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La Inspección de Trabajo sanciona al Ayuntamiento de Santander y a la empresa municipal Santurbán por cesión ilegal de trabajadores

Carmelo Renedo y Ángela Sobrino de CCOO en rueda de prensa.

elDiario.es Cantabria

La Inspección de trabajo ha determinado la cesión ilegal de 300 trabajadores temporales contratados por la empresa pública Santurbán dentro del programa de empleo de Corporaciones Locales. La resolución fechada este 11 de diciembre, y que responde a una denuncia presentada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Cantabria en septiembre de este año, ha confirmado este hecho. Parte de los empleados en estado irregular comenzaron a trabajar en agosto de 2017, 169 de ellos, y los 131 restantes debían incorporarse a principios de 2018.

“Ha quedado constatado que los trabajadores del Programa de Empleo desempeñan su actividad de manera indiferente con el resto de trabajadores municipales y que, además, sus tareas suponen necesidades habituales y permanentes del Ayuntamiento”. Con esta contundencia describe la Inspección de Trabajo cómo ha existido una “cesión ilegal de mano de obra” entre la empresa pública Santurbán y el Ayuntamiento de Santander.

La resolución de la Inspección de Trabajo comportará una sanción para Santurbán y para el Ayuntamiento por contratación fraudulenta, infracción laboral que se considera muy grave y que puede ser multada con entre 6.251 euros y 187.515. “Es vergonzoso que con los recursos para la promoción del empleo se están violando los derechos laborales básicos”, han dicho desde el sindicato.

“Se demuestra que el Ayuntamiento de Santander está utilizando a Santurbán como un sucedáneo de empresa de trabajo temporal y cómo eso afecta a los derechos de las trabajadoras y trabajadores”, explica Ángela Sobrino, responsable de Administración Local en CCOO Cantabria. Sobrino advierte de que “esto puede afectar de manera definitiva a los programas de contrataciones de desempleados para el futuro. No sabemos si con este escenario, el Ayuntamiento va a poder acogerse a la orden de Corporaciones Locales”.

La empresa municipal selecciona a los trabajadores, a quién les aplica su convenio, y luego los cede a dependencias propias del Ayuntamiento, tales como el Instituto Municipal de Deportes, Talleres, Servicios Sociales, comisaría de Policía Local, departamentos de la Casa Consistorial, etcétera. De hecho, la Inspección ha visitado las instalaciones de los Talleres Municipales, del Complejo Municipal de Deportes, del Centro de Formación y Empleo (CEFEM) y de las Cocheras del TUS y allí ha comprobado que los trabajadores del programa de empleo subvencionado sólo reciben instrucciones de empleados municipales, desarrollan labores habituales del Ayuntamiento y todos los aspectos relacionados con sus horarios o permisos son gestionados por el municipio.

Es decir: “La conducta seguida por Santurbán S.A. recuerda indefectiblemente a la dinámica propia de una empresa de trabajo temporal, tanto en la forma en que ha incorporado trabajadores a los distintos centros municipales como en la actitud seguida para con ellos durante la vigencia de su relación laboral”. De hecho, “los trabajadores (…) no conocen la identidad de sus supuestos responsables en Santurbán S.A.”.

“Es una aberración… el Ayuntamiento no quiere ni oír hablar de este tema y tendrán que ser los tribunales los que pongan al ayuntamiento en su sitio para obligarle a cumplir la legalidad y que asuma que los trabajadores de segunda, la mano de obra barata, ya no van a servir en el ayuntamiento de Santander”, ha dicho Carmelo Renedo, responsable de Empresas Públicas de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Cantabria.

CCOO ya denunció públicamente hace unos meses a Santurbán por “el uso torticero que había hecho de la reforma laboral”, al forzar un convenio de empresa en el que se bajaban los salarios hasta un 50% para algunas categorías. Bajada que sólo afectaba a las nuevas contrataciones que se harían a partir de este año.

Ahora, con la resolución de la Inspección de Trabajo, los trabajadores deberán acudir al juzgado mientras está en vigor la relación laboral o durante los 20 días posteriores a su finalización si quieren ver reconocidos sus derechos como trabajadores del Ayuntamiento de Santander. Este reconocimiento de derechos puede suponer adquirir la condición de trabajador indefinido no fijo y por tanto la obligación para la Administración local de sacar la plaza a Oferta y Pública.

Además, se podrán reclamar diferencias salariales ya que en el momento que se reconozca que eran empleados del Ayuntamiento de Santander esto será a todos los efectos. Esa diferencia salariales puede variar en función de las categorías pero podríamos estar hablando unos 1.000 euros por cada mes trabajado y de un costo global para el ayuntamiento de 845.000 euros. La sanción al Ayuntamiento y a Santurbán podría afectar de manera definitiva a la continuidad de los programas de contratación de desempleados.

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