 2023 hasta octubre de 2025, cientos de miles de personas quedaron atrapadas en la ciudad sin acceso a alimentos ni agua. “Nuestra vida sucedía en los túneles, sin comida y sin agua”, recuerda anónimamente una trabajadora humanitaria. “Cuando se agotaron los recursos, la mayoría de la gente se vio obligada a comer el cuero de los animales muertos para sobrevivir”, añade.

Abdalla Mohamed advierte que “la economía de guerra ya no es un efecto secundario, sino parte del motor del conflicto”. El control de recursos como el oro, las rutas comerciales o las zonas agrícolas permiten financiar a los actores armados, mientras el saqueo, la extorsión y el control de carreteras se integran en la vida cotidiana.

Un conflicto que se alimenta desde el exterior

Según el Observatorio de Complejidad Económica, una plataforma de análisis visual de datos, Sudán está entre los 50 países más importantes en la exportación mundial de petróleo, que es a su vez el cuarto producto más exportado del país. Pero el petróleo no es todo. Sudán alberga en su suelo hierro, cobre, zinc, tungsteno, goma arábiga y oro (es el tercer extractor de oro más importante del continente africano), entre otros, y siendo este último la moneda de cambio con sus socios extranjeros.

“No estamos ante dos bloques enfrentados, sino ante redes de patrocinio superpuestas”, señala Abdalla Mohamed. En ese entramado, y con el oro por bandera, Emiratos Árabes Unidos ha sido acusado de apoyar a las fuerzas paramilitares a través de canales vinculados al comercio del oro y redes transfronterizas, al mismo tiempo que Egipto respalda al Ejército sudanés por cuestiones de seguridad y control del río Nilo. Otros países del Golfo, Turquía o potencias occidentales también mantienen intereses propios en Sudán.

Cuando se agotaron los recursos, la mayoría de la gente se vio obligada a comer el cuero de los animales muertos para sobrevivir

Una trabajadora humanitaria

Según el director del Centre for Global Peace and Development en Sudán, esta injerencia extranjera y apoyos cruzados prolonga el conflicto: “Los actores sudaneses no son pasivos, explotan estas rivalidades para sostener la guerra”. Al mismo tiempo, la ausencia de coordinación internacional ha limitado los intentos de mediación. “Ha habido demasiados procesos paralelos y sin consecuencias reales cuando se violaban los acuerdos”, señala el analista, en referencia a iniciativas como las negociaciones de Yeda, en Arabia Saudí.

Colapso humanitario

El impacto humanitario del conflicto en Sudán es masivo. Más de 30 millones de personas necesitan asistencia y el país africano vive la mayor crisis de desplazamiento y hambre de todo el mundo.

El desplazamiento interno supera ya los nueve millones de personas, especialmente concentrados estos movimientos en zonas como Darfur, Kordofán y el estado de Jartum que, a su vez, han sido los principales epicentros del combate. Las rutas de huida siguen patrones similares desde áreas urbanas como Jartum o El Fasher hacia zonas rurales aparentemente más seguras o hacia localidades como Tawila, en Darfur del Norte.

El desplazamiento no se limita al interior del país. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), más de 3 millones y medio de sudaneses han cruzado las fronteras de su país en los últimos tres años. Egipto es el principal país de acogida, con 1,5 millones de refugiados, aunque sólo alrededor de la mitad están registrados como tales. Le sigue Chad, con más de 900.000 refugiados, procedentes sobre todo de la región sudanesa de Darfur. A Sudán del Sur han vuelto más de 800.000 ciudadanos de este país que habían huído anteriormente a Sudán, además de casi medio millón de refugiados sudaneses.

Los centros hospitalarios y educativos están prácticamente inoperativos en gran parte del país. Los centros de salud carecen de personal, medicamentos y capacidad operativa, incluidos servicios básicos de atención a víctimas de violencia. Según datos aportados por Plan International, solo un 3,3% de adolescentes tiene acceso a anticonceptivos y una proporción similar dispone de productos de higiene menstrual. La educación también ha sufrido un batacazo. En las zonas más afectadas, el 75% de los adolescentes están fuera del sistema educativo.

Violencia sexual: una práctica extendida

La violencia sexual en el conflicto de Sudán aparece en todos los informes de organizaciones no gubernamentales y centros de análisis e investigación. En las zonas analizadas en Darfur, Plan International apunta que las adolescentes identifican el abuso psicológico, el matrimonio infantil, la explotación sexual, el acoso y la violación como las formas más comunes de violencia de género, siendo las dos primeras las más extendidas, con un 18% y un 16%, respectivamente.

Las cifras reflejan, además, un entorno en el que la violencia es estructural y salpica la vida cotidiana. Algunos testimonios relatan que actividades básicas como recoger agua o leña se consideran de alto riesgo por la presencia de grupos armados. Por otro lado, la trabajadora humanitaria anónima describe violaciones masivas durante los desplazamientos, incluidas menores que quedaron embarazadas sin atención médica.

Abdalla Mohamed subraya, por su parte, que este tipo de prácticas no pueden entenderse como episodios aislados, sino como parte de una dinámica más amplia de violencia contra civiles que incluye asesinatos, hambre inducida y ataque sistemáticos contra la población civil.

Cuando ha pasado un mes desde el comienzo de la ofensiva israelí contra Líbano —en paralelo con la campaña de bombardeos contra Irán—, el Gobierno de Benjamín Netanyahu no esconde sus planes de invadir y ocupar el país vecino, donde ha matado a más de 1.200 personas, incluidos 124 niños y niñas. Además, ha desplazado a más de 1,3 millones de personas —esto es, alrededor del 20% de la población—.

Los bombardeos contra viviendas, el desplazamiento masivo y forzoso de la población y la destrucción de infraestructuras civiles son similares a los que Israel llevó a cabo en Gaza desde octubre de 2023 y sus dirigentes buscan aplicar el mismo manual de guerra, tal y como han declarado, lo cual ya está causando una nueva catástrofe humanitaria en Líbano. 

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha dicho esta semana que “el modelo de Gaza no debe reproducirse en el Líbano”. Pero ese es plan del Gobierno de Netanyahu. Su ministro de Defensa, Israel Katz, anunció hace una semana que ordenó a las fuerzas armadas acelerar la demolición de viviendas en los pueblos libaneses situados cerca de la frontera con Israel, siguiendo “el modelo que se aplicó en Rafah y Beit Hanún en Gaza”. Ambas localidades (la primera, en el sur de la Franja y la segunda, en el norte) fueron arrasadas por las tropas israelíes durante el genocidio y toda su población, expulsada. Rafah y Beit Hanún siguen actualmente bajo control israelí, después de la entrada en vigor del alto el fuego el pasado octubre, que Israel viola prácticamente a diario.

Katz también aseguró que el ejército israelí mantendrá el control del territorio libanés al sur del río Litani, donde Israel considera que debe situarse la frontera con Líbano para contar con una zona de “amortiguación” entre los dos países. El ministro dijo que no se permitirá el regreso de los residentes de esa amplia área “hasta que la seguridad esté garantizada”. Quizás no puedan volver nunca, también porque no tendrán un hogar al que volver si sus casas son bombardeadas o destruidas con explosivos y excavadoras, tal y como hicieron las fuerzas israelíes en Gaza y en el sur del Líbano durante la ofensiva de 2024.

La zona al sur del río Litani que Israel ha ordenado evacuar

Homs

LÍBANO

Beirut

SIRIA

Sidón

Damasco

Tiro

Altos del

Golán

ocupados

por Israel

ISRAEL

N

20 km

Haifa

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

La zona al sur del río Litani que Israel

ha ordenado evacuar

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LÍBANO

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Damasco

Tiro

Altos del

Golán

ocupados

por Israel

ISRAEL

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Además, Katz afirmó que Israel ha destruido varios puentes sobre el río Litani y que controlará los restantes. La ONU ha advertido de que solo un puente sigue operativo entre la región de Tiro (al sur del río) y Sidón, lo cual afecta a la posibilidad de los residentes de huir o de acceder a ayuda humanitaria. Las agencias de Naciones Unidas han calificado la actual crisis como la mayor que sufre Líbano en más de dos décadas y han alertado de que cada vez es más difícil ofrecer asistencia a los que más la necesitan “debido a las crecientes y reiteradas órdenes de desplazamiento, las hostilidades y los ataques contra la infraestructura civil, incluidos puentes clave”.

Al principio de su ofensiva, el Ejército israelí emitió órdenes de evacuación forzosa para toda la población al sur del río Litani y, más recientemente, pidió a esos habitantes que permanezcan al norte del río Zahrani —ubicado más al norte que el Litani y a unos 40 kilómetros de la frontera israelí—. El Ejército también ordenó la evacuación de los residentes de los suburbios al sur de la capital, Beirut, considerados un feudo del grupo chií Hezbolá.

La organización Human Rights Watch (HRW) ha lamentado que los civiles que han decidido quedarse en las zonas sujetas a órdenes de evacuación están en riesgo de verse aislados y no recibir comida ni asistencia de ningún tipo. Además de forzar su desplazamiento, HRW ha destacado que Katz declaró que los “residentes chiíes” no iban a regresar a sus hogares hasta que Israel lo decidiera. Una medida de este tipo con base en la afiliación religiosa constituye una violación de los derechos humanos e “indica que la seguridad de los residentes no es el objetivo del desplazamiento”, según HRW.

“El Ejército israelí no tiene potestad para decidir cuándo los civiles pierden la protección que les otorga el derecho internacional ni se le debería permitir que impida a los residentes desplazados regresar a sus hogares basándose en estándares de ‘seguridad’ indefinidos”, ha dicho en un comunicado el investigador para Líbano de HRW, Ramzi Kaiss.

Netanyahu ha anunciado este domingo que las fuerzas armadas van a expandir la llamada “zona de amortiguación” en el sur de Líbano, lo cual conllevará el vaciamiento y la destrucción de una amplia área fronteriza, tal y como hizo Israel en el perímetro de Gaza.

Mientras, Unicef ha contabilizado el desplazamiento, en solo tres semanas, de más de 370.000 niños y niñas en Líbano. El Fondo de la ONU para la Infancia ha destacado que los pequeños no han tenido tiempo para recuperarse del trauma de la última escalada, hace apenas 15 meses. “Este ciclo constante de bombardeos y desplazamientos agrava profundamente sus heridas psicológicas, afianza el miedo y amenaza con causar daños emocionales graves y duraderos”, ha agregado en un comunicado.

Además, Unicef ha señalado que unas 435 escuelas públicas han sido convertidas en refugios, por lo que más de 115.000 estudiantes se han quedado sin clases. Pero, del total de desplazados, solo 135.000 están alojados en más de 660 refugios colectivos, la mayoría de los que han tenido que abandonar sus casas se encuentran en alojamientos informales o se han ido moviendo de un lugar a otro.

Ataques a centros y trabajadores sanitarios

Desde Médicos Sin Fronteras (MSF), han denunciado que las órdenes de evacuación emitidas por el Ejército israelí abarcan un 14% del territorio libanés y que, incluso en las zonas supuestamente seguras, “la población vive bajo la amenaza constante de ataques aéreos y con drones”. Mientras, para las personas que han decidido quedarse en sus hogares —porque no pueden marcharse por sus condiciones de salud o porque no tienen medios— es muy difícil acceder a los servicios sanitarios o que los trabajadores médicos lleguen a ellas, según un comunicado de MSF.

En todo Líbano, al menos cinco hospitales han tenido que ser evacuados y más de 54 centros de atención primaria de salud han cerrado. En el sur del país —la zona que Israel ha ordenado evacuar por completo—, siguen operativos varios hospitales y MSF les está brindando suministros médicos, combustible para los generadores eléctricos y artículos de socorro esenciales. Por ejemplo, el personal del hospital de Nabatiye ha decidido quedarse y seguir trabajando, aunque sea muy peligroso porque puede ser blanco de ataques en cualquier momento. “Llevan semanas soportando esta situación, con muy poco descanso, el peso de una presión y un miedo constantes, mientras siguen recibiendo grandes cantidades de heridos”, ha explicado la coordinadora médica de MSF, Luna Hammad.

Tanto MSF como otras organizaciones han denunciado los ataques repetidos contra la infraestructura y los trabajadores sanitarios, incluidos los denominados ataques de doble disparo: cuando los equipos de rescate y médicos llegan al lugar de un bombardeo, se lanza un segundo bombardeo cuyo objetivo son estos trabajadores esenciales.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se han registrado decenas de ataques contra centros sanitarios, con un saldo de 51 trabajadores médicos asesinados y más de 120 heridos. En uno de esos ataques, a mediados de marzo, murieron 12 sanitarios. Este sábado, nueve paramédicos perdieron la vida en cinco ataques separados, tal y como denunció el director general de la OMS.

“Tanto los civiles como las estructuras médicas están en peligro. Lo que estamos viviendo ahora en Líbano me recuerda demasiado a lo que llevamos tres años viviendo en Gaza”, ha dicho Emmanuel Massart, coordinador de emergencias de MSF en Líbano. Según Massart, “se ve claramente una repetición de un escenario en el que las personas reciben, de un día para otro, órdenes de evacuación. Sus hogares son bombardeados, lo pierden todo de repente y se ven obligados a desplazarse a otro lugar”.

Guerra contra el agua

La ONG Oxfam ha denunciado que, además de destruir infraestructura civil como puentes, Israel ha atacado instalaciones básicas de agua en diferentes puntos de Líbano, interrumpiendo el suministro de servicios vitales a pueblos y aldeas enteras. Según un informe de la organización internacional, Israel ha dañado al menos siete fuentes de agua vitales, incluyendo embalses, redes de tuberías y estaciones de bombeo que abastecían de agua a más de 7.000 personas en la zona del valle de la Bekaa (este), también considerado un feudo de Hezbolá.

En el sur de Líbano, se han registrado ataques en las zonas donde se encuentran instalaciones destacadas de agua, que Israel había atacado durante la guerra que lanzó en otoño de 2024 contra el país vecino. Después del alto el fuego de noviembre de 2024, el Ejército israelí mantuvo su presencia en territorio libanés y siguió atacando supuestos objetivos de Hezbolá, matando a civiles libaneses e impidiendo el regreso de muchos a sus hogares en el área más próxima a su frontera.

Según los datos de Oxfam, durante la ofensiva de 2024, Israel dañó más de 45 redes de agua en el Líbano, lo que afectó a casi medio millón de personas, aumentando el riesgo de brotes de enfermedades y contribuyendo a la pérdida de medios de subsistencia, como la agricultura. La ONG teme que suceda lo mismo con los nuevos ataques y que Israel esté extendiendo a Líbano su “plan militar de atacar las infraestructuras hídricas, utilizado durante el genocidio en Gaza”.

“Es evidente que las fuerzas israelíes están repitiendo el mismo patrón en el Líbano que en Gaza: atacar a civiles, infraestructuras civiles críticas, personal de servicios de emergencia y trabajadores humanitarios”, ha señalado en un comunicado Bachir Ayoub, director de Oxfam en el Líbano. “Su objetivo es propagar el descontrol y el miedo entre la población, ignorando el derecho internacional”.

“La impunidad de la que ha gozado Israel en Gaza al cometer crímenes de guerra relacionados con el agua queda de nuevo expuesta”, ha lamentado Ayoub. “El mundo ha demostrado que Israel puede hacer lo que quiera y cuando quiera, sin consecuencias, y una vez más es la población civil quien paga el precio más alto por esta inacción”.

Ali tenía 13 años cuando le explotó un proyectil cerca mientras jugaba al fútbol. Perdió una pierna. Su hermano Nour, de nueve, terminó con una lesión medular que le provocó paraplejia. Su madre emprendió un camino desesperado por varias ciudades en Sudán en busca de atención médica en un país donde la guerra ha vaciado hospitales y carreteras. En ese trayecto, la ayuda humanitaria fue lo único que encontró en forma de red: apoyo para el transporte, material escolar y artículos de manutención básica. Lo suficiente para que sus dos hijos volvieran a la escuela.

Historias y testimonios similares se repiten en Sudán desde hace más de 29 meses de conflicto abierto, con un impacto devastador sobre los menores. Pero fuera del país, Sudán se desliza por los márgenes, aparece y desaparece en medios de comunicación eclipsado por otras guerras y urgencias. Mientras, dentro, se acumulan las señales de una catástrofe sostenida con una violencia generalizada, desplazamientos masivos, brotes de cólera y hambruna confirmada en zonas de Darfur el Norte y Kordofán del Sur. 

La guerra civil en Sudán, que estalló en abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) sigue agravándose y transformando el país en una catástrofe humanitaria. A finales de octubre de 2025, las paramilitares RSF capturaron Al Fasher, última capital estatal bajo control gubernamental en Darfur del Norte, marcando un punto de inflexión político y militar al expulsar al ejército en vastas zonas del país y fragmentar aún más el control territorial. 

La caída de Al Fasher y las ofensivas en otras regiones han estado acompañadas por atrocidades generalizadas, incluidas masacres de civiles y violencia sexual. Una misión independiente de la ONU ha alertado de que las acciones de las RSF en este enclave muestran “indicios de genocidio” contra comunidades no árabes, con asesinatos masivos y violencia sistemática que pueden reflejar intención genocida por parte de la milicia. 

La mayor crisis humanitaria del planeta

“La mayor crisis humanitaria del planeta” suena a frase hecha hasta que se escucha a quien trabaja allí. “No es una afirmación retórica”, dice Francesco Lanino, subdirector de Programas y Operaciones de Save the Children en Sudán durante una conversación con elDiario.es. “Es una descripción basada en la realidad sobre el terreno. Es una combinación devastadora de guerra activa, desplazamientos masivos y colapso casi total de servicios básicos”, añade. 

Lanino pone un ejemplo que da cuenta del riesgo: “Alrededor de 375.000 personas están en hambre extrema al borde de la hambruna en Darfur”. Describe asentamientos improvisados, niños desnutridos y familias que dependen completamente de la ayuda humanitaria. “Esta crisis no se está estabilizando. Está empeorando”, insiste el subdirector desde Sudán. 

Muchas familias nos dicen que sienten que el mundo se ha olvidado de ellas. Ese sentimiento tiene consecuencias reales. Menos presión diplomática, menos recursos y menos protección para la protección civil

Francesco Lanino — Subdirector de Programas y Operaciones de Save the Children en Sudán

Según datos proporcionados por Save the Children, más de 15 millones de niños y niñas necesitan ayuda urgente, casi seis millones han sido desarraigados de sus hogares y más de 10 millones están expuestos a violencia en primera línea. A ello se suma que hasta el 70% de los hospitales en zonas de conflicto han cerrado y 13 millones de menores siguen sin poder acudir a las aulas. Más de 3.000 centros educativos se utilizan como refugios. 

Shiroug, nacida y criada en Sudán, es doctora, pero en sus ratos libres se dedica a su verdadera pasión: la ilustración. Actualmente vive en el estado de Al Jazirah, un lugar, cuenta, “relativamente seguro por el momento”. Cuando empezó la guerra, tuvo que dejar su casa en Jartum y desde entonces ha tenido que desplazarse, al menos, un par de veces. En el barrio en el que creció “ya no hay seguridad, está casi abandonado y no hay electricidad”, dice a este medio. 

A la pregunta de cómo se vive el día a día, Shiroug responde con una emoción sostenida. “En Sudán domina la preocupación, el futuro es desconocido y la poca estabilidad que queda en los estados más seguros es temporal”, apunta la joven. Habla también del cansancio de la juventud: “En los últimos años, incluso antes de la guerra, los jóvenes han pasado por muchas cosas sin poder procesar realmente lo que está sucediendo”.

El silencio como multiplicador del daño

Shiroug expresa su frustración por la escasa atención que suscita la guerra a nivel mediático. “Al principio había poca cobertura y, cuando llegó, ya era tarde. El genocidio de Al Geneina ocurrió tres semanas después del inicio de la guerra y apenas se cubrió en medios de comunicación internacionales”, explica. “Al Fasher solo ocupó titulares tras el asedio de la ciudad, y después, otra vez, silencio”, añade Shiroug.

“Sudán no es tanto un conflicto olvidado, sino más bien un conflicto ignorado. Me sorprende que con la magnitud de las atrocidades y la crisis humanitarias en Sudán no se hable ni la mitad de lo suficiente”, dice a elDiario.es Mohamed Amro, presidente de Casa de Sudán, organización radicada en Madrid.

En Sudán domina la preocupación, el futuro es desconocido y la poca estabilidad que queda en los estados más seguros es temporal

Shiroug — Doctora sudanesa

Además, Amro apunta a una idea que atraviesa las conversaciones con la diáspora sudanesa. “Por relevancia o magnitud, la crisis humanitaria de Sudán debería estar en todos los medios cada día, pero no lo está”. Lamino coincide con este diagnóstico y aporta algunos motivos: “Primero, la complejidad del conflicto con múltiples actores armados, frentes cambiantes y acceso muy limitado para periodistas y observadores internacionales y, segundo, que vivimos en un momento de acumulación de crisis globales que compiten por atención y financiación”. Pero advierte: “El sufrimiento no desaparece porque no esté en los titulares, simplemente se vuelve más silencioso y peligroso”. 

Ese silencio, según Lanino, también tiene consecuencias medibles: “Muchas familias nos dicen que sienten que el mundo se ha olvidado de ellas. Ese sentimiento tiene consecuencias reales. Menos presión diplomática, menos recursos y menos protección para la protección civil”, insiste el representante de Save the Children. 

Darfur y la violencia dirigida

En algunas regiones del país, especialmente Darfur, se habla abiertamente de limpieza étnica y genocidio. Lanino explica que, como organización humanitaria, no les corresponde hacer “calificaciones legales” y que debe determinarlo una investigación independiente. Pero sí pueden describir patrones: testimonios consistentes de ataques contra civiles, violencia dirigida a comunidades concretas, destrucción de viviendas y desplazamientos forzados. “Cuando ves que la gente huye no solo de combates, sino porque siente que está siendo perseguida por su identidad, es una señal extremadamente preocupante”, dice. 

Amro denuncia un giro más étnico del conflicto y de dinámicas que les recuerdan a ciclos previos de violencia en Darfur como la violencia étnica contra grupos de la región, como los fur o los masalit. 

Entre la cautela jurídica y la denuncia política hay un punto en común: la urgencia de proteger a los civiles, garantizar el acceso humanitario y sostener mecanismos independientes de investigación y rendición de cuentas.

Una de las “pocas estructuras operativas que resisten”

En muchas zonas de Sudán, especialmente en áreas afectadas por desplazamientos masivos, “las organizaciones humanitarias como Save the Children se han convertido en una de las pocas estructuras operativas que quedan cuando las instituciones públicas colapsan o dejan de funcionar”, apunta Lanino. No se trata solamente de repartir ayuda, sino también de sostener “sistemas mínimos” donde ya no existen. 

Según información proporcionada por Save the Children, la organización trabaja en 13 de los 18 estados de Sudán, con 15 oficinas y más de 450 empleados en colaboración con 31 organizaciones aliadas, tanto nacionales, como internacionales o instituciones gubernamentales. 

La acción de la organización abarca salud, nutrición, agua y saneamiento, protección infantil, seguridad alimentaria y educación, además de respuestas de emergencia como refugios y artículos no alimentarios. Aun así, la propia entidad subraya el límite de su alcance. “No podemos sustituir a un Estado ni garantizar seguridad. Podemos salvar vidas y reducir riesgos, pero la protección real requiere que cesen los ataques contra civiles, que se respete el derecho internacional humanitario y que haya voluntad política para estabilizar el país”, cuenta Lanino.  

¿Qué pasaría si las ONG se retiraran de Sudán? “Las consecuencias serían inmediatas y muy graves”, sentencia Save the Children. En muchas zonas de Sudán, la ayuda, dice, “es la principal y a veces la única fuente” de alimentos, agua potable, atención sanitaria básica y protección infantil. “Muchas de las familias que he conocido dependen completamente de esa asistencia para sobrevivir. No existe un sistema público capaz de sustituirla. Sin apoyo, las familias se verían obligadas a reducir aún más las comidas, asumir riesgos extremos o recurrir a estrategias negativas como el trabajo infantil”, añade. Por eso, concluye Lanino, no sería solo una “reducción de servicios”, sino “un golpe directo” a la supervivencia y a la protección de millones de niños. 

Save the Children, al igual que otras ONG internacionales, trabaja con los miles de voluntarios que integran las Salas de Respuesta a Emergencias (ERR), redes ciudadanas que, entre otras cosas, gestionan comedores comunitarios y hospitales y ayudan a evacuar a civiles heridos. “Nuestro objetivo es brindar ayuda mutua basada en la economía solidaria”, explican las ERR. La red se extiende por los 18 estados del país, donde coordinan unidades para entregar ayuda esencial allí donde la infraestructura tradicional no llega, convirtiéndose en un salvavidas para la población.

Obstáculos, falta de respuesta y urgencia

Sostener la última línea humanitaria implica operar entre combates activos, cambios en el control territorial del país, bloqueos administrativos y logísticos, carreteras inseguras y permisos que se retrasan. A ello se suma, y como advierten desde Save the Children, una “falta de financiación sin precedentes” y una “falta crítica de acceso humanitario”. Lanino, quien considera que la respuesta internacional “no está a la altura”, insiste en que “las necesidades están creciendo rápidamente, pero los recursos no aumentan al mismo ritmo”. 

Mohamed Amro defiende la importancia de la información y la normalización de conversaciones sobre Sudán en el debate público y político. “Hay que hacer presión desde los medios a los dirigentes políticos para que gobiernos como el de España actúen”, apunta. La joven Shiroug, desde dentro del país, reclama campañas que expongan complicidades externas, recaudación para apoyar a supervivientes y sistemas de salud y presión, incluso boicots, contra actores entre los que señala a Emiratos Árabes Unidos, que ha sido acusados en repetidas ocasiones de sostener a las fuerzas paramilitares RSF.

Lanino fija un horizonte concreto: en los próximos seis meses debe garantizarse un acceso humanitario “seguro, sostenido y predecible”, medidas reales de protección de civiles e infraestructuras esenciales y financiación suficiente. De lo contrario, advierte, la crisis seguirá profundizándose y marcará a toda una generación.

Ayudar lo máximo posible con los recursos disponibles y saber que funcionan. Con esa vocación nació el conocido como “altruismo efectivo” o “altruismo racional”, una forma de apoyar campañas de cooperación al desarrollo internacional o de ayudas ante catástrofes naturales que maximiza la efectividad de la cuantía. Hay personas que las apoyan con aportaciones de seis cifras, otras que apenas llegan a los cinco euros, pero todas con la consciencia de que serán evaluadores externos e independientes los que examinarán cómo de efectivo es el dinero en un proyecto concreto. No se trata de ayudar solo con el corazón, sino hacerlo también con la cabeza.

El altruismo racional es un movimiento relativamente reciente, impulsado por los profesores de Oxford William MacAskill y Toby Ord y con mucho predicamento en universidades de EEUU. La popularidad de esta corriente se disparó cuando uno de sus principales defensores, Sam Bankman-Fried, fue detenido y posteriormente condenado por el robo de 8.000 millones de dólares a los clientes de su fondo de inversión. Bankman-Fried se había rodeado de una serie de seguidores de esta filosofía, defensores de que la mejor manera de ayudar a los demás era ganar la mayor cantidad de dinero posible para luego ser donada con criterios de eficacia.

Aquel grupo lo componían profesionales de la inversión, matemáticos de mente privilegiada y, en general, profesionales de primer nivel en sus sectores, que es donde principalmente ha calado esta forma de entender la ayuda a los demás. La corriente ha calado además entre parte de los millonarios de Silicon Valley, deseosos de contribuir con su dinero para que este sea empleado de la manera más efectiva posible.

Ese es el mantra que persiguió a Pablo Melchor, ahora presidente de la Fundación Ayuda Efectiva y autor de “Altruismo racional. Por qué podemos ayudar más y cómo hacerlo mejor” (arpa, 2025), cuando dejó de lado el emprendimiento empresarial. “Tenía éxito profesional, pero me planteé qué sentido tenía lo que hacía. Me preguntaba si eso era lo mejor que podía hacer con mi vida. Siempre me he sentido un privilegiado, y tuve la suerte de poderme parar a pensarlo”, cuenta a elDiario.es en conversación telefónica.

De ese parón llegó la pregunta que todavía le recorre: ¿cómo puedo ayudar? Así llegó a lo que fuera de España se conoce como “altruismo eficaz”, que en esencia es usar la evidencia y la razón para encontrar la mejor forma de ayudar a los demás y llevarla a la práctica, según define el mismo Melchor.

De esta manera, apuesta por dejar un poco de lado la parte más emotiva con la que solemos apoyar proyectos solidarios para acercarnos a algo concebido quizá como frío, que es la razón. “Porque tanto emociones como razón nos caracterizan como seres humanos. Será un verdadero drama si decidimos ayudar a los demás y lo hacemos de una manera en que no cambian las cosas. Habremos derrochado esa emoción que nos lleva a preocuparnos por los más vulnerables”, apuntilla.

El presidente y cofundador de Ayuda Efectiva recalca que la ciudadanía suele adolecer de un sesgo muy fuerte a la hora de decidir a qué proyectos aportar, ya que se decanta por aquellos que tienen una efectividad más local. Según Melchor, eso lleva a una doble tragedia: “Si has nacido en un país africano sin acceso a una sanidad de calidad y además la gente que ha ganado la lotería del nacimiento va a ayudar a las personas que tiene más cerca, no solo la población africana seguirá sin nada sino que quienes pueden ayudarles tampoco lo harán”.

Para entrar de lleno en el altruismo efectivo la idea de que una vida humana vale lo mismo en cualquier coordenada del mundo es esencial. Melchor confirma que el dinero rinde 100 veces más en los países más pobres, y reitera que guiarse por lo cercano y emocional hace que la ayuda deje de tener impacto.

El objetivo: hacer más con menos

Formar parte de Ayuda Efectiva supone donar una cantidad determinada a algún proyecto ya elegido previamente por los evaluadores externos e independientes de la organización sin ánimo de lucro GiveWell. Según Melchor, utilizan la investigación académica y la evidencia y averiguan sobre el terreno de los países empobrecidos cómo una misma cantidad de dinero puede ayudar más. Entre los factores que más puntúan, aquellos proyectos orientados de forma directa a salvar vidas.

Ilustrarlo es sencillo. La malaria es una enfermedad transmitida por un mosquito que mata a 600.000 personas en el mundo al año, de las que el 75% son menores de 5 años, según la Organización Mundial de la Salud. “Todos los días mueren más de 1.000 niños por una enfermedad que se puede prevenir por un coste de cinco a siete euros”, recalca Melchor. Cinco son los euros que cuesta una mosquitera insecticida que protege a dos personas entre dos y tres años, y en cuyo coste va incluido su distribución y explicación sobre por qué hay que usarla a las personas que componen el censo. Ese es el censo que guiará a los evaluadores al tiempo para analizar en qué estado se encuentran las mosquiteras y su efectividad. Las de siete euros están pensadas para evitar la malaria estacional.

“Pero es que con 100 euros se podría suplementar a 50 niños con vitamina A. Esto es muy desconocido en España, pero sobre todo en el Sahel hay tal deficiencia de esta vitamina que entre 250.000 y medio millón de niños se quedan ciegos cada año por no tener una vitamina que cuesta dos euros al año”, desarrolla el mismo Melchor. Así pues, maximizar la relación coste-efectividad es el principal objetivo.

Una elección abierta

Desde Ayuda Efectiva han puesto en marcha el llamado Fondo Salud Global, el más popular de todos. Este fondo acumula el dinero de los donantes, quienes aportan según su capacidad. Una vez al trimestre, la Fundación lo vuelca totalmente en los programas de investigación mejor puntuados por los evaluadores de GiveWell.

Esta fundación española con algo más de cinco años de vida destaca su transparencia: “La persona que quiera donar anualmente y meterlo en este fondo lo puede hacer y olvidarse de ello, porque irá a un buen proyecto. También hay otras personas que prefieren elegir, y pueden hacerlo entre los programas que incentivamos desde el fondo”, desarrolla Melchor. De esas donaciones también sale la cobertura de los gastos que tiene la Fundación, desde donde sugieren aportar un 10% de las mismas.

Auditoría sobre el terreno y rendición de cuentas

Luchar contra la falta de cultura de ayuda efectiva es una de las principales batallas que fundaciones como la que lidera este antiguo emprendedor libran en su día a día. Enfrentarse al escepticismo que en ocasiones las ONG causan en la sociedad es otra. Para eso existen esos evaluadores externos. “La solución no es la pasividad, sino ser más exigentes”, sostiene el autor de “Altruismo racional”.

La idea principal es medir y optimizar los resultados que una cuantía económica dedicada a un proyecto concreto pueden conseguir. “Dedican 70.000 horas al año para investigación, auditan desde el terreno y su sueldo está cubierto por filántropos que saben que la información sobre los proyectos siempre será más útil si se publica”, subraya el presidente de Ayuda Efectiva. Asimismo, analizan proyectos “prometedores” pero de los que todavía no hay datos y animan a invertir en ellos para ayudarles a crecer y ver si entran en lo más efectivo o no. 

De todas formas, los evaluadores también pueden cometer errores en sus tasaciones. Cuando suceden estos contratiempos, en los que se ha podido dar una sobrestimación del impacto del proyecto, desde GiveWell aceptan el error públicamente. “Yo no me fío de nadie, sino del mejor proceso”, confirma el propio Melchor, que a día de hoy se dedica totalmente a la Fundación Ayuda Efectiva cobrando el ingreso mínimo que le corresponde por convenio y donando a la entidad todavía una mayor cantidad, asegura.

Un estafador escondido en la ayuda efectiva

Una idea tan solidaria también puede ser explotada como lavado de cara. Es lo que hizo el estafador Sam Bankman-Fried, un magnate cripto condenado a 25 años de prisión y que llegó a conocerse bajo la etiqueta de “filántropo”. Este inversor estadounidense y ex director ejecutivo de FTX estafó 8.000 millones de dólares a sus clientes para distribuirlos a otras startups, políticos y ONG. También fue una de las caras más conocidas de este “altruismo efectivo”. 

La fundación de FTX prometió donar 1.000 millones de dólares durante 2022, aunque antes de su caída en noviembre solo había podido llegar a contrastar 132 millones invertidos en diferentes proyectos y ONG, tal y como publicó elDiario.es en abril de 2024.

Además de Bankman-Fried, el grupo directivo del fondo de inversión estaba compuesto por algunos defensores a ultranza del altruismo efectivo. Su caída fue un duro golpe para sus seguidores y algunas de las figuras más relevantes como el cofundador de Facebook Dustin Moskovitz lamentó que esa filosofía había dado a este estafador una coartada. William MacAskill, uno de los cofundadores de esta corriente, lamentó que la “buena voluntad” de alguno de los seguidores del altruismo racional había “blanqueado el fraude”. Bankman-Fried llegó a decir en una entrevista que quería hacerse rico no por el dinero, sino porque quería “donar ese dinero a la caridad”.

Melchor tilda lo ocurrido con Bankman-Fried como “un caso de mierda” que supuso “un desastre absoluto”. Sin embargo, en sus propios términos, solo ha habido un tipo como él, mientras que en el terreno hay cientos de personas evaluando la ayuda y haciendo trabajos muy interesantes. De todas formas, el presidente de Ayuda Efectiva concluye que “aquello fue un desastre y ojalá esta persona jamás se hubiera asociado con el altruismo eficaz”.

La Flotilla Global Sumud (GSF) anunció este lunes que en primavera de 2026 iniciará “la mayor acción civil coordinada por vía marítima para Palestina hasta la fecha”, con 100 barcos de ayuda humanitaria y más de 3.000 participantes procedentes de más de cien países, tras ser interceptada por Israel su anterior operación el pasado octubre.

GSF definió esta nueva iniciativa en un comunicado como una “expansión decisiva”, pues, según sus estimaciones, la magnitud de esta supone más del doble de la capacidad de la anterior.

Además, agregan, que su objetivo ahora no radica en la “simple entrega de ayuda” humanitaria“, sino en conseguir una ”presencia civil sostenida y especializada“ en los territorios palestinos para reconstruir ”la infraestructura civil básica destruida por dos años de genocidio“.

“Protección civil no armada” de la GSF en Palestina

Y es que uno de los puntos en los que se articulará la nueva operación, según esgrimieron hoy, es el establecimiento de una “presencia de protección civil no armada”.

“Estarán altamente capacitados para trabajar junto a las comunidades palestinas, ayudando a disuadir la violencia, documentar las violaciones (de derechos humanos) y fortalecer los mecanismos locales de protección y rendición de cuentas, ante los continuos ataques del régimen israelí contra civiles e infraestructuras civiles”, detallaron.

La lista de participantes aún deberá esperar

En las próximas semanas se espera que “La Flotilla” publique el listado de sus participantes en esta nueva misión, pero ya ha adelantado que procederán de “casi todos” los países y con perfiles muy variados.

Para esta “acción civil coordinada y no violenta”, avanzan, se contará con más de 1.000 trabajadores de la salud a bordo de “buques equipados con medicamentos y equipos vitales” que buscarán coordinarse con el personal sanitario local y sobre el terreno en el caso de Gaza.

“La misión busca reforzar la atención de emergencia y estabilizar un sistema de salud devastado por el asedio y los continuos bombardeos”, se refirió al respecto GSF en el comunicado.

Se pretende incluir la entrega de alimentos, fórmula infantil, material escolar, medicamentos y otros artículos esenciales.

Un modelo replicable

“La Flotilla” dice apostar ahora por un modelo replicable, liderado por expertos y civiles “que han dicho 'basta ya'”, y “apoyados por millones de personas en todo el mundo”, basado en el derecho internacional, los principios humanitarios y el liderazgo palestino.

El resto de pilares que sustentan esta nueva misión, según GSF, continúan siendo la presión para “ayudar a romper el asedio” israelí, “reivindicando el derecho de los palestinos a acceder a su costa y al mundo exterior”; el apoyo a la reconstrucción; y un esfuerzo por “exponer la complicidad internacional que permite el bloqueo ilegal, la ocupación y el genocidio de Israel”, expresaron.

“Durante décadas, los gobiernos y las instituciones internacionales han asumido la responsabilidad de proteger a los civiles y respetar el derecho internacional. En Gaza, esos mandatos han sido ignorados y han fracasado estrepitosamente. Esta misión surge de ese fracaso. Cuando las instituciones abandonan sus obligaciones legales y morales, el pueblo hereda esa responsabilidad”, declaró Saif Abukeshek, integrante del comité directivo de GSF.

La Flotilla Global Sumud inició su primera travesía con 20 embarcaciones desde Barcelona el pasado 1 de septiembre a Gaza para transportar ayuda humanitaria y desafiar el bloqueo israelí en el enclave palestino.

Israel interceptó, entre el 2 y el 3 de este octubre, más de cuarenta barcos y detuvo a un total de 473 tripulantes que fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, sur de Israel. Algo que los activistas denunciaron como una “detención ilegal”.

Una semana más tarde, Israel confiscó los nueve barcos -un buque y ocho veleros- que conformaban una segunda flotilla, la conocida como Libertad-Thousand Madleens, y arrestó a alrededor de 145 activistas que se encontraban a bordo.

Los activistas detenidos fueron deportados a sus países de origen a lo largo de las semanas que siguieron a su arresto por parte de la Marina israelí. 

El sistema humanitario internacional pasa por una crisis profunda: al mismo tiempo que registra la mayor caída financiera de su historia, los actores humanitarios son deslegitimados e, incluso, atacados directamente en el marco de los conflictos armados, en los que ya no rigen las normas básicas humanitarias.

Esta es la dramática conclusión del informe del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) y Médicos Sin Fronteras (MSF) titulado “La acción humanitaria en 2024-2025: un sistema en crisis, entre recortes, búsqueda de legitimidad y necesidad de reformas urgentes”, presentado este miércoles en Madrid. 

El año pasado cerró con la mayor caída de financiación jamás documentada, fruto de los recortes de muchos de los principales donantes. La financiación humanitaria fue de 46.100 millones de dólares en 2024, un 10% menos que el año anterior, y se prevé que siga reduciéndose en 2025, entre un 34% y un 45% respecto a 2023. Además, a 1 de octubre de 2025, solo se ha cubierto un 21,1% de las necesidades de la ONU (9.560 millones de dólares de los 45.340 requeridos), lo que evidencia la fragilidad del actual esquema de financiación humanitaria. 

La reducción de los fondos destinados a la acción humanitaria coincide con un aumento en el gasto en defensa y la política exterior agresiva de varios dirigentes mundiales, encabezados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tras su regreso a la Casa Blanca a principios de 2025 ha habido importantes recortes de la agencia estadounidense de ayuda al desarrollo USAid.

Sin embargo, el informe destaca que ni Trump ni USAid son casos excepcionales, porque “numerosos donantes ya habían comenzado a marcar una tendencia de recortes en la financiación que, lejos de ser coyuntural, parece consolidarse con el paso de los años”. 

Más dinero para Palestina, menos para Ucrania

En el periodo analizado, Palestina se convirtió en el mayor receptor de fondos con un total de 2.900 millones de dólares (un 51% más que en 2023), mientras que Ucrania recibió alrededor del 25% menos de financiación y Siria, menos de la mitad que en 2023.

El informe señala que esta situación ha provocado “la reducción de la financiación directa a actores locales y de los programas de transferencias monetarias”; además, “los recortes anunciados han generado incertidumbre”, especialmente en el caso de EEUU, ya que la información sobre la ayuda exterior no es de dominio público, agrega el informe. 

Los recortes recientes están teniendo graves repercusiones en el acceso a servicios médicos vitales, especialmente en países en conflicto o muy pobres, como Somalia, donde han forzado el cierre de decenas de estructuras de salud, disparando las muertes por desnutrición infantil. Las reducciones han afectado no sólo a los programas de nutrición, sino a la prevención y tratamiento de la malaria, a la lucha contra el VIH y la tuberculosis, y los servicios de salud sexual y reproductiva. La lucha contra la malaria —que en 2023 causó cerca de 600.000 muertes— se ha visto especialmente comprometida en regiones como el Sahel, destaca el informe. 

La directora general de MSF España, Raquel Ayora, alerta en el texto de que “esta crisis no solo refleja limitaciones financieras, sino también un viraje político que desatiende principios humanitarios básicos como humanidad e imparcialidad. La situación actual amenaza con consolidar un enfoque transaccional de la ayuda, en el que millones de personas quedarán excluidas del acceso a servicios de salud esenciales”.

Ataques directos contra actores humanitarios 

El informe denuncia que “los ataques contra misiones médicas y humanitarias se han convertido en la nueva normalidad en los contextos de conflictos armados”, en los que la violencia contra hospitales, personal y transportes médicos no cesa y, en la mayor parte de los casos, “con altos niveles de impunidad”.

En Gaza, los ataques sistemáticos contra los hospitales y clínicas –principalmente por parte del ejército israelí– han devastado el sistema sanitario. Esto también evidencia otra tendencia detectada por los autores del informe: los actores estatales son los principales perpetradores de los ataques. 

Mientras, en Sudán, el personal humanitario es blanco directo de ataques, con secuestros y saqueos frecuentes. El informe señala que “el creciente número de trabajadores humanitarios y médicos muertos en conflictos armados exige medidas urgentes para poner fin a la impunidad y prevenir su recurrencia”. Además, subraya que el personal que sufre la mayor parte de los ataques y asume más riesgos es el personal local, entre otras razones porque los recortes de la financiación llevan a la reducción de la presencia de organizaciones internacionales en las zonas de conflicto.

“El personal contratado localmente paga, cada vez más, las consecuencias. También lo hace en cuanto parte de la comunidad, a la que el derecho y la moral internacionales parece proteger cada vez menos”, lamenta el informe.

En este contexto, la directora general de MSF España concluye que “sin voluntad política y un compromiso genuino, los civiles y el personal médico-humanitario seguirán sufriendo las consecuencias de este desprecio por las normas humanitarias básicas”.

La ayuda española al desarrollo, lejos del objetivo

El informe del IECAH y MSF también analiza la contribución de España al sistema humanitario internacional. La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española creció un 11,87 % en 2024, superando los 4.000 millones de euros, pero los fondos destinados a la acción humanitaria descendieron un 18,5%, situándose en poco más de 174 millones (4,3 % de la AOD total). 

Si bien la AOD neta ha experimentado un incremento en términos absolutos, su peso respecto a la renta nacional bruta es reducido y se sitúa lejos del compromiso de llegar al 0,7% como los años previos.

La acción humanitaria de la Administración pública central española experimentó una reducción significativa respecto al año anterior, pasando de 171,29 millones en 2023 a 130,31 millones de euros en 2024, un descenso del 23,92%.

La mayoría de la ayuda al desarrollo española fue destinada a Oriente Medio, África subsahariana y América Latina, con Palestina, Níger, Mali y Venezuela como principales destinatarios de la ayuda.

La crisi humanitària a Gaza ha arribat a un punt de fractura que ja no admet matisos. Des d’octubre del 2023, després de l’ofensiva militar israeliana, els bloquejos de les fronteres i la destrucció massiva d’infraestructures, més de dos milions dels palestins depenen de les ajudes humanitàries per a sobreviure. Però fins i tot aquestes ajudes, en les condicions de guerra prolongada per Israel, a penes aconsegueixen obrir-se pas. Els camions que aporten ajuda humanitària s’han frenat, unes quantes vegades en fronteres tancades, els preus es disparen en un mercat inestable i les organitzacions que treballen sobre el terreny s’enfronten a diversos desafiaments. “Tenim molts obstacles a causa de la situació i al bloqueig per a entregar subministraments”, diu Tamador Akel, directora d’Emergències de l’organització palestina PARC (Comité Palestí d’Ajuda Agrícola), una de les entitats locals que continua operant dins de la Franja, malgrat les condicions extremes.

Tamador Akel va viatjar a València el mes d’octubre passat per a participar com a ponent en la jornada “Sobirania humanitària: cap a una participació transformadora i una localització real”, organitzada per Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP). “La situació humanitària és molt pitjor del que es mostra en les notícies” adverteix Akel. La seua afirmació es basa en el dia a dia dels 72 treballadors i més de 300 voluntaris que PARC manté en el terreny, distribuïts en dotze punts d’intervenció entre el nord i el sud de la Franja. Operen en un entorn de desplaçament massiu, 1,7 milions de persones forçades a abandonar les seues llars, la destrucció total amb el 80% dels habitatges arrasats i escassetat extrema d’aliments, aigua potable i articles bàsics. “Quasi 2 milions de persones han sigut desplaçades per força, la major part han perdut les cases i han sigut desplaçats més de 10 vegades”, reclama Akel.

Aquesta crisi s’intensifica encara més a causa dels bloquejos imposats per l’Estat israelià per al transport d’ajuda humanitària. “A causa del bloqueig i el tancament total de les fronteres, després de trencar el primer alto el foc, des de març fins al començament d’octubre va haver-hi una falta completa d’ajuda i assistència humanitària per als desplaçats interns a Gaza” , adverteix. A més, l’escassetat de materials també complica més la tasca de PARC. “Quan redactem un projecte, potser el preu d’un article era de 100 euros, però pels canvis en el terreny, cada dia aquest preu es duplica”, relata Akel. S’hi sumen els riscos de la seguretat dels empleats. “És una àrea molt insegura per a treballar, encara que som una organització local i coneixem el lloc”, diu. Abans de la guerra, Akel “podia anar del seu poble a Ramal·lah en una hora”, ara, després del 7 d’octubre, ha de creuar tres llocs de control, cosa que pot multiplicar el seu temps de viatge fins a tres hores i complicar encara més la seua faena. “Ets com un ocell aletejant, però no tens llibertat, no pots pensar amb claredat: ‘D’acord, he d’anar a treballar, llavors, hi vaig’, però no és així”, diu.

En aquesta guerra d’Israel contra els territoris palestins, les dones i els xiquets són les principals víctimes de la guerra a Palestina, afrontant una crisi humanitària brutal, amb una infància marcada per la pèrdua, la desnutrició i el trauma. “En aquesta situació, les persones més afectades són les dones, els ancians i els xiquets”, subratlla Akel. La prioritat per a PARC durant l’emergència és garantir que les dones, especialment les dones caps de família i solteres, estiguen representades i escoltades dins dels mecanismes comunitaris de resposta. “En primer lloc, intentem assegurar la seua inclusió en les nostres activitats i en les nostres intervencions” explica. “Els nostres comités locals i el Comité de Protecció Comunitària han de tindre equilibri de gènere, perquè les dones siguen presents, participen i puguen expressar les seues necessitats”, afig. “En segon lloc, donem prioritat a les que tinguen persones amb discapacitat.

Una guerra a Gaza que no para i genera moltes incerteses

Malgrat l’alto el foc entre Israel i Hamas, la tensió i la incertesa continuen dominant la realitat a Gaza. “Esperem que dure”, diu Akel. Però fa només tres dies la treva va estar a punt de trencar-se per les violacions d’Israel. “Tenim esperança, però també por”, adverteix. Aquesta ambivalència reflecteix la por compartida per moltes organitzacions que operen sobre el terreny i també els civils. Akel recorda que una de les principals dificultats després de la primera pausa en els combats va ser, precisament, “el bloqueig de l’ajuda humanitària: no es van poder implementar intervencions, perquè faltaven aliments, lots d’higiene, aigua, refugis”.

En aquest context, el suport internacional és un element clau per a la població gaziana, que observa amb especial atenció les posicions de països com Espanya. “És important per a nosaltres veure aquest suport sòlid cap als palestins, especialment des del govern espanyol”, afirma Akel, convençuda que aquest tipus de reconeixement “pot influir de manera significativa tant en la situació sobre el terreny com en la consolidació de l’alto el foc”. Més enllà de l’impacte polític, aquest suport té un efecte emocional immediat, “permet a la gent sentir que no està sola”. Però, adverteix, aquest acompanyament ha d’aprofundir-se. “Necessitem més: més del govern espanyol, de la societat i d’altres governs”, insisteix, subratllant que l’esforç internacional actual, encara que valuós, continua sent insuficient davant la magnitud de la crisi.

Dues dècades de cooperació entre ACPP i PARC

La visita de Akel a València forma part de la col·laboració de més de dues dècades entre PARC i ACPP. El Comité Palestí d’Ajuda Agrícola (PARC), fundat el 1983 per agrònoms palestins a Cisjordània, va nàixer per a fer costat a les famílies agricultores amb menys recursos. “Amb PARC vam començar a treballar el 1999”, explica Amaia Camacho, referent de l’àrea de l’Orient Mitjà en ACPP, destacant que aquesta aliança permet combinar “projectes de desenvolupament sostenible” amb “assistència d’emergència”, com la desplegada després dels atacs d’octubre del 2023, i respondre també a la crisi creixent a Cisjordània.

L’Assemblea de Cooperació per la Pau treballa en cooperació internacional, acció humanitària i educació per a la transformació social, i col·labora amb organitzacions locals a Palestina per a visibilitzar la situació i reforçar l’assistència. Per a Silvia Tusón, coordinadora d’ACPP al País Valencià, aquesta col·laboració és estratègica: “Treballem amb organitzacions de base, perquè ningú coneix millor la seua pròpia realitat que els que la viuen. Les sòcies locals són essencials per a construir canvis duradors”. Tusón subratlla a més la importància de la incidència política i la sensibilització social, així com de les visites com la d’Akel: “Aquestes visites són fonamentals per a reunir-nos amb mitjans de comunicació i societat civil, perquè es coneguen de primera mà les realitats que viuen a Palestina i podem, en la mesura que siga possible, canviar les regles del joc”.

La crisis humanitaria en Gaza ha alcanzado un punto de fractura que ya no admite matices. Desde octubre de 2023, tras la ofensiva militar israelí, los bloqueos de las fronteras y destrucción masiva de infraestructuras, más de dos millones de los palestinos dependen de las ayudas humanitarias para sobrevivir. Pero incluso estas ayudas en las condiciones de guerra prolongada por Israel, apenas logran abrirse paso. Los camiones que aportan ayuda humanitaria se han frenado, en varias ocasiones en fronteras cerradas, los precios se disparan en un mercado inestable y las organizaciones que trabajan sobre el terreno se enfrentan a diversos desafíos. “Tenemos muchos obstáculos debido a la situación y al bloqueo para entregar suministros”, dice Tamador Akel, directora de emergencias de la organización palestina PARC (Comité Palestino de Ayuda Agrícola), una de las entidades locales que sigue operando dentro de la Franja pese a las condiciones extremas.

Tamador Akel viajó a Valencia el pasado mes de octubre para participar como ponente en la jornada “Soberanía Humanitaria: hacia una participación transformadora y una localización real”, organizada por Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP). “La situación humanitaria es mucho peor de lo que se muestra en las noticias” advierte Akel. Su afirmación se basa en el día a día de los 72 trabajadores y más de 300 voluntarios que PARC mantiene en el terreno, distribuidos en doce puntos de intervención entre el norte y el sur de la Franja. Operan en un entorno de desplazamiento masivo, 1,7 millones de personas forzadas a abandonar sus hogares, la destrucción total con el 80% de las viviendas arrasadas y escasez extrema de alimentos, agua potable y artículos básicos. “Casi 2 millones de personas han sido desplazadas por fuerza, la mayoría han perdido sus casas y han sido desplazados más de 10 veces”, reclama Akel.

Esta crisis se intensifica aún más debido a los bloqueos impuestos por el Estado israelí para el transporte de ayuda humanitaria. “Debido al bloqueo y el cierre total de las fronteras, después de romper el primer alto al fuego, desde marzo hasta principios de octubre hubo una falta completa de ayuda y asistencia humanitaria para los desplazados internos en Gaza” , advierte. Además, la escasez de materiales también complica más la labor de PARC. “Cuando redactamos un proyecto, quizá el precio de un artículo era de 100 euros, pero por los cambios en el terreno, cada día ese precio se duplica”, relata Akel. A esto se suma los riesgos de la seguridad de los empleados. “Es un área muy insegura para trabajar, aunque somos una organización local y conocemos el lugar”, dice. Antes de la guerra, Akel “podía ir de su pueblo a Ramala en una hora”, ahora, tras el 7 de octubre, tiene que cruzar tres puestos de control, lo que puede multiplicar su tiempo de viaje hasta tres horas y complicar aún más su trabajo. “Eres como un pájaro aleteando, pero no tienes libertad, no puedes pensar con claridad: ‘vale, tengo que ir a trabajar, entonces voy’, pero no es así”, dice.

En esta guerra de Israel contra los territorios palestinos, las mujeres y los niños son las principales víctimas de la guerra en Palestina, enfrentando una crisis humanitaria brutal, con una infancia marcada por la pérdida, la desnutrición y el trauma. “En esta situación, las personas más afectadas son las mujeres, ancianos y niños”, subraya Akel. La prioridad para PARC durante la emergencia es garantizar que las mujeres, especialmente las mujeres cabezas de familia y solteras, estén representadas y escuchadas dentro de los mecanismos comunitarios de respuesta. “En primer lugar, intentamos asegurar su inclusión en nuestras actividades y en nuestras intervenciones” explica. “Nuestros comités locales y el Comité de Protección Comunitaria deben tener equilibrio de género, para que las mujeres estén presentes, participen y puedan expresar sus necesidades”, añade. “En segundo lugar, les damos prioridad a aquellas que tengan personas con discapacidad.

Una guerra en Gaza que no cesa y genera muchos incertidumbres

A pesar del alto el fuego entre Israel y Hamás, la tensión y la incertidumbre siguen dominando la realidad en Gaza. “Esperamos que dure”, dice Akel. Pero hace solo tres días la tregua estuvo a punto de romperse por las violaciones de Israel. “Tenemos esperanza, pero también temor”, advierte. Esa ambivalencia refleja el miedo compartido por muchas organizaciones que operan sobre el terreno y también los civiles. Akel recuerda que de las principales dificultades tras la primera pausa en los combates fue, precisamente, “el bloqueo de la ayuda humanitaria: no se pudo implementar intervenciones porque faltaban alimentos, kits de higiene, agua, refugios”.

En este contexto, el apoyo internacional es un elemento clave para la población gazatí, que observa con especial atención las posiciones de países como España. “Es importante para nosotros ver este apoyo sólido hacia los palestinos, especialmente desde el gobierno español”, afirma Akel, convencida de que este tipo de reconocimiento “puede influir de manera significativa tanto en la situación sobre el terreno como en la consolidación del alto el fuego”. Más allá del impacto político, ese respaldo tiene un efecto emocional inmediato, “permite a la gente sentir que no está sola”. Pero, advierte, ese acompañamiento debe profundizarse. “Necesitamos más: más del gobierno español, de la sociedad y de otros gobiernos”, insiste, subrayando que el esfuerzo internacional actual, aunque valioso, sigue siendo insuficiente frente a la magnitud de la crisis.

Dos décadas de cooperación entre ACPP y PARC

La visita de Akel a Valencia forma parte de la colaboración de más de dos décadas entre PARC y ACPP. El Comité Palestino de Ayuda Agrícola (PARC), fundado en 1983 por agrónomos palestinos en Cisjordania, nació para apoyar a las familias agricultoras con menos recursos. “Con PARC empezamos a trabajar en 1999”, explica Amaia Camacho, referente de la área de Oriente Medio en ACPP, destacando que esta alianza permite combinar “proyectos de desarrollo sostenible” con “asistencia de emergencia”, como la desplegada tras los ataques de octubre de 2023, y responder también a la creciente crisis en Cisjordania.

La Asamblea de Cooperación por la Paz trabaja en cooperación internacional, acción humanitaria y educación para la transformación social, y colabora con organizaciones locales en Palestina para visibilizar la situación y reforzar la asistencia. Para Silvia Tusón, coordinadora de ACPP en el País Valencià, esta colaboración es estratégica: “Trabajamos con organizaciones de base porque nadie conoce mejor su propia realidad que quienes la viven. Las socias locales son esenciales para construir cambios duraderos”. Tusón subraya además la importancia de la incidencia política y la sensibilización social, así como de las visitas como la de Akel: “Estas visitas son fundamentales para reunirnos con medios de comunicación y sociedad civil, para que se conozcan de primera mano las realidades que viven en Palestina y podamos, en la medida de lo posible, cambiar las reglas del juego”.

Amnistía Internacional ha celebrado en Ciudad Real el acto 'Línea Roja por Gaza' coincidiendo con el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino que se celebra cada 29 de noviembre desde 1978, junto a colectivos como Pacifistas Ciudad Real, Mujeres de la Plaza del Pilar, Feministas de Pueblo, Ciudad Real contra el Racismo, Educación con Palestina, además de Mujeres y Teología.

La movilización, en la tarde-noche del viernes ha servido para recordar que persisten la ocupación, el apartheid y el desplazamiento forzoso que afectaron históricamente al pueblo palestino desde la resolución 181 de Naciones Unidas y la Nakba de 1948.

Las organizaciones convocantes denunciaron, con la lectura de un manifiesto, que Israel ha cruzado repetidamente “líneas rojas” mediante ataques deliberados contra civiles —incluidos miles de niños y niñas—, bombardeos a hospitales y personal humanitario, bloqueo de ayuda y destrucción de infraestructuras esenciales. También recordaron que el alto el fuego habría sido vulnerado más de 500 veces desde el 10 de octubre, causando nuevas víctimas mortales. Las cifran en cerca de 350 personas, mujeres, mayores, niños y niñas en su mayoría. Casi 70.000 personas han perdido la vida desde el 7 de octubre de 2023 y más de 170.000 han resultado heridas.

Supervivencia al límite en medio del invierno

Las condiciones de vida, recordaron, siguen siendo “terribles” para la población desplazada en Gaza, obligada a sobrevivir en campamentos improvisados sin agua corriente ni electricidad. La llegada del invierno y las primeras lluvias agravan aún más la situación, elevando el riesgo de enfermedades, hipotermia y muertes evitables, especialmente entre menores.

El manifiesto reclama el cese inmediato de los ataques, la retirada del ejército israelí de más del 50% de la Franja y el fin del bloqueo impuesto desde 2007. Los colectivos exigen la entrada masiva de ayuda humanitaria y la evacuación de quienes requieran atención médica urgente, así como el respeto al derecho al retorno cuando existan condiciones seguras.

También se reclaman investigaciones independientes sobre todas las violaciones de derechos humanos cometidas por las partes en conflicto, así como la participación directa de la ciudadanía palestina en los procesos políticos y de reconstrucción. “El camino debe estar liderado por el pueblo palestino”, señalan.

Finalmente, el manifiesto advierte que el alto el fuego no puede convertirse en una “cortina de humo para el genocidio en curso de Israel” y critica el “patrón de conducta de Israel en Gaza, incluida la denegación deliberada de ayuda para la población palestina, muchos de cuyos miembros están heridos, desnutridos y en riesgo de sufrir enfermedades graves”. Algo que, inciden, “sigue amenazando su supervivencia”.

Llaman a la comunidad internacional a mantener la presión diplomática para garantizar la entrada de ayuda, proteger a la población civil y avanzar hacia una paz permanente.

El Fasher, capital de Darfur del Norte, en Sudán, se ha convertido en el epicentro de una de las crisis humanitarias más graves del mundo, según Naciones Unidas y organizaciones especializadas que operan en el país. Tras 18 meses de asedio que mantuvo a decenas de miles de civiles atrapados, la ciudad ha caído en manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (también conocidas como RSF, por sus siglas en inglés), la milicia formada a partir de antiguos janjawid, implicada en las masacres de Darfur en 2003. 

Según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (OHCHR), al menos 782 civiles han muerto y más de 1.100 han resultado heridos desde mayo de 2024 en la ofensiva sobre El Fasher. Unicef calcula que alrededor de 260.000 personas permanecen atrapadas dentro de la ciudad, entre ellas más de 130.000 niños, sin acceso regular a alimentos, atención médica o agua potable. Otros 600.000 civiles han huido hacia el suroeste, principalmente a Tawila, donde los campos de desplazados están saturados. 

El conflicto entre las RSF y el Ejército sudanés (SAF), que empezó en abril de 2023, ha obligado a desplazarse a la fuerza a casi 12 millones de personas y más de cuatro millones se han marchado a países vecinos, según Acnur, en lo que se considera la mayor crisis de desplazamiento del mundo. Las estimaciones del número de muertos varían considerablemente, pero las víctimas se cuentan por miles.

Sudán, un país dividido

EGIPTO

Río Nilo

Darfur

CHAD

ERITREA

Jartum

El Fasher

ETIOPÍA

SUDÁN

DEL SUR

Ejército / Grupos aliados

RSF / Grupos aliados

Otros grupos aliados

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: CRITICAL THREATS PROJECTS AT THE AMERICAN ENTERPRISE INSTITUTE

Sudán, un país dividido

EGIPTO

Río Nilo

Darfur

CHAD

Jartum

ERITREA

El Fasher

ETIOPÍA

SUDÁN

DEL SUR

Ejército /

Grupos aliados

RSF /

Grupos aliados

Otros grupos

aliados

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: CRITICAL THREATS PROJECTS AT

THE AMERICAN ENTERPRISE INSTITUTE

La caída de El Fasher marca un punto de inflexión militar y humanitario y revive los temores de una repetición de las atrocidades cometidas en Darfur hace dos décadas. Se calcula que el Ejército ha sido expulsado de aproximadamente un tercio del territorio sudanés, una situación que muchos creen que acerca la posibilidad de que el país se enfrente a una partición.

Una guerra de atrocidades

Los civiles sudaneses están pagando el precio más alto de la guerra que ha devastado el país. Uno de los episodios más graves se ha producido recientemente en el Hospital Materno Saudí de El Fasher, donde, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos 460 pacientes y acompañantes fueron asesinados en un solo ataque perpetrado por las RSF.

Ante el Consejo de Seguridad, el coordinador humanitario de Naciones Unidas, Tom Fletcher ha apuntado que El Fasher “ha descendido a un infierno aún más oscuro”. “Mujeres y niñas están siendo violadas, la gente [es] mutilada y asesinada con total impunidad. No podemos oír los gritos, pero mientras hablamos, el horror continúa”, ha dicho. Además, Fletcher ha advertido de que 16 meses después de la resolución que exigía que las RSF suspendiera el asedio a la ciudad y que las hostilidades se detuvieran inmediatamente, las violaciones al derecho internacional humanitario se han intensificado. “El mundo ha fallado a toda una generación”, ha afirmado. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha informado de que ha recibido “múltiples informes alarmantes” de que las RSF están cometiendo atrocidades, incluidas ejecuciones sumarias, después de tomar el control de grandes partes de El Fasher y de la ciudad de Bara, en el estado de Kordofán del Norte, en los últimos días.

Según el Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale, el nivel de violencia en El Fasher es comparable al de las primeras 24 horas del genocidio de Ruanda. En un informe, el laboratorio indica que esta zona parece estar inmersa “en un proceso sistemático e intencionado de limpieza étnica de las comunidades indígenas no árabes fur, zaghawa y berti mediante desplazamientos forzados y ejecuciones sumarias”.

A lo largo de la guerra se han documentado numerosas violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra contra civiles. El órgano de Naciones Unidas que investiga las violaciones en Sudán, la Misión Internacional Independiente de Investigación (FFM), publicó recientemente un informe en el que recopila los abusos perpetrados por todas las partes en el conflicto.

El documento se titula Una guerra de atrocidades y concluye que tanto el Ejército sudanés como las RSF han dirigido ataques a gran escala contra la población civil e infraestructuras vitales, incluidos centros médicos, lo que constituye una grave violación del derecho internacional. Según denunciaban, los civiles están siendo blanco de ambos bandos por su afiliación real o percibida con el bando contrario, y las ejecuciones, la tortura y las violaciones se han convertido en un horror cotidiano.

Según Amnistía Internacional, las fuerzas armadas sudanesas, las paramilitares RSF y sus aliados han cometido crímenes entre los que figuran violencia sexual contra mujeres y niñas, torturar y matar de hambre a civiles y bombardeos mercados, campamentos de desplazados y hospitales.

Emergencia humanitaria 

Desde la ciudad de El Geneina y en conversación con elDiario.es, la coordinadora de emergencias de MSF España en Darfur, Myriam Laraoussi, describe un panorama cercano al colapso total. “En las últimas noches han llegado casi 1.000 personas en varios camiones tras un viaje muy peligroso. La mayoría llega débil, con heridas o desnutridas. En un solo día, atendimos a más de 400 pacientes. Todos los niños menores de cinco años sufrían malnutrición aguda”, explica. 

La gente está siendo mutilada y asesinada con total impunidad. No podemos oír los gritos, pero mientras hablamos, el horror continúa

Tom Fletcher — Coordinador humanitario de Naciones Unidas

En Tawila, a unos 60 kilómetros de El Fasher, más de 800.000 personas desplazadas sobreviven en condiciones extremadamente precarias, mientras que el hospital opera con suministros médicos limitados y cortes de electricidad continuos. Los quirófanos funcionan con generadores y linternas, y el personal sanitario duerme por turnos en el suelo. 

Desde la misma localidad, la pediatra de MSF, Giulia Chiopris confirma que la caída de El Fasher ha multiplicado el número de heridos y desplazados. “Después de la caída de El Fasher, como esperábamos, estamos viendo una enorme cantidad de civiles heridos. Por eso MSF construyó un puesto de salud en la entrada de Tawila, donde hacemos triaje a cada paciente y derivamos los casos más críticos”. 

Los testimonios de los desplazados, añade Chiopris, describen torturas, disparos en las rutas de huida y viajes nocturnos para evitar los combates, así como de personas forzadas a comer restos de animales para sobrevivir, lo que provoca graves problemas gastrointestinales, especialmente en niños. 

El discurso de Tom Fletcher ante el Consejo de Seguridad de la ONU confirma lo que los trabajadores humanitarios repiten desde hace meses: Sudán vive una crisis humanitaria de dimensiones excepcionales. Más de 24 millones de personas –casi el 40% de la población– no tienen suficiente comida, y tres de cada cuatro hogares encabezados por mujeres sufren inseguridad alimentaria. 

Un conflicto olvidado

Mientras la guerra se prolonga, la sociedad civil sudanesa vive entre la angustia, la impotencia y el silencio internacional.

Mohamed Amro, presidente de Casa de Sudán, una organización radicada en Madrid, denuncia en una entrevista con este medio la indiferencia del mundo ante lo que consideran una campaña de exterminio en Darfur y en otras regiones. “Vivimos con tristeza y miedo. No sabemos cuántas personas han muerto, ni quién sigue vivo. Nadie habla de la crisis de Sudán, parece que pueden matarnos a todos y nadie va a decir nada”, afirma el joven.

Después de la caída de El Fasher, como esperábamos, estamos viendo una enorme cantidad de civiles heridos

Giulia Chiopris — Pediatra de Médicos Sin Fronteras

Los testimonios que llegan desde Sudán muestran un país traumatizado por las masacres en El Geneina, Wad al-Noura y ahora El Fasher, donde las RSF han repetido los mismos patrones de violencia que asolaron Darfur hace 20 años. “Todos los sudaneses sabemos que las RSF son una fuerza genocida”, explica Mohamed. “Por eso más de cuatro millones de civiles se han unido al Ejército sudanés durante los últimos dos años, para defenderse. Lo que están haciendo en El Fasher no sorprende a nadie, pero nos llena de rabia”, añade. 

“Lo que está ocurriendo en El Fasher recuerda los horrores que sufrió Darfur hace 20 años. Pero, de alguna manera, hoy estamos viendo una reacción global muy diferente: una de resignación. Por lo tanto, esta es también una crisis de apatía”, ha criticado el jefe humanitario de la ONU.

Las sombras exteriores

La guerra de Sudán no se sostiene solo por las armas que se disparan dentro del país, sino también por las que llegan desde el exterior. Una investigación de The Guardian ha revelado que equipos militares de fabricación británica –visores, drones y componentes de artillería– fueron hallados en manos de las RSF. 

El hallazgo, incluido en un informe de expertos de Naciones Unidas, detalla cómo ese material llegó a Sudán a través de intermediarios en Emiratos Árabes Unidos (EAU). Por su parte, el medio Middle East Eye también documentó vuelos procedentes de aeropuertos emiratíes que transportaron armamento y suministros logísticos a las RSF, incluso después de que Abu Dabi anunciara el cierre de las negociaciones de paz. Sin embargo, el papel de EAU en el conflicto sudanés va mucho más allá del apoyo militar puntual. 

Emiratos ha pasado de ser un socio comercial a un actor geoestratégico clave en África, combinando inversiones, diplomacia y presencia militar indirecta. EUA es hoy el cuarto país en inversión directa en el continente, solo por detrás de China, Estados Unidos y Francia. El país controla o gestiona una veintena de puertos en diez países africanos a través de dos empresas estatales –DP World y AD Ports Group–, y ha firmado seis nuevos acuerdos de concesión portuaria en los últimos cuatro años. 

Están usando la sangre de los sudaneses para financiar sus negocios. Y el mundo calla

Mohamed Amro — Presidente de Casa de Sudán

El proyecto emiratí en África comenzó en el puerto de Berbera en Somalilandia y con el tiempo expandió su presencia hacia Sudán, Malí, Uganda, Tanzania y República Democrática del Congo, pero Sudán ocupa un lugar central en su estrategia africana. El país es uno de los principales exportadores de oro hacia Dubái y buena parte de ese comercio –según informes de Chatham House y Global Witness– financia indirectamente a las RSF, que controlan minas en Darfur, Kordofán y el Nilo Azul. 

La empresa al-Gunade, propiedad de familiares del líder de ls RSF, Mohamed Hamdan Dagalo (popularmente conocido como Hemedti), es uno de los principales socios comerciales de compañías emiratíes, entre ellas Kaloti Jewellery Group, con sede en Dubái, y otras firmas de compraventa de metales preciosas en el Golfo. Además, Emiratos firmó en 2022 un acuerdo de 6.000 millones de dólares con el Gobierno sudanés para la construcción del puerto Abu Amama, en el mar Rojo, a través del grupo estatal AD Ports. El proyecto quedó suspendido en 2024 tras el estallido de la guerra y las acusaciones desde el Gobierno sudanés hacia EAU sobre su apoyo a las RSF.

El portavoz de Casa de Sudán también apunta a la implicación de actores extranjeros, especialmente Emiratos, en el sostenimiento de la guerra: “Han enviado mercenarios colombianos y etíopes, con pasaportes y banderas de Emiratos. Llegan a través de empresas de seguridad emiratíes que operan en Libia”, cuenta. Su organización denuncia que este apoyo se traduce en un saqueo directo del oro del país, controlado por las RSF y exportado a Dubái: “Están usando la sangre de los sudaneses para financiar sus negocios. Y el mundo calla”, advierte. “La comunidad internacional tiene la obligación de declarar a las RSF como una organización terrorista, sancionar a quienes las arman y juzgar a los responsables del genocidio”, concluye.

El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha fet aquest dimecres una crida contundent a la ciutadania i als responsables polítics perquè posin fi als discursos d'odi contra les persones migrants i a determinades actituds que, al seu judici, resulten “inadmissibles”. Entre elles, el “rebuig” i la criminalització que sofreixen els migrants per part de diferents sectors de la societat i de l'esfera política. “Anomenar-los delinqüents és una calúmnia, una acusació molt greu contra gent que ha hagut de marxar-se de ca seva”, ha asseverat sobre una de les proclames més difoses per la dreta i l'extrema dreta, la que relaciona l'arribada d'estrangers amb la delinqüència i que ha estat àmpliament desmentida per les fonts oficials i per nombrosos estudis científics.

En roda de premsa que ha ofert per a donar compte, de la mà de diverses entitats socials associades a l'Església, de la situació de les persones sense llar a l'illa, Taltavull ha alertat, a més, que determinats espais posats per l'Església a la disposició de les administracions per a acollir a menors migrants no acompanyats no han pogut ser posats en funcionament “no per una qüestió legal, sinó social”, com és el cas del centre d'acolliment que es preveia habilitar en el convent de Sant Pere, a Calvià, i que malgrat estar llest per a això, “no s'ha pogut usar”. Tant PP com Vox, que conformen l'equip de govern de l'Ajuntament, es van posicionar en contra de l'obertura d'aquest espai.

Preguntat sobre aquest tema, Taltavull s'ha posicionat en contra de la proposta -finalment rebutjada- que els de Santiago Abascal van elevar al Consell de Mallorca perquè els ciutadans de cada municipi sotmetessin a votació si desitjaven albergar un centre de menors migrants. “Cal regular-ho, no es pot fer de qualsevol manera, però no és qüestió de si hi ha voluntat de fer un referèndum per a decidir si els admetem o no, sinó de tenir el cor obert, perquè són persones”, ha incidit.

El prelat ha assenyalat que en les últimes setmanes ha mantingut trobades amb el delegat del Govern en Balears, Alfonso Rodríguez, per a estudiar com atendre les persones migrants que arriben en pastera a les costes de l'arxipèlag. “Ells estan intentat posar una solució, sobretot en els ports. Les converses segueixen, no és que arribem a coses concretes, però sí que posar-nos d'acord. El que no podem fer de cap manera és partir del rebuig inicial”, ha subratllat.

Durant la seva intervenció, Taltavull ha anat més enllà de les dades socials per a plantejar una reflexió ètica i política sobre la crisi migratòria. En aquest sentit, ha lamentat la difícil situació que travessen les persones migrants quan arriben a Mallorca -i a la resta del país- a causa del rebuig social i la criminalització per part d'una part dels ciutadans, entre ells, segments de la societat que “viuen bé i als qui no els falta de res”, i que així i tot miren amb recel o hostilitat als nouvinguts.

“Mirar a la persona” independentment del seu origen

“Després ve la discussió política: si els hem d'admetre o no, si són irregulars o no”, ha afegit: “Per a mi hi ha una qüestió d'actitud. Els cristians parlem de caritat, que no vol dir beneficència. Cal estimar sense esperar que t'estimin”. En aquesta línia, ha apel·lat, en lloc de discutir, a “mirar a la persona, independent d'on ve o de la seva situació personal”.

“Hi ha actituds que no podem admetre de cap manera quan veiem aquest sofriment tan gran” perquè “hi ha rebutjos que venen de prejudicis i que provoquen un perjudici per als altres”, ha afegit. Al seu judici, aquest tipus de manifestacions són incompatibles amb la dignitat humana i amb la tradició social del cristianisme.

En una de les últimes publicacions del setmanari de l'Església de Mallorca, consultada per elDiario.es, Taltavull al·ludeix, en aquest context, a les paraules pronunciades pel papa Francesc en relació amb la migració: “Acollir, protegir, promoure i integrar”. En les mateixes pàgines, el bisbe recorda “el mandat evangèlic de Jesús, sempre actual i que ens qüestiona: 'Era foraster, i em vau acollir'”. Unes “paraules clares” que, segons Taltavull, “no necessiten interpretació”: “Es tracta de promoure una profunda conversió personal, pastoral, social i política, si és que realment la paraula de Jesús ens toca el cor i li donem la resposta que espera acollint els migrants i refugiats”.

Contra les conseqüències del turisme massiu

No és la primera vegada que el religiós es pronuncia en termes de justícia social. Al maig de 2024 va alertar de les situacions de desigualtat que genera l'actual model turístic en Balears i la massificació derivada d'aquest i va instar les administracions a impulsar altres “fonts de riquesa més variades” com la indústria o el camp. “Una illa dona per al que dona”, va expressar, insistint que les polítiques que s'impulsin “no han d'excloure a ningú”.

El bisbe va mostrar fins i tot la seva “preocupació” per la saturació en les carreteres de la Serra de Tramuntana, els residents de la qual acusen una massificació que, cada any, aconsegueix límits extrems a l'illa. De fons, l'etern debat sobre la necessitat de limitar l'arribada massiva de visitants i de buscar un equilibri econòmic i mediambiental en un territori que demana a crits una solució definitiva. Taltavull també reivindica el foment de la llengua catalana a les illes i la seva promoció en els actes religiosos.

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha hecho este miércoles una llamada contundente a la ciudadanía y a los responsables políticos para que pongan fin a los discursos de odio contra las personas migrantes y a determinadas actitudes que, a su juicio, resultan “inadmisibles”. Entre ellas, el “rechazo” y la criminalización que sufren por parte de diferentes sectores de la sociedad y de la esfera política. “Llamarles delincuentes es una calumnia, una acusación muy grave contra gente que ha tenido que marcharse de su casa”, ha aseverado sobre una de las proclamas más difundidas por la derecha y la extrema derecha, la que relaciona la llegada de extranjeros con la delincuencia y que ha sido ampliamente desmentida por las fuentes oficiales y por numerosos estudios científicos.

En rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta, de la mano de diversas entidades sociales asociadas a la Iglesia, de la situación de las personas sin hogar en la isla, Taltavull ha alertado, además, de que determinados espacios puestos por la Iglesia a disposición de las administraciones para acoger a menores migrantes no acompañados no han podido ser puestos en funcionamiento “no por una cuestión legal, sino social”, como es el caso del centro de acogida que se preveía habilitar en el convento de Sant Pere, en Calvià, y que pese a estar listo para ello “no se ha podido usar”. Tanto PP como Vox, que conforman el equipo de gobierno del Ayuntamiento, se posicionaron en contra de la apertura de este espacio.

Preguntado al respecto, Taltavull se ha posicionado en contra de la propuesta -finalmente rechazada- que los de Santiago Abascal elevaron al Consell de Mallorca para que los ciudadanos de cada municipio sometieran a votación si deseaban albergar un centro de menores migrantes. “Hay que regularlo, no se puede hacer de cualquier manera, pero no es cuestión de si hay voluntad de hacer un referéndum para decidir si los admitimos o no, sino de tener el corazón abierto, porque son personas”, ha incidido.

El prelado ha señalado que en las últimas semanas ha mantenido encuentros con el delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, para estudiar cómo atender a las personas migrantes que llegan en patera a las costas del archipiélago. “Ellos están intentado poner una solución, sobre todo en los puertos. Las conversaciones siguen, no es que lleguemos a cosas concretas pero sí ponernos de acuerdo. Lo que no podemos hacer de ninguna manera es partir del rechazo inicial”, ha subrayado.

Durante su intervención, Taltavull ha ido más allá de los datos sociales para plantear una reflexión ética y política sobre la crisis migratoria. En este sentido, ha lamentado la difícil situación que atraviesan las personas migrantes cuando llegan a Mallorca -y al resto del país- debido al rechazo social y la criminalización por parte de una parte de los ciudadanos, entre ellos segmentos de la sociedad que “viven bien y a quienes no les falta de nada”, y que aun así miran con recelo u hostilidad a los recién llegados.

“Mirar a la persona” independientemente de su origen

“Después viene la discusión política: si los tenemos que admitir o no, si son irregulares o no”, ha añadido: “Para mí hay una cuestión de actitud. Los cristianos hablamos de caridad, que no quiere decir beneficencia. Hay que querer sin esperar que te quieran”. En esta línea, ha apelado, en lugar de discutir, a “mirar a la persona, independiente de dónde viene o de su situación personal”. 

“Hay actitudes que no podemos admitir de ninguna manera cuando vemos este sufrimiento tan grande” porque “hay rechazos que vienen de prejuicios y que provocan un perjuicio para los otros”, ha añadido. A su juicio, este tipo de manifestaciones son incompatibles con la dignidad humana y con la tradición social del cristianismo.

En una de las últimas publicaciones del semanario de la Iglesia de Mallorca, consultada por elDiario.es, Taltavull alude, en este contexto, a las palabras pronunciadas por el papa Francisco en relación con la migración: “Acoger, proteger, promover e integrar”. En las mismas páginas, el obispo recuerda “el mandato evangélico de Jesús, siempre actual y que nos cuestiona: 'Era forastero, y me acogisteis'”. Unas “palabras claras” que, según Taltavull, “no necesitan interpretación”: “Se trata de promover una profunda conversión personal, pastoral, social y política, si es que realmente la palabra de Jesús nos toca el corazón y le damos la respuesta que espera acogiendo los migrantes y refugiados”.

Contra las consecuencias del turismo masivo

No es la primera vez que el religioso expresa se pronuncia en términos de justicia social. En mayo de 2024, alertó de las situaciones de desigualdad que genera el actual modelo turístico en Balears y la masificación derivada de éste, e instó a las administraciones a impulsar otras “fuentes de riqueza más variadas” como la industria o el campo. “Una isla da para lo que da”, expresó, insistiendo en que las políticas que se impulsen “no deben excluir a nadie”.

El obispo mostró incluso su “preocupación” por la saturación en las carreteras de la Serra de Tramuntana, cuyos residentes acusan una masificación que, cada año, alcanza límites extremos en la isla. De fondo, el eterno debate sobre la necesidad de limitar la llegada masiva de visitantes y de buscar un equilibrio económico y medioambiental en un territorio que pide a gritos una solución definitiva. Taltavull también reivindica el fomento de la lengua catalana en las islas y su promoción en los actos religiosos. 

La Compañía Asturias formada por personal del Regimiento Príncipe 3 partía a 2.537 kilómetros de distancia del Principado, en la primavera de 1995, para participar en su primera misión internacional en pleno conflicto étnico en la antigua Yugoslavia.

Viajaban con el objetivo de servir como fuerza de interposición entre los bandos enfrentados en la guerra de los Balcanes y como unidad de protección y escolta para expediciones humanitarias bajo el paraguas de las Fuerzas de Protección de la ONU (UNPROFOR).

La primera misión internacional

Cuando se cumplen 30 años de aquella pionera misión, los WhatsApp, los correos electrónicos y el teléfono están conectados las 24 horas del día en la ingente búsqueda del mayor número posible de componentes del Regimiento Príncipe 3 que, bajo la bandera de la ONU, se integraron en la Agrupación Táctica Galicia para realizar, entre otras, labores de protección de ayuda humanitaria, escolta de convoyes y asistencia a la población civil en Bosnia-Herzegovina.

Aprovechando el acto a los caídos que se celebra cada mes en esta Unidad, se les ha ofrecido la posibilidad de reunirse. La finalidad no es reclutarles para una nueva misión, sino que están intentando localizar a todos aquellos que se desplazaron a la antigua Yugoslavia para conmemorar esa primera misión internacional que abrió el camino a las otras 20 que se han llevado a cabo y que marcó un antes y un después en el acuartelamiento de Cabo Noval, en el concejo asturiano de Siero.

Un testimonio de amistad y solidaridad

Muchos de ellos no han vuelto a coincidir en estos 30 años, por lo que se espera que además del acto institucional -donde no faltarán la misa, el acto a los caídos y las intervenciones con discursos sobre su misión de paz- se convierta en un emotivo testimonio de amistad y solidaridad en torno a una espicha.

Como recuerdo de esa gesta, está prevista la entrega de una medalla conmemorativa y un USB con documentación, recortes de prensa y fotografías tomadas a lo largo de esos seis meses.

Unos 162 hombres y mujeres del Príncipe 3 integrados en la Agrupación Táctica de Galicia participaron en la antigua Yugoslavia como fuerza de interposición entre los bandos enfrentados en la guerra de los Balcanes y como unidad de protección y escolta para expediciones humanitarias

De la señora Fátima a los caramelos

La cita para esta celebración que se espera multitudinaria se ha fijado para el 7 de noviembre en el Principado.

En esta reunión rememorarán muchas anécdotas, recordarán a algunos de los habitantes de Bosnia como a “la señora Fátima” que se volcó en atenciones hacia los componentes de la Compañía Asturias y muy especialmente la gratitud de aquellos niños y niñas que, en medio de tanto horror, les dedicaban una amplia sonrisa cuando les repartían los caramelos que les había enviado el Sindicato de Enseñanza a través de la campaña “Endulza su esperanza”.

No faltarán tampoco las imágenes de edificios destrozados, puentes volados como el “Stari Most” y reconstruido posteriormente por la Unión Europea (UE), los trabajos de reparación de infraestructuras como conducciones de agua.

También habrá tiempo para hablar de cada experiencia personal e incluso de verbalizar aquellos momentos más delicados cuando les caían granadas a su lado, cerca de los destacamentos y puestos de control, donde los sacos terreros les daba protección, y que podían separar la fina línea de la vida y de la muerte, junto a tantos recuerdos que aún conservan en la retina, 30 años después.

El reencuentro con el teniente Jiménez

Uno de los momentos más emotivos y especiales será el reencuentro con el teniente Alberto Miguel Jiménez Sánchez, quien el 12 de junio fue víctima junto a su patrulla de un ataque en el que sufrió lesiones graves.

Una muestra de la dureza de esta experiencia se puede apreciar en la imagen que se reproduce a continuación.

La 'otra' familia

Serán instantes para retener en la memoria de aquellos seis meses donde la vida se circunscribía a los compañeros y compañeras de cada pelotón. Todos ellos se convirtieron en su “otra” familia durante su permanencia en Bosnia y con los que la convivencia era muy intensa, durante 24 horas.

Los cinco minutos de la llamada telefónica de la que podían disfrutar cada día, al existir solo una línea para comunicar con el exterior, era el ansiado momento en el que podían tener un contacto más directo con sus familias.

El Día de Asturias en Bosnia

Pese a la distancia, no se olvidaron de celebrar festividades como la del 8 de septiembre, Día de Asturias, donde ellos mismos prepararon un menú a base de productos típicos asturianos, como fabada bien regada con sidra o postres como arroz con leche.

Era su manera de sentir que estaban más cerca de la tierra. Una celebración gastronómica a la que fueron invitados todos los componentes de la Agrupación Galicia.

Actos de despedida en Asturias y Galicia

La plaza de la Catedral de Oviedo había acogido, en abril de 1995, el acto de despedida de la unidad, donde el entonces presidente del Principado de Asturias, Antonio Trevín, entregó su guión a la Compañía Asturias.

Antes de partir hacia Bosnia, para relevar a la Agrupación Extremadura, se hizo la fase de concentración en Pontevedra, donde se reunieron todas las unidades que iban a formar parte de la Agrupación Táctica Galicia.

La mayoría de los 1.150 componentes de la Agrupación Galicia eran militares profesionales, ya que solo un cuatro por ciento eran soldados de reemplazo. Entre el colectivo había 50 mujeres.

El homenaje en la plaza del Obradoiro

Antes de viajar a Bosnia fueron homenajeados en la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, donde el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne, entregó el guion a la Agrupación. En la fotografía, imagen de los militares formados en el acto.

Los reconocimientos

El trabajo de la Compañía Asturias en Bosnia ha sido ampliamente reconocido. Una vez completados los seis meses de misión internacional, fueron distinguidos con varias condecoraciones y diplomas por su actuación a favor de la paz.

El relevo en Presidencia del Principado

Se da la circunstancia de que durante estos seis meses de misión internacional, el Gobierno de Asturias tuvo un relevo en la Presidencia. En la primavera de 1995, el presidente era el socialista Antonio Trevín Lombán, quien fue el encargado de entregar el guión al Capitán-Jefe de la Compañía -actual coronel- Enrique Corominas Rodríguez.

A su vuelta, el presidente del Principado era Sergio Marqués, en aquella fecha aún en las filas del PP, quien entregaba la Medalla de Oro de Asturias a Enrique Corominas Rodríguez, tras ser aprobada por unanimidad del Consejo de Gobierno el 9 de noviembre de 1995. Ese mismo día la compañía también recibió la Medalla de Oro de Oviedo.

En la imagen, momento en el que Sergio Marqués hacía entrega de la Medalla de Oro y el diploma acreditativo.

Una “brillante trayectoria”

La Medalla de Oro de Asturias se otorgaba en reconocimiento a “la brillante trayectoria de la Compañía en las misiones dе seguridad y protección realizadas en Bosnia-Herzegovina, contribuyendo con sus acciones a enaltecer y resaltar de manera significativa en los ámbitos nacional e internacional al Principado de Asturias”, rezaba el diploma acreditativo.

Una distinción a la que posteriormente seguirían otras muchas como la Medalla de Oro de la Junta General del Principado de Asturias, así como el título de miembros de honor de Los Caballeros de la Orden del Sabadiego del concejo asturiano de Noreña.

Francisco Rey Marcos lleva más de tres décadas vinculado a la acción humanitaria. Tras su paso por Cruz Roja y por numerosas ONG internacionales y organismos de Naciones Unidas, en el año 2000 fundó junto a Jesús Núñez el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), que ahora cumple 25 años. Desde allí, combina investigación aplicada al seguimiento de proyectos humanitarios o de construcción de la paz, formación y asistencia técnica para mejorar el trabajo de las ONG y las políticas públicas.

El IECAH publica cada año un informe junto a Médicos sin Fronteras sobre el estado de la acción humanitaria española e internacional. El último publicado, relativo a 2023-2024, analiza los casos de Sudán y Gaza como “muestra de la inacción internacional” ante crisis que ponen en riesgo a numerosas poblaciones. Los datos de estos dos años revelan “un escenario preocupante”, marcado por los conflictos, la emergencia climática, los desastres y las dinámicas económicas.

La conversación con elDiario.es Andalucía tiene lugar en el marco del Foro Demos 2025 de la Asociación Española de Fundaciones, celebrado esta semana en Sevilla bajo el lema Fronteras de la filantropía. Un encuentro que invita a reflexionar en un momento en que la guerra de Gaza y la crisis del sistema humanitario global reclaman respuestas urgentes.

Acaba de participar en una mesa redonda sobre Filantropía y conflictos bélicos. ¿Qué papel juega la filantropía en contextos como la masacre en Gaza?

Lo primero que habría que decir es que el propio término filantropía en España no se usa tanto como en otros países. En el ámbito de la cooperación o de la acción humanitaria usamos más términos como solidaridad. Si entendemos que la filantropía es una forma de financiación y de participación de la sociedad civil, no de los Estados, en los conflictos armados siempre ha sido importante. Alrededor del 17% de la financiación humanitaria proviene de fuentes privadas que podríamos considerar filantropía, pero lamentablemente eso ha ido a la baja: en 2023 hubo unos 8.400 millones de dólares de filantropía en el ámbito humanitario, mientras que en 2024 solo 7.000.

¿Por qué se ha reducido tanto en un año?

Las respuestas de la sociedad civil a los conflictos están muy influidas por los medios de comunicación y por el interés que cada crisis genera. Por ejemplo, la guerra de Ucrania generó en Europa, sobre todo en Estados Unidos, una subida de los fondos provenientes de ciudadanos individuales. Sin embargo, en 2024 se acabó el “efecto Ucrania” y no ha habido un “efecto Gaza”, por decirlo así. Los motivos para analizar eso creo que son bastante obvios en los países desarrollados.

¿Por qué la respuesta internacional ha sido tan diferente en el caso de Palestina comparado con el conflicto en Ucrania?

La respuesta humanitaria internacional siempre, lamentablemente, se deja llevar mucho por motivos políticos. Hay crisis que son sobrefinanciadas, mientras que hay otras crisis humanitarias subfinanciadas. Había también más interés político en sostener esa crisis. El flujo de refugiados ucranianos fue atendido sin ningún problema en cantidades muy grandes, mientras que cuando empiezan a llegar refugiados y refugiadas de otros países, la respuesta es menor.

En el caso de la filantropía, tanto los ciudadanos individuales como las grandes fundaciones son más reacios a responder ante un conflicto generado por una crisis política que ante un desastre. El caso típico puede ser Haití en el 2010, tras el desastre ocasionado por el terremoto, hubo una subida de fondos enorme que, sin embargo, no ha continuado cuando la crisis de Haití ha sido más por motivos políticos. Uno de los problemas de la financiación que proviene de la filantropía es que muchas veces no garantiza una cierta estabilidad y continuidad para los ámbitos humanitarios porque es muy selectiva y se deja llevar mucho por los temas mediáticos. Y algunas veces, como en el caso de Ucrania se baten récords, mientras que otras crisis son olvidadas, como el caso de Sudán del Sur o República Democrática del Congo.

La militarización de la ayuda en Gaza es de las cosas más aberrantes que hemos visto en el mundo humanitario en las últimas décadas

Usted ha trabajado en la financiación de la ayuda humanitaria. ¿Se está quedando corta la respuesta internacional frente al aumento de las crisis globales?

Casi el 80% de la financiación humanitaria internacional son los Estados y básicamente era Estados Unidos. En segundo lugar, están los donantes: Reino Unido, Alemania... Aunque hay compromisos desde hace muchos años para que la financiación humanitaria no se deje llevar por criterios políticos, no se ha conseguido. En nuestros informes tomamos siempre como indicador la respuesta a lo que la ONU denomina llamamientos coordinados. Es decir, cuando hay una crisis en un país, todas las agencias de la ONU hacen un llamamiento a la comunidad internacional. La media en los últimos años es de que los llamamientos de la ONU cubran algo más del 50 % de las necesidades. Es decir, queda un 48% sin cubrir. Sin embargo, vemos cómo el llamamiento de Ucrania se cumplió prácticamente en su totalidad, mientras que llamamientos para Siria, para Haití, República Centroafricana o Etiopía se cumplían solo al 30 %. Lamentablemente es así. Ahora, al hilo de los recortes de los Estados Unidos y de otros países, el vicesecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU ha propuesto el “reseteo humanitario”, precisamente para mejorar esto y que la asignación de recursos sea más en función de las necesidades humanitarias.

¿Y de qué manera las entidades de acción humanitaria pueden compensar esos desequilibrios, llegar donde no llegan los Estados?

Ahí entra la filantropía. Pero claro, hay organizaciones que tienen un gran porcentaje de fondos privados de sus socios, de sus socias o de empresas y pueden vivir de fondos propios y eso les concede una gran independencia. Pero hay pocas. El modelo más claro es Médicos sin Fronteras, que tiene básicamente su financiación cubierta por fondos propios y no recurre mucho a financiación pública. Incluso en algunos casos se negó a pedir financiación a la Unión Europea tras la crisis de refugiados y la política de la Unión Europea de cierre de fronteras. Hay otras organizaciones que tratan de aumentar sus fondos privados para mantener una mayor independencia, pero algunas no lo consiguen. Y eso condiciona mucho su capacidad de actuar en ciertos escenarios.

Ahora que menciona la importancia de la independencia, que es uno de los principios de la acción humanitaria. ¿Qué lectura hace de la forma en que Israel ha gestionado la ayuda humanitaria en Gaza?

Eso es un drama brutal desde el principio y se ha visto agravado con la creación de la Fundación Humanitaria por Gaza, que es una cosa verdaderamente perversa y tiene que ser absolutamente criticada por el sector humanitario. Militarizar la ayuda, ponerla en manos de operadores, que son mercenarios que no tienen ni idea, hacer que la población se juegue la vida para conseguir alimentos y cuando están esperando en la fila les disparan... Eso es de las cosas más aberrantes que hemos visto en el mundo humanitario en las últimas décadas. Pero ya antes, la imposibilidad de operar de la UNRWA, que era el organismo que se encargaba de todas esas cuestiones, es de las cosas más aberrantes que se ha producido por parte del Gobierno de Israel, pero también del Gobierno de los Estados Unidos porque eso no hubiera sido posible sin la aquiescencia, por no decir la complicidad, de los Estados Unidos. Ha sido dramático y está siendo usado todavía como un mecanismo para forzar a la población gazatí a huir a las zonas teóricamente humanitarias que no lo son, evidentemente, y jugándose la vida.

Hablar de genocidio no cierra el asunto, Israel comete crímenes de guerra

Uno de las funciones del instituto es la formación y la investigación. Desde esa perspectiva, ¿qué importancia tiene llamar a las cosas por su nombre? ¿Es importante hablar de genocidio?

Completamente. El tema ha ido evolucionando y ahora ya tenemos además la posición de una comisión de la ONU que dice que de las cinco condiciones que la Convención contra el Genocidio tiene en Israel se dan al menos cuatro. Es decir, yo creo que es evidente que se comete un genocidio, porque además algunos mandatarios israelíes lo han dicho claramente. ¿Por qué había gente que hace unos meses no hablaba tan claramente de genocidio? Porque parecía como que Israel no buscaba la desaparición de la población palestina, sino en control del terreno que se disputan. Pero yo creo que eso ahora no tiene ningún sentido y hay que hablar claramente de genocidio. Y junto a eso, es igual de importante ver que Israel, desde el inicio de la teórica respuesta al atentado terrorista de Hamás el 7 de octubre, cometió crímenes de guerra. No cumplió el Derecho Internacional Humanitario (DIH), no cumplió el principio de distinción, el de proporcionalidad... Entonces las atrocidades cometidas por Israel no se agotarían en el delito de genocidio, sino en la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

¿Qué consecuencias deberían tener las violaciones sistemáticas del Derecho Internacional Humanitario que se están cometiendo?

Tienen que investigarse y juzgarse. Ambas cuestiones están siendo investigadas por diferentes tribunales: el delito de genocidio en la Corte Internacional de Justicia (que juzga a los Estados), mientras que de los crímenes de guerra se ocupa la Corte Penal Internacional, que juzga a personas y ha abierto ya una causa contra algunas. También está siendo muy positivo que algunos países, entre ellos España, estén abriendo investigaciones como la que comenzó la Fiscalía para por lo menos ir acumulando pruebas para, en su caso, poder juzgar estas atrocidades. E insisto, hablar de genocidio no cierra el asunto, se cometen crímenes de guerra y eso hay que juzgarlo en los tribunales penales internacionales.

La respuesta internacional a la crisis de Gaza ha sido muy tardía, muy escasa y poco eficaz

¿Cómo evalúa la respuesta de la comunidad internacional ante la crisis de Gaza?

Muy tardía y muy escasa. Hace algunos años se acuñó un eslogan de broma en las Naciones Unidas diciendo que se hace too little too late. Demasiado poco, demasiado tarde. En este caso yo creo que ni eso. Es decir, los Estados han reaccionado muy tarde. En el caso de la Unión Europea, por lo que nos atañe, es particularmente duro de reconocer. Y el hecho de que no se hayan iniciado medidas de sanciones económicas con fuerza, de sanciones políticas, de retirada de organismos internacionales... creo que es una vergüenza para la comunidad internacional. Afortunadamente, ahora, cuando se ha ido acercando la Asamblea General de la ONU de la semana pasada, y ante la absoluta claridad de la comisión de genocidio y de crímenes de guerra, pues algunos Estados han aprovechado para reconocer al Estado palestino y eso. Pero la respuesta internacional a esta crisis ha sido muy tardía, muy escasa y poco eficaz.

¿Por qué motivos?

Siendo justo, yo creo que muchos suponían que tras los primeros ataques de Israel como represalia por el ataque terrorista de Hamás, Netanyahu lo consideraría suficiente. Pero como nadie le puso freno a eso, ha seguido pisando el acelerador. Y como ha contado con el apoyo de los Estados Unidos, pues ha seguido adelante. Y está aprovechando para lo que en el lenguaje nazi –es duro decir esto– sería la solución final.

¿Qué le parece el plan presentado por Trump para la paz en Gaza?

Yo creo que es absolutamente insuficiente y como decía Olga Rodríguez en esta casa, es una posición neocolonial, con elementos absurdos, como poner a Tony Blair posiblemente a la cabeza. Me sorprende que el gobierno español y otros gobiernos hayan sido tan optimistas con esa posición que creo que no es suficiente. Recurre a un lenguaje muy almibarado que parece como si trataran de justificar retóricamente muchas cosas, pero creo que tiene muy poca credibilidad. Y la prueba es que el propio Netanyahu a los dos minutos dijo que no reconocería un Estado Palestino. Y desde el punto de vista humanitario, tampoco garantiza nada.

La acción humanitaria no es solo no es solo salvar vidas, sino también proteger la dignidad de las personas afectadas

El instituto ha advertido de que el sistema humanitario global “atraviesa un momento de crisis”. ¿Cuáles son las principales amenazas a las que se enfrenta hoy?

El sistema humanitario fue concebido como motor del sistema internacional, con una mentalidad muy Norte-Sur, muy basada también en ciertos organismos de la ONU, muy dependientes de la financiación de los Estados, pero sobre todo con una lógica, hay que reconocerlo, un poco colonial y muy de donante a receptor. Desde 2016 se habla de que la respuesta humanitaria tiene que ser lo más local posible y basada en los recursos locales. Pero eso ha avanzado muy, muy poco. Si a eso unimos la propia crisis de financiación acelerada por los recortes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y de otros donantes, pues ese sistema entra en crisis. Y también porque el sistema creció sin una organización y una coordinación suficiente, es decir, hay algunas agencias dentro de la ONU cuyos mandatos a veces se solapan.

Entonces, el sistema así constituido tiene dos críticas que se le podrían hacer, y que nosotros hemos hecho desde hace años ya. Por una parte, una crisis de legitimidad, de no ser un sistema suficientemente representativo de las sensibilidades de los países del sur y estar basado en una lógica muy asistencial. Y dos, ser ineficaz, ser ineficiente, no usar los recursos de un modo adecuado. Si a eso sumamos las posiciones del gobierno de los Estados Unidos de Trump contra todo el multilateralismo y todo el sistema internacional, no ya el humanitario, pues tenemos una crisis muy, muy grave.

¿Qué le preocupa más del futuro de la acción humanitaria… y qué le da esperanza?

Un tema que preocupa es que la acción humanitaria no es solo prestar asistencia, no es solo salvar vidas, sino también proteger la dignidad de las personas afectadas. También tiene una dimensión de protección de los derechos humanos y una dimensión testimonial de contar lo que se ve. Lo que estamos viendo en el último tiempo ante los recortes económicos es que muchas agencias han vuelto a focalizarse en las actividades de salvar vidas, el más puro asistencialismo, dejando en muy segundo lugar las tareas de protección. Y eso es un error y es un retroceso en el ámbito humanitario.

Muchas veces algunas organizaciones humanitarias con una visión muy estricta de la neutralidad deciden no denunciar ese tipo de violación de derechos. En el caso de Gaza, las violaciones han sido de una magnitud tal que una gran parte de las organizaciones humanitarias, tanto las ONG como de las Naciones Unidas, ha hablado de genocidio, ha hablado de crímenes de guerra desde el principio. Es decir, esa dimensión testimonial en crisis como la de Gaza ha tomado muchísima fuerza porque se necesita. O sea, no puedes estar solo dando asistencia mientras el otro sigue bombardeando.

Sobre todo, cuando la acción humanitaria también ha sido una de las afectadas por la intervención de Israel.

Claro, hay muchísimos muertos de trabajadores humanitarios. Pero bueno, lo que da esperanza es que haya Estados que mantengan sus compromisos. Ahí España está portándose decentemente en sus compromisos financieros. La Oficina Humanitaria de la Comisión Europea también está manteniendo el tipo con su financiación. Y ya lo que queda es que la sociedad civil sea consciente de la necesidad de apoyar y financiar la acción humanitaria independiente a través de las ONG. Y que algunas de las medidas de lo que se han incluido en el llamado reset humanitario vayan llevándose a cabo: agrupar oficinas de varias agencias, conceder más participación para los países del sur, más apoyo a la localización, más apoyo a las entidades locales, todo ese tipo de de cosas.

En lo que respecta al papel de la ciudadanía, ¿percibe que la sociedad española está sensibilizada con estos temas o falta aún educación y cultura humanitaria?

En el caso español es un poco subjetivo decir esto, pero creo que sí que ha aumentado la sensibilidad con el tema palestino muy, muy rápidamente. Pero eso no ha llevado a dar más financiación humanitaria. Creo que en el caso de la crisis palestina, muchos ayuntamientos, comunidades autónomas y el propio Gobierno aumentó desde el principio la financiación a la UNRWA o a organizaciones con presencia en Palestina. La opinión pública creo que no tanto, pero no tenemos datos cerrados todavía del año 2024. En el informe próximo lo publicaremos. En España siempre decimos que somos un país solidario. No me opongo a eso, pero me parece que es un poco gratuito, porque no se traduce en la cantidad de financiación que reciben las ONG.

Ada Colau ha denunciado a través de las redes sociales un ataque de Israel esta madrugada contra la Flotilla por la Libertad. La exalcaldesa de Barcelona afirma que la acción ha tenido lugar en aguas internacionales y que los activistas que viajan hacia Gaza en misión humanitaria han contado hasta “once dispositivos explosivos arrojados contra las embarcaciones”. Cuatro de las naves han resultado dañadas.

Colau indica que no ha habido heridos, pero alerta de que “pudo haberlo” y no descarta que esta noche sea “peor”. Por eso ha enviado una carta al ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, “y por extensión a Pedro Sánchez” en la que les pide medidas de protección inmediatas “antes de que haya víctimas mortales”.

Colau ha recordado que la Flotilla ha sido amenazada “desde el primer día” por Israel, y afirma que las embarcaciones ya han sufrido “dos ataques graves” con drones en el puerto de Túnez. Sobre el ataque de esta noche, la exalcaldesa subraya que “por suerte no debe lamentarse muertos y heridos”, aunque a su juicio podría haberlo, porque el ataque “fue en plena madrugada, lanzando dispositivos explosivos contra embarcaciones pequeñas y muy frágiles”.

“Todo nos hace pensar que esta noche puede ser peor”, ha alertado Colau, quien ha urgido a “España y todos los gobiernos” a aplicar “medidas concretas inmediatas” de protección para los activistas y las embarcaciones “antes de que haya víctimas mortales o personas heridas”. En concreto, Colau pide a Albares y al gobierno español que envíe embarcaciones de Salvamento Marítimo a proteger a la Flotilla, y si esto no puede ser, “que active la Agencia Europea de Seguridad Marítima” para “acompañar” a las embarcaciones “de forma oficial”. También reclamó observadores internacionales y que se abra una investigación para esclarecer “unos atentados que violan cualquier ley internacional”.

Los participantes de la Flotilla Sumud Global, compuesta por más de 40 barcos que se dirigen de Europa a Gaza para llevar ayuda humanitaria, ha emitido un comunicado dirigido a los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el que les piden “medidas concretas para frenar el exterminio de la gente, la destrucción de sus comunidades y la anexión de sus tierras” en Palestina.

Recuerdan que, mientras cruzan el Mediterráneo, “el genocidio contra los palestinos está escalando rápidamente” debido al aumento de los ataques que el Ejército de Israel está llevando a cabo en los últimos días contra Ciudad de Gaza, obligando a desplazarse a miles de personas que no tienen ningún otro lugar adonde ir.

Desde la Flotilla Sumud señalan que el reconocimiento del Estado palestino por varios países, entre ellos Reino Unido, Canadá, Australia o Portugal, no es por sí solo “motivo de celebración”, dado que en la Franja de Gaza “las bombas siguen cayendo” y los “asentamientos ilegales” siguen expandiéndose en Cisjordania.

En el comunicado recuerdan que hace justo un año la Asamblea General de la ONU exigió a Israel acabar con su presencia “ilegal” en Palestina en un plazo de 12 meses y esto, vencido el plazo, tampoco ha ocurrido. Además, critican que continúa habiendo Estados miembros de Naciones Unidas que siguen “armando y ayudando al Estado de Israel en su asalto a los territorios palestinos ocupados”.

Por todo ello, los participantes de la Flotilla Sumud explican que “se han visto obligados debido a la inacción [de la ONU] a montar una respuesta popular a los horrores de este genocidio”, con la misión de “establecer un corredor humanitario para llegar a la gente hambrienta de Palestina”.

“¿Cuál es vuestro plan para defender los derechos fundamentales de los palestinos” y “para defender a la humanidad antes de que sea demasiado tarde? Mientras nuestra flotilla navega hacia Gaza, esperamos su respuesta”, concluye el comunicado.

Israel afirma que la Flotilla Sumud es una “iniciativa yihadista” apoyada por Hamas

El Ministerio de Exteriores israelí afirmó este lunes que la flotilla Global Sumud, está “abiertamente apoyada por la organización islamista Hamás.

Por su parte, la organización de la iniciativa aseguró, a través de un comunicado, que Israel “ha intensificado su campaña para difamar, desacreditar y criminalizar a la Flotilla, intentando falsamente retratar la misión humanitaria dirigida por civiles como una amenaza a la seguridad”.

La misión rechazó cualquier acusación e insistió en que reivindica su “derecho a entregar ayuda, proteger a los voluntarios y desafiar el asedio” con su misión, que calificó de “transparente y no violenta”.

Desde la Flotilla han alertado sobre la presencia de “múltiples drones” cerca de sus barcos que navegan en aguas internacionales y ya denunciaron previamente dos ataques “con dron” durante su escala en Túnez, sin causar daños humanos ni materiales.

Ante estos ataques, expertos de la ONU instaron a Israel a “cesar todas las amenazas de daño” contra la Flotilla, y afirmaron que cualquier intento de bloquear la flotilla constituiría “una grave violación del derecho internacional y los principios humanitarios”.

La iniciativa está considerada como la mayor flotilla organizada hasta el momento que pretende llevar ayuda humanitaria a Gaza y denunciar el asedio israelí de la franja palestina. Partieron desde el puerto de Barcelona en los últimos días de agosto y entre sus tripulantes están la activista Greta Thunberg o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, así como el politólogo, abogado y activista Rafa Borrego.

Con motivo del Día de las Personas Cooperantes que tiene lugar este lunes 8 de septiembre, la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha ha denunciado que la celebración de este año se enmarca en un contexto muy difícil para las personas cooperantes.

Así lo ha trasladado Fernando Gutiérrez, presidente de la entidad, durante una rueda de prensa que ha ofrecido este lunes junto al cooperante Manuel Lorenzo y la viceconsejera de Bienestar Social, Guadalupe Martín.

Gutiérrez ha denunciado el elevado número de conflictos abiertos en la actualidad, “el mayor desde la Segunda Guerra Mundial”, que se suma a las cifras de trabajadores humanitarios muertos sobre el terreno. Hasta mediados del pasado mes de agosto, se han contabilizado 265 muertes de cooperantes en zonas de conflicto, 173 solamente en Palestina. Ya en 2024 se alcanzó la cifra récord de 383 trabajadores humanitarios asesinados. “Es un contexto muy difícil para desarrollar el trabajo de cooperante”, lamenta el presidente de la Coordinadora de ONGD regional.

En 2025 llevamos 265 muertes de cooperantes que estaban trabajando sobre el terreno, 173 solamente en Palestina

A esa situación también se suman las limitaciones que sufren las ONG a la hora de desarrollar su labor. “Muchos países que no están en conflicto están aprobando normativas que restringen nuestro trabajo en el terreno”, denuncia Gutiérrez. Y pone como ejemplo la Ley de agentes extranjeros aprobada recientemente en El Salvador, que amplía las facultades del presidente, Nayib Bukele, para controlar, estigmatizar y sancionar a las organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes que reciben apoyo internacional, considerándolas como “agentes extranjeros”.

El presidente también ha destacado que, dentro de un contexto global de recorte de los fondos para la solidaridad, en España ha habido cierto avance, llegando al 0,25% del PIB destinado a cooperación. “Pero estamos lejos de lo que establece la Ley estatal de Cooperación, que se marca el objetivo del 0,7% del PIB en 2030. En un contexto internacional muy difícil es necesario incrementar los fondos de cooperación”.

“El día a día del trabajo en cooperación no es sencillo”

A las denuncias por el empeoramiento de las condiciones de los trabajadores humanitarios se ha sumado Manuel Lorenzo, cooperante con 18 años de experiencia sobre el terreno.

“El día a día del trabajo en cooperación no es sencillo” ha afirmado. “A veces, los países donde trabajamos no nos lo ponen fácil”.

Y ha querido desmitificar la figura del cooperante: “No somos héroes. Un cooperante es una persona que dedica su tiempo y su trabajo. Somos profesionales, pero tampoco tenemos la legitimidad para decir a los demás, en los países donde trabajamos, cómo tienen que hacer las cosas. Los procesos de desarrollo tienen que llevarse a cabo por las propias sociedades en las que estamos. Nuestra labor es de acompañamiento”.

Lorenzo ha terminado su intervención lanzando una reflexión para no dar por sentados los derechos que disfrutamos como sociedad en España: “Una persona de una asociación marroquí de Derechos Humanos me comentaba que ellos tenían que luchar y conseguir sus derechos, pero nosotros, en Europa, en España, lo que tenemos que hacer es preservar los vuestros”.

Una herramienta para contabilizar cuántas personas de la región son cooperantes

Por su parte, la viceconsejera de Bienestar Social, Guadalupe Martín, ha anunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha se plantea elaborar una herramienta que permita conocer cuántas personas de la región se encuentran trabajando en proyectos y conflictos internacionales.

Dentro de los trabajos iniciados para adaptar la ley regional de cooperación a la nueva norma estatal que se aprobó el año pasado, se podría encuadrar “un mecanismo para poder tener una información más cierta” sobre el número real de cooperantes castellanomanchegos.

“Reconocerles en este día su trabajo, es de justicia también que nosotros seamos capaces de trasladar esa sensación de orgullo de Castilla-La Mancha, de personas que están trabajando en países lejanos, en circunstancias muy variopintas”, ha afirmado Martín.

Según los datos de la Agencia Española de Cooperación, de las 2.700 personas trabajando como cooperantes de España el año pasado, había 119 personas de Castilla-La Mancha trabajando en proyectos en diferentes países. Este mismo lunes, está previsto que la agencia actualice esta cifra en relación a este año.

Además de esta herramienta, Martín ha aludido al programa voluntariado juvenil en cooperación --lo que era el antigua programa de jóvenes cooperantes en la región-- para trasladar que el Gobierno regional sigue avanzando en ello.

El Ayuntamiento de Logroño ha acordado la concesión de una ayuda humanitaria extraordinaria de 17.918 euros destinada, tal y como han señalado, “a paliar la grave situación que sufre la población civil en Gaza como consecuencia del conflicto armado”. Esta ayuda será canalizada a través de Cruz Roja Española, organización con presencia operativa en la zona a través del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Esta ayuda se enmarca en el criterio del consistorio logroñés de conceder ayudas humanitarias directas, sin convocatoria previa, en situaciones de crisis provocadas por guerras, terremotos, inundaciones u otras emergencias de carácter excepcional. Para ello, se tienen en cuenta el nivel de emergencia; el proyecto presentado; el contexto del lugar afectado; la experiencia de la entidad solicitante y el grado de sensibilización de la ciudadanía logroñesa ante la situación.

En el caso de la solicitud de Cruz Roja para actuar en Gaza, se cumplen todos estos requisitos, por lo que el consistorio logroñés va a iniciar el proceso de tramitación correspondiente de esta ayuda.

En el contexto actual, las principales líneas de actuación de Cruz Roja y la Media Luna Roja se centran en el envío y distribución de artículos de primera necesidad, con especial prioridad a los alimentos con el objetivo de aliviar el hambre y mitigar las consecuencias humanitarias del conflicto.

“Con esta aportación el Ayuntamiento de Logroño da respuesta al sentir de muchos logroñeses y logroñesas, y refleja el compromiso del Gobierno municipal con la defensa de los derechos humanos y la ayuda a las personas más vulnerables, especialmente en contextos donde la población civil se ve gravemente afectada por la violencia y la falta de recursos básicos”, han indicado, considerando que “constituye una muestra clara de los valores que defiende el Ayuntamiento de Logroño: solidaridad, apoyo y defensa de las personas desfavorecidas, especialmente en situaciones de emergencia humanitaria”.

La historia se repite. El activista riojano Sergio Toribio está preso en una cárcel israelí. “No ha querido firmar el documento de deportación, así que, en principio, se queda allí unas 72 horas”. Así lo han confirmado a Rioja2 fuentes familiares quienes reconocen que están siendo horas muy difíciles. “Se puede ser activista haciendo otras cosas en lugar de arriesgarse a que le metan preso en una cárcel israelí”, asegura su hermana a Rioja2.

A principio del mes de junio, Toribio se embarcó en el Madleen, de la Flotilla de la Libertad, con un objetivo claro: llegar a Gaza y romper el bloqueo de Israel sobre Palestina. El riojano viajaba junto a la activista medioambiental Greta Thunberg. A lo pocos días, el viaje se truncó y fueron interceptados por el ejército israelí. Entonces no pudo cumplir la misión, pero ya advertía de que habría una segunda. “Esta vez no ha podido ser, pero tenemos más barcos preparados”. El Handala. Y es que Toribio lo ha vuelto a intentar con el Handala, de la coalición propalestina Flotilla de la Libertad. Y de nuevo ha sido interceptado por el ejército israelí con una veintena de activistas a bordo, el riojano Toribio entre ellos y otro español, Santiago González Vallejo.

En huelga de hambre

El Ministerio de Asuntos Exteriores y la embajada española en Tel Aviv se han movilizado este domingo para ofrecer protección a los dos españoles a bordo del barco de ayuda humanitaria Handala, retenido por la Marina de Israel cuando se dirigía hacia Gaza. La hermana de Toribio ya ha hablado con el cónsul español en Israel. “El cónsul ya ha hablado con él, y al contrario que la vez anterior, ahora no ha querido firmar el documento de deportación así que, en principio, se queda allí unas 72 horas”.

En caso de haber una tercera vez, añade, “es muy posible que haya cargos penales y ya estaremos hablando de otra situación”. También el viaje de vuelta a España será diferente porque “es probable que ninguna compañía aérea quiera embarcarle así que tendrá que regresar por tierra”. En estos momentos, la familia de Toribio desconoce el número de compañeros y compañeras que no han firmado la deportación. Lo que sí es seguro es que están en alguna prisión israelí “aunque no sabemos cuál”.

Todos ellos han pasado a disposición judicial. “El cónsul pedirá visitarles para comprobar que efectivamente está bien”. La hermana de Toribio escribió al Ministerio hace unos días, pero hasta el momento no ha recibido respuesta alguna. Al igual que la otra vez. “Menos mal que el cónsul es una gran persona y lleva pendiente de todo durante todos estos días”. Y hay más complicaciones porque al parecer, Toribio y sus compañeros apresados podrían estar en huelga de hambre, así al menos se lo han trasladado a la familia.

“Animado y con la decisión que ha tomado muy clara”

Según el cónsul, Sergio Toribio está “bien, animado y con la decisión que ha tomado muy clara”. Ya en junio lo tenía claro. “Siempre me ha gustado ayudar a los más débiles. He tenido oportunidad de hacerlo antes en el Mediterráneo o incluso aquí con los toros. Ahora estaba cursando un Grado en el Blas de Lezo de Pasajes (Gipuzkoa) y cuando vi en el grupo de mecánicos que colaboramos en oenegés el anuncio de que se necesitaba a un mecánico naval, que no era necesario tener licencia porque era un barco pequeño de 18 metros, intenté cuadrarlo aunque parecía complicado por fecha. Por suerte, hubo dos profesores que me adelantaron los exámenes y pude unirme. El anuncio en el grupo de WhatsApp lo puso un compañero americano y yo casi ni me lo pensé”.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva partida de casi un millón de euros a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) para financiar programas de ayuda a personas con discapacidad refugiadas en Cisjordania.

Entre los proyectos que van a verse respaldados se incluye asistencia financiera para personas discapacitadas tanto antes, como a raíz de la nueva escalada de ataques israelíes sobre Cisjordania desde 2023, así como la mejora de servicios de rehabilitación, psicosociales, sanitarios, además de instalaciones y equipos que serán dotados de una mejor accesibilidad, según una nota del del Ministerio de Derechos Sociales, que ha propuesto esta ayuda.

La partida aprobada por el Gobierno se suma a otra en noviembre de 2024 de casi 900.000 euros para atender a víctimas discapacitadas por los ataques israelíes en la Franja de Gaza.

“Pandemia” de discapacidad

Naciones Unidas aseguró el año pasado que en Gaza hay una “pandemia de discapacidades” que se extiende sobre la sitiada población de la Franja. Desde el inicio de la ofensiva israelí, más de 134.000 palestinos han sufrido heridas de guerra, 40.500 de ellas niños y niñas, y de los cuales uno de cada cuatro han quedado con algún tipo de discapacidad, según informa el Grupo Global de Protección (una red internacional de agencias humanitarias coordinada por ACNUR).

En el caso de Cisjordania, la ofensiva del Ejército israelí, junto a los ataques cada vez más violentos de los colonos, han afectado especialmente a grupos vulnerables como las personas discapacitadas en su acceso a servicios sanitarios. Muchos de ellos han visto imposible continuar con sus tratamientos médicos o de rehabilitación debido a la imposibilidad de trasladarse por el estado intransitable de muchas carreteras, o los daños sufridos sobre edificios e instalaciones sanitarias tras las incursiones israelíes.

“Aunque el centro para menores con discapacidad (del campo de refugiados) de Nur Shams cuenta con rampa de acceso para silla de ruedas, la gente encuentra serias dificultades para acceder a ella debido a que la carretera ahora es solo barro, socavones y piedras (por la acción de los bulldozers israelíes)”, dice un informe de la organización especializada en discapacidad e inclusión Humanity and Inclusion.

La organización retrata la crisis a la que se enfrentan las personas con discapacidad en su acceso al sistema de salud en Cisjordania débil e infrafinanciado que se enfrenta a más restricciones desde los ataques de Hamás en 2024 y la ofensiva israelí en los territorios palestinos.

Según datos de la Oficina Central de Estadísticas de Palestina, antes del 7 de octubre de 2023 se estimaba en unas 115.000 el número de personas con algún tipo de discapacidad en Palestina, de las cuales unas 59.000 se encontraban en Cisjordania. Las cifras no han vuelto a actualizarse desde entonces.