¿Cómo nos interpela hoy La Desbandá? (III) Muros y fronteras, espacios de impunidad

España ha sido un país de emigrantes, aunque muchos parecen haberlo olvidado. Hasta las primeras décadas del siglo XX el destino era fundamentalmente Hispanoamérica y, en menor medida, también Estados Unidos, Filipinas y la África española.

La victoria del bando rebelde en la Guerra de España en 1939 provocó el exilio de más de medio millón de republicanos, entre ellos víctimas de La Desbandá a Francia, algunos países latinoamericanos y el Magreb.

Entre los años 50 y 70 del siglo XX, la crisis económica y el paro generó una emigración de más de 2.700.000 de personas hacia países industrializados de Europa (Alemania, Francia y Suiza, principalmente) que necesitaban mano de obra para su reconstrucción y crecimiento, pero también a países como México y Venezuela. Una parte de esa emigración era analfabeta y no cualificada. Gestionada, en parte, por el Instituto Español de Emigración supuso una aportación fundamental para la débil economía española. Cabe mencionar que hubo mucha emigración ilegal a esos países, por mucho que algunos reivindiquen que esa emigración siempre fue regular. La crisis del petróleo de 1973 supuso su fin y el inicio de un período de retorno. En ese sentido, resulta interesante el testimonio de una española que trabajó hasta entonces en Alemania y que recoge el magnífico documental El tren de la memoria, de Marta Arribas y Ana Pérez.

Con la crisis del petróleo empiezan las campañas electorales contra los extranjeros, que desde mi punto de vista es lo que creó la verdadera xenofobia y lo que dio pie a los grupos neonazis a resurgir (…) Quedaron en paro setecientos y pico mil trabajadores alemanes cuyos puestos nunca hubiesen ocupado extranjeros en aquel entonces. Eso lo utilizaron los partidos, entonces los de derechas, para la campaña electoral y el eslogan era: Tantos parados, tantos extranjeros. Si no hubiese extranjeros, no habría parados.

Resulta obvia la relación del discurso xenófobo de ese momento con el que mantienen la derecha y la ultraderecha española ante el fenómeno migratorio actual. La asociación de la inmigración con la delincuencia y la difusión de bulos como el de los beneficios sociales que obtiene en detrimento de las de los autóctonos son claros ejemplos de xenofobia. Se obvia, por otra parte, que la inmigración compensa el saldo vegetativo negativo y contribuye al crecimiento demográfico y económico del país.

Si bien en estos momentos se ha revertido la tendencia y España es un país receptor de inmigración, no hay que olvidar el éxodo de jóvenes españoles cualificados por falta de oportunidades laborales hacia Europa, América y Australia, tras la crisis de 2008.

El blindaje del Norte Global ante la llegada de refugiados e inmigrantes

La tan celebrada caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 creó el espejismo de un mundo globalizado donde la libre circulación de personas era posible. Nada más lejos de la realidad. Solo para un sector de la sociedad de países privilegiados ha aumentado la movilidad sin restricciones, las aplicadas a personas que provienen de países del Sur Global se han visto considerablemente aumentadas. La inmigración se concibe como una amenaza a la seguridad de los estados y, por ello, se han incrementado los controles fronterizos y dificultado sus vías de acceso.

Tal y como señala Ainhoa Ruiz Benedicto en su reciente estudio Muros y securitización, la construcción de una espacialidad violenta, se han construido 73 muros en el mundo en los 34 años posteriores a la caída del muro de Berlín (1989-2023). En el caso de Europa, España fue el país pionero en los años 90 con la construcción de las vallas de Ceuta y Melilla. Por otra parte, todos los muros construidos en Europa tienen como objetivo frenar la inmigración, así como el de Estados Unidos y México en el continente americano.

Las mal llamadas “crisis de refugiados” y “avalanchas de inmigrantes” en Europa, principalmente con la llegada a las costas mediterráneas y atlánticas de las personas que huyen de guerras, persecuciones y miseria, son claros ejemplos de la perversión con la que se abordan los dramas de esas personas. Víctimas de las causas que los empujan a huir, en muchos casos debidas al expolio de los recursos de sus países de origen por parte del Norte Global, lo son también del rechazo, la xenofobia y el racismo institucional y social.

Pero el control migratorio no solo se ejerce a través de muros físicos terrestres, son diversas las tecnologías al servicio del mismo: sistemas de radares, drones, cámaras de vigilancia, sistemas biométricos de huellas dactilares y de capturas faciales… A ellos hay que sumar los barcos y aviones que patrullan las costas y que han creado muros y cementerios marítimos para millares de personas migrantes y refugiadas que no tienen acceso legal a la seguridad o a ejercer su derecho de solicitud de asilo.

Todos esos dispositivos constituyen un negocio muy lucrativo para las empresas implicadas que va en aumento. A título de ejemplo, en el marco del ciclo presupuestario de la UE (2021-2027) la Comisión Europea asignó 8.020 millones de euros al Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, 11.270 millones de euros a Frontex (Agencia Europea de Fronteras y Costas) y, al menos, 1.900 millones de euros a las bases de datos de identificación Eurosur (Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras).

Muchas de las empresas implicadas se lucran con la venta de armamento a países en conflicto de los que huyen los que no pueden llegar a Europa debido a esos sistemas de control.

La aprobación del vergonzoso Pacto Europeo de Migración y Asilo en 2024, cuya plena aplicación tendrá lugar este año, supone un marco más restrictivo en el control migratorio que contempla, entre otras medidas, la externalización de la gestión migratoria a terceros países fuera de la UE, sin garantías de que sean seguros, con el objetivo de reducir llegadas y aumentar retornos. Ello constituye la vulneración de la legalidad vigente: El artículo 13 sobre libre movimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, al igual que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre otros. Ambos se han convertido, por otra parte, en papel mojado a juzgar por la ausencia de sanciones a los estados que incumplen su normativa. 

Algunas consecuencias de la militarización de fronteras en España 

La fuerte militarización de las fronteras terrestres y marítimas europeas ha llevado a las personas migrantes y/o en busca de asilo a seguir rutas mucho más peligrosas a costa de su vida o a dejarlas atrapadas en condiciones desesperadas en países vecinos, como es el caso de los centros de detención de migrantes en Mauritania financiados por la FIAP (Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas, agencia de “cooperación” española dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores)

El informe Monitoreo Derecho a la Vida 2025 de Caminando Fronteras cifra en 3.090 las personas muertas en las rutas de acceso a España, 70 embarcaciones desaparecidas, 192 mujeres y 437 niños, niñas y adolescentes fallecidos en su intento por alcanzar las costas españolas.

Echemos la vista atrás y recordemos algunos de los episodios más deleznables del control fronterizo en Ceuta y Melilla.

El 6 de febrero de 2014, durante el gobierno de Mariano Rajoy, cerca de 200 personas intentaron entrar en Ceuta a través del mar. Aproximadamente 90 consiguieron llegar a la zona fronteriza del Tarajal e intentaron cruzarla a nado. Al menos 14 murieron ahogadas, una desapareció y 23 fueron devueltas a las autoridades marroquíes sin ningún acceso a un procedimiento formal de solicitud de asilo. Mientras esas personas se encontraban en el agua, agentes de la Guardia Civil intentaron evitar que llegaran a tierra firme mediante el uso excesivo de la fuerza y material antidisturbios como pelotas de goma, salvas detonadoras y botes de humo, tal y como las autoridades españolas reconocieron posteriormente al testificar sobre el caso. Pero los responsables de esos asesinatos no han sido nunca condenados por la Justicia española, a pesar de los informes del Defensor del Pueblo, las acusaciones y apelaciones hechas por algunas organizaciones de Derechos Humanos. En palabras de Helena Maleno, fundadora de Caminando Fronteras:

En estos años varios gobiernos y un puñado de jueces han contribuido a lanzar el mensaje de la deshumanización y la impunidad en la frontera. Tarajal fue tan terrible que pensamos que sería un punto de inflexión, mostraba de una manera tan cruel las políticas de control de fronteras que muchos creímos que no se podía ir más lejos. Nos equivocamos, solo era el principio. Si ante aquella masacre, las administraciones de la “democracia” española pudieron sostener la impunidad les ha sido fácil continuar construyendo un territorio fronterizo regado de muertes y desapariciones.

El 24 de junio de 2022 más de 37 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en su intento de saltar la valla de Melilla a causa de la brutalidad de las fuerzas marroquíes y españolas. La mayoría de ellas provenían de Sudán, país en guerra. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló de “asalto violento de las fronteras de nuestro país” y aplaudió la actuación policial. El ministro de Asuntos Exteriores, J.M. Albares, pidió en junio de ese mismo año que se incluyera la inmigración irregular como “amenaza híbrida” en la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid.

Muros y colonialismo

La mayor parte de los muros actuales, cuyo amplio listado no vamos a enumerar, son símbolos y mecanismos de una ideología colonial que persiste y crea espacios “fortaleza” que dividen tierras y grupos humanos, limitando sus derechos y la libertad de circulación, no así a la de sus recursos, a la vez que fomentan el racismo.

Dos ejemplos paradigmáticos de ocupación colonial y apartheid son el Muro del Sáhara Occidental y el de Israel/Cisjordania.

El primero, erigido entre 1980 y 1987, constituido por seis barreras defensivas, con más de 2.700km de longitud, custodiado por soldados, radares y millones de minas divide al pueblo saharaui, impide su movimiento y su sostenibilidad. Del mismo modo, tras su ocupación en 1975 después de la retirada de España sin cumplir el proceso de descolonización, permite a Marruecos controlar el 75% del territorio saharaui con más recursos.

Teniendo en cuenta los acuerdos pesqueros entre España y Marruecos en las costas del Sáhara ocupado y las empresas españolas que operan o extraen recursos en ese territorio, no resulta difícil entender la tibieza de los distintos gobiernos españoles, que no de su población, ante la cuestión saharaui.

Pero una cuestión fundamental son los acuerdos entre ambos países para la contención y control de los flujos migratorios, en los que Marruecos ejerce de guardián de las rutas a cambio de cooperación económica y desarrollo. ¿Por qué, si no, Marruecos alentó la llegada de más de 8.000 personas a Ceuta en mayo de 2021, entre ellas más de 2.000 menores de edad, como represalia por la estancia del responsable del Frente Polisario en España para recibir asistencia médica? Aunque se procedió a la devolución de más de la mitad de los migrantes en los primeros días con la intervención de fuerzas militares, tanques y la Guardia Civil, la ciudad tuvo un colapso humanitario. Ello provocó que muchas otras personas regresaran voluntariamente a Marruecos, que había utilizado a esos miles de personas para chantajear al Gobierno Español.

Lejos de cumplirse las resoluciones de la ONU sobre la convocatoria de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, en marzo del 2022 el presidente del Gobierno español mostró su inclinación por la propuesta del reconocimiento del Sáhara Occidental como un territorio autónomo de Marruecos. Algo que había hecho Francia 20 años antes y Trump en 2020, a raíz de la firma de los Acuerdos de Abraham. Esa misma línea, adoptada también por Alemania, Reino Unido y Portugal es la que respalda implícitamente la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de octubre de 2025.

En el caso de Palestina, el muro de Cisjordania, cuya construcción por parte de Israel se inició en 2002 con el objetivo de alcanzar los 700km de longitud, dificulta todavía más la vida social, económica y el acceso a los servicios de la población cisjordana no solo fuera del territorio Palestino ocupado, sino también dentro de lo que queda de él. El incumplimiento sistemático de todas las resoluciones de la ONU al respecto no son más que una muestra de la inoperancia de dicho organismo, en la medida en que en su Consejo de Seguridad, EEUU, aliado incondicional de Israel impone el veto a cualquier reconocimiento de los derechos territoriales y humanos del pueblo palestino.