El último ciclo de elecciones autonómicas ha reforzado la presencia de la ultraderecha de Vox en casi media docena de territorios. En Aragón, Castilla y León y Extremadura los de Santiago Abascal ya han conseguido varias consejerías, mientras que en Andalucía negocian el precio de permitir la investidura de Moreno Bonilla. Unas conversaciones y pactos políticos que han llegado poco después de que los abogados de Vox pidieran, sin éxito, la imputación de tres de esos presidentes autonómicos por cuatro delitos distintos por la gestión de la ola de incendios del verano de 2025. La última solicitud de imputación contra Juanma Moreno Bonilla, María Guardiola y Alfonso Fernández Mañueco fue realizada al Tribunal Supremo en marzo.

El partido de Santiago Abascal anunció el pasado mes de septiembre que tenía intención de desplegar su habitual estrategia penal para abordar la gestión de la ola de incendios que en el verano de 2025. Los fuegos que arrasaron más de 343.000 hectáreas en todo el país, el peor año del siglo con respecto a la superficie forestal calcinada, y varias víctimas mortales. Vox acudió al Tribunal Supremo para pedir la imputación del presidente del Gobierno y de varios ministros, pero también de los presidentes y consejeros de varias comunidades autónomas afectadas: Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Galicia y Asturias.

En ese momento Vox no formaba parte de ningún gobierno autonómico tras la ruptura con el PP consumada un año antes. Pero sí sostenía a varios de ellos donde los de Alberto Núñez Feijóo no tenía mayoría absoluta. Esas peticiones de imputación llegaron a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la primera semana de septiembre de 2025 y fueron rechazadas en marzo de 2026 por el magistrado Julián Sánchez Melgar. El Supremo recordó a Vox entonces que no podía pedir imputaciones de cargos públicos por la “mera detentación” de ese cargo. Y que en el caso de los presidentes autonómicos ni siquiera era el tribunal competente para abrir o rechazar una investigación.

Vox volvió a la carga con un recurso presentado a finales de marzo y que fue rechazado de forma definitiva a principios de mayo. Pedían que se reconsiderara su negativa a abrir una causa contra el ejecutivo central y los gobiernos autonómicos. Para cuando fue presentado el recurso, las elecciones en Extremadura y Castilla y León ya se habían celebrado. Se resolvió semana y media antes de los comicios de Andalucía, con la campaña ya en marcha.

En septiembre de 2025 la querella de Vox atribuyó cuatro delitos a los presidentes de estas tres comunidades autónomas: homicidio imprudente, incendio, prevaricación y otro más contra los derechos de los trabajadores. Entre duras acusaciones de haber tenido una actuación “negligente” y de haber incurrido en una “inexistencia de previsión”. PP y PSOE, dijo entonces Santiago Abascal, habían estado “lanzándose las competencias asquerosamente” incurriendo en “terrorismo climático”. Previamente el eurodiputado Jorge Buxadé había hablado de “bipartidismo pirómano”.

De querellarse a pactar

La querella de Vox contra el Gobierno y estos presidentes autonómicos ha seguido viva hasta que el Tribunal Supremo dictó el archivo definitivo hace menos de un mes. Un proceso judicial preliminar que, como es habitual con las denuncias y querellas de Vox, no ha pasado ni el primer filtro de los jueces de lo Penal, pero que se ha solapado en el tiempo con los procesos electorales autonómicos de los últimos meses en los que los de Santiago Abascal han hecho todo lo posible por pasar a gobernar con los dirigentes a los que acusaban de cuatro delitos distintos.

Vox pactó su entrada en el gobierno extremeño de María Guardiola a mediados del pasado mes de abril tras una primera investidura fallida. Su negociación con Alfonso Fernández Mañueco para formar parte del ejecutivo de Castilla y León, la tierra más afectada por los incendios del año pasado, ha fructificado esta misma semana. En Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla necesita de los votos de Vox para revalidar su presidencia y, por el momento, la extrema derecha ha mostrado su “mano tendida” al presidente autonómico al que hace unas pocas semanas pretendían imputar. Si a finales de 2025 Vox centró su crítica política en la gestión medioambiental de los territorios, ahora la clave para pactar es la denominada 'prioridad nacional'.

El partido de extrema derecha siguió en septiembre de 2025 la estrategia que desarrolla desde hace años contra sus rivales políticos, sobre todo de los partidos de izquierda. Denuncias y querellas sistemáticamente rechazadas por el Tribunal Supremo entre acusaciones de judicializar la vida política española y de pretender la imputación de un cargo público por el hecho de ostentar ese puesto, sin especificar qué actuaciones concretas se le atribuyen.

En los autos que han rechazado esta querella por los incendios de 2025 el Supremo recuerda que sus múltiples acciones penales fallidas contra rivales políticos ya han generado una doctrina propia sobre este asunto. Por ejemplo, recuerda el magistrado Sánchez Melgar, cuando en 2020 se querellaron contra el Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus y la Sala de lo Penal ya rechazó su iniciativa con argumentos similares.

Las querellas por la gestión de los incendios no abarcaban solo gobiernos regionales que Vox había apoyado y que ahora pretende integrar, sino también a Alfonso Rueda (Galicia) y a Adrián Barbón (Asturias), de PP y PSOE respectivamente. Las acusaciones contra ellos tampoco prosperaron por falta de competencia. El objetivo de Vox era, como es habitual, montar una macrocausa pero los jueces no ven delito posible en la actuación del Gobierno central y no son competentes para juzgar a presidentes autonómicos.

La extrema derecha, zanja el Supremo, ha actuado “expresando únicamente reproches genéricos válidos para cualquier impugnación” mientras que “no analiza la conducta de los querellados en cada uno de los hechos esgrimidos”. Entre los querellados, dos presidentes autonómicos con los que ha pactado un gobierno y otro con el que pretende hacerlo en los próximos meses.

El líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha anunciado este viernes que la semana que viene su grupo parlamentario registrará en las Cortes una proposición de ley de reforma de la actual normativa de atención a las víctimas de violencia de género, para retomar esos trabajos y “desenmascarar” a PP y Vox.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, Martínez ha subrayado que será “la primera piedra de toque” para el nuevo gobierno de coalición formado por PP y Vox, que ve como una “confluencia de intereses personales y partidistas” y dirigido por dos “funambulistas” que hacen “equilibrios”.

Sobre este texto, el socialista ha detallado que sí incorpora muchos de los acuerdos alcanzados con el PP en la ponencia de esta ley en la pasada legislatura, además de contar con el respaldo de asociaciones feministas y plataformas de la sociedad civil, por lo que es un “documento ya trabajado” y sobre el que partir.

Justo al final de la anterior legislatura la Junta de Castilla y León, con el PP gobernando en solitario, fue retirado in extremis el proyecto de ley de modificación de esta norma autonómica contra la violencia de género, para el que PP y PSOE rozaron el acuerdo en la ponencia.

Al margen de esta reforma legal, el también líder de los socialistas en la Comunidad ha aprovechado para criticar algunas medidas incluidas en el pacto PP-Vox, como las referidas a la lucha contra la despoblación.

En esta materia ha dicho: “¿Todavía estamos anclados en que hay que dar viagras para poder resolver el problema de la despoblación? ¿Incentivos a la natalidad, no se han enterado de nada en estos últimos 40 años? Hay que ser un poco más serios”.

PP y Vox muestran sus diferencias

Por su parte, PP y Vox han evidenciado sus diferencias sobre una posible reforma de la ley de violencia de género de Castilla y León, después de que el nuevo acuerdo de gobierno entre ambas formaciones haya dejado fuera esta cuestión, aunque sin cerrarle definitivamente la puerta, como ayer expresó el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Leticia García, ha defendido que el PP seguirá trabajando para buscar el máximo consenso en una materia que ha calificado de especialmente sensible.

“El Partido Popular es el partido que siempre más ha defendido a la mujer en la lucha contra la violencia de género”, ha afirmado García, quien ha insistido en que la formación mantiene su voluntad de avanzar desde la “unanimidad” y el acuerdo entre los grupos parlamentarios.

La dirigente popular ha evitado profundizar en una eventual reforma de la norma, no ha descartado que pueda incluso estar impulsada por la Junta y ha cargado contra el portavoz socialista, al que ha acusado de intentar generar polémica con un “truco efectista al estilo de (Juan) Tamariz”.

Por su parte, el portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, ha marcado distancias con una eventual modificación legal impulsada desde el PP y ha recordado que esta cuestión no forma parte del pacto de gobierno alcanzado entre ambas formaciones.

“No hemos hablado de ello en el acuerdo”, ha señalado Pollán, quien ha subrayado que PP y Vox son “dos partidos distintos y con distintos planteamientos”.

“Sí que garantizo que nosotros no apoyamos ninguna ley de ese tipo”, ha apostillado Pollán, quien ha aclarado que cualquier decisión sobre una eventual reforma corresponderá al PP y no al Gobierno de coalición.

Alfonso Fernández Mañueco será investido presidente de la Junta de Castilla y León el martes 9 de junio, según ha aprobado este jueves la Mesa de las Cortes. El pleno comenzará a las 12.00 horas con la intervención del candidato del Partido Popular presentando su programa de gobierno. Esta primera exposición no tendrá límite de tiempo. Es la tercera vez que Mañueco saldrá elegido líder del Ejecutivo autonómico, en todas las ocasiones ha necesitado de un pacto para garantizar su Presidencia y en las dos anteriores el acuerdo de gobierno se rompió.

Mañueco cuenta con el apoyo de su partido y el de Vox que, tras el acuerdo firmado y presentando este miércoles, sumará sus 14 procuradores a los 33 del PP; en total 14, para superar la mayoría absoluta que para esta legislatura es de 42.

Frente a la mayoría del nuevo pacto de PP-Vox, el PSOE, UPL y Soria Ya han mostrado su rechazo y votarán en contra. La posición de Por Ávila todavía se desconoce, su único procurador adelantó un posible apoyo si el PP se sentaba a negociar proyectos para su provincia.

Tras la intervención del candidato, la sesión de investidura se retomará con la respuesta de los grupos parlamentarios a Fernández Mañueco. En este caso, cada portavoz tendrá un tiempo de 30 minutos y un segundo turno de dúplica para responder al candidato. Para Mañueco en su respuesta no hay tiempo y podrá elegir entre responder de forma conjunta o individual. El orden fijado de intervención será PSOE y luego se repartirá entre las tres formaciones que componen el Grupo Mixto. El reparto para estas formaciones será de 18 minutos UPL, 6 Soria Ya y 6 Por Ávila minutos. Mientras que para la duplica será de 6, 2 y 2 respectivamente.

La Mesa de las Cortes ha optado para mantener el tradicional reparto de turnos al igual que en otras investiduras. En la Junta de Portavoces, Vox ha propuesto que las respuestas a Mañueco las iniciarán el Grupo Mixto, luego el PSOE y acabar con Vox y PP. El siguiente paso para que Mañueco pase de estar en funciones, como desde el 15 de marzo, es el acto de poesión que todavía no está fijado y será los días siguientes a que salga investido por las Cortes.

El PSOE acusa a PP y Vox de “engañar” a toda la ciudadanía

El secretario general del PSOE, Carlos Martínez, ha acusado a Vox y PP de tratar de “ocultar” el engaño “masivo al que quieren someter a toda la ciudadanía y del que ni ellos mismos están absolutamente convencidos”. A juicio del portavoz del PSOE en las Cortes, el partido de Carlos Pollán es el “único animal que tropieza dos veces en la misma piedra”.

Para Martínez ni PP ni Vox “son de fiar” y el pacto firmando se encuentra “lleno de ambigüedades. Asimismo, ha considerado que el documento recoge un modelo de gobierno que se encuentra al margen del Estatuto de Autonomía, de la Declaración de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y entra en conflicto con la Constitución Española y la Carta de Derechos Humanos.

A pesar de que el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, apuntara este jueves que cualquier medida que tomará el futuro gobierno iba a estar avalada por un informe jurídico, Martínez ha apuntado que este futuro Ejecutivo dejará a Castilla y León al “margen” del Diálogo Social al “criminaliza” a sindicatos y a empresarios.

Ausencia de medidas en materia de despoblación

Los representantes de Soria Ya y de Unión de Pueblo Leonés han criticado que en ese pacto de PP y Vox apenas haya una medida de las 324 que trate la despoblación. En concreto, la omisión de referencias a Soria y Zamora como las dos provincias más castigadas por esta situación.

Para el también portavoz de Vox y futuro vicepresidente primero, Carlos Pollán, de Vox, el acuerdo recoge temas cruciales como la vivienda, el empleo, los servicios públicos y el mundo rural, cuestiones que serán “unas de las principales prioridades”

Por parte del PP, la portavoz Leticia García ha definido el pacto como “profuso, completo y amplio” al abordar cuestiones a “fundamentales” en el día a día. Para la procuradora 'popular', las críticas de la oposición vienen “por exigencias del guión” y mienten, algo que ha achacado al portavoz socialista. “La verdad es que sonroja, produce vergüenza ajena escucharles hablar”, ha apostillado.

El Partido Popular se ha entregado a Vox en Castilla y León. El pacto conocido este miércoles deja en manos de Vox toda la carga ideológica de la Junta. El cambio respecto al acuerdo de 2022, momento en que la extrema derecha entraba por primera vez en un gobierno autonómico, es de peso, y se puede interpretar en su literalidad. Hace cuatro años Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Juan García-Gallardo (Vox) firmaron un pacto de cuatro páginas, 11 ejes de gobierno y 32 acciones. La mayor parte del documento abundaba en generalidades que quedaron prácticamente en nada. Fue un pacto a regañadientes porque Mañueco esperaba mejores resultados. El de 2026, con 62 páginas, 19 ejes y 324 medidas con plazos establecidos, deja claro que los de Abascal no están dispuestos a un nuevo brindis al sol.

Sin entrar en las medidas, los de Vox, con un escaño más (14) que en 2022 le han sacado partido. Si hace cuatro años negociaron la presidencia del Parlamento, una vicepresidencia y tres consejerías, esta vez renuncian a la presidencia del Parlamento, una decisión que no entienden en las filas, pero se hacen con la vicepresidencia primera de las dos que habrá esta legislatura, la de Vox llevará aparejada una consejería, pero no se sabe cuál. La segunda es para el PP, y se ha reservado las competencias de Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil. Esta vicepresidencia tan heterogénea se explica por las exigencias de Vox, que no solo impone la creación de una nueva consejería, sino que extrae competencias de otras del PP. Así, el PP seguirá teniendo la Consejería de Presidencia, la de Economía y Hacienda, una Consejería de Empleo, Industria, Universidades y Comercio, la de Medio Ambiente y Energía (se incorpora esa segunda área), Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial (otra área que se crea), Sanidad y Bienestar Social (esta última sale de Familia) y Educación. La ampliación o cambios en las áreas de las consejerías viene motivada también por lo que quería Vox.

Vox se queda con Familia y Ayudas sociales para llevar a cabo sus políticas xenófobas

El partido de Abascal liderará una nueva consejería, la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. El ámbito de acción de la Desregulación es la rebaja normativa. Pero además asume la antigua Consejería de Familia, si bien la parte de Bienestar Social se la queda el PP, y el área de Ayudas Sociales. Para Vox eran vitales esos dos departamentos para llevar a cabo su política xenófoba denominada eufemísticamente “prioridad nacional” y definida por el “los españoles primero”. Como en la anterior legislatura, se quedan con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, estas dos últimas áreas se incorporan ahora y salen de Medio Ambiente. Vox no quiere gestionar incendios, pero sí medidas anti ecologistas y Agenda 2030. Está por ver cómo funcionan esas divisiones sin generar un choque. Por último, Vox volverá a estar al frente de Cultura, Turismo y Deporte.

Copia y pega de medidas que superan el ámbito autonómico

Entrando de lleno en el acuerdo, es un documento denso, pero con pocas novedades respecto a los que han firmado Vox y PP en Extremadura y Aragón. De hecho, parece que en la mayoría de las medidas se ha hecho con copia y pega. No sólo eso, es que son medidas de difícil puesta en marcha puesto que exceden las competencias autonómicas. Es el caso de la “prioridad nacional” con el mismo texto para las tres comunidades y que impone entre otras cosas que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones a quienes tengan un “arraigo real, duradero y verificable”. Para ello insta, entre otras medidas, a modificar la Ley Orgánica 4/2000, algo que debe abordar el gobierno central. Esta es una medida que debe ponerse en marcha “desde el arranque del gobierno”.

Otra coincidencia con Aragón y Extremadura es la “aplicación firme del desahucio exprés y refuerzo de la protección a las víctimas”, que pretende exigir la “legislación vigente que permite el desahucio inmediato de ocupas ilegales, conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”. En este caso el plazo es “antes del fin de 2026”. Entre las medidas xenófobas está también el “Plan de retorno y repatriación de inmigración ilegal” y que marca que la Junta trabajará activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen. “Para ello, en el ejercicio de sus limitadas competencias en materia de relaciones internacionales (artículo 35.2 de Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social), promoverá acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres”, el plazo es desde el arranque del gobierno. Para verificar la edad de los inmigrantes “ilegales” habrá una dotación presupuestaria destinada a la realización de pruebas de determinación de edad. “Estas pruebas se aplicarán para evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios”, dice el texto. Este miércoles hemos visto en Aragón un ejemplo de estas nuevas políticas: pruebas de edad a niñas migrantes de nueve años.

Echar a los migrantes y dar 5.000 euros a los castellanos y leoneses que retornen del extranjero

Las medidas que afectan a los migrantes, y son unas cuantas, se despacharon en apenas dos líneas en el acuerdo de 2022, era la última medida y decía: “Promoveremos una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León”. Nada más. Pero en el actual acuerdo, no sólo pretenden cuestionar la edad de los menores no acompañados, que llegarían a Castilla y León ya con las pruebas hechas, repatriarlos llegando a acuerdos con sus países de origen que ya se antojan complicados, es que además hay una medida de “supresión total de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal”. El texto dice que se suprimirán todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG u otras entidades “que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas”. “La Junta de Castilla y León no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada”, en este caso el plazo comenzará cuando haya un primer presupuesto, esto es en 2027.

Mientras que la Junta de Castilla y León pretende expulsar migrantes y castigar a las oenegés que los ayudan, quiere que los castellanos y leoneses que se han ido, vuelvan. “Consolidaremos emprendimiento el programa y contratación ”Volver a Castilla por cuenta ajena dirigido y León“ de promoción a los castellanos y leoneses residentes en el exterior para que regresen a trabajar a la Comunidad concediendo de 5.000 euros tanto a los retornados que emprendan un negocio en la Comunidad las empresas de nuestra tierra que los contraten por cuenta ajena”, dice una de las medidas.

Vox impone además una “auditoría anual de todos los gastos vinculados a la inmigración masiva” para ·“garantizar el mínimo desembolso de acuerdo con el marco legal vigente”, la auditoría será anual y se hará pública.

Como era de esperar, Vox también ha introducido en Castilla y León la medida para eliminar el “burka”, un atuendo que raramente se ve. “La Junta de Castilla y León prohibirá el uso del burka y nicab y de cualquier prenda similar” que oculte completamente el rostro en lugares públicos.

A vueltas con la Sanidad Animal

Una medida que no aparece en los acuerdos de otras comunidades es la de “Mejora de la sanidad animal”. Contempla una “adecuada previsión frente a enfermedades animales como la tuberculosis bovina o enfermedades emergentes” que garantiza la vacunación gratuita frente a enfermedades emergentes. Además, pretenden exigir al gobierno central “la actualización de las tablas de indemnizaciones y el pago inmediato de las mismas”. Se desarrollarán “nuevos protocolos de actuación que determinen y adecuen el alcance de los cambios introducidos por la Ley 6/2024, de 17 de junio, de modificación de la Ley 6/1994, de 19 de mayo, de Sanidad Animal de Castilla y León”.

Esta medida viene por uno de los mayores fracasos de Vox en Castilla y León, cuando en 2023, el consejero de Ganadería decidió relajar las medidas contra la tuberculosis bovina. La situación se volvió crítica cuando el ministerio del ramo dictó orden de inmovilizar ganado en Castilla y León, y las pérdidas fueron millonarias en el sector. Los ánimos se caldearon tanto que los ganaderos asediaron la sede de la Junta en Salamanca, causaron destrozos e hirieron a Policías.

El término 'violencia de género' no aparece y las políticas de igualdad tampoco

Otra medida que no está en otras comunidades es la de la Ley de Concordia, que empezó a tramitarse en la legislatura anterior y se quedó en un cajón cuando Vox dejó el gobierno. El proyecto de ley que no recuperan es el de la Ley de Violencia de Género que se acordó en el pacto de 2022 y nunca vio la luz. Tampoco lo hará en esta legislatura. En el pacto no aparecen políticas contra la violencia de género, de hecho, no aparece el término, tan solo el de “violencia sobre la mujer” y no demasiadas veces: una para hablar de aplazamiento del pago de tributos a mujeres víctimas de violencia y en la parte que habla de tipos reducidos en impuesto patrimonial para la adquisición de la primera vivienda. Tampoco aparecen las políticas de igualdad, aunque es una de las áreas desgajadas de Familia que se queda el PP.

Las infraestructuras: medidas sin efectividad porque son peticiones al gobierno central

El apartado de infraestructuras roza el surrealismo, porque hace un listado de lo que exige al gobierno central y que pasa por acabar autovías pendientes como las A‑11, A‑12, A‑15, A‑40, A‑60, A‑73 y A‑76, convertir en autovías la N‑234 (Burgos–Soria–Calatayud) y N‑610 (Palencia–Benavente) e incluso actuaciones ya previstas y licitadas como es el caso del tercer carril en la A-62. También hay peticiones deinfraestructurass ferroviarias, como un Corredor Atlántico para el que en la pasada legislatura, la Junta llegó a contratar a un “delegado”, el expresidente de las Cortes por Ciudadanos, Luis Fuentes. Poco se sabe de su cometido y de los hitos alcanzados.

Se pide además reabrir rutas como la Ruta de la Plata (Plasencia–Salamanca–Zamora–Benavente–Astorga), Madrid–Aranda–Burgos y Soria-Castejón. Caen también las peticiones de más plazas y frecuencias de Avant, lanzaderas AVE para algunas estaciones, declaraciones de líneas de Obligación de Servicio Público... pero compromisos de la Junta, pocos más allá de finalizar algunos planes territoriales de fomento.

Hay muchas medidas que claramente vienen del Partido Popular, estaban en el programa: un presupuesto de 10 millones de euros para sustituir bañeras por platos de ducha en viviendas de personas mayores, en principio sin límite renta, una deducción en el IRPF del 30% que se gaste en actividades saludables como gimnasios con un límite de 150 euros año, ayudas de hasta 900 euros para jóvenes en el carnet de conducir... y los famosos impuestos cero: cuota cero para nuevos autónomos los primeros 24 meses, política fiscal de impuestos cero en el medio rural para la transmisión de propiedades, vivienda habitual, explotaciones, compra de locales o impuestos cero para las transmisiones patrimoniales en el medio rural. En definitiva, el acuerdo aprieta las tuercas a Mañueco, busca el enfrentamiento con el gobierno central y pone sobre la mesa las debilidades de la legislatura que empieza en breve.

El PP y Vox han anunciado este miércoles un acuerdo para investir a Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León. A cambio de su apoyo, y como ya ocurrió en 2022, la extrema derecha volverá al Gobierno de Mañueco con una vicepresidencia y tres consejerias. La formación ultra ha impuesto de nuevo su agenda extremista con la “prioridad nacional”.

Mañueco ha justificado la “prioridad nacional” con un texto que es “el mismo en Extremadura y en Aragón” y que se aplicará como “criterio inspirador”

El acuerdo, que ambas formaciones han hecho público este mediodía, dice que “no se habilitará ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura ni se ampliarán vinculados plazas en los existentes” . También se reforzarán “los protocolos de intervención y disciplina en los centros de menores”.

Este es el documento íntegro del acuerdo:

El Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo después de más de dos meses de negociaciones. Tal y como han anunciado este miércoles en una rueda de prensa en las Cortes de Castilla y León, el hasta ahora presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco (PP) estará al frente de un gobierno de coalición con Vox en el que la extrema derecha tendrá, como en 2022 la vicepresidencia de la Junta y tres consejerías. Una de ellas será de nueva creación (como en Extremadura y Aragón), la de Desregulación. Vox volverá a tener las de Agricultura y Ganadería y Cultura, Turismo y Deporte y algunas competencias que se trocean de las siete consejerías que asume el PP.

Mañueco ha avanzado que se trata de un acuerdo “amplio”, con 19 ejes y 324 medidas y 62 hojas, que ofrece estabilidad a Castilla y León y que es para cuatro años. “Yo creo que hoy es un día bueno para Castilla y León. Hemos alcanzado un acuerdo de gobierno que responde al resultado de las urnas y a la voluntad expresada por todas las personas de Castilla y León el 15 de marzo. Es un acuerdo de gobierno que ofrece estabilidad a nuestra tierra y es un acuerdo de gobierno para cuatro años. Es un acuerdo de gobierno que busca el crecimiento económico y la creación de empleo, que busca también el fortalecimiento de los servicios públicos, el apoyo a los jóvenes, a los mayores, a las familias de nuestra comunidad autónoma, que tiene un compromiso claro con el campo, con los agricultores y ganaderos. En fin, como ya he dicho, un acuerdo de gobierno amplio y extenso que toca todos los sectores y prácticamente todos los temas”, ha dicho.

El gobierno estará conformado por 11 integrantes, tres de Vox, más un vicepresidente, y seis consejeros del PP y una vicepresidencia.

Carlos Pollán, que será el vicepresidente primero, ha agradecido “la paciencia y la comprensión (de Mañueco) durante la negociación. ”Va a suponer un impulso definitivo a las políticas de la Junta de Castilla y León y para los ciudadanos. Agradezco su predisposición al diálogo, fluido, por haber entendido el mandato de las urnas“, ha dicho. ”Por supuesto, como ya entiendo que me lo van a preguntar después, pues habrá prioridad nacional en las ayudas a la vivienda y en las ayudas sociales y un trabajo importante de fiscalidad para las familias y para los jóvenes y para el mundo rural en Castilla y León“, ha avanzado. La prioridad nacional ha concretado después, pasan por ”un rechazo y un plan de choque contra las políticas migratorias de Pedro Sánchez y muchas acciones que van a ser importantes para los ciudadanos de Castilla y León“. Así, se ha referido a un plan de vivienda ”muy detallado y que va a facilitar la vida a muchos, a muchas personas de Castilla y León“. Ha añadido que es un acuerdo con ”muchas horas de trabajo“ que ha agradecido también a la secretaria general adjunta Montserrat Lluis, y portavoces nacionales José María Figaredo y Carlos Quero.

“El mismo texto que en Extremadura y Aragón”

Mañueco ha intentado justificar la “prioridad nacional” diciendo que es el “mismo texto que en Extremadura y Aragón” y que trata de “una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real, verificable, efectivo” y siempre “dentro del marco del ordenamiento jurídico y del marco legal”, y asumiendo esa prioridad nacional como “criterio inspirador”.

Entrando a la conformación del Gobierno, Mañueco ha explicado que habrá dos vicepresidencias y que la primera será para Vox. Aunque lleva aparejada una consejería no se ha decidido aún cuál. La segunda será para el Partido Popular y tendrá competencias de Vivienda y Ordenación del territorio, Igualdad de oportunidades y Despoblación y protección civil. El PP tendrá también la Consejería de Presidencia, la Consejería de Economía y Hacienda, la Consejería de Industria, Empleo, Universidades y Comercio. Vox tendrá una Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas sociales. Sanidad seguirá en manos del PP, igual que Educación, mientras que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, corresponderá a VOX y la de Medio Ambiente y Energía corresponderá al Partido Popular y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a VOX. Aunque olvidó mencionarlo en rueda de prensa, el PP tendrá una Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. En definitiva, se trocean varias consejerías para que Vox cumpla con un programa contra los migrantes o la agenda 2030.

La anterior legislatura con Vox en el gobierno fue un fracaso total porque apenas lograron que se cumpliese alguna de las medidas que se plasmaron en un acuerdo muy general. Atrás quedaron una Ley de Violencia Intrafamiliar que se tramitó pero no vio la luz, las medidas antiaborto que se presentaron en una rueda de prensa y que hubo que cancelar, o la Ley de Concordia. Carlos Pollán ha asegurado fiarse de Mañueco. “Por eso estamos aquí y por eso hemos ido medida a medida”.

El Partido Popular y Vox firmarán a las 12.00 su pacto de gobierno en Castilla y León, después de casi tres meses de negociación. Las negociaciones, de las que no han trascendido fechas ni temas tratados, se aceleraron la semana pasada y se finiquitaron ayer, momento en el que el PP nacional fue consciente de que no había opción real a una moción de censura contra Pedro Sánchez.

La normativa de Castilla y León no establece plazos para celebrar un debate de investidura aun con el candidato designado y Alfonso Fernández Mañueco se agarraba a ese vacío legal para retrasarla lo que fuese necesario y a expensas de unas hipotéticas elecciones generales.

[Actualización: Mañueco también acata la 'prioridad nacional' y da a Vox una vicepresidencia y tres consejerías en Castilla y León]

Los números de Mañueco son los peores de las autonómicas que se han celebrado en los últimos meses: En Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla tiene 27,7 puntos más que la ultraderecha; en Extremadura, María Guardiola sacó 26,2 puntos de ventaja, en Aragón, Jorge Azcón superó a la extrema derecha en 16,38 puntos y Mañueco no pasó de los 16,05 puntos.

El martes todo cambió y ambos partidos se emplazaron a una última reunión, esta vez por videoconferencia para cerrar un acuerdo de gobierno de coalición.

Según ha podido saber elDiario.es la “prioridad nacional” no ha supuesto un desencuentro entre los dos partidos a la hora de cerrar el pacto. En 2022 Alfonso Fernández Mañueco ya defendió una “inmigración ordenada”, término que no supo explicar en una rueda de prensa.

La negociación, cuentan fuentes de Vox, ha sido “medida a medida” y con compromiso de plazos para que esta vez el PP no aparque sus compromisos con extrema derecha tal y como ocurrió en la anterior legislatura. Siguiendo el programa de Vox, parece claro que sus medidas pasan por la “prioridad nacional”, el bloqueo de acogida de menores no acompañados, la ley de violencia intrafamiliar o una vez más, el boicot a los sindicatos reduciendo o eliminando subvenciones.

En cuanto a las consejerías, es de esperar que Vox pida una vez más Agricultura y Ganadería, posiblemente Familia, un departamento que en 2022 Mañueco casi le cedió, y Cultura y/o Educación. También podría desgajarse Medio Ambiente, un área que Vox ha ocupado en otros gobiernos autonómicos como el de Extremadura. Además, se da por hecha la vicepresidencia, esta vez con cartera para Carlos Pollán, que ya ha insinuado que le gustaría ocuparse de Deportes, una parte que habría que sacar de Cultura.

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha anunciado que la Comunidad no acudirá a la reunión bilateral con el Gobierno central sobre financiación autonómica. “Lo que es de todos se negocia entre todos. Castilla y León no irá a una reunión bilateral con el Gobierno de Sánchez sobre financiación autonómica”, ha apuntado el líder del Ejecutivo autonómico.

Mañueco ha indicado que su gobierno no va a aceptar una propuesta que asigna a nuestra Comunidad “el 1,29% de los fondos”, cuando Castilla y León representa “casi el 20% del territorio y el 5% de la población de España”. “Exigimos una financiación justa que garantice los servicios públicos en todo el territorio”, ha apuntado en un mensaje publicado en X. Mañueco planta así al Ejecutivo de Sánchez en el intento de reformar la financiación autonómica, al igual que las comunidades gobernadas por el PP

Este lunes, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha enviado una carta a los consejeros de Hacienda de las comunidades para convocarles a reuniones bilaterales con el objetivo de abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, con el objetivo de que el nuevo modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027.

Estas reuniones con cada uno de los Gobiernos regionales son el paso previo a que la reforma del sistema de financiación autonómica se presente ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano multilateral que reúne a Hacienda con los consejeros autonómicos del ramo, y después se apruebe en el Consejo de Ministros para arrancar la tramitación parlamentaria.

Las conversaciones técnicas para abordar la reforma del sistema quedaron paralizadas ante el relevo en el Ministerio de Hacienda y la sucesión de convocatorias electorales desde principios de año. Ahora, toda vez que las elecciones en Andalucía han quedado atrás y no se esperan nuevas citas en el horizonte, el Gobierno ha retomado uno de los asuntos más espinosos que les quedaba en cartera.

20.975 millones de euros más de financiación

El Gobierno, según ha remitido en una nota de prensa, se ha puesto el objetivo de que el nuevo sistema de reparto, que aportaría 20.975 millones de euros extra a los recursos de las autonomías, quede aprobado en el Congreso antes de final de año y entre en vigor a 1 de enero de 2027. La inyección dispara el total de la financiación de la que dispondrán las comunidades autónomas hasta los 224.057 millones.

Estas cuantías salen de una mayor cesión de los principales impuestos: el IRPF (del 50 al 55% de la recaudación) y el IVA (del 50 al 56,5%), así como de una aportación adicional del Estado que Hacienda ha cifrado en 19.000 millones de cara al año que viene.

Para el reparto de los recursos, el Gobierno ha diseñado una metodología que calcula la población ajustada. Es decir, la población residente en un territorio, ponderada por una serie de variables (como el envejecimiento o los universitarios procedentes de otras comunidades, por ejemplo) que deberían acercar esta cifra a las verdaderas necesidades de una región para cubrir sus servicios públicos.

Hacienda ha proyectado también un fondo climático de 1.000 millones de euros, del que dos terceras partes irá destinado a las comunidades mediterráneas; y otro ajuste adicional por valor de 400 millones para que ninguna autonomía obtenga menos recursos de los que recibiría con el sistema en vigor actualmente. Además, abre la puerta a que los territorios que lo pidan reciban una parte de la recaudación del IVA de las pymes que se genera en su territorio. 

Con este sistema, según los cálculos del Ejecutivo, la diferencia entre las comunidades mejor y peor financiadas se reduciría de los 1.500 euros por habitante ajustado en la actualidad hasta el entorno de los 700 euros, menos de la mitad.

El PSOE critica a Mañueco por la falta de respeto institucional

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha afeado a la Junta de Castilla y León falta de responsabilidad y respeto institucional. El líder socialista ha mostrado su “sorpresa por la negativa del Ejecutivo autonómico, que como ”interlocutor formal“ no tiene ”la deferencia ni la responsabilidad institucional“ de acudir a la reunión para plantear una propuesta, una alternativa al modelo de financiación del Gobierno central.

“No lo quiero, no me gusta y no voy”, ha insistido el socialista, y ha reconocido que “lo cómodo” para la Junta de Castilla y León y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, es no acudir al encuentro, porque “están de vacaciones” a la espera del “pacto de la vergüenza con Vox.

Daniel de la Rosa ha recordado que el PSOE ya reconoció en su momento que la propuesta del Gobierno les parecía “insuficiente”, en cuanto a la planteada para Castilla y León en comparación con otras comunidades, de ahí que pidieran una modificación más acorde a las necesidades de la autonomía.

Por ese motivo, el socialista cree que la Junta ganaría credibilidad si se sentara a hablar con el Ministerio de Hacienda con una propuesta alternativa que mejore las condiciones de financiación autonómica y ha insistido en criticar la respuesta del “no voy” del presidente Mañueco.

Más de dos meses después de las elecciones autonómicas del 15 de marzo, el PSOE de Castilla y León ha decidido mover ficha ante la falta fecha para el pleno de investidura. El secretario general de los socialistas y portavoz parlamentario, Carlos Martínez, ha anunciado este miércoles el registro de una petición formal para que las Cortes convoquen “de manera inmediata” la sesión que investirá al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, como presidente de la Junta.

“El señor Mañueco no gobierna ni deja gobernar”, ha señalado Martínez en una rueda de prensa celebrada en la sede del parlamento autonómico, donde ha lamentado la situación de “bloqueo” y “parálisis institucional” que, a su juicio, atraviesa la Comunidad. Todo ello, sin que PP y Vox anuncien que han cerrado el acuerdo entre ambos partidos.

Según ha explicado Martínez, su propuesta se apoya en el artículo 52.1 del Reglamento de las Cortes, que permite solicitar la convocatoria de un pleno con el respaldo de una quinta parte de los procuradores. El Grupo Socialista cuenta con 30 de los 82 escaños de la Cámara, por encima de los 17 necesarios para activar ese mecanismo. La última palabra, no obstante, seguirá estando en manos del presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, por lo que los socialistas no confían en que se fije la fecha del pleno.

Martínez ha defendido que Castilla y León “no puede perder ni un solo minuto más” en la configuración del nuevo Ejecutivo y ha reclamado que se active ya la legislatura ordinaria. “Tenemos más de 140 iniciativas registradas y ninguna respuesta porque seguimos con un Gobierno en funciones y unas Cortes prácticamente apagadas”, ha criticado.

El dirigente socialista ha recordado que Castilla y León es actualmente la única comunidad autónoma sin un gobierno plenamente operativo -aunque Andalucía también está a la falta de un gobierno autonómico- y ha reprochado a Mañueco estar más centrado en “sus tiempos” y en la negociación con Vox que en afrontar problemas como la situación industrial, la sanidad o la despoblación.

Martínez también ha reprochado que la falta de un gobierno autonómico haya hecho que la Junta no haya medida en el reciente conflicto entre Renault y sus trabajadores, siendo el ministro de Industria, Jordi Hereu, el encargado de la mediación. “Mientras otras comunidades aprovechan oportunidades y defienden sus intereses, aquí seguimos atrapados en una espera interminable”, ha apuntado.

Reforma del reglamento de las Cortes

Martínez ha criticado la ausencia de plazos concretos en el reglamento de las Cortes para convocar el debate de investidura una vez designado el candidato. El presidente de las Cortes propuso formalmente a Mañueco el pasado 7 de mayo, agotando el límite de quince días desde la constitución de la Cámara que fija el Reglamento, pero desde entonces no se ha producido ningún movimiento más.

El artículo 135 del Reglamento de las Cortes regula el procedimiento de investidura, aunque no establece una fecha límite para celebrar el debate. La cuenta atrás legal únicamente comienza una vez arrancada una primera sesión fallida. Desde ese momento, existe un plazo de dos meses para lograr una investidura antes de que las Cortes queden disueltas automáticamente y se convoquen nuevas elecciones.

El vacío legal en Castilla y León, como ha comentado el líder socialista, permite que el Gobierno autonómico permanezca en funciones sin límite temporal mientras continúan las negociaciones políticas.

El PSOE ha reclamado una reforma reglamentaria para impedir que vuelva a repetirse una situación similar. “Esta no puede ser la dinámica normal de funcionamiento de un parlamento democrático”, ha explicado Martínez, que ha alertado de un “parón eterno” si la situación se prolonga durante los meses de verano.

El líder socialista ha asegurado que Mañueco “prefiere irse de senderismo con su 'hermana' Ayuso” antes que formar un nuevo Gobierno.

El PP asegura que el escrito “tiene una eficacia cero y una relevancia cero”

Al conocerse las intenciones del PSOE, el Partido Popular ha señalado que este escrito para convocar el pleno de investidura “tiene una eficacia cero y una relevancia cero; es una cortina de humo en el peor día posible para el PSOE”, ha asegurado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García.

García ha afeado a Martínez que utilizase el mismo día en que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO)“ ha entrado en la sede nacional del PSOE en Ferraz” para reclamar este pleno. “Menudo patinazo el del señor Martínez. Le ha pillado con el pie cambiado: hoy se ha marcado el día con la entrada de la UCO en Ferraz mientras Sánchez estaba con el Papa y Carlos Martínez, el líder del Partido Socialista que no pisa las Cortes, justo tenía hoy convocada una rueda de prensa”, ha afirmado la representante 'popular'.

“Su escrito no es necesario, es inútil y solo sirve como cortina de humo”. La portavoz popular ha restado toda relevancia al escrito del PSOE amparado en el artículo 135.1 del Reglamento de las Cortes para exigir la convocatoria del pleno. “Al Partido Socialista le digo: tranquilos, que se centren en su casa, que bastantes problemas tienen. El pleno de investidura evidentemente se va a celebrar, con o sin su escrito, que tiene una eficacia cero y una relevancia cero”, ha afirmado García.

La portavoz ha subrayado que la iniciativa socialista no es más que una maniobra de distracción ante la gravedad de lo ocurrido hoy con su partido a nivel nacional: “Los nervios ante lo que tiene encima el Partido Socialista les hace buscar cortinas de humo, y la cortina de humo del día es esta petición de celebración de un pleno. Es una desfachatez que el señor Martínez se atreva a hacer acusaciones contra el PP. Las únicas siglas implicadas son las del PSOE, asediadas por la corrupción. Tanto en Castilla y León como en España, la única verdad es la que dictan las urnas”.

Más de dos meses después desde el resultado electoral del pasado 15 de marzo Castilla y León sigue con un gobierno en funciones. No hay fecha límite para la investidura de Alfonso Fernández Mañueco porque la normativa autonómica no contempla plazos una vez que se ha propuesto candidato. El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, apuró al máximo los 15 días desde la constitución del Parlamento para proponer a Mañueco. Ocurrió el pasado 7 de mayo y desde entonces no ha habido más movimientos.

El Reglamento de las Cortes de Castilla y León establece en su artículo 135.1 que “el Presidente de las Cortes, previa consulta a los Portavoces designados por los partidos, grupos políticos o coaliciones electorales con representación parlamentaria, propondrá un candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. La propuesta deberá formularse como máximo en el término de quince días desde la constitución de las Cortes o el cese del Presidente”.

En el resto del articulado se trata la investidura, pero no se señala el momento. La cuenta atrás arranca con el propio debate: desde que este se celebra, hay dos meses para investir al presidente y el primer intento se produce el mismo, donde es necesaria una mayoría absoluta en la primera votación y simple si a la primera no se consigue. Si en dos meses no hay una votación con más síes que noes que avalen una mayoría simple, el proceso empieza de nuevo: se disuelven las Cortes automáticamente y se convocan elecciones.

La diferencia entre el Reglamento de las Cortes de Castilla y León y Reglamento del Congreso de los Diputados es sustancial: en este último, el artículo 170 dice que “en cumplimiento de las previsiones establecidas en el artículo 99 de la Constitución, y una vez recibida en el Congreso la propuesta de candidato o candidata a la Presidencia del Gobierno, la Presidencia de la Cámara convocará el Pleno”. De esta manera, el gobierno central designa candidato y fecha del debate sin solución de continuidad y sin posibilidad de que haya una presidencia en funciones sin plazos máximos.

¿Se retrasa la firma del pacto porque PP y Vox no llegan a un acuerdo o hay una estrategia oculta?

Las negociaciones del PP con Vox para formar gobierno arrancaron el 25 de marzo. Abogando por la “transparencia” del proceso se facilitó hora, lugar e imágenes a los medios de comunicación. Las reuniones se han sucedido después de esa fecha, pero en secreto. ElDiario.es sí ha tenido constancia de algunos encuentros en la sede de Presidencia de la Junta de Castilla y León al que ha acudido  la secretaria general adjunta y vicesecretaria nacional de acción de gobierno y coordinación parlamentaria, Montserrat Lluis.

Según el Partido Popular, no hay una fecha para cerrar el acuerdo que se negocia medida a medida, y según Vox, Mañueco se negaba a avanzar hasta que se celebrasen las elecciones andaluzas. Una vez celebradas y con un resultado que obliga al PP de Andalucía a pactar con Vox, nada se sabe de cómo pueden influir en la negociación en Castilla y León. Lo único cierto es que hasta ahora no han cristalizado en acuerdo de gobierno.

¿Cuánto tiempo puede prolongarse la negociación? Atendiendo a la normativa autonómica, o más bien a ese vacío legal, sine die. Mañueco podría apalancarse en un gobierno en funciones durante meses e incluso esperar a la convocatoria de elecciones generales antes de rechazar el acuerdo con la extrema derecha y sumarse a la convocatoria nacional, cualquier situación es posible.

Las tres comunidades autónomas que configuran el Noroeste español (Asturias, Castilla y León y Galicia) han constatado este martes que mantienen sus criterios comunes sobre cuestiones como la reforma de la financiación autonómica o la exigencia de suprimir los peajes aún existentes en el único ámbito territorial que obligatoriamente debe pagar para llegar por carretera a Madrid.

Esta circunstancia se ha puesto de manifiesto durante el debate que han mantenido durante la segunda edición del 'Foro del Noroeste. Construyendo puentes. Creando futuro', organizado por el Grupo Prensa Ibérica, los presidentes de Asturias, Castilla y León y Galicia, el socialista Adrián Barbón y los populares Alfonso Fernández Mañueco y Alfonso Rueda, respectivamente.

La Declaración de Santiago, vigente

Desde una “muy buena” sintonía personal y con una voluntad de colaboración que mostrar a una sociedad “cansada de polarización” pese a sus diferencias políticas, los tres presidentes han ratificado la vigencia de la Declaración de Santiago suscrita en 2021 por ocho comunidades de distinto signo para un pacto multilateral sobre una financiación que garantice el coste real de la prestación de los servicios en cada territorio.

Para Fernández Mañueco, cinco años después ese pacto sellado por cinco presidentes socialistas, dos populares y uno del PRC, sigue “absolutamente vigente” y, en la misma línea, Rueda ha garantizado que las tres comunidades sigue defendiendo “lo mismo” aunque haya habido cambios políticos, mientras Barbón ha garantizado su respaldo sin fisuras al compromiso sellado hace cinco años en la capital gallega.

Mayor velocidad al Corredor Atlántico

Además, han coincido en reivindicar la necesidad de que el Gobierno central impulse a mayor velocidad el Corredor Atlántico -“sin compararnos con nadie”, según Mañueco- y en el que está faltando “voluntad política” para su desarrollo a juicio de Rueda, mientras Barbón ha reclamado un equilibrio inversor con el del Mediterráneo y la garantía de que lo que se refleje en los presupuestos “se tienen que ejecutar”.

En el ámbito de las infraestructuras, las tres comunidades forman además, según Barbón, “un frente para exigir lo que es justo” en relación con los peajes en las autopistas AP-9 en Galicia y la AP-66, principal vía de comunicación entre Asturias y la Meseta, después de que se prolongase la concesión de ambas hasta 2050, una decisión cuya legalidad ha sido cuestionada desde la Comisión Europea.

Los controvertidos peajes

El presidente de Castilla y León ha respaldado una acción coordinada ante los tribunales para eliminar unos pagos por el uso de esas infraestructuras que perjudican la competitividad de los territorios afectados y al que, ha recordado, se añade en su caso el peaje “interno” existente entre León y Astorga.

Su homólogo gallego ha lamentado, por su parte, que el Gobierno español ni siquiera haya hecho públicos los criterios trasladados a la Comisión Europea para cuestionar el informe en el que advertía de la ilegalidad de la prórroga de los peajes de la AP-66 y de la AP-9 en la que, ha advertido, “es más caro mantener la concesión hasta el final que rescatarla”. 

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este viernes que la tauromaquia “goza de muy buena salud” en la comunidad, donde cada año se celebran más de 2.300 festejos taurinos populares y existe, a su juicio, un creciente interés de los jóvenes por el mundo del toro.

Mañueco ha asegurado así el apoyo de la Junta a la tauromaquia durante la presentación en Valladolid de la denominada 'corrida de la oportunidad', un festejo impulsado por Tauroemoción con apoyo de la Junta que reunirá este domingo a cuatro jóvenes toreros de Castilla y León y cuyo triunfador obtendrá un puesto en la próxima Feria de La Virgen de San Lorenzo, en septiembre.

Durante el acto, el presidente autonómico ha defendido que la tauromaquia forma parte de “la esencia, el sentimiento y el patrimonio cultural” de Castilla y León y ha sostenido que el “toro bravo es el alma de España”.

Además, ha vinculado el mundo taurino con el sector primario y ha aprovechado la festividad de San Isidro para felicitar a agricultores y ganaderos, a quienes definió como responsables de que Castilla y León sea “la despensa de España”.

En este contexto, ha destacado especialmente el peso del toro bravo dentro de la comunidad y el papel de las ganaderías de la tierra, como la salmantina de El Pilar, cuyos toros protagonizarán el festejo del domingo.

Mañueco ha defendido también la necesidad de “proteger, cuidar, mimar y difundir” la tauromaquia y trasladarla a las nuevas generaciones, al tiempo que ha reivindicado iniciativas como el circuito de novilladas o el apoyo a las escuelas taurinas.

El empresario taurino Alberto García ha explicado por su parte que la corrida nace de la preocupación compartida por la falta de oportunidades para los jóvenes toreros de Castilla y León, pese a considerar que la comunidad atraviesa “la mejor hornada del siglo”.

García ha destacado además que el modelo del festejo es novedoso, que ha despertado una “importante respuesta” entre los aficionados y que permitirá a los jóvenes matadores “mostrarse al mundo entero”.

Uno de los toreros, Manuel Diosleguarde, ha asegurado que es “un honor” que se apueste por toreros de Castilla y León y ha defendido la importancia de ofrecer oportunidades a los jóvenes para que el escalafón taurino “se siga renovando”.

En términos similares se expresó Roberto Martín 'Jarocho', quien ha destacado que el cartel reúna a “cuatro toreros jóvenes” de la comunidad y ha mostrado su deseo de que esta iniciativa pueda consolidarse en el tiempo, algo que también ha expresado el presidente de la Junta.

La corrida reunirá a Diosleguarde, Jarocho, Mario Navas y Sergio Rodríguez con toros de la ganadería salmantina de El Pilar y desde la organización han señalado además que esperan llenar cerca de tres cuartos de la plaza de toros de Valladolid para este festejo, que no cuenta con aportación económica de la Junta.

“Mero trámite”, así ha definido la portavoz de la Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego la ronda de consultas para proponer candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, algo que también han compartido desde Soria ¡Ya! y Por Ávila —y desde el PSOE este lunes—. Los grupos minoritarios ven también hecha la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, no ven tan claro el calendario y el contenido del acuerdo que PP y Vox tienen que cerrar. Vox —socio imprescindible para la mayoría de Mañueco— rebajó las expectativas de un pacto esta misma semana o la que viene al admitir que el pacto con el PP “no está cerrado” y que ve “difícil” culminarlo antes de las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Este martes presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, ha comenzado el proceso para hablar con los grupos sobre posibles candidatos que debe culminar este jueves, último día legal para proponer candidato, con Mañueco como única opción viable tras el 15M autonómico. Sin embargo, la fecha del debate de investidura sigue sin fijarse y dependerá de un acuerdo que, pese a los precedentes en Extremadura y Aragón, todavía no se ha materializado en Castilla y León.

Vox, pendiente de que el PP quiera cerrar el acuerdo pasadas las elecciones andaluzas

El portavoz parlamentario de Vox, Carlos Pollán, ha señalado que las negociaciones con el PP continúan abiertas. “A día de hoy no está cerrado, aunque esperamos que llegue a buen puerto”, ha afirmado tras reunirse con Vázquez, subrayando que su formación quiere “participar en el gobierno” pero con “un programa concreto, medidas concretas y garantías de cumplimiento”.

Pollán ha evitado concretar plazos, pero sí que dejó claro que el acuerdo no es inminente. “Lo veo difícil”, ha respondido al ser preguntado por la posibilidad de cerrarlo la próxima semana, antes de las elecciones del 17 de mayo en Andalucía. Ante esta posibilidad el portavoz de Vox se ha preguntado en “qué influiría” un pacto de Vox-PP en el resultado de los 'populares'.

La única línea roja que ha marcado Vox para apoyar a un candidato es que sea del PSOE. “Nunca participaríamos o permitiríamos una presidencia por un candidato socialista”, ha apuntado, dando por hecho que su eventual apoyo se dirigiría a Mañueco. Con 14 procuradores, sus votos son imprescindibles para que el PP —que cuenta con 33 escaños— alcance la mayoría absoluta o, en su defecto, más síes que noes en segunda votación.

En su comparecencia, Carlos Pollán ha indicado que la negociación con el PP no se limita a un reparto de cargos, sino que pivota sobre un documento programático “medida a medida”, con especial énfasis en lo que su formación considera puntos “troncales” e “irrenunciables”. Sin detallar el contenido, sí ha dejado claro que Vox aspira a trasladar a Castilla y León buena parte de las líneas ya pactadas en otras comunidades, como los criterios de “prioridad nacional” en el acceso a ayudas o vivienda, una cuestión que ha definido como “un avance muy importante” dentro de su agenda política.

El dirigente de Vox ha querido defender que la negociación se está realizando en Castilla y León y no desde Madrid. “Por nuestra parte, estamos trabajando aquí”, ha apuntado. No obstante, ha planteado que en el lado 'popular' la influencia y estrategia de Génova esté ralentizando el proceso, en una alusión a la estrategia del PP y a la posibilidad de que los tiempos estén condicionados por otros calendarios electorales.

Pollán ha afirmado que las medidas de Vox ya se están dejando notar en políticas autonómicas y europeas. El portavoz ha defendido que la entrada de su partido en los gobiernos garantiza la introducción de medidas “con plazos y garantías de cumplimiento”, y ha reiterado que su objetivo es formar parte del Ejecutivo de Castilla y León con capacidad de decisión real.

Soria ¡YA! critica la “opacidad” y el “postureo” de los pactos

Antes, el procurador de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, ha reprochado la dilación de fechas por parte del Partido Popular. “Vamos sobre la bocina”, ha criticado, culpando a que las negociaciones entre PP y Vox se están desarrollando “sin transparencia” y con una lentitud que mantiene a la comunidad “sin gobierno, sin presupuestos desde 2024 y sin soluciones”.

Ceña ha cargado contra los acuerdos ya firmados entre ambas formaciones en otras comunidades, que ha tildado de “postureo” y “nada serio”. A su juicio, contienen medidas “ilegales y muchas inconstitucionales” y relegan problemas estructurales como la despoblación. “Me gustaría que algún pacto considerara como prioridad nacional los problemas de Soria”, ha ironizado.

El representante sorianista también ha puesto en duda la estabilidad de un futuro ejecutivo de PP y Vox: “¿Va a romperse de nuevo cuando haya necesidades electorales? Todo apunta a que sí”. También ha planteado explorar alternativas como un pacto de mínimos entre PP y PSOE centrado en servicios públicos, aunque ha reconocido que, en el escenario actual, su voto no será “gratuito” y dependerá de una negociación previa.

Por Ávila y UPL dan por hecho el acuerdo y piden “arrancar”

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, también ha dado por hecho el pacto entre PP y Vox, aunque ha matizado que nadie se lo ha confirmado oficialmente. “Creo que ya lo tienen”, ha aseverado, reclamando que la legislatura eche a andar “cuanto antes” ante una comunidad que ve “muy parada”.

Pascual se ha mostrado dispuesto a negociar su apoyo a Mañueco, condicionado a que se incluyan las demandas de su provincia. “Estamos abiertos al diálogo y a la colaboración”, ha apostillado, aunque sin concretar el sentido de su voto o qué medidas concretas plantea para dar su apoyo.

Sobre el encuentro con Vázquez ha señalado que ambos, ante la poca temática que abordar, han estado hablando sobre que el Real Ávila, del que Pascual es presidente, y la Gimnástica Segoviana, equipo de Segovia, de donde es el presidente de las Cortes, se han quedado fuera de la promoción de ascenso de 1ª RFEF.

Más crítica fue la portavoz de la UPL, Alicia Gallego, quien también ha dado por hecho el acuerdo pero ha calificado la ronda de consultas de “trámite” y ha criticado la “falta de respeto” que, a su juicio, supone la dilación de los plazos. “Cinco meses con un gobierno en funciones agravan todos los problemas”, ha advertido con dudas sobre un nuevo verano de incendios en la comunidad-

Gallego ha puesto en duda la dependencia de las direcciones nacionales de PP y Vox —“sucursales de Madrid”, dijo— y ha alertado del impacto de la falta de presupuestos en cuestiones como la despoblación, el empleo juvenil o la gestión de incendios. Su formación ve “muy difícil” apoyar la investidura en ausencia de compromisos concretos con la Región Leonesa.

Un calendario abierto con Mañueco como única opción

El proceso de consultas continuará este jueves con PSOE y PP, que propondrá formalmente a Mañueco como candidato. A partir de ahí, el presidente de las Cortes deberá fijar la fecha del pleno de investidura, sin un plazo reglado, lo que deja el calendario supeditado a la negociación entre 'populares' y Vox.

El reglamento establece que el candidato necesita mayoría absoluta en primera votación o simple en segunda. Si en dos meses ningún aspirante logra la confianza de la Cámara, se convocarían nuevas elecciones.

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez (PP), ha convocado a los grupos parlamentarios el 6 y el 7 de mayo para escuchar sus propuestas para candidato a presidente de la Junta de Castilla y León. La normativa parlamentaria fija como fecha límite el 7 de mayo, quince días después del Pleno de constitución de la cámara, para que se realice este trámite, con el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco como único candidato con posibilidades reales para salir elegido.

El PP de Mañueco no cuenta con los votos suficientes en las Cortes tras obtener 33 procuradores de los 82 que había en juego el 15 de marzo. Los 'populares' necesitan a Vox para sumar sus 14 escaños y obtener la mayoría absoluta en primera votación o más “síes” que “noes” en la segunda ronda. De momento, el primer avance en la buena sintonía para repetir pacto de gobierno está en la elección de la Mesa de las Cortes y el presidente de la misma. En la que ambos partidos se repartieron la Presidencia y Vicepresidencia primera y dos de las Secretarías.

El primer encuentro programado por Vázquez tendrá lugar el 6 de mayo a las 10.30 horas con el procurador de Soria Ya, Ángel Ceña. El siguiente grupo en pasar será Por Ávila, con Pedro Pascual, a las 11.30 horas. A las 12.30 horas será turno para la UPL.

Ya a las 13.30 horas, el presidente se recibirá a Vox, con la incógnita de la posición del portavoz del grupo Carlos Pollán. Por último, el día 7 pasará por el despacho de Vázquez el PSOE, con Carlos Martínez, a las 10.30 horas y el PP, con Leticia García, a las 11.30 horas.

La fecha del pleno de investidura, en el aire

Tras estas reuniones, el presidente tendrá que convocar el Pleno sin que el reglamento fije una fecha o un límite concreto y que estará ligado a si hay un pacto PP-Vox antes o después de las elecciones andaluzas del 17 de mayo. En esa sesión parlamentaria, según el artículo 135 del reglamento de las Cortes de Castilla y León, se comenzará con la lectura de la propuesta por uno de los Secretarios de las Cortes.

A continuación, el candidato propuesto expondrá, sin límite de tiempo, el programa del Gobierno que pretende formar y solicitará la confianza de las Cortes de Castilla y León. Un representante de cada Grupo podrá intervenir por un tiempo de 30 minutos.

El candidato propuesto podrá hacer uso de la palabra cuantas veces lo solicite. Cuando conteste individualmente a uno de los intervinientes, éste tendrá derecho a réplica por diez minutos. Si el candidato les contestara en forma global, cada uno de ellos tendrá derecho a una réplica de diez minutos.

Hay que recordar que para ser elegido Presidente de la Junta de Castilla y León, el candidato deberá obtener la mayoría absoluta en primera votación, algo que solo se lograría con los votos de PP y Vox juntos o PP y PSOE, esto último descartado por Mañueco. El PSOE también ha descartado apoyar o facilitar el gobierno de la lista más votada, puesto que era una propuesta únicamente válida antes del 15 de marzo. “Las reglas del juego antes de entrar en el campo de juego”, ha reiterado una y otra vez el candidato socialista, Carlos Martínez.

Si no se alcanzase esa mayoría, la Mesa de las Cortes fijará la segunda votación, resultando elegido el candidato que tenga la mayoría simple, es decir, más “síes” que “noes”.

Antes de proceder a esta votación, el candidato podrá intervenir por tiempo máximo de diez minutos y los Grupos Parlamentarios por cinco minutos cada uno para fijar su posición.

2 meses para ponerse de acuerdo o repetición electoral

Si, transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato saldría elegido, éstas quedarán automáticamente disueltas. El Presidente de las Cortes lo comunicará al Presidente de la Junta en funciones para que convoque nuevas elecciones.

En caso de investidura, el trámite pasa porque el Presidente de las Cortes lo comunique al Rey, a los efectos de su nombramiento como Presidente de la Junta de Castilla y León, y al Gobierno de la Nación.

El PP de Mañueco no cuenta con los votos suficientes en las Cortes tras obtener 33 procuradores de los 82 que había en juego el 15 de marzo. Los 'populares' necesitan a Vox para sumar sus 14 escaños y obtener la mayoría absoluta en primera ronda o más “síes” que “noes” en segunda. De momento, el primer avance en la buena sintonía para repetir pacto de gobierno está en la elección de la Mesa de las Cortes y el presidente de la misma. En la que ambos partidos se repartieron la Presidencia y Vicepresidencia primera y dos de las Secretarías.

El PP propondrá a Mañueco

Tal y como estaba previsto, el PP ha anunciado que propondrá a Alfonso Fernández Mañueco como candidato. “En este momento político necesitamos gobernantes con altura de miras, con capacidad de gestión y que ofrezcan estabilidad y certidumbre a esta tierra. Mañueco es todo eso y más. Es verdadera garantía de crecimiento económico, de empleo y del mantenimiento de los servicios públicos en nuestra comunidad”, ha defendido la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García en la rueda de prensa previa al Comité de Dirección del PP de Zamora

El PSOE califica de “mero trámite” las consultas

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha definido el procedimiento de consultas como “un mero trámite” a la par que ha culpado a Mañueco de rechazar cualquier pacto con su partido. “El planteamiento del señor Mañueco ha sido el desprecio total y absoluto, ya no al Partido Socialista, sino a los votantes que han respaldado una opción diferente de cambio”, ha explicado

Martínez ha afeado al líder 'popular' su “falta total y absoluta de voluntad de diálogo” ante los acuerdos para sacar adelante los presupuestos para 2025 y para 2026.

Para el también portavoz del Grupo Socialista en las Cortes autonómicas es una fórmula, que ha definido como “pausa permanente”, para “seguir ganando tiempo y parecer mediáticamente que se hace algo”. Según Martínez el PP y Vox quieren dejar a Castilla y León “anclada en ese pasado en blanco y negro al que nos tiene acostumbrados el señor Mañueco” y “tapar” los problemas de la Comunidad con debates sobre la “prioridad nacional”.

El parón es evidente. Castilla y León celebró sus elecciones autonómicas el pasado 15 de marzo con unos resultados que no dejan opción al PP: o pacta con Vox o no hay gobierno. Mes y medio después no hay gobierno, pero no porque no haya posibilidad de acuerdo sino por una cuestión estratégica. El Partido Popular quiere ver qué pasa con las elecciones en Andalucía, que se celebran el 17 de mayo para ver hasta dónde cede con Vox.

La normativa autonómica favorece este 'intermedio'.  El artículo 135 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León en su punto 1 establece que “… La propuesta -de candidato a la investidura- deberá formularse como máximo en el término de quince días desde la constitución de las Cortes o el Cese del presidente”, y no menciona plazo acerca de la celebración del Pleno para la investidura. De este modo, el límite para proponer candidato expira el 7 de mayo, pero no está claro hasta cuándo se puede retrasar el Pleno de Investidura. En este sentido la normativa establece que una vez que se celebra ese pleno sin que se consiga investir presidente, el plazo máximo no sobrepasará los dos meses. De ser así, habría que disolver las Cortes y convocar unas nuevas elecciones.

Aparentemente, desde la primera ronda de reuniones de Alfonso Fernández Mañueco con el resto de grupos parlamentarios, no se ha producido una segunda que estaría reducida a Vox, ya que el PP rechaza de plano una alianza con el PSOE y el único partido que le permite la suma suficiente para la mayoría parlamentaria es el de extrema derecha. Sin embargo, aunque no sean públicas, por fuerza se han producido conversaciones. De algún modo tuvo que acordarse dejar la presidencia de las Cortes en manos del PP cuando en la última legislatura las tuvo Vox. De hecho, ni siquiera sus procuradores acaban de entender esa maniobra y achacan lo ocurrido a un acuerdo entre Génova y Bambú. Lo que obtenga Vox a cambio se sabrá cuando haya pacto.

Una de las posibilidades es que Vox haya arrancado al PP el compromiso de 'darles' un senador por designación autonómica y de esa manera buscar acomodo a uno de los damnificados por el juego electoral, el exprocurador por León Miguel Súarez Arca. Con Pollán de candidato por León y la obligación de listas cremallera -alternar hombres y mujeres-, Suárez Arca se vio relegado al puesto número tres, y no consiguió escaño. Fuentes del partido aseguran que desde la misma noche electoral Suárez Arca exigió que se le recolocase. En algún momento incluso se planteó la renuncia de la número 2 pero finalmente se descartó.

“Cordialidad”

Hasta ahora, dicen hay “cordialidad” en las negociaciones soterradas que se llevan a cabo, pero las tornas pueden cambiar. El PP puede sentirse fuerte si consigue revalidar la mayoría de Juanma Moreno o ser aún más dependiente de Vox si los necesita para sumar. De ese resultado en las andaluzas dependen las negociaciones que presumiblemente se reactivarán públicamente a partir del 18 de mayo.

Por el momento, lo esperable es que el flamante presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, comunique el próximo jueves que el candidato es Alfonso Fernández Mañueco.

Sin grandes sorpresas, las Cortes de Castilla y León se han constituido este martes en Valladolid, un mes después de las eleciones. A diferencia de Aragón, PP y Vox anunciaron este lunes un acuerdo para elegir presidente de la Mesa del parlamento, el secretario general del Partido Popular y exvicepresidente primero de la Mesa, Francisco Vázquez, que ha sido elegido con el respaldo de los votos de los 33 procuradores del PP y los 14 de Vox. El partido de Santiago Abascal ha renunciado a la Presidencia de la Mesa como tuvo la pasada legislatura, aunque sí ha propuesto el vicepresidente primero de la Mesa, Carlos Menéndez, el exportavoz del Grupo durante parte de la legislatura pasada.

De poco ha servido el nombre que finalmente ha ofrecido el Grupo Socialista, la vicesecretaria autonómica, Nuria Rubio, para presidir la Mesa de las Cortes. Solo la han respaldado los 30 procuradores socialistas. Los cinco escaños del que será Grupo Mixto (3 de UPL, uno de Por Ávila y uno de Soria ¡YA!) han votado finalmente en blanco. El Grupo Socialista también ha presentado a Nuria Rubio como vicepresidenta de la Mesa, en cuya votación ha quedado en segundo lugar después de Menéndez, únicamente con el respaldo de los procuradores socialistas.

Los parlamentarios también han escogido a los secretarios de la Mesa, en una votación en la que (de nuevo) el Grupo Mixto se ha abstenido. El PP ha elegido a la hasta ahora consejera de Educación, Rocío Lucas, el secretario de Organización del PSOE, Daniel de la Rosa y la vocal de Vox en Segovia, Susana Suárez Villagrá. Daniel de la Rosa ha sido elegido secretario primero de la Mesa (30 votos), seguido de Rocío Lucas (27 votos) y Susana Suárez Villagrá (19), puesto que varios miembros del PP han votado a la procuradora de Vox. El Grupo Mixto ha vuelto a votar en blanco.

La Mesa de las Cortes queda configurada, por lo tanto, de la siguiente manera: Francisco Vázquez como presidente (PP), Carlos Menéndez como vicepresidente primero (Vox), Nuria Rubio como vicepresidenta segunda (PSOE), Daniel de la Rosa (PSOE), Rocío Lucas (PP) y Susana Suárez Villagrá (Vox) como secretarios.

Vázquez asume la Presidencia “con compromiso con la palabra”

Una vez jurados o prometidos los 82 escaños de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez ha asegurado que asume el cargo “con honor político y compromiso con la palabra”. “Nos enfrentamos a una encrucijada que estas Cortes deben abordar con valentía día a día”, ha augurado Vázquez. El presidente de la Mesa ha reivindicado que formar parte de la cámara es “un privilegio que conlleva una responsabilidad ineludible”. También ha aseverado que los ciudadanos han “otorgado la responsabilidad para formar gobierno al PP”, lo que ha considerado que será “una de las primeras tareas” de la cámara: “desarrollar los trabajos necesarios para que se conforme un gobierno en Castilla y León”.

Francisco Vázquez ha agradecido al presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, por confiar en él y a sus predecesores en el cargo, el último Carlos Pollán, de Vox. “Cada uno de ellos desde sensibilidades políticas aportaron su trabajo para la consolidación de esta institución”, ha suscrito.

El también secretario general del Partido Popular de Castilla y León ha pedido al parlamento “abordar con valentía” diaria la “encrucijada” a la que se enfrenta y ha garantizado que su objetivo como presidente será que el parlamento sea “lo más útil posible” para todos los castellanos y leoneses.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha acusado este lunes a PP y Vox de ir “entregando por fascículos” su “sainete” en esta Comunidad, donde cree que tratan de reproducir el esquema de la novela 'El gatopardo', para que “parezca que todo cambia pero no cambiar absolutamente nada”.

En declaraciones a los periodistas tras presentar en un pleno municipal su renuncia como alcalde de Soria para poder tomar mañana posesión de su escaño y liderar la oposición del PSOE, Martínez se ha referido al acuerdo anunciado por PP y Vox para que el popular Francisco Vázquez se convierta mañana en el nuevo presidente de las Cortes, en sustitución de Carlos Pollán (Vox)

Ha ironizado con la “derecha valiente” de Vox, partido al que ve “muy fuerte con los débiles, pero muy débil con los fuertes”, en referencia a su negociación con el PP.

Para Martínez, estaba claro cuál iba a ser el final de las conversaciones entre PP y Vox, con “escenas para justificar” ese acuerdo y con la sensación de que los carteles de Vox han “envejecido” pronto, en referencia a que hablaban de estafa del PP a los ciudadanos.

El dirigente socialista ha criticado igualmente que estos acuerdos tengan un origen en las direcciones nacionales del PP y Vox, que en su opinión no abordan las cuestiones prioritarias de Castilla y León “de forma vergonzante”.

Vox ha confirmado que acudirá a la reunión del próximo miércoles con el PP de Alfonso Fernández Mañueco para comenzar a negociar el Ejecutivo autonómico. El candidato Carlos Pollán, ha respondido a la carta que el líder 'popular' envío este jueves a los partidos dejando claro que los resultados del 15M dejaron “claro” que el Partido Popular tiene la “necesidad” de lograr “una mayoría parlamentaria de 42 escaños al haber quedado lejos de ella”.

Solo con los 14 votos de Vox Fernández Mañueco —más los 33 del PP— sumaría la mayoría parlamentaria de 42 procuradores para conseguir ser embestido presidente de la Junta de Castilla y León por tercer mandato consecutivo.

El dirigente de Vox ha aprovechado la carta para mostrar su satisfacción por los resultados obtenidos por su partido, que ha pasado de 13 en 2022 a 14 procuradores 2026, logrando su mejor registro histórico en Castilla y León, aunque lejos del techo del 20% de votos y los 18 procuradores que las encuestas marcaban y desde el partido tenían como objetivo interno.

Según ha escrito Pollán, la mejora de resultados, con un procurador más que logró en la provincia de Soria por primera vez en su historia, consolida a Vox como una fuerza con mayor representación institucional y con un respaldo creciente entre los votantes de la comunidad.

En su carta, el líder de Vox ha considerado una “pésima noticia” que el socialismo mantenga su base de apoyo en Castilla y León, pero sostiene que, al mismo tiempo, las urnas reflejan un cambio de tendencia con más ciudadanos dispuestos a “desterrar” determinadas políticas. Entre ellas, menciona las que, a su juicio, “penalizan las libertades”, “hipotecan el futuro de los jóvenes”, “castigan al campo” o “llenan de inseguridad” calles y barrios.

La cita con Vox será el primer paso de la ronda de contactos anunciada por Mañueco tras su victoria electoral. El candidato del PP ha defendido en los últimos días que tiene la “obligación” de poner en marcha la legislatura cuanto antes, abriendo un proceso de diálogo con todas las fuerzas con representación en las Cortes, aunque con límites claros.

Mañueco asegura que no aceptará “amenazas” ni “espantadas”

Durante su intervención en la Junta Directiva del PP de Castilla y León de este viernes, Mañueco ha insistido en que el futuro acuerdo debe garantizar estabilidad y evitar escenarios de bloqueo. En este sentido, ha advertido de que no aceptará “amenazas”, “espantadas” ni situaciones que puedan derivar en mociones de censura, en referencia implícita a la ruptura del anterior gobierno de coalición con Vox.

El líder 'popular' ha indicado que su partido ha ganado las elecciones “con holgura” y que ha mejorado sus resultados respecto a 2022, por lo que considera que el proyecto del PP debe ser la base sobre la que se construya cualquier acuerdo de gobierno. “Se mire por donde se mire”, ha afirmado, corresponde a su formación liderar esta nueva etapa.

Mañueco ha apelado a la “discreción”, la “tranquilidad” y el “sentido común” para encauzar las negociaciones y ha defendido la necesidad de alcanzar un pacto con “pilares firmes” y vocación de durar toda la legislatura. Su objetivo, ha reiterado, es conformar un “gobierno de todos y para todos”, aunque ha vuelto a cerrar la puerta a cualquier entendimiento con el PSOE, como lleva haciendo desde la campaña.

En paralelo, el presidente de la Junta en funciones ha dado a conocer el equipo que le acompañará en estas conversaciones, formado por tres de sus colaboradores más cercanos: la vicepresidenta en funciones Isabel Blanco, el secretario general del PP en la comunidad, Francisco Vázquez, y el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

Martínez pide a Mañueco “seriedad” para que las reuniones no se conviertan en “un mero trámite”

Tras el encuentro con Vox del miércoles, Mañueco continuará el jueves la ronda de reuniones con el resto de formaciones: Soria Ya, Por Ávila, Unión del Pueblo Leonés y, finalmente, el PSOE. El secretario general de los socialistas en Castilla y León, Carlos Martínez, ha reclamado “rigor” y “seriedad” en este proceso para evitar que las reuniones se conviertan en “un mero trámite”. El PSOE ha solicitado formalmente conocer el orden del día de su encuentro con el PP, así como los interlocutores que participarán en la cita.

Martínez ha enmarcado esta ronda de contactos como una rectificación por parte de Mañueco, que durante la campaña y tras la noche electoral había descartado cualquier acercamiento a los socialistas. Aun así, ha asegurado que su partido acudirá “por responsabilidad” y con la intención de aportar soluciones a los problemas de la comunidad.

El dirigente socialista ha señalado que las conversaciones entre PP y Vox serán las que determina el futuro gobierno autonómico. A su juicio, el desenlace no dependerá únicamente de los líderes de Castilla y León, sino que estará condicionado por las direcciones nacionales de ambos partidos.

Cerradas las urnas en Castilla y León, la relación entre el PP y Vox vuelve a la senda que solo se abandonó ante el rally electoral abierto en diciembre. Los resultados de este domingo, sumados a los de Extremadura y Aragón, no dejan lugar dudas. Ambos partidos dependen el uno del otro para gobernar. ¿Cómo? Está por ver y no se descarta la asimetría. Pero los barones implicados ven ahora la oportunidad para cerrar los acuerdos antes de que se convoquen los comicios en Andalucía.

Lo explicaba este lunes en conversación con los periodistas uno de los presidentes autonómicos que esperaban el recuento en Castilla y León para retomar las negociaciones con Vox. “Ahora se van a intensificar” los contactos, explicó a la puerta de la sede nacional de la madrileña calle de Génova, donde se reunió la Junta Directiva para ovacionar a Alfonso Fernández Mañueco por su triunfo del 15 de marzo. Hasta ahora, continuó, los partidos estaban en un “stand-by electoral”, conscientes de que pactar en campaña era imposible. La ventana de oportunidad que se abre está clara: “Hasta que Juanma [Moreno] convoque”. 

Las elecciones en Andalucía están solo pendiente de fecha, y todo apunta a que serán el 14 de junio. Antes coincidirían con el Rocío o la visita a España del papa León XIV. El fin de semana posterior será el del inicio de las vacaciones escolares. Y la movilización tiene que ser máxima.

Tanto Alberto Núñez Feijóo como Santiago Abascal dieron este lunes señales de que se preparan para el acuerdo. Cada uno desde su posición. “Nos corresponde entendernos”, dijo el líder del PP en una intervención ante dirigentes de toda España, incluidos los barones (con las notables ausencias de Moreno y Alfonso Rueda). “Nos corresponde liderar”, añadió.

Feijóo dejó abierta la fórmula de este entendimiento y los periodistas no pudieron preguntarle. Tras dar por hecho que no hay ninguna diferencia ideológica que impida un acuerdo, el líder del PP aseveró: “Las urnas señalan una fórmula posible: un acuerdo para que el PP lidere el Gobierno con apoyo de Vox”. Casi a la vez compareció Abascal en una rueda de prensa en la que aseveró que Vox va a “gobernar en las tres” comunidades pendientes de acordar. 

El líder ultra dio así una respuesta muy tajante a la gran duda que sobrevuela las negociaciones entre ambos partidos: la fórmula del pacto. Porque nadie duda de que llegará, pero no está claro si como coalición o en forma de apoyo externo de Vox. Abascal no fue tan contundente el domingo por la noche cuando, en declaraciones a los medios, aseveró: “Tres regiones esperan un cambio de rumbo. Lo van a tener, podemos garantizarlo. Pero no nos pregunten por los sillones”.

En Aragón, el presidente en funciones, Jorge Azcón, ha optado por pasar la pelota al tejado de los de Abascal. “La gran pregunta es qué quiere hacer Vox”, se preguntó este lunes en declaraciones a los medios a su llegada a la Junta Directiva Nacional del PP. Si “está dispuesto a asumir la responsabilidad de los gobiernos” o no, planteó. Para entonces, el líder ultra no había hablado todavía.

Las conversaciones entre los dos partidos mantendrán el tono de discreción que ha existido en las últimas semanas, aunque ahora se producirá “un acelerón”. Y será Vox quien decida si entra o no en los futuros gobiernos. “Si el requisito es entrar, no será problema”, aseguró este lunes uno de los dirigentes consultados sobre la disposición del PP a abrirse a reeditar las fallidas coaliciones de 2022 y 2023. 

El plazo en Aragón es el mismo que en Extremadura. Ambas comunidades irán a una repetición electoral el 28 de mayo si no hay acuerdo. A principios de ese mes tendría que estar hecho para evitar convocar otra vez a las urnas. PP y Vox aseguran que el pacto está cada vez más cerca en Extremadura, pero ninguno se atreve a vaticinar cuándo se podría sellar. 

Con todo, el clima de las negociaciones es muy distinto. Abascal ha pasado de insultar a la líder autonómica del PP, María Guardiola, a agradecerle su disposición a la negociación después del decreto ley aprobado la semana pasada y que permitirá ampliar la capacidad de acción del Gobierno en funciones. También en Extremadura la negociación se lleva con discreción extrema tras el fallido pleno de investidura de principios de marzo,

Guardiola está dispuesta a aceptar que Vox entre en su Gobierno o que le dé apoyo externo con tal de lograr la investidura y no enfrentarse a unas nuevas elecciones. Mañueco ya ha defendido como “bueno” el pacto de 2022, que le convirtió en el primer presidente en gobernar en coalición con la extrema derecha desde la restauración de la democracia.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este lunes a Vox que no mantenga su bloqueo sobre Extremadura y Aragón, y que no lo extienda a Castilla y León, tras el triunfo de Alfonso Fernández Mañueco en las elecciones autonómicas de este 15 de marzo. “Nos corresponde entendernos”, le ha espetado a Santiago Abascal durante una intervención ante la Junta Directiva Nacional en la que ha asegurado que “la mayoría alternativa existe”, que la lidera el PP y que la extrema derecha forma parte de ella.

“Existe la alternativa numérica y no puede fallar la política”, ha dicho Feijóo, quien ha ofrecido un discurso envalentonado tras la tercera victoria consecutiva en el ciclo electoral que concluirá el próximo mes de junio en Andalucía. “Hemos ganado, somos los que más hemos crecido. El respaldo ha sido sólido y contundente”, ha afirmado en una reunión en la que Mañueco ha recibido la ovación de sus compañeros por el resultado de ayer.

Feijóo ha tirado de ironía contra su principal rival. “Me sumo a la alegría del PSOE por haber perdido”, ha dicho. “Por haberse convertido en un partido incapaz de disputarnos el Gobierno. Y por haber dejado de ser competitivo y convertirse en un partido pequeño”, ha sostenido. “Si ellos están contentos por convertir al PSOE en un partido perdedor, nosotros más contentos”, ha concluido.

Pero el líder del PP ha centrado su discurso en marcar perfil ante Vox. Los de Abascal lograron el domingo un gran resultado, rozaron el 19% de voto y aumentaron un procurador en las Cortes de Castilla y León. Pero no cumplieron unas expectativas infladas que les situaban por encima del 20%.

“Nos corresponde liderar”, ha dicho. “Así lo han marcado los ciudadanos. Han dicho que el PP sea la referencia. Que el PP gobierne y se forme una mayoría a partir del programa del PP.”, ha asegurado.

“Cuando los ciudadanos hablan en las urnas se les escucha, no se les interpreta”, ha dicho, para exigir a Vox “toda la responsabilidad con los votantes, con Castilla y León y con España”. “Una mayoría ha votado de forma muy clara, en una dirección. Esa mayoría merece respeto”, ha planteado.

Feijóo lo tiene claro y ha apelado, sin mencionarlo, al líder de Vox. “Nos corresponde entendernos. La mayoría alternativa existe. Existe la alternativa numérica y no puede fallar la política”, ha asegurado, para advertir de que el PP va a “respetar” sus propios “principios” porque son los que “han ganado en las urnas”.

El líder del PP ha asegurado que el bloqueo al que Vox ha sometido a los gobiernos de Extremadura y Aragón respondía a un cálculo electoral. Y ha reclamado que Abascal no dé la orden de mantenerlo hasta los comicios andaluces.

“Nadie conoce ninguna objeción de fondo por parte de Vox. Nadie ha dado razones para bloquear. Solo se han puesto excusas y creo que ya está bien”, ha dicho, para sostener que “las urnas señalan una fórmula posible: un acuerdo para que el PP lidere el Gobierno con apoyo de Vox”.

“No se puede hacer a los españoles cautivos de una estrategia de un partido”, ha espetado, para acusar a Abascal de “jugar con la gobernabilidad de Extremadura y Aragón para hacer campaña en Castilla y León”. Algo que, ha asegurado, “no lo merecen los votantes del PP ni de Vox”.

“Espero que no se una ahora la gobernabilidad de Castilla y León para hacer campaña en Andalucía”, ha anticipado.

Feijóo ha dicho “con respeto” que “ya está bien”. “Le fallamos a la gente en julio de 2023 y no podemos volver a fallar”, ha asegurado. “La estabilidad es una obligación. La gobernabilidad es el respeto que le debemos a la mayoría. O se hacen pactos de gobierno como quiere la mayoría o se hacen coaliciones de bloqueo con el 'sanchismo”, ha zanjado.