Lo que ya sabemos

A veces conviene pararse un momento a reflexionar, repasar la cronología y encajar las piezas para ser conscientes de la gravedad lo que está ocurriendo entre una cierta apatía generalizada. Y esta legislatura podemos decir ya que el Partido Popular en Cantabria está consiguiendo llevar su agenda política mucho más allá de los límites que podría esperarse si nos atenemos a los números de un Gobierno que no cuenta con mayoría parlamentaria. El ejemplo más sangrante lo tenemos en el 'convenio singular' firmado con el Hospital Santa Clotilde para privatizar servicios sanitarios por 256 millones de euros hasta el año 2042 en beneficio de este centro religioso perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y a las empresas privadas del sector sanitario que operan en él.

Desde que el pasado mes de octubre adelantáramos en exclusiva en elDiario.es la aprobación de ese acuerdo por el Consejo de Gobierno, que trataron que ocultar sibilinamente y del que tan solo informaron —mínimamente y con importantes incoherencias— una vez que se publicó esta información en nuestro periódico, hemos podido ir desvelando muchas otras claves que permiten entender más la operación que hay detrás y que hipoteca el futuro del sistema sanitario público de la comunidad autónoma. Hasta ahora hemos contado lo que ya sabemos, que no es poco. En las próximas semanas seguiremos escribiendo de lo que está por venir y despejando muchas otras incógnitas de un asunto capital en la legislatura.

Y es que ya sabemos que el Ayuntamiento de Santander facilitó en 2023 una recalificación urbanística en la finca en el que está situado el Hospital Santa Clotilde que le permitirá ahora ampliar sus instalaciones sobre los actuales jardines y el aparcamiento para adaptarse a las exigencias de ese convenio con el Servicio Cántabro de Salud, firmado recientemente, que a su vez le garantiza la rentabilidad de su gran inversión en infraestructuras. Porque hay que recordar una vez más que se firmó un acuerdo para privatizar servicios sanitarios con un hospital sin los aparatos, ni las camas, ni el personal exigido.

También sabemos que el PP metió de refilón a través de una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de Cantabria para 2025 esta nueva figura del 'convenio singular' que permite otorgar a dedo estos contratos, adjudicándolos sin concurso ni competencia entre empresas hasta un máximo de 24 años. Y que la excusa es que se realizan con entidades “sin ánimo de lucro”, un aspecto cuestionable y que entra en contradicción con el tipo de compañías que operan en el sector sanitario. Ya hemos contado que Santa Clotilde pertenece a una orden religiosa, sí, pero eso no impide que firme acuerdos y subcontrate servicios hasta ahora públicos a empresas privadas y fondos de inversión con claro ánimo de lucro.

A pesar de lo que dijera el consejero de Salud, César Pascual (PP), cuando se vio obligado a dar explicaciones al respecto, llevaban meses negociando con Santa Clotilde y diseñando qué servicios públicos se canalizarían al hospital privado. Nadie pone un precio antes de saber a cambio de qué. Y los 216 millones iniciales del convenio durante 16 años, más otros cuatro años prorrogables, se convirtieron mágicamente y en apenas unos días en 256 millones por el mismo periodo de tiempo. Otra vez más tuvimos que enterarnos por nuestros propios medios, porque el Gobierno de Cantabria se ha abonado a la política oscurantista y opaca de la que incluso presume en privado. Todo ello, con informes oficiales que se ignoraron y que reconocen explícitamente que el “elevado compromiso presupuestario” para las cuentas públicas del acuerdo “obligará a adoptar medidas de priorización del gasto público” y compromete “a todo el sector público”.

En cualquier caso, la sorpresa tiene que ser relativa. Los protagonistas de la privatización sanitaria en Cantabria son los mismos fantasmas del pasado que regresaron al poder esta legislatura. No podemos olvidar que Buruaga, como consejera de Sanidad, y Pascual, como director gerente del Hospital Valdecilla, fueron los responsables del megacontrato de 900 millones de euros en favor de la filial de la constructora Ferrovial que hace un lucrativo negocio con nuestra salud desde hace más de una década.

En aquel momento se justificó en que no se privatizaban servicios sanitarios y que se dejaba en manos de una empresa privada los servicios extrahospitalarios, lo que no impidió cuantiosas protestas en la calle y una marea blanca en defensa de la sanidad pública. Ahora han vuelto con aspiraciones aún más ambiciosas: atacan directamente a servicios esenciales y avanzan en su agenda con cierto silencio cómplice, porque ante este relato de los hechos con informaciones exclusivas de elDiario.es son pocos los actores sociales o políticos que han levantado la voz hasta la fecha.