La privatización sanitaria del PP en Cantabria contempla derivar los cribados de cáncer de mama y colon al Hospital Santa Clotilde

El polémico convenio plurianual a través del cual el Gobierno de Cantabria prevé privatizar servicios sanitarios por valor de 216 millones de euros contempla derivar los cribados de cáncer de mama y colon al Hospital Santa Clotilde. El Ejecutivo que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) ha anunciado que el acuerdo con el citado hospital religioso perteneciente a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, que cuenta con una vigencia de 16 años prorrogables hasta 20, incluye una dotación presupuestaria anual de 15,9 millones de euros, financiada íntegramente por fondos públicos del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Además, el citado convenio que adelantó en exclusiva elDiario.es “sustituye los actuales contratos” de prestación de servicios quirúrgicos y hospitalización de media y larga estancia, y establece “una colaboración estructural” con el Hospital Santa Clotilde. “Prevé mecanismos de seguimiento, evaluación, inspección y penalización por incumplimientos”, ha destacado el Ejecutivo en un comunicado tras la reunión del Consejo de Gobierno de este jueves que ha abordado este asunto.

Y es que la vinculación con el hospital religioso contempla “la atención hospitalaria, ambulatoria, programas de cribado (cáncer de mama y colon), y apoyo al Plan Integral de Listas de Espera”. El Gobierno de Buruaga ha justificado este acuerdo que privatiza los citados servicios sanitarios en la necesidad de “reforzar la capacidad asistencial del sistema público en áreas clave como geriatría, rehabilitación, cuidados paliativos, cirugía y diagnóstico”.

“Se garantiza la equidad en el acceso, la gratuidad de los servicios para los pacientes derivados, y el cumplimiento de los derechos sanitarios y de protección de datos”, ha defendido el Ejecutivo del PP en nota de prensa. “Este convenio refuerza la colaboración público-privada en el ámbito sanitario, optimiza recursos existentes y mejora la respuesta del sistema cántabro ante los retos asistenciales y demográficos actuales”, ha concluido.

Se trata de los primeros detalles que el Ejecutivo autonómico ofrece sobre este convenio, después de que este periódico lo desvelara al comprobar que no figuraba en la nota de prensa del Consejo de Gobierno en el que fue aprobado el pasado 9 de octubre. Tras ello, la oposición cargó contra el “pelotazo sanitario”, la “cacicada legal” y la política “al estilo Ayuso” del PP en Cantabria, y el consejero de Salud, César Pascual (PP), ofreció una rueda de prensa en la que no aportó información sobre los servicios que se derivarán. Habló de “una cadena de bulos y desinformaciones” en torno al convenio, al mismo tiempo que lo ratificaba.