Castigos a la ciudadanía

Hay castigo y castigos. Por ejemplo, el castigo a la torpeza política, a la xenofobia y al populismo que ha mostrado la alcaldesa de Cartes debería ser la dimisión. Será un castigo menor por el daño provocado, pero, al menos, se lanzaría el mensaje claro de que al frente de las instituciones solo pueden estar personas de profundas convicciones demócratas y basadas en los derechos humanos. Cada día en el puesto de una alcaldesa como esta es un castigo para los que creemos en el bien común.

Mientras ese castigo no llega, la ciudadanía sí es castigada cotidianamente con el desdén y la arbitrariedad de una parte —una veces mayor y otras menor— de las autoridades, los funcionarios y los empresarios que sostienen el armazón de esta sociedad. Y lo vamos a ver con claridad.

Castigo es saber, a toro pasado, que los agentes de la Policía Local de Santander —esos que tan poco se ven— han multiplicado por diez las multas para presionar al Ayuntamiento en un conflicto laboral. Demuestra que la ley no es ni igual para todos ni igual todo el tiempo y que el margen de arbitrariedad en manos de estos funcionarios es escandaloso. Un castigo público para mayor beneficio de sus uniformes y de sus condiciones laborales (aclaración: las multas hay que pagarlas).

Castigo es que algunos políticos nos traten como tontos: ocultando información, tergiversando la realidad o manipulando los datos para tratar de convencernos de que lo evidente —la paulatina privatización de la salud pública— no es tal y que, además, se hace por nuestro bien.

Castigo es que no podamos pagar el alquiler, que nos echen a la calle en junio para especular con la vivienda en verano, que llevemos meses oyendo hablar de medidas “drásticas” para pinchar la burbuja mientras el globo de los precios del alquiler y la venta de viviendas no deja de subir. El disciplinamiento desde la precarización es tan viejo como la movilización desde los miedos.

Castigo es que se gasten millones y millones en decoraciones navideñas para competir por quién atrae más turistas o más incautos, que se colapsen barrios y servicios por ello y que se haya asumido que es lo normal. La normalización de lo absurdo es una forma de castigo que se autoinflige la ciudadanía de forma masoquista gracias a un clima noticioso y a unos mensajes políticos que hacen que quejarse de lo que evidentemente está mal sea lo más parecido a mostrar en plena calle un grave problema de salud mental.

Castigo es presenciar el patético espectáculo preelectoral de los partidos políticos de Cantabria incapaces de sentarse a negociar un presupuesto para que el sector público pueda seguir prestando servicios con calidad, aunque antes hayamos vivido el castigo de que unos pocos decidan por la totalidad sobre qué significa prestar servicios públicos de calidad.

Castigo es leer, como una noticia positiva, que el Banco de Santander ha ganado 14.101 millones de euros en 2025 mientras una de cada cinco personas que viven en Cantabria están en situación de pobreza y de exclusión social.

Castigo es, sin duda, la 'desaparición' narrativa de los gazatíes, de los somalíes o de los congoleños mientras el Partido Popular insiste en sus mentiras acerca de la tardía y necesaria regularización administrativa de miles de trabajadores y trabajadoras de origen extranjero que sostienen varios sectores económicos del país.

Castigo es esta estúpida sensación de ser actores figurantes en la democracia de las formas; de no conocer el fondo de casi nada cuando se cocinan megaproyectos económicos basados en la especulación o se vende el territorio mientras la ciudadanía está entretenida sabiendo dónde para una inerte escultura de bronce. ¿Quieren seguir con el listado?