'Autoridades' veraces o la democracia asimétrica

He aprendido a lo largo de los años que cuando algún grupo de presión saca de paseo el concepto “seguridad jurídica” es la ciudadanía la que queda en un marco de inseguridad. Ocurre cuando las multinacionales exigen a los estados “seguridad jurídica” para atornillar contratos abusivos o cesiones de derechos sobre lo público amarradas en oscuros despachos. Pero en España, bajo el mismo argumento de la “seguridad jurídica”, cada vez más “autoridades públicas” gozan de un principio vergonzoso en una democracia real: la presunción de veracidad.

Hasta ahora tenemos que sufrir que los agentes de las fuerzas de seguridad o los inspectores de Hacienda, de Trabajo o de la Seguridad Social gozaran de este privilegio que los pone por encima de la ciudadanía cuando hay que acudir a un tribunal. Los defensores de este principio de desigualdad argumentan que esta “verdad premium” aporta “seguridad jurídica” a quien la posee y que no se trata de una presunción absoluta porque está sometida al principio de iuris tantum; es decir: que su valor probatorio no impide que pueda contradecirse mediante otros medios de prueba. 

Pero los que hemos tenido que ejercer ese iuris tantum ante, por ejemplo, denuncias policiales, sabemos que lograr o tener pruebas que contradigan la “verdad” policial ni es fácil ni está al alcance de toda la ciudadanía (y que muchos jueces priorizan siempre a la autoridad veraz frente a sus contradictores).

Ahora, parece que los gremios docentes en Cantabria andan felices porque, ¡por fin!, la Consejería de Educación les va a reconocer su propio principio de veracidad. Lo quiere hacer con una ley que ya en su formulación supone un oxímoron: “Ley de Autoridad Docente y Convivencia Escolar”. Mezclar churras con merinas ha sido una vieja táctica del poder para colarnos goles y este no es menor, porque “autoridad” y “convivencia” casan mal pero funciona peor cuando esa autoridad supone “presunción de veracidad” porque la “convivencia” no puede producirse cuando las percepciones, opiniones o sentencias de una de las partes son verdad antes de comenzar a dialogar y cuando los sectores a los que no se les “presume” la veracidad tienen que andar cargando el iuris tantum para defenderse de la “veracidad” autoritaria.

La presunción de veracidad es un derecho torticero (asimétrico, dirían los juristas) que se contrapone al derecho a la igualdad y supone discriminación por cuestión de cargo porque el testimonio de la ciudadanía no tiene el mismo valor que el de la “autoridad”.

Cada vez que se reconoce una nueva “autoridad pública” estamos perpetuando las jerarquías y la desigualdad ante la ley. De hecho, hace tiempo que las empresas de seguridad privada piden el mismo privilegio para sus empleados con uniforme y hasta se ha planteado alguna vez que los controladores de las zonas de aparcamiento limitado tengan una “verdad” más verdadera que la nuestra.

La legislación está segregando y generando capas de poder bien diferenciadas en las que la ciudadanía normalita es el último escalón. Luego nos preguntamos el porqué del enfado de la gente, las razones por las cuales hay un descrédito generalizado de lo público… Si se quiere mejorar la convivencia en las aulas, en los centros de salud o en las tiendas de comestibles hay decenas de medidas de conciliación y diálogo horizontal que se podrían tomar, pero ninguna pasa por otorgar “presunción de veracidad” a una parte de la mesa.

Los profesores y profesoras ya ejercen la autoridad —y, a veces, de forma cuestionable—. Bueno, en realidad, ejercen un micropoder muy poderoso. Ellos y ellas saben lo que pasa en las aulas, nadie más; ellos y ellas indagan sobre la vida familiar de su alumnado y marcan los tiempos y ritmos de miles de hogares; ellos y ellas esquivan a los consejos escolares o a su propio alumnado que, por cierto, tiene nulos espacios de participación efectiva donde sus verdades tengan peso. Pero ya sabemos, son solo menores de edad, sin criterio ni verdad en su mochila.

Esta democracia asimétrica agota. Agota ver a parte del profesorado subiendo en la pirámide de los privilegios; a un sector importante de los médicos y médicas exigiendo un estatuto laboral propio porque mezclarse con las clases bajas de la sanidad les debe parecer indigno; a muchos policías antidisturbios mintiendo desde su presunción de veracidad mientras al ciudadano los moratones le recuerdan que su testimonio es papel mojado… El monopolio de la coerción ya es del Estado, dejad que dudemos de las verdades oficiales o que, al menos, nuestras verdades y las de las “autoridades” compartan la misma cancha y las mismas reglas cuando toque enfrentarlas.