La independencia de Bellaterra y su ansiada anexión a la vecina Sant Cugat del Vallès (Barcelona) presiden estos días todas las conversaciones entre los vecinos de esta urbanización, una de las más adineradas de Catalunya. “Sentimos abandono”, resumía este miércoles Chus Cornellana. Ella es una de las principales activistas por la separación de este vecindario del municipio al que pertenecen, Cerdanyola del Vallès, a quienes acusan de darles la espalda.

El proceso lleva años abierto, pero estos días ha escalado hasta incendiar la política local. El alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, ha acusado al Ayuntamiento de Sant Cugat de maniobrar de forma “desleal” para anexionarse Bellaterra, cuyos habitantes son mayoritariamente partidarios de cambiar de municipio.

Los residentes esgrimen razones de cercanía geográfica, movilidad y de falta de inversiones, pero desde el gobierno municipal de Cerdanyola denuncian que existe un sesgo de clase social: Bellaterra, la urbanización con más poder adquisitivo de la localidad, quiere unirse a Sant Cugat, uno de los municipios con mayor renta de Catalunya. “Puede que no lo digan, pero es el motivo más evidente y claro”, expresa sin ambages Cordón (PSC).

Desde el consistorio de Sant Cugat del Vallès responden, visiblemente molestos, que ellos no han intervenido en la vida política de Bellaterra. Y que se limitan a constatar la “viabilidad” de su integración en un informe encargado precisamente por Cerdanyola del Vallès, obligada por la Justicia a abrir un expediente de segregación después de que sus vecinos lograran las firmas necesarias en 2019. “Nosotros hemos sido respetuosos no, lo siguiente”, defiende Jordi Puigneró (Junts), teniente de alcaldía de Relaciones Institucionales de Sant Cugat.

Con 3.037 habitantes, Bellaterra es una apacible urbanización fundada en 1929 que se extiende al norte de la Sierra de Collserola. Desde 2010, su estatus es de Entidad Municipal Descentralizada (EMD), una forma semiautónoma de gobierno dentro de Cerdanyola. Pero de la ciudad a la que pertenecen la separan 5 kilómetros, con la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la autopista AP-7 y la carretera C-58 de por medio. La continuidad urbana sí existe en cambio con Sant Cugat, lo que hace que sus vecinos se sientan más integrados en la vida diaria de la localidad a la que ahora quieren sumarse. 

La plaza del Pi, al lado de la estación, concentra los pocos comercios del pueblo y ejerce como punto de encuentro diario para los vecinos. En la única cafetería, la Bonaparte, Elisenda, Chus y Desveus debaten sobre la posible anexión. Las dos primeras forman parte de Comisión Bellaterra És Sant Cugat. Su primer argumento es que la distancia física y la falta de conexiones de movilidad “no permiten” una buena gobernanza de la urbanización. 

“En 10 minutos llegas a Sant Cugat con los ferrocarriles, que además pasan cada 15 minutos, mientras que para ir a Cerdanyola los buses pasan con poca frecuencia, no ofrecen servicios los fines de semana y la escasez de paradas obliga a caminar largas distancias”, lamenta Chus. Un estudio de hábitos de consumo realizado por la EMD constató que un 60% de los habitantes de Bellaterra realizan la mayor parte de sus tareas diarias en Sant Cugat y que solo un 9% lo hace en Cerdanyola.

La cercanía y los transportes no son el único motivo. También aducen falta de inversiones por parte del consistorio, y en ese punto donde emergen los recelos sobre el poder adquisitivo de sus habitantes. Con una renta bruta per cápita de 45.599 y 50.459 euros (en sus dos secciones censales), están dentro del 1% más rico de España, y más cerca los 34.785 de Sant Cugat que de los 22.963 de Cerdanyola. 

Los vecinos niegan que sea la riqueza de Sant Cugat lo que les mueve. “El argumento sociodemográfico se utiliza de forma interesada. El Ayuntamiento de Cerdanyola nunca ha considerado a Bellaterra como una prioridad y ha usado la excusa de las rentas altas para no invertir en el municipio”, defiende Elisenda.

La opinión la comparten algunos de los jóvenes que han crecido en la localidad. “Las calles de la parte alta están dejadas, con los impuestos que pagamos deberíamos tener algo mejor”, afirma Jan, de 21 años, que opina sobre la anexión: “Peor que ahora no será”. 

Josep Maria Riba, presidente de la EMD, es más comedido, pero coincide al afirmar que faltan equipamientos y autogobierno. En el último informe sobre la separación que remitió a Cerdanyola, resumía las razones geográficas, administrativas, de movilidad y económicas. “El desconocimiento del grado de solidaridad económica de Bellaterra hacia el resto de Cerdanyola, unido a una carencia histórica de inversiones, favorece una percepción generalizada de que el retorno de los impuestos y tasas que se pagan es bajo”, reza el documento.

Del proceso histórico a las acusaciones políticas

Los vecinos de Bellaterra hace décadas que quieren dejar de pertenecer a Cerdanyola. Los primeros intentos de independizarse fueron en los 90, y la propia creación de la EMD, en 2010, fue un intento de acomodar sus aspiraciones de autogobierno. En 2015 celebraron una consulta ciudadana para separarse y el sí superó el 90%, pero la Generalitat lo rechazó e instó a que negociaran un nuevo convenio de autogobierno. Años después, a falta de que este se materializase, un grupo de vecinos volvió a la carga, pero esta vez para integrarse en Sant Cugat. 

Una campaña de recogida de firmas en 2019 logró que más del 60% del censo apoyara el cambio de municipio. Cerdanyola lo rechazó, pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dio la razón a Bellaterra y obligó al ayuntamiento a abrir un expediente de segregación, que es el que se está tramitando actualmente.

En este marco, Cerdanyola encargó un informe a Sant Cugat y a otras administraciones implicadas (la Diputación de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona o el Consejo Comarcal) sobre si la anexión cumple los requisitos necesarios en materia urbanística, demográfica, económica o jurídica. La conclusión es que sí, que no habría impedimentos técnicos, aunque algunos entes como la Diputación recomiendan que se lleve a cabo por consenso.

A partir de ahí, el Ayuntamiento de Cerdanyola debe cerrar el expediente, llevarlo a votación en el pleno y elevarlo a la Dirección General de la Administración Local, de la Generalitat, en seis meses para analizarlo todo. Finalmente, sería el Govern que preside Salvador Illa el que debería aprobarlo. 

Mientras tanto, la presentación en rueda de prensa del informe de Sant Cugat, donde gobierna Junts con ERC, ha desatado las quejas en la ciudad vecina, cuyo alcalde es del PSC. “Lo que criticamos es que ellos no van de cara, no nos quieren decir nada, y luego el 6 de enero por la noche su alcalde me manda un WhatsApp informándome de que van a aprobar el informe donde se avala la integración”, lamenta Cordón, que acusa al gobierno municipal vecino de “trabajar activamente” para anexionarse Bellaterra con reuniones con sus vecinos y asistiendo a sus plenos.

Puigneró, por su parte, insiste en que se han limitado a elaborar un informe encargado por Cerdanyola, y que la relación con los vecinos de Bellaterra era necesaria para ello. El teniente de alcaldía argumenta que deben ser los residentes en Bellaterra quienes decidan su futuro, y acusa a Cerdanyola de querer evitar una segregación que ya parece inevitable. “Si no quieren que se vayan, lo que deben hacer es arreglar sus problemas. ¿Por qué hace 25 años que se quieren ir? ¿Quizás porque hace 25 años que los maltratan?”, cuestiona Puigneró. 

Desde Cerdanyola, sin embargo, argumentan que la anexión abriría un “precedente” de desigualdad territorial. “Que núcleos con más poder adquisitivo se vayan juntando supone dejar de lado el modelo de igualdad y la sociedad de la redistribución que nos caracteriza”, expone el alcalde Cordón. 

Con unanimidad de todo el pleno de Cerdanyola en contra de este proceso, falta por ver cuáles serán las conclusiones del informe que su consistorio debe cerrar en las próximas semanas.

Uno de los puntos que pueden hacer descarrilar la anexión es el futuro de la EMD. “Perderla supondría la pérdida del acceso a subvenciones y de capacidad de gestión local”, advierte su presidente, Josep Maria Riba. Sin embargo, Cornellana y otros vecinos opinan que las consecuencias serían “prácticamente irrelevantes” por las “pocas competencias” de la entidad. Si consuman la separación, esto desaparecería, porque forma parte de un convenio con el Ayuntamiento de Cerdanyola. Sant Cugat podría plantearlo, pero el problema es que desde 2013 la reforma de la administración local del PP dificulta mucho más su creación. 

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este viernes la orden de la Consejería de Empleo por la que se convocan ayudas del Programa del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) destinadas a las entidades locales para la inserción laboral de 2.500 personas desempleadas en la realización de obras o servicios de interés general y social durante los años 2025 y 2026, por un importe de 25,8 millones de euros.

Podrán ser beneficiarias de las ayudas de esta orden, conocida como de Corporaciones Locales, todos los ayuntamientos, comarcas, mancomunidades, consorcios y otras agrupaciones locales de carácter vinculado supramunicipal que contraten desempleados para la ejecución de obras o la prestación de servicios de interés general y social y que gocen de capacidad técnica y de gestión suficientes para la ejecución del correspondiente proyecto.

Las personas que se podrán contratar con este tipo de ayudas serán desempleadas que estén inscritas como demandantes de empleo y servicios en las oficinas de empleo de Cantabria en el momento del sondeo y el día anterior a la contratación, según una relación de colectivos prioritarios fijados en la propia orden y en sus bases reguladoras.

Las oficinas de empleo serán las encargadas de enviar a cada entidad beneficiaria, siempre que sea posible, un listado de cuatro personas candidatas por puesto de trabajo, y las corporaciones podrán elegir entre dos procedimientos de contratación: encargarse de realizar la selección final de los candidatos o delegar esa función en la oficina de empleo correspondiente. No obstante, en todo caso, habrá de realizarse entre las personas preseleccionadas por la oficina de empleo.

Los contratos no podrán ser inferiores a tres meses ni superiores a seis, y los proyectos subvencionables deberán finalizar antes del 31 de julio de 2026.

Las subvenciones se destinarán a financiar los costes salariales y de Seguridad Social de los contratados, entendiendo como costes salariales las percepciones económicas de los trabajadores por la prestación de sus servicios, incluida la indemnización a la finalización del contrato legalmente establecida.

Los ayuntamientos podrán presentar una única solicitud con hasta seis proyectos y deberán presentar la documentación de manera obligatoria a través de la aplicación informática CONVOCA en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha destacado la importancia de estas ayudas para facilitar a las personas desempleadas y, en especial, a las que presentan mayores dificultades para conseguirlo, la experiencia laboral que requieren muchas empresas, lo que, en su opinión, supone “un gran impulso a su inserción laboral”.

“La adquisición de esta experiencia mediante la realización de obras o servicios de interés general y social, dentro del ámbito local, es uno de los pilares en los que se basa el posicionamiento de las personas desempleadas en el mercado de trabajo”, ha subrayado el consejero, quien ha puesto en valor el papel que desempeñan los programas experienciales dentro de las políticas activas del Gobierno de Cantabria “como uno de los instrumentos de la política de empleo para hacer frente a esa necesidad”.

Asimismo, ha destacado la colaboración de su departamento con las distintas entidades locales de la región para impulsar este tipo de programas de activación del empleo en la Comunidad Autónoma y ha puesto en valor el esfuerzo realizado por su departamento para resolver esta orden de ayudas “mucho antes”, en concreto, tres meses antes, que la convocatoria del año pasado, que se resolvió en el mes de marzo.

En un pleno ordinario muy bronco, el Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado este martes una declaración institucional por la que solicita la dimisión “en bloque” del Gobierno central y la convocatoria de elecciones generales.

La moción, propuesta por Vox, salió adelante con los tres votos de las concejalas del grupo municipal de extrema derecha que sumaron a su causa los 14 sufragios del Grupo Municipal Popular frente a los diez votos en contra de PSOE e IU-Convocatoria por Oviedo.

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, sostiene que exigir la dimisión del presidente del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, no se limita a un acto “simbólico” desde el consistorio.

Opina que es una forma de señalar que no acepta “el deterioro ético e institucional” al que se ha llegado, a su juicio, por los “escándalos de corrupción” que rodean a todo su entorno personal y a figuras “cercanas y claves” de su gabinete.

Peralta ha citado expresamente como ejemplos las investigaciones abiertas a su esposa Begoña Gómez, a su hermano David Sánchez, el caso Koldo y el papel del exministro José Luis Ábalos en el rescate de Air Europa.

Sus palabras han provocado la inmediata reacción del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carlos Fernández Llaneza, que en su turno de intervención ha rebatido con vehemencia las argumentaciones de Peralta y ha indicado que detrás de esta moción solo hay una intención de “agitar y crispar la política y la vida pública en España”.

El papel del PP

En una línea similar se ha pronunciado el concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, que ha llegado a cuestionar, en varios momentos del pleno, sobre cuál es el verdadero papel del Grupo Municipal Popular al aliarse en este tema con Vox: “¿Por qué esta iniciativa llega aquí al ayuntamiento con los votos del PP coincidiendo el mismo día en que Alberto Núñez Feijoo pidió al Gobierno que asuma la gestión de la emergencia en Valencia?”, ha interpelado.

Una pregunta a la que el portavoz del Grupo Municipal Popular, Mario Arias, respondió así: “El PP está donde tiene que estar. Que esto se tenga que debatir hoy no es responsabilidad mía”. Recordó además que esta moción se aprobó en una comisión previa a “la desgracia” ocurrida en el Levante español.

Una sesión plenaria ordinaria que duró tres horas y media y que sirvió para escenificar, una vez más, la falta de consenso en muchos de los temas debatidos, especialmente en el referido a la declaración institucional para pedir la dimisión en bloque del Gobierno central y la convocatoria de nuevas elecciones generales en el país.

Con esta moción, el Ayuntamiento de Oviedo se erige en un ejemplo de la ética y moral que se le supone como administración pública, así como de la lucha contra la corrupción, mostrando al resto de nuestra región y a España que la honestidad, la ética, la moral y la transparencia están presentes en nuestra institución

Sonsoles Peralta — Portavoz del Grupo Municipal Vox

La portavoz de Vox repitió en varias ocasiones la palabra corrupción ligada al presidente del Gobierno y a todo su entorno y sostuvo la conveniencia de esta declaración institucional, en vez de recurrir a una moción de censura.

“La corrupción se ha convertido en el modus vivendi de Pedro Sánchez y de sus socios, de sus allegados y del Gobierno de la nación. Este entramado de malas prácticas que rodea el propio Sánchez y su círculo de confianza está teniendo efectos devastadores en la calidad de vida de los españoles y está poniendo en entredicho la credibilidad de las instituciones públicas que están al servicio de los ciudadanos”, ha afirmado.

Ha incidido en que cuando el Gobierno central “miente, oculta o manipula información”, engaña a toda la ciudadanía incluida la ovetense.

La argumentación de la moción

“Exigir el fin de este Gobierno es dar esperanza a muchos españoles que viven y vivimos entre la desesperanza y la desesperación. Nuestros ciudadanos deben sentirse protegidos mostrándoles que desde esta institución no vamos a permitir que su futuro esté en manos del gobierno más corrupto de la historia de nuestra nación”, ha añadido.

Con su moción, Vox estima que el Ayuntamiento de Oviedo se erige en un ejemplo de la ética y moral que se le supone como administración pública, así como de la lucha contra la corrupción, “mostrando al resto de nuestra región y a España que la honestidad, la ética, la moral y la transparencia están presentes en nuestra institución”.

El portavoz socialista ha criticado el posicionamiento de la “derecha radical que encarnan” con la única función de deslegitimar permanentemente las instituciones y pretender desgastar a un Gobierno que ha sido democráticamente elegido por la ciudadanía.

“Son ustedes, una vez más, instigadores de discursos de odio caracterizados por la intolerancia, el racismo y la homofobia. Protagonizan habitualmente el señalamiento a los más débiles culpabilizándolos de cualquier situación y simplificando al máximo su discurso para intentar sacar algún rédito político”, ha espetado el líder socialista a la portavoz de Vox.

"Son ustedes, los de Vox, instigadores de discursos de odio caracterizados por la intolerancia, el racismo y la homofobia. Protagonizan habitualmente el señalamiento a los más débiles culpabilizándolos de cualquier situación y simplificando al máximo su discurso para intentar sacar algún rédito político

Carlos Fernández Llaneza — Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Fernández Llaneza les ha acusado de ser “duros con los más vulnerables y blandos con los poderosos” y ha calificado sus argumentaciones como “sandeces” porque ha mantenido que cuando gobiernan en coalición con el PP demuestran “su incompetencia como ocurrió en comunidades autónomas donde a los pocos meses abandonan para retomar su irresponsabilidad habitual”.

“Por ejemplo -ha continuado el portavoz socialista- en la Comunidad Valenciana donde Vox, partido negacionista climático y sin experiencia previa, estuvo al frente de las Consejerías de Justicia e Interior. ¿Cuál fue su medida estrella?: Desmantelar la Unidad Valenciana de Emergencias creada por el anterior gobierno del PSOE y Compromís para coordinar catástrofes. Lo más preocupante es la estrategia de crispación que ustedes siguen y que es compartida por el PP”, ha aseverado.

El portavoz socialista ha culpado igualmente al PP de asumir buena parte de “la agenda y el discurso ultra” en lugar de ejercer como partido de centroderecha.

Los extremismos de la derecha

“Un PP que pacta con Vox de forma habitual y que ya ha llegado a no condenar estos días actos violentos protagonizados también por algunos de sus cachorros. El señor Canteli -en alusión al alcalde- y los concejales del PP son muleta de la ultraderecha y de sus socios reaccionarios. El PSOE ha reiterado su compromiso siempre y de forma inequívoca, con tres principios fundamentales en la lucha contra la corrupción. Colaboración con la justicia, transparencia absoluta y asunción de responsabilidades”, ha explicado Fernández Llaneza.

“¿Qué pintan ustedes de la mano con Vox aprobando mociones tan vomitivas como estas?. Si nos ponemos a hablar de corrupción, deberían hacérselo mirar, porque ustedes están en varias sentencias como organización criminal y no vamos a ir por ahí que eso ya es pasado pero van a tener la obligación de dirigir este país cuando toque, cuando los ciudadanos decidan. Y en este país no podemos permitirnos el lujo de correr hacia estos extremismos”, ha manifestado.

Sus palabras han provocado la inmediata reacción de Mario Arias que ha acusado a Fernández Llaneza de mentir y de hacerlo a sabiendas porque ha resaltado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ya había condenado los actos de violencia registrados al paso de la comitiva oficial en Valencia.

Hoy no procedía el debate de esta moción. Nosotros no íbamos a intervenir, solo a apoyarla, porque creo que va a haber muchas oportunidades. Nuestra posición es muy conocida porque hemos pedido la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones y eso no es ni ser muleta ni ser acompañante, ni legitimar el discurso de nadie

Mario Arias — Portavoz del Grupo Municipal Popular

“Hoy no procedía el debate de esta moción. Nosotros no íbamos a intervenir, solo a apoyarla, porque creo que va a haber muchas oportunidades pero nuestra posición es muy conocida porque hemos pedido la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones y eso no es ni ser muleta ni ser acompañante, ni legitimar el discurso de nadie”, ha recalcado el portavoz popular.

Por su parte, el concejal de IU-Convocatoria por Oviedo Alejandro Suárez ha acusado a Vox de querer degradar las instituciones y situarlas en el campo de la irracionalidad y en el campo de la extrema derecha. Ha apuntado además que lo que no se entiende porque “es ininteligible es qué pinta aquí el PP”.

Mario Arias ha replicado que “el PP está donde tiene que estar. Tú no me vas a decir ni a los del PP dónde tenemos que estar. Donde está el PP, lo decide el PP”, le ha contestado.

El portavoz del Grupo municipal Popular ha recordado a IU que la petición de dimisión ya la efectuó Núñez Feijoo en sede parlamentaria y también se ha dirigido al portavoz socialista para rememorar que en 2017 Sánchez pidió la dimisión de Mariano Rajoy por declarar como testigo en un procedimiento judicial.

“Es que hay que tener la cara como el cemento armado para venir a decir estas cosas aquí”, ha llegado a afirmar el portavoz popular.

En la misma sesión plenaria la corporación ha aprobado una partida de 220.000 euros que se destinarán a las entidades que están trabajando actualmente en las comunidades autónomas afectadas por la DANA. El consistorio tramitará, a través del órgano competente, una ayuda de emergencia por una cantidad aproximada de un euro por vecino de Oviedo

Solidaridad con los afectados por la DANA

Solo la catástrofe que ha provocado la DANA en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía había logrado concitar la unanimidad de todos los grupos municipales cuando al inicio de la sesión plenaria se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales y sus familiares.

En la misma sesión plenaria la corporación ha aprobado una partida de 220.000 euros que se destinarán a las entidades que están trabajando actualmente en las comunidades autónomas afectadas por la DANA.

En una declaración institucional, los grupos municipales muestran el “cariño y solidaridad” de los ovetenses a las personas afectadas y expresan su “más sentido pésame” a los familiares.

El ayuntamiento se pone de esta forma a disposición de las administraciones, de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de todas las instituciones democráticas para ayudar “en lo que fuera necesario a los territorios afectados”.

El consistorio tramitará, a través del órgano competente, una ayuda de emergencia por una cantidad aproximada de un euro por vecino de Oviedo.

Asimismo, se insta a que todas las administraciones públicas pongan en marcha las medidas necesarias para hacer frente a esta catástrofe, poniendo a disposición de los territorios afectados todos los recursos del Estado “con el fin -sostiene- de salvar vidas, atender a los heridos y dar el máximo apoyo material a todas las familias que han visto arrasados sus hogares y su modo de vida”.

El Ministerio de Hacienda ha decidido abrir la mano con las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos al retirar la exigencia de lograr superávit presupuestario en 2025 y 2026. Hasta ahora, los objetivos de estabilidad eran más rígidos, con una senda que imponía a las entidades locales gastar un 0,1% menos de sus recursos disponibles el próximo año y un 0,2% el siguiente, y a las Comunidades Autónomas un 0,1% en sendos ejercicios (siempre respecto al PIB).

En este momento, en el caso de las entidades locales, “con la nueva senda el objetivo es de equilibrio presupuestario para todo el periodo 2025-2027, lo que supone una décima más de margen [para gastar e invertir] en 2025 y dos décimas más de margen en 2026”, explica el Ministerio de Hacienda. En el caso de las Comunidades Autónomas, la nueva senda de estabilidad comunicada este lunes contempla un objetivo de déficit del -0,1% del PIB en 2025, 2026 y 2027. 

Exactamente, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha comunicado a las Comunidades en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que recibirán en 2025 147.412 millones de euros en concepto de entregas a cuenta [los recursos del Estado de los que dispondrán]. Se trata de un 9,5% más en recursos provenientes del Estado que las que recibieron en 2024, lo que supone un nuevo récord en financiación para las autonomías.

El Ministerio detallará las entregas a cuenta para cada Comunidad en una próxima reunión con los consejeros de Hacienda de cada región. Esta cifra es esencial para desarrollar los Presupuestos anuales. En esa nueva reunión, se conocerá también la liquidación del ejercicio anterior.

Previamente, la también ministra de Hacienda ha comunicado en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local que los ayuntamientos recibirán en 2025 unas entregas a cuenta récord de 26.893 millones de euros, un 13,1% más que en 2024, en un contexto en el que las Administraciones nunca habían recaudado tanto principalmente por el crecimiento económico, la creación de puestos de trabajo y la inflación.

“En total, incluyendo también la liquidación, las entidades locales recibirán 28.935 millones de euros en 2025, lo que supone la mayor financiación de su historia”, señala el Ministerio.

Reglas fiscales de la UE

El próximo año es el ejercicio del regreso de las reglas fiscales a la Unión Europea (UE), que obligan a España a dejar el déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos) en el 3% o por debajo, para lo que son cruciales todos los niveles de la Administración, desde la central, pasando por las regionales, hasta las corporaciones locales. El objetivo del Gobierno es dejar el déficit en el 2,5% del PIB en 2025.

“Se pueden reducir los desequilibrios sin recortes”, ha defendido Montero, quien ha destacado que desde 2020 ha bajado del 10% al 3,6% en 2023. La proyección es que se quede en el 3% en 2024. Y en 2025 todo el esfuerzo se lo cargará el Estado, “dando margen a las Comunidades y las entidades locales”.

Sin embargo, la cita de la ministra de Hacienda con las Comunidades (el Consejo de Política Fiscal) ha cobrado una importancia definitiva por la participación de la consellera de Economía de la Generalitat, Natàlia Mas. El año pasado se ausentó, pero en esta ocasión se ha presentado para defender la “financiación singular” de Catalunya, la pieza clave para que su partido, ERC, acuerde la investidura de Salvador Illa con el PSC.

La propuesta de Esquerra, que busca que la Generalitat se quede con el 100% de los ingresos del territorio al estilo del cupo vasco, está muy lejos del acuerdo al que se ha mostrado dispuesto a llegar el Ejecutivo de Pedros Sánchez, aunque Mas ha dicho que “Montero está de acuerdo con algunas cosas y con otras no”.

Mientras, buena parte del resto de Comunidades Autónomas “del régimen común” —la mayoría gobernadas por el PP, pero también Castilla-La Mancha (PSOE)— piden que se reconozca su propia singularidad y que se afronte la reforma del sistema financiación, que lleva 10 años caducado. Solo Euskadi y Navarra tienen conciertos propios.

La diferencia entre el “régimen común” y el “régimen foral” es que en el primero la Administración central recauda una gran parte de los impuestos (no todos, porque algunos están cedidos plenamente como sucesiones, patrimonio... otros parcialmente como el IRPF y algunos son propios o de las Administraciones Locales) y después los reparte [las entregas a cuenta] entre las Comunidades Autónomas para que financien sus competencias y algunas inversiones, según “un principio de solidaridad” entre las más ricas y las pobres.

En el segundo, la Comunidades Autónomas recaudan la mayor parte de los impuestos, financian todas sus competencias e inversiones y pagan una aportación al Estado (el conocido como 'cupo vasco' en el caso de Euskadi por los servicios que se pagan desde la Administración central, más una contribución 'solidaria' al Fondo de Compensación Interterritorial).

Los concejales socialistas Susana Madera y Alberto Pajares, que concentraban las carteras de mayor peso como Urbanismo y Hacienda, respectivamente, en la corporación municipal de Siero -el cuarto concejo asturiano- han anunciado que abandonan todas sus responsabilidades.

En ambos casos, su marcha del consistorio -anunciada con cuatro días de diferencia- ha pillado por sorpresa al alcalde, Ángel García 'Cepi', que se encontraba por razones de trabajo en Madrid. Ambas renuncias se harán efectivas en el pleno ordinario que el Ayuntamiento de Siero celebrará el próximo jueves, 30 de mayo.

En las pasadas elecciones de 2023, Susana Madera ocupaba el segundo puesto en la candidatura que encabezaba el alcalde y precedía en la lista a Alberto Pajares, por lo que ambos eran puntales fuertes en el equipo de gobierno. A pesar de que desde diversos medios se apunta a fuertes desavenencias entre los dos ediles con el alcalde, quien en los últimos meses ha mantenido enfrentamientos públicos con la Federación Socialista Asturiana (FSA), se ha quitado hierro al asunto y se niega cualquier tipo de crisis.

'Cepi' ha descartado este lunes que su marcha escenifique una crisis en el equipo de gobierno y advierte que su renuncia no supondrá alteraciones en el funcionamiento del día a día en el ayuntamiento.

“Nadie es imprescindible. El ayuntamiento sigue funcionando con normalidad y es bueno que en la política pase como en las empresas privadas, que hay gente que marcha y otra que viene. Yo crisis no tengo ninguna”, ha zanjado.

Susana Madera era hasta ahora la primera teniente de alcalde y responsable de las áreas de Urbanismo, Empresa y Fondos Europeos. El pasado día 16 anunció que se iba y que su nueva responsabilidad estaba en el gobierno regional. Se incorporará como jefa de gabinete de la vicepresidenta Gimena Llamedo.

Alberto Pajares hizo efectiva su renuncia al acta de concejal esta misma mañana a través del registro municipal. El alcalde ha admitido que se enteró por esta vía de que dejaba su responsabilidad como concejal de Hacienda.

'Cepi' ha agradecido a ambos su trabajo en la corporación y ha dedicado palabras más cariñosas hacia Pajares con el que trabajaba estrechamente desde 2015.

“Alberto es una persona en la que siempre he confiado muchísimo por su buen trabajo y su talante y es una pérdida que se va a notar. Yo lo lamento mucho porque ha sido muy importante en el proyecto de Siero estos años”, ha afirmado. 

Tras desearle “lo mejor”, ha dicho que a partir de ahora lo que toca es trabajar en la reestructuración. Lo primero que hará será hablar con los siguientes en la lista porque no sabe si querrán o no coger el acta.

“Yo estuve fuera hasta el viernes de noche que llegué de Madrid y no he tenido tiempo a pensar en cómo reorganizar el ayuntamiento”, ha explicado el alcalde que asistió a la capital española al III Foro de Inversión Empresarial “Asturias, tierra de oportunidades”, organizado por las Cámaras de Comercio.

“No hay crisis”, sostiene el alcalde

En su opinión, los ciudadanos de Siero no van a apreciar los cambios que se pongan en marcha con la reordenación de la estructura del equipo de gobierno: “Iremos viendo poco a poco cómo reordenar el ayuntamiento, con la garantía de que no se va a notar en absoluto. Es igual que cuando alguien se va de vacaciones y el alcalde asume las competencias hasta que se incorpora una persona. El ayuntamiento seguirá funcionando con normalidad”, ha ratificado. 

De forma clara y tajante ha incidido en que el ayuntamiento no está inmerso en una crisis por la renuncia de los dos ediles.

“Yo no tengo ninguna crisis. Hay unos compañeros que han decidido dejar el ayuntamiento por distintos motivos y entran otros y nadie es imprescindible. Solamente soy imprescindible para conmigo mismo, ni siquiera para el ayuntamiento”.

“También es un ejercicio de honestidad. Si uno está cansado o no se encuentra a gusto o por lo que sea en el ayuntamiento siempre estamos de paso, incluido el alcalde. No tengo ni una sola palabra mala que decir en los dos casos -ha añadido-, sino todo lo contrario y desearles lo mejor”.

'Cepi' sostiene que es bueno que en la política pase como en las empresas privadas, que haya gente que marcha y otra que llega: “Eso demuestra que en Siero somos más normales de lo que parece, todavía nos asemejamos más a una empresa que gestiona un importante municipio. Yo crisis no tengo ninguna”, ha reiterado.

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio continuará los próximos cuatro años, como la ha hecho desde 1979, contando con un alcalde socialista, José Ramón Martín Ardines, quien este sábado ha tomado posesión de su cargo como candidato de la formación más votada en los comicios del 28 de mayo al no haber conseguido ningún otro conformar mayoría absoluta.

El también secretario general del PSOE en el concejo, que gobernará, por lo tanto, en minoría, ha pedido colaboración para afrontar los retos y construir el futuro del municipio.

Martín Ardines fue investido alcalde del concejo en un pleno en el que estaban abiertas distintas opciones y en el que finalmente se presentaron otras tres candidaturas: la de Esther Cepedal, por parte de IU, Manuel Reinoso, de la Agrupación de Electores de San Martín, y la de José Manuel Pimentao, del PP.

Ardines contó con el apoyo de los seis ediles socialistas, mientras que la candidata de IU, Esther Cepedal, recibió igual número de apoyos, los cincos de su grupo municipal y el del edil de Arranca San Martín, mientras que la candidatura del PP fue votada por sus tres representantes y los dos de la Agrupación de Electores.

Tras agradecer los apoyos recibidos para hacer que el PSOE siga cuatro años más gobernando este municipio de la cuenca minera, el alcalde ha asegurado que el bastón de mando que hoy le han entregado “pesa por la carga emocional que tiene” ya que ha estado en manos socialistas desde la transición democrática.

En su opinión, no cree que los vecinos se hayan equivocado durante más de cuarenta años en los que han votado para contar con alcaldes socialistas “que hicieron todo lo posible para transformar el municipio” en el que aún hay retos y necesidades que espera abordar con la colaboración del resto de los grupos.

Cepedal asegura que hará una oposición constructiva, pero exigente

La portavoz de IU, Esther Cepedal, ha asegurado que mantendrá una “oposición constructiva pero exigente en beneficio del municipio”, y ha señalado que su objetivo principal pasa por un cambio en las políticas que favorezcan el desarrollo del concejo, sin rodeos, aprovechando sus recursos.

La alcaldía de este concejo había sido objeto de polémica entre socialistas e IU desde la celebración de las elecciones del 28 de mayo a raíz de que la coalición sólo se comprometiese a frenar ayuntamientos regidos por la derecha, pero no a que gobernase la lista progresista más votada en cada municipio.

En torno a la candidata de IU se había centrado la posibilidad de arrebatar la alcaldía a los socialistas, aunque para conseguirlo precisaba del apoyo de los tres concejales del PP, que finalmente optaron por presentar a su propio candidato tras ver rechazada su oferta para entrar en un gobierno de coalición.

El PP tendió la mano el sábado a IU para negociar un acuerdo de gobierno para los próximos cuatro años al considerar que un gobierno en minoría no ofrecía estabilidad y que era posible trabajar en coalición, propuesta que fue rechazada ayer por la militancia de la formación de izquierdas.

En los pasados comicios de mayo, los socialistas lograron seis de los 17 concejales en juego, dos menos de los que contaban en la anterior corporación municipal, en la que José Ramón Álvarez Fernández “Quirós” gobernó en minoría.

Convocatoria por San Martín mantiene los cinco ediles que IU tenía en la anterior corporación, mientras que la agrupación de electores obtuvo dos, Arranca San Martín, otro, y el PP tres, uno más que en la anterior corporación. Ciudadanos y Podemos no han obtenido representación en esta ocasión.

La declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria de la COVID-19 dejó en suspenso los plazos administrativos de todas las instituciones y paralizó el país con el objetivo de poner freno a la pandemia del coronavirus. Sin embargo, el Real Decreto aprobado por el Gobierno de España dejó una fórmula abierta para evitar perjuicios graves, una vía a la que se ha acogido la Consejería de Empleo y Políticas Sociales de Cantabria para acelerar los trámites de un programa que permitirá la contratación de 3.000 desempleados mediante una inversión inicial de 27 millones de euros.

A través de una resolución firmada por la consejera, Ana Belén Álvarez (PSOE), este miércoles 27 de mayo, y publicada en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de Cantabria (BOC), el Ejecutivo autonómico aprueba la no suspensión de plazos administrativos para la tramitación de la convocatoria para 2020 de las subvenciones del Programa de colaboración del Servicio Cántabro de Empleo con las corporaciones locales de la Comunidad Autónoma para la inserción laboral de personas desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general y social, durante la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas, una vez recabada la conformidad de todos los interesados en el procedimiento.

“Esta crisis sanitaria está teniendo un impacto directo en la economía y en la sociedad. La reducción de la actividad económica y social, aún de forma temporal, debido a las restricciones a la movilidad, ha afectado de lleno al mercado de trabajo. Muchos de los empleos que en esta época del año se creaban con el auge de actividad en el sector servicios y en el de la construcción, no se han materializado”, señala la Consejería en esta resolución.

Por ello, recuerda que “en estas circunstancias excepcionales, las políticas activas de empleo deben estar orientadas a proteger el nivel de empleo, ayudar a los más vulnerables y ofrecer oportunidades para la recualificación profesional”, y considera que una medida “adecuada” para ello es este programa conjunto con las corporaciones locales que se desarrolla desde hace varios años en Cantabria.

La convocatoria para 2020 de estas ayudas, a las que acceden miles de cántabros que firman contratos temporales en las administraciones públicas que presentan proyectos al programa, se encuentra sujeta a las determinaciones del estado de alarma, por lo que el plazo para la presentación de solicitudes, al estar los plazos suspendidos, no se podría iniciar hasta que no finalizara la prórroga.

Ahora, una vez recabada la conformidad de todas estas entidades, se ha procedido al levantamiento efectivo de la suspensión y a la publicación nuevamente del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria, abriendo a partir de ese momento el plazo para presentar la correspondiente solicitud, que será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria.

Inversión millonaria

La conocida como Orden de Corporaciones Locales cuenta para este ejercicio con una inversión global por parte de la Consejería de Empleo de 31 millones de euros en total, 27 para esta primera fase del programa y 4 más en una segunda convocatoria que, por primera vez, estará dedicada a la contratación de jóvenes y que también se publicará este año, tal y como estaba previsto.

A través de este programa el Servicio Cántabro de Empleo sufragará el 100% del gasto de todas las contrataciones realizadas por los ayuntamientos y mancomunidades, que en total pueden rondar las cerca de 3.000, según los cálculos de la Consejería.

La oposición municipal en Santander ha reaccionado de forma unánime y ha censurado la “negligencia” del equipo de Gobierno del PP que dirige Gema Igual tras conocer que el Ayuntamiento de la capital es el único de Cantabria que todavía no ha ejecutado el programa de ayudas puesto en marcha por el Gobierno autonómico para subvencionar a las administraciones locales la contratación de personas en situación de desempleo.

Esta decisión, adelantada en exclusiva por eldiario.es, supone que los santanderinos ya no podrán beneficiarse en su integridad de la subvención concedida el pasado mes de abril por la Consejería de Economía, que asciende a 2,2 millones de euros y que permitiría dar trabajo a aproximadamente 150 personas, y está muy cerca de perder totalmente esta cuantía económica por segunda ocasión consecutiva.

Para el portavoz del Grupo Municipal Regionalista, José María Fuentes-Pila, “este nuevo escándalo confirma que el equipo de Gobierno es hoy un problema para los santanderinos”. “En lugar de crear puestos de trabajo, el PP de Santander los destruye”, ha resumido el líder del PRC en la ciudad.

A su juicio, es “lamentable” que 131 personas no hayan podido tener un trabajo durante seis meses “por culpa de una alcaldesa y unos concejales que han demostrado sobradamente que no saben hacer su labor” y alrededor de 150 parados más ·estén a punto de perder la oportunidad d tenerlo“.

En este sentido, Fuentes-Pila ha considerado que esta legislatura es “la peor que se recuerda” en Santander: “No les vale con tirar millones de euros a la basura con proyectos concebidos en contra de toda la ciudad, como el Metro-TUS, es que además son incapaces de tramitar una orden de ayudas que viene directamente del Gobierno de Cantabria”, ha lamentado.

De perderse la ayuda, el portavoz regionalista cree que es “motivo de dimisión” de la concejal responsable, la edil de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial y vicepresidenta y consejera delegada de Santurban, Ana González Pescador. De hecho, el representante del PRC ha sostenido que “debía estar ya en su casa desde que se confirmó que el Ayuntamiento de todos los santanderinos contrató trabajadores en fraude de ley”.

“Incapacidad manifiesta”

En la misma línea se ha pronunciado el concejal de Izquierda Unida en Santander, Miguel Saro, para el que este nuevo problema en materia de contratación “pone de manifiesto la incapacidad del Ayuntamiento de Santander para gestionar recursos públicos y deja claro cuáles son sus objetivos en materia de empleo”.

“Cientos de familias no van a tener ningún tipo de ingreso por la falta de planificación en un área tan importante como el desempleo de larga duración, y es por su completa cerrazón a seguir utilizando Santurban para la contratación de parados con el programa de Corporaciones Locales, lo que está impidiendo en la práctica la contratación de estas personas”, ha subrayado Saro.

Fin de ciclo en la ciudad

Por su parte, Santander Sí Puede (SSP) ha vuelto a mostrar su “absoluto desconcierto” ante lo que califican de “nueva dejadez, intencionada o no”, del equipo de Gobierno de la ciudad y ha recalcado que “el cambio de ciclo en la ciudad está claro, pero el PP tendría que marcharse con más de dignidad y no haciendo daño a los vecinos”.

“No solo tenemos que pasar por la sanción de la Inspección de Trabajo por las prácticas irregulares que acumulaba Santurban, o por la pérdida del fondo de Garantía Juvenil, con casi 40 jóvenes que no han podido ser contratados. Además, seguimos sin emplear a quien más lo necesita por no saber resolver un problema de fondo que ha mantenido este Consistorio durante años: la contratación irregular de trabajadores por medio del programa de Corporaciones Locales”, ha señalado Susana Ruiz, portavoz del Comité Ciudadano.

En este caso, al partido municipalista le parece “especialmente sangrante” la posible pérdida de esta ayuda económica, ya que es recurrente. “El Ayuntamiento ya perdió la pasada subvención y se quedaron sin poder acceder a esos puestos de trabajo 131 personas, a las que tendremos que sumar las que no podrán ser contratadas estos meses. Una situación que debería hacer tambalear al equipo de Gobierno de Gema Igual, sino fuera porque ya está dando sus últimos estertores”, según Ruiz.

“La gente no se merece esto. Por muy agotadas que estén sus políticas, por muy de mudanza que se encuentren, deberían irse con un poco más de dignidad. Abandonar una ciudad es abandonar a sus habitantes. Centrar el fin de la legislatura en las obras y no en las personas da buena cuenta de quienes nos han estado gobernado estos 40 años”, ha concluido la representante de SSP.

“Un síntoma de la incompetencia del PP”

También se ha manifestado al respecto Podemos Santander, que pese a no contar actualmente con representación en el Consistorio, ha criticado la “irresponsabilidad” del Ayuntamiento al ser el único municipio de la comunidad autónoma que aún no ha ejecutado el programa de ayudas impulsado por el Ejecutivo regional para la contratación de personas en situación de desempleo.

Esta información, adelantada por eldiario.es, supone para la formación morada “un síntoma más de la incompetencia del equipo de Gobierno del Partido Popular a la hora de gobernar un municipio donde el 15,54% de sus habitantes se encuentra en desempleo; 11.636 personas que otra vez vuelven a ser las más perjudicadas por la ineficacia y la desidia”.

Para Alegría, “lo que debe hacer el Consistorio que preside Gema Igual es resolver el problema y buscar las vías adecuadas y legales para que decenas de personas no pierdan una oportunidad que podría ser significativa para que en un futuro puedan labrarse un futuro digno”.

El Ayuntamiento de Santander es el único de Cantabria que todavía no ha ejecutado el programa de ayudas puesto en marcha por el Gobierno autonómico para subvencionar a las administraciones locales la contratación de personas en situación de desempleo, y lo más probable es que no llegue a hacerlo y pierda nuevamente la subvención.

El Servicio Cántabro de Empleo ha confirmado a preguntas de eldiario.es que el Consistorio de la capital cántabra no ha remitido la relación de puestos de trabajo y la descripción de las tareas a realizar, un requisito previo imprescindible para poner en marcha los procesos de selección.

Esto implica que los santanderinos ya no podrán beneficiarse en su integridad de la subvención concedida el pasado mes de abril por la Consejería de Economía y Hacienda, que asciende a 2,2 millones de euros y que permitiría dar trabajo a aproximadamente 150 personas.

La Orden de Corporaciones Locales -así es como se llama este programa- sufraga la contratación de desempleados por un periodo máximo de seis meses, pero las bases establecen que los contratos deben finalizar como muy tarde el 31 de mayo, con lo que las incorporaciones deberían haberse realizado en este mes de diciembre para así aprovechar íntegramente la ayuda.

Aún así, el Ayuntamiento todavía está a tiempo de convocar las ofertas de empleo, si bien en caso de que el equipo de Gobierno que dirige Gema Igual (PP) se decida a hacerlo de forma inmediata, los santanderinos podrán beneficiarse de estos contratos laborales durante cuatro meses como máximo, ya que los ayuntamientos deben comunicar al Servicio Cántabro de Empleo el inicio de los procesos con al menos un mes de antelación. Es decir, cada empleado habría perdido dos meses de sueldo.

Sanción de Inspección de Trabajo

No es la primera vez que el Ayuntamiento de Santander renuncia a contratar a personas en situación de desempleo. El pasado mes de octubre, el Grupo Municipal Socialista denunció la pérdida de 378.000 euros, una cantidad que ya había sido ingresada en las arcas municipales y que el Consistorio tuvo que reintegrar. Este fondo de Garantía Juvenil hubiera permitido dar empleo a 38 jóvenes, según especificó el portavoz socialista, Pedro Casares, quien reprochó a la alcaldesa su “irresponsabilidad”.

La polémica en torno a estos programas que favorecen la inserción laboral se desató el año pasado, cuando el Ayuntamiento de Santander fue sancionado por la Inspección de Trabajo por cesión ilegal de trabajadores. Según quedó comprobado, el equipo de Gobierno utilizó a la empresa municipal Santurban como una agencia de trabajo temporal, mermando los derechos de 300 trabajadoras y trabajadores.

Pese a la sanción, el Ayuntamiento ha vuelto a concurrir a las dos siguientes convocatorias de Corporaciones Locales a través de Santurban, arriesgándose a ser sancionado de nuevo. Sin embargo, no ejecutó la convocatoria que se realizó a comienzos de este año, perdiendo la oportunidad de dar trabajo a 131 personas, y todo hace indicar que volverá a suceder lo mismo en esta ocasión.

Las críticas por la gestión del equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Santander como consecuencia de las presuntas contrataciones irregulares en la empresa pública Santurban, expedientada por la cesión ilegal de trabajadores, son unánimes y todas apuntan en la misma dirección: los partidos de la oposición culpan a la segunda teniente de alcalde y concejala de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial, Ana González Pescador.

Tras el último encuentro del Consejo de Administración de la sociedad municipal, celebrado a principios del mes de febrero y en el que los servicios jurídicos de Santurban explicaron que se habían iniciado los contactos para ofrecer un acuerdo económico a los afectados que habían reclamado judicialmente, reconociendo implícitamente las irregularidades, la situación se ha convertido en insostenible.

Según el concejal de Izquierda Unida en el Consistorio, Miguel Saro, la actuación del gobierno municipal en la gestión de los recursos públicos en materia de empleo es “un fiasco y un bochorno”, algo que, su juicio, se agrava con la actitud de la responsable de Empleo, que “se enroca en su postura de echar balones fuera y culpar de una práctica ilegal que ataca los derechos de los trabajadores al sindicato denunciante para vergüenza de los santanderinos”.

Para Saro, resulta “llamativo” que en el resto de municipios beneficiarios de estas ayudas cofinanciadas por el Servicio Cántabro de Empleo y el Fondo Social Europeo no existan los problemas que hay sobre la mesa en Santander por cesiones ilegales de trabajadores, siendo un Ayuntamiento con una capacidad de gestión muchas veces mayor que cualquier otro de Cantabria. “Estos hechos deberían hacer dudar a todos los vecinos sobre la competencia de la concejala Ana González Pescador”, ha valorado el edil de IU a preguntas de eldiario.es.

En su opinión, “de ahora en adelante cientos de desempleados santanderinos van a ver frustradas sus expectativas de contratación con arreglo al plan de corporaciones locales por los errores del Ayuntamiento, poniendo en riesgo el pan de muchas familias”. Por ello, desde IU reclaman al equipo de Gobierno que lidera Gema Igual (PP) que “ponga fin a sus prácticas irregulares” y “modifique sus procesos de contratación” para poder emplear a las personas previstas durante todo el ejercicio 2018, algo que a estas alturas está lejos de producirse.

De hecho, el equipo de Gobierno del PP ha paralizado la segunda ronda de contrataciones, que debería estar concluida a estas alturas y que iba a suponer la incorporación de otros 131 empleados. Dadas las circunstancias, y sin la certeza de que ese proceso pueda llevarse a cabo a tiempo por el horizonte judicial que tiene por delante el Ayuntamiento, lo más probable es que directamente se renuncie a llevarlo a la práctica para no agravar aún más la situación.

En la misma línea, el edil no adscrito Antonio Mantecón, portavoz del partido municipalista Santander Sí Puede, ha considerado que los últimos datos publicados por este periódico “son un reconocimiento implícito de las prácticas irregulares que en su momento denunciamos desde la oposición, una nueva demostración de que Santander está en manos de un grupo de ineptos sin ningún tipo de respeto por el cumplimiento de la legalidad”.

Ante este escenario, Mantecón ha lamentado que el resultado sea que el equipo de Gobierno haya puesto en peligro la continuidad de este programa, lo cual ha calificado como “un serio varapalo a la lucha contra el desempleo en Santander”. “La señora Pescador es una incompetente que debería irse sin necesidad de que pidamos su dimisión”, ha concluido el concejal de la oposición, que no descarta llevar a pleno este asunto en próximas convocatorias.

Además, el portavoz del PSOE en Santander, Pedro Casares, ha tachado de “muy grave” todo lo ocurrido en Santurban en los últimos meses. Según su interpretación, el hecho de que se inicien los trámites de negociación con los trabajadores “demuestra que los sindicatos tenían razón y la alcaldesa confirma con ello la veracidad de los hechos por los que están siendo investigados”.

“Es tan evidente la posible cesión ilegal de trabajadores que el Ayuntamiento no ha contratado a ninguno de los 131 desempleados que debieran estar ahora trabajando y el equipo de Gobierno del PP ha renunciado a contratarlos aunque no lo digan”, ha manifestado el concejal socialista.

Desfalco en Santurban

El conflicto en Santurban por las contrataciones mediante la orden de corporaciones locales no es la única polémica en la que se ha visto envuelta la empresa pública a lo largo de la presente legislatura. Previamente, la exconcejala de Empleo, Noelia Espinosa (PP), reconoció en 2016 ante la Audiencia Provincial de Cantabria haberse apropiado de 6.270 euros de la sociedad, aceptó la pena de un año de prisión por malversación de caudales públicos que le pedían tanto la Fiscalía como la acusación particular ejercida por el propio Consistorio y tuvo que dimitir a los pocos meses de asumir el cargo.

Espinosa, que no ingresó en prisión al no tener antecedentes penales, había pactado con anterioridad la condena, y posteriormente se limitó a rubricarla en los juzgados, sin hacer uso de su derecho a la última palabra. Además, quedó inhabilitada para el cargo de edil durante tres años.

Esta empresaria vinculada al sector del turismo entró a formar parte del Ayuntamiento de la capital cántabra tras las elecciones municipales celebradas en mayo de 2015. El exalcalde de la ciudad y actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (PP), le encomendó la responsabilidad de las áreas de Empleo y Desarrollo Empresarial.

Del mismo modo, fue nombrada consejera delegada de Santurban, la empresa pública vinculada a la Agencia de Desarrollo Local y en la cual se produjo posteriormente el desfalco. Tras su salida, fue Ana González Pescador, ahora en el centro de la polémica, quien asumió esas competencias.

Hace más de un mes que la Inspección de Trabajo abrió un acta de infracción contra Santurban y contra el Ayuntamiento de Santander por un posible caso de cesión ilegal de trabajadores y la empresa pública municipal aun no ha presentado las alegaciones oportunas, lo que está impidiendo que se avance en la tramitación del expediente y mantiene al mismo tiempo paralizadas las contrataciones temporales de 131 personas que debían haberse incorporado a trabajar para el Consistorio santanderino a comienzos de este mes. 

El caso está provocando el enfrentamiento político entre el Ayuntamiento de la capital y el Gobierno de Cantabria, quienes este lunes se han vuelto a acusar mutuamente de retrasar los trámites. La investigación partió de una denuncia presentada el pasado mes de septiembre por CCOO, la cual fue certificada por la Inspección de Trabajo del Gobierno de España el 11 de diciembre.

La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria ha señalado que la Dirección General de Trabajo no puede resolver el expediente mientras la empresa pública no presente sus alegaciones. “No puede acusarnos a nosotros de tenerlo paralizado cuando son ellos los que tienen que hacer los deberes”, han apuntado fuentes de la Consejería a este diario en respuesta a las declaraciones hechas por la concejala de Empleo del Consistorio, Ana González Pescador, quien en un comunicado había urgido al Gobierno cántabro a resolver la situación.

Desde el departamento que dirige Juan José Sota y del que depende la Dirección General de Trabajo han recordado que Santurban recibió más tarde que el Consistorio la notificación del acta de infracción porque “no quisieron recogerla las dos primeras veces”, lo que hizo que el Ayuntamiento la tuviese el 12 de diciembre y la empresa municipal el 5 de enero.

Igualmente, apuntan que el plazo legal para que Santurban presente alegaciones concluye este viernes.  Una vez superda esta fecha, el instructor del expediente se pondrá a trabajar para resolver en el sentido que corresponda, bien avalar la gestión municipal de programa de Corporaciones o sancionar en caso de que se determine que ha habido cesión ilegal de mano de obra.

“Cinismo del PP”

Por su parte, el portavoz socialista en Santander, Pedro Casares, ha reprochado al equipo de Gobierno su “cinismo” al instar a la Dirección General de Trabajo a resolver cuanto antes el expediente cuando la empresa pública aún no ha presentado sus alegaciones.

Según ha subrayado Casares, el equipo de gobierno “sabe perfectamente” que Inspección de Trabajo no puede resolver si falta documentación por aportar, por lo que ha considerado que la concejala de Empleo “actúa con absoluta irresponsabilidad”.

“Nada de esto habría ocurrido si todo se hubiera hecho conforme a ley y no existieran dudas sobre la cesión de trabajadores contratados a través del programa de Corporaciones Locales para cubrir otros servicios”, ha añadido el socialista, que ha recordado que el Ayuntamiento de Santander es “el único consistorio de Cantabria” que tiene un expediente abierto de infracción por cesión ilegal de trabajadores.

El secretario general del PSOE y portavoz municipal, Pedro Casares, denuncia el “desastre” del Ayuntamiento de Santander  para contratar a desempleados a través del Plan de Corporaciones Locales.

“¿Cómo quiere la alcaldesa que el Gobierno resuelva el acta de infracción abierta por la contratación de desempleados si ni tan siquiera Santurban ha enviado sus alegaciones”, se pregunta el edil, que asegura que Gema Igual quiere responsabilizar al Gobierno de un problema que solo y exclusivamente ha generado el PP con su gestión en el Ayuntamiento.

Casares pide a la regidora municipal “utilizar el sentido común y la responsabilidad antes de buscar culpables en terceros”. Así, le recuerda que todo esto ha ocurrido porque el equipo de Gobierno tomó la decisión de pagar a los trabajadores por debajo de convenio a través de  la empresa Santurban.

“Hoy el Ayuntamiento de Santander tiene pendiente resolver un expediente por cesión ilegal de trabajadores abierto por el Ministerio de Trabajo por la irresponsabilidad del Partido Popular, que pensó que nadie se daría cuenta de esta anomalía, con la que precarizan las condiciones de trabajo de las personas”, denuncia el líder socialista en la ciudad.

Para el edil, “es una vergüenza” porque, además, son programas para favorecer la empleabilidad de quienes más necesitan la ayuda y el esfuerzo de todas las administraciones para encontrar un empleo, como son los jóvenes y los parados de larga duración.

131 desempleados los perjudicados

El líder de los socialistas santanderinos cree que “ya no podrán ser contratados en la segunda fase del programa los 131 personas desempleadas que estaban previstas. Ellas son las víctimas de la nefasta gestión del PP, pagando las consecuencias de algo ajeno a ellas”.

Por ello, exige al equipo de Gobierno del PP que asuma su responsabilidad por no desarrollar este programa de forma adecuada, lo que ha derivado en un acta del Ministerio de Trabajo por cesión ilegal de trabajadores. 

“Es sorprendente además que el PP se permita reprochar algo a otras administradores cuando son ellos los que supuestamente se han saltado la ley”, ha asegurado el portavoz del PSOE. 

Por último, Pedro Casares considera que “lo coherente, y más en estos tiempos” es que todas las administraciones, y por supuesto el Ayuntamiento de Santander, buscaran fórmulas para mejorar el empleo, con salarios y condiciones dignas para los trabajadores y que recuperen derechos, pero “vemos que el Partido Popular hace todo lo contrario”.

Un total de 29 desempleados comenzarán a trabajar el próximo lunes, 21 de agosto, en el Ayuntamiento de Astillero gracias al programa de subvenciones a las corporaciones locales del Gobierno de Cantabria en coordinación con el Servicio Cántabro de Empleo.

Esta casi treintena de trabajadores se sumarán a los 11 de garantía juvenil que ya comenzaron su actividad el pasado 1 de agosto, y ambos grupos desempeñarán labores para el Ayuntamiento durante un periodo de seis meses.

Con motivo de su incorporación el próximo lunes, los desempleados seleccionados han sido recibidos por el alcalde de Astillero, Francisco Ortiz, y la concejala de Empleo, Belén Benito, junto a los responsables y jefes de servicio.

Los 29 seleccionados serán los encargados de llevar a cabo los proyectos de mantenimiento integral de estructuras deportivas, para lo cual se destinan 4 peones de mantenimiento, y el proyecto de recuperación y valoración de los espacios públicos desde la mejora de la accesibilidad, con la dotación de 25 trabajadores.

Ortiz ha destacado el esfuerzo económico que desde las administraciones locales y regional se hace en estos programas que permiten la reincorporación a la actividad laboral de aquellas personas que se encuentran en situación de desempleo, y ha animado a los seleccionados a que “sean responsables con esta oportunidad y no la desaprovechen”.

En cuanto a los proyectos destinados a personas desempleadas de larga duración, que será la siguiente remesa una vez concluidos estos primeros sesos meses, desarrollarán el programa de 'Dotación y mejoras de espacios e instalaciones públicas en el municipio', 'Astillero: municipio ambientalmente saludable', así como otro programa de 'Mantenimiento óptimo de las instalaciones deportivas'.

El Ayuntamiento de Polanco ha iniciado seis programas de empleo de Corporaciones Locales con la contratación de 48 personas en situación de paro, que durante los próximos seis meses llevarán a cabo diversas obras de interés social gracias a una subvención de 508.600 euros concedida por el Servicio Cántabro de Empleo (Emcan).

Estas primeras 48 personas prestarán servicio hasta enero de 2018, y a partir del próximo noviembre se les unirán otros siete empleados más que trabajarán en la continuidad del programa de limpieza de calles entre diciembre de 2017 y mayo de 2018, con lo cual la cifra total de contrataciones se elevará a 55, dos más que en 2016, ha informado el Consistorio en un comunicado.

De los seis proyectos puestos en marcha, dos van dirigidos a desempleados en general que trabajarán durante seis meses en la recuperación, revalorización y mantenimiento de espacios públicos y en la mejora y ampliación de la red de saneamiento del municipio, que en conjunto tienen un presupuesto de 198.300 euros

También se han iniciado tres proyectos específicos dirigidos a parados de parados de larga duración del municipio, que en conjunto suponen una inversión de 245.800 euros, mientras que el sexto va dirigido de forma especial a jóvenes inscritos en el programa de Garantía Juvenil, tiene un presupuesto de 64.500 euros y permite contratar a siete peones para realizar labores de mantenimiento y acondicionamiento de espacios y edificios públicos.

Así, se han iniciado las labores de mejora de la red de saneamiento entre el barrio San Pedro y el polígono de Rumoroso, además de la instalación de tuberías en Mijares para dar servicio a un grupo de viviendas y atender así una antigua reivindicación de los vecinos de la zona.

Asimismo, se está trabajando en la renovación de aceras en diversos puntos del municipio, entre ellos junto a la estación de Feve de Requejada para mejorar la seguridad de un paso existente, en la plaza de Pereda en Polanco para solucionar el deterioro causado por las raíces de unos árboles de gran porte, y en el albergue de peregrinos de Rolisas donde se llevan a cabo trabajos de mejora y la colación de pavimento en la entrada al inmueble.

En materia de limpieza de calles, este año se ha reforzado el servicio creado en 2016 aumentando de cuatro a siete los trabajadores destinados al mismo con dos cuadrillas, una de ellas dotada de bicicletas con un cubo que recorren Polanco, Requejada, Mar y Rinconeda, y otra de apoyo en los núcleos más grandes (Rinconeda, Polanco y Requejada) a la que se ha equipado con carros recogedores.

Además, se han formado cinco cuadrillas para la limpieza y desbrozado de cunetas que trabajan en Posadillo, Alto Pedroa, Rumoroso y Mar, así como otra más con tres trabajadores que llevan a cabo la limpieza de una finca en Requejada que se encuentra llena de maleza y que estaba generando continuas protestas vecinales.

Finalmente, se han creado tres cuadrillas que acaban de iniciar las labores de pintura de mobiliario urbano por todo el municipio, comenzado por Polanco, Rinconeda y Requejada, para continuar luego por el resto de pueblos, además de llevar a cabo trabajos en el colegio Pérez Galdós o la Casa de Cultura.

El Ayuntamiento ha destacado que “ha ido al máximo” de contratos permitidos por el Emcan, ya que el empleo “es una prioridad” para el equipo de Gobierno, por lo que se formalizarán ocho contrataciones más de las inicialmente previstas.

El Ayuntamiento de Torrelavega ha presentado a la convocatoria de subvenciones de Corporaciones Locales 2017 del Gobierno de Cantabria un total de nueve proyectos que permitirán la contratación de 85 personas durante un periodo de seis meses. El coste salarial de los mismos sería de 1,2 millones de euros, de esa cantidad el Gobierno de Cantabria aportaría 798.600 euros y el Ayuntamiento 453.605 euros.

Según ha explicado el alcalde, José Manuel Cruz Viadero, desde el equipo de gobierno PSOE-PRC se ha optado por presentar proyectos “de todo tipo” con “el máximo” de contrataciones que se puede, con el objetivo de “fomentar el empleo”, aunque sea de carácter temporal.

En la misma línea se ha expresado el concejal de Régimen Interior y Recursos Humanos, José Luis Urraca, quién ha subrayado “la apuesta” que se está realizando por “el fomento del empleo en condiciones dignas”.

Respecto a las características de los proyectos, han destacado algunas novedades, entre ellas que el proceso selectivo se realizará desde el Servicio Cántabro de Empleo y que se dirigirán a personas desempleadas con diferentes características: de larga duración, beneficiarias del sistema nacional de garantía juvenil, y desempleados en general.

Las primeras contrataciones se realizarán el 1 de agosto y las últimas el 1 de diciembre. Los servicios a los que se adscribirán serán servicios sociales, Agencia de Desarrollo Local, Biblioteca, Serca, Obras, Limpieza Viaria y Ferias y Mercados.

PROYECTOS PARA DIFERENTES COLECTIVOS

En cuanto a los proyectos dirigidos a personas desempleadas en general, es decir, inscritos como demandantes de empleo y servicios del SCE, se han diseñado tres.

Uno de ellos es de revaloración, recuperación y acondicionamiento de espacios para la formación, el empleo y el emprendimiento. El personal a contratar es 1 coordinador, 2 oficiales de albañilería y 7 operarios. La fecha de inicio prevista es el 1 de septiembre, y su duración, 6 meses.

Otro, es de protección y mantenimiento de espacios naturales, caminos, sendas y zona de arbolado del Ayuntamiento, con 20 trabajadores a contratar y fecha de inicio el 1 de diciembre, con una duración de 6 meses.

El tercero, se destina a la revaloración del espacio agropecuario y expositivo del Mercado Nacional de Ganados I. El personal a contratar es de 12 operarios; la fecha de inicio, el 1 de agosto y su duración, 6 meses.

Los proyectos destinados a personas desempleadas de larga duración (inscritas como demandantes de empleo y servicios en el SCE durante 360 días acumulables en un periodo de 18 meses) serán también tres.

Uno, de regeneración, embellecimiento y acondicionamiento de espacios degradados o sin uso, y dinamización ciudadana en el término municipal. El personal a contratar es de 2 oficiales conductores, un oficial carpintero y 5 operarios; y la fecha de inicio el 1 de agosto.

Otro es de regeneración, embellecimiento y acondicionamiento de espacios degradados o sin uso, y dinamización ciudadana. El personal a contratar es de 8 empleados, dos oficiales conductores, un oficial carpintero y cinco operarios. La fecha de inicio es el 1 de diciembre, y su duración de 6 meses.

El tercero es de revaloración del espacio agropecuario y expositivo del Mercado Nacional de Ganados II. Prevé contratar 12 operarios y la fecha de inicio es el 1 de diciembre, con una duración de seis meses.

Por último, hay un tercer bloque de proyectos para personas desempleadas beneficiarias del sistema nacional de garantía juvenil, inscritas como demandantes de empleo y servicios del SCE.

Uno de ellos es un itinerario de inserción social a partir de la economía solidaria y cooperativismo como elementos cohesionados del barrio. El personal a contratar es: 1 trabajador social, 4 educadores sociales y 1 auxiliar administrativo. La fecha de inicio es el 1 de agosto y su duración es de 6 meses.

Otro se refiere a la 'Revisión y expurgo de material librarlo y no librarlo. Actualización de fondos bibliográficos y audiovisuales de la Biblioteca Municipal Gabino Teira'. El personal a contratar es de dos auxiliares de biblioteca, y la fecha de inicio, el 1 de agosto, con una duración de seis meses.

El último es para la promoción y difusión de la recogida de residuos selectiva entre hostelería y ciudadanos, y el personal a contratar será 1 técnico y 7 agentes de información ambiental. La fecha de inicio será el 1 de agosto y su duración de 6 meses.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, acompañado por el director general del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), José Manuel Callejo, ha presentado este viernes la orden de ayudas a las Corporaciones Locales que este año contará con 31 millones de euros de presupuesto, con los que se podrá contratar, según sus estimaciones, a 3.240 personas.

El dirigente socialista ha señalado que este programa de colaboración tiene una “gran importancia social” dentro de las políticas activas de empleo para las corporaciones locales y, como novedad, ha destacado, además de seguir manteniendo como “objetivo primordial” la inserción de personas desempleadas de larga duración, “generar oportunidades de empleo para los jóvenes” en el marco del Plan de Garantía Juvenil.

“El perfil será mayoritariamente el de personas desempleadas de larga duración, priorizando a los mayores de 45 años que no perciban prestaciones ni subsidios de desempleo. Pero habrá una asignación de 4 millones de euros exclusivamente para la contratación de jóvenes menores de 30 años”, ha destacado Sota.

El consejero ha dicho que los 31 millones de euros se reparten en dos ejercicios (2017 y 2018) y se distribuirán en tres grupos de entidades: los municipios de la zona del Besaya, que como área de especial atención recibirá una asignación mayor que la que proporcionalmente le pudiera corresponder; el resto de municipios y las mancomunidades.

Una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) se abrirá un plazo de 10 días para presentar las solicitudes. Las entidades locales podrán presentar tres tipos de solicitudes, que van desde las que se destinan para proyectos a desempleados en general, de larga duración y para contratar exclusivamente a jóvenes en el marco de la Garantía Juvenil. Y por cada solicitud se podrán desarrollar, después, hasta tres proyectos.

El consejero ha manifestado que, en un plazo de menos de dos meses, tras la publicación de la orden en los próximos días, el Gobierno resolverá la convocatoria y con el nuevo procedimiento no se exigirá que las entidades locales presenten los proyectos de obras y servicios junto con la solicitud. Además, ha añadido que antes del verano y en unos “plazos razonables” cabe esperar que se inicien las primeras contrataciones, que podrán sucederse hasta el 31 de mayo de 2018.

El programa de Corporaciones Locales consiste en la financiación de los costes laborales y de la Seguridad Social generados por las contrataciones de desempleados llevadas a cabo por las corporaciones locales o entidades vinculadas a una administración local que resulten beneficiarias, para la ejecución de obras o servicios de interés general o social.

Balance del pasado año

El consejero ha resaltado que en la convocatoria de 2016, la primera aprobada en la vigente legislatura, “los objetivos se han cumplido” ya que fueron contratadas un total de 3.378 personas desempleadas, siendo el 48% (1.628) de más de 45 años (de larga duración) que no percibían prestaciones ni subsidios de desempleo.

El 32% tuvo una edad comprendida entre 31 y 44 años (1.083) y el 20% fueron jóvenes (667), de los cuales 1.811 fueron mujeres y 2.197 hombres. La inmensa mayoría, 2.006 personas, el 59%, tenían estudios básicos, frente a un 4% que tenían el bachiller, un 20% con título de formación profesional y un 17% de titulados universitarios. De todos ellos, una mayoría del 44%, 1.473 personas, llevaban más de 12 meses seguidos, sin interrupción ninguna, en paro.

Sota ha remarcado que según la definición que utiliza el Estado de parado de larga duración, 2.340 personas (69,27%) se encontraban en esa situación, es decir, llevaban más de 360 días en paro en los últimos 18 meses anteriores al contrato. De esta cifra, 368 personas percibían algún tipo de subsidio, pero 1.972 personas no percibían ni prestaciones ni subsidios, es decir, 1.972 personas desempleadas de larga duración sin protección.

El consejero ha destacado que del total de las 3.378 personas contratadas, 2.662, un 78,8%, no estaban percibiendo prestaciones en el momento en que fueron seleccionadas y “habían perdido toda esperanza de volver a tener un empleo”, por eso, “las políticas del Gobierno de Cantabria están encaminadas a no dejar a nadie atrás en la salida de la crisis económica”.

Sota ha recalcado que este programa se ha visto reforzado con el asesoramiento del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo a las entidades locales, lo que ha supuesto que al finalizar 2016 no se haya notificado ningún accidente calificado como grave, cuando en 2015 se habían contabilizado cuatro accidentes graves.

El alcalde de Astillero, Francisco Ortiz, ha recibido este lunes a los 33 desempleados seleccionados para llevar a cabo los proyectos que conforman la segunda fase de la convocatoria de Corporaciones Locales 2016.

Esta convocatoria se realiza en colaboración con el Servicio Cántabro de Empleo y está cofinanciada al 50% por el Fondo Social Europeo (PSE), a través del Programa Operativo Regional de Cantabria 2014-2020.

Ortiz ha agradecido a los trabajadores el interés por formar parte de esta iniciativa y les ha animado a esforzarse en la labor que van a desarrollar durante este periodo de contratación.

De octubre de 2016 a marzo de 2017 se llevarán a cabo dos proyectos: 'La conciliación de la vida laboral y familiar', para el que se ha contratado a un maestro de Infantil/Primaria y dos animadores socioculturales; y el proyecto 'Dotación y mejoras en espacios naturales públicos y en bienes e instalaciones municipales', que cuenta con un un arquitecto técnico, un topógrafo, cinco oficiales de albañilería, dos oficiales de pintura, un oficial de carpintería, un oficial de fontanería, un oficial forestal, siete peones de obra, tres peones de mantenimiento, cuatro peones forestales y cuatro peones de limpieza.

Dentro de la convocatoria de este año de Corporaciones Locales, el Ayuntamiento de Astillero ha contratado a un total de 65 personas para llevar a cabo cinco proyectos.

El Ayuntamiento de Santander se querellará contra la hasta ahora concejala de Empleo y Desarrollo Empresarial, Noelia Espinosa (PP), por un supuesto delito de apropiación indebida de más de 6.000 euros de fondos de la empresa pública Santurban.  

El alcalde de la ciudad, Íñigo de la Serna (PP), ha informado esta mañana a los grupos de la oposición y posteriormente ha comparecido en una rueda de prensa convocada con carácter de urgencia para dar explicaciones ante la opinión pública. El regidor municipal ha asegurado que conoció los hechos este pasado fin de semana y ha forzado a primera hora de este lunes la dimisión de Espinosa, que ha reconocido la situación y ha firmado la carta de renuncia.

De la Serna ha señalado que el Consistorio presentará una demanda ante la Fiscalía y dará a conocer los hechos al Tribunal de Cuentas, además de insistir en que se han retirado todas las responsabilidades y poderes a Espinosa, quien ha cesado como concejala y consejera delegada de la empresa pública Santurban.  

Según ha detallado el alcalde, el desvío de fondos se habría realizado a través de pagos a una asesoría laboral externa, que la concejala había bloqueado y desviado a sus propias cuentas desde octubre de 2015, pocos meses después de que tomara posesión de su cargo. Alrededor del mediodía, la concejala había ingresado 3.000 euros en la cuenta de Santurban, casi la mitad de lo que se habría apropiado desde el pasado mes de octubre y hasta mayo de este año.

De la Serna, que ha desvelado como posible causa los “problemas económicos” de la edil y ha dado a conocer “su intención de devolver el dinero inmediatamente”, ha subrayado que, en todo caso, eso “no justifica nada”, y que todos los miembros del equipo de Gobierno “están destrozados”. “No hay justificación posible para lo que ha hecho”, ha subrayado el alcalde de Santander, quien ha insistido en que ha actuado “con la mayor firmeza y celeridad posible”.

“Es un día terrible. Espero que pase el día de hoy lo antes posible y después tomaré la decisión de quién tendrá a partir de ahora la responsabilidad en el área de Empleo”, ha indicado De la Serna, que ha calificado esta jornada como “la segunda peor” de su vida política, por detrás del día que fallecieron tres vecinos de la ciudad como consecuencia del derrumbe de un edificio en el Cabildo de Arriba.

El alcalde ha destacado los “filtros internos” y “mecanismos de control” que existen para alertar de posibles situaciones como la que tenido como protagonista a su edil de Empleo, con auditorías externas sobre las cuentas públicas de esta empresa municipal. De todas formas, ha anunciado que se realizará un “análisis en profundidad” para comprobar que la cantidad defraudada no es mayor de lo que se conoce hasta ahora y de que no se han producido ningún otro desvío de dinero.

Además, ha confirmado su “asombro y decepción” por la sustracción de estas cantidades por parte de Noelia Espinosa, -“un hecho que puede ser constitutivo de un delito”, ha recalcado- y ha lamentado el “mazazo tremendo” que ha supuesto para sus compañeros de partido en el Ayuntamiento de Santander, “gente sencilla, humilde y trabajadora que actúa con vocación de servicio público y absoluta honradez”.

El regidor popular, que también ha comunicado los hechos al presidente del PP de Cantabria, Ignacio Diego, y ha pedido la baja de Noelia Espinosa del partido, ha mandado un mensaje al resto de fuerzas políticas y ha dicho que “si alguno quiere utilizarlo en campaña, está en su derecho, pero que yo tengo la conciencia tranquila”. “Es una decisión que he tomado personalmente”, ha recalcado.

Breve paso por la política

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, Noelia Espinosa (Santander, 1976) es empresaria y esta legislatura ha sido su debut en política. En mayo de 2015 ocupó el puesto número 11 en las listas del PP, que obtuvo 13 representantes. 

El siguiente en la lista en los comicios del 24M fue Daniel Portilla, quien en la anterior legislatura fue responsable de Juventud y quien previsiblemente entrará a formar parte de la Corporación tras la renuncia de Espinosa, que deberá enfrentarse ahora a las consecuencias penales de sus actos durante su breve periodo como responsable política en el Ayuntamiento de Santander.

Los gastos investigados

De la Serna ha explicado que han sido los propios filtros de Santurban, una preauditoría anterior a la auditoría externa (la de 2015 comenzará en breve) la que ha detectado el agujero de 6.270 euros, correspondiente sobre todo a pagos mensuales de 530 euros no abonados a una asesoría con la que Santurban mantenía un contrato de carácter laboral.

El primer pago realizado mediante talón pero no recibido corresponde al mes de octubre de 2015 y el último a mayo, a los que se suman otros pagos por contingencias que no figuraban en el contrato con la citada empresa. También, una disposición de 300 euros para gastos que aún no ha justificado la edil.

Según el alcalde, la empresa reclamaba directamente el pago a la propia Espinosa como consejera delegada de Santurban, y la concejala utilizaba el talón porque “nadie desconfiaba de ella”, por lo que la situación ha podido prolongarse hasta ahora.

Así, este pasado domingo se puso en contacto con el director de los Servicios Jurídicos Municipales y a las ocho de la mañana del lunes ha convocado a Espinosa, quien ha reconocido los hechos y a la que ha dado la carta de renuncia al acta de concejal “que ha firmado inmediatamente”. También le ha pedido que firme su baja como afiliada del PP y que reembolse “inmediatamente” el dinero a Santurban, lo que ha hecho en la cantidad de 3.000 euros, por lo que restan de devolver otros 3.270.

Reacciones políticas

La primera reacción política ha llegado por parte del secretario general del PSOE y portavoz municipal, Pedro Casares, que ha calificado como “muy graves” los hechos conocidos este lunes y que han conllevado la dimisión de la concejala de Empleo del PP en el Ayuntamiento de Santander y su cese como consejera delegada de la empresa pública Santurban.

Casares ha considerado que lo primero que parece indicar es que el desvío de fondos realizado a través de pagos a una asesoría laboral externa “tenía voluntad de prolongarse en el tiempo, como cualquier trama de corrupción”, dado que los hechos “no son aislados” y “se producían sistemáticamente cada mes desde octubre del año pasado”.

“Queremos tener toda la información sobre los hechos, es necesario que sepamos si esto es un hecho aislado o hay un entramado más complejo que desconocemos” ha explicado el líder socialista, que anuncia que pedirá explicaciones exhaustivas e información pormenorizada. En este sentido, Casares ha asegurado que “es imposible dejar zanjado un tema así con una breve explicación” cuando una concejala había bloqueado y desviado a sus propias cuentas fondos de una empresa municipal sin control alguno.

“Solo con un compromiso claro de tolerancia cero contra la corrupción y a favor de la transparencia en el Ayuntamiento de Santander será posible que un concejal o concejala jamás se atreva a hacer uso de los fondos públicos para su beneficio personal”, ha concluido el edil socialista.

El Ayuntamiento de Noja podrá contratar a un total de 31 personas dentro de la convocatoria correspondiente a 2016 de subvenciones a las Corporaciones Locales tras recibir la confirmación por parte de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria.

El programa, que se realiza en colaboración con el Servicio Cántabro de Empleo (SCE) y la financiación al 50% del Fondo Social Europeo (FSE), ha sido dotado para su desarrollo de una subvención de algo más de 280.000€.

En concreto los proyectos aprobados son “Servicios integrales Parque Natural de Marismas Victoria y Joyel”, “Noja en buena compañía, programa de acompañamiento a mayores dependientes y menores” y el que comenzará en octubre denominado “Revalorización de los espacios públicos de Noja”.

Los perfiles que se requieren para estos proyectos serán dos ingenieros forestales, cinco oficiales de albañilería, dos peones de albañilería, seis peones forestales y cinco peones generales, dos educadores sociales, dos técnicos en educación, cuatro auxiliares de enfermería y tres cuidadores.

La preselección de candidatos será llevada a cabo por el Servicio Cántabro de Empleo a través de su oficina de Colindres.

Dos proyectos para poner en valor el municipio, el medio ambiente y uno más de tipo social, para ayudar a niños, jóvenes y personas mayores

El primero de los proyectos “Revalorización de los espacios públicos de Noja” tratará de poner en valor las dotaciones públicas del municipio, mientras el segundo, “servicios Integrales del Parque de las Marismas de Victoria y Joyel”, ligado al cuidado del medio ambiente, desarrollará un programa para la mejora integral de la Reserva Natural de Victoria y Joyel.

En este entorno se realizará la limpieza de plantas alóctonas y exterminio de plumeros, entre otras medidas, llevando a cabo el cuidado medioambiental de la flora de toda la zona. También se tratará de reconstruir y consolidar los accesos y viales que dan servicio al Parque Natural.

Por último, el más social de todos los proyectos aprobados, servirá para dar acompañamiento a personas mayores además de a niños y jóvenes con algún grado de discapacidad, sirviendo de ayuda de este modo también a sus familiares y tutores. El programa también incluye a profesores y monitores para dar cobertura a todos aquellos padres que por diferentes circunstancias necesitan apoyo para ayudar a sus hijos con las tareas escolares, además de ampliar la oferta de extraescolares, mejorando de este modo el tiempo libre de todos ellos con una oferta de ocio y juego, que supondrá un gran avance para el municipio de Noja.

Como novedad del proyecto, la coordinación que llevará a cabo un educador social, que supervisará y controlará las actividades previstas.

Taller de Turismo

Desde el pasado día 1 se incorporaron también los 15 alumnos del curso denominado “promoción turística e información al visitante” que lleva a cabo el Ayuntamiento de Noja en colaboración con el Servicio Cántabro de Empleo y que se desarrolla en el Centro de Ocio y Cultura “Playa Dorada”.

A través de esta nueva formación de 6 meses de duración, que no se había llevado a cabo hasta ahora en el municipio, 15 alumnos se capacitarán como Técnicos especializados en Turismo y habilitándoles con un Certificado de Profesionalidad de nivel 3.

Este proyecto está subvencionado por el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) perteneciente a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria con un importe de 131.523€ y supone además la contratación de cuatro responsables, dos profesores, un experto en turismo y uno de inglés además, de un director del taller y un auxiliar administrativo.

Agosto de 2015. Cantabria pierde 14 millones de euros destinados a contratar a 4.000 parados. Las irregularidades de las corporaciones locales obligan a renunciar a esos cuantiosos fondos procedentes de Europa.

Noviembre de 2015. El delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, asegura que “son pocos los ayuntamientos...”. Yo lo traduzco al cristiano: que han cogido el dinero de todos (los 14 millones restantes que ha aportado el Gobierno de Cantabria), se han limpiado el culo con las bases de la convocatoria y han orquestado una selección a su antojo. Es

decir, a partir de criterios personales que, en época electoral (abril de 2015), se traduce en: puedo dar el puesto a mi simpatizante.

A ese matiz de “no son muchos” el delegado añadía el pasado mes de noviembre “y son ayuntamientos pequeños”. Claro, municipios en los que todo el mundo se conoce y sabe de qué pie cojea su vecino y, por supuesto, todo eso lo sabe también el alcalde. Como ejemplo tenemos el de María que nunca se postraría ante su regidor por un puesto de seis meses desbrozando hierba. Eso también lo sospechaba ese alcalde. Ambos sabían que nunca habían conectado y que, en este caso, la máxima de un empleo, un voto no iba a funcionar en futuras elecciones. María no se codea con los gerifaltes del pueblo. Entonces, ese máximo representante de los vecinos, se sacó de la manga un condicionante para impedirle el acceso al puesto -no importaban las bases- y le dijo a María que no le parecía apropiado que las mujeres de cierta edad (tenía 59 años) cogieran una motosierra para retirar la maleza. La borró de un plumazo. María habló conmigo y el alcalde me lo corroboró, sin pudor. Mi medio lo contó.

¿Pero son pocos pueblos y pequeños? ¿Cuáles son los que han utilizado ese dinero, si lo ha hecho alguno, para sumar un puñado de votos putrefactos? El delegado considera que él no es quien debe dar esa información. Y, en esa vorágine, se llegó a plantear que los contratados podrían verse obligados a devolver el dinero. ¡Su sueldo!

Punto y final. Nadie nos ha explicado nada más. Tampoco a las personas contratadas, a las que esa estúpida posibilidad les puede segui preocupando porque después de seis meses vuelven a estar en paro. Desviada la atención seguimos sin conocer a qué ayuntamientos apunta la Abogacía General del Estado. Todos callan. No sea que haya pocos ayuntamientos pero mucho colorín. Una especie de guerra fría en la que nadie, ni populares, ni socialistas, ni regionalistas sueltan la primera piedra.

La de María solo es una de las muchas irregularidades que han soportado los parados en Cantabria. Y nos las han contado a los periodistas. Las denunció Comisiones Obreras y, finalmente, las reconocen todos. Pero nadie señala, no vaya a ser que se quemen.

Esos ayuntamientos volverán a recibir financiación en 2016 sin que el resto, los que apoquinamos, podamos opinar. Conformémonos con que el actual Gobierno haya decidido otorgar nuevamente la tarea de selección a las oficinas de empleo y no directamente a los ayuntamientos. Pero no nos desviemos. En 2015 se hizo mal, hay responsables y costó mucho dinero.