Los vecinos de Cacheiras (Teo), casi en el límite municipal de Santiago, están en pie de guerra contra la creación de una planta de tratamiento de residuos de construcción a unos metros de sus casas. El proyecto llega cuando todavía se están apagando los ecos de la última victoria ciudadana contra otro depósito en la antigua cantera de A Casalonga. Entonces, el ayuntamiento —gobernado por la plataforma Son de Teo y el PSOE— se opuso con firmeza al proyecto. En aquellas primeras movilizaciones, llegó a tomar parte la actual número dos del PP gallego, Paula Prado, por entonces vecina de la zona. Hoy, el consistorio popular se pone de perfil. Más allá de un cambio en el color político, lo que marca la diferencia es una reforma de la Ley del Suelo de Galicia que, desde hace poco más de dos años, permite levantar estas instalaciones en suelo rústico. Una reforma de la que nadie —o casi nadie— parecía haberse enterado.

Los presupuestos de la Xunta de 2023 fueron los primeros de Alfonso Rueda, aún interino, tras la marcha a Madrid de Alberto Núñez Feijóo. Aquellas cuentas, publicitadas un año más como “las más elevadas de la historia”, llevaban incluidas varias sorpresas, como una bonificación al impuesto de patrimonio que el nuevo presidente presentó en un foro privado y no en sus comparecencias públicas. No era la única. La ley de acompañamiento —ese coche escoba que el mismo PP que se opone a decretos ómnibus en el Congreso utiliza para eternizar a un director xeral en la CRTVG como para modificar la legislación sobre incendios forestales— abría la mano para la instalación de esta tipo de estructuras. Algo que, aparentemente, pasó totalmente desapercibido. Hasta ahora.

El artículo 35 de la Ley del Suelo de Galicia de 2016 define cuáles eran los usos y actividades permitidos en suelo rústico. Su apartado m) decía así: “Instalaciones e infraestructuras hidráulicas, de telecomunicaciones, producción y transporte de energía, gas, abastecimiento de agua, saneamiento y gestión y tratamiento de residuos siempre que no impliquen la urbanización o transformación urbanística de los terrenos por los que discurren”.

En 2018, el entonces alcalde de Teo, Rafa Sisto, remitía al Consello Consultivo de Galicia una pregunta sobre los usos autorizables en ese suelo rústico. Sisto encontraba una “fricción” entre la normativa estatal y la gallega que, a su entender, “parece querer ampliar los usos posibles”. En su respuesta, el que era presidente del órgano, José Luis Costa Pillado —muy próximo a Núñez Feijóo y actual vocal del Consejo General del Poder Judicial— entiende que los usos son “propiamente dotacionales”, es decir, “instalaciones y servicios destinados a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos”. “Por el contrario”, continúa el informe, “una interpretación 'extensiva' del artículo 35.m) que se utilice para dar cobertura a la implantación de usos de carácter no dotacional en suelo rústico colisionaría con la necesaria interpretación restrictiva derivada de los términos” de la ley.

En 2016, el Ministerio de Medio Ambiente había emitido el decreto en el que se refundía el texto de la Ley de control y prevención de la contaminación. En él se recogía que, ante una instalación de estas características, un informe urbanístico negativo del ayuntamiento emitido antes de la autorización ambiental integrada supondría el fin del procedimiento y el archivo de las actuaciones.

Tres palabras

La ley de acompañamiento, que entró en vigor el 1 de enero de 2023, dio un vuelco a esta situación con la inclusión, de forma subrepticia, de sólo tres palabras. Añadía “públicas y privadas” al conjunto de instalaciones permitidas en suelo rústico y que, hasta ese momento —como bien interpretaba el Consello Consultivo—, se limitaban al carácter dotacional, con independencia de cuál fuese su titularidad. El camino quedaba despejado.

Entre el maremagnum de medidas incluidas en aquel texto legislativo, esta modificación pasó totalmente desapercibida. Tanto que no hubo ni siquiera una argumentación que la respaldase, ya no en público, sino en el propio texto legislativo. En otro informe del Consello, emitido tres meses después del cambio a petición del concello de Lalín (Pontevedra), el ponente Ignacio de Loyola Aranguren Pérez, era contundente: “A pesar de que, de una forma ciertamente incomprensible, la exposición de motivos de la citada ley omite todo tipo de referencia a este cambio normativo —ofrece una explicación de todos los cambios realizados excepto este—, el precepto es claro para incluir instalaciones privadas de gestión y tratamiento de residuos dentro de los usos admisibles en suelo rústico”.

La Xunta sí ha motivado el cambio en la ley a preguntas de elDiario.es. Se remite, en primer lugar, al artículo 13 del real decreto de 2015 que aprueba el texto refundida de la ley del suelo y rehabilitación urbana: “con carácter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones previstas en la legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse actos y usos específicos que sean de interés público o social, que contribuyan a la ordenación y el desarrollo rurales, o que hayan de emplazarse en el medio rural”.

El reglamento que desarrolla la ley gallega señala que esas dotaciones urbanísticas son “el conjunto de instalaciones y servicios destinados a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos; pueden ser de uso y titularidad públicos o privados”. Por último, asegura que, con esta modificación, “se aclara que también es posible implantar instalaciones e infraestructuras privadas, en la medida en que participan de ese interés social al que se refiere la norma básica estatal”.

En casos como las plantas de gestión de residuos, ese supuesto “interés social” ya fue puesto en cuestión por el Consello Consultivo. En su respuesta a Lalín —posterior a la modificación—, aseguraba que “la actividad de almacenamiento y tratamiento de residuos industriales no está relacionado con la explotación racional de los recursos naturales del suelo rústico” e, incluso, “podría considerarse incompatible” con la preservación de sus valores naturales, “pero lo cierto es que la dicción literal de la Ley lo permite”. Algo bien distinto sería, por ejemplo, un depósito de la empresa concesionaria de la traída de aguas. A eso se refería el reglamento cuando hablaba de un posible “uso o titularidad privada” sin perder el carácter dotacional de la infraestructura.

“Por mí, se instalaría en el polígono industrial”

Esa reforma casi clandestina dio al Concello de Teo la coartada que necesitaba para no oponerse a la decisión de la Xunta. Ante la indignación vecinal, que sólo conoció el proyecto una vez se había aprobado su autorización ambiental integrada, la alcaldesa, Lucía Calvo, emitía un comunicado para defender que “ni tiene ni tuvo potestad alguna para autorizar o no la gestora de residuos de la construcción”.

“Se trata de una competencia exclusiva de la administración autonómica donde el gobierno local no puede emitir ningún tipo de informe vinculante”, dice antes de citar el famoso artículo 35.m). “Conforme a la legislación ambiental, el ente autonómico únicamente pidió al Concello un informe de viabilidad urbanística de la parcela, el cual ni tan siquiera fue emitido, sin tener opción a ninguna alegación o posicionamiento”. Con la apertura legal a instalaciones privadas, el veto municipal recogido en el decreto de Medio Ambiente ya no era posible. Incluso si hubiese intentado aplicarlo.

“El Ayuntamiento quiere dejar claro que esta empresa cuenta con autorización ambiental de la Administración autonómica, no por el Concello, y así se le trasladó a los vecinos”, continúa. Según ellos mismos contaron tras ese encuentro, la indignación de los vecinos tenía otro motivo: que la alcaldesa conocía que se estaba tramitando esa autorización y no los avisó, lo que impidió que pudiesen alegar contra el proyecto dentro de plazo. El gobierno local, que sí tuvo opción, prefirió no hacerlo. Era su forma, dicen que les dijo, de defender mejor sus intereses.

La plataforma vecinal trasladó su malestar a las puertas del ayuntamiento durante la celebración de un pleno, un acto que la alcaldesa consideró “un escrache” y del que, siguiendo el manual del PPdeG —del que su amiga, y antigua vecina, Paula Prado, es el mejor ejemplo— culpó al BNG y al sindicato CIG. “Si fuera por mí, esa planta no se instalaría en este punto, sino que se ubicaría en el futuro polígono industrial”, argumentaba la propia Calvo tras la sesión. ¿Una crítica velada a la modificación impulsada por su propio partido?

Los vecinos continuarán con su lucha y estudian tanto vías políticas como judiciales para intentar frenar una instalación que, están convencidos, traerá ruidos, contaminación por polvo en suspensión —pese a las promesas de “regar” durante el verano— y un tráfico constante de camiones por unas pistas forestales por las que no caben dos vehículos en paralelo. Todo, a escasos metros de dos núcleos de población, las aldeas de Feros y A Torre, en una zona rural donde el metro cuadrado es mucho más barato que en cualquier polígono industrial y en donde, antes del cambio en la ley, una instalación como ésta no hubiese encontrado encaje. Ahora, puede ser la primera de muchas.

“L’anàlisi de l’avantprojecte de Llei del sòl de la Comunitat Valenciana permet concloure que el nou marc normatiu plantejat resulta, en termes generals, negatiu per a la protecció del medi ambient, del territori i per a l’ús racional dels recursos. Lluny de reforçar els mecanismes de planificació, control i prevenció, el text proposat introdueix modificacions que suposen un canvi de model profund, amb conseqüències potencialment greus sobre l’equilibri territorial i ambiental”.

Aquesta és una de les conclusions de l’informe jurídic de la cooperativa El Rogle encarregat per l’associació Per l’Horta sobre el text legal esmentat que està en fase d’al·legacions i sobre el qual l’entitat ha basat el seu escrit d’esmenes. Com va informar elDiario.es quan el Govern valencià va donar a conéixer l’avantprojecte en la fase d’exposició pública, un dels seus objectius és la reducció de la burocràcia i els terminis per a tirar avant projectes, cosa que es tradueix en més facilitats per als promotors i menys seguretat jurídica en matèria urbanística i ambiental.

La nova Llei del sòl (document complet al final de la informació) substituirà íntegrament el Text Refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (Trlotup), aprovada el juny del 2021 pel Govern del Botànic. Tal com recull l’informe jurídic d’El Rogle, un dels canvis legals més cridaners és l’eliminació del mínim de 1.000 metres de distància que ha d’haver-hi entre qualsevol activitat considerada perillosa i nuclis urbans o sòls urbanitzables.

En concret, l’article 7.6 de la Trlotup estableix que “per als nous desenvolupaments urbanístics de sectors o unitats d’execució i implantació de les activitats econòmiques que impliquen riscos per a la salut o manipulació de substàncies perilloses i l’autorització de les quals corresponga a l’Administració de la Generalitat Valenciana o a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el cas de tancs per a emmagatzematge de productes petroliers combustibles de més de 5.000 metres cúbics situats a l’interior de recintes portuaris, l’activitat dels quals no tinga interrelació de servei amb instal·lacions estratègiques estatals amb declaració d’impacte ambiental estatal en matèria de combustibles, regulades en el Reial decret 840/2015, del 21 de setembre, pel qual s’aproven les mesures de control de riscos inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses, o en el Reial decret 1523/1999, de l’1 d’octubre, pel qual es modifica el Reglament d’instal·lacions petrolieres, aprovat pel Reial decret 2085/1994, del 20 d’octubre, o normes que el desenvolupen o el substituïsquen, han de situar-se almenys a 1.000 metres de distància, comptats des del perímetre exterior de la instal·lació fins a la zona més pròxima, de sòls qualificats de residencials, dotacionals educatius o sanitaris, i sòls d’ús terciari especial”.

L’avantprojecte del Govern valencià, no obstant això, estableix en l’article 13.3 que “el creixement territorial i urbà incorporarà el principi de prevenció d’accidents greus derivats d’activitats o d’instal·lacions perilloses” i afig: “Els instruments d’ordenació evitaran la localització d’usos vulnerables en les zones d’afecció i condicionaran, quan s’escaiga, l’ordenació i la implantació de nous usos a les mesures de prevenció i mitigació necessàries i a les condicions que establisquen els òrgans competents en matèria de seguretat industrial i de protecció civil”.

L’informe jurídic de Per l’Horta considera que aquest canvi suposa “un pas arrere, ja que deixa en mans de promotors l’establiment d’unes mesures de seguretat que, quan vagen en contra de l’explotació del màxim benefici, poden ser no avaluades amb el rigor que s’exigiria”.

Sobre aquest tema, des de la Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació han insistit que la proposta legislativa “naix per a aclarir normativa i simplificar la gestió del territori valencià”. En aquest sentit, han recordat que s’ha encetat una ronda de contactes en les tres províncies per a traslladar les línies generals i prendre nota d’aportacions dels diferents sectors amb vista a matisar qualsevol proposta. L’objectiu és que la normativa tinga “el màxim consens amb vista a la tramitació en les Corts, que s’espera per a després de l’estiu”.

Risc d’especulació

L’informe jurídic conclou que l’avantprojecte de llei que està en fase d’al·legacions “incrementa el risc d’especulació urbanística, especialment en sòls no urbanitzables i en municipis menuts amb menys capacitat tècnica, econòmica i política per a resistir pressions externes”.

En aquesta línia, com va informar aquest diari, la nova normativa recull la figura dels projectes d’interés autonòmic (PIA) que ja es va aprovar al final de l’any en el Decret de simplificació administrativa i pel qual al Consell, “a iniciativa pública, privada o mixta, podrà declarar projecte d’interés autonòmic la inversió de caràcter terciari, industrial o logístic que, pel seu impacte supramunicipal i rellevància estratègica, afavorisca de manera duradora el desenvolupament econòmic, social i ambiental de la Comunitat Valenciana” i afig: “El projecte d’interés autonòmic podrà localitzar-se en qualsevol mena de sòl. Quan afecte sòl no urbanitzable protegit o integrat en la infraestructura verda, el Consell valorarà la compatibilitat territorial i ambiental”.

Aquestes iniciatives, que exigeixen una inversió mínima de 50 milions d’euros o de 75 milions en el cas d’instal·lacions energètiques, podran resoldre’s en un termini aproximat de sis mesos si necessiten llicència ambiental, o de nou mesos si estan subjectes a una autorització ambiental integrada.

Antonio Montiel, membre de Per l’Horta, ha destacat que “la víctima principal de les polítiques que impulsa el Consell del PP serà el sòl no urbanitzable, un recurs estratègic vital per a l’agricultura i l’equilibri territorial”, i ha recordat que les polítiques de liberalització del sòl com les que va promoure el Govern d’Aznar en l’àmbit estatal el 1998 “van contribuir a la bambolla especulativa i la crisi posterior”.

L’informe encarregat per Per l’Horta també destaca “l’afebliment del deure de planificació de l’Administració pública”, que es pot constatar en les modificacions introduïdes en l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), que passa de tindre un caràcter director a simplement orientatiu, apunta Ana de Sousa Selfa, autora de l’informe, i en els plans generals.

L’anàlisi feta per El Rogle destaca que l’avantprojecte suposa “una limitació en el contingut” de tots dos instruments, a més d’una “facilitació i simplificació” dels mecanismes de control sobre les modificacions que es puguen proposar d’aquests instruments. Quant a l’ETCV, en la pràctica, “això implica que es perd la visió estratègica i de conjunt, i es permeten modificacions ad hoc a projectes concrets que, molt probablement, no sempre respondran a interessos generals, sinó de promotors particulars”.

L’informe assenyala també que l’avantprojecte estableix la creació de nous instruments de planejament simplificats per als 225 municipis de menys de 1.000 habitants que hi ha en el nostre territori, “una demanda real” que es feia “des de fa molts anys”, encara que, en el context “de pèrdua de pes d’allò públic en favor de la iniciativa privada” i la manca de personal especialitzat en urbanisme als pobles més menuts, es pot “estar creant una catifa roja per a l’especulació amb el territori dels municipis menuts”.

En definitiva, conclou el document elaborat per El Rogle, “el text analitzat pot interpretar-se com una proposta legislativa feta a la mesura del sector privat, que prioritza l’agilitat administrativa, la seguretat jurídica dels promotors i la rendibilitat econòmica per damunt de la protecció del territori, del medi ambient i de l’interés general”. Aquest enfocament suposa “una reculada respecte dels principis de precaució, planificació pública i participació ciutadana, i posa en risc la construcció d’un model territorial just, equilibrat i sostenible al País Valencià”.

“El análisis del anteproyecto de Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana permite concluir que el nuevo marco normativo planteado resulta, en términos generales, negativo para la protección del medio ambiente, del territorio y para el uso racional de los recursos. Lejos de reforzar los mecanismos de planificación, control y prevención, el texto propuesto introduce modificaciones que supongan un cambio de modelo profundo, con consecuencias potencialmente graves sobre el equilibrio territorial y ambiental”.

Esta es una de las conclusiones del informe jurídico de la cooperativa El Rogle encargado por la asociación Per l'Horta sobre el mencionado texto legal que está en fase de alegaciones y sobre el que la entidad ha basado su escrito de enmiendas. Como informó elDiario.es cuando el Gobierno valenciano dio a conocer el anteproyecto en la fase de exposición pública, uno de sus objetivos es la reducción de la burocracia y los plazos para llevar adelante proyectos, lo que se traduce en más facilidades para los promotores y menos seguridad jurídica en materia urbanística y ambiental.

La nueva ley del suelo (documento completo al final de la información) sustituirá íntegramente al Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP), aprobada en junio de 2021 por el Gobierno del Botánico. Tal y como recoge el informe jurídico de El Rogle, uno de los cambios legales más llamativos es la eliminación del mínimo de 1.000 metros de distancia que debe haber entre cualquier actividad considerada peligrosa y núcleos urbanos o suelos urbanizables.

En concreto, el artículo 7.6 de la TRLOTUP establece que “para los nuevos desarrollos urbanísticos de sectores o unidades de ejecución e implantación de las actividades económicas que impliquen riesgos para la salud o manipulación de sustancias peligrosas y cuya autorización corresponda a la administración de la Generalitat Valenciana o a las entidades locales de la Comunitat Valenciana, en el caso de tanques para almacenamiento de productos petrolíferos combustibles de más de 5.000 metros cúbicos situados en el interior de recintos portuarios, cuya actividad no tenga interrelación de servicio con instalaciones estratégicas estatales con declaración de impacto ambiental estatal en materia de combustibles, reguladas en el Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban las medidas de control de riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, o en el Real decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real decreto 2085/1994, de 20 de octubre, o normas que lo desarrollen o sustituyan, deben situarse al menos a 1.000 metros de distancia, contados desde el perímetro exterior de la instalación hasta la zona más próxima, de suelos calificados como residenciales, dotacionales educativos o sanitarios, y suelos de uso terciario especial”.

El anteproyecto del Gobierno valenciano, sin embargo, establece en su artículo 13.3 que “el crecimiento territorial y urbano incorporará el principio de prevención de accidentes graves derivados de actividades o instalaciones peligrosas” y añade: “Los instrumentos de ordenación evitarán la localización de usos vulnerables en las zonas de afección y condicionarán, cuando proceda, la ordenación y la implantación de nuevos usos a las medidas de prevención y mitigación necesarias y a las condiciones que establezcan los órganos competentes en materia de seguridad industrial y de protección civil”.

El informe jurídico de Per l'Hora considera que este cambio supone “un paso atrás por cuanto deja en manos de promotores el establecimiento de unas medidas de seguridad que cuando vayan en contra de la explotación del máximo beneficio, pueden ser no evaluadas con el rigor que se exigiría”.

Al respecto, desde la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación han insistido en que la propuesta legislativa “nace para clarificar normativa y simplificar la gestión del territorio valenciano”. En este sentido, han recordado que se ha iniciado una ronda de contactos en las tres provincias para trasladar las líneas generales y tomar nota de aportaciones de los diferentes sectores de cara a matizar cualquier propuesta. El objetivo es que la normativa cuente con “el máximo consenso de cara a su tramitación en Les Corts, que se espera para después del verano”.

Riesgo de especulación

El informe jurídico concluye que el anteproyecto ley que está en fase de alegaciones “incrementa el riesgo de especulación urbanística, especialmente en suelos no urbanizables y en municipios pequeños con menos capacidad técnica, económica y política para resistir presiones externas”.

En esta línea, como informó este diario, la nueva normativa recoge la figura de los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) que ya se aprobó a finales de año en el Decreto de Simplificación Administrativa y que permitirá al Consell, “a iniciativa pública, privada o mixta, podrá declarar proyecto de interés autonómico aquella inversión de carácter terciario, industrial o logístico que, por su impacto supramunicipal y relevancia estratégica, favorezca de forma duradera al desarrollo económico, social y ambiental de la Comunitat Valenciana” y añade: “El proyecto de interés autonómico podrá localizarse en cualquier clase de suelo. Cuando afecte a suelo no urbanizable protegido o integrado en la infraestructura verde, el Consell valorará la compatibilidad territorial y ambiental”.

Estas iniciativas que exigen una inversión mínima de 50 millones de euros o de 75 millones en el caso de instalaciones energéticas podrán resolverse en un plazo aproximado de seis meses si requieren licencia ambiental, o de nueve meses si están sujetas a una Autorización Ambiental Integrada.

Antonio Montiel, miembro de Per l'Horta, ha destacado que “la víctima principal de las políticas que impulsa el Consell del PP será el suelo no urbanizable, un recurso estratégico vital para la agricultura y el equilibrio territorial”, y ha recordado que las políticas de liberalización del suelo como las que promovió el Gobierno de Aznar en el ámbito estatal en 1998 “contribuyeron a la burbuja especulativa y la crisis posterior”.

El informe también destaca “el debilitamiento del deber de planificación de la Administración Pública”, que se puede constatar en las modificaciones introducidas en la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV), que pasa de tener un carácter director a simplemente orientativo, apunta Ana de Sousa Selfa, autora del informe, y en los planes generales.

El análisis hecho por El Rogle destaca que el anteproyecto supone “una limitación en el contenido” de ambos instrumentos, además de una “facilitación y simplificación” de los mecanismos de control sobre las modificaciones que se puedan proponer de esos instrumentos. En cuanto al ETCV, en la práctica, “esto implica que se pierde la visión estratégica y de conjunto, permitiendo modificaciones ad hoc a proyectos concretos que, muy probablemente, no siempre responderán a intereses generales, sino de promotores particulares”.

El informe señala también que el anteproyecto establece la creación de nuevos instrumentos de planeamiento simplificados para los 225 municipios de menos de 1.000 habitantes que hay en nuestro territorio, “una demanda real” que se venía haciendo “desde hace muchos años”, aunque, en el contexto “de pérdida de peso de aquello público en favor de la iniciativa privada” y carencia de personal especializado en urbanismo en los pueblos más pequeños, se puede “estar creando una alfombra roja para la especulación con el territorio de los municipios pequeños”.

En definitiva, concluye el documento elaborado por El Rogle, “el texto analizado puede interpretarse como una propuesta legislativa hecha a la medida del sector privado, que prioriza la agilidad administrativa, la seguridad jurídica de los promotores y la rentabilidad económica por encima de la protección del territorio, del medio ambiente y del interés general”. Este enfoque supone “un retroceso respecto a los principios de precaución, planificación pública y participación ciudadana, y pose en riesgo la construcción de un modelo territorial justo, equilibrado y sostenible al País Valencià”.

La Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria ha tramitado durante el primer mes del año la construcción de seis piscinas y doce alojamientos turísticos sobre suelo rústico en la comunidad autónoma. Lo ha hecho gracias a la reforma de la Ley del Suelo que impulsó el Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) para, según señalaron con esta modificación de la normativa urbanística, fijar población rural favoreciendo la construcción de viviendas unifamiliares en las parcelas no urbanizables de los vecinos de estas localidades rurales.

Sin embargo, la política de liberalización urbanística de Cantabria empieza a generar un efecto contrario al objetivo con la, cada vez más frecuente, construcción de segundas residencias, alojamientos turísticos y piscinas privadas, como evidencia las cifras de los proyectos tramitados a lo largo del mes de enero de 2026.

Los proyectos de alojamientos turísticos consultados por elDiario.es estarán ubicados en suelo rústico de Liencres -donde se tramita una vivienda con ocho apartamentos-, Liaño y Cabezón de la Sal. Además, en San Pedro del Romeral y Soba se han solicitado autorizaciones para reconvertir tres cabañas para uso turístico.

Más piscinas privadas

Los permisos para construir piscinas en suelo no urbanizable también crecen. Solo en enero, la Dirección de Urbanismo y Ordenación del Territorio ha tramitado seis, vinculadas a viviendas particulares en localizaciones como Cabezón de la Sal, Liencres, Orejo, Galizano y San Miguel de Meruelo.

Las piscinas en suelo rústico de protección ordinaria tienen la consideración de “instalaciones deportivas al aire libre” aunque sean privadas y estén vinculadas a una vivienda particular.

Por tanto, no hay limitaciones para que puedan construirse en suelo rústico, incluso protegido. Se adscriben a la categoría de usos deportivos y de ocio que comprende la instalación de piscinas públicas o privadas, tirolinas, parques de aventuras, paint-ball, campos de golf, pistas deportivas (tenis, pádel, etcétera), motocross, campos de fútbol, pistas de motos, cross, karts, ciclismo, laberintos, junto con las instalaciones cubiertas necesarias.

La Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Cantabria tramita la construcción en suelo rústico de un edificio de dos plantas que contará con ocho alojamientos turisticos en el pueblo de Liencres, en el término municipal del Ayuntamiento de Piélagos.

El Boletín Oficial de Cantabria ha publicado que el proyecto sale a información pública durante un plazo de 15 días. El edificio estará ubicado en una parcela rústica de 1.846 metros cuadrados en el barrio de Las Mazas, en la entrada del pueblo, a la orilla de la carretera comarcal que lleva hasta el Parque Natural de las Dunas de Liencres.

La tramitación de este proyecto encaja en la liberalización del suelo rústico que impulsó esta legislatura el Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) para permitir la construcción de viviendas unifamiliares y “asentar población” en núcleos rurales.

El propio consejero de Fomento, Roberto Media (PP), impulsor de la iniciativa, explicó hace unos meses que las autorizaciones en suelo rústico han permitido, a su juicio, que “mucha gente joven tenga hoy una vivienda en unas condiciones razonables sin irse de su pueblo, en un terreno que han comprado o heredado de sus padres”. Pero en la práctica está generando el efecto contrario al alimentar el negocio de las viviendas turísticas en la comunidad autónoma.

El proyecto de Liencres está promovido por Bautista y Rosete S.L. y, según el expediente de tramitación consultado por elDiario.es que se ha hecho público, aporta el visto bueno de la jefa de Servicio de Actividades Turísticas de la Dirección General de Turismo del Gobierno de Cantabria. Un informe de consulta previa favorable para un “alojamiento extrahotelero de una llave”.

El edificio proyectado, de unos 600 metros construidos, incluye ocho apartamentos para usos turísticos que tendrán, cada uno de ellos, un salón con cocina, dormitorio doble y baño. La inversión prevista, para dos plantas y sótano, se ha calculado que rondará los 800.000 euros.

Tres piscinas en suelo rústico

Desde que comenzó 2025, Urbanismo ha anunciado la tramitación en suelo rústico de otra restauración y ampliación de una cabaña para usos turísticos en Soba y tres piscinas. Una de ellas asociada a una vivienda particular en Liencres, otra en Campos Delante (Entrambasaguas) y la última en Cabezón de la Sal vinculada también a una casa.

Menos burocracia y por lo tanto más facilidades para los promotores, eso sí, a riesgo de perder seguridad jurídica en materia urbanística y ambiental. Estas son algunas de las claves de la nueva Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana (documento completo al final de la información) cuyo anteproyecto publicó este jueves el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) para la presentación de alegaciones.

Tal y como recoge la exposición de motivos, la nueva normativa sustituirá íntegramente al Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, aprobado en junio de 2021 por el Gobierno del Botánico: “La derogación del TRLOTUP se acompaña de la subsistencia, con rango reglamentario y en lo que no se opongan a esta ley, de determinados preceptos y anexos hasta la aprobación del desarrollo reglamentario previsto, a fin de asegurar la continuidad y la coherencia del sistema”, dice el documento.

Así, el anteproyecto recoge la figura de los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) que ya se aprobó a finales de año en el Decreto de Simplificación Administrativa y que permitirá al Consell, “a iniciativa pública, privada o mixta, podrá declarar proyecto de interés autonómico aquella inversión de carácter terciario, industrial o logístico que, por su impacto supramunicipal y relevancia estratégica, favorezca de forma duradera al desarrollo económico, social y ambiental de la Comunitat Valenciana” y añade: “El proyecto de interés autonómico podrá localizarse en cualquier clase de suelo. Cuando afecte a suelo no urbanizable protegido o integrado en la infraestructura verde, el Consell valorará la compatibilidad territorial y ambiental”.

Estas iniciativas que exigen una inversión mínima de 50 millones de euros o de 75 millones en el caso de instalaciones energéticas podrán resolverse en un plazo aproximado de seis meses si requieren licencia ambiental, o de nueve meses si están sujetas a una Autorización Ambiental Integrada.

La normativa limita también el alcance legal de los planes generales de ordenación urbana de los ayuntamientos. Según el anteproyecto, “una de las principales novedades de esta ley es la profunda reforma del modelo de planeamiento urbanístico municipal”. El modelo vigente, “basado en un plan general rígido, extenso y excesivamente cargado de contenido técnico y jurídico, se ha mostrado incapaz de acompasar los cambios sociales, económicos y ambientales que afectan al territorio. Su complejidad ha contribuido a dilatar su tramitación y dificultar su revisión, comprometiendo así su utilidad como instrumento de gestión”.

En este sentido, “la nueva ley redefine el papel del plan general, que deja de ser el instrumento que fija directamente el estatuto jurídico del suelo y los derechos y deberes de los propietarios”. En lugar de ello, “pasa a configurarse como un instrumento esencialmente estratégico y directivo”. Su contenido se simplifica y se orienta a establecer los elementos estructurales del modelo territorial municipal: “Delimita las clases de suelo, define los objetivos territoriales básicos y fija los criterios que deberán respetar los instrumentos de desarrollo. De este modo, se le dota de mayor flexibilidad, se facilita su aprobación y revisión, y se asegura una mejor adaptación a los cambios”.

El borrador de la legislación otorga gran protagonismo a las declaraciones responsables con el objetivo de agilizar el inicio de las obras, una opción que sin embargo reduce el control administrativo sobre el cumplimiento de las licencias de obras. Según el documento, “obtenida la licencia sobre proyecto básico, el interesado podrá iniciar las obras presentando, en el plazo máximo de seis meses, declaración responsable que acredite que el proyecto de ejecución desarrolla fielmente al básico y no introduce modificaciones sustanciales”.

La declaración responsable incluirá, al menos: “La identidad del promotor y, en su caso, de su representante, así como un medio electrónico de notificación; una descripción sucinta de la actuación con indicación de su ubicación y referencia registral o catastral; la manifestación responsable de que la actuación cumple la normativa urbanística y sectorial aplicable, incluidas las relativas al patrimonio cultural y al medio ambiente, de que se dispone de la documentación acreditativa exigible y de que esta se mantendrá vigente mientras dure la actuación”.

En cuanto a las evaluaciones ambientales en las tramitaciones urbanísticas, en el ámbito de la estrategia territorial de la Comunitat Valenciana se opta como norma general por las simplificadas.

Al respecto, la diputada socialista María José Salvador, ha criticado que “con el anteproyecto de ley del suelo el PP sitúa el urbanismo al servicio de los intereses privados y la especulación del suelo” y ha denunciado que “el presidente Juan Francisco Pérez Llorca lamina la autonomía municipal en materia de urbanismo, limitando el valor del Plan General que se convierte en un mero instrumento estratégico, anteponiendo los intereses privados sobre el propio planeamiento municipal”.

Además, “bajo el pretexto de la agilización, convierten automáticamente normas subsidiarias en plan urbanístico simplificado, sin ninguna tramitación, y abren la puerta a reducir las reservas de suelo para vivienda protegida”, y ha considerado que “este anteproyecto supone una merma de los estándares en materia de protección ambiental en la tramitación urbanística, ya que optan por la evaluación simplificada”.

Para Salvador, “el PP ha venido a hacer negocio con el territorio y con el suelo, y así se ha demostrado con cada decreto y ley que han impulsado, provocando una involución grave en materia de ordenación territorial han necesaria especialmente en estos momentos en los que hay que proteger a las personas y luchar contra el cambio climático”. En definitiva, ha concluido la diputada socialista, “Pérez Llorca legisla atendiendo las demandas de los grupos de interés y se ha alejado de la defensa del interés general que es la responsabilidad de todo gobernante”.

Para el vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, la futura Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana “”Nace con el objetivo de clarificar la farragosa normativa existente, agilizar y simplificar la gestión del territorio, recuperando la sensatez, la seguridad y la eficacia en la planificación urbanística“. Se trata, ha subrayado, de una norma ”concebida como una herramienta sencilla, segura y útil, a la altura de los retos y oportunidades de la Comunitat Valenciana“.

Cantabristas ha advertido de que las políticas del Gobierno regional están “agravando” la crisis de la vivienda en Cantabria, ya que “todas las medidas que ha tomado el PP en este ámbito han ido dirigidas a beneficiar a las élites turísticas”.

Así lo ha señalado el partido este martes en nota de prensa, en la que ha destacado que es “esencial” que se ponga la cuestión de la vivienda “en el centro de las prioridades”, y ha propuesto medidas como la creación de un parque público de vivienda en alquiler, la puesta en marcha de ayudas a la rehabilitación de inmuebles y una legislación “que apoye a quienes queremos vivir en Cantabria y no solo a las élites turísticas”.

Araceli González, de Cantabristas, ha censurado que la Ley del Suelo que creó el anterior Gobierno (PRC-PSOE) y que “profundizó” el actual (PP) “solo ha servido para que prolifere la segunda vivienda y los inmuebles de lujo en nuestros pueblos, encareciendo el suelo y la vivienda para la gente de aquí”.

Asimismo, ha indicado que la eliminación de la cédula de habitabilidad “únicamente ha provocado la proliferación de la vivienda precaria en bajos y garajes”.

“Las políticas del PP de Buruaga solo han servido para agravar aún más la crisis de la vivienda en Cantabria”, ha sentenciado la cantabrista, que ha defendido “el derecho a vivir en Cantabria y poner las políticas de vivienda en el centro del debate público”.

En plena crisis por el acceso a la vivienda en Cantabria y tras empezar a constatarse que la liberalización del suelo rústico promovida por el Gobierno del PP está alimentando la expansión de las viviendas turísticas, la oposición ha reaccionado con contundencia, acusando al Ejecutivo autonómico de María José Sáenz de Buruaga (PP) de “favorecer la especulación inmobiliaria y la masificación turística a costa del territorio rural”.

En este sentido, PSOE, Izquierda Unida y Cantabristas han criticado los efectos ya palpables de la última reforma de la Ley del Suelo, que data de marzo de este año, y que fue camuflada en la Ley de Simplificación Administrativa que el Gobierno del PP logró sacar adelante gracias al apoyo de la extrema derecha de Vox.

Y es que gracias a la modificación de la citada normativa, cuya supuesta finalidad era combatir la despoblación y fijar población rural, el Ejecutivo cántabro está tramitando licencias para edificar en suelo rústico varios proyectos que directamente advierten de que se destinarán a levantar apartamentos turísticos en suelo rústico de municipios como Bareyo, Reocín o Liérganes.

Al respecto, la presidenta se ha pronunciado esta semana justificando ese aumento de viviendas turísticas: “Cuando uno va a vivir al medio rural no come del aire, hay que favorecer el emprendimiento, la actividad económica y las oportunidades de desarrollo económico-social”, ha expresado, defendiendo “la vivienda asociada al establecimiento hostelero” para que “la foto no sea la de un paisaje muerto”.

Así, desde el PSOE han recordado que ya advirtieron de las consecuencias cuando el PP planteó la reforma de la Ley del Suelo. “Era una excusa para liberalizar suelo rústico y que se especulara con él”, ha señalado su portavoz parlamentario, Mario Iglesias, a este periódico. En este sentido, los socialistas consideran que esta política “se enmarca en el modelo de masificación turística de nuestra región” y critican que, lejos de ayudar a fijar población en las zonas despobladas, “está tensionando aún más el mercado de un bien de primera necesidad como es la vivienda”.

Además, el PSOE ha registrado una batería de preguntas al Gobierno de Cantabria para conocer cuántas viviendas de uso turístico se han construido en suelo rústico desde la entrada en vigor de la nueva ley, así como el número de edificaciones que se corresponden con primera residencia o están vinculadas al sector primario, y su localización geográfica: si se trata de zonas de interior o del litoral más presionado por el turismo.

Por su parte, Izquierda Unida ha cargado contra el modelo “liberalizador del suelo”, que -según recuerdan- “comenzó con PRC y PSOE en la pasada legislatura y ha sido profundizado por el PP”. En opinión de su coordinador autonómico, Israel Ruiz Salmón, permitir la construcción de viviendas en suelo rústico sin vinculación al uso agrario “es contrario al interés general y va en contra del enfoque de comunidades vecinas como Asturias o Euskadi”.

“Lo que debería ser una excepción se está convirtiendo en norma, trasladando el modelo urbanístico de la costa al interior”, denuncia IU, “a sabiendas de los graves problemas que ha supuesto y supone, como construcciones ilegales y derribos o el uso para fines turísticos que disminuyen la disponibilidad de viviendas para uso residencial y encarecen las pocas que hay, además de tensionar los servicios públicos y generar puntos calientes de masificación turística”.

Además, el coordinador de IU ha alertado de los efectos de esta medida en el acceso a la vivienda, los servicios públicos y el medio ambiente. “El PP no tiene más modelo que el ladrillazo que nos sumió en una profunda crisis que tanto dolor generó y que ahora repite con un agravante: hormigonar el suelo más fértil que hay en Cantabria. Y luego tendremos que oírlos decir que defienden al sector primario, cuando lo que promueven es la construcción en parcelas que hoy pace el ganado”, ha señalado Ruiz Salmón en conversación con elDiario.es.

Finalmente, ha criticado el decreto autonómico de viviendas de uso turístico, que “no pone coto, ni crea un marco común para los 102 municipios, sino que traslada la pelota a las entidades locales alargando el problema”.

Desde Cantabristas, las críticas han sido igual de duras. “La Ley del Cemento de PRC-PSOE y la posterior reforma del PP tenían un único objetivo común: facilitar la construcción de viviendas turísticas en nuestros pueblos”, han afirmado en declaraciones a este periódico. Según esta formación, tanto el anterior como el actual Gobierno han apostado por “desregularizar el suelo rústico para favorecer dinámicas especulativas y enriquecer los bolsillos de unos pocos a costa de la crisis de vivienda que estamos padeciendo”.

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que avaló la anterior reforma -la de enero de 2024- que sacó adelante el Gobierno del PP, ha evitado por el momento posicionarse, aunque ha confirmado que está trabajando en una iniciativa parlamentaria sobre esta cuestión que verá la luz la próxima semana.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha defendido este martes el efecto cada vez más palpable de la última reforma de la Ley del Suelo que aprobó su Gobierno hace seis meses gracias al apoyo de la extrema derecha de Vox: la proliferación de proyectos para levantar apartamentos turísticos en suelo rústico. Y es que la iniciativa, que salió adelante camuflada en la Ley de Simplificación Administrativa, supone en la práctica una liberalización del terreno rural que está alimentando el negocio de las viviendas turísticas.

“Cuando uno va a vivir al medio rural no come del aire, hay que favorecer el emprendimiento, la actividad económica y las oportunidades de desarrollo económico-social”, ha respondido al respecto la jefa del Ejecutivo autonómico a preguntas de elDiario.es durante la rueda de prensa de presentación del proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria.

Y es que para Buruaga “construir y vivir en el medio rural no significa que este sea una foto de un paisaje muerto”: “Hay que acompañarlo de medios de vida”, ha resaltado, medios que, a su juicio, pasan principalmente por el turismo aunque ello suponga generar el efecto contrario al que supuestamente se pretendía con la reforma de la ley.

El resultado de la liberalización urbanística está trayendo consigo un uso del suelo rústico para segundas residencias o para negocios vinculados con el turismo, tal y como se advierte en las licencias que está tramitando en los últimos meses el Ejecutivo en diferentes municipios. Esta realidad choca con la motivación inicial de favorecer la construcción de viviendas unifamiliares para “asentar población” en núcleos rurales.

“Se puede vivir en el medio rural con una vivienda asociada al establecimiento hostelero que, además, da vida a un comercio, a una producción agroalimentaria, a una instalación turística…”, ha defendido Buruaga, quien ha resaltado también que la reforma de la normativa se basó en la modificación de la ley de 2012, cuando se introdujo el régimen de construccion de la vivienda unifamiliar en suelo rústico y de instalaciones vinculadas al turismo, al ocio y al deporte rural. “Lo que se está haciendo es de una forma absolutamente racional, ordenada y sin llevarse nada por delante”, ha sentenciado la presidenta.

La liberalización del suelo rústico que impulsó esta legislatura el Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) para permitir la construcción de viviendas unifamiliares y “asentar población” en núcleos rurales está generando un efecto contrario: alimentar el negocio de las viviendas turísticas en la comunidad autónoma. Se trata de un fenómeno que se está agudizando. En estos momentos, el Ejecutivo autonómico tramita licencias para edificar en suelo rústico varios proyectos que directamente advierten de que se destinarán a levantar apartamentos turísticos en suelo rústico de municipios como Bareyo, Reocín o Liérganes.

La excepción que permitió edificar viviendas unifamiliares en terrenos no urbanizables de Cantabria se justificó en la idea de fijar población rural y de que los propietarios de parcelas rústicas pudiesen hacer una casa a sus hijos en la finca familiar de su pueblo, sin recurrir a recalificaciones urbanísticas. O, al menos, esa fue la literatura que inspiró y consolidó la medida cuando se hizo pública y se defendió en su tramitación parlamentaria.

De hecho, el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media (PP), justificó la iniciativa con el argumento de que “es una ley buena, que va a permitir la construcción de viviendas unifamiliares de forma absolutamente controlada, que va a permitir fijar población en muchos de los municipios del interior y que va a generar actividad económica también para los ayuntamientos”.

En cualquier caso, el resultado de la política de la libertad urbanística está siendo diferente al que supuestamente se pretendía. La tendencia es que el suelo rústico se está utilizando para hacer negocio, para segundas residencias o para otros usos como su posterior explotación turística, dado que no se introdujo ninguna salvaguarda para controlar el futuro uso de esas viviendas.

Negocios sobre suelo rústico

La realidad es que esta liberalización del suelo rústico está derivando en una motivación menos emocional y más mercantil: la de rentabilizar suelos rústicos como urbanos para hacer negocio turístico. El requisito es que se tramiten como una sola vivienda, aunque conste de varios apartamentos. Es decir, el truco está en solicitar la licencia para un solo inmueble aunque albergue más de una vivienda en su distribución interior.

En los últimos días, el Boletín Oficial de Cantabria ha sacado a información pública la solicitud de construcción de cuatro apartamentos turísticos en Bareyo y otra edificación en Villapresente en sendas parcelas rústicas. La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), en su última reunión, ha dado también el visto bueno a construir un alojamiento turístico -integrado por cuatro apartamentos- en suelo rústico en Cotornedo, en el municipio de Liérganes.

La promoción urbanística de Bareyo plantea construir una edificación de dos plantas y casi 400 metros cuadrados para cuatro apartamentos turísticos en suelo rústico de entre 78 y 81 metros cada uno. Para ello, se exige que sea “coherente” con la arquitectura propia del núcleo de población, que tenga un consumo “casi nulo y autosuficiente” energéticamente y que se haga en la zona con menor pendiente de la parcela para reducir los movimientos de tierra y evitar el impacto visual que supondría poner muros.

También se establece como condición obligatoria la plantación y adecuado mantenimiento de un árbol autóctono en cada 50 metros cuadrados libres de parcela, que se encuentra afectada por el entorno de protección del Camino de Santiago y de la iglesia de Santa María de Bareyo. El Gobierno de Cantabria ha dado su visto bueno. Considera que la propuesta planteada “es conservadora”, puesto que se ha limitado la superficie ocupada: inferior al 4% de la superficie de parcela.

En el caso de Villapresente, se pretende construir una edificación de una sola planta que no sea superior a los nueve metros, con único acceso, compuesta por tres apartamentos -dos de 67 metros cuadrados y otro de 46 metros- con zonas comunes y acceso desde un distribuidor. Un diseño de 250 metros cuadrados en forma de cruz con cubierta a dos aguas.

No obstante, a pesar de estas circunstancias, hace unas semanas el consejero Roberto Media expresaba su satisfacción y calificaba la liberalización del suelo rústico protegido de “éxito rotundo” porque permite a los jóvenes tener una vivienda sin irse de su pueblo.

Otros de los usos de los terrenos rústicos autorizados en los últimos tiempos han sido, por ejemplo, la construcción de una residencia de personas mayores en suelo no urbanizable en Oreña, promovida por el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, o un nave industrial en Noja.

A la vez, la Comisión Regional de Urbanismo ha rechazado algunas solicitudes como la de una promotora que pedía hacer un albergue y 14 bungalows en un terreno rústico en Somarriba, una pueblo del Ayuntamiento de Liérganes. También se ha denegado otra solicitud para construir apartamentos turísticos en Trillayo, en Cillorigo de Liébana.

400 casas en suelo rústico

La última reforma de la Ley del Suelo, en marzo de 2025, se camufló en la Ley de Simplificación Administrativa, que modificó 24 leyes y 22 decretos con los votos favorables del PP y Vox y también del diputado no adscrito Cristóbal Palacio. Desde entonces también se puede construir vivienda libre en el marco de un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR). Es decir, que el Gobierno de Cantabria podría hacer expropiaciones para interés público en suelo rústico y autorizar que un promotor privado edifique y venda viviendas a precio de libre de mercado en una parte de esa parcela.

Previamente, en enero de 2024, había entrado en vigor otra reforma de la Ley del Suelo de Cantabria, que impulsó también el Ejecutivo del PP, aunque en ese caso con el aval del PRC de Miguel Ángel Revilla, y que ha permitido desde entonces la autorización de casi 400 casas en suelo rústico y ha denegado unas 700 solicitudes. Aunque, en realidad, la construcción de viviendas en suelo rústico ya había estado en vigor durante una década en la comunidad autónoma, cuando se construyeron 1.300. La reforma amplió la posibilidad de edificar de 100 a 200 metros de distancia fuera del límite del núcleo urbano.

La casa de Ana Botín en Pedreña

Entre las autorizaciones que se pueden consultar en la información disponible en la CROTU hay también algunos beneficiarios como la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, que también podrá acogerse a la liberalización del suelo aprobada por el Gobierno del Partido Popular en Cantabria para fijar población rural.

Así, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo ha dado el visto bueno recientemente a la construcción de una casa en Pedreña sobre 6.000 metros cuadrados de suelo rústico en los márgenes del campo de golf de la localidad. Se ubicará en un terreno del municipio de Marina de Cudeyo, correspondiente a una parcela del doble de extensión que había sido segregada un mes antes y dividida en dos mitades.

El proceso se inició hace tres años, en noviembre de 2022, con el registro de la solicitud para hacer una casa unifamiliar de tres plantas, pero se ha dilatado en el tiempo, hasta el punto de que finalmente no ha conseguido el permiso hasta hace unas semanas. En la última reunión de la CROTU se dio el visto bueno después de algunos contratiempos con la posible afectación del Plan de Ordenación del Litoral (POL). Aclarado el error cartográfico ya tiene vía libre.

“Es como si una mano invisible se hubiese metido en nuestra casa, en nuestra economía y en nuestra intimidad”. Beatriz Primo Prados resume así cómo se siente después de los últimos capítulos en su lucha contra el Ayuntamiento de Madrid y un Agente Urbanizador. Una batalla judicial y administrativa por evitar la expropiación de la casa y el terreno de su familia en Aravaca, una de las zonas residenciales con mayor renta de la ciudad, que podría acabar en manos de una sociedad inmobiliaria privada.

Su abuela, su tía y su madre, Beatriz Prados, adquirieron en 1987 una parcela de 4.500 metros cuadrados residenciales para crear una especie de arcadia familiar en el número 17 de la calle de las Golondrinas. Pero en 2004, el Gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón puso en marcha una licitación “sin consentimiento” para urbanizar el jardín de la casa y encima de ella. Adjudicó el proyecto a una empresa privada bajo la etiqueta de Agente Urbanizador, Iniciativas En Áreas De Planeamiento S.L. (Inaplan), que edificaría para sus propios intereses. Gallardón aprovechaba para ello el paraguas legal proporcionado por La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, aprobada en 2001 e inspirada en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunitat Valenciana (popularmente conocida como Ley Zaplana).

Las dos normas autonómicas, criticadas con dureza en un informe del Parlamento Europeo y derogadas por su impacto “lesivo” en la población, impulsaron la figura del Agente Urbanizador: una persona o entidad que podía presentar planes de desarrollo urbanístico sobre suelos de terceros, siempre y cuando los dueños de ese suelo no hubieran actuado en ellos durante un tiempo determinado. Una concepción “abusiva”, que según Beatriz Primo supone en la práctica “expropiaciones que acaban en otras manos privadas”. Siempre ha defendido, además, que en su caso ni siquiera se cumplían las características de aplicación de la ley: habían solicitado una licencia de obra en el solar y no se encontraba inactivo desde un punto de vista urbanístico.

Lo que nos ofrecen ni siquiera se corresponde con el valor de expropiación, pero está claro que son coacciones para empujarnos a una mala venta y a buscar una salida por la vía rápida

En medio de un conflicto judicializado por varias vías, Beatriz denuncia en conversación con Somos Madrid que está recibiendo “coacciones” por parte del Agente Urbanizador: “Me ha enviado una oferta vinculante para adquisición de la finca, con un notario que se ha personado en nuestra casa. Para responder me dan solo hasta el 1 de abril. Lo que nos ofrecen ni siquiera se corresponde con el valor de expropiación, pero está claro que son coacciones para empujarnos a una mala venta y a buscar una salida por la vía rápida”. Le trasladaron que, en caso de no acceder a la oferta, se enfrenta a “un desahucio de registro y a la expropiación”, previo estudio caso del caso por los servicios sociales.

“Nosotras vamos a rechazar la oferta de pleno”, sentencia pese a este ultimátum. Para Beatriz se trata de una escalada más en la “pelea dialéctica y jurídica” que mantienen con Inaplan y con el Ayuntamiento de Madrid. Cree que el objetivo es presionarlas para que cedan antes de que los tribunales dicten sentencia sobre el caso: “Confío en la Justicia, pero no en la administración”.

Un “torpedeo constante” que no amedrenta (pero sí inquieta) a madre e hija

La resolución judicial que está por venir no afecta sin embargo al fondo de la cuestión, sino a supuestos defectos de forma que podrían tumbar todo el planeamiento. Beatriz debe salvar un escollo originado cuando fue víctima, según cuenta, de una estratagema ejecutada por anterior equipo legal, que desde 2014 “no presentó una sola alegación en el período de información pública del proyecto”. Las afectadas acabaron cambiando de letrados y el 7 de diciembre de 2023 presentaron un recurso de reposición por diferentes errores de tramitación, plazos y caducidades en el expediente administrativo y en el acuerdo del pleno municipal del 30 de octubre de 2023.

En dicha sesión plenaria, la mayoría absoluta del Partido Popular desestimó las alegaciones de la familia al expediente que autoriza a Inaplan a ejecutar el desarrollo urbano. “En el Convenio Urbanístico aprobado no se revela la fórmula de cálculo ni los coeficientes de homogeneización, lo que podría permitir manipulaciones. No se elabora un plan de negocio ni una cuenta de resultados que justifique adecuadamente la retribución del adjudicatario. Carece de mecanismos de control para garantizar una retribución justa al Agente Urbanizador”, detallan los servicios jurídicos de las todavía propietarias del terreno en Aravaca.

“Pero el mismo día que presentamos el recurso de reposición, mi abogado anterior presenta a mi nombre un recurso contencioso-administrativo. Ramón Caravaca [vinculado a Luis Rubiales y la antigua cúpula de la Real Federación Española de Fútbol] lo hizo sin nuestro conocimiento, autorización ni encargo. A la semana su procurador me pidió incluso dinero por las costas”, narra Beatriz.

“Nada más enterarnos pedimos retirar el contencioso-administrativo, aunque ya se había diligenciado. Hay una mala praxis por parte de ese abogado, contra el que emprenderé las acciones oportunas, pero lo más indignante es que a ojos del Ayuntamiento ha existido duplicidad de recursos. Como consecuencia, no se ha entrado a valorar el contenido del recurso de reposición. La realidad es que durante 25 días esa duplicidad no existió y he documentado la retirada del contencioso, ya efectuada cuando el 8 de enero el Ayuntamiento no valoró mi recurso de reposición por esa supuesta duplicidad. Para la administración no debe caber suspensión alguna de este procedimiento judicial, no pueden obviar mi escrito ni seguir adelante con la tramitación de la expropiación”, expone la afectada.

Si el Ayuntamiento no toma en consideración dicho recurso, no pueden aplicarse las medidas cautelares que Beatriz y su madre reclaman para paralizar la expropiación. Habla incluso de emprender un “posible proceso penal por prevaricación del Ayuntamiento, que no puede omitir la retirada del segundo recurso y, por tanto, la validez del primero”. Fuentes del Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida se limitan a indicar a este periódico que “el tema está judicializado”, mientras que desde Inaplan no responden por el momento las consultas trasladadas por este periódico.

Lo que la familia ha presentado ya es una nueva demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid, ya vista para sentencia, que busca obligar a la administración a reconocer la no duplicidad de recursos. “Esto permitiría que se analice el fondo del escrito de reposición y que se resuelvan los agravios planteados”, apunta Beatriz.

No en vano, según la afectada la celeridad y presiones de Inaplan puede deberse a que la defensa de la familia Primo Prados ha remitido ya al juzgado un escrito de conclusiones, lo que implica que la instrucción entra en su fase final. Lo hizo el pasado 3 de marzo, dos semanas antes del requerimiento notarial que la inmobiliaria envió a Beatriz. Denuncia un “torpedeo constante” por parte de Inaplan y el Ayuntamiento, que le impide “hacer valer los mismos derechos que tiene cualquier propietario y cualquier persona”. Apostilla además que “no es una cuestión monetaria”, aunque las cantidades que les ofertan “en ningún caso hacen justicia a lo lesivo de la situación”.

El temor es, en definitiva, que “se inicie la maquinaria de la expropiación antes de la sentencia”, que esperan para junio o julio. Recuerda que la razón de ser en su lucha “de un David contra Goliat” es que “nunca se ha dado la situación de que el Ayuntamiento de Madrid expropie con dinero público para un interés privado, sería un caso insólito”. Piensa sobre todo en su madre, que vive “con miedo”: “Cuando te coaccionan sientes un mal inminente sobre ti y sobre tu devenir”. Y, pese a todo, su intención es quedarse: “Irnos sería un ultraje a la memoria de mi abuela y de mi familia”.

Dos leyes dispares han dejado este martes una extraña geometría en las votaciones del Congreso. En ciertos temas, como los de esta sesión, los bloques políticos se deshacen y los socios de investidura toman caminos separados. El PP ha facilitado con su apoyo que salga adelante la tramitación de una iniciativa de Sumar sobre la nacionalidad a los saharauis y a continuación el grupo plurinacional ha tumbado junto al resto de fuerzas de izquierda una ley para reformar la ley del suelo que impulsaban el PNV y el PSOE. 

“La exposición de motivos del texto presentado no es falsa”, ha dicho desde la tribuna el diputado de Vox, José María Sánchez, acerca del proyecto de ley sobre el Sáhara que sometía a consideración Sumar en el primer punto de la tarde, prácticamente un piropo teniendo en cuenta la distancia ideológica que separa a ambas formaciones. La extrema derecha, que luego ha estado a punto de ensalzar el franquismo en su intervención, ha acabado de hecho absteniéndose en ese texto. 

La ley que presentaba el grupo plurinacional se empezará a tramitar en el Congreso gracias al apoyo del PP, esa abstención de Vox y el resto de socios del bloque de investidura excepto el PSOE, que se ha quedado solo en una iniciativa sobre el Sáhara. Parte de la rareza de esta fotografía tiene que ver con el giro en la postura histórica de España con respecto a Marruecos, Argelia y su excolonia que emprendió el Gobierno durante la legislatura pasada. 

El diputado del PP, Carmelo Barrio, ha aprovechado ese hito para criticar al PSOE. “Una misiva [de Pedro Sánchez a Marruecos] que complacía de una manera forzada, de una manera ilógica, pretensiones unilaterales que no se sostienen hoy por las Naciones Unidas ni por el derecho internacional”, ha dicho durante su intervención. 

El PSOE, que se ha debatido entre el 'no' y la abstención durante todo el día, ha acabado rechazando el texto, como ya hizo durante la legislatura pasada con una ley muy similar de Unidas Podemos, que terminó dibujando una mayoría similar a la de este martes. Se trata de un texto que busca dar la nacionalidad por carta de naturaleza a los saharauis nacidos antes de 1976, es decir, cuando el territorio todavía estaba bajo administración española. 

“¿Por qué votan en contra? ¿Qué les hemos hecho nosotras? Nos iguala a los saharauis a pedir la nacionalidad a los dos años, como ya ocurre con los de América latina. Un poco de ejercicio de memoria restaurativa. Voten a favor”, ha pedido a los socialistas la diputada de Sumar Tesh Sidi, nacida en el Sáhara Occidental. 

Curiosamente, en este mismo pleno se debatía a continuación una iniciativa del PNV para reformar la ley del suelo. La proposición de ley la impulsó ese partido junto al PSOE, ya que es casi calcada a la que el Gobierno trató de llevar al Congreso este verano, pero ante la falta de apoyos terminó retirándola. En ese momento, el ala socialista del Ejecutivo esperaba contar con el voto del PP porque Sumar está ideológicamente en contra de una iniciativa que creen que desregulariza el mercado de la vivienda. 

La idea que circulaba entre los impulsores de la norma era que al no tratarse de una ley del Gobierno el PP tendría menos reticencias para apoyarla. En el PSOE reflexionaban durante la mañana que la ley cuenta con el apoyo de muchos alcaldes del partido de Alberto Núñez Feijóo que tienen parados sus planes de ordenación urbanística y no pueden impulsar la construcción de vivienda pública. 

Pero por una razón u otra el PP no se ha movido de lo que planteaba en verano y ha terminado votando en contra y dejando al PNV y al PSOE solos en la defensa de la iniciativa. La votación también ha certificado una nueva división entre los socios del Gobierno. Los 33 diputados de la extrema derecha, en esta ocasión, también han vuelto a abstenerse.

Estas dos iniciativas han dibujado, por tanto, un mapa de alianzas extraño que muestra las complejidades de la actual arquitectura parlamentaria en dos asuntos puntuales, aunque relevantes. Uno por las implicaciones en la política exterior del Gobierno y otro porque afecta a las políticas de vivienda, un tema que los grupos del Congreso han señalado como uno de los principales problemas de la ciudadanía en la actualidad. 

Esta foto se produce curiosamente cuando el Gobierno acaba de rearmar su mayoría parlamentaria al acercar a ERC con el acuerdo para la quita de la deuda a las comunidades autónomas y con la negociación con Junts que ha derivado en que el partido retirase del pleno de este martes la proposición no de ley con la que buscaba instar a Pedro Sánchez a que se someta a una cuestión de confianza.

El ala socialista del Gobierno había confiado al PNV el inicio de la tramitación de la Ley del Suelo, tras el fracaso que supuso el primer intento. “Por si a alguien le da alergia el PSOE, ahora va de la mano del PNV”, dijo la semana pasada la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Pero el antihistamínico no ha funcionado: el PP ha tumbado este martes la toma en consideración de la norma, que tampoco ha contado con el apoyo de los socios habituales a la izquierda del Ejecutivo, ni de Junts. Ni tan siquiera de Sumar, que forma parte del Gobierno.

El Ministerio de Vivienda elaboró hace meses un proyecto de ley con el que pretendía modificar la legislación, de 2008, alegando que la norma en vigor da inseguridad jurídica a ayuntamientos y comunidades, porque un recurso contra cualquier aspecto de un plan general de ordenación urbana puede hacer caer todo el proyecto. Sin embargo, este departamento terminó retirando el proyecto el mismo día que se votaba su tramitación para evitar una derrota parlamentaria el pasado mes de mayo. “El PP tenía conmigo el compromiso de que después hablaríamos”, durante el recorrido de la norma, indicó Rodríguez hace unos días, pero “por dañar al Gobierno, está dañando a sus propios compañeros y compañeras”, en referencia a los ayuntamientos y comunidades gobernadas por los conservadores.

Este martes, el fracaso se ha hecho evidente. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ya había mostrado por la mañana su rechazo a la Ley del Suelo, pactada entre el PSOE y el PNV y que llegó al Congreso en forma de proposición de ley para saltarse los primeros pasos del procedimiento. Durante su comparecencia en la Cámara Baja, Tellado defendió su propia propuesta que, dijo, “si resuelve el problema” de la vivienda en España, frente a la norma “incompleta” y “precaria”, cuya tramitación se votaba esta tarde.

“El problema del acceso a la vivienda, que afecta a miles de españoles, requiere responsabilidad por parte de todos”, señalan tras la votación fuentes del Ministerio, que se comprometen a “seguir trabajando de la mano de los ayuntamientos y las comunidades autónomas para lograr los objetivos que perseguía esta reforma: agilizar la construcción de vivienda asequible, incrementar la seguridad jurídica de todos los operadores y adaptar el urbanismo a los estándares ambientales del siglo XXI”. “La responsabilidad en ningún caso se expresa mediante el bloque”, consideran estas voces.

“Las propuestas no están a la altura y son copias de ese anteproyecto que se presentó en 2018, pero son malas copias, copias a medias”, dijo el diputado del PP, Miguel Ángel Sastre Uyá, en referencia al intento de modificar la Ley del Suelo de Mariano Rajoy. “Si el PNV no hubiera apoyado la moción de censura, nos habríamos ahorrado siete años de inseguridad jurídica y siete años aguantando a este Gobierno”, indicó desde la tribuna. Durante su intervención, el diputado afirmó que el texto presentado este martes “se reactiva con prisas porque el PP presenta su alternativa en el Senado”.

Los socialistas han hecho una defensa férrea de su propuesta. “Mi responsabilidad fue no medir los tiempos electorales”, ha repetido Rodríguez, en referencia al intento de tramitación de la ley a las puertas de la campaña de las europeas, en mayo de 2024. Pero en esta ocasión han preferido dejar al PNV encabezar la defensa de un texto prácticamente idéntico al que Vivienda retiró en mayo. La única diferencia es que delega en las normativas autonómicas la competencia de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.

“Podemos no estar de acuerdo con la totalidad de lo que plantea y podemos modificarlo entre todos y todas, sobre todo aquellos grupos que no quieran hacer demagogia”, reclamó la diputada del PNV, Maribel Vaquero, para pedir a los partidos que permitan la tramitación de la ley. El objetivo, ha insistido, es “que un vicio formal o de procedimiento pueda ser subsanado” y qué planificaciones urbanísticas que requieren hasta 8 o 10 años no sean anuladas “por defectos formales menores”. De hecho, la propia Vaquero ha indicado que su grupo presentará enmiendas al texto acordado con el PSOE. “No podemos negarnos la oportunidad de hablar de un problema que afecta a miles de municipios” ante “las lagunas de la actual ley”, reclamó en el mismo sentido la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido.

El Partido Popular ha arrancado el año haciendo bandera de sus políticas de vivienda, que tratan de erigir como uno de los pilares de su estrategia de oposición. “Tenemos nuestra propia alternativa, que es sólida, está bien fundamentada y es uno de los temas más potentes del arranque del año”, señalan fuentes de Génova, que acusan al Gobierno de lanzar “promesas vacías”. La norma registrada por el PP en el Senado deroga las zonas tensionadas, que estableció la Ley de Vivienda.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha convocado en las últimas semanas varios actos con representantes del sector y convocó a sus presidentes y presidentas autonómicas a un cónclave en Asturias para marcar las líneas a seguir en esta materia. Entre ellas, su propia Ley del Suelo, que han registrado en el Senado y que, según algunas voces del sector, no tiene grandes diferencias de fondo con la norma que quiere sacar adelante el PSOE. “Su planteamiento es similar, incluso en algunos párrafos la redacción es idéntica”, recordó Vaquero desde la tribuna. “No cabe quejarse, denunciar inacción y, cuando se tiene la oportunidad, no actuar”, afeó.

Sumar tampoco ha apoyado este martes la propuesta de Ley del Suelo de PNV y PSOE. “Si se toma en consideración, será volver a medidas que llevan 30 años sosteniendo unas políticas de vivienda que sabemos que no funcionan, porque nos han llevado hasta donde estamos ahora”, argumentó la portavoz de la formación en el Congreso, Verónica Martínez Barbero. “Viene a resucitar las recetas del pelotazo inmobiliario”, sentenció sobre una norma que han rechazado desde el principio, como también han hecho ERC, Bildu o Podemos. Vox y el BNG se han abstenido.

“Es un texto solvente”, concedió el diputado de Sumar, Alberto Ibáñez i Mezquita, “pero para aquellos que creen que el sistema funciona, pero hay un problema de aplicación, de burocracia, de que las administraciones públicas no son eficientes en esta materia”.

“Agradezco que el debate se dé, otra cosa es si lo que proponemos aquí es lo que se necesita o no”, ha señalado el portavoz de Bildu Oskar Matute. El diputado vasco ha reclamado modificar el artículo 18, que limita las plusvalías por la conversión de terrenos rústicos a urbanos y ha justificado su voto en contra en que “con esta reforma, para que se construya más, estamos dando más capacidades para emplear las mismas herramientas que nos han llevado hasta aquí”.

ERC ha justificado su voto en contra porque la norma “limita el derecho de la gente a impugnar proyectos urbanísticos y la acción pública” y queda al servicio de la especulación, ha dicho la diputada Etna Estrems Fayos. “No van a ser errores inocentes o despistes administrativos, lo que va a facilitar esta ley es un urbanismo sin control, el ladrillo sin reglas, la barra libre y la ley del lejano oeste”, consideró la portavoz de Podemos, Noemí Santana. La diputada de Junts, Marta Madrena i Mir, ha recordado que esta propuesta es “idéntica” al proyecto anterior. “Ya saben que Junts presentó una enmienda a la totalidad por la invasión de competencias”, indicó.

Antes de la votación, desde la tribuna, la diputada socialista Rafaela Romero tiraba de refranero para dirigirse al PP: “Señorías, suelen decir que no hay dos sin tres, pero confío en que aprovechen esta segunda oportunidad y voten a favor de la toma en consideración. Que no dejen tirados a alcaldes y alcaldesas. Ni a la Federación Española de Municipios y Provincias, que presiden, y lleva mucho tiempo reclamando esta modificación”. Con el voto negativo mayoritario de la Cámara, al PSOE solo le queda confiar en otro dicho popular, que a la tercera vaya la vencida.

El Parlamento de Cantabria ha sido testigo este lunes de un paradójico debate en torno a la polémica Ley de Simplificación Administrativa del Gobierno del PP. Y es que pese a que una mayoría de diputados se ha mostrado en contra del texto, la norma no ha sido devuelta al Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga y, por tanto, seguirá su tramitación en el debate de enmiendas parciales.

En este sentido, no ha habido sorpresas y los acontecimientos han seguido el cauce esperado: la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE ha decaído por el rechazo a la misma de PRC y Vox, formaciones que se han mostrado muy críticas con el texto presentado por la consejera del ramo, Isabel Urrutia (PP), pero que, pese a ello, han permitido con sus votos que la ley siga su trámite en la Cámara autonómica.

El objetivo, según han argumentado, es no retrasar su aprobación. “No aprobamos la enmienda a la totalidad porque no confiamos en que el Gobierno nos envíe una mejor”, ha defendido el portavoz parlamentario regionalista, Pedro Hernando. Y en esa misma línea se ha expresado la portavoz del grupo de extrema derecha, Leticia Díaz, quien ha defendido que su partido no vota a favor de la enmienda del PSOE “no porque la ley sea buena, sino porque hay que aprobar cuanto antes un texto que trataremos que se modifique a través de enmiendas”.

Así las cosas, una “ley ómnibus”, como la definen los socialistas, que, entre otras cosas, abre la puerta a la construcción de vivienda libre en el marco de un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR), salva el primer obstáculo parlamentario a pesar de que todos los grupos han mostrado objeciones hacia ella en mayor o menor medida.

Se trata de la primera norma que el Gobierno de Buruaga remite al Parlamento en año y medio de mandato. Para el PSOE, “lo único que pretende” el Ejecutivo del PP con esta ley es “hacer trampas para fomentar la especulación y dejar a los ayuntamientos sin armas”, a sabiendas que hay “principios de inconstitucionalidad” en la misma.

Así, su portavoz, Pablo Zuloaga, ha señalado que es “claramente especulativa”, que “abre la puerta a los pelotazos”, que tiene “impactos negativos severos” y que, además, “no simplifica”. “Va a generar un caos en todas las administraciones regionales”, ha advertido el diputado socialista.

“Esta ley claramente avanza en la especulación desmedida en Cantabria, elimina controles para eliminar vertidos que contaminan el medioambiente, favorece a los empresarios que promueven corridas de toros, va en contra de mejorar la calidad de vida de la gente que más necesita la Administración pública para acceder a la Renta Social Básica o para garantizarse un grado de dependencia y promueve que el Gobierno de Cantabria tenga en su mano aprobar un PSIR para construir viviendas libres en suelos rústicos”, ha criticado.

Además, tras tachar esta Ley de Simplificación de “injusta, ilegal, anticonstitucional”, ha recordado que cuenta con un informe jurídico desfavorable del propio Ejecutivo, en el que se indica que “no es conforme al orden constitucional en cuestiones de fondo” e “invade competencias” del ámbito estatal y municipal.

Zuloaga también ha censurado que para la elaboración de esta norma se ha “vetado” la participación de la sociedad en el Parlamento, recordando que se tumbaron todas las comparecencias que los socialistas habían solicitado, para concluir resaltando el “empeño” del Gobierno en “ocultar los verdaderos intereses que llevan a la aprobación de esta ley, al tiempo que tapan los enormes riesgos que supone para Cantabria”. “Hecha la ley, hecha la trampa”, ha sentenciado Zuloaga, que ha advertido que la presidenta Buruaga se convierta “en una copia mala de Mazón -presidente de la Generalitat Valenciana,-” si no la retira.

Los regionalistas, por su parte, que durante las últimas semanas han arremetido con dureza contra varios aspectos de la norma, especialmente el referido a la modificación urbanística, han asegurado estar “totalmente de acuerdo” con los socialistas. “Esta ley, tal y como está, no sirve para nada y es necesario cambiarla de arriba a abajo”, ha señalado Hernando, quien seguidamente ha reivindicado que la mejora la llevarán a cabo los propios grupos en las enmiendas parciales.

Por su parte, Urrutia ha destacado medidas de la ley como la racionalización de la intervención administrativa, la declaración responsable, el pago a través de aplicaciones móviles o la creación de la unidad aceleradora de proyectos estratégicos. “Esta ley nace de la necesidad de eliminar trámites obsoletos, derogar normas en desuso, no solicitar documentos que están en las manos de la Administración, acelerar los trámites de los procedimientos y simultanear informes que no son vinculantes unos con otros”, ha explicado la consejera de Simplificación Administrativa.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido este lunes recuperar lo que califica de modelo de “éxito” de los 80 y 90 del siglo XX en materia de vivienda, los años en los que comenzó la conocida como 'burbuja inmobiliaria' como fórmula, al tiempo que ha abogado por derogar la actual ley de vivienda y poner en marcha una nueva ley del suelo y una nueva ley de urbanismo en Castilla-La Mancha.

Lo decía durante la clausura del foro 'Vivienda en Castilla-La Mancha', celebrado en el Espacio de Creación Joven de la localidad toledana de Illescas, junto a la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, y la portavoz del PP de Castilla-La Mancha y portavoz del partido en Illescas, Alejandra Hernández, según informa Europa Press.

Allí ha reprochado al PSOE haber convertido el problema de la vivienda en “una tómbola” en la que, añadía, “parece que, en función de a quién hable, hay que dar un número más o menos elevado. Si habla Page, habla de 50.000 viviendas. Si habla Sánchez, habla de 184.000 viviendas. Pero la realidad es que ni las viviendas que promueve Page ni las viviendas que promueve Sánchez se ven. Y la tómbola acaba en que ningún boleto está premiado”, ha censurado el líder de los 'populares'.

Núñez se muestra en contra de la creación de una empresa pública de vivienda que es, en su opinión, “la última ocurrencia” del Gobierno de España porque, dice, “entre que se crea, que se pone en marcha y que se hace mayor, al final la empresa no será útil”. Según Núñez, esta iniciativa es “un error garrafal, teniendo la actividad privada tan importante, tan cualificada y tan profesional que hoy tiene nuestro país”.

En contra de regular la vivienda vacía

Ha calificado también de “ocurrencia” una de las propuestas del Gobierno de Castilla-La Mancha, que “no salió adelante”, como fue anunciar un cambio normativo en la Comunidad Autónoma “para definir y crear la figura de la vivienda vacía” y así dar herramientas a los alcaldes y a las alcaldesas para que puedan gravar con más IBI y con más tasas “las segundas residencias de Castilla-La Mancha”.

Para Núñez, las segundas residencias “son los ahorros” de los castellanomanchegos y “la forma de mantener vivas las casas de muchos pueblos”.

El presidente del PP en la región ha admitido que existe “una emergencia nacional” en materia de vivienda y sostiene que su partido ha tomado la iniciativa con la llamada 'Declaración de Asturias' frente a las “leyes ideológicas del PSOE”, que, según ha puntualizado, “se ha demostrado que no sirven para nada”.

Pide asimetría regional en materia de vivienda: “El café para todos no vale”

Paco Núñez es partidario de la asimetría regional en materia de vivienda, alegando que Castilla-La Mancha es una región muy diversa y muy diferente y eso también hace que haya distintos problemas. “En Castilla-La Mancha el café para todos no vale. Porque los problemas de las zonas más tensionadas desde el punto de vista de la vivienda, especialmente en La Sagra y el Henares, son diferentes a los problemas que nos podemos encontrar en las zonas altamente despobladas y alejadas de las capitales de provincia”.

Por eso, ha dicho, en Castilla-La Mancha la política de vivienda “hay que diseñarla con bisturí” -una expresión muy utilizada por el presidente regional Emiliano García-Page- porque, dice, hay que dar una solución diferente a cada uno de los problemas que presenta la realidad de la región.

Núñez también ha abogado por poner en marcha bajadas fiscales. Es fundamental, ha dicho, la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales del 4%. “Es fundamental aplicar también avales públicos a las hipotecas a menores de 40 años”, añade o “aumentar la oferta de suelo público. Si queremos mejorar el mercado alquiler hace falta que haya más viviendas en alquiler para poder tener hasta un 30% de beneficio en el precio del alquiler”.

Incentivar al constructor privado y que sea menos “gravoso” construir

También quiere derogar la Ley de Vivienda y cambiar las de Suelo y Urbanismo además de considerar “urgente” reducir la burocracia ya que “todo trámite que no pueda estar en tres meses ya no es útil”.

“Hay que trabajar intensamente en evitar que haya una serie de viviendas que por lo gravoso de la legislación acaben no construyéndose”, ha remarcado Núñez, quien ha subrayado su compromiso en la lucha contra la ocupación. “No se puede seguir trabajando en proteger al okupa”.

También ha apostado por movilizar suelo público ya que “es fundamental” tanto para vivienda pública como para vivienda social o para vivienda que pueda ser asequible, tanto en propiedad como en alquiler. Además, ha afirmado que el suelo dotacional, que ha pasado 10, 12, 15 años sin emplearse, tiene que recuperarse y ponerse a disposición de la construcción de viviendas porque “han pasado 10, 15, 20 años, 3, 4 alcaldes y no se ha hecho nada”.

También ha abogado por incentivar al constructor privado a que pueda poner en marcha obra en ese suelo reservado para vivienda protegida, y hay que hacerlo “no con penalizaciones fiscales” sino con incentivos fiscales y con nueva regulación urbanística “para que sea mucho más atractivo poner en marcha las promociones de esas viviendas”.

“No hay que tener miedo a desarrollar urbanísticamente”

Además, ha propuesto generar nuevos suelos. “Hay que ampliar las ciudades que están demandando nuevos suelos para que la gente pueda venir a vivir”. Por eso “no hay que tener ningún miedo a desarrollar urbanísticamente nuevos espacios, nuevos barrios, nuevos crecimientos de ciudades en aquellos lugares en los que se está demandando altamente la vivienda, y eso pasa por modificar normativa urbanística y por flexibilizar esa normativa ”para que sea realmente eficaz“.

En definitiva, dice que “hay que fomentar viviendas de precio tasado, tanto en alquiler como en propiedad”. Y hay que hacerlo, a su juicio, de la mano de la iniciativa privada. “No necesitamos inventar empresas públicas, necesitamos confiar en quien lo ha hecho siempre bien, necesitamos recuperar ese modelo de éxito de los años 80 y 90 en el que todo el mundo pueda acceder a una vivienda en propiedad”.

De otro lado, Paco Núñez ha avanzado que el PP va a pedir a la Junta de Castilla-La Mancha que ponga en marcha un programa de “garantías” para todo aquel que ponga su vivienda en alquiler que requiera tener un seguro amparado por la Junta para el impago de rentas, un seguro multirriesgo del hogar o también un seguro de existencia jurídica.

Igualmente, ha pedido ampliar los avales en la compra de vivienda. “Todo joven menor de 40 años que quiera tener una vivienda tiene que tener un aval del 100% de su vivienda para que pueda acceder a la compra de vivienda”. Después cree que “poner en marcha incentivos fiscales es del todo punto necesario. Por eso haremos una batería de propuestas fiscales en Castilla-La Mancha que girará en torno a las deducciones en la renta para aquellos que quieran poner en marcha la promoción de viviendas y alquiler de viviendas”.

El Partido Popular se está enredando en la maraña de su propio proyecto de Ley de Simplificación Administrativa, ese que incluye entre sus artículos una reforma de la Ley del Suelo para permitir la construcción de vivienda libre en terreno rústico de Cantabria a través de la conocida figura de los PSIR (Planes Singulares de Interés Regional).

Y es que apenas 24 horas después de que el consejero de Fomento, Roberto Media, defendiera la modificación urbanística y asegurara que el Gobierno autonómico iba a “luchar” para que la normativa saliera adelante con ella, la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha respondido refiriéndose a “invenciones y mentiras” cuando ha sido cuestionada este jueves al respecto.

La también titular de Simplificación Administrativa, es decir, la responsable de la elaboración de la normativa en cuestión, se ha pronunciado ahora sobre las críticas vertidas al texto por la oposición, después de que en los últimos días haya sido el titular de Fomento el que lo ha hecho.

“A día de hoy no hay nada más que falacias”, ha dicho Urrutia, pese a que Media reconoció abiertamente las intenciones del Ejecutivo en torno a la reforma urbanística. Y es que las palabras de la consejera de Presidencia se producen después de que el PRC advirtiera de los intereses “especulativos” del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga. “Va a vender Cantabria a precio de suelo rústico para que unos pocos se hagan ricos y poder cumplir algunas de sus promesas electorales”, señaló el portavoz regionalista, Pedro Hernando.

Así pues, los populares, en minoría parlamentaria, no podrán contar con el que hasta ahora ha sido su socio estratégico en otras votaciones de calado, como son los presupuestos, a no ser que acepten las condiciones que los regionalistas han puesto encima de la mesa. Y por las palabras de la consejera Urrutia, el PP no está por la labor de ello.

“Tres meses después de registrar el texto del borrador en el Parlamento se ha fabricado una excusa y ha surgido una polémica totalmente falaz y teledirigida para dar la espalda a la Ley de Simplificación”, ha expresado la consejera, quien ha subrayado que el Gobierno no va a negociar las “falacias, mentiras e invenciones sobre el texto de los grupos parlamentarios, a quienes ha pedido ”un esfuerzo“ para que ”busquen la forma de mejorarla“ y la aprueben ”lo más pronto posible“. ”No vamos a renunciar a la ley, la excusa es una falacia“, ha insistido. ”Creo que de verdad esto es una broma de mi mal gusto“, ha sentenciado.

Finalmente, cuestionada por las declaraciones del portavoz regionalista en las que señaló que el consejero de Fomento “le había metido un gol” al introducir la reforma de la Ley del Suelo en del proyecto de Ley de Simplificación, Urrutia lo ha negado: “A mí nadie me ha metido un gol”, ha expresado, argumentando que el borrador fue aprobado “por unanimidad” en Consejo de Gobierno el pasado 23 de octubre, y con el visto bueno de “todos los informes que tenía que pasar por parte de todas las consejerías”.

El PP ha convertido su proyecto de Ley de Simplificación Administrativa en una especie de cajón de sastre en el que, entre otras cosas, ha introducido una modificación de la Ley del Suelo para permitir la construcción de vivienda libre en zonas de especial interés público, en los conocidos como PSIR (Planes Singulares de Interés Regional). “Es el pelotazo de la legislatura”, denunció hace unos días el PRC, que este miércoles ha vuelto a la carga con este asunto, alertando de las intenciones “especulativas” del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga.

“Van a vender Cantabria a precio de suelo rústico para que unos pocos se hagan ricos y poder cumplir algunas de sus promesas electorales”, ha subrayado el portavoz parlamentario regionalista, Pedro Hernando, durante una rueda de prensa ofrecida para exponer el punto de vista de su formación sobre la Ley de Simplificación, que se encuentra en pleno trámite parlamentario y cuya aprobación está ahora en entredicho, puesto que el Ejecutivo del PP está en minoría y la oposición se ha mostrado en contra de esta medida de carácter urbanístico incluida en la norma “por la puerta de atrás”.

“Las prisas y el oscurantismo que hemos visto sólo se justifican si estamos como nos tememos ante el mayor escándalo de la legislatura”, ha insistido Hernando, quien además ha alertado de que la modificación planteada por el PP supone que los terrenos expropiados mantendrán la misma calificación desde el inicio del procedimiento hasta el final. “Lo lógico es que te paguen el terreno al valor de futuro”, ha señalado, poniendo como ejemplo la tasación de los terrenos rústicos expropiados para el polígono de La Pasiega. “Los jueces, con buen criterio, obligaron al Gobierno a pagarlos como industriales”, ha recordado. Pero el PP “se ha puesto la venda” y asegura que “si el terreno del proceso es rústico, te lo pagaremos como rústico”.

“Aquí no se está hablando de vivienda, sino de especulación, de pelotazo urbanístico, de oscurantismo y de dar suelos gratis a promotores privados para que se enriquezcan”, ha denunciado el portavoz regionalista. Y es que el propio consejero de Fomento, Roberto Media (PP), ha reconocido que la intención del Gobierno es que se construyan viviendas en los PSIR, un 30% de ellas protegidas. “Como cualquier promotor que desarrolla vivienda en suelo comprado por su bolsillo”, ha apuntado Hernando.

“Ya se puede construir vivienda protegida en suelo rústico, pero eso no lo quieren porque no es un pelotazo; quieren quitarle al paisano su finca rústica y construir ahí para que otros ganen mucho dinero”, ha expresado el diputado regionalista, recordando además que el precio del metro cuadrado en los módulos de VPO -Vivienda de Protección Oficial- ha subido 500 euros en un año en municipios como Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Comillas, Suances y Laredo. “¿Me tengo que fiar de la palabra del consejero de que en esos municipios no va a haber permisos?”, se ha cuestionado.

Y es que en su opinión, el consejero de Fomento, Roberto Media, “ha metido un gol” a la consejera de Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia porque “en el primer borrador de la ley no se introducía la modificación, la introdujeron después”. Así pues, Hernando ha instado al PP a retirar los 24 cambios relacionados con la Ley del Suelo de la de Simplificación Administrativa -“si quieren cambiar la Ley del Suelo que la traigan por el procedimiento ordinario”-, así como “todo lo que no sea simplificación”, como las modificaciones de la Ley del Patrimonio, la Ley de Ordenación Sanitaria o los Albergues Turísticos.

El PRC pone condiciones

Esa es condición indispensable para que el PRC apoye la norma, pero no es la única: que se incluyan plazos y mejoras técnicas, que los silencios administrativos sean positivos, dotar de medios económicos y técnicos a ayuntamientos, y mejorar las declaraciones responsables. Y es que, según ha subrayado el portavoz regionalista, el proyecto de ley que está en tramitación “no simplifica nada, sino que modifica 19 leyes y 14 decretos en más de 100 artículos que solo generan confusión”

“No reduce para nada la burocracia; no impone el silencio positivo, que sólo se modifica en cuatro apartados; desvía la responsabilidad a los particulares y a los ayuntamientos; lo hace todo a coste cero y no sirve para salvar la brecha digital de los ciudadanos”. “Es una mala ley que el Parlamento va a tener que trabajar duro para mejorar”, ha valorado.

Hernando ha asegurado que los regionalistas van a hacer “todo lo posible” para que esta Ley de Simplificación “esté aprobada cuanto antes”, pero con los criterios citado anteriormente e intentando conseguir un acuerdo con todos los grupos. Para ello, según ha señalado, están manteniendo conversaciones tanto con el PSOE como con Vox, pero del PP aún no tienen noticias. “Estarán un poco sorprendidos, porque pretendían que esto fuera deprisa y corriendo”, ha afirmado.

El 29 de enero termina el plazo para presentar enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Simplificación, si bien el PRC, que cuenta con un “texto alternativo” en el que se incorporan todas esas modificaciones, está barajando introducirlas como enmiendas parciales para que la ley “no se retrase”. Además, Hernando ha anunciado que en caso de que el Ejecutivo del PP retire el proyecto de ley, los regionalistas registrarán vía de urgencia la “misma” ley pero con los cambios introducidos por los grupos.

Y es que, además, el proyecto de ley cuenta con un informe jurídico desfavorable del propio Gobierno, en concreto de la Consejería de Presidencia, cuyo asesor alertó de la posible “inconstitucionalidad” de algunos de sus artículos, especialmente en lo referente a las declaraciones responsables por “violar el reparto competencial”.

Más casas, mejor regulación y mayores ayudas. El Gobierno de Pedro Sánchez se ha propuesto hacer de la vivienda el eje de su acción política en este comienzo de año. Y también el PP. Al menos de palabra, ambos han entendido al fin que lo que toca es ocuparse de los problemas de la gente y no tanto de los suyos propios o de los que desgastan al contrario.  

La derecha promete rebajas fiscales -da igual cuando leas esto y da igual el asunto que se trate- y liberalizar el suelo-, una medicina antes ya aplicada por sus gobiernos que si para algo resultó beneficiosa no fue para que aumentara la oferta, se redujeran los precios o se construyeron más viviendas, sino para que subieran desorbitadamente los precios.

La izquierda lo que propone es intervenir el mercado “desbocado” y rebajar hasta el 100% la fiscalidad, pero no para quienes compren, como plantea el PP, sino para las personas que decidan sacar al mercado a precios asequibles uno de los cuatro millones de viviendas vacías que se calcula que hay en España. Lo que pretende es contrarrestar así la negativa de la mayoría de las Comunidades del PP, que se oponen a aplicar topes al alquiler con precios de referencia en zonas tensionadas, como establece la ley. La fórmula: la exención total del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia que ha fijado el Ejecutivo, sin necesidad de que estas se encuentren en zonas declaradas tensionadas por los gobiernos autonómicos. También anuncia un nuevo programa de rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler asequible, además de la construcción de miles de casas a través de la empresa pública que anunció hace un mes y medio y a la que el Gobierno ha transferido ya más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial. 

Lo que la izquierda entiende por intervenir el mercado es para la derecha  “manosearlo”, “reducir la oferta” y “provocar subidas de precios”, Borja Sémper dixit. El PP, que con tanto ardor defiende la Constitución en unos casos, olvida o ignora que la Carta Magna mandata a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y a aprobar las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a la vivienda e impedir la especulación. Esa Constitución de la que usted me habla se invoca según y cómo convenga. El artículo 47 no parece de los más preciados de la derecha española.

Con todo, bien está que por una vez los de Feijóo y los de Sánchez convengan en que toca hablar más de vivienda porque es el principal problema de los españoles y no el de la corrupción, por más que se empeñe el PP en sostener lo contrario cada día, cada tarde y cada noche.

Que España esté a la cola de Europa en vivienda social, con un porcentaje que no llega al 3% del parque total frente al 30% de Países Bajos, el 24% de Austria o el 20% de Dinamarca debería haber sido motivo de reprobación de todos los gobiernos democráticos porque todos, por acción u omisión, han sido responsables. Y lo mismo se puede decir sobre el auge de los precios, pues hace ya tiempo, en 2021, que la UE mandató a los estados miembros a tomar cartas en el asunto y legislar al respecto. “Reconozcan ustedes la vivienda adecuada como un derecho humano fundamental y háganlo cumplir mediante la legislación”, vino a decir el Parlamento europeo a los 27 en una resolución aprobada hace ya más de tres años.

Porque España -mal de muchos….- no es una excepción porque según datos de Eurostat, en menos de una década, entre 2015 y 2023, los precios de la vivienda en la UE aumentaron de media un 48%. El mayor aumento se registró en Hungría, donde subieron un 173%, y el menor en Finlandia, con solo un 5%. Y las principales razones detrás de la subida son el aumento de los costes de construcción y las tasas hipotecarias, el descenso en la construcción, que limitó la oferta, y el aumento en la compra de propiedades como inversión para generar ingresos adicionales. Más claro: la especulación. En la compra y en los alquileres, que también crecieron un 18% en toda la UE sobre todo por el auge de los contratos de corta estancia o pisos turísticos.

Pues eso: pónganse de una vez a cumplir con su obligación.

“Toda esa gente que se pone detrás de una pancarta es tan poca que casi no pueden aguantarla entre ellos y no representan a nadie. Cuando dicen que vamos a llenar de hormigón Cantabria, mienten y lo saben, saben que es mentira porque han participado en la elaboración de la ley, mienten y piensan que así pueden sacar algún voto más. No estaría de más que los que han mentido a sabiendas durante meses pidan disculpas a los cántabros”.

Con estas palabras, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Roberto Media (PP), se ha despachado contra las movilizaciones que están llevándose a cabo estos meses contra la legislación del suelo de Cantabria y diversos planes de desarrollo urbanísticos como los de Loredo. También contra los socialistas cántabros que cuestionan la constitucionalidad de la reforma de la Ley del Suelo que ha visto aprobada el PP a final de año. El reciente acuerdo en la comisión bilateral Estado-Cantabria, en donde se ha introducido un cambio mínimo, ha hecho que el Gobierno de Cantabria muestre su “contento” y pida a los críticos que se disculpen ante los cántabros.

Cerca de un millar de personas se ha manifestado este domingo en Puente San Miguel para reivindicar un cambio de modelo turístico que proteja el territorio y ponga solución al problema de acceso a la vivienda. La movilización estaba convocada por la plataforma 'Cantabria para Vivir', creada recientemente e integrada por una veintena de colectivos entre movimientos sociales, asociaciones vecinales, feministas y culturales, partidos políticos y sindicatos. El “contento” de Media es por partida doble ya que, además, acaba de autorizarse el desarrollo completo del proyecto eólico de El Escudo.

“La gente que el otro día protestaba porque le molesta el teleférico, los turistas, la Ley del Suelo... son los mismos que protestan por la energía eólica -ha dicho este martes en rueda de prensa-. Cambian de pancarta, ponen demandas y piden cautelares y las pierden todas. El Consejo de Ministros ha autorizado la totalidad del parque de El Escudo con todos los parabienes para que se acabe cuanto antes. Y hay un ayuntamiento [por San Miguel de Aguayo] que se inventa unas vueltas y unas asociaciones que no ponen un euro de su bolsillo y que deberían apechugar cuando no tengan razón, pero, como tienen derecho a justicia gratuita, ahí los tenemos todos los días”.

“Los que se manifestaron en Puente San Miguel son los mismos año tras año. Están haciendo un flaco favor a Cantabria y saben que es mentira lo que dicen. Lo triste es que haya grupos parlamentarios que se pongan detrás de esa pancarta. Hay alcaldes que me decían 'no des un paso atrás', incluso del PSOE. Si algún ayuntamiento socialista no lo quiere [la aplicación de la Ley del Suelo] que lo lleve al pleno y lo vote. Es bonito predicar y no dar trigo”, ha expresado el titular de Fomento.

Acuerdo con el Estado

El acuerdo alcanzado en la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y la Comunidad Autónoma sobre la Ley del Suelo es de reducido calado. Según el relato del consejero cántabro, de las siete discrepancias que tenía el Estado, todo ha quedado reducido a una modificación, que se tramitará vía Ley de Acompañamiento presupuestaria, y que concierne al artículo 43a del texto reformado. La redacción final contemplará “la demolición sin indemnización” cuando ahora se habla de “renuncia expresa a su valor de expropiación”.

El artículo reformado hace referencia a la construcción en suelo rústico a falta de plan parcial y ahora dice así: “Usar, disfrutar y disponer de los terrenos conforme a su estricta naturaleza rústica, debiendo destinarlos a los fines agrícolas, forestales, ganaderos o similares propios de los mismos, mientras no se apruebe el Plan Parcial. Durante ese tiempo, se aplicará para este tipo de suelo el régimen establecido en el artículo 50 de esta ley para el suelo rústico de protección ordinaria, con la excepción de las viviendas unifamiliares a que se refiere el artículo 51, en todo caso con renuncia expresa a su valor de expropiación en el supuesto de incompatibilidad con el desarrollo del Plan Parcial”.

Del resto de reparos, nada, según Media. Este ha valorado así que “el Estado ha avalado que se puede construir en suelo rústico en las condiciones de la ley, pero teniendo en cuenta valores ambientales, culturales y riesgos ambientales. Y es la fórmula que la CROTU [Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo] ya aplica para la ley. Se hace análisis caso por caso, parcela por parcela, para evitar riesgos. Tiene que justificarse que la parcela para construir no tiene una especial protección”.

Asimismo, ha reiterado que la actual legislación “no permite construir viviendas en suelo rústico de forma indiscriminada” y que adopta cautelas “para evitar la construcción en suelo con algún valor”. “El Estado entiende que la ley ya salvaguarda la protección del suelo”, ha sentenciado el consejero.

El Estado entiende que la ley ya salvaguarda la protección del suelo

Roberto Media — Consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente

La lectura política de este acuerdo va dirigida desde el PP al PSOE y los colectivos sociales críticos. Media ha reiterado que, al participar en los procesos de elaboración de la ley, conocían que no habría una “construcción indiscriminada en suelo rústico” y, por lo tanto, han estado mintiendo a sabiendas. “Muchas de las cosas dichas eran falsas -ha señalado-: No se llenará de cemento Cantabria”.

Para ilustrar el supuesto alcance limitado de la legislación, Media ha traído a colación el resultado de 10 años de aplicación de la ley, entre 2012 y 2022: 1.300 viviendas unifamiliares, una por ayuntamiento y año, ha ejemplificado, añadiendo que “nadie puso repaso a las 1.300 viviendas unifamiliares construidas desde el 2012 al 2022”.

Media ha recriminado al secretario general socialista y portavoz, Pablo Zuloaga, así como a miembros del Gobierno central, haber dudado de la constitucionalidad de la norma y acusado a María José Sáenz de Buruaga de “presidir un gobierno antisistema”. “Ha intentado agitar a una sociedad por el único interés del rédito electoral”, ha valorado el consejero.

“La ley permite construir a un máximo de 200 metros de los entornos urbanos y el resto estará protegido. La ley no es obligatoria para ningún ayuntamiento. Todos los alcaldes que no quieran aplicarla en su municipio pueden llevarlo a pleno y anularlo, a ver qué les dicen sus vecinos”, ha insistido Media. Alcanzado el acuerdo, la propuesta de la comisión bilateral se aprobará este jueves en Consejo de Gobierno y posteriormente en el Ministerio de Política Territorial. Luego, se comunicará al Tribunal Constitucional y se publicará en BOE y BOC.

Cantabristas ha presentado alegaciones al proyecto de decreto por el que se regula las condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad de las viviendas en Cantabria. Con este decreto, el Gobierno del PP plantea eliminar la cédula de habitabilidad como requisito para constituir una vivienda y flexibilizar las condiciones para que un espacio sea habitable, rebajando la superficie mínima hasta los 25m², lo que permitiría la transformación de muchos locales comerciales en viviendas.

“El objetivo de la desregulación que plantea el PP es facilitar la proliferación de infraviviendas”, ha declarado el portavoz del partido cantabrista, Paulu Lobete. Y es que, rebajar los estándares de habitabilidad y seguridad como se recoge en el proyecto de Decreto, hace que “vayamos para atrás hasta condiciones que no se contemplaban desde hace más de treinta años”.

En su opinión, el “objetivo no declarado” de Buruaga es la conversión indiscriminada de locales comerciales en viviendas, “sin tener en cuenta las necesidades de planificación urbana y sin garantizar que estas viviendas cumplan los requisitos mínimos de habitabilidad y seguridad”. Por eso, Cantabristas ha presentado alegaciones para “salvaguardar el bienestar y la seguridad de todos y de todas frente a quienes solo buscan maximizar sus beneficios privados”.

Además, desde Cantabristas consideran que esta modificación “alarmante e inexplicable” no está justificada ni es necesaria. De hecho, fuentes del propio Gobierno han explicado a la prensa que la modificación responde a una reclamación particular de la Asociación de Promotores y Constructores, y no a una demanda o necesidad social. En este sentido, Lobete ha denunciado que el Gobierno de Buruaga “confunda” el interés particular con el interés general, “contraviniendo los principios más básicos de una buena regulación”.