Qué dice (y qué calla) la ley de amnistía para presos políticos en Venezuela y cuáles son sus consecuencias
A Juan Ernesto (nombre ficticio por medidas de seguridad) lo detuvieron en 2024 en una avenida del centro de Caracas, a plena luz del día. Un comando policial con capuchas y armamento tipo SWAT lo interceptó y lo bajó del vehículo a empujones. Le pusieron una capucha en la cabeza; cada vez que intentaba preguntar algo, le gritaban que se callara. Faltaban 72 horas para que Nicolás Maduro asumiera un tercer mandato entre acusaciones generalizadas de fraude y el Gobierno había intensificado las redadas policiales.
Juancho —como lo llaman su familia y amigos— es un reputado activista por los derechos humanos y miembro de la directiva de una ONG con treinta años de trabajo. “Me detuvieron sin orden judicial; pensé que me iban a desaparecer”, dice a elDiario.es. Lo llevaron a una casa clandestina de torturas, lo amarraron a una silla y lo interrogaron durante 24 horas, según cuenta. Le preguntaban con insistencia si tenía relación con María Corina Machado. Después lo trasladaron al Helicoide, donde compartió una celda de 40 metros y dos baños con 14 personas. Su familia recorrió durante días los centros de detención de Caracas: en todos negaban que estuviera allí. Introdujeron un habeas corpus, que fue rechazado. Supieron dónde estaba solo gracias a un mensaje cifrado que otro preso logró enviar oculto en un libro.
Nunca le dejaron designar un abogado privado. El Estado le impuso un defensor público al que vio diez minutos por vía telemática. Así supo que estaba acusado de “legitimación de capitales y asociación para delinquir”: un delito fabricado que, según los actividas, sirve para disfrazar la persecución política. Semanas después lo excarcelaron con medidas cautelares. Hoy tiene prohibido hablar con la prensa y debe presentarse ante un tribunal cada 30 días.
Ahora, la ley de amnistía que se acaba de aprobar le deja un sabor agridulce. Se alegra de que algunos presos políticos vayan a recobrar su libertad, pero su caso no está contemplado en la norma. “Con una ley así, Hugo Chávez jamás habría sido amnistiado luego del fallido golpe de Estado en 1992”, me dice.
Más que entenderse como un instrumento definitivo para el 'perdón y olvido', la amnistía en Venezuela puede interpretarse como una medida pragmática y necesaria, cuyos resultados deberían blindarse con mecanismos adicionales de verdad, justicia y reparación
La represión política no llegó con Maduro. Desde que Hugo Chávez asumió la presidencia en 1999 hay presos políticos en Venezuela. José Vicente Rangel, su ministro de Defensa y canciller, acuñó un mantra recordado desde entonces: “En Venezuela no hay presos políticos, sino políticos presos”. Al invertir las palabras, el chavismo despojó al disidente de su motivación política y lo revistió con el traje a rayas del criminal común.
Bajo Chávez, la cárcel fue un bisturí de precisión: castigos ejemplarizantes para figuras específicas que enviaban un mensaje al resto. Con Maduro, la represión se convirtió en maquinaria industrial. Ya no solo caían los generales o los jueces, sino cualquier estudiante que gritara en una esquina o la tuitera que cuestionaba el hambre. Se crearon centros especiales como 'La Tumba', un laboratorio de cinco pisos bajo el asfalto de Caracas: siete celdas de dos por tres metros, paredes de un blanco quirúrgico, luces fluorescentes que jamás se apagan. El preso pierde la noción del día y la noche. Es la arquitectura de la deshumanización: un lugar diseñado para que la mente se rinda.
Varias ONG como Provea, Foro Penal y Espacio Público denunciaron el perverso fenómeno de la “puerta giratoria”: el Gobierno liberaba a un grupo de presos antes de una cumbre internacional, pero apenas se apagaban las cámaras, encarcelaba a otros dos. La libertad ciudadana se convirtió en moneda de cambio, un activo del mercado de la negociación política.
Lo que dice y lo que oculta la ley
El 19 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley de amnistía para la convivencia democrática. Delcy Rodríguez la promulgó esa misma noche. El contexto es decisivo: tras el secuestro de Maduro por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero, el Gobierno encargado de Rodríguez inició un proceso de liberaciones que, según Foro Penal, alcanzó a 448 personas antes de la aprobación.
El texto tiene 16 artículos. El ámbito temporal va de 1999 a la fecha, pero la amplitud es engañosa: el artículo 8 restringe la amnistía a 13 episodios concretos (golpe de 2002, paro petrolero, protestas de 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, hechos de 2019, elecciones de 2024 y 2025). Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, calculó que, de 27 años formales, más de 14 quedan fuera, y de los meses restantes apenas unos 20 están cubiertos.
Se excluyen los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, narcotráfico, corrupción y la participación en “acciones armadas o de fuerza” con intervención extranjera. Esta última cláusula apunta directamente a Machado, Edmundo González y Leopoldo López. La propia Rodríguez ha advertido que Machado deberá “rendir cuentas” cuando pise Caracas.
Foro Penal estima que 2.742 personas podrían beneficiarse de forma inmediata. Pero quedan fuera unos 180 militares procesados por rebelión, las personas detenidas en períodos no contemplados y todos aquellos cuya persecución política se disfrazó de delito común, como en el caso de Juan Ernesto. La norma tampoco contempla la devolución de bienes incautados, la rehabilitación de los inhabilitados ni la reapertura de medios clausurados.
Lo que dicen las organizaciones de derechos humanos
Las principales ONG venezolanas coinciden en varios puntos críticos. Foro Penal, la más pragmática, trabaja con el instrumento disponible: ya entregó a la comisión parlamentaria una lista de 232 casos excluidos. Pero su director, Alfredo Romero, advirtió que “el monstruo todavía está ahí y puede morder” y que la amnistía no era requisito para liberar a personas detenidas de forma arbitraria.
Cofavic, fundada tras el conocido Caracazo, es más crítica. “La reconciliación no puede basarse en la impunidad”. Denuncia que la ley no prevé justicia transicional, ni Comisión de la Verdad, ni reparación. Lo más grave: el artículo 14 ordena la eliminación de registros y antecedentes, lo que podría “enterrar la evidencia de los crímenes cometidos contra los amnistiados” y destruir la memoria histórica. Cofavic ha acuñado un concepto para definir este riesgo: “impunidad por absorción”. El Estado, al perdonar al ciudadano por su disidencia, se perdona a sí mismo por la violencia con que la reprimió.
Provea denuncia que la ley califica como “hechos violentos” lo que fueron protestas legítimas y que sin desmontar el aparato represivo no habrá estabilidad democrática. JEP (Justicia, Encuentro y Perdón) la califica de “revictimizante y excluyente”. Rafael Uzcátegui, del Laboratorio de Paz, señala su “falla de origen”: está promovida por el mismo Gobierno responsable de las violaciones. Los expertos de la ONU han pedido que se aplique a todas las víctimas de enjuiciamiento ilegal y que se excluya a los responsables de violaciones graves, incluidos los agentes del Estado.
Un puente de plata con muchos vacíos
“Más que entenderse como un instrumento definitivo para el 'perdón y olvido', la amnistía en Venezuela puede interpretarse como una medida pragmática y necesaria, cuyos resultados deberían blindarse con mecanismos adicionales de verdad, justicia y reparación”, explica a elDiario.es la periodista y experta en transiciones políticas, Mibelis Acevedo. Las leyes de amnistía, señala, también son el “puente de plata” que puede facilitar el paso del autoritarismo a la democracia, un incentivo para que sectores del régimen colaboren con el cambio. Pero advierte que esta ley, en su forma actual, entra en la categoría de las gestionadas por Gobiernos no democráticos, como las autoamnistías de Chile y Uruguay en los años 70 y 80.
La ley de amnistía es un hecho relevante, sostiene, es la primera vez que un Gobierno venezolano reconoce la existencia de presos políticos en sentido amplio. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, pidió perdón a los venezolanos por los crímenes del Estado desde la llegada de Chávez al poder. Ese gesto, inédito en la era bolivariana, no debe subestimarse. Pero no es una ley de justicia transicional: no hay verdad, no hay reparación, no hay garantías de no repetición. Libera a las víctimas de la persecución, pero puede borrar las pruebas de esa persecución. Perdona la disidencia, pero no investiga la represión.
Juan Ernesto, mientras tanto, sigue presentándose cada treinta días ante un tribunal. Tiene prohibido hablar con la prensa. La ley que el Gobierno presenta como acto de reconciliación no cubre su caso. Él, que defendió a decenas de personas, que fue torturado y acusado de un delito fabricado, sigue con un pie dentro del sistema penal. Sin embargo, tiene la oportunidad de solicitar que su caso sea revisado por la comisión de seguimiento de la ley y ser libre completamente. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció este sábado que el Gobierno tiene previsto atender las solicitudes para que “más de 11.000 personas puedan disfrutar de libertad plena”, ya que tienen medidas sustitutivas de libertad, como prohibición de salida del país y régimen de presentación ante tribunales. A pesar de las falencias, Juan Ernesto reconoce que la ley es un “paso pequeñito” hacia una transición y puede impulsar más cambios para recuperar la democracia.
0