El segundo gobierno de coalición de PP y Vox en Castilla y León vuelve a incrementar su número de altos cargos, que harán que por primera vez éstos sean más de un centenar. Este lunes un Consejo de Gobierno extraordinario, no comunicado previamente, ha aprobado la nueva estructura del gobierno autonómico, que superará la del primer gobierno con la extrema derecha (2022-2024) y el posterior del PP en solitario (2024-2026).

La Junta defiende que el nuevo organigrama responde a la necesidad de “dar un impulso decidido a la Comunidad” y adaptarse a “los nuevos retos tecnológicos, sociales y demográficos”. El resultado es una Administración autonómica con más altos cargos que la diseñada hace cuatro años tras el primer acuerdo de coalición entre PP y Vox, cuando entonces prometieron recortar el “gasto político” y en esta legislatura reducir las “trabas” burocráticas y reducir la administración.

El nuevo gobierno contará con al menos 105 personas como altos cargos: presidente, vicepresidenta, diez consejeros y consejeras (incluyendo vicepresidente); once viceconsejerías; diez secretarías generales; 63 direcciones generales o cargos asimilados y nueve delegados territoriales. En el último gobierno del PP este número de altos cargos era de 96, aunque solo se ocupaban 93, y en aquel primero de PP y Vox sumaron hasta 99, pese a que llegaron prometiendo que iban a rebajar los costes políticos.

Esto supone que el menos habrá nueve personas más como miembros del Gobierno respecto al último gobierno del PP de Mañueco en solitario. El récord de miembros del gobierno llegó a los 100 en el año 2023, cuando se creó el puesto de Delegado para el Corredor Atlántico que recayó en el exCiudadanos Luis Fuentes, que no se ha caracterizado por una intensa actividad, en un puesto que seguiré existiendo en el nuevo gobierno de coalición.

Las direcciones generales y cargos equivalentes pasan de 57 a 63, es decir, seis más que en el final la anterior legislatura, mientras que los viceconsejeros pasan de 10 a 11, manteniendo el número de secretarios generales, uno por consejería, y de delegados territoriales, uno por provincia.

La ampliación del Ejecutivo autonómico se traduce también en un aumento del coste, que se elevará en cerca de 700.000 euros más al año respecto al último gobierno de Mañueco, teniendo en cuenta el coste medio de los directores generales y viceconsejeros en el año 2026, disponible en el portal de transparencia de la Junta de Castilla y León.

En el inicio del año 2026 los 45 directores generales que tenía la Junta de Castilla y León en activo con el gobierno del PP de Mañueco en solitario tenían un sueldo medio bruto de 79.392,54 euros. En el caso de los viceconsejeros ascendía el sueldo medio bruto anual a 89.846,76 euros.

Las cifras son aproximadas ya que el sueldo de cada alto cargo depende también de si ejercía antes de funcionario y su categoría y carrera profesional, lo que conlleva que los salarios de los directores generales oscilaran este año 2026 entre los 95.512,66 y los 70.299,18 euros. Lo mismo pasa con las viceconsejerías, cuyos pagos del último gobierno del PP variaban entre los 108.355,58 y los 82.792,94 euros.

Una estructura en aumento

Si se comparan los cargos de este segundo gobierno de coalición con aquel primero del año 2022 con Juan García-Gallardo como vicepresidente la brecha es todavía mayor. El aumento de cargos se concentra especialmente en las direcciones generales, con nuevas áreas específicas como Administración Digital e Inteligencia Artificial, Desregulación, Prevención y Extinción de Incendios Forestales o Bienestar Educativo.

En 2022, Juan García-Gallardo, de Vox, llegó a una vicepresidencia sin cartera ejecutiva y con funciones limitadas, como la representación en el Comité Europeo de las Regiones. Junto al titular del Gabinete del Vicepresidente había a Dirección de Coordinación e Interacción Social —estos dos como figura de Secretario General— y una Dirección General de Relaciones con la Sociedad Civil.

Para esta legislatura, las dos vicepresidencias, ahora sí con competencias de gobierno aunque una sigue sin consejería, suman más una decena órganos directivos. La vicepresidencia primera de Pollán incorpora una Dirección de Coordinación Institucional y una Dirección de Estudios, además de Direcciones Generales de Desregulación, Familia, Juventud, Adicciones y Ayudas Sociales. En el caso de Isabel Blanco, que asume áreas de otras consejerías, tiene la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, el Comisionado para la Despoblación y Ordenación del Territorio, la Agencia de Protección Civil y Emergencias, y la Dirección General de la Mujer e Igualdad de Oportunidades.

La 'macroconsejería' de Sanidad y Bienestar Social, en la que repite de consejero Alejandro Vázquez concentra buena parte de ese aumento de órganos directivos. La integración de las competencias sanitarias con las relacionadas con mayores, discapacidad y dependencia obliga a rediseñar el departamento y explica buena parte del aumento del organigrama.

La consejería de Sanidad pasa a contar con dos viceconsejerías —Sanidad y Bienestar Social— y mantiene las direcciones generales de Salud Pública y de Planificación, Investigación e Innovación. A ellas se suman cuatro nuevas direcciones generales dentro de la Gerencia Regional de Salud después de dividir la antigua Dirección General de Asistencia Sanitaria y Humanización en dos órganos diferentes —Asistencia Sanitaria y Cuidados, por un lado, y Humanización, por otro— y crear otras dos áreas dedicadas a Salud Digital e Infraestructuras Sanitarias y a Calidad, Evaluación e Inspección Sanitaria.

Además, la Gerencia de Servicios Sociales separa en dos la antigua dirección que agrupaba las competencias de mayores, discapacidad y dependencia. Se crean la Dirección General de Personas Mayores y Personas con Discapacidad y la de Atención a la Dependencia.

La Junta, en un comunicado, explica que esta reorganización permitirá responder mejor al envejecimiento de la población, al aumento de las situaciones de dependencia y a la necesidad de coordinar los sistemas sanitario y social.

Nuevos cargos para Vox

Otra de las novedades de la legislatura es la creación de la consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, adscrita a la Vicepresidencia Primera que dirige Carlos Pollán, de Vox. Este área incorpora cargos como como la Dirección General de Desregulación, la Dirección General de Juventud, la Dirección de Coordinación Institucional y la Dirección de Estudios. A ellas se suman reformuladas la Dirección General de Familia; la de Ayudas Sociales y el Comisionado para las Adicciones. Las áreas de Mayores y Discapacidad se transfieren a Sanidad; y Mujer a Presidencia.

Agricultura, de Vox en 2022 y ahora en 2026, amplía sus competencias al incorporar áreas relacionadas con la política ambiental, la caza, la pesca y el medio rural. Si en 2022 había cuatro direcciones generales: la Industria y la Cadena Agroalimentarias, de Producción Agrícola y Ganadera, de Política Agraria Comunitaria (PAC), y de Desarrollo Rural, ahora serán seis sumando la Dirección General de Caza, Pesca y del Medio Rural y de la Dirección General de Política Ambiental

Por su parte, Cultura mantiene de forma idéntica sus cuatro direcciones generales al igual que en 2022, cuando también pertenecía a Vox: Patrimonio Cultural, de Políticas Culturales, de Turismo y de Deportes.

Más áreas para el PP

La digitalización es otro de los ámbitos que gana peso en la nueva estructura. La consejería de Movilidad, que lidera Cristina Sanchidrián, incorpora una Dirección General de Administración Digital e Inteligencia Artificial, encargada de coordinar la estrategia autonómica en esta materia, la gobernanza del dato y la política de seguridad de la información. También se mantiene la figura del Delegado para el Corredor Atlántico y redes complementarias.

En Medio Ambiente, el Ejecutivo separa por primera vez la Prevención y Extinción de Incendios Forestales en una dirección general específica e incorpora además las competencias de Energía y Minas, hasta ahora dependientes de Economía y Hacienda. Educación también modifica su estructura con la creación de una Dirección General de Bienestar Educativo. Pero se mantiene una Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal donde antes estaba la extinción de incendios y que se queda sin sellas.

La consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, que en 2022 estaba en manos de Vox como Industria, Comercio y Empleo incorpora la Dirección de Universidades e Investigación que procede de Educación.

Presidencia y Economía y Hacienda reducen sus altos cargos

La consejería de la Presidencia constituye la principal excepción. Aunque pasa a integrar centros directivos dependientes tanto de la Presidencia de Alfonso Fernández Mañueco como de la nueva Vicepresidencia Segunda de Isabel Blanco—entre ellos Vivienda, Protección Civil, Mujer o el Comisionado para la Despoblación—, reduce parte de su estructura propia mediante la fusión de varios órganos.

Desaparecen como departamentos independientes Acción Exterior y Relaciones Institucionales, que pasan a integrarse en una única dirección general, y también se unifican Transparencia y Atención al Ciudadano. Según la Junta, estas decisiones buscan mejorar la coordinación y ganar eficiencia administrativa, aunque Vox ya ha avisado, como recoge el pacto de Gobierno, que será competencia suya revisar la Acción Exterior y las subvenciones que se dan a ONGs.

Otra consejería que pierde una dirección general es Economía y Hacienda. El área de Carlos Fernández Carriedo se desprende de Energía y Minas, que se va a Medio Ambiente, y pasa ahora a tener cinco: Tributos y Financiación Autonómica; de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística; Intervención General de la Administración de la Comunidad; del Tesoro y de Política Financiera; Política Económica y Competitividad.

El nuevo Gobierno de Castilla y León tendrá inicialmente hasta diez viceconsejerías, una más que en el arranque de la anterior legislatura, para reforzar algunas de las áreas clave de las diez consejerías, aunque no todos los departamentos se dotan de esta estructura. Además, el Consejo de Gobierno ha nombrado este jueves a cuatro nuevos viceconsejeros y ha ratificado a otros dos, que incluyen a los de Sanidad y Bienestar Social, Álvaro Muñoz Galindo y Esperanza Vázquez, que además acumulan los cargos de las correspondientes gerencias en esas materias.

El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha publicado este jueves el decreto por el que se crean y regulan estas diez viceconsejerías, adscritas a las Consejerías de Presidencia; Economía y Hacienda; Industria, Universidades, Empleo y Comercio; Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Medio Ambiente y Energía; Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; Sanidad y Bienestar Social; y Cultura, Turismo y Deportes.

El decreto busca una “eficaz acción de gobierno”, según detalla el texto firmado por Mañueco, quien en primer lugar crea la Viceconsejería de Administraciones Públicas, Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano, adscrita a la Consejería de la Presidencia y con similares atribuciones a las existentes sobre estas materias en la anterior legislatura.

En segundo lugar, se crea la Viceconsejería de Economía y Competitividad, adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda e idéntica a la ya existente en la anterior legislatura, por lo que mantiene el control de la gestión del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. De la nueva Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio dependerá la Viceconsejería de Dinamización Industrial y Laboral, que se hará cargo, entre otras funciones, de las vinculadas al diálogo social con sindicatos y patronal y de gestionar el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

Viceconsejería de Familia y Ayudas Sociales

Dentro de la nueva Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, que dirigirá el vicepresidente primero Carlos Pollán (Vox), se crea la Viceconsejería de Familia y Ayudas Sociales. En quinto lugar, el decreto establece la creación de la nueva Viceconsejería de Medio Ambiente y Energía, adscrita a la Consejería del mismo nombre, con competencias en materia de prevención y extinción de incendios, entre otras, además de gestionar el Ente Regional de la Energía de Castilla y León.

En el caso de la Viceconsejería de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, gestionará esas dos áreas de la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, por lo que limitará sus acciones a las materias de telecomunicaciones y sociedad de la información; red informática corporativa; e inteligencia artificial, sin incluir la movilidad.

Por otra parte, la Viceconsejería de Política Agraria Comunitaria y Medio Rural, existente ya en la anterior legislatura, queda adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, por lo que realizará, entre otras funciones, el seguimiento de las actuaciones e intervenciones para la ejecución de las ayudas de la Unión Europea financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Además, se adscribe a esta Viceconsejería el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

Dos viceconsejerías en Sanidad

En el caso de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, se desdobla en sendas Viceconsejerías de Sanidad, de la que dependerá la Gerencia Regional de Salud, y de Bienestar Social, a la que se adscribe la Gerencia Regional de Servicios Sociales de Castilla y León. Por último, se mantiene en la estructura de viceconsejerías la de Acción Cultural, dentro de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.

Cuatro nuevos viceconsejeros

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que José Miguel de Elías se ocupará de la Viceconsejería de Administraciones Públicas, Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano, y acumula las dos viceconsejería que tenía la Consejería de la Presidencia en la anterior legislatura.

Continua en su cargo como viceconsejero de Economía y Competitividad Carlos Martín Tobalina, dentro de la Consejería de Economía y Hacienda; y en la Consejería de Medio Ambiente y Energía el viceconsejero será José Llorente Cachorro. En el caso de la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial sigue en su cargo y no tiene que ser nombrado, Luis Enrique Ortega Arnaiz.

En la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, habrá dos viceconsejerías, la de Sanidad la ocupará Álvaro Muñoz Galindo, que además tendrá la responsabilidad de gerente regional de Salud, cargos independientes en la anterior legislatura. Y de la misma forma, Esperanza Vázquez será viceconsejera de Bienestar Social, Esperanza Vázquez Bollero, que también desempeñará la gerencia regional de Servicios Sociales de Castilla y León, que ya llevaba en la anterior legislatura.

Cese de la gerente regional de Salud

De forma paralela, se produce el cese de María Jesús Violeta Martínez, como gerente regional de Salud, y de Jesús García Cruces, como viceconsejero de Asistencia Sanitaria, a los que Carriedo les ha agradecido su colaboración y desempeño.

La idea es completar en los próximos días, quizá en la próxima sesión del Consejo de Gobierno, las viceconsejerías que están todavía vacantes, tomando la decisión sobre la continuidad de los miembros o algunas modificaciones que les iríamos informando a este respecto.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha aprovechado este viernes el inicio de las obras del nuevo aparcamiento de la estación de Valladolid-Campo Grande cargar contra al Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León por el futuro ferroviario de la ciudad. El exalcalde de la ciudad ha acusado al actual regidor, Jesús Julio Carnero, y al presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, de haber “echado el cerrojo” a Valladolid al bloquear proyectos vinculados a la integración ferroviaria.

“Normalmente, cuando algo está bloqueado, uno se pregunta quién tiene la llave. Y aquí los que tienen la llave han decidido echarle el cerrojo a nuestra ciudad”, ha afirmado Puente.

La visita tenía como objetivo supervisar el arranque de las obras del aparcamiento subterráneo de la futura estación que forma parte de la remodelación integral de Campo Grande. Puente, acompañado de representantes de su ministerio, de Renfe, Adif, subdelegado del Gobierno y del PSOE municipal, también ha introducido una cápsula del tiempo en la cimentación de la infraestructura.

Puente ha defendido que la ciudad ya tomó una decisión sobre el futuro de las vías del tren con la firma del convenio de integración ferroviaria de 2017 y ha explicado que el debate sobre el soterramiento solo está sirviendo para retrasar actuaciones ya proyectadas, financiadas e incluso aprobadas técnicamente. “La mejor estación no es la que desaparece, la mejor estación es la que conecta”, ha apuntado.

El ministro ha enumerado varios proyectos pendientes de ejecución, como los pasos de Ariza, la actuación de Arco de Ladrillo o la mejora del paso de San Isidro. Puente ha recordado que todos ellos existe financiación y que el único obstáculo es la falta de apoyo institucional por parte de Ayuntamiento y de la Junta. “Lo tienen todo. Informes favorables, autorizaciones, terrenos y financiación. Todo menos una cosa: el voto favorable de quienes quieren que las cosas no avancen”, ha criticado.

“Más cómodos en el debate que en la solución”

Puente ha criticado la defensa del soterramiento que tiene el PP , que fue una de las principales promesas electorales de Jesús Julio Carnero y una reivindicación compartida por la Junta. El alcalde llegó a prometer “irse” si no conseguía comenzar el soterramiento en esta legislatura.

El ministro ha reiterado que esa opción de “imposible”, con un coste que cifró en más de 2.000 millones de euros y un horizonte de ejecución de dos décadas. Frente a ello, ha reivindicado las obras que ya se han realizado y entrado en servicios y ha acusado a los responsables autonómicos y municipales de preferir mantener abierto el debate antes que ejecutar soluciones concretas.

“Viven más cómodos en el debate que en la solución, porque la solución les deja sin discurso”, afirmó.

Puente ha definido a Carnero y Mañueco dentro de la categoría de quienes “ponen palos en las ruedas”. “Respeto a los que tiran del carro, incluso a los que se suben a él o a los que se limitan a verlo pasar. Lo que me molesta es la cuarta categoría, los que ponen palos en las ruedas. Y a esa categoría pertenecen el máximo responsable de esta ciudad y el máximo responsable de esta comunidad autónoma”, ha asegurado.

La intervención concluyó con una reivindicación de las inversiones impulsadas por el Gobierno en Valladolid durante los últimos años y con un mensaje dirigido al nuevo Ejecutivo autonómico formado por PP y Vox. “Lo que ha traído el sanchismo a Valladolid es tangible, se puede ver y se puede tocar; lo que está por ver es lo que vaya a traer el mañuequismo y el carnerismo”, ha remachado.

Puente ha ironizado con el llamamiento del nuevo gobierno de Castilla y León de PP y Vox a “liberar Castilla y León del sanchismo”. Por ello ha cuestionado de qué habría que “liberar” Valladolid. En concreto, ha relatado varias actuaciones promovidas o financiadas por el Gobierno, entre ellas la nueva estación ferroviaria, la variante este para sacar mercancías del centro urbano, la futura Ciudad de la Justicia, la rehabilitación del barrio 29 de Octubre, los ascensores urbanos, la red pública de bicicletas Biki, los corredores verdes o distintas inversiones en movilidad sostenible y comercio de proximidad. También reivindicó las obras de la A-11, la A-60 y la nueva conexión ferroviaria de Olmedo,la ‘U’ de Olmedo, asegurando que la inversión estatal en la provincia se ha multiplicado en los últimos años.

“Si todo eso es el sanchismo, ¿de qué exactamente quieren liberar a Valladolid?”, ha ironizado el ministro. El líder socialista ha reclamado al Ejecutivo de Mañueco y Pollán que se ponga a trabajar en proyectos propios y ha adelantado que volverá a la provincia “pronto” para inaugurar varios tramos de la A-11 o para presentar el proyecto industrial “más importante para Castilla y León en más de 60 años”.

“Lo que ha traído el sanchismo a Valladolid es tangible, se puede ver y se puede tocar; lo que está por ver es lo que vaya a traer el mañuequismo y el carnerismo”, ha apostillado.

Ni la Junta ni el Ayuntamiento invitados

Paralelamente, mientras Puente visitaba las obras de la estación, tanto el presidente de la Junta como el alcalde de Valladolid se encontraba en la toma de posesión de la rectora de la Universidad de Valladolid. Preguntado por si había sido invitado por el Ministerio, Carnero ha negado que tanto el equipo de gobierno o el Ejecutivo autonómico hayan sido invitados.

“¿Usted me ve a mí con cara de ir a un sitio donde no me invitan?”, ha ironizado el regidor para señalar que por primera vez en la historia, la UVa va a tener una mujer al frente. “El sanchismo persiste en el levantamiento de esos muros”, ha aseverado. Fuentes del Ministerio del Transportes han confirmado a este medio que ambas administraciones no han sido invitadas.

Al conocer las palabras de Carnero, Puente ha respondido, vía mensaje de X, que el regidor tiene “recurrida la estación ante los tribunales y quiere que le invitemos a la puesta de la primera piedra. Si alguno le entiende le ruego que me lo explique”.

El conflicto sobre soterramiento e integración

El modelo de integración y de soterramiento se decidirá en los tribunales, o al menos la liquidación de la SVAV. En noviembre de 2025, Adif y Renfe denunciaron formalmente el convenio de integración ferroviaria vigente desde 2017 al considerar que los continuos rechazos y bloqueos del Ayuntamiento hacían imposible su desarrollo.

Durante aquella reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, llegó a acusar al Consistorio de intentar paralizar la integración para forzar una vuelta al proyecto de soterramiento, mientras el alcalde defendía que determinadas actuaciones podían provocar un “caos circulatorio” en la ciudad y reclamaba abrir una nueva etapa de diálogo para estudiar alternativas.

La ruptura dejó a Valladolid en una situación inédita: sin avances en el soterramiento que defienden Ayuntamiento y Junta, pero también sin la posibilidad de desarrollar el convenio de integración tal y como estaba concebido hasta entonces.

El pasado mes de mayo, la Audiencia Nacional rechazó las medidas cautelares solicitadas por la Junta de Castilla y León para paralizar la resolución del convenio impulsada por Adif.

El tribunal consideró que no existían riesgos inmediatos que justificaran suspender la decisión y señaló que los argumentos planteados por el Ejecutivo autonómico respondían a “escenarios hipotéticos o decisiones futuras”. Además, los magistrados apreciaron la existencia de “incumplimientos relevantes y reiterados” y destacaron la falta de voluntad común entre las partes para ejecutar las actuaciones previstas. Aunque el fondo está pendiente de resolución, el auto supuso un respaldo provisional a la posición defendida por el Ministerio.

El PSOE ha registrado este viernes en las Cortes de Castilla y León una proposición de ley para actualizar la Ley de Violencia de Género autonómica al Pacto de Estado nacional, pendiente desde 2010, y para que el PP, que gobierna con Vox, muestre su apoyo real a la lucha contra la violencia machista.

“El PP tiene ahora una oportunidad de oro para demostrar que verdaderamente está al lado de la democracia y de los derechos humanos”, ha asegurado la viceportavoz parlamentaria socialista, Patricia Gómez, durante la rueda de prensa posterior. Esta iniciativa amplía el concepto de violencia contra las mujeres con la inclusión de la violencia institucional, la vicaria o la económica y ha sido consensuada con los sindicatos y colectivos feministas, presentes durante el acto de presentación. El PP tenía una propuesta también, que finalmente no se votó en el parlamento autonómico, y Alfonso Fernández Mañueco emplazó a debatir en su siguiente mandato, que acaba de comenzar.

El nuevo texto también refuerza los recursos y protección de las víctimas, especialmente en el medio rural, y obliga a la Junta a aportar financiación propia, más allá de lo que invierta el Gobierno de España. “A día de hoy el señor Mañueco ha invertido cero euros en recursos propios para la lucha contra la violencia machista”, ha reprochado la secretaria de Igualdad autonómica del PSOE, Lorena Valle.

También incluye un reconocimiento expreso a los colectivos feministas y recupera la creación del Premio Nevenka Fernández, la exconcejala del PP víctima de acoso por el entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, condenado en 2002 por estos hechos, un galardón que ya se planteó en la proposición de ley socialista del pasado mandato y que no salió adelante por los votos en contra de PP y Vox. La Junta consideró que darle ese nombre a los premios sería “excluyente”.

Violencia institucional

Por su parte, Patricia Gómez ha insistido en que esta propuesta “no va en contra de nadie”, ha reconocido su orgullo porque sea la primera iniciativa registrada por su grupo en la legislatura y ha incidido en la violencia institucional que han sufrido las víctimas por parte de la Junta de Castilla y León.

En concreto, cuando tuvieron que escuchar al entonces vicepresidente autonómico, Juan Garcia-Gallardo (Vox), “las cuestionaba y les decía que la violencia de género no existe” en la legislatura anterior.

Además, ha recordado que esta norma en la Comunidad no se actualiza desde el año 2010 ni se ha desarrollado un reglamento y ha acusado al PP de no querer adaptar la norma al Pacto de Estado ni siquiera cuando gobernaba con Ciudadanos, en 2021.

Ha criticado que en la nueva configuración del gobierno de la Junta haya desaparecido la consejería dedicada a Igualdad -lo que implica que se debatirá en la Comisión de Presidencia de las Cortes, junto a otros temas- y ha acusado a los populares de no creer en la violencia de género.

Preguntada si se van a reunir con otros grupos parlamentarios para alcanzar la mayoría, Gómez ha afirmado “que cualquier grupo parlamentario que esté del lado de la democracia y de los derechos humanos es imposible que pueda rechazar esta proposición de ley”.

“Lo que no puede ser es que el Partido Popular quiera una ley a la demanda, a todo lo que a ellos les va bien. Esto no va de ellos, esto va de las víctimas de la violencia de género”, ha asegurado, tras indicar que su grupo sigue abierto al consenso con el resto de fuerzas.

Colectivos feministas

También han tomado la palabra algunos de los representantes de sindicatos y colectivos feministas que han participado en la nueva proposición de ley, como Nina Infante (Foro Feminista de Castilla y León) que ha recordado que el Convenio de Estambul también afecta a Castilla y León o Paula Alvarado (Coordinadora de Mujeres de Valladolid) que incidido en el reconocimiento de la libertad sexual en la proposición.

Yolanda Martín (CCOO CyL) ha recordado a las más de 1.300 víctimas mortales desde que hay registros y Laura Cornejo (APFCyL) apelado a la responsabilidad de los medios de comunicación ante los que niegan la violencia de género y la violencia institucional contra las mujeres.

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, ha calificado este miércoles el nuevo gobierno de la Junta de Castilla y León como “una aberración total” en el que el PP se ha “plegado a los intereses de la extrema derecha” y ha augurado una legislatura “muy dura”.

A su juicio, “para lo único que ha servido” el pacto entre el PP y Vox “ha sido para contentar a ambas formaciones” y ha calificado ese acuerdo de “mala noticia” para las mujeres y los migrantes, “a los que se intenta criminalizar”, ha afirmado Rubio este miércoles al ser preguntada por su valoración del nuevo gobierno en una rueda de prensa en León.

Rubio ha asegurado que las políticas de natalidad no van a solucionar los problemas de despoblación de Castilla y León.

“La ultraderecha no ha entendido que hay mujeres que decidimos no tener hijos y que no somos vasijas que tienen que poblar el país. Lo que tenemos que tener son políticas que hagan a los territorios atractivos para que otras personas vengan a vivir. Criminalizar a las personas que pueden venir a ayudar a crecer a esta tierra me parece un grave error, aparte de que no es humanitario”, ha dicho.

Rubio también ha mostrado su preocupación a la hora de hacer el control parlamentario de la vicepresidencia segunda, la “vicenada” que “no tiene Consejería, pero sí unas competencias muy importantes”, ha añadido.

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León también ha criticado que Alfonso Fernández Mañueco “haya premiado al responsable de los fuegos del verano pasado en León y en Castilla y León”, en referencia a Juan Carlos Suárez-Quiñones.

“Lo ocultó de las listas porque sabía perfectamente que no lo queríamos y luego nos lo ha colado por la puerta de atrás en la Consejería de Industria, una desde la que pueda hacer negocio”, ha concluido.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha nombrado como asesora a la concejala del PP de Ávila y exsenadora Teresa García Avilés, según se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Por el momento, es la única novedad en el equipo de personal eventual del gobierno autonómico. García Avilés fue senadora entre 2000 y 2004 y es concejala en el Ayuntamiento de Ávila desde 2024, un cargo que ya ostentó entre 1999 y 2003. En las elecciones municipales de 2023, García Avilés se quedó fuera del consistorio y estuvo trabajando como asesora del grupo municipal hasta que Alicia García abandonó la coroporación municipal para asumir la Portavocía del Grupo Popular en el Senado.

Entre los técnicos y periodistas que han sido nombrados —y que ya trabajaban en diferentes consejerías—, se mantiene al exconcejal Carlos Paramio, que se grabó mientras conducía su coche cantando y bailando mientras soltaba el volante. Paramio es hijo del que fuera jefe de protocolo del expresidente Juan José Lucas y ha sido asesor en las Cortes de Castilla y León, la Fundación Siglo y la Delegación del Gobierno en la Comunidad.

También se han nombrado a los siguientes asesores: Félix Colsa Bueno, Alberto Manuel Fernández Barderas, Clara Bort Díaz, Raquel Martínez Carrascal, Alicia Romera Soto, David Navarro Martínez, Raquel Sastre Cazón, Miguel Angel González Rodrigo, Marta Pascual Ceruelo, Antonio Luis Sánchez Martín, Francisco Javier Gutiérrez Fuentes, Jaime Sánchez Cuéllar, Laura Prieto Arribas, Germán Burgoa Cobreros, Esther Marín Prieto, Fernando Conde Parrado, Rebeca Sánchez Martínez, Raquel Sanz Lobo, M. Teresa Gutiérrez Lázaro, Jorge Sánchez Garcinuño, Daniel Martín Arranz, Gadea Velasco García y Teresa Zurro Sánchez.

Justo tres meses después, Castilla y León tiene un gobierno. Tras la toma de posesión del presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), la pasada semana y el anuncio de los componentes de su Consejo de gobierno el sábado, este lunes sus consejeros han jurado su cargo. El líder del Ejecutivo autonómico ha reclamado a su equipo una “entrega absoluta” y una gestión basada en el “rigor”, la “ejemplaridad”, la “transparencia” y el “sentido común”. Además, ha llamado a los miembros del Gobierno a abandonar las “atalayas de los despachos” para estar “a pie de calle” y cerca de los problemas de los ciudadanos.

De los 10 consejeros y dos vicepresidencias, cinco debutan como consejeros. Por parte del Partido Popular, la consejera de Educación, María Pardo, y la de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián. En Vox, entran en el gobierno autonómico como vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán; en Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Medioambiental, Joaquín Antonio Pino; y en Cultura, Turismo y Deporte. Su nuevo titular, Alberto Díaz Pico.

Vox ha marcado sus líneas maestras en las primeras declaraciones de sus consejeros. Pino ha prometido una consejería “a disposición” de agricultores y ganaderos, Díaz Pico ha planteado combatir la “ideologización” de la cultura y Pollán ha fijado como objetivo los Presupuestos de 2027, un plan de natalidad y acuerdos en materia inmigración con terceros países.

En materia de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Medioambiental, Pino ha reivindicado su trayectoria como agricultor, veterinario e ingeniero agrónomo y ha prometido una consejería “abierta” y “cercana” al sector primario. “Los agricultores, los ganaderos y las personas de los pueblos van a tener un consejero a su disposición”, ha apuntado.

El consejero ha reconocido que todavía desconoce el alcance definitivo de las competencias que asumirá su departamento, a pesar de que este lunes haya sido publicado el decreto de reestructuración del nuevo Gobierno autonómico, que a su área se le atribuye para esta legislatura una parte importante de las atribuciones relacionadas con la conservación de especies y la gestión de la fauna. Pino ya ha anticipado que tomará medidas para la gestión de la fauna silvestre y los daños provocados por especies como el lobo o el conejo.

Díaz Pino también ha cargado contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y contra determinadas políticas ambientales europeas que, a su juicio, perjudican al sector agrario. Entre sus prioridades ha citado además la rentabilidad de las explotaciones y las consecuencias de la mala cosecha prevista este año en distintas zonas de la Comunidad.

Contra la “ideologización” de la cultura

En la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, su nuevo titular, Alberto Díaz Pico, ha asegurado que pretende impulsar cambios en la forma de entender la política cultural para combatir lo que considera una “ideologización” de la cultura.

El dirigente de Vox ha defendido que la cultura no debe estar asociada “necesariamente a la progresía” y ha explicado que las políticas desarrolladas hasta ahora no se adaptaban a los planteamientos de su formación. Además, ha reivindicado el principio de “los españoles primero” como uno de los compromisos adquiridos por Vox con sus votantes y ha asegurado que intentará trasladarlo a su ámbito de gestión.

Por su parte, Carlos Pollán ha puesto como principal objetivo la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad para 2027, después de que Castilla y León lleve varios años sin cuentas autonómicas.

Además, ha anunciado que trabajará en un plan de natalidad y en la firma de convenios con terceros países en el desarrollo del artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, relativo a los menores migrantes no acompañados. Según ha indicado, el acuerdo de gobierno entre PP y Vox debe comenzar a aplicarse “desde ya mismo” para cumplir los compromisos adquiridos durante la legislatura.

Mantener a Castilla y León en los primeros puestos

Mientras tanto, las nuevas incorporaciones del PP pusieron el foco en la gestión de los servicios públicos. La consejera de Educación, María Pardo, ha señalado que mantendrá a Castilla y León en los primeros puestos educativos del país y afrontar nuevos desafíos como la salud mental o el acoso escolar. Por su parte, la nueva titular de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, ha destacado entre sus primeros retos la bonificación del carné de conducir y de los peajes de las autopistas de titularidad estatal.

La toma de posesión ha dejado también una anécdota durante la toma de posesión. La vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, juró inicialmente el cargo como “vicepresidenta primera” para corregirse de inmediato. “Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo como vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León... segunda, perdón” ha rectificado mientas Mañueco y Pollán sonreían.

Todos los miembros del Ejecutivo optaron por la fórmula del juramento frente a la promesa antes de participar en la tradicional foto de familia y celebrar el primer Consejo de Gobierno de la legislatura.

La publicación este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León del decreto de reestructuración del nuevo Gobierno autonómico deja algunos detalles varios de cómo va a funcionar el Ejecutivo de Mañueco con el pacto de PP y Vox. Hay detalles especialmente significativos: la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, del Partido Popular, será quien sustituya en primer lugar al presidente Alfonso Fernández Mañueco en caso de ausencia y Vox consigue asumir las competencias vinculadas a la gestión de la fauna salvaje, incluida la política relacionada con el lobo.

El acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox ha dado lugar a un Ejecutivo de once miembros en el que los populares conservan la mayoría de las áreas de gestión, pero donde la formación de Carlos Pollán logra espacios de influencia política más amplios que en la anterior coalición lo que ha obligado a reestructurar áreas y mover competencias, algunas de ellas, como vivienda o igualdad, y aglutinarlas en la vicepresidencia segunda de Blanco.

En el equilibrio interno del Consejo de Gobierno, Mañueco ha determinado que su mano derecha sea Isabel Blanco en caso de ausencia. A pesar de que la Vicepresidencia Primera recaiga en Carlos Pollán, líder de Vox en Castilla y León, el decreto establece que la sustitución del presidente corresponde “en primer lugar” a la Vicepresidencia Segunda. Es decir, la dirigente del PP será quien asuma las funciones de Mañueco cuando sea necesario, por delante del vicepresidente primero.

Blanco ya fue vicepresidenta en el anterior Ejecutivo autonómico a raíz de la ruptura del pacto de PP y Vox. Con esta decisión, Mañueco deja latente la bicefalia de su gobierno.

Reparto de competencias

Blanco también pasa a tener competencias importantes y que en el acuerdo de gobierno ocupan una parte relevante del plan de gobierno. Aunque sin consejería como tal, ya que el número de estas no pueden superar los diez, según la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la vicepresidencia segunda tendrá que hacerse cargo de vivienda, urbanismo, ordenación del territorio, despoblación, igualdad de oportunidades, protección civil y coordinación de emergencias. Además, el propio decreto le atribuye capacidad para convocar subvenciones, firmar convenios y gestionar directamente los créditos presupuestarios que tenga asignados.

Otras de las novedades es el reparto de las competencias medioambientales. Aunque la Consejería de Medio Ambiente y Energía queda en manos del Partido Popular, dirigida por María González Corral, una parte importante de las atribuciones relacionadas con la conservación de especies y la gestión de la fauna pasan a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, que dirigirá Joaquín Antonio Pino, uno de los nuevos consejeros de Vox.

El decreto especifica que este departamento asumirá las competencias en materia de caza y pesca, flora y fauna, prevención ambiental y cambio climático, evaluación ambiental, inspección y control ambiental, así como educación y concienciación ambiental.

Este reparto deja en mano de Vox el control cinegético y con ello la gestión del lobo en Castilla y León, uno de los choques constantes de las comunidades 'loberas' con el gobierno central y con Europa. Aunque el decreto no menciona expresamente a la especie, las competencias sobre fauna silvestre y política ambiental quedan bajo responsabilidad de una consejería dirigida por Vox, un partido que ha mantenido una posición abiertamente favorable a flexibilizar las medidas de protección del cánido y a reforzar los mecanismos de control poblacional.

En el acuerdo de PP y Vox, Pollán, además de su vicepresidencia primera, también pasa a ocuparse de un área de nueva creación, al igual que en Extremadura y Aragón: la consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

Pollán pasa a controlar ahora buena parte de las competencias que tenía la anterior Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Entre sus funciones figuran las políticas de juventud, familia, infancia, atención a la diversidad, drogodependencias, inclusión social, inmigración y cooperación con el tercer sector. Además, asumirá la coordinación de las medidas de simplificación administrativa y eliminación de cargas burocráticas, así como las actuaciones en materia de cooperación al desarrollo, competencias que hasta ahora estaban adscritas a la Consejería de la Presidencia.

La gestión de las universidades, ahora con Industria, Empleo y Comercio

En la reestructuración interna de las áreas del PP, la gestión de universidades pasa ahora a encuadrarse dentro Industria, Empleo y Comercio, que dirigirá Juan Carlos Suárez-Quiñones, que se reconvierte como consejero dejando Medio Ambiente y la gestión de los incendios forestales.

La consejería de Quiñones incorpora las competencias de universidades e investigación que hasta ahora dependían de Educación, además de mantener las relacionadas con empleo, comercio e industria. Por su parte, la nueva Consejería de Medio Ambiente y Energía, en manos de María González Corral, suma las competencias de energía y minas que anteriormente estaban adscritas a Economía y Hacienda, aunque pierde las relativas a vivienda, urbanismo, protección civil y ordenación del territorio, que pasan a la Vicepresidencia Segunda, así como las vinculadas a fauna, caza, pesca y control ambiental, transferidas a Agricultura.

La Consejería con más presupuesto: Sanidad y Bienestar Social,

Otra de las novedades es la creación de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, que unifica bajo un mismo departamento las competencias sanitarias y los principales servicios sociales. El área que seguirá dirigiendo Alejandro Vázquez incorpora la atención a las personas mayores, la discapacidad y la dependencia, competencias que hasta ahora dependían de Familia e Igualdad de Oportunidades. De este modo, la Gerencia de Servicios Sociales pasa a integrarse en una macroconsejería que concentrará buena parte de las políticas asistenciales de la Comunidad

En el equilibrio de poderes, Vox obtiene la gestión sobre simplificación administrativa, familia, inmigración, juventud y ayudas sociales, además de Agricultura y Cultura, sus principales puntos ideológicos. El PP de Mañueco mantiene el control de áreas estratégicas como Sanidad, Educación, Hacienda, Presidencia o las relaciones con patronal y sindicatos, que pasan a depender de la nueva Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones, que se reconvierte como consejero dejando Medio Ambiente y la gestión de los incendios forestales.

La publicación del decreto supone el primer desarrollo formal del acuerdo de gobierno alcanzado por ambas formaciones. El pacto incorpora algunas de las principales reivindicaciones ideológicas de Vox —como la prioridad nacional en determinadas ayudas, la recuperación de la llamada Ley de Concordia o cambios en el modelo de Diálogo Social— y que abre un segundo ciclo de coalición entre ambos partidos en Castilla y León tras la experiencia compartida entre 2022 y 2024.

Han tenido que pasar casi tres meses de las elecciones autonómicas para que Castilla y León tenga un gobierno con sus consejeros nombrados. Alfonso Fernández Mañueco, presidente del Ejecutivo autonómico, ha presentado este sábado en la sede de la Presidencia a los miembros del Consejo de Gobierno fruto del pacto entre el Partido Popular y Vox. Son cuatro mujeres y siete hombres.

En el reparto de consejerías a Vox le corresponden una vicepresidencia y tres consejerías para la formación de extrema derecha que lidera Carlos Pollán, quien será vicepresidente primero y titular de la consejería de Desregulación y Familia, y siete para los 'populares', además de la vicepresidencia segunda, que ha recaído en la hasta ahora vicepresidenta Isabel Blanco y que tendrá competencias en Vivienda, Ordenación del territorio, Igualdad de oportunidades, Despoblación y Protección Civil aunque sin rango de consejería.

La continuidad de nombres, salvo los de Vox, es la tónica del nuevo Ejecutivo. El hasta ahora controvertido consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, se mantiene en el Gobierno pese a las críticas por su gestión en los incendios del año pasado, aunque pasará ahora a llevar la consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, que tendrá como competencias la relaciones con patronal y sindicatos que tanto cuestiona Vox. También repiten el consejero de Economía y portavoz, el histórico Carlos Fernández Carriedo; el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago; el de Sanidad, Alejandro Vázquez. La hasta ahora consejera de Agricultura, María González Corral, pasa a hacerse cargo de Medio Ambiente, con las competencias de incendios forestales.

Los nuevos nombres del PP son los de dos mujeres. La profesora universitaria vallisoletana María Pardo y hasta ahora directora general de Vivienda asume la consejería de Educación y la abulense Cristina Sanchidrián se hará cargo de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial.

Los nuevos consejeros de Vox son en Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental son Joaquín Antonio Pino, hasta ahora presidente de Asaja Ávila, y en Cultura, Turismo y Deporte, procurador por Valladolid José Alberto Díaz Pico y uno de los protagonistas de la disputa de asiento en la sesión de investidura.

Este es el reparto de consejerías y competencias del Gobierno PP y Vox en Castilla y León:

Partido Popular

- Presidencia de la Junta de Castilla y León: Alfonso Fernández Mañueco

- Vicepresidencia Segunda. Isabel Blanco Llamas. Sin consejería propia, pero con competencias en Vivienda, Ordenación del territorio, Igualdad de oportunidades, Despoblación y Protección civil (repite como vicepresidenta)

- Consejería de la Presidencia: Luis Miguel González Gago (repite en el cargo)

- Economía y Hacienda y portavocía: Carlos Fernández Carriedo (repite en el cargo)

- Industria, Universidades, Empleo y Comercio: Juan Carlos Suárez-Quiñones (cambia de consejería)

- Medio Ambiente y Energía: María González Corral

- Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial: Cristina Sanchidrián

- Sanidad y Bienestar Social: Alejandro Vázquez (repite en el cargo)

- Educación: María Pardo

Vox

- Vicepresidencia Primera y consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales: Carlos Pollán

- Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental: Joaquín Antonio Pino. Incluye competencias en caza, pesca y prevención, control e inspección ambiental:

- Cultura, Turismo y Deporte: José Alberto Díaz Pico

Competencias específicas

En la explicación del nuevo gobierno, que se publicará el lunes en el boletín oficial, Mañueco ha detallado algunas competencias. La vicepresidencia primera de Vox se encargará de racionalización y simplificación administrativa, así como las competencias de cooperación al desarrollo, juventud, familia, infancia y atención a la diversidad. También materia de drogodependencia, inclusión social, inmigración y cooperación con el tercer sector.

La vicepresidencia segunda ejercerá las competencias en materia de vivienda y ordenación del territorio y por tanto también las de urbanismo, suelo, arquitectura y rehabilitación. También otras competencias como las de mujer e igualdad de oportunidades.

La consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio ejercerá las competencias que hasta ahora correspondían a la propia Industria, Comercio y empleo, además de universidades e investigación. La consejería de Medio Ambiente y Energía asumirá las competencias de la consejería de Medio Ambiente, vivienda y ordenación del territorio salvo las que se han ido a la vicepresidencia segunda relativas a la vivienda y a la protección civil, además de las competencias en energía y minas que estaban hasta ahora en Economía.

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social ejercerá las mismas competencias de Sanidad que hasta este momento tenía y se le añaden las de la atención y servicios sociales de las personas mayores y discapacidad, así como la atención a la dependencia.

Por territorios el Gobierno tendrá cuatro miembros de Valladolid, dos de León, dos de Ávila, uno de Salamanca (la presidencia), uno de Burgos, una de Zamora y uno de Palencia. En primera fila no figura nadie de las provincias de Soria o Segovia.

El pacto de PP y Vox asume el principio de 'prioridad nacional' impuesto por la extrema derecha, y defendido de forma abierta por Mañueco, buscando restringir determinadas ayudas públicas a un concepto de 'arraigo previo' en España y en la Comunidad; también contempla eliminar subvenciones a ONG que trabajen con inmigrantes irregulares y promover el retorno de menores migrantes no acompañados. Recupera la llamada Ley de Concordia como alternativa a las políticas de memoria histórica e impulsa una rebaja del papel de sindicatos y patronal en el Diálogo Social como la anterior legislatura. El segundo acuerdo es un salto en el que la agenda ideológica de Vox impregnará buena parte de la acción del futuro gobierno.

El nuevo gobierno, que tomará posesión este lunes, es el segundo fruto de un acuerdo entre PP y Vox en Castilla y León tras el que funcionó, con notables polémicas, entre los años 2022 hasta 2024. En aquel gobierno la extrema derecha asumió una vicepresidencia sin apenas funciones, en manos de Juan García-Gallardo, y tres consejerías: Cultura, Agricultura y Empleo e Industria.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ya lo avisó cuando salía de las Cortes de Castilla y León después de la sesión de investidura: el nombre de los consejeros no los daría este viernes porque es festivo en su ciudad, Salamanca. El líder el Ejecutivo comparecerá este sábado a las 12.00 horas en Valladolid para informar de la composición de su nuevo gobierno.

Desde la sala de mapas del Colegio de la Asunción, sede de la Presidencia, informará de los nombres de los consejeros y cómo se va a distribuir las competencias.

Según avanzó la semana pasada, junto al que será su vicepresidente, Carlos Pollán, de Vox, habrá dos vicepresidencias -una para cada partido-, diez consejerías -siete para el PP y tres para Vox, una de ellas integrada en la vicepresidencia- y un total de once miembros más el presidente, Alfonso Fernández Mañueco.

Para el Partido Popular será la Vicepresidencia segunda, que tendrá competencias en Vivienda, Ordenación del territorio, Igualdad de oportunidades, Despoblación y Protección civil. Además tendrán las consejerías de la Presidencia; Economía y Hacienda; Industria, Universidades, Empleo y Comercio; Medio Ambiente y Energía -que perderá competencias-; Movilidad, Transformación Digital y Inteligencia Artificial; Sanidad y Bienestar Social -que asumirá nuevas funciones- y Educación.

En el pacto, la Vicepresidencia primera la ostentará Vox, con Pollán como titular además de llevar una Consejería. Además, otras dos áreas: Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, que tendrás competencias en Inmigración, Juventud y Cooperación al desarrollo. Cultura y Turismo, y Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, que ahora pasará a tener competencias de Caza, Pesca y Política Ambiental, aunque el operativo de extinción de incendios sigue en manos del PP.

Este viernes, el presidente de la Junta ha asistido a los actos con motivo de la festividad de San Juan de Sahagún, patrón de Salamanca y este sábado, tras la comparecencia, vuelve a Salamanca para asistir al acto de entrega de las Medallas de Oro de la Ciudad de Salamanca 2026.

Tras el cese el jueves, Mañueco ha nombrado a los 13 primeros cargos de confianza, según ha recogido el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Se trata de personal eventual entre los que figuran técnicos y periodistas que ya formaban parte del gabinete de Presidencia.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este viernes el nombramiento de los 13 primeros cargos 'a dedo' del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. No hay novedades en este lote de personal eventual entre los que figuran técnicos y periodistas que ya formaban parte del gabinete de Presidencia.

Todos ellos fueron cesados el jueves, cuando acabó la presidencia en funciones de Mañueco, y vuelven a ser nombrados este viernes, una vez que pasa a ser presidente de la Junta tras su toma de posesión. Siguen con él por tanto, Patricia Hernández Pantoja, Dalinda Pilar Martínez Solórzano, Raquel Muñoz Díaz, Vicente Díez Llamas, Daniel Llanos García, Isabel Hernández Rozas, Francisco Javier de las Heras Álvarez, Aurelia Hernández Sánchez, Enrique Marciel Francos, Jaime Morate Martín, Susana Cañizo Calvo, Inmaculada Encinas Domínguez y José Ramón Barros Calabar.

La campaña de incendios empieza este viernes 12 de junio en Castilla y León, con un verano que temen agentes medioambientales, bomberos forestales y responsables políticos. El año pasado fue el peor que se recuerda en la comunidad, tanto por hectáreas quemadas como por el coste en vidas humanas que supuso.

¿Qué pasó el año pasado? ¿Cuánta superficie se quemó?

El 8 de agosto de 2025 empezó una oleada de incendios en Ávila, que no tardaría en extenderse a León, Zamora, Palencia y Salamanca, con hasta once fuegos de nivel máximo de gravedad, una categoría que se alcanza por su extensión o por afectar seriamente a núcleos de población o infraestructuras.

El pasado verano se produjeron incendios muy graves en Castilla y León, que afectaron especialmente a estas cuatro provincias. Fruto de estos incendios, fallecieron cinco personas: tres voluntarios, un bombero forestal y otro bombero forestal que murió cuando se desplazaba a un conato.

En total se quemaron 171.900 hectáreas, según confirmó la semana pasada el consejero en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, un poco superior a la cifra que dio en su comparecencia en el parlamento autonómico, cuando habló de 143.880 hectáreas, de las cuales más de 40.000 eran superficie arbolada.

¿Qué explicaciones dio la Junta?

Los primeros momentos han sido especialmente criticados por la oposición: el comentario de Suárez-Quiñones -que tenía “la mala costumbre de comer”-, al que los primeros incendios le pillaron en Gijón, las vacaciones de Fernández Mañueco, que tardó un día y medio en regresar para poder dirigir el operativo. El presidente de la Junta de Castilla y León compareció en las Cortes a petición de toda la oposición el día 29 de agosto. Por aquellas fechas, la Junta ya hablaba de 141.000 hectáreas afectadas.

En esa sesión plenaria, el líder del Ejecutivo autonómico defendió que las causas de los incendios habían sido inevitables e “imposibles de extinguir”. Estos incendios de sexta generación, contra los que solo cabe una estrategia defensiva. Desde agosto hasta que la legislatura acabó en enero de 2026, el consejero Suárez-Quiñones se ha enfrentado en los plenos a preguntas y mociones sobre el operativo y su gestión.

¿Hubo reacciones políticas?

Las peticiones de dimisión para Fernández Mañueco y Suárez-Quiñones han sido reiteradas y desoídas. Podemos y Vox acudieron a los juzgados por la gestión de los incendios, aunque aún no ha trascendido ningún resultado en concreto. La Fiscalía de Castilla y León archivó otras dos denuncias contra el presidente de la Junta de Castilla y Suárez-Quiñones porque no veía indicios suficientes de delito.

Los sindicatos se han negado a negociar con el consejero de Medio Ambiente y con el director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz, y han presionado en muchas ocasiones a través de movilizaciones y manifestaciones.

El titular de Medio Ambiente también compareció en las Cortes para hacer balance de la temporada de incendios, aunque varios meses más tarde de lo habitual, y ya casi al final de la legislatura, después de que Vox y PP habilitaran la primera quincena de enero y forzaran así su comparecencia. En dos días, tanto Suárez-Quiñones como el director general de Patrimonio Natural responsabilizaron a la extraordinaria meteorología del verano y responsabilizó al Estado por su limitado apoyo al hablar de gestión conjunta de incendios, a la oposición por rechazar los decretos aprobados después del fuego sin negociar, y a las administraciones locales por no tener en buen estado los terrenos que debían vigilar.

Hace poco se publicó el avance informativo del Ministerio de los incendios forestales de 2025. Los medios aéreos del Ministerio actuaron en 97 incendios -la comunidad con más atención- y realizaron 899 intervenciones que actuaron durante 3.548 horas. De hecho, Castilla y León ocupó el 40% del tiempo que dedicaron los medios del Ministerio al apoyo a todas las comunidades autónomas.

¿Se han cumplido las promesas políticas?

Una de las primeras reacciones de Fernández Mañueco fue prometer ayudas a vecinos, agricultores y ganaderos afectados por los incendios. Los planes de recuperación han tenido un presupuesto de 114 millones de euros, según los cálculos de la Junta de Castilla y León: 21,76 millones para ayudas por desalojo, desescombro y reparación de viviendas y enseres de 7.300 familias y 235 inmuebles; más de 10 millones de compensación al sector ganadero; y más de 28 millones para un plan de restauración hidrológico-forestal, extracción de madera quemada y recuperación de hábitats y biodiversidad.

La recuperación del Patrimonio Mundial de Las Médulas en El Bierzo ha costado de 3,62 millones de euros, una cifra muy superior al presupuesto anual del Patronato de Fundación Las Médulas, que en 2025 fue de 480.000 euros.

¿Se han producido cambios en el operativo?

Es una pregunta compleja. Mañueco quiso aprobar un decreto de ordenación forestal y otro que pretendía incrementar la participación pública, pero ninguno de ellos fue negociado con los sindicatos, por lo que todos los partidos de la oposición (Vox, PSOE, UPL, Soria Ya, Podemos, Por Ávila y Francisco Igea) tumbaron ambas normas. Aún así, la Junta se comprometió a ir reduciendo el número de empresas contratadas a medida que se extinguieran los contratos, y a integrar a los trabajadores a empresas públicas como Tragsa o Somacyl. Sin embargo, en abril adjudicó y licitó algunos contratos con otras empresas.

Las empresas forestales que participan en el operativo de lucha contra incendios de Castilla y León están presionando porque dicen que la Administración lleva más de un año ignorando sus requerimientos y denuncian que Inspección de Trabajo ha iniciado “una campaña de acoso y derribo” por discrepancias entre las exigencias de la Junta y de Trabajo, lo que genera una inseguridad jurídica “absoluta”.

¿Cómo se afronta la temporada de incendios de 2026?

Hasta ahora se han producido ya 633 incendios, la mayoría eran conatos (526), de menos de una hectárea de superficie. La Junta de Castilla y León tiene previsto activar a 5.001 profesionales del operativo, un 6% más que el año pasado, a pesar de que se ha mantenido el sistema mixto de extinción de incendios. En total, está previsto invertir 160 millones de euros en este verano, 60 millones más que el año pasado.

El pacto de gobierno firmado entre PP y Vox incluye el compromiso del nuevo Ejecutivo a “incrementar la colaboración público-privada en la prevención y extinción de incendios, elaborar un nuevo Plan Forestal Integral e incrementar el número de planes de gestión forestal, entre otros aspectos. Pero el PP mantendrá la responsabilidad sobre los incendios y esta campaña ya está planificada y programada, así que probablemente no se produzcan grandes cambios.

Mañueco ha tomado posesión como presidente de la Junta de Castilla y León este jueves arropado por otros presidentes autonómicos del PP y por el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a quien ha agradecido su presencia al inicio de su discurso. “Querido presidente Mariano Rajoy, eres para mí un gran ejemplo de inteligencia política, de sabiduría y de buen hacer en momentos especialmente difíciles para España, ha dicho. Se ha dirigido a los presidentes autonómicos presentes como el de Galicia, Alfonso Rueda; de Asturias, Adrián Barbón; de Extremadura, María Guardiola; de Aragón, Jorge Azcón y de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. ”Tenemos todos mucho que trabajar juntos para impulsar nuestras autonomías y contribuir al progreso de España“.

El discurso, bastante vacío de contenido político, ha sido sobre todo institucional: ha agradecido el pacto con Vox y ha asegurado que asume esta etapa, la tercera como presidente de Castilla y León “con satisfacción, ilusión y responsabilidad” tras comprobar que el trabajo realizado ha sido “valorado por los castellanos y leoneses”, que esperan de este gobierno autonómico “respuestas eficaces a sus problemas” algo que Mañueco asume “plenamente”. Ha hablado de responsabilidad “para cumplir puntualmente un programa de gobierno, fruto de un pacto que cuenta con gran respaldo parlamentario”. Hay que recordar que Vox rompió su anterior pacto en 2024 fruto del desacuerdo en la acogida de menores migrantes no acompañados y en el incumplimiento de compromisos adquiridos con Vox. Este nuevo programa, ha dicho lo quiere llevar “desde los valores” que asume.

 Mañueco ha recordado la presencia de “Su Santidad el Papa León XIV”. “Creo que ha de servirnos de inspiración su referencia a la Escuela de Salamanca, que cumple su quinto centenario y es una de las grandes aportaciones de nuestra tierra al conocimiento universal y al progreso de la humanidad”. Y ha mandado un mensaje al citar al Papa, posiblemente a sus socios de gobierno: “ha de servirnos de inspiración el mensaje del Santo Padre de colaboración, diálogo y concordia social, desde la pretensión de servir al bien común y recordar aquello que hace verdaderamente humana la convivencia. 

 Ha presumido de “comunidad pujante, innovadora y con unos servicios públicos excelentes”. En una comunidad que pierde jóvenes año a año, Mañueco quiere “seguir creciendo, atrayendo talento, creando empleo. Haciendo de Castilla y León un lugar de oportunidades para vivir mejor y crear una familia. Una tierra que inspire orgullo de pertenencia”.

 Además de los presidentes autonómicos, han acompañado a Mañueco la exvicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría y la exministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España, Fátima Báñez. No han faltado el vicepresidente primero del Senado y polémico senador por Segovia, Javier Maroto y, en representación del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el secretario general de Cooperación Territorial Agustín Torres. Expresidentes de la Junta y de las Cortes de Castilla y León como Juan José Lucas, Juan Vicente Herrera, José Manuel Fernández Santiago y Carlos Sánchez Reyes, Instituciones propias de la Comunidad; alcaldes y presidentes de las diputaciones provinciales; rectores de las universidades de Castilla y León; representantes de los agentes económicos y sociales, así como de organizaciones profesionales y autoridades militares. No ha faltado la mujer y las hijas del Alfonso Fernández Mañueco, a quienes, emocionado, ha agradecido su apoyo.

En cuanto a los medios de comunicación acreditados para cubrir el acto de toma de posesión, hasta el momento se han contabilizado cerca de cien profesionales.

El líder del PSOE de Castilla y León Carlos Martínez, ha felicitado a Fernández Mañueco por su tercer mandato consecutivo, pero ha ironizado con el hecho de que haya jurado “con la misma mano con la que rubricó un acuerdo contrario al Estatuto y a la Constitución”. Martínez ha lamentado que el discurso haya tenido “muchas lagunas”. “Ni un solo guiño a un lenguaje inclusivo, al reconocimiento de la mujer en la sociedad ni un llamamiento al diálogo al resto de grupos parlamentarios, alguno de los cuales ni siquiera ha venido”.

Al no tener dedicación exclusiva, ha lamentado que algunos procuradores no hayan podido acudir a la sesión de este jueves. Martínez ha lamentado que Mañueco haya “despreciado prácticamente” al PSOE y a sus representantes. “Ojalá sea el comienzo real del trabajo de la Administración autonómica, porque trabajo hay más que de sobra”, ha manifestado ante los medios después de la toma de posesión.

El líder socialista ha avanzado que espera registrar en los próximos días el Proyecto de Ley de adaptación a la Ley de lucha contra la Violencia Machista para ver si este gobierno “es capaz de rubricar una Ley avalada por el trabajo del PSOE y los colectivos feministas”. También ha bromeado sobre el cambio de sitios entre Hierro y Pico: “Ya se están pegando entre ellos mismos [Vox] por un sillón”. “En este baile de la silla en el que han convertido el acuerdo de gobierno, que les ha servido para el reparto de sillones, hemos visto que algunos se han quedado sin él. Y eso se refleja incluso a la hora de ocupar los espacios en el hemiciclo”, ha comentado.

Alfonso Fernández Mañueco lleva presidiendo gobiernos en Castilla y León desde 2019: primero, con el ya extinto Ciudadanos, que terminó de manera precipitada, aunque no por ello menos inesperada; un segundo, con Vox, que concluyó de manera abrupta y orquestada desde Madrid; una tercera etapa marcada por dos años en minoría —en los que no ha conseguido aprobar ningún proyecto de Presupuestos y una sola ley— y este último intento de coalición con Vox. Este martes, logró ser investido presidente con los votos de la extrema derecha, en una sesión que dejó momentos para el recuerdo, como la “cena” que le sirvió el líder del PSOE, Carlos Martínez, o la pelea por un sillón que protagonizaron dos procuradores de Vox.

En estos años, Fernández Mañueco ha ido modificando su discurso, a pesar de su constante apelación a la “moderación”: las referencias al colectivo LGTB y al cambio climático ya se quedaron fuera en 2022. Esta año el turno de las omisiones ha sido para la violencia de género. La okupación, que era también una cuestión muy importante para el Mañueco de hace cuatro años a pesar de la baja incidencia, tampoco figura ya en su discurso. Mismo Mañueco, pero un presidente distinto para cada ocasión. Lo cierto que este ha sido su último discurso de investidura, porque Castilla y León tiene una limitación de mandatos y no podrá volver a ser presidente a no ser que cambie la ley. PP y Vox han llegado a un acuerdo gracias a “la generosidad, la responsabilidad y la capacidad de acuerdo”, según ha expuesto en un discurso en el que prácticamente ha obviado a la oposición y ha centrado sus críticas en el Gobierno.

En el hemiciclo, todos los periodistas estaban pendientes de cómo iba a explicar Fernández Mañueco la “prioridad nacional” en una comunidad marcada por el envejecimiento y la despoblación, que hace siete años definía como “tierra de acogida”. Ahora son “bien recibidos” quienes “quieran contribuir a la prosperidad común su trabajo, esfuerzo y compromiso personal”. Ninguna referencia ha hecho, como era de esperar, a las críticas que formuló en campaña electoral a sus socios de Vox, cuando les acusó de “querer tirar a las personas al mar”. Pese a las exigencias de Vox, el 'popular' no se retractó; aun así, ambas formaciones han alcanzado un acuerdo de gobierno que incluye ese concepto de 'prioridad nacional', que Mañueco ha intentado maquillar en todas sus intervenciones.

El presidente de la Junta ha pedido “que nadie busque confundir” con este término que ha asumido por completo y que pretende una “asignación justa de los recursos públicos en función de arraigo real y verificable”, independientemente de su procedencia: deben acreditar su vinculación, legal, efectiva y estable. Algo que, por otra parte, ya es necesario hasta para las ayudas más accesibles, como son las del alquiler, para las que es necesario no solo residir legalmente en Castilla y León, sino también estar trabajando. Castilla y León tiene una tasa de inmigración inferior a la media nacional. Una inmigración que, en palabras del presidente, “ha sido capaz de compensar los saldos vegetativos negativos”.

Una 'prioridad nacional' inconcreta

Al igual que María Guardiola en Extremadura y Jorge Azcón en Aragón, la 'prioridad nacional' ha centrado parte del debate parlamentario. Fernández Mañueco se refleja en el espejo de Vox, aunque con una visión rebajada de la 'prioridad nacional'. Por eso ha garantizado estos tres criterios: acatará la legalidad, mantendrá las prestaciones de los “servicios públicos esenciales” y no supondrá “el retroceso en los derechos consolidados”. Poco ha aclarado en realidad; y mucho más directo ha sido en sus críticas a las políticas migratorias del Gobierno de España, que “se mueven entre la improvisación, el oportunismo y la imposición”. “Los españoles, primero”, ha respondido el portavoz adjunto de Vox, José Alberto Díaz Pico, poco después a los periodistas. Un concepto distinto de 'arraigo', desde luego.

Mañueco ha justificado además su postura a favor de la 'prioridad nacional' atacando al PSOE durante la réplica al líder socialista, Carlos Martínez. El veterano dirigente ha sacado a relucir las bases de distintas ayudas de ayuntamientos gobernados por el PSOE como Soria, la ciudad que gobernaba antes Martínez, Palencia o León que limitan el alcance de las ayudas a aquellos que llevaban como mínimo un año empadronados. Para Mañueco esto refleja “la hipocresía de los socialistas”, que, según él, aplican así una 'prioridad nacional' a su manera, y que también se recoge en las bases estatales del Ingreso Mínimo Vital.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha iniciado este martes su tercera legislatura, y por eso ha querido reforzar el trabajo realizado en este tiempo, que le ha enseñado la “responsabilidad innegable e indelegable” y los principios “éticos” que deben regir su puesto. En la otra cara de la moneda, Fernández Mañueco ha cargado contra el Gobierno de España, al que ha pedido una financiación autonómica “justa, solidaria y acorde con el coste de la prestación de servicios”.

Durante la investidura, ha esbozado una “imagen oscura de la política”, que se ve como “una fuente de ruido, frases vacías o gestos sin trascendencia” y que conduce a una sociedad “pequeña, oscura, miedosa y encerrada”. De hecho, en un momento dado ha señalado directamente a la ministra de Sanidad, Mónica García, “esté más dedicada a provocar huelgas, que hacen agrandar las listas de espera, que a aportar soluciones”.

Críticas al Pacto Verde

Fernández Mañueco también ha criticado el Pacto Verde Europeo —que pactaron en Bruselas el Partido Popular europeo y los socialistas— y sus propias políticas, puesto que el PP lleva gobernando desde 1987: se suprimirán y reformaran las tasas autonómicas “que resulten perjudiciales para el sector productivo”. Esas tasas, de existir, las ha tenido que imponer el propio Mañueco, puesto que el Pacto Verde se firmó en 2019. Hay que reconocer que otras propuestas resultan viejas conocidas, como que la banda ancha llegue a todos los ciudadanos de Castilla y León, un objetivo que ya prometieron en 2007.

Con un nuevo gobierno de coalición, que aún no se ha anunciado, Fernández Mañueco aspira a aprobar presupuestos para el próximo año, dado que todavía están en vigor las cuentas de 2024. Este nuevo proyecto incluirá algunas de las medidas 'estrella' que el PP prometió en campaña electoral: deducción para pagar las cuotas de gimnasio, ayudas para cambiar las bañeras por platos de ducha o para sacarse el carnet de conducir y matrícula universitaria gratuita, además de otras medidas en materia de Vivienda, Agricultura, Sanidad y Servicios Sociales, entre otros.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha reivindicado una comunidad “rica en valores, humanista y tolerante”, precisamente aspectos que echan en falta los miembros de la oposición, con los que no ha sido capaz de llegar a acuerdos pese a sus juegos de trileros.

El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Carlos Martínez, ha definido la despoblación, el envejecimiento y la pérdida de oportunidades como los principales desafíos de la Comunidad. “El problema de Castilla y León no es el feminismo, no son los inmigrantes, no es la Agenda 2030”, ha afirmado durante su réplica al candidato 'popular' Alfonso Fernández Mañueco en el debate de investidura.

Para el socialista, que se estrena como líder de la oposición, el Partido Popular de Mañueco ha asumido buena parte del programa de Vox y ha contrapuesto a ese modelo una alternativa basada en la cohesión territorial, los servicios públicos, la atracción de población y la reindustrialización.

Martínez ha comenzado su intervención haciendo mención a sus casi dos décadas al frente de la Alcaldía de Soria y ha asegurado que los problemas que ha conocido durante esos años son los mismos que sufren el conjunto de provincias de la Comunidad.

“Hoy hemos escuchado un discurso que intenta disimular a Vox mientras ejecuta su programa”, ha afirmado Martínez. Según el líder socialista, el discurso de investidura de Mañueco fue “la lectura pública de un pacto” redactado “hace apenas unos días, muy lejos de esta comunidad autónoma”. “No hemos escuchado hoy un proyecto nuevo para Castilla y León. Hemos escuchado la transcripción de las condiciones que usted ha aceptado para seguir siendo presidente”, ha apostillado

El procurador socialista ha afeado a Mañueco que apenas haya mencionado a Vox, a excepción de una mención a Carlos Pollán, durante el discurso a pesar de que “cada página del discurso lleva la huella del acuerdo” con la extrema derecha.

El líder de la oposición ha señalado la paradoja de que Mañueco hable de moderación cuando el pacto recoge los principios de Vox con el denominado principio de “prioridad nacional”. Martínez lo ha desdeñado y ha instado a combatir la despoblación con la llegada de nuevos habitantes sin importar su origen.

“La igualdad de derechos no admite apellidos”

“La igualdad de derechos no admite apellidos. La dignidad humana no depende del lugar de nacimiento”, ha apuntado. “Castilla y León no puede permitirse dividir a quienes viven y trabajan aquí. Nuestra Comunidad necesita sumar, integrar, atraer talento, incorporar población, generar oportunidades y construir esperanza”.

Para el PSOE, la “prioridad nacional” del pacto de PP y Vox es una posición contradictoria, ya que Mañueco presume de haber crecido durante la última legislatura mientras firma acuerdos con quienes la presentan como un problema. “Tendrá que decidir si son parte del problema o de la solución. Las dos cosas a la vez es imposible”, ha defendido.

Dos modelos de Comunidad

Para el portavoz socialista hay dos modelos en Comunidad. “Uno mira al futuro con miedo, con rencor. Otro mira al futuro con ambición y esperanza. Uno busca respuestas en el enfrentamiento. Otro en la convivencia”, ha sostenido Martínez.

Martínez ha reiterado que los verdaderos problemas de Castilla y León siguen siendo la despoblación, el envejecimiento y la pérdida de oportunidades. “El problema de Castilla y León no es el feminismo, no son los inmigrantes, no es la Agenda 2030, no es Europa”, ha asegurado. “El principal problema de Castilla y León es que demasiados jóvenes siguen teniendo que marcharse para construir su proyecto de vida”, ha agregado.

En ese contexto, ha defendido que la Comunidad afronta un problema “estructural” tras casi cuatro décadas de gobiernos del Partido Popular. “Después de casi 40 años gobernando, Castilla y León ya no puede seguir culpando al pasado. Porque el pasado son ustedes mismos”, ha afirmado.

Críticas por la desaparición de la Igualdad, Vivienda y Despoblación en las consejerías

Martínez también ha criticado la supresión de Igualdad, Vivienda y Ordenación del Territorio, al considerar que detrás de esos cambios existe una definición ideológica del modelo de Comunidad. “Cuando desaparecen determinadas áreas de gobierno, desaparecen determinadas prioridades”, ha apuntado.

El portavoz socialista también ha reprochado la ausencia de la violencia machista y la igualdad dentro del pacto de PP y Vox. Martínez ha criticado a Mañueco que no dedicara “ni un solo minuto” a abordar este tema durante su intervención. “La violencia machista existe, mata, destruye vidas y exige el compromiso de todas las instituciones”, ha defendido.

Su función como oposición, según ha explicado, será que los ciudadanos tengan “el derecho a quedarse, el derecho a volver y también el derecho a venir”. Para Martínez el modelo territorial, como ha explicado desde que se puso al frente del PSOE de Castilla y León, es que Castilla y León debe apostar por los “territorios de 30 minutos” para garantizar el acceso a servicios esenciales.

En materia de financiación, Martínez ha reprochado a Mañueco, como presidente en funciones de la Junta, por dar la orden de no acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera. “

El 'gurruño' de Vox, la “cena” de Mañueco

Uno de los momentos que ha dejado el cara a cara entre Martínez y Mañueco ha llegado cuando el socialista ha sacado un papel con las peticiones que Vox remitió la legislatura pasada al PP para aprobar los presupuestos y que el líder 'popular' estrujó haciendo un “gurruño” con la hoja, como lo calificaron dese Vox.

Martínez ha usado el papel para acusar a Mañueco de comerse “sus valores y principios” para seguir “aferrado” al poder. “¿Sabe lo que es esto? Igual le suena más así”, ha aseverado el portavoz mientras hacía con el folio un gurruño. “Su cena fría”, se ha respondido el portavoz socialista.

“Dos años después esa es la cena fría que le ha devuelto Vox para seguir aferrado al sillón”, ha continuado para criticar que el PP haya tenido que usar una coartada para “tragarse sus principios de un partido que se supone de estado” para tener que confundir “el empadronamiento con el arraigo”.

“Usted acusó a Pollán de querer tirar a los migrantes en al mar y usted el gurruño se lo tiene que cenar frío, con sus principios”, ha concluido Martínez mientras dejaba el papel en una bandeja.

El gurruño ha desaparecido de la tribuna de los oradores cuando el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez ha pedido que lo quitasen. “Señores ujieres retiren lo que hay ahí”.

Mañueco acusa al PSOE de introducir el criterio de arraigo

En la réplica de Mañueco a Martínez ha acusado al PSOE de introducir el criterio “arraigo” en la concesión de ayudas en los ayuntamientos que gobiernan, entre ellos los de Soria y Palencia. El líder 'popular' ha señalado que en el caso de Soria se pide un año de empadronamiento, Palencia seis meses o en la provincia de León permanecer un año empadronado para acceder a distintas ayudas sociales. También ha mencionado a medidas socialistas de los gobiernos de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero o Pedro Sánchez.

“¡Cuánta hipocresía hay en el PSOE de Castilla y León!”, ha exclamado Mañueco, para reprochar que la oposición de “se escandaliza y rasga públicamente las vestiduras” ante la 'prioridad nacional'.

Mañueco ha centrado sus réplicas en atacar al portavoz socialista. “Usted no es de fiar, señor Martínez”, ha indicado para criticar que el líder del PSOE de Castilla y León a buscar rédito político con el “uso político” de los incendios. Martínez ha pedido que se retire esta expresión del diario de sesiones “por decencia”.

Críticas por los incendios

El aspirante a presidente de la Junta también ha comparado a Óscar Puente y a Martínez por compartir las “malas formas” por la forma de criticar. Ante esto, Martínez ha recordado que mientras la Comunidad ardía, el líder 'popular' estaba “comiendo gambas en Cádiz, ya que Mañueco estaba de vacaciones.

Martínez también ha criticado que si “alguien es responsable de los incendios” es quien habló de “despilfarro” para referirse a la posibilidad de que hubiera un operativo de prevención y extinción de incendios durante todo el año.

La “conjunción copulativa” de Castilla y León

Otras de las críticas de Mañueco a las propuestas de Martínez ha pasado porque Martínez que no ha pronuncie la 'i griega' de Castilla y León, un error que le ha valido al socialista numerosas críticas desde el inicio de su candidatura, especialmente en círculos leonesistas.

Mañueco interpelado a Martínez sobre cuál es “su propia idea de lo que es Castilla y León. Tiene pocas convicciones y muchísimas dudas. ¿En qué comunidad cree usted que vive? ¿Sin conjunción copulativa como dice a menudo? ¿En Castilla y León, y Soria, y Burgos, y Valladolid y Segovia? Como dijo en otra ocasión.

“Repita conmigo, repita con nosotros, Castilla y León, Castilla y León señor Martínez”, ha ironizado. “Usted ha demostrado que no tiene ninguna seriedad porque ha frivolizado en un tema importante como es el nombre de nuestra comunidad”, ha reprochado.

Choque por la corrupción

En su réplica, Mañueco ha reiterado que Martínez “no es de fiar” por ser, según el líder 'popular', aupado por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y haber defendido públicamente a Zapatero, a quien se ha referido como “amante de las joyas”.

Martínez ha pedido respeto al proceso judicial y ha recordado los casos que afectan directamente al PP en Castilla y León, como la Trama Eólica y el caso de Perla Negra. “Estaba ahí”, ha señalado para rememorar que Mañueco formaba parte del Ejecutivo autonómico bajo el que se produjeron ambos casos.

El procurador socialista ha reprochado el tono que ha impuesto el líder 'popular' para eludir hablar de los problemas de Castilla y León.

Por Ávila afea a Mañueco perder el tiempo mientras deja de lado los problemas

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha lamentado este martes tener la sensación de haber perdido el tiempo con el eventual gobierno de PP y Vox mientras se dejan de lado los problemas de la Comunidad y, en particular, de la provincia abulense, informa EFE.

“Para esta vuelta al mismo mundo en 80 días no hacían falta estas alforjas”, ha dicho Pascual al candidato del PP a la investidura como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, desde el hemiciclo de las Cortes de Castilla y León.

Pascual le ha recordado las críticas de los populares hacia Vox durante la campaña electoral, pese a que “vuelva a llevarse al mismo compañero de viaje, que ayer era incómodo y hoy es maravilloso copiloto”, y ha incidido en la pérdida de tiempo cuando ambas formaciones sabían que iban a pactar.

Soria Ya tiende la mano a Mañueco, pero le pide que “mire más allá de Vox”

El portavoz de Soria Ya en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, ha pedido a Mañueco que busque acuerdos “más allá de Vox” durante la próxima legislatura y le ha tendido la mano para alcanzar pactos más amplios en beneficio de la Comunidad y de la provincia soriana.

Durante su intervención en el debate de investidura del candidato popular, Ceña ha comparado la situación política actual con una repetición de etapas anteriores y ha asegurado que Castilla y León está viendo “una película vieja y mala”.

“Lo mismo que hace cuatro años, lo mismo que hace siete”, ha afirmado el procurador soriano, quien ha definido el futuro Ejecutivo de coalición entre PP y Vox como un gobierno “débil e inestable”.

Ceña ha lamentado además la ausencia de medidas específicas para Soria tanto en el discurso de investidura como en el pacto de gobierno firmado por PP y Vox.

UPL cree que el pacto de PP y Vox es “papel mojado” y que Mañueco actúa por miedo

La Unión del Pueblo Leonés ha calificado como “papel mojado” el pacto de legislatura entre PP y Vox y ha reprochado al candidato del PP a la investidura como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que parece actuar por miedo.

“Lo que se deduce de este pacto es una cuestión gris, una cuestión de miedo y sobre todo poco ilusionante”, ha criticado la portavoz parlamentaria de UPL, Alicia Gallego, en el hemiciclo de las Cortes autonómicas, donde ha criticado que las 324 medidas presentadas por Mañueco en el discurso de este martes son “difusas y poco concretas”.

En su intervención, Gallego ha reprochado a Mañueco que haya vuelto al punto de partida de 2022, con un socio de gobierno que no cree en las autonomías y al que ha criticado durante la campaña y se ha abierto a llegar a acuerdos con todas las formaciones, pero siempre en beneficio de la ciudadanía.

Mañueco ofrece “mano tendida” al Grupo Mixto, pero les pide “abandonar el victimismo”

Fernández Mañueco ha ofrecido este martes su “mano tendida” a los procuradores del Grupo Mixto para alcanzar acuerdos durante la legislatura, aunque les ha pedido que abandonen las “políticas del victimismo” y dejen de cuestionar el acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y Vox.

Durante su réplica en las Cortes a los portavoces, Mañueco ha defendido que su objetivo es alcanzar consensos en beneficio de Castilla y León, pero ha rechazado los planteamientos que, a su juicio, presentan agravios territoriales dentro de la Comunidad.

Vox asegura que no le preocupa “en absoluto” la polémica sobre la 'prioridad nacional'

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León y futuro vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán, ha afirmado este martes que no le preocupa “en absoluto” la polémica generada por la inclusión en sus pactos con el PP del concepto de 'prioridad nacional' para las ayudas sociales y de vivienda.

Durante su intervención ante la sesión de investidura en la que Vox apoya convertir de nuevo en presidente al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, Pollán ha afirmado que se trata de una “polémica alimentada por las terminales mediáticas del sanchismo” y se ha mostrado convencido de que este principio es apoyado por los votantes de Vox, del PP y de “una porción creciente del electorado del PSOE”.

El candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido investido presidente de la Junta de Castilla y León por tercera vez. Vox ha sumado sus 14 votos a los 33 del PP para facilitar la mayoría absoluta, fijada en 42 procuradores. Por segunda vez, el PP y Vox gobiernan en esta Comunidad, como en 2022, si bien en 2024 el partido de Abascal dejó el gobierno. La oposición, formado por PSOE, Soria Ya, Unión del Pueblo Leonés y Por Ávila, ha votado en contra.

En su discurso, Mañueco ha asegurado que “con la investidura parlamentaria se formaliza un auténtico ”contrato de Legislatura“ y se dota al futuro gobierno de una legitimidad directa que le vincula con la voluntad expresada por nuestro pueblo”. El líder 'popular' ha adelantado además una legislatura de oposición al Gobierno central. “Con semejante ejemplo- ha dicho sobre este-, no resulta extraña esa oscura imagen de la política que se extiende en nuestra sociedad, viéndola sólo como una fuente de ruido, frases vacías o gestos sin trascendencia”. Así, ha afirmado que “el relato prima sobre los argumentos, la democracia se reduce a demoscopia y la propaganda sustituye a la razón”.

No ha faltado una referencia a la corrupción, la de los demás: Mañueco quiere “evitar que se normalice la degradación que hoy vemos en la vida política española” y se compromete a que España “no se acostumbre a incompetencia, a la corrupción y a la mentira”.

De “no se puede tirar seres humanos al mar” a “arraigo verificable”, el giro xenófobo de Mañueco

Como era de esperar, ha hablado de la “prioridad nacional”, buque insignia del programa de Vox que Mañueco tiene que admitir: “Nos hemos comprometido, inspirados en el llamado principio de ”prioridad nacional“, a establecer una asignación justa de los recursos públicos en función del arraigo real y verificable de sus beneficiarios con nuestra tierra”, ha dicho. Según él, si se prescinde de “demagogias interesadas” es “algo fácil de entender”. Para recibir prestaciones hay acreditar, “sea cual sea la procedencia, ”una vinculación legal, efectiva y estable con Castilla y León“. Así ha justificado, pero sin mencionarlo directamente, que los migrantes tengan que acreditar un número determinado de años de residencia para acceder a una vivienda protegida bien en venta, bien en alquiler, como ha pactado con Vox. Ese punto, a priori, que parece fuera de la Constitución, ha querido disfrazarlo de verificación. Ha matizado que se acatará ”de manera escrupulosa lo que dicen las leyes. La Constitución, el ordenamiento jurídico y el Estatuto de Autonomía“.

Mañueco ha dicho que se les prestarán “de manera general los servicios públicos esenciales como sanidad, educación, servicios sociales, dependencia y transporte público en autobús” y que se excluirá “cualquier tipo de limitación o de retroceso en los derechos ya consolidados”. “Que nadie busque confundir ni se rasgue las vestiduras de forma interesada” ha pedido. Son criterios, dice que “se vienen aplicando en muy diferentes ámbitos, en todos los territorios de España, desde hace ya mucho tiempo y por administraciones de muy distinto signo”.

De esa inmigración a la que se pretende discriminar, ha dicho que “Castilla y León tiene en la inmigración legal y ordenada una fuente de progreso” por lo que “siempre serán bien recibidos· y tendrán apoyo ”cuantos quieran venir a contribuir con su trabajo, esfuerzo y compromiso personal a la prosperidad común“. Así, ha aprovechado para referirse a las ”políticas fracasadas del Gobierno de España en materia de inmigración, que se mueven entre la improvisación, el oportunismo y la imposición, dificultan avances sociales en este sentido“.

Por supuesto, Mañueco ha pactado ese marcaje a los inmigrantes a pesar de que en el primer debate electoral espetó al que ahora va a ser su vicepresidente “al que venga a trabajar y respetar la ley, sin problema, no puede haber papeles para todos, pero no se puede tirar seres humanos al mar, que es lo que a usted le gustaría”. Esa frase parecía haber enfadado a Vox hasta el punto de que exigió disculpas y volvió a hacerlo en el segundo debate. Mañueco nunca se disculpó, pero un pacto de gobierno, parece, ha hecho contemporizar a Carlos Pollán.

Pero, si ha acusado al gobierno central de políticas fallidas de inmigración, se ha atribuido directamente el crecimiento económico. “Es innegable que nuestra Comunidad ha vivido en estos años una etapa de crecimiento y dinamismo económico, creación de empleo, aumento de los derechos sociales, refuerzo de los servicios públicos y repunte poblacional, que han de ser base y referente para seguir avanzando. Nuestra economía crece por encima de la media nacional, impulsada principalmente por la industria y por los servicios, con un aumento del PIB superior al 13% en la última legislatura. Hemos alcanzado cifras históricas de empleo, con más personas que nunca trabajando en Castilla y León”, ha recordado.

En su lista de cesiones a Vox está el Pacto Verde, o más bien la lucha contra él, y no lo ha olvidado en su discurso. “Vamos a suprimir, mantener eliminadas o reformar aquellas cargas y tasas autonómicas derivadas del Pacto Verde que resulten perjudiciales para el sector productivo, para aliviar la presión fiscal y favorecer su competitividad”, ha dicho.

El último ciclo de elecciones autonómicas ha reforzado la presencia de la ultraderecha de Vox en casi media docena de territorios. En Aragón, Castilla y León y Extremadura los de Santiago Abascal ya han conseguido varias consejerías, mientras que en Andalucía negocian el precio de permitir la investidura de Moreno Bonilla. Unas conversaciones y pactos políticos que han llegado poco después de que los abogados de Vox pidieran, sin éxito, la imputación de tres de esos presidentes autonómicos por cuatro delitos distintos por la gestión de la ola de incendios del verano de 2025. La última solicitud de imputación contra Juanma Moreno Bonilla, María Guardiola y Alfonso Fernández Mañueco fue realizada al Tribunal Supremo en marzo.

El partido de Santiago Abascal anunció el pasado mes de septiembre que tenía intención de desplegar su habitual estrategia penal para abordar la gestión de la ola de incendios que en el verano de 2025 arrasó más de 343.000 hectáreas en todo el país, el peor año del siglo con respecto a la superficie forestal calcinada, y varias víctimas mortales. Vox acudió al Tribunal Supremo para pedir la imputación del presidente del Gobierno y de varios ministros, pero también de los presidentes y consejeros de varias comunidades autónomas afectadas: Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Galicia y Asturias.

En ese momento Vox no formaba parte de ningún gobierno autonómico tras la ruptura con el PP consumada un año antes. Pero sí sostenía a varios de ellos donde los de Alberto Núñez Feijóo no tenía mayoría absoluta. Esas peticiones de imputación llegaron a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la primera semana de septiembre de 2025 y fueron rechazadas en marzo de 2026 por el magistrado Julián Sánchez Melgar. El Supremo recordó a Vox entonces que no podía pedir imputaciones de cargos públicos por la “mera detentación” de ese cargo. Y que en el caso de los presidentes autonómicos ni siquiera era el tribunal competente para abrir o rechazar una investigación.

Vox volvió a la carga con un recurso presentado a finales de marzo y que fue rechazado de forma definitiva a principios de mayo. Pedían que se reconsiderara su negativa a abrir una causa contra el ejecutivo central y los gobiernos autonómicos. Para cuando fue presentado el recurso, las elecciones en Extremadura y Castilla y León ya se habían celebrado. Se resolvió semana y media antes de los comicios de Andalucía, con la campaña ya en marcha.

En septiembre de 2025 la querella de Vox atribuyó cuatro delitos a los presidentes de estas tres comunidades autónomas: homicidio imprudente, incendio, prevaricación y otro más contra los derechos de los trabajadores. Entre duras acusaciones de haber tenido una actuación “negligente” y de haber incurrido en una “inexistencia de previsión”. PP y PSOE, dijo entonces Santiago Abascal, habían estado “lanzándose las competencias asquerosamente” incurriendo en “terrorismo climático”. Previamente el eurodiputado Jorge Buxadé había hablado de “bipartidismo pirómano”.

De querellarse a pactar

La querella de Vox contra el Gobierno y estos presidentes autonómicos ha seguido viva hasta que el Tribunal Supremo dictó el archivo definitivo hace menos de un mes. Un proceso judicial preliminar que, como es habitual con las denuncias y querellas de Vox, no ha pasado ni el primer filtro de los jueces de lo Penal, pero que se ha solapado en el tiempo con los procesos electorales autonómicos de los últimos meses en los que los de Santiago Abascal han hecho todo lo posible por pasar a gobernar con los dirigentes a los que acusaban de cuatro delitos distintos.

Vox pactó su entrada en el gobierno extremeño de María Guardiola a mediados del pasado mes de abril tras una primera investidura fallida. Su negociación con Alfonso Fernández Mañueco para formar parte del ejecutivo de Castilla y León, la tierra más afectada por los incendios del año pasado, ha fructificado esta misma semana. En Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla necesita de los votos de Vox para revalidar su presidencia y, por el momento, la extrema derecha ha mostrado su “mano tendida” al presidente autonómico al que hace unas pocas semanas pretendían imputar. Si a finales de 2025 Vox centró su crítica política en la gestión medioambiental de los territorios, ahora la clave para pactar es la denominada 'prioridad nacional'.

El partido de extrema derecha siguió en septiembre de 2025 la estrategia que desarrolla desde hace años contra sus rivales políticos, sobre todo de los partidos de izquierda. Denuncias y querellas sistemáticamente rechazadas por el Tribunal Supremo entre acusaciones de judicializar la vida política española y de pretender la imputación de un cargo público por el hecho de ostentar ese puesto, sin especificar qué actuaciones concretas se le atribuyen.

En los autos que han rechazado esta querella por los incendios de 2025 el Supremo recuerda que sus múltiples acciones penales fallidas contra rivales políticos ya han generado una doctrina propia sobre este asunto. Por ejemplo, recuerda el magistrado Sánchez Melgar, cuando en 2020 se querellaron contra el Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus y la Sala de lo Penal ya rechazó su iniciativa con argumentos similares.

Las querellas por la gestión de los incendios no abarcaban solo gobiernos regionales que Vox había apoyado y que ahora pretende integrar, sino también a Alfonso Rueda (Galicia) y a Adrián Barbón (Asturias), de PP y PSOE respectivamente. Las acusaciones contra ellos tampoco prosperaron por falta de competencia. El objetivo de Vox era, como es habitual, montar una macrocausa pero los jueces no ven delito posible en la actuación del Gobierno central y no son competentes para juzgar a presidentes autonómicos.

La extrema derecha, zanja el Supremo, ha actuado “expresando únicamente reproches genéricos válidos para cualquier impugnación” mientras que “no analiza la conducta de los querellados en cada uno de los hechos esgrimidos”. Entre los querellados, dos presidentes autonómicos con los que ha pactado un gobierno y otro con el que pretende hacerlo en los próximos meses.

El líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha anunciado este viernes que la semana que viene su grupo parlamentario registrará en las Cortes una proposición de ley de reforma de la actual normativa de atención a las víctimas de violencia de género, para retomar esos trabajos y “desenmascarar” a PP y Vox.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, Martínez ha subrayado que será “la primera piedra de toque” para el nuevo gobierno de coalición formado por PP y Vox, que ve como una “confluencia de intereses personales y partidistas” y dirigido por dos “funambulistas” que hacen “equilibrios”.

Sobre este texto, el socialista ha detallado que sí incorpora muchos de los acuerdos alcanzados con el PP en la ponencia de esta ley en la pasada legislatura, además de contar con el respaldo de asociaciones feministas y plataformas de la sociedad civil, por lo que es un “documento ya trabajado” y sobre el que partir.

Justo al final de la anterior legislatura la Junta de Castilla y León, con el PP gobernando en solitario, fue retirado in extremis el proyecto de ley de modificación de esta norma autonómica contra la violencia de género, para el que PP y PSOE rozaron el acuerdo en la ponencia.

Al margen de esta reforma legal, el también líder de los socialistas en la Comunidad ha aprovechado para criticar algunas medidas incluidas en el pacto PP-Vox, como las referidas a la lucha contra la despoblación.

En esta materia ha dicho: “¿Todavía estamos anclados en que hay que dar viagras para poder resolver el problema de la despoblación? ¿Incentivos a la natalidad, no se han enterado de nada en estos últimos 40 años? Hay que ser un poco más serios”.

PP y Vox muestran sus diferencias

Por su parte, PP y Vox han evidenciado sus diferencias sobre una posible reforma de la ley de violencia de género de Castilla y León, después de que el nuevo acuerdo de gobierno entre ambas formaciones haya dejado fuera esta cuestión, aunque sin cerrarle definitivamente la puerta, como ayer expresó el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Leticia García, ha defendido que el PP seguirá trabajando para buscar el máximo consenso en una materia que ha calificado de especialmente sensible.

“El Partido Popular es el partido que siempre más ha defendido a la mujer en la lucha contra la violencia de género”, ha afirmado García, quien ha insistido en que la formación mantiene su voluntad de avanzar desde la “unanimidad” y el acuerdo entre los grupos parlamentarios.

La dirigente popular ha evitado profundizar en una eventual reforma de la norma, no ha descartado que pueda incluso estar impulsada por la Junta y ha cargado contra el portavoz socialista, al que ha acusado de intentar generar polémica con un “truco efectista al estilo de (Juan) Tamariz”.

Por su parte, el portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, ha marcado distancias con una eventual modificación legal impulsada desde el PP y ha recordado que esta cuestión no forma parte del pacto de gobierno alcanzado entre ambas formaciones.

“No hemos hablado de ello en el acuerdo”, ha señalado Pollán, quien ha subrayado que PP y Vox son “dos partidos distintos y con distintos planteamientos”.

“Sí que garantizo que nosotros no apoyamos ninguna ley de ese tipo”, ha apostillado Pollán, quien ha aclarado que cualquier decisión sobre una eventual reforma corresponderá al PP y no al Gobierno de coalición.

Alfonso Fernández Mañueco será investido presidente de la Junta de Castilla y León el martes 9 de junio, según ha aprobado este jueves la Mesa de las Cortes. El pleno comenzará a las 12.00 horas con la intervención del candidato del Partido Popular presentando su programa de gobierno. Esta primera exposición no tendrá límite de tiempo. Es la tercera vez que Mañueco saldrá elegido líder del Ejecutivo autonómico, en todas las ocasiones ha necesitado de un pacto para garantizar su Presidencia y en las dos anteriores el acuerdo de gobierno se rompió.

Mañueco cuenta con el apoyo de su partido y el de Vox que, tras el acuerdo firmado y presentando este miércoles, sumará sus 14 procuradores a los 33 del PP; en total 14, para superar la mayoría absoluta que para esta legislatura es de 42.

Frente a la mayoría del nuevo pacto de PP-Vox, el PSOE, UPL y Soria Ya han mostrado su rechazo y votarán en contra. La posición de Por Ávila todavía se desconoce, su único procurador adelantó un posible apoyo si el PP se sentaba a negociar proyectos para su provincia.

Tras la intervención del candidato, la sesión de investidura se retomará con la respuesta de los grupos parlamentarios a Fernández Mañueco. En este caso, cada portavoz tendrá un tiempo de 30 minutos y un segundo turno de dúplica para responder al candidato. Para Mañueco en su respuesta no hay tiempo y podrá elegir entre responder de forma conjunta o individual. El orden fijado de intervención será PSOE y luego se repartirá entre las tres formaciones que componen el Grupo Mixto. El reparto para estas formaciones será de 18 minutos UPL, 6 Soria Ya y 6 Por Ávila minutos. Mientras que para la duplica será de 6, 2 y 2 respectivamente.

La Mesa de las Cortes ha optado para mantener el tradicional reparto de turnos al igual que en otras investiduras. En la Junta de Portavoces, Vox ha propuesto que las respuestas a Mañueco las iniciarán el Grupo Mixto, luego el PSOE y acabar con Vox y PP. El siguiente paso para que Mañueco pase de estar en funciones, como desde el 15 de marzo, es el acto de poesión que todavía no está fijado y será los días siguientes a que salga investido por las Cortes.

El PSOE acusa a PP y Vox de “engañar” a toda la ciudadanía

El secretario general del PSOE, Carlos Martínez, ha acusado a Vox y PP de tratar de “ocultar” el engaño “masivo al que quieren someter a toda la ciudadanía y del que ni ellos mismos están absolutamente convencidos”. A juicio del portavoz del PSOE en las Cortes, el partido de Carlos Pollán es el “único animal que tropieza dos veces en la misma piedra”.

Para Martínez ni PP ni Vox “son de fiar” y el pacto firmando se encuentra “lleno de ambigüedades. Asimismo, ha considerado que el documento recoge un modelo de gobierno que se encuentra al margen del Estatuto de Autonomía, de la Declaración de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y entra en conflicto con la Constitución Española y la Carta de Derechos Humanos.

A pesar de que el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, apuntara este jueves que cualquier medida que tomará el futuro gobierno iba a estar avalada por un informe jurídico, Martínez ha apuntado que este futuro Ejecutivo dejará a Castilla y León al “margen” del Diálogo Social al “criminaliza” a sindicatos y a empresarios.

Ausencia de medidas en materia de despoblación

Los representantes de Soria Ya y de Unión de Pueblo Leonés han criticado que en ese pacto de PP y Vox apenas haya una medida de las 324 que trate la despoblación. En concreto, la omisión de referencias a Soria y Zamora como las dos provincias más castigadas por esta situación.

Para el también portavoz de Vox y futuro vicepresidente primero, Carlos Pollán, de Vox, el acuerdo recoge temas cruciales como la vivienda, el empleo, los servicios públicos y el mundo rural, cuestiones que serán “unas de las principales prioridades”

Por parte del PP, la portavoz Leticia García ha definido el pacto como “profuso, completo y amplio” al abordar cuestiones a “fundamentales” en el día a día. Para la procuradora 'popular', las críticas de la oposición vienen “por exigencias del guión” y mienten, algo que ha achacado al portavoz socialista. “La verdad es que sonroja, produce vergüenza ajena escucharles hablar”, ha apostillado.

El Partido Popular se ha entregado a Vox en Castilla y León. El pacto conocido este miércoles deja en manos de Vox toda la carga ideológica de la Junta. El cambio respecto al acuerdo de 2022, momento en que la extrema derecha entraba por primera vez en un gobierno autonómico, es de peso, y se puede interpretar en su literalidad. Hace cuatro años Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Juan García-Gallardo (Vox) firmaron un pacto de cuatro páginas, 11 ejes de gobierno y 32 acciones. La mayor parte del documento abundaba en generalidades que quedaron prácticamente en nada. Fue un pacto a regañadientes porque Mañueco esperaba mejores resultados. El de 2026, con 62 páginas, 19 ejes y 324 medidas con plazos establecidos, deja claro que los de Abascal no están dispuestos a un nuevo brindis al sol.

Sin entrar en las medidas, los de Vox, con un escaño más (14) que en 2022 le han sacado partido. Si hace cuatro años negociaron la presidencia del Parlamento, una vicepresidencia y tres consejerías, esta vez renuncian a la presidencia del Parlamento, una decisión que no entienden en las filas, pero se hacen con la vicepresidencia primera de las dos que habrá esta legislatura, la de Vox llevará aparejada una consejería, pero no se sabe cuál. La segunda es para el PP, y se ha reservado las competencias de Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil. Esta vicepresidencia tan heterogénea se explica por las exigencias de Vox, que no solo impone la creación de una nueva consejería, sino que extrae competencias de otras del PP. Así, el PP seguirá teniendo la Consejería de Presidencia, la de Economía y Hacienda, una Consejería de Empleo, Industria, Universidades y Comercio, la de Medio Ambiente y Energía (se incorpora esa segunda área), Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial (otra área que se crea), Sanidad y Bienestar Social (esta última sale de Familia) y Educación. La ampliación o cambios en las áreas de las consejerías viene motivada también por lo que quería Vox.

Vox se queda con Familia y Ayudas sociales para llevar a cabo sus políticas xenófobas

El partido de Abascal liderará una nueva consejería, la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. El ámbito de acción de la Desregulación es la rebaja normativa. Pero además asume la antigua Consejería de Familia, si bien la parte de Bienestar Social se la queda el PP, y el área de Ayudas Sociales. Para Vox eran vitales esos dos departamentos para llevar a cabo su política xenófoba denominada eufemísticamente “prioridad nacional” y definida por el “los españoles primero”. Como en la anterior legislatura, se quedan con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, estas dos últimas áreas se incorporan ahora y salen de Medio Ambiente. Vox no quiere gestionar incendios, pero sí medidas anti ecologistas y Agenda 2030. Está por ver cómo funcionan esas divisiones sin generar un choque. Por último, Vox volverá a estar al frente de Cultura, Turismo y Deporte.

Copia y pega de medidas que superan el ámbito autonómico

Entrando de lleno en el acuerdo, es un documento denso, pero con pocas novedades respecto a los que han firmado Vox y PP en Extremadura y Aragón. De hecho, parece que en la mayoría de las medidas se ha hecho con copia y pega. No sólo eso, es que son medidas de difícil puesta en marcha puesto que exceden las competencias autonómicas. Es el caso de la “prioridad nacional” con el mismo texto para las tres comunidades y que impone entre otras cosas que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones a quienes tengan un “arraigo real, duradero y verificable”. Para ello insta, entre otras medidas, a modificar la Ley Orgánica 4/2000, algo que debe abordar el gobierno central. Esta es una medida que debe ponerse en marcha “desde el arranque del gobierno”.

Otra coincidencia con Aragón y Extremadura es la “aplicación firme del desahucio exprés y refuerzo de la protección a las víctimas”, que pretende exigir la “legislación vigente que permite el desahucio inmediato de ocupas ilegales, conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”. En este caso el plazo es “antes del fin de 2026”. Entre las medidas xenófobas está también el “Plan de retorno y repatriación de inmigración ilegal” y que marca que la Junta trabajará activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen. “Para ello, en el ejercicio de sus limitadas competencias en materia de relaciones internacionales (artículo 35.2 de Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social), promoverá acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres”, el plazo es desde el arranque del gobierno. Para verificar la edad de los inmigrantes “ilegales” habrá una dotación presupuestaria destinada a la realización de pruebas de determinación de edad. “Estas pruebas se aplicarán para evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios”, dice el texto. Este miércoles hemos visto en Aragón un ejemplo de estas nuevas políticas: pruebas de edad a niñas migrantes de nueve años.

Echar a los migrantes y dar 5.000 euros a los castellanos y leoneses que retornen del extranjero

Las medidas que afectan a los migrantes, y son unas cuantas, se despacharon en apenas dos líneas en el acuerdo de 2022, era la última medida y decía: “Promoveremos una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León”. Nada más. Pero en el actual acuerdo, no sólo pretenden cuestionar la edad de los menores no acompañados, que llegarían a Castilla y León ya con las pruebas hechas, repatriarlos llegando a acuerdos con sus países de origen que ya se antojan complicados, es que además hay una medida de “supresión total de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal”. El texto dice que se suprimirán todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG u otras entidades “que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas”. “La Junta de Castilla y León no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada”, en este caso el plazo comenzará cuando haya un primer presupuesto, esto es en 2027.

Mientras que la Junta de Castilla y León pretende expulsar migrantes y castigar a las oenegés que los ayudan, quiere que los castellanos y leoneses que se han ido, vuelvan. “Consolidaremos emprendimiento el programa y contratación ”Volver a Castilla por cuenta ajena dirigido y León“ de promoción a los castellanos y leoneses residentes en el exterior para que regresen a trabajar a la Comunidad concediendo de 5.000 euros tanto a los retornados que emprendan un negocio en la Comunidad las empresas de nuestra tierra que los contraten por cuenta ajena”, dice una de las medidas.

Vox impone además una “auditoría anual de todos los gastos vinculados a la inmigración masiva” para ·“garantizar el mínimo desembolso de acuerdo con el marco legal vigente”, la auditoría será anual y se hará pública.

Como era de esperar, Vox también ha introducido en Castilla y León la medida para eliminar el “burka”, un atuendo que raramente se ve. “La Junta de Castilla y León prohibirá el uso del burka y nicab y de cualquier prenda similar” que oculte completamente el rostro en lugares públicos.

A vueltas con la Sanidad Animal

Una medida que no aparece en los acuerdos de otras comunidades es la de “Mejora de la sanidad animal”. Contempla una “adecuada previsión frente a enfermedades animales como la tuberculosis bovina o enfermedades emergentes” que garantiza la vacunación gratuita frente a enfermedades emergentes. Además, pretenden exigir al gobierno central “la actualización de las tablas de indemnizaciones y el pago inmediato de las mismas”. Se desarrollarán “nuevos protocolos de actuación que determinen y adecuen el alcance de los cambios introducidos por la Ley 6/2024, de 17 de junio, de modificación de la Ley 6/1994, de 19 de mayo, de Sanidad Animal de Castilla y León”.

Esta medida viene por uno de los mayores fracasos de Vox en Castilla y León, cuando en 2023, el consejero de Ganadería decidió relajar las medidas contra la tuberculosis bovina. La situación se volvió crítica cuando el ministerio del ramo dictó orden de inmovilizar ganado en Castilla y León, y las pérdidas fueron millonarias en el sector. Los ánimos se caldearon tanto que los ganaderos asediaron la sede de la Junta en Salamanca, causaron destrozos e hirieron a Policías.

El término 'violencia de género' no aparece y las políticas de igualdad tampoco

Otra medida que no está en otras comunidades es la de la Ley de Concordia, que empezó a tramitarse en la legislatura anterior y se quedó en un cajón cuando Vox dejó el gobierno. El proyecto de ley que no recuperan es el de la Ley de Violencia de Género que se acordó en el pacto de 2022 y nunca vio la luz. Tampoco lo hará en esta legislatura. En el pacto no aparecen políticas contra la violencia de género, de hecho, no aparece el término, tan solo el de “violencia sobre la mujer” y no demasiadas veces: una para hablar de aplazamiento del pago de tributos a mujeres víctimas de violencia y en la parte que habla de tipos reducidos en impuesto patrimonial para la adquisición de la primera vivienda. Tampoco aparecen las políticas de igualdad, aunque es una de las áreas desgajadas de Familia que se queda el PP.

Las infraestructuras: medidas sin efectividad porque son peticiones al gobierno central

El apartado de infraestructuras roza el surrealismo, porque hace un listado de lo que exige al gobierno central y que pasa por acabar autovías pendientes como las A‑11, A‑12, A‑15, A‑40, A‑60, A‑73 y A‑76, convertir en autovías la N‑234 (Burgos–Soria–Calatayud) y N‑610 (Palencia–Benavente) e incluso actuaciones ya previstas y licitadas como es el caso del tercer carril en la A-62. También hay peticiones deinfraestructurass ferroviarias, como un Corredor Atlántico para el que en la pasada legislatura, la Junta llegó a contratar a un “delegado”, el expresidente de las Cortes por Ciudadanos, Luis Fuentes. Poco se sabe de su cometido y de los hitos alcanzados.

Se pide además reabrir rutas como la Ruta de la Plata (Plasencia–Salamanca–Zamora–Benavente–Astorga), Madrid–Aranda–Burgos y Soria-Castejón. Caen también las peticiones de más plazas y frecuencias de Avant, lanzaderas AVE para algunas estaciones, declaraciones de líneas de Obligación de Servicio Público... pero compromisos de la Junta, pocos más allá de finalizar algunos planes territoriales de fomento.

Hay muchas medidas que claramente vienen del Partido Popular, estaban en el programa: un presupuesto de 10 millones de euros para sustituir bañeras por platos de ducha en viviendas de personas mayores, en principio sin límite renta, una deducción en el IRPF del 30% que se gaste en actividades saludables como gimnasios con un límite de 150 euros año, ayudas de hasta 900 euros para jóvenes en el carnet de conducir... y los famosos impuestos cero: cuota cero para nuevos autónomos los primeros 24 meses, política fiscal de impuestos cero en el medio rural para la transmisión de propiedades, vivienda habitual, explotaciones, compra de locales o impuestos cero para las transmisiones patrimoniales en el medio rural. En definitiva, el acuerdo aprieta las tuercas a Mañueco, busca el enfrentamiento con el gobierno central y pone sobre la mesa las debilidades de la legislatura que empieza en breve.