Castilla y León, dirigida por PP y Vox, es la única comunidad sin Ley LGTBI después de que Asturias haya aprobado su propia normativa. La ley, demandada por el colectivo LGTBI, lleva pendiente desde hace más de una década y cuatro gobiernos: la última mayoría absoluta de Juan Vicente Herrera y todos los gobiernos (en coalición con Ciudadanos y Vox o en minoría) de Alfonso Fernández Mañueco. Las asociaciones LGTBI piden al presidente autonómico que “tome nota” del Partido Popular asturiano, que ha negociado y apoyado la Ley.

La última vez que la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco (PP), abordó esta cuestión, aseguró que la protección que ofrecía la Ley estatal era suficiente. Las plataformas LGTB han denunciado en varias ocasiones las “maniobras dilatorias” del Partido Popular para no avanzar en la tramitación de la norma, incluso a pesar de haber redactado sus propios proyectos.

“No es que no tengamos ninguna Ley autonómica, es que Castilla y León, que presume muchísimo de sus Servicios Sociales, no tiene ni una sola política pública dirigida al colectivo LGTBIQ+, que somos un porcentaje importante de la población”, protesta la presidenta de Fundación Triángulo Castilla y León, Yolanda Rodríguez, que alerta de unos discursos de odio “más cruentos” y de situaciones de violencia física en la Comunidad.

Hace ya diez años desde que redactó la primera Ley LGTB, y las asociaciones todavía no se explican por qué el PP de Extremadura apoyó una normativa que fue dejada de lado cuando fue replicada en Castilla y León. “En Asturias el PP ha votado a favor del proyecto de Ley, mientras que aquí el PP sabe que lleva más de treinta años en el poder y tiene todas las estrategias electorales para dar de lado a un sector muy grande de la población”, protesta Rodríguez.

Antes de la llegada de Mañueco al Palacio de la Asunción, el PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y UPL acordaron un texto con las asociaciones LGTBI que incluso contó con el respaldo de una sola de los 'populares', Silvia Clemente, mientras el resto del PP se negó a negociar el texto, que acabó metido en un cajón, bloqueada durante el periodo de enmiendas. Silvia Clemente era entonces presidenta de las Cortes de Castilla y León, quien intentó ser la candidata al gobierno autonómico por Ciudadanos en 2019 y después con su propio partido político.

2019-2021, una legislatura fallida

Ahí ha estado prácticamente desde entonces, precisamente, a pesar de otros vanos intentos: en 2019 el PSOE y el Grupo Mixto (Podemos, UPL y Por Ávila) presentaron de nuevo aquel texto, del que se desmarcó Ciudadanos, ya en el poder. El entonces vicepresidente, Francisco Igea (exCiudadanos) se comprometió a tramitar la Ley Igualdad Social de la Diversidad Sexual desde el gobierno autonómico, que tenía en coalición con el Partido Popular. La Ley ni siquiera se aprobó en Consejo de Gobierno: en mayo de 2021 contó con el último trámite antes de pasar a su aprobación por los miembros del gobierno, y ahí se quedó guardado hasta que Fernández Mañueco adelantara los comicios en diciembre de 2021 con un tuit.

La Ley LGTB se quedó, por lo tanto, otra legislatura sin tramitar. En la primera coalición PP-Vox, ese texto ni siquiera se puso sobre la mesa, mientras que la nueva propuesta socialista pactada con las asociaciones solo se desbloqueó después de que el PP decidiera abstenerse y permitiera su tramitación. Entonces, el PP gobernaba en solitario tras la marcha de Vox de los gobiernos autonómicos. Eso sí, votaron en contra los diputados autonómicos de Vox y los dos expulsados del partido de extrema derecha. El PP proponía que, de tramitarse una Ley –algo que no era prioritario para ellos–, esta debía ser “sólida y hecha con rigor”. Pero, de nuevo, el debate no avanzó, y concluyó la pasada legislatura sin una Ley que refuerce los derechos de los integrantes del colectivo.

“Volvemos a las mismas”

“Tuvimos muy buenas palabras por parte de las representantes del PP que tuvieron la decencia de reunirse con las entidades, pero volvemos a las mismas”, protesta Gema Segoviano, vocal de Segoentiende, asociación LGTBH de Segovia.

La Proposición socialista incluía nuevos términos como el 'sexilio', en alusión a las personas del colectivo LGTBI que se ven obligadas a abandonar sus pueblos por su orientación sexual o identidad de género, abordaba el acceso sanitario a las personas trans y las políticas contra la LGTBIfobia y de odio en las aulas, entre otras.

Castilla y León vuelve a tener un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox, así que la Ley LGTB ha vuelto a desaparecer de la escena al dejarla fuera del pacto de gobierno entre ambas fuerzas políticas. El Partido Socialista que ahora dirige Carlos Martínez aún no ha registrado una Proposición de Ley al respecto, aunque sí ha presentado dos Proposiciones No de Ley sobre las familias LGTBI y el acoso escolar a menores del colectivo. El PSOE también tiene intención de volver a presentar una Proposición de Ley para proteger de manera específica a estas personas.

Segoviano teme que el tema vuelva a paralizarse, porque no cree que el Partido Popular se vaya a oponer abiertamente a Vox con esta cuestión. “Vamos a ver cómo respiran y volveremos a presentar otro texto, a ver qué sucede esta vez”, anuncia la portavoz de Segoentiende, que muestra su intención de contactar con los partidos políticos cuando se hayan celebrado las elecciones generales del 29 de noviembre.

Las asociaciones exigen que se elabore una Ley actualizada que atienda a las demandas actuales y teme que, si el PP decide negociar un texto, proponga algo “descafeinado” que sirva “para lavarse la cara”, o que se utilice a las mujeres y menores trans “como arma arrojadiza y para meter miedo”. “Si hubiera una Ley podríamos acudir a los tribunales para explicar por qué no se atienden algunas necesidades como las sanitarias y sociales”, concluye la presidenta de Fundación Triángulo Castilla y León, en referencia a la menor trans a la que Sacyl aplazó su terapia hormonal.

La Junta de Castilla y León, dirigida por el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, aplicará la 'prioridad nacional' de 10 años en las ayudas —tal y como prevé algún apartado del pacto de gobierno de PP y Vox— pese a las advertencias de la Comisión Europea de que el número máximo de años de empadronamiento que se pueden pedir es de cinco años, y no de diez. “Lo vamos a mantener”, ha avanzado Alfonso Fernández Mañueco en la rueda de prensa en la que ha presentado este martes el Proyecto de Presupuestos de 2027.

Preguntado sobre la aplicación de la prioridad nacional, el líder de Vox y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha explicado que en estas cuentas no se puede detallar la aplicación de este nuevo criterio, aunque ha garantizado su aplicación en el próximo año. El pacto de gobierno de PP y Vox para Castilla y León incluye la exigencia de empadronamiento de 10 años para acceder a la compra de vivienda protegida y de cinco años para el alquiler. También se requiere un empadronamiento mínimo de cinco años a los menores de 30 años que quieran obtener una ayuda para sufragar parte de los gastos del carnet de conducir.

Más allá ha ido en varias ocasiones el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico (Vox), ha reivindicado desde el parlamento y desde el Gobierno el principio de “los españoles, primero”. El aviso de la Comisión Europea ha sido rubricado por el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, cuyo partido está adscrito al Grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo. Ha sido en respuesta al eurodiputado de Compromís Vicent Marzà, quien planteaba si estas medidas incurrían en una discriminación indirecta incompatible con los artículos 20 y 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La Junta de Castilla y León, que integran PP y Vox, ha presentado este martes sus presupuestos para 2027, que prevé aprobar en el parlamento tras tres años prorrogados, después de que el partido de extrema derecha abandonara los gobiernos autonómicos de coalición con el PP en 2024, lo que había derivado en un gobierno en minoría de Alfonso Fernández Mañueco, que no pudo sacar adelante sus proyectos de Presupuesto de 2025 y 2026.

El presidente autonómico, su número 2, Carlos Pollán (Vox) y el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, han presentado las cuentas del próximo ejercicio, previstas para una Castilla y León “más eficiente y menos burocrática” y que permiten seguir con el cumplimiento del pacto de gobierno, rubricado en junio de este año. “Son unos Presupuestos útiles con muchas novedades, que buscan mejorar la calidad de vida y que dan cumplimiento al acuerdo de gobierno”, ha defendido el líder del Ejecutivo autonómico.

Alfonso Fernández Mañueco ha subrayado que se trata de los Presupuestos más altos (16.472 millones de euros) y con menores impuestos, puesto que la Ley de Acompañamiento de Medidas Tributarias incluyen una rebaja fiscal estimada de 920 millones de euros. Entre estas disminuciones impositivas se encuentran la reducción del tipo mínimo del 9% al 8,75%, el impulso de la Cuenta Ahorro Vivienda Joven, la deducción por gasto en gimnasios (hasta 150 euros) o la exención impositiva en el medio rural.

Los líderes de PP y Vox se han negado a profundizar en los principales escollos y el presidente ha defendido el “trabajo intenso y codo con codo” de un gobierno “que tiene las ideas claras”. Fernández Mañueco ha sostenido que es posible este aumento de la recaudación con menos impuestos porque “la economía crece”, una idea que también ha reforzado el consejero de Economía, con buenas previsiones para los próximos ejercicios. “La fase de crecimiento económico de Castilla y León nos permite que aumenten las bases imponibles aunque bajen los tipos de gravamen”, ha explicado a los medios.

Recorte de un 33% a las partidas para sindicatos y patronal

El vicepresidente autonómico ha anunciado que está prevista una reducción de un 33% (cuatro millones de euros) en las partidas para los sindicatos y organizaciones empresariales —como en las Cortes de Castilla y León—, aunque ha garantizado que se seguirá cumpliendo con la Ley, tras un primer gobierno PP-Vox salpicado de condenas judiciales derivadas de la supresión de fondos para estas entidades.

Además, se está estudiando cómo se utiliza el dinero público que la Junta de Castilla y León entrega a las ONG. Pollán ha explicado que se valorarán los nuevos convenios a medida que concluyan los convenios en 2027.

Según el desglose proporcionado por el presidente autonómico, la Vivienda es el capítulo “que más crece” respecto a la inversión de 2024, seguida de Suelo industrial para creación de empleo y la Agricultura y Ganadería.

Prioridad nacional

Preguntado sobre la aplicación de la prioridad nacional, el líder de Vox ha explicado que en estas cuentas no se puede detallar la aplicación de este nuevo criterio, aunque ha garantizado su aplicación en el próximo año, incluso a pesar de las dudas presentadas después de las advertencias presentadas por la Comisión Europea de que el número máximo de años de empadronamiento que se pueden pedir es de cinco años, y no de diez como pretende Vox. “Lo vamos a mantener”, ha avanzado Alfonso Fernández Mañueco, respecto a los diez años que, como mínimo, se quieren pedir como empadronados para algunas ayudas.

El presidente del PP de Castilla y León y presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha expresado este jueves su “máximo respecto” hacia la muerte de Maricarmen Abascal, la anciana madrileña que fue desahuciada hace dos semanas de su vivienda y que inició las últimas protestas por esta situación.

Preguntado por su fallecimiento, antes de participar en la Junta Directiva Nacional del PP, en Madrid, ha enviado “condolencias a sus seres queridos”, sin realizar más declaraciones al respecto.

Por su parte, preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha indicado que lamentan su fallecimiento y envían condolencias a sus familiares y amigos, pero sin “participar en ninguna valoración política sobre este hecho en el momento en el que estamos”, en referencia al periodo preelectoral.

Preguntado por la reacción de Vox, socio de gobierno del PP en la Junta, ante el fallecimiento de Maricarmen, Carriedo ha indicado que desde el Ejecutivo autonómico no van a hacer “valoración sobre lo que digan los partidos” al respecto.

Tras la convocatoria electoral de las generales, que se celebrarán el 29 de noviembre, el debate en las Cortes de Castilla y León ha cumplido con lo previsto, con un Partido Popular y un Vox que, desde el gobierno, achacaban datos negativos como la situación de la Vivienda o la Sanidad al Gobierno de España y no al Ejecutivo autonómico, administración que tiene las principales competencias en ambas materias.

El portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León, Carlos Martínez, ha criticado que la Junta de Castilla y León haya prometido desde 2019 más de 11.000 viviendas protegidas, pero solo haya notificado la entrega de 910 viviendas entre 2021 y 2025. “182 viviendas al año de media. En las nueve provincias. Un récord absoluto”, ha ironizado el socialista, que también ha afeado que el parque autonómico de vivienda se haya reducido en las últimas décadas de 9.600 a 5.352. “Seguramente por algún movimiento especulativo, como villa Gaviota”, ha enunciado, en alusión a las adjudicaciones viviendas protegidas en el barrio vallisoletano de Villa de Prado a varios hijos de altos cargos del Partido Popular.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), le ha replicado: “¿Dónde están las 180.000 viviendas que prometió Sánchez?”. Para Fernández Mañueco, los decretos que debatirá la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados son el último “descalabro” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien “quiere saltarse la voluntad popular” a través de un ejercicio de “filibusterismo político”. El PNV apoyará el principal decreto de Vivienda en la Diputación Permanente, que la Junta de Castilla y León ya ha avanzado que se negará a aplicar —como no ejecuta la Ley Estatal de Vivienda— y que recurrirá en los Juzgados.

Mañueco propone a Sánchez que “copie” a Castilla y León

“Querían arreglar en una semana lo que han estropeado en ocho años. Los decretos son una chapuza jurídica y una improvisación absoluta”, ha respondido el presidente 'popular'. Mañueco ha contrapuesto el “modelo de éxito” de Castilla y León al “bodrio jurídico” del Ejecutivo nacional, que “genera inseguridad a propietarios e inquilinos”. Por eso ha interpelado a Carlos Martínez: “Si su partido [el PSOE] quiere hacer una política seria, que copie lo que hacemos en Castilla y León: construir más vivienda que nunca y dar más ayudas que nunca”, ha reiterado.

Las elecciones también han sobrevolado el intercambio dialéctico entre el presidente autonómico y la portavoz de Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego. “Que se hayan convocado elecciones no le da derecho a establecer una estrategia plagada de medias verdades e incorrecciones”, ha replicado Fernández Mañueco a las críticas de la portavoz leonesista.

El presidente autonómico también ha cargado contra los “socios preferentes” de UPL, que gobierna en coalición en León: “El principal responsable del incremento de las listas de espera se llama el Gobierno de Sánchez”, ha criticado Mañueco, quien ha atribuido que las listas de espera no mejoren a “la falta de profesionales”.

Menores migrantes

El vicepresidente autonómico, Carlos Pollán, ha reiterado que “el principal dato” que tiene la Junta de Castilla y León es “el interés superior del menor”, que está “al cuidado de sus familias o en las entidades tutelares de su país de origen”. Pollán ha ofrecido datos sobre el paro juvenil o las familias en riesgo de exclusión social, pero no ha concretado por qué la capacidad de acogida de Castilla y León está “sobrepasada” desde hace dos años. El líder de Vox ha cargado contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha “disfrazado de humanitarismo” un “cálculo político”.

La socialista Nuria Rubio, había preguntado a Pollán por el “rumbo” de la Consejería Desregulación, Familia y Ayudas Sociales y ha defendido que los menores migrantes no son “un enemigo a derrotar”. También ha afeado al vicepresidente de Vox sus “soflamas racistas”. “Cada vez que habla, nos avergüenza como comunidad”, ha zanjado.

Conversaciones con embajadas

El vicepresidente autonómico ha anunciado que han comenzado las “conversaciones” con las embajadas para trabajar en el retorno de los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen, aunque no ha concretado con qué estados se ha puesto en contacto la Junta de Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha celebrado este lunes el adelanto electoral anunciado hoy por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que supone “el final de un Gobierno nefasto para España” y una oportunidad para la “reconstrucción nacional”.

Así lo ha asegurado Mañueco durante la clausura del VII Congreso 'Libro Blanco para el desarrollo de Salamanca', donde ha asegurado que Sánchez, “obligado por los españoles”, ha tenido que convocar elecciones y ha sostenido que llega a esta cita sin haber resuelto “ni uno solo de los problemas de los españoles” y “rodeado por la corrupción”.

En este sentido, ha acusado al presidente del Gobierno de ser incapaz de resolver el problema de la vivienda, la situación de Ceuta, el encarecimiento de la cesta de la compra y los precios “absolutamente disparados” de la energía y de los carburantes.

A su juicio, esta situación es “tan solo un reflejo” de lo ocurrido durante los últimos ocho años, con un Sánchez “incompetente para dar soluciones” y más centrado en “aferrarse al poder”.

También ha recordado que se trata de un presidente que “no puede pasearse y ni tan siquiera salir por la calle”, en referencia a la distancia que, según ha afirmado, mantiene con los ciudadanos.

Mañueco ha defendido así que ahora es el momento de que hablen los ciudadanos en las urnas y puedan elegir un Gobierno de cambio, con un proyecto de futuro y de “reconstrucción nacional” que permita “enderezar el rumbo” de España. 

El secretario general del PSOE de Castilla y León ha criticado el silencio del presidente de la Junta y del PP de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, ante la exclusión del concepto de violencia de género en el acceso a la vivienda protegida de Valladolid y que el Ayuntamiento ha tenido que rectificar.

Martínez ha reprochado que ni Mañueco ni la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, hayan mantenido un “silencio atronador” ante este caso que, a su juicio, supone un respaldo a las políticas machistas y también ilegales, según ha respondido a los periodistas en una rueda de prensa en las Cortes.

“Pecan, se confiesan y se les pasa, necesitamos hechos”, ha subrayado, por eso le ha pedido que apoye sus proposiciones de ley para adaptar en Castilla y León el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y para proteger a las mujeres en el medio rural.

Asimismo, ha advertido de que la Junta actúa con “desidia” y “falta de voluntad” en aquellos asuntos enmarcados en la “guerra cultural”, como el feminismo, que se traducen en que los recursos y la visibilidad de las políticas de igualdad y contra la violencia machista languidecen.

Críticas desde el Congreso

Esta polémica ha llegado también al Congreso de los Diputados, donde la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha respondido durante el pleno de control al Gobierno a la diputada popular Patricia García que se avanzará más “en igualdad cuando el PP deje de hacer el caldo gordo a Vox y deje de insultar a las mujeres con esas exageraciones que pierden credibilidad”.

Redondo ha mencionado el cambio en el protocolo de acceso a la vivienda que “penaliza” a las víctimas de la violencia de género, con reproches hacia el PP: “Le han dicho que es claramente ilegal”.

“Lo ha parado el movimiento feminista que, unido, es capaz de frenar las ilegalidades del PP allí donde gobierna”, ha zanjado.

Colectivos       

Por su parte, la viceportavoz socialista Patricia Gómez ha celebrado el cambio en el protocolo de acceso a la vivienda protegida de Valladolid, que ha atribuido a la movilización de “todo el movimiento feminista”, y que ha afeado aún que no haya pedido perdón el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero (PP).

Yolanda Martín, de CCOO CyL, ha valorado de forma “muy positiva” el cambio en la norma vallisoletana y ha incidido en que las mujeres han estado a la altura de las circunstancias ante una ilegalidad. “No estamos dispuestas a ceder ni un paso atrás”, ha afirmado.

Nina Infante, del Foro Feminista de Castilla y León, también ha valorado el cambio de criterio planteado por los servicios jurídicos municipales, mientras que la catedrática de Género de la Universidad de Valladolid, Dunia Etura, ha subrayado que lo conseguido en Valladolid “no es poco” y ha asegurado que supone “un punto de inflexión para que se lo piensen dos veces”.

Disculpas del alcalde

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha reclamado a Carnero que pida perdón a todas las mujeres porque este cambio “no ha sido un error”, mientras Martínez ha recordado que no ha sido “una rectificación voluntaria sino obligada” por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, ante una ilegalidad.

Por su parte, el concejal de Servicios Sociales del Consistorio vallisoletano, Rodrigo Nieto (PP), ha acusado a Herrero de “emponzoñar la política vallisoletana cada vez que abre la boca” y le ha reprochado los escándalos de su partido que afectan a las mujeres.

El PSOE defenderá en las Cortes un Estatuto de la Mujer Rural de Castilla y León

Asisimo, Martínez ha anunciado la presentación de una proposición de ley para poner en marcha un Estatuto de la Mujer Rural, para su debate en las Cortes de Castilla y León el próximo 15 de octubre, según ha explicado.

Una propuesta que busca visibilizar a estas mujeres, con condiciones de vida “más precarias” y que cuentan con menos medios que las de los entornos urbanos y que se nutre de otros proyectos legislativos, como los de Aragón o Andalucía, entre otras autonomías.

“En una Comunidad como esta es increíble que no tengamos un estatuto de estas características”, ha lamentado Martínez, que ha recordado que esta autonomía cuenta con 2.248 municipios, la mayoría enclavados en zonas rurales y repartidos en 90.000 kilómetros cuadrados.

Martínez ha propuesto la fecha del 15 de octubre para poder “cruzar” con los colectivos feministas distintos aspectos que afectan a estas mujeres, desde la lucha contra la violencia machista hasta la igualdad de oportunidades, pasando por cuestiones económicas y laborales.

Por su parte, la viceportavoz socialista Patricia Gómez ha destacado la necesidad de este Estatuto en una “tierra eminentemente rural” y ha incidido en que las mujeres que habitan estos entornos son las que “más sufren la invisibilidad y la desigualdad”, pese a la paradoja de que “son ellas las que sostienen el mundo rural”.

“Sin mujeres no hay mundo rural, sin feminismo no hay mundo rural y por eso este Estatuto es tan necesario”, ha subrayado, antes de reconocer que espera que el PP no se oponga a la aprobación de este Estatuto, porque se trata de una “cuestión de justicia”.

Los colectivos feministas han valorado el trabajo en torno a este Estatuto: Yolanda Martín (CCOO CyL) ha destacado el aspecto laboral; Nina Infante (Foro Feminista de Castilla y León) ha incidido en que este Estatuto puede “empoderar” a las mujeres en el medio rural y en la prevención de la violencia machista, y Dunia Etura (Cátedra de Género de la UVa), que se ha ofrecido a colaborar con la cualquier formación que quiera trabajar en estos asuntos.

El patrimonio inmobiliario de los miembros del Gobierno de Castilla y León dibuja un mapa que va de Madrid, a Ávila, pasando por León, Salamanca o Valladolid, entre otras capitales, pasando por pueblos de toda la Comunidad. Las declaraciones de bienes publicadas este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León recogen 24 viviendas entre las propiedades de los 12 integrantes del Ejecutivo autonómico de PP y Vox, formado por el presidente, dos vicepresidentes y nueve consejeros.

No obstante, la titularidad no siempre es total, ya que en diversos casos se comparte al 50% en régimen ganancial o mediante fórmulas de multipropiedad, mientras que en otros se declara la nuda propiedad o la propiedad privativa.

El documento, en cumplimiento de la Ley 3/2016 del Estatuto de los Altos Cargos, muestra que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en su declaración aparecen dos viviendas en Salamanca. En una figura con un 50% de participación de carácter ganancial y en la otra con el 100% de carácter privativo. Sus valores catastrales son de 98.686,58 y 96.235 euros.

Quien tiene las competencias de la vivienda, la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, en su declaración incluye dos viviendas: una en Monfarracinos (Zamora), de la que declara un 50% en pleno dominio, y otra en Madrid, también con una participación del 50%. Los valores catastrales consignados son de 48.049,40 y 16.548,85 euros, respectivamente. Blanco declara además un local, procedente de una liquidación de sociedad, en Zamora con una participación del 44,40%.

El vicepresidente primero, Carlos Pollán, declara dos viviendas: una en Carbajal de la Legua, en el municipio leonés de Sariegos, de la que figura como titular del 100%, y otra en León capital sobre la que declara un 50% de nuda propiedad. Los valores catastrales son de 83.057,06 y 147.450,33 euros.

En lo relativo al patrimonio del consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que en la legislatura pasada ostento las competencias de Vivienda, en su declaración se recoge una vivienda en León de la que ostenta el 50% en pleno dominio, con un valor catastral de 144.473,32 euros. Además, también incluye un local en León al 100% en pleno dominio valorado en 5.165,03 euros, de una participación del 16,66% en pleno dominio sobre otro inmueble urbano en la capital leonesa, cuyo valor catastral asciende a 3.623,82 euros. La lista de propiedades inmobiliarias se completa con una participación del 33,33% en pleno dominio sobre un conjunto de 16 fincas rústicas en la provincia de León, cuyos valores catastrales varían entre los 6,83 euros y los 251,22 euros.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, incluye en su declaración una vivienda en Valladolid al 100% en pleno dominio con un valor catastral de 65.654,19 euros. En el caso deñ del consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, aparecen dos viviendas ambas en Valladolid. Una figura como bien ganancial y la otra como privativo, con una participación declarada del 83%. Los valores catastrales son de 141.362,43 y 86.874,18 euros.

En el caso de Cristina Sanchidrián, consejera de Movilidad, Transformación Digital e IA, aparecen cinco registros de viviendas, con participaciones que van del 16,67% al 50% y ubicadas en Ávila y Madrid. Algunas de las propiedades tienen además el valor de referencia en lugar de un valor catastral consignado.

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, posee una vivienda en Valladolid al 50% ganancial en pleno dominio por un valor catastral de 71.174,08 euros. El patrimonio del consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, abarca dos viviendas: una en Burgos capital al 50% en régimen ganancial y pleno dominio (224.282,81 euros) y otra en Tudela de Duero (Valladolid) al 33% en propiedad privativa (57.710,15 euros). Esta fórmula aplica la valoración objetiva calculada por el Catastro a partir de los precios de las compraventas inmobiliarias reales registradas ante notario.

La consejera de Educación, María Pardo, declara dos viviendas al 50% bajo la fórmula de dominio privativo y multipropiedad, situadas en Simancas (251.822,00 euros) y en Madrid (230.133,00 euros). El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, suma tres viviendas: dos en la provincia de Ávila (una al 100% valorada en 44.551,57 euros y otra al 50% con 61.728,98 euros) y una tercera en la Comunidad de Madrid al 50% (79.368,91 euros). El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, José Alberto Díaz Pico, declara una vivienda en Valladolid adquirida por compraventa, de la que ostenta el 50% del pleno dominio con un valor catastral de 269.815,00 euros.

Aunque en la declaración aparezcan varios inmuebles, hay que precisar que el término “participación” es relevante para interpretar el documento. El 100% implica la titularidad completa del inmueble declarado, mientras que porcentajes como el 50%, el 33% o el 16,67% reflejan únicamente la parte que corresponde al declarante. Además, el documento diferencia entre pleno dominio y nuda propiedad. El propio documento explica que la nuda propiedad es la titularidad parcial del bien sin incluir necesariamente todos los derechos asociados a su disfrute.

Lo mismo sucede con expresiones como ganancial o privativo. Las primeras identifican bienes integrados en el régimen económico matrimonial de gananciales, mientras que los segundos son bienes atribuidos exclusivamente al declarante.

Las declaraciones, completas de bienes, derechos patrimoniales y obligaciones recoge también saldos bancarios, acciones y fondos de inversión, vehículos, préstamos, seguros y planes de pensiones, entre otros activos. Se pueden consultar en el Boletín Oficial de Castilla y León, publicado este viernes 18 de septiembre.

El nuevo curso político ha empezado prácticamente igual que el anterior: con el anuncio de la Junta de Castilla y León de 36 medidas que rebajan los impuestos. Pero si el año pasado quien comparecía era el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo (PP), este año se ha sumado el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales , Carlos Pollán (Vox). El nuevo gobierno de coalición, aunque formado en junio, arranca ahora.

La Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2027, que incluye 36 nuevas rebajas tributarias que, junto a las ya existentes, supondrán un ahorro de 920 millones de euros en 2027 para los contribuyentes. Los destinatarios no varían respecto al pasado año: familias, jóvenes y emprendedores en el medio rural o en el urbano.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se rebaja a todos los contribuyentes. El tipo mínimo autonómico pasará del 9 % al 8,75 %, con el objetivo de que se sitúe en el 8 % al final de la legislatura. Con esta rebaja, Castilla y León consolidará su posición entre las comunidades autónomas con el tipo mínimo del IRPF “más bajo de España”.

La Junta de Castilla y León también incorporará una nueva deducción de hasta 150 euros en el IRPF por los gastos de las cuotas de gimnasios y distintas actividades deportivas. La deducción podrá incluir también los gastos correspondientes a padres e hijos, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludable entre las familias.

Se extenderá progresivamente la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a hermanos, tíos y sobrinos, que se sumará a la práctica eliminación del impuesto establecido por la Junta de Castilla y León para familiares directos, con el objetivo de que no suponga un impedimento para aceptar herencias o donaciones y facilitar que estos recursos puedan destinarse a la adquisición de vivienda o al emprendimiento. A partir de 2027 se establecerá una nueva bonificación del 3 % sobre los primeros 100.000 euros por heredero.

Vivienda

Dentro del paquete de nuevas rebajas tributarias, la Junta de Castilla y León reforzará especialmente los incentivos destinados a facilitar el acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, con especial atención a los jóvenes. La ‘Cuenta Ahorro Vivienda Joven’, que permitirá a los menores de 40 años aplicar una deducción de hasta 1.500 euros al año durante cinco años. De este modo, un joven podrá deducirse hasta 7.500 euros, mientras que una pareja joven podrá llegar a 15.000 euros, para poder destinar estos recursos a la compra de su vivienda.

También se impulsará el alquiler estable y asequible, mediante nuevos incentivos fiscales tanto para inquilinos como para propietarios. En concreto, se establecerá una nueva deducción de hasta 600 euros al año por cada vivienda vacía que se incorpore al mercado del alquiler, siempre que se ofrezca por una renta máxima de 750 euros mensuales en el medio urbano y de 500 euros en el medio rural.

Además, el Ejecutivo autonómico rebajará el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para la adquisición de la primera vivienda habitual, con un tipo reducido del 3,75 % frente al general del 8 %. Esta medida beneficiará a jóvenes, familias numerosas, personas con discapacidad, vivienda de protección oficial y víctimas de violencia machista. El presidente no ha querido valorar el hecho de que el Ayuntamiento de Valladolid, gobernado también por PP y Vox hayan eliminado a las víctimas de violencia machista del protocolo de acceso a vivienda social. “Lo pactamos en el acuerdo -de gobierno- y así lo hemos plasmado. Yo sólo hablo de lo que hacemos en la Junta”, ha comentado.

La Junta establecerá nuevos tipos reducidos del 1,25 % en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados para las escrituras de obra nueva y división horizontal, con el objetivo de incentivar la construcción de viviendas de protección pública, tanto destinadas a la venta como al alquiler.

Estas nuevas rebajas tributarias forman parte de una estrategia fiscal orientada a apoyar a las familias, ampliar las oportunidades para los jóvenes, reforzar el medio rural y facilitar el emprendimiento, al tiempo que se favorece la actividad económica y la creación de empleo. Para ese apoyo a las familias, se incrementan los importes de la deducción autonómica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por nacimiento o adopción a 1.050 euros por el primer hijo, 1.550 euros por el segundo y 2.400 euros por el tercero y siguientes, con la previsión de alcanzar los 1.200, 1.700 y 2.500 euros, respectivamente, al final de la legislatura. Estas cuantías aplicadas se duplicarán cuando el nacido o adoptado presente un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.

En el ámbito del apoyo a las personas con discapacidad, se elevan los importes de la deducción en el IRPF hasta los 325 euros o los 700 euros en función del grado de discapacidad y la edad del contribuyente, estableciéndose una nueva deducción específica dirigida a los descendientes del contribuyente.

Ampliación de beneficios fiscales del medio rural

Para el refuerzo de la fiscalidad en el medio rural, se amplían territorialmente los beneficios fiscales extendiéndolos a municipios de hasta 20.000 habitantes, superando el anterior límite de 10.000, lo que permite dar cobertura al 97% de los municipios de la Comunidad, incrementando el límite del valor de la vivienda habitual hasta los 200.000 euros desde 150.000 euros.

La deducción en el IRPF por nacimiento o adopción en el medio rural se mejora en un 40 % estableciendo deducciones de 1.470 euros por el primer hijo, 2.170 euros por el segundo y 3.360 euros por el tercero y sucesivos, con un objetivo final de legislatura de 1.680, 2.380 y 3.500 euros respectivamente. Estas cantidades también serán duplicadas si el menor cuenta con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.

En cuanto a deducciones en el IRPF vinculadas a la vivienda en el medio rural, la deducción por gastos de alquiler para jóvenes se incrementa del 25 % al 27 %, con la meta de situarse en el 30 % al concluir la legislatura.

Para la rehabilitación de vivienda en el medio rural destinada al alquiler asequible, la deducción aplicable sobre la inversión asciende del 15 % al 17 %, con un objetivo final de la legislatura del 20 %.

Se suprime el gravamen en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITPO) y en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) para la adquisición de la primera vivienda habitual para todos los residentes sin importar su edad, eliminando la restricción previa de 36 años; la compra de inmuebles destinados a actividad económica como sede social o centro de negocios; para la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias, incluyendo su maquinaria y elementos vinculados; en las escrituras necesarias para documentar la agregación, agrupación o segregación de fincas rústicas destinadas a estas explotaciones agrarias prioritarias; y en las de agregación, agrupación y segregación de suelo industrial o terciario.

Autónomos

Dentro de las medidas para autónomos, el programa Relevacyl incorpora reducciones para adquirir inmuebles asociados al negocio, reduciendo el tipo de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del 8 % al 7 % con un objetivo final de legislatura del 4 %, y el de Actos Jurídicos Documentados, del 1,5 % al 1 %, con una meta final de situarlo en el 0,5 %.

Para favorecer la continuidad de la actividad agraria, se amplía la reducción del 99% en el impuesto de sucesiones por adquisición de explotaciones agrarias que se extiende a familiares colaterales de cuarto grado por consanguinidad, como primos, tíos, abuelos y sobrinos nietos; y a trabajadores asalariados de la propia explotación que realicen jornada completa y cuenten con al menos tres años de antigüedad contrastada.

Asimismo, para incentivar la agrupación de parcelas, se establece un tipo reducido en Transmisiones Patrimoniales Onerosas del 7 %, frente al 8 % previo, para aquellos agricultores dados de alta en la Seguridad Social que posean parcelas adyacentes, complementando así la bonificación del 100 % en el arrendamiento de fincas rústicas y los tipos reducidos en la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias.

Castilla y León mantiene un único tributo propio que integrará los parques fotovoltaicos y las redes de comunicaciones telefónicas y telemáticas, incluyendo postes, torres y antenas, frente a comunidades con hasta 15 gravámenes distintos. Este impuesto no se establece para los parques fotovoltaicos ubicados en cubiertas de edificaciones y para aquellos que ocupen una superficie inferior a 5 hectáreas. Asimismo, estarán exentos del pago los parques dedicados al autoconsumo y las nuevas redes de comunicaciones instaladas en el medio rural. Una medida que no afectará ni a las familias ni a las instalaciones de autoconsumo.

Además, se establecen bonificaciones y exenciones para la repotenciación de instalaciones eólicas que cuenten con más de 10 años de antigüedad.

Finalmente, se posibilita una bonificación de hasta el 30 % de la cuota tributaria a los titulares de parques eólicos y fotovoltaicos por inversiones efectuadas en programas de mejora del bienestar y de lucha contra la despoblación en los municipios afectados, mediante convenios entre los promotores y las administraciones locales y autonómica.

Reducción de tasas autonómicas

Con relación al plan de reducción de tasas, se prorroga la congelación de los importes de las tasas autonómicas iniciada en 2014, con el fin de contrarrestar el impacto de la inflación sobre los contribuyentes, lo que acumula un impacto económico estimado de 31 millones de euros de ahorro hasta el ejercicio 2025. Esta congelación se acompañará del mantenimiento y ampliación de las exenciones y bonificaciones aplicadas durante toda la legislatura.

Estas medidas entrarán en vigor cuando se aprueben los presupuestos de 2027. Mañueco ha adelantado que estarán listos el próximo 15 de octubre, plazo máximo que marca el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

El secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León, Carlos Martínez, ha tildado de “ilegal” al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), por tratar de incumplir con la redistribución de menores migrantes tras la crisis migratoria de Ceuta.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este jueves en la Cámara autonómica, Martínez ha subrayado la necesidad de contar con una Junta que “vaya más allá de la empatía y la solidaridad” y que “sea sensible, tenga alma y cumpla con la legalidad”.

“Hoy el ilegal es el presidente de la Junta de Castilla y León, dando una vez más un desplante, ya que no sólo es un ejercicio de deslealtad institucional, no acudiendo a las convocatorias que ponen encima de la mesa del gobierno de España para poder plantear soluciones de forma conjunta, sino ya intentando negarse al cumplimiento de la legalidad, sino que es la redistribución de los menores”, ha asegurado.

El portavoz socialista ha extendido esta responsabilidad a Vox, socio de gobierno del PP en Castilla y León y que allí donde gestiona las competencias de infancia (Extremadura y Aragón, además de Castilla y León) rechazó acudir a la Conferencia Sectorial de Infancia de este jueves y exigió el retorno de los migrantes a sus países de origen.

A su juicio, el presidente autonómico y sus socios “dan la espalda a los problemas reales que tiene la ciudadanía” en contraposición a la llamada “prioridad nacional” y ha defendido la necesidad de atender la crisis que afecta a la Ciudad Autónoma.

“Vamos a abandonar los gestos y las manifestaciones impostadas para intentar sacar un rédito a parte de todas estas crisis, vamos a resolver la crisis y para ello necesitamos del cumplimiento de la legalidad”, ha planteado.

Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP, Leticia García, ha reprochado a Martínez su falta de “decoro” por estas afirmaciones por insultar a Mañueco en un asunto tan grave y ha acusado al líder socialista de actuar al igual que su partido a nivel nacional, al estar, en su opinión, instalado en “una crítica sistemática, vacía y sin trabajo alguno”.

La Junta insiste en recurrir el reparto de menores

La Junta de Castilla y León reclama al Gobierno que “analice bien la situación” y actúe dentro de sus competencias ante la crisis migratoria de Ceuta, “un fracaso de gestión”, y defiende su opción al recurso en el reparto de menores migrantes, que deben retornar a Marruecos con sus familias.

El portavoz del gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha insistido a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en que tras varias semanas de crisis el Gobierno no ha sido capaz ni siquiera de “dar una visión general de lo que quiere hacer”.

“Esperamos que analice bien la situación y tome las decisiones en función de sus competencias en control de fronteras”, ha insistido en relación con la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia de este jueves, a la que asiste Castilla y León, y que abordará la atención a los menores que siguen en Ceuta.

Fernández Carriedo ha reiterado que lo sucedido en Ceuta es “un fracaso de gestión del Gobierno”, en su capacidad de controlar las fronteras, y ha lamentado que se siga semanas después sin datos precisos, sin resolver el problema y con diferentes interpretaciones en el Gobierno en función de los ministros.

Por ese motivo, la Junta exige al Ejecutivo central que actúe en el marco de sus competencias, aplique la normativa y envíe de vuelta a Marruecos a los migrantes, y en el caso de los menores, abra el correspondiente expediente individual para que vuelvan con sus familias, “que es el primer objetivo”, ha insistido.

El portavoz autonómico también ha defendido la opción de la Junta de recurrir cualquier expediente de menores que llegue incompleto, que no esté suficientemente elaborado o que no garantice el retorno con sus familias, que ya se ha anunciado por parte del vicepresidente primero, Carlos Pollán (Vox).

Castilla y León, junto a las otras tres comunidades autónomas con un gobierno de coalición PP-Vox, Aragón y Extremadura, han rechazado asistir a la reunión de este jueves con el Ministerio de Juventud e Infancia, y este miércoles anunciaron que impugnarán judicialmente los posibles traslados de menores desde Ceuta.E

Los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León han registrado ya, cuando se cumple el último plazo establecido, sus propuestas de candidatos para convertirse en miembros del Consejo de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre (TDT), donde abundarán perfiles políticos y jefes de prensa de los distintos partidos que los proponen.

Serán 17 los integrantes de esta Comisión formada en las Cortes de Castilla y León a raíz de la última reforma de la Ley de Publicidad Institucional, para fijar en este órgano los objetivos y necesidades de interés público que debe cumplir el servicio de TDT en el ámbito autonómico, ahora cubierto por RTVCyL, pero sobre todo de dirimir sus condiciones de financiación.

La designación de integrantes de esta comisión tiene una correlación con la proporción de cada grupo parlamentario en las Cortes, con siete representantes para el PP, seis para el PSOE, tres para Vox y uno para el Grupo Mixto (UPL-Por Ávila y Soria Ya).

El reglamento de esta comisión, tal y como estableció la modificación legislativa respaldada por PSOE, Vox y Unidas Podemos en la última parte de la anterior legislatura, prevé que los candidatos deberán ser “personas de relevantes méritos profesionales, relacionados con la gestión y administración del sector público o con el sector audiovisual y los medios de comunicación”.

En un comunicado, el PP ha defendido que sus siete candidatos reúnen esos principios porque su propuesta de nombres “combina dos perfiles complementarios”, en referencia a exconsejeros y parlamentarios en ejercicio, como la actual dirección del Grupo Popular integrada por Leticia García, José Luis Sanz y Mercedes Cófreces, y otro grupo de profesionales de medios de comunicación que forman parte de gabinetes de prensa del PP o instituciones gestionadas por el PP.

En concreto, del ámbito de la comunicación el PP propone a su actual jefe de prensa del Grupo Parlamentario, Alberto Palacios; al jefe de prensa del PP-CyL, Pelayo Fernández; el director de comunicación de la Diputación de Ávila, Enrique García Tejerizo; y el responsable de prensa del PP de Burgos, José Manuel Pérez Prieto.

El PP cree que sus trayectorias son “contrastadas e intachables” y “reúnen sobradamente los méritos que exige la ley” para un órgano que “debe ser riguroso, imparcial y que no puede convertirse en ningún momento en un instrumento político”, plantean los populares en su comunicado.

En el caso del PSOE, la propuesta incluye a periodistas que también ejercen como responsables de prensa del partido o alguna institución gestionada por los socialistas, como el jefe de prensa del PSOE de Castilla y León, Manuel Iglesias, y Sandra Boutefeu, actual responsable de comunicación del Ayuntamiento de Soria, junto a otros nombres como Marta Cuervo, Francisco Tejedor, Natalia Villamil y Luis Germán Vivas.

En cuanto a los perfiles elegidos por el Grupo Parlamentario de Vox, con tres designados, figuran el actual jefe de prensa del Grupo, Víctor Linares, junto a Javier Pérez y David Herrero del Campo.

Por último, el Grupo Mixto, a propuesta de la UPL, ha planteado como candidata a la periodista Carmen de Celis, responsable de comunicación de este partido en el Ayuntamiento de León.

El PSOE de Castilla y León ha acusado a la Junta de Castilla y León de no haber ejecutado los más de 127 millones de euros destinados a programas de prevención de incendios, según los datos que los socialistas han extraído del Portal de Gobierno Abierto del Ejecutivo autonómico a fecha de 1 de agosto.

El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, Pedro González Reglero, ha asegurado que en 2025 la Junta también habría dejado sin ejecutar más de 28 millones de euros en estas partidas.

González ha considerado “de auténtica vergüenza” que el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, continúe afirmando que existe preocupación por el territorio y los incendios forestales mientras, a su juicio, permanecen pendientes de ejecución unas cantidades tan importantes en esta materia.

Según ha trasladado el dirigente socialista, varios trabajadores del dispositivo se han quejado ante su partido de problemas de organización, falta de personal para cubrir bajas y vacaciones y jornadas superiores a las 12 horas.

A estas críticas, González ha añadido las dificultades en las comunicaciones entre los profesionales, hasta el punto de que, según ha indicado, algunos trabajadores han tenido que recurrir a sus propios teléfonos móviles durante las intervenciones.

González ha apuntado además a la coordinación de los medios desplegados durante los incendios y ha puesto como ejemplo el episodio ocurrido el pasado 27 de julio, cuando, según su versión, un operativo que inicialmente se dirigía a Ávila fue movilizado hacia León. Para el socialista, este tipo de situaciones evidenciarían una falta de dirección política y técnica.

El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista ha cuestionado también el mantenimiento de las labores de prevención en torno a determinadas instalaciones fotovoltaicas. Según ha explicado, su grupo ha registrado preguntas parlamentarias para conocer si algunos incendios se han originado en estos entornos y si las empresas concesionarias están cumpliendo con la obligación de mantener limpios sus perímetros.

Anuncio para encontrar a un jefe técnico

González ha calificado como “la gota que colma el vaso” que, después del gran incendio declarado en Burgohondo (Ávila), la Junta se encuentre buscando un jefe técnico para el Servicio de Incendios Forestales. El puesto quedó vacante tras el nombramiento del anterior responsable, Ángel Sánchez, como director general, según ha explicado el dirigente socialista y no fue hasta este lunes 17 de agosto que la Junta no publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León el anuncio para cubrir el puesto.

El PSOE considera que la Administración autonómica conocía esta circunstancia desde el mes de junio y entiende que no existe justificación para que la plaza continúe pendiente de cubrir.

Ante esta situación, los socialistas han registrado en las Cortes una solicitud de comparecencia de la consejera de Medio Ambiente, María González Corral, para que explique la gestión del operativo durante este verano y dé cuenta de las cuestiones planteadas por la formación.

Los socialistas también van a plantear a la consejera si la Junta tiene previsto personarse como acusación particular en los procedimientos judiciales relacionados con los incendios que, según la investigación, pudieran haber sido provocados, como adelantó en el incendio de Burgohondo el propio Mañueco.

El PSOE cuestiona el concierto de Aguilar

El PSOE también ha cargado contra la segunda edición del festival 'Música en la Montaña Palentina', celebrado el pasado 8 de agosto en la playa de la Virgen del Llano de Aguilar de Campoo, con un escenario flotante instalado en el embalse.

El procurador socialista por Palencia y coordinador de Agricultura, Miguel Ángel Blanco, ha defendido que la combinación de cultura y naturaleza puede servir para promocionar los espacios naturales de la provincia, pero ha cuestionado la forma en la que la Junta y el Ayuntamiento de Aguilar han planteado el evento.

Según Blanco, el concierto no habría generado el retorno económico esperado en la Montaña Palentina y tampoco, a su juicio, en el propio municipio de Aguilar, pese a la celebración del evento.

Los socialistas han criticado que se haya vuelto a utilizar el entorno del embalse después de que la Confederación Hidrográfica del Duero sancionara a la Administración autonómica en 2025 por la instalación de la plataforma, según ha señalado el partido.

Blanco ha planteado que el festival podría haberse trasladado a otros puntos de la Montaña Palentina, como Cervera de Pisuerga, La Pernía o Velilla del Río Carrión, y ha cuestionado que se haya optado nuevamente por Aguilar de Campoo.

El PSOE ha cifrado en 300.000 euros el coste del evento y considera que esos recursos podrían haberse destinado a reforzar el dispositivo de prevención de incendios. En concreto, Blanco ha apuntado a las dos brigadas que, según ha apuntado, han desarrollado labores de prevención durante el invierno en el Parque Natural de la Montaña Palentina.

Los socialistas han registrado además una batería de preguntas en las Cortes para conocer la documentación administrativa relacionada con el festival, entre ella las autorizaciones y los informes necesarios para la celebración del evento.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha propuesto un plan director de gestión forestal y de recuperación ambiental, junto a otro de desarrollo comarcal del Valle del Tiétar, al sur de la provincia abulense, tras el incendio de Burgohondo (Ávila).

Martínez ha transmitido estas propuestas a los periodistas en Piedralaves (Ávila), una de las afectadas por el mayor incendio de la historia de España, que actualmente se encuentra estabilizado, tras haber arrasado más de 50.000 hectáreas desde que se declaró el pasado 22 de julio.

Tras reunirse con colectivos y antes de visitar otros de los municipios afectados del Valle del Tiétar, el líder de los socialistas de la Comunidad ha lamentado que “cuando el fuego se ha extinguido -está estabilizado-, comenzaron las vacaciones del señor -Alfonso- Fernández Mañueco, pero el drama y los efectos del fuego continúan y están más vivos que nunca”.

Desde su punto de vista, “lo urgente y necesario” es afrontar las “consecuencias directas” del incendio, porque “ellas no se van de vacaciones”, de ahí que haya recordado la necesidad de actuar ante la llegada de las próximas lluvias.

“Ojalá lleguen pronto, pero no tanto como para que nos pillen sin los deberes hechos, una vez más”, ha dicho.

En este sentido, ha propuesto un “plan director de gestión forestal y de recuperación ambiental” para el que considera necesario contar con las asociaciones, la sociedad civil y los ayuntamientos, al ser “los más afectados” y los que “conocen el terreno, no se han ido de vacaciones, siguen a pie de fuego y pisando tierra quemada”.

Un documento técnico como punto de partida

Según Martínez, la reunión mantenida con diversos colectivos de esta zona del sur de la provincia de Ávila ha servido para acordar la elaboración de un “documento técnico” que sirva “de base” para que la Junta “haga sus deberes y, luego, lo ponga en marcha”.

Tras señalar que no se trata de “una hoja de ruta rígida”, el secretario general del PSOECyL ha pedido que se cuente en la elaboración del documento “con el conocimiento de los de los sectores tradicionales, de los que viven en la zona”.

Y ello, para que “no se plante ese pino tan maldito durante muchísimo tiempo, única y exclusivamente ese pino”, de manera que se empiece a hablar de “esa regeneración en mosaico que, a través de las especies autóctonas, puedan ser las que realmente recuperen en el medio y largo plazo una devastación como esta”.

En este contexto, Carlos Martínez considera que “lo más importante” para el Valle del Tiétar es un “plan de desarrollo comarcal”, que contribuya a “garantizar los derechos de ciudadanía”, a través del liderazgo del Gobierno autonómico, junto a la Diputación provincial y la participación de los ayuntamientos.

Martínez cree que ese plan debe abarcar cuestiones relacionadas con la educación, la movilidad, la protección social o la sanidad, con la reclamación del hospital comarcal del Valle del Tiétar a la cabeza, que a su juicio es “el símbolo no del abandono que están sufriendo” los vecinos de esta zona de Ávila.

Dicho plan de desarrollo comarcal debería “generar competitividad para el territorio, para poder generar empleo” en un territorio que en su opinión debe resultar “atractivo” para la implantación de las empresas, fijando así población.

“Pero sin derechos, sin la cobertura garantizada de los derechos es muy difícil”, ha concluido el secretario general del PSOECyL.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha pedido al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, no dejar “la silla vacía” de Castilla y León en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el próximo jueves, cuando abordará la situación de los menores migrantes que se encuentran en Ceuta.

Carlos Martínez ha reclamado a Mañueco que “recoja la tumbona y la toalla y se venga de las vacaciones” para dirigir la Comunidad autónoma en vez de que sea “Vox y ”la extrema derecha“ la que marque la agenda de la política autonómica en la materia.

El líder de los socialistas castellanos y leoneses se ha referido a la “crisis humanitaria y de seguridad” que se ha vivido en Ceuta y, frente a ella, el planteamiento de la Junta de Castilla y León ha sido el de hacer “una deserción de sus responsabilidad” al anunciar que no acudirán al encuentro entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas del próximo jueves.

Ha argumentado que si Mañueco es contrario a la ley de inmigración tiene que defender esa postura “precisamente en la conferencia sectorial” y, del mismo modo, ese es el marco para que diga si “discrepa de cuál va a ser redistribución de fondos, los mecanismos de financiación o cualquier otra circunstancia”.

“La respuesta no puede ser la deserción de sus responsabilidades, la respuesta no puede ser dejar la silla vacía ante un drama como éste”, ha declarado Carlos Martínez, que, además, ha hecho hincapié en que luego Castilla y León no puede pedir “colaboración y solidaridad” de otros territorios en materia de cohesión entre comunidades, cuando luego no ejerce esa cohesión dentro del Estado español ante una situación como la de Ceuta.

Por ello, ha pedido a Mañueco que asuma sus responsabilidades y acuda a la conferencia sectorial para defender los intereses de Castilla y León para “no pasar la vergüenza” de los últimos meses en los que la Comunidad tampoco ha acudido a otras sectoriales.

Carlos Martínez ha realizado estas declaraciones este lunes por la tarde en Fariza (Zamora), donde ha realizado una visita a la zona afectada por el incendio forestal de Fermoselle.

El PSOE de Castilla y León ha preguntado este lunes al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), si permitirá el “atropello político y jurídico” de su socio de gobierno, Vox, de suspender de formar inmediata las ayudas a las ONG que “favorezcan la inmigración ilegal” sin tener una “causa legal” al respecto, lo que sólo sucede en las “repúblicas bananeras”.

Así lo ha trasladado este lunes en rueda de prensa la portavoz socialista de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carmen Iglesias, en referencia al anuncio de Vox, que con “el oportunismo que le caracteriza” y tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta ha anunciado esa suspensión de ayudas inmediata y urgente a las ONG que “favorezcan la inmigración ilegal”.

Iglesias se ha preguntado dónde está la causa legal para suspender esas ayudas, ante lo que no cabe esgrimir, como ha hecho Vox, que están en el acuerdo de gobierno con el PP, ya que se requiere un informe jurídico que avale la medida.

“Nos hemos cansado de escuchar que todas las medidas se iban a tomar dentro de la legalidad, que todas iban a llevar su informe jurídico y que sepamos ese informe en este caso no existe”, ha cuestionado la parlamentaria socialista.

Arbitrariedad y amenaza

Además, Iglesias ha sostenido que un Gobierno responsable debe decir a qué entidades se refiere exactamente, ya que el vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán (Vox) “habla en abstracto”, lo que puede suponer una amenaza a todo el tercer sector o “peor aún, que van a actuar arbitrariamente, como ya hicieron en su momento en el Ayuntamiento de Burgos, en cuanto a si una entidad me gusta o no”.

La procuradora ha incidido en que Pollán tendrá que explicar si ha detectado alguna irregularidad a la que haya que poner remedio, ya que decir que porque se atiende a inmigrantes se favorece la inmigración irregular, es lo mismo “que decir que un hospital fomenta los accidentes de tráfico porque atiende a la gente herida o que los bomberos fomentan los incendios porque acuden a extinguirlos”.

“Nadie en su sano juicio confundiría actuar contra una consecuencia con provocar la causa”, ha reflexionado.

Contra la “caza de inmigrantes” de Vox

Iglesias ha rechazado la “retórica auténticamente fascista” del secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, cuando hablaba “de la caza de inmigrantes, de que hay que salir a cazarles a todos”, y que debería escandalizar a cualquier partido político, a cualquier formación política comprometida con la Constitución y con la convivencia.

En esa línea, ha preguntado a Mañueco y al PP si comparte y tolera ese discurso de Vox “para continuar gobernando”.

Las prisas en la “hoja de ruta” de la prioridad nacional

Y también ha recordado el anuncio de Vox de este lunes de que ha dado “órdenes a sus a sus Gobiernos autonómicos y ha acordado una hoja de ruta para eliminar la cita previa para establecer una ventanilla única para poner en marcha la prioridad nacional en las ayudas”.

“Nos preocupa enormemente esta situación porque parece que tienen mucha prisa en vender a su electorado algún logro; y nos parece un disparate ese anuncio en este momento, sin haber realizado otra serie de actuaciones como puede ser una reorganización de plantilla, un aumento de plantilla que será necesario, seguramente sin haber hablado de presupuestos y sin hacer una un desarrollo normativo de cambios procedimentales que haya que hacer”, ha concluido

La Junta de Castilla y León ha activado este jueves un plan extraordinario de ayudas para afrontar la reconstrucción de los municipios afectados por los grandes incendios forestales del verano. El programa, aprobado por el Consejo de Gobierno, contempla 42 medidas y una dotación inicial de entre 80 y 90 millones de euros, una cantidad que, según ha anunciado el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. Las líneas de ayudas, según ha afirmado, podrán ampliarse en función de las necesidades que vayan surgiendo durante los próximos meses.

El anuncio se ha producido desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en Navaluenga (Ávila), donde Mañueco ha comparecido junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que este anunciara el fin de la emergencia nacional por el incendio de Madrid y Ávila y confirmar que el incendio de Burgohondo se encuentra estabilizado. Pese a esa evolución favorable, ha insistido en que el despliegue de medios no se reducirá y que los trabajos continuarán sobre el terreno hasta garantizar el control definitivo del perímetro.

“La prioridad ahora es que quienes lo han perdido todo sepan que las administraciones van a estar a su lado”, trasladó el presidente autonómico, que quiso enviar un mensaje de apoyo a los vecinos del Alto Tiétar y de la comarca Alberche-Pinares, las dos zonas más castigadas por el fuego.

Las primeras medidas se centran en ayudas económicas de carácter inmediato. La Junta ha matizado que concederá 500 euros por unidad familiar a los empadronados que tuvieron que ser evacuados, una novedad respecto al año pasado.

Además se habilitará subvenciones de 5.500 euros para empresas, autónomos y agricultores que hayan sufrido daños como consecuencia de los incendios. Además, los ayuntamientos afectados también podrán acogerse a líneas específicas de apoyo para afrontar los primeros gastos derivados de la emergencia.

El plan incorpora igualmente compensaciones para el sector agrario y los apicultores, uno de los colectivos más perjudicados por la pérdida de explotaciones y superficie forestal. En paralelo, la próxima semana comenzarán las visitas técnicas a las viviendas dañadas para iniciar la retirada de escombros y acelerar las actuaciones que permitan su recuperación.

Protección de los recursos naturales

La protección de los recursos naturales constituye otro de los ejes del programa. El Ejecutivo autonómico prevé actuaciones para preservar los acuíferos, restaurar los hábitats afectados y favorecer la regeneración de las masas forestales arrasadas por las llamas, al tiempo que impulsará un plan específico para reactivar la economía y el turismo en las comarcas más castigadas por los incendios.

Aunque el foco principal sigue puesto en Ávila, las medidas también alcanzarán a las provincias de Zamora, León y Segovia, donde durante los últimos días también se han registrado incendios de especial relevancia.

Respecto a la situación de la emergencia, Mañueco ha indicado que durante la pasada noche la evolución de los incendios de Fermoselle y de la provincia de León fue favorable, aunque ha avisado de que el riesgo continúa siendo muy elevado debido a la cuarta ola de calor. Por ese motivo ha pedido extremar la precaución y recordó que, según los primeros indicios, el fuego declarado este miércoles en Fermoselle podría haberse originado por una imprudencia.

El presidente de la Junta ha querido reconocer la buena coordinación entre todas las administraciones y destacó el trabajo conjunto desarrollado por el operativo autonómico, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el resto de dispositivos desplegados durante las últimas jornadas.

Castilla y León pide al Gobierno la exención fiscal para las ayudas por los incendios

La Junta de Castilla y León ha enviado al Gobierno un escrito en el que pide que los ciudadanos beneficiados por las ayudas vinculadas a los incendios forestales para la rehabilitación de viviendas y otros ámbitos, aprobadas este jueves, estén exentas de la tributar por el IRPF y el Impuesto de Sociedades, informa EFE.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha reconocido que este mismo planteamiento fue realizado ante el Ministerio de Hacienda en dos ocasiones tras los incendios del pasado verano de 2025, y que fue rechazado por el Gobierno.

El portavoz ha aludido al precedente de la dana de Valencia -para la que sí hubo exenciones- para solicitar un cambio en la normativa, vía decreto, que permita a estos ciudadanos beneficiados por las ayudas no tener que tributar por esos ingresos.

La normativa prevé que en el caso de primeras viviendas las ayudas queden ya libres de tributación, pero ahora la Junta solicita que se extienda a todo tipo de viviendas radicadas en pueblos afectados por las llamas, que destinen ese dinero a la rehabilitación de esas viviendas dañadas.

Complemento a las ayudas por 'zona catastrófica'

Además de esta demanda, el Consejo de Gobierno de la Junta ha dado luz verde a otro acuerdo por el cual el Ejecutivo autonómico se compromete a asumir el 25 por ciento de las inversiones de ayuntamientos afectados por estos incendios y destinadas a rehabilitar espacios municipales.

De este modo se complementan las aportaciones del Gobierno central, que suelen ser del 50%, lo que dejaría a Ayuntamientos y Diputaciones el restante desembolso.

En concreto, esta decisión se refiere al Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado martes, 28 de julio, que declaró zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil ocurridas desde el 31 de marzo hasta el 27 de julio y que afecta a varias autonomías, entre ellas Castilla y León.

En el caso de la Junta, con el acuerdo aprobado hoy, compromete el 25 por ciento de financiación para obras que se ejecuten sobre las infraestructuras, equipamientos e instalaciones vinculadas a los servicios públicos esenciales municipales.

44 tipos de ayudas

El plan también contempla una batería de medidas para facilitar la recuperación de las viviendas dañadas. La Junta financiará la reconstrucción o reparación de los inmuebles afectados por el fuego, así como la reposición del mobiliario, electrodomésticos y enseres básicos que hayan quedado inutilizados. Además, mantendrá ayudas para sufragar el alojamiento temporal de las familias que no puedan regresar a sus casas mientras se completan las obras.

El sector primario concentrará otra parte importante de estas ayudas. El Ejecutivo autonómico prevé compensaciones para agricultores, ganaderos y apicultores por las pérdidas sufridas, además de ayudas para reconstruir instalaciones agrarias y apícolas, reparar vallados y garantizar el suministro de agua y alimentación al ganado en las explotaciones afectadas.

En el ámbito económico, el programa incorpora nuevas líneas de apoyo para favorecer la continuidad de autónomos y pequeñas empresas, facilitar la creación de nuevos negocios y reforzar la inversión empresarial en los municipios afectados. A ello se sumarán incentivos al empleo, financiación bonificada y medidas específicas para apoyar a los trabajadores y empresas que tengan que recurrir a expedientes temporales de regulación de empleo.

La recuperación también incluirá actuaciones sobre infraestructuras y el patrimonio natural. Entre ellas figuran la reparación de caminos rurales, redes de abastecimiento de agua, carreteras e instalaciones municipales, además de trabajos para restaurar los hábitats dañados, retirar la madera quemada y recuperar los espacios forestales. El plan se completará con medidas para impulsar el turismo y la actividad económica en las comarcas más castigadas por los incendios.

Además, la Junta ha acordado asumir el 25% de la financiación autonómica que corresponda a las entidades locales beneficiarias de las ayudas estatales por la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, con el objetivo de facilitar la reconstrucción de los municipios y aliviar el esfuerzo económico de los ayuntamientos.

El segundo gobierno de coalición de PP y Vox en Castilla y León vuelve a incrementar su número de altos cargos, que harán que por primera vez éstos sean más de un centenar. Este lunes un Consejo de Gobierno extraordinario, no comunicado previamente, ha aprobado la nueva estructura del gobierno autonómico, que superará la del primer gobierno con la extrema derecha (2022-2024) y el posterior del PP en solitario (2024-2026).

La Junta defiende que el nuevo organigrama responde a la necesidad de “dar un impulso decidido a la Comunidad” y adaptarse a “los nuevos retos tecnológicos, sociales y demográficos”. El resultado es una Administración autonómica con más altos cargos que la diseñada hace cuatro años tras el primer acuerdo de coalición entre PP y Vox, cuando entonces prometieron recortar el “gasto político” y en esta legislatura reducir las “trabas” burocráticas y reducir la administración.

El nuevo gobierno contará con al menos 105 personas como altos cargos: presidente, vicepresidenta, diez consejeros y consejeras (incluyendo vicepresidente); once viceconsejerías; diez secretarías generales; 63 direcciones generales o cargos asimilados y nueve delegados territoriales. En el último gobierno del PP este número de altos cargos era de 96, aunque solo se ocupaban 93, y en aquel primero de PP y Vox sumaron hasta 99, pese a que llegaron prometiendo que iban a rebajar los costes políticos.

Esto supone que el menos habrá nueve personas más como miembros del Gobierno respecto al último gobierno del PP de Mañueco en solitario. El récord de miembros del gobierno llegó a los 100 en el año 2023, cuando se creó el puesto de Delegado para el Corredor Atlántico que recayó en el exCiudadanos Luis Fuentes, que no se ha caracterizado por una intensa actividad, en un puesto que seguiré existiendo en el nuevo gobierno de coalición.

Las direcciones generales y cargos equivalentes pasan de 57 a 63, es decir, seis más que en el final la anterior legislatura, mientras que los viceconsejeros pasan de 10 a 11, manteniendo el número de secretarios generales, uno por consejería, y de delegados territoriales, uno por provincia.

La ampliación del Ejecutivo autonómico se traduce también en un aumento del coste, que se elevará en cerca de 700.000 euros más al año respecto al último gobierno de Mañueco, teniendo en cuenta el coste medio de los directores generales y viceconsejeros en el año 2026, disponible en el portal de transparencia de la Junta de Castilla y León.

En el inicio del año 2026 los 45 directores generales que tenía la Junta de Castilla y León en activo con el gobierno del PP de Mañueco en solitario tenían un sueldo medio bruto de 79.392,54 euros. En el caso de los viceconsejeros ascendía el sueldo medio bruto anual a 89.846,76 euros.

Las cifras son aproximadas ya que el sueldo de cada alto cargo depende también de si ejercía antes de funcionario y su categoría y carrera profesional, lo que conlleva que los salarios de los directores generales oscilaran este año 2026 entre los 95.512,66 y los 70.299,18 euros. Lo mismo pasa con las viceconsejerías, cuyos pagos del último gobierno del PP variaban entre los 108.355,58 y los 82.792,94 euros.

Una estructura en aumento

Si se comparan los cargos de este segundo gobierno de coalición con aquel primero del año 2022 con Juan García-Gallardo como vicepresidente la brecha es todavía mayor. El aumento de cargos se concentra especialmente en las direcciones generales, con nuevas áreas específicas como Administración Digital e Inteligencia Artificial, Desregulación, Prevención y Extinción de Incendios Forestales o Bienestar Educativo.

En 2022, Juan García-Gallardo, de Vox, llegó a una vicepresidencia sin cartera ejecutiva y con funciones limitadas, como la representación en el Comité Europeo de las Regiones. Junto al titular del Gabinete del Vicepresidente había a Dirección de Coordinación e Interacción Social —estos dos como figura de Secretario General— y una Dirección General de Relaciones con la Sociedad Civil.

Para esta legislatura, las dos vicepresidencias, ahora sí con competencias de gobierno aunque una sigue sin consejería, suman más una decena órganos directivos. La vicepresidencia primera de Pollán incorpora una Dirección de Coordinación Institucional y una Dirección de Estudios, además de Direcciones Generales de Desregulación, Familia, Juventud, Adicciones y Ayudas Sociales. En el caso de Isabel Blanco, que asume áreas de otras consejerías, tiene la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, el Comisionado para la Despoblación y Ordenación del Territorio, la Agencia de Protección Civil y Emergencias, y la Dirección General de la Mujer e Igualdad de Oportunidades.

La 'macroconsejería' de Sanidad y Bienestar Social, en la que repite de consejero Alejandro Vázquez concentra buena parte de ese aumento de órganos directivos. La integración de las competencias sanitarias con las relacionadas con mayores, discapacidad y dependencia obliga a rediseñar el departamento y explica buena parte del aumento del organigrama.

La consejería de Sanidad pasa a contar con dos viceconsejerías —Sanidad y Bienestar Social— y mantiene las direcciones generales de Salud Pública y de Planificación, Investigación e Innovación. A ellas se suman cuatro nuevas direcciones generales dentro de la Gerencia Regional de Salud después de dividir la antigua Dirección General de Asistencia Sanitaria y Humanización en dos órganos diferentes —Asistencia Sanitaria y Cuidados, por un lado, y Humanización, por otro— y crear otras dos áreas dedicadas a Salud Digital e Infraestructuras Sanitarias y a Calidad, Evaluación e Inspección Sanitaria.

Además, la Gerencia de Servicios Sociales separa en dos la antigua dirección que agrupaba las competencias de mayores, discapacidad y dependencia. Se crean la Dirección General de Personas Mayores y Personas con Discapacidad y la de Atención a la Dependencia.

La Junta, en un comunicado, explica que esta reorganización permitirá responder mejor al envejecimiento de la población, al aumento de las situaciones de dependencia y a la necesidad de coordinar los sistemas sanitario y social.

Nuevos cargos para Vox

Otra de las novedades de la legislatura es la creación de la consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, adscrita a la Vicepresidencia Primera que dirige Carlos Pollán, de Vox. Este área incorpora cargos como como la Dirección General de Desregulación, la Dirección General de Juventud, la Dirección de Coordinación Institucional y la Dirección de Estudios. A ellas se suman reformuladas la Dirección General de Familia; la de Ayudas Sociales y el Comisionado para las Adicciones. Las áreas de Mayores y Discapacidad se transfieren a Sanidad; y Mujer a Presidencia.

Agricultura, de Vox en 2022 y ahora en 2026, amplía sus competencias al incorporar áreas relacionadas con la política ambiental, la caza, la pesca y el medio rural. Si en 2022 había cuatro direcciones generales: la Industria y la Cadena Agroalimentarias, de Producción Agrícola y Ganadera, de Política Agraria Comunitaria (PAC), y de Desarrollo Rural, ahora serán seis sumando la Dirección General de Caza, Pesca y del Medio Rural y de la Dirección General de Política Ambiental

Por su parte, Cultura mantiene de forma idéntica sus cuatro direcciones generales al igual que en 2022, cuando también pertenecía a Vox: Patrimonio Cultural, de Políticas Culturales, de Turismo y de Deportes.

Más áreas para el PP

La digitalización es otro de los ámbitos que gana peso en la nueva estructura. La consejería de Movilidad, que lidera Cristina Sanchidrián, incorpora una Dirección General de Administración Digital e Inteligencia Artificial, encargada de coordinar la estrategia autonómica en esta materia, la gobernanza del dato y la política de seguridad de la información. También se mantiene la figura del Delegado para el Corredor Atlántico y redes complementarias.

En Medio Ambiente, el Ejecutivo separa por primera vez la Prevención y Extinción de Incendios Forestales en una dirección general específica e incorpora además las competencias de Energía y Minas, hasta ahora dependientes de Economía y Hacienda. Educación también modifica su estructura con la creación de una Dirección General de Bienestar Educativo. Pero se mantiene una Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal donde antes estaba la extinción de incendios y que se queda sin sellas.

La consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, que en 2022 estaba en manos de Vox como Industria, Comercio y Empleo incorpora la Dirección de Universidades e Investigación que procede de Educación.

Presidencia y Economía y Hacienda reducen sus altos cargos

La consejería de la Presidencia constituye la principal excepción. Aunque pasa a integrar centros directivos dependientes tanto de la Presidencia de Alfonso Fernández Mañueco como de la nueva Vicepresidencia Segunda de Isabel Blanco—entre ellos Vivienda, Protección Civil, Mujer o el Comisionado para la Despoblación—, reduce parte de su estructura propia mediante la fusión de varios órganos.

Desaparecen como departamentos independientes Acción Exterior y Relaciones Institucionales, que pasan a integrarse en una única dirección general, y también se unifican Transparencia y Atención al Ciudadano. Según la Junta, estas decisiones buscan mejorar la coordinación y ganar eficiencia administrativa, aunque Vox ya ha avisado, como recoge el pacto de Gobierno, que será competencia suya revisar la Acción Exterior y las subvenciones que se dan a ONGs.

Otra consejería que pierde una dirección general es Economía y Hacienda. El área de Carlos Fernández Carriedo se desprende de Energía y Minas, que se va a Medio Ambiente, y pasa ahora a tener cinco: Tributos y Financiación Autonómica; de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística; Intervención General de la Administración de la Comunidad; del Tesoro y de Política Financiera; Política Económica y Competitividad.

El nuevo Gobierno de Castilla y León tendrá inicialmente hasta diez viceconsejerías, una más que en el arranque de la anterior legislatura, para reforzar algunas de las áreas clave de las diez consejerías, aunque no todos los departamentos se dotan de esta estructura. Además, el Consejo de Gobierno ha nombrado este jueves a cuatro nuevos viceconsejeros y ha ratificado a otros dos, que incluyen a los de Sanidad y Bienestar Social, Álvaro Muñoz Galindo y Esperanza Vázquez, que además acumulan los cargos de las correspondientes gerencias en esas materias.

El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha publicado este jueves el decreto por el que se crean y regulan estas diez viceconsejerías, adscritas a las Consejerías de Presidencia; Economía y Hacienda; Industria, Universidades, Empleo y Comercio; Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Medio Ambiente y Energía; Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; Sanidad y Bienestar Social; y Cultura, Turismo y Deportes.

El decreto busca una “eficaz acción de gobierno”, según detalla el texto firmado por Mañueco, quien en primer lugar crea la Viceconsejería de Administraciones Públicas, Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano, adscrita a la Consejería de la Presidencia y con similares atribuciones a las existentes sobre estas materias en la anterior legislatura.

En segundo lugar, se crea la Viceconsejería de Economía y Competitividad, adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda e idéntica a la ya existente en la anterior legislatura, por lo que mantiene el control de la gestión del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. De la nueva Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio dependerá la Viceconsejería de Dinamización Industrial y Laboral, que se hará cargo, entre otras funciones, de las vinculadas al diálogo social con sindicatos y patronal y de gestionar el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

Viceconsejería de Familia y Ayudas Sociales

Dentro de la nueva Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, que dirigirá el vicepresidente primero Carlos Pollán (Vox), se crea la Viceconsejería de Familia y Ayudas Sociales. En quinto lugar, el decreto establece la creación de la nueva Viceconsejería de Medio Ambiente y Energía, adscrita a la Consejería del mismo nombre, con competencias en materia de prevención y extinción de incendios, entre otras, además de gestionar el Ente Regional de la Energía de Castilla y León.

En el caso de la Viceconsejería de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, gestionará esas dos áreas de la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, por lo que limitará sus acciones a las materias de telecomunicaciones y sociedad de la información; red informática corporativa; e inteligencia artificial, sin incluir la movilidad.

Por otra parte, la Viceconsejería de Política Agraria Comunitaria y Medio Rural, existente ya en la anterior legislatura, queda adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, por lo que realizará, entre otras funciones, el seguimiento de las actuaciones e intervenciones para la ejecución de las ayudas de la Unión Europea financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Además, se adscribe a esta Viceconsejería el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

Dos viceconsejerías en Sanidad

En el caso de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, se desdobla en sendas Viceconsejerías de Sanidad, de la que dependerá la Gerencia Regional de Salud, y de Bienestar Social, a la que se adscribe la Gerencia Regional de Servicios Sociales de Castilla y León. Por último, se mantiene en la estructura de viceconsejerías la de Acción Cultural, dentro de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.

Cuatro nuevos viceconsejeros

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que José Miguel de Elías se ocupará de la Viceconsejería de Administraciones Públicas, Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano, y acumula las dos viceconsejería que tenía la Consejería de la Presidencia en la anterior legislatura.

Continua en su cargo como viceconsejero de Economía y Competitividad Carlos Martín Tobalina, dentro de la Consejería de Economía y Hacienda; y en la Consejería de Medio Ambiente y Energía el viceconsejero será José Llorente Cachorro. En el caso de la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial sigue en su cargo y no tiene que ser nombrado, Luis Enrique Ortega Arnaiz.

En la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, habrá dos viceconsejerías, la de Sanidad la ocupará Álvaro Muñoz Galindo, que además tendrá la responsabilidad de gerente regional de Salud, cargos independientes en la anterior legislatura. Y de la misma forma, Esperanza Vázquez será viceconsejera de Bienestar Social, Esperanza Vázquez Bollero, que también desempeñará la gerencia regional de Servicios Sociales de Castilla y León, que ya llevaba en la anterior legislatura.

Cese de la gerente regional de Salud

De forma paralela, se produce el cese de María Jesús Violeta Martínez, como gerente regional de Salud, y de Jesús García Cruces, como viceconsejero de Asistencia Sanitaria, a los que Carriedo les ha agradecido su colaboración y desempeño.

La idea es completar en los próximos días, quizá en la próxima sesión del Consejo de Gobierno, las viceconsejerías que están todavía vacantes, tomando la decisión sobre la continuidad de los miembros o algunas modificaciones que les iríamos informando a este respecto.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha aprovechado este viernes el inicio de las obras del nuevo aparcamiento de la estación de Valladolid-Campo Grande cargar contra al Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León por el futuro ferroviario de la ciudad. El exalcalde de la ciudad ha acusado al actual regidor, Jesús Julio Carnero, y al presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, de haber “echado el cerrojo” a Valladolid al bloquear proyectos vinculados a la integración ferroviaria.

“Normalmente, cuando algo está bloqueado, uno se pregunta quién tiene la llave. Y aquí los que tienen la llave han decidido echarle el cerrojo a nuestra ciudad”, ha afirmado Puente.

La visita tenía como objetivo supervisar el arranque de las obras del aparcamiento subterráneo de la futura estación que forma parte de la remodelación integral de Campo Grande. Puente, acompañado de representantes de su ministerio, de Renfe, Adif, subdelegado del Gobierno y del PSOE municipal, también ha introducido una cápsula del tiempo en la cimentación de la infraestructura.

Puente ha defendido que la ciudad ya tomó una decisión sobre el futuro de las vías del tren con la firma del convenio de integración ferroviaria de 2017 y ha explicado que el debate sobre el soterramiento solo está sirviendo para retrasar actuaciones ya proyectadas, financiadas e incluso aprobadas técnicamente. “La mejor estación no es la que desaparece, la mejor estación es la que conecta”, ha apuntado.

El ministro ha enumerado varios proyectos pendientes de ejecución, como los pasos de Ariza, la actuación de Arco de Ladrillo o la mejora del paso de San Isidro. Puente ha recordado que todos ellos existe financiación y que el único obstáculo es la falta de apoyo institucional por parte de Ayuntamiento y de la Junta. “Lo tienen todo. Informes favorables, autorizaciones, terrenos y financiación. Todo menos una cosa: el voto favorable de quienes quieren que las cosas no avancen”, ha criticado.

“Más cómodos en el debate que en la solución”

Puente ha criticado la defensa del soterramiento que tiene el PP , que fue una de las principales promesas electorales de Jesús Julio Carnero y una reivindicación compartida por la Junta. El alcalde llegó a prometer “irse” si no conseguía comenzar el soterramiento en esta legislatura.

El ministro ha reiterado que esa opción de “imposible”, con un coste que cifró en más de 2.000 millones de euros y un horizonte de ejecución de dos décadas. Frente a ello, ha reivindicado las obras que ya se han realizado y entrado en servicios y ha acusado a los responsables autonómicos y municipales de preferir mantener abierto el debate antes que ejecutar soluciones concretas.

“Viven más cómodos en el debate que en la solución, porque la solución les deja sin discurso”, afirmó.

Puente ha definido a Carnero y Mañueco dentro de la categoría de quienes “ponen palos en las ruedas”. “Respeto a los que tiran del carro, incluso a los que se suben a él o a los que se limitan a verlo pasar. Lo que me molesta es la cuarta categoría, los que ponen palos en las ruedas. Y a esa categoría pertenecen el máximo responsable de esta ciudad y el máximo responsable de esta comunidad autónoma”, ha asegurado.

La intervención concluyó con una reivindicación de las inversiones impulsadas por el Gobierno en Valladolid durante los últimos años y con un mensaje dirigido al nuevo Ejecutivo autonómico formado por PP y Vox. “Lo que ha traído el sanchismo a Valladolid es tangible, se puede ver y se puede tocar; lo que está por ver es lo que vaya a traer el mañuequismo y el carnerismo”, ha remachado.

Puente ha ironizado con el llamamiento del nuevo gobierno de Castilla y León de PP y Vox a “liberar Castilla y León del sanchismo”. Por ello ha cuestionado de qué habría que “liberar” Valladolid. En concreto, ha relatado varias actuaciones promovidas o financiadas por el Gobierno, entre ellas la nueva estación ferroviaria, la variante este para sacar mercancías del centro urbano, la futura Ciudad de la Justicia, la rehabilitación del barrio 29 de Octubre, los ascensores urbanos, la red pública de bicicletas Biki, los corredores verdes o distintas inversiones en movilidad sostenible y comercio de proximidad. También reivindicó las obras de la A-11, la A-60 y la nueva conexión ferroviaria de Olmedo,la ‘U’ de Olmedo, asegurando que la inversión estatal en la provincia se ha multiplicado en los últimos años.

“Si todo eso es el sanchismo, ¿de qué exactamente quieren liberar a Valladolid?”, ha ironizado el ministro. El líder socialista ha reclamado al Ejecutivo de Mañueco y Pollán que se ponga a trabajar en proyectos propios y ha adelantado que volverá a la provincia “pronto” para inaugurar varios tramos de la A-11 o para presentar el proyecto industrial “más importante para Castilla y León en más de 60 años”.

“Lo que ha traído el sanchismo a Valladolid es tangible, se puede ver y se puede tocar; lo que está por ver es lo que vaya a traer el mañuequismo y el carnerismo”, ha apostillado.

Ni la Junta ni el Ayuntamiento invitados

Paralelamente, mientras Puente visitaba las obras de la estación, tanto el presidente de la Junta como el alcalde de Valladolid se encontraba en la toma de posesión de la rectora de la Universidad de Valladolid. Preguntado por si había sido invitado por el Ministerio, Carnero ha negado que tanto el equipo de gobierno o el Ejecutivo autonómico hayan sido invitados.

“¿Usted me ve a mí con cara de ir a un sitio donde no me invitan?”, ha ironizado el regidor para señalar que por primera vez en la historia, la UVa va a tener una mujer al frente. “El sanchismo persiste en el levantamiento de esos muros”, ha aseverado. Fuentes del Ministerio del Transportes han confirmado a este medio que ambas administraciones no han sido invitadas.

Al conocer las palabras de Carnero, Puente ha respondido, vía mensaje de X, que el regidor tiene “recurrida la estación ante los tribunales y quiere que le invitemos a la puesta de la primera piedra. Si alguno le entiende le ruego que me lo explique”.

El conflicto sobre soterramiento e integración

El modelo de integración y de soterramiento se decidirá en los tribunales, o al menos la liquidación de la SVAV. En noviembre de 2025, Adif y Renfe denunciaron formalmente el convenio de integración ferroviaria vigente desde 2017 al considerar que los continuos rechazos y bloqueos del Ayuntamiento hacían imposible su desarrollo.

Durante aquella reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, llegó a acusar al Consistorio de intentar paralizar la integración para forzar una vuelta al proyecto de soterramiento, mientras el alcalde defendía que determinadas actuaciones podían provocar un “caos circulatorio” en la ciudad y reclamaba abrir una nueva etapa de diálogo para estudiar alternativas.

La ruptura dejó a Valladolid en una situación inédita: sin avances en el soterramiento que defienden Ayuntamiento y Junta, pero también sin la posibilidad de desarrollar el convenio de integración tal y como estaba concebido hasta entonces.

El pasado mes de mayo, la Audiencia Nacional rechazó las medidas cautelares solicitadas por la Junta de Castilla y León para paralizar la resolución del convenio impulsada por Adif.

El tribunal consideró que no existían riesgos inmediatos que justificaran suspender la decisión y señaló que los argumentos planteados por el Ejecutivo autonómico respondían a “escenarios hipotéticos o decisiones futuras”. Además, los magistrados apreciaron la existencia de “incumplimientos relevantes y reiterados” y destacaron la falta de voluntad común entre las partes para ejecutar las actuaciones previstas. Aunque el fondo está pendiente de resolución, el auto supuso un respaldo provisional a la posición defendida por el Ministerio.

El PSOE ha registrado este viernes en las Cortes de Castilla y León una proposición de ley para actualizar la Ley de Violencia de Género autonómica al Pacto de Estado nacional, pendiente desde 2010, y para que el PP, que gobierna con Vox, muestre su apoyo real a la lucha contra la violencia machista.

“El PP tiene ahora una oportunidad de oro para demostrar que verdaderamente está al lado de la democracia y de los derechos humanos”, ha asegurado la viceportavoz parlamentaria socialista, Patricia Gómez, durante la rueda de prensa posterior. Esta iniciativa amplía el concepto de violencia contra las mujeres con la inclusión de la violencia institucional, la vicaria o la económica y ha sido consensuada con los sindicatos y colectivos feministas, presentes durante el acto de presentación. El PP tenía una propuesta también, que finalmente no se votó en el parlamento autonómico, y Alfonso Fernández Mañueco emplazó a debatir en su siguiente mandato, que acaba de comenzar.

El nuevo texto también refuerza los recursos y protección de las víctimas, especialmente en el medio rural, y obliga a la Junta a aportar financiación propia, más allá de lo que invierta el Gobierno de España. “A día de hoy el señor Mañueco ha invertido cero euros en recursos propios para la lucha contra la violencia machista”, ha reprochado la secretaria de Igualdad autonómica del PSOE, Lorena Valle.

También incluye un reconocimiento expreso a los colectivos feministas y recupera la creación del Premio Nevenka Fernández, la exconcejala del PP víctima de acoso por el entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, condenado en 2002 por estos hechos, un galardón que ya se planteó en la proposición de ley socialista del pasado mandato y que no salió adelante por los votos en contra de PP y Vox. La Junta consideró que darle ese nombre a los premios sería “excluyente”.

Violencia institucional

Por su parte, Patricia Gómez ha insistido en que esta propuesta “no va en contra de nadie”, ha reconocido su orgullo porque sea la primera iniciativa registrada por su grupo en la legislatura y ha incidido en la violencia institucional que han sufrido las víctimas por parte de la Junta de Castilla y León.

En concreto, cuando tuvieron que escuchar al entonces vicepresidente autonómico, Juan Garcia-Gallardo (Vox), “las cuestionaba y les decía que la violencia de género no existe” en la legislatura anterior.

Además, ha recordado que esta norma en la Comunidad no se actualiza desde el año 2010 ni se ha desarrollado un reglamento y ha acusado al PP de no querer adaptar la norma al Pacto de Estado ni siquiera cuando gobernaba con Ciudadanos, en 2021.

Ha criticado que en la nueva configuración del gobierno de la Junta haya desaparecido la consejería dedicada a Igualdad -lo que implica que se debatirá en la Comisión de Presidencia de las Cortes, junto a otros temas- y ha acusado a los populares de no creer en la violencia de género.

Preguntada si se van a reunir con otros grupos parlamentarios para alcanzar la mayoría, Gómez ha afirmado “que cualquier grupo parlamentario que esté del lado de la democracia y de los derechos humanos es imposible que pueda rechazar esta proposición de ley”.

“Lo que no puede ser es que el Partido Popular quiera una ley a la demanda, a todo lo que a ellos les va bien. Esto no va de ellos, esto va de las víctimas de la violencia de género”, ha asegurado, tras indicar que su grupo sigue abierto al consenso con el resto de fuerzas.

Colectivos feministas

También han tomado la palabra algunos de los representantes de sindicatos y colectivos feministas que han participado en la nueva proposición de ley, como Nina Infante (Foro Feminista de Castilla y León) que ha recordado que el Convenio de Estambul también afecta a Castilla y León o Paula Alvarado (Coordinadora de Mujeres de Valladolid) que incidido en el reconocimiento de la libertad sexual en la proposición.

Yolanda Martín (CCOO CyL) ha recordado a las más de 1.300 víctimas mortales desde que hay registros y Laura Cornejo (APFCyL) apelado a la responsabilidad de los medios de comunicación ante los que niegan la violencia de género y la violencia institucional contra las mujeres.