Ganancia de pescadores

Hace unos días, en pleno debate sobre la prórroga del presupuesto de Cantabria para 2026, pude preguntar al consejero de Economía y Hacienda, Luis Ángel Agüeros (PP), sobre las negociaciones que habían mantenido desde su departamento con Vox con el objetivo de sacar adelante en el Parlamento las cuentas públicas de la comunidad para el presente ejercicio. “Vox está a otras cosas”, respondió con rotundidad. Y explicó que en el único encuentro al respecto que habían mantenido desde el PP con la extrema derecha hubo “buena sintonía”, las exigencias eran “mínimas” ya que apenas modificaban el proyecto presupuestario del Gobierno y los interlocutores de ambas partes quedaron en volver a verse pronto para seguir avanzando en búsqueda de un acuerdo. “Pero no volvieron a llamarnos ni a coger el teléfono”, confesó Agüeros, que relató también que en aquella reunión estuvo presente un “observador” llegado desde Madrid por indicación del partido de Santiago Abascal y atribuyó a las “órdenes de arriba” que los diputados autonómicos de Vox no retomaran esas conversaciones.

Es una anécdota muy ilustrativa de la aportación de Vox a la política. Los intereses partidistas están muy por encima de cualquier otro objetivo. La presencia institucional de la extrema derecha en Cantabria ha sido ínfima hasta la fecha, con un historial que roza el esperpento. Solo en esta legislatura hemos visto como su grupo parlamentario, con tan solo cuatro representantes, ha acabado fragmentado, con amenazas públicas entre sus diputados, sobresueldos que nunca se devolvieron, tránsfugas, denuncias por acoso laboral, espionaje y sainetes de todo tipo. Lamentablemente, no necesitan mucho más y parece que en la actualidad casi nada les pasa factura en las urnas: su discurso ha calado en la sociedad y eso supone una triste derrota para los demócratas.

No tiendo al pesimismo, pero en este caso no puedo pensar de otra forma después de lo que hemos visto y escuchado en los últimos días en relación a la instalación de un hogar de emergencia para un grupo de niños extranjeros menores de edad en la localidad de Cartes. El bochorno institucional ha sido mayúsculo y ha demostrado hasta qué punto se ha inoculado el odio y el miedo irracional en el imaginario colectivo. La crisis está tan mal resuelta que solo puede ir a peor. Ha sido el ejemplo palpable de la incoherencia política, el oportunismo rastrero y la demagogia más sucia. PSOE y PP han embarrado el terreno y le han dado una munición muy valiosa a Vox, pero me niego a convertir un asunto de derechos humanos y cumplimiento de la legalidad en un debate sobre normas urbanísticas o estrategia electoral.

Lo que me preocupa es ese grupo de vecinos exaltados que dedican la mañana de un viernes cualquiera a ir a gritar e insultar a un pleno municipal exigiendo soluciones no se sabe a qué supuesto problema; lo que me asustan son esos mensajes de odio visceral que he podido leer en las redes sociales; lo que me indigna es ese rebaño de personas que acuden como borregos cada noche a las puertas de un lugar del que ni siquiera tenía que haber trascendido la ubicación para manifestarse reclamando una seguridad que nunca ha estado en riesgo más que en sus cabezas; lo que no puedo soportar es que las calles de un pueblo aparentemente tranquilo como Cartes estén llenas de carteles y pintadas en contra de unos niños y jóvenes de los que no saben nada. Y todo ello con la pasividad, o directamente la permisividad, de unos responsables políticos que estaban enzarzados en sus cuitas internas. Se ha desplazado por completo el marco del debate, los ultras han impuesto su retórica con éxito y será muy difícil recuperar el terreno perdido.