La denuncia por intento de soborno presentada por un comisario jubilado, testigo clave en el juicio pendiente por el acoso, las amenazas y agresiones a la doctora Elisa Pinto, no será investigada. Los jueces consideran que no hay delito en el ofrecimiento que recibió el comisario retirado Jaime Barrado por parte de otro mando jubilado, que le prometió 20.000 euros si se comprometía a no declarar contra Javier López Madrid, el empresario al que la Fiscalía pide 13 años de cárcel. Según el auto de la Sección Tercera, el intento de soborno no pasa de constituir “una propuesta poco ética” y no cabe abrir una causa judicial por ello.

Barrado grabó a Fernando Moré, ex jefe de la unidad anticorrupción de la Policía, ofreciéndole dinero de parte de López Madrid. El comisario jubilado presentó una denuncia ante la Guardia Civil con dos audios y varios intercambios de WhatsApp que retratan el intento de soborno. Sin embargo, la magistrada María del Coro Monreal apreció que no había delito en la maniobra. La Fiscalía recurrió en dos ocasiones y la Audiencia Provincial de Madrid ha dado finalmente la razón a la magistrada, cerrando la puerta a cualquier investigación.

Los jueces de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial consiguen dar carpetazo al asunto sin mencionar una sola vez al empresario Javier López Madrid, yerno del ya fallecido Juan Miguel Villar Mir. Y no le mencionan pese a que dan por hecho que el ofrecimiento se produjo y que su autor, el comisario jubilado Moré, asegura en las grabaciones que está concertado con López Madrid. 

“Esta propuesta responde a una actuación que puede considerarse poco ética, al no acudir directamente a una negociación con la abogada de la querellante como resultaría adecuado, y elegir, en cambio, una vía de acceso indirecta a través de una persona a la que se reconoce una potencial influencia derivada de su posición de especial autoridad y también de su estrecha relación con la investigación de los hechos. Pero esta conducta ciertamente censurable es atípica penalmente”, escriben los jueces de la Audiencia Provincial. 

Los magistrados de la segunda instancia optan por ignorar una parte de los hechos denunciados y documentados en dos atestados de la Guardia Civil. El comisario que ofreció el dinero, Fernando Moré, no solo pedía a Barrado que influyera en la doctora Pinto para que retirara la denuncia y el juicio no se celebrase, como exponen los jueces. También ponía sobre la mesa que Barrado no fuera a declarar al juicio. 

En una de las grabaciones, que publicó este medio, se puede oír a Moré indicando a Barrado lo que debe trasladar a Pinto y su abogada: “[Diles]: 'Que yo estoy jubilado y no quiero saber nada. Yo no voy a ir a declarar en contra de nadie ni meterme en líos. Yo ya estoy fuera de eso. Y por lo que estoy viendo, y por lo que puede pasar, yo os aconsejo que lleguéis a un buen acuerdo económico y aquí paz y después gloria. Punto'”.

La Fiscalía no comprende que la jueza haya dado carpetazo sin investigar. En su recurso ante la Audiencia Provincial, el representante del Ministerio Público alegó que “existen indicios de que se ha intentado alterar el desarrollo normal de un proceso judicial, motivo por el cual el sobreseimiento libre de las actuaciones es precipitado”.

“Se ha intentado alterar un proceso judicial”

La Fiscalía recuerda que el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal recogen unos supuestos para el sobreseimiento. “En el presente caso [afirma la Fiscalía] no se ha practicado diligencia de ningún tipo, siendo precipitado el sobreseimiento libre acordado”. La Fiscalía pedía que se tomara declaración al denunciante, Jaime Barrado. “Existen, por tanto, indicios de que se ha intentado alterar el desarrollo normal de un proceso judicial”, razonó la Fiscalía sin éxito. 

En el archivo provisional de la causa, la titular del Juzgado de Instrucción número 34 había argumentado que el ex jefe de la UDEF, Fernando Moré, no contactó con Jaime Barrado para que “influyera” en Elisa Pinto sino únicamente para que hablara con la abogada de Pinto con el objeto de “intentar llegar a un acuerdo y quizás evitar el proceso”. Para que hubiera delito de obstrucción a la justicia, razonaba la jueza María del Coro Monreal, Moré debería haber pedido a Barrado que alterara su testimonio en el juicio. 

Jaime Barrado fue el policía que descubrió la presunta implicación del comisario Villarejo en el acoso a Elisa Pinto y organizó en 2015 una rueda de reconocimiento fotográfico donde la doctora identificó al policía como el autor del pinchazo que recibió en abril de 2014 mientras el agresor le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. Villarejo y López Madrid se enfrentan a 13 años de cárcel en un juicio pendiente de celebrarse doce años después de los hechos. 

Las grabaciones y la denuncia del comisario jubilado están apoyados por dos atestados de la Guardia Civil en los que se recogen hechos que apuntan a la presunta comisión de los delitos de cohecho y/o contra la administración de Justicia. Los agentes llegaron a requisar las imágenes de la cafetería donde se produjo el intento de soborno, informan a elDiario.es fuentes próximas a la investigación. 

La jueza Monreal defendió que al estar ambos comisarios jubilados, tanto el que ofrece el soborno como el que lo rechaza, no puede haber un delito de cohecho a un funcionario público. La magistrada concluyó que tampoco se podía dar un delito de obstrucción a la justicia porque no hubo “empleo de violencia o intimidación”.

La Audiencia Nacional absolvió recientemente a López Madrid, a Villarejo y a un colaborador de este por el supuesto encargo del empresario al policía cuando este se encontraba en activo. El tribunal especializado no encontró pruebas suficientes del supuesto contrato entre el empresario y el comisario. Los hechos constitutivos del acoso –las amenazas, las coacciones y dos agresiones con arma blanca– serán juzgados en otra vista para la que todavía no hay fecha. La celebración se ha aplazado ya en tres ocasiones y puede que no tenga lugar hasta entrado 2027.

El juez del caso Montoro, Rubén Rus Vela, ha acordado una prórroga de seis meses en la instrucción del caso Montoro y la práctica de nuevas diligencias solicitadas por la Fiscalía. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona explica que aún no ha citado como investigado al ex ministro de Hacienda con el Partido Popular y al resto de imputados porque la avalancha de recursos de las defensas, una vez levantó el secreto del sumario el pasado verano, ha ralentizado la instrucción.

Como recuerda el magistrado en su auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, las actuaciones investigan hechos que podrían ser constitutivos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. “La investigación, sumamente compleja, ha puesto de manifiesto la existencia de una presunta trama que gira en torno a la mercantil Equipo Económico, que, mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes”, escribe Rus Vela.

La batería de diligencias solicitadas por Anticorrupción, y acordadas por el juez, van encaminadas a indagar en la estructura, titularidad real y flujos económicos de Equipo Económico y otras sociedades vinculadas. Reclama, por ejemplo, hojas registrales completas y las cuentas anuales desde 2008. La Fiscalía también reclama la “documentación” que acredite la prestación de servicios por parte de Equipo Económico o su heredera Global Afteli a las empresas gasísticas que están en el epicentro de la trama, así como copias de los contratos, facturas emitidas y documentos de pago.

La consultora Equipo Económico fue fundada en 2006 por Cristóbal Montoro en el periodo en el que dejó de ser ministro de Hacienda con José María Aznar y volvió a ejercer el cargo con Mariano Rajoy. En ese segundo periodo es cuando se produjeron las modificaciones legislativas referidas, con un trasiego de colaboradores de Montoro saltando de la consultora al Gobierno y viceversa. El ex ministro defiende que él no se benefició de los pagos a Equipo Económico por la patronal gasística porque ya no tenía vinculación con la consultora.

El juez explica que “en estos momentos” se está a la espera de que todas las partes personadas “queden plenamente instruidas en el contenido de las actuaciones, habiéndose otorgado plazos extraordinarios para interponer recursos”. “El levantamiento del secreto de las actuaciones –advierte el instructor– ha provocado la presentación de decenas de escritos, lo que ha provocado una gran dificultad para la diligenciación de los mismos”.

Por esta razón, además de retrasarse las citaciones se han pospuesto las decisiones respecto de las prácticas de diligencias solicitadas. Estas peticiones, que han de ser resueltos, aconsejan la prórroga dictada, añade Rus Vela. El magistrado recuerda que está pendiente de recibir un informe de la Agencia Tributaria. La causa contra Cristóbal Montoro y sus colaboradores arrancó en 2018 y permaneció secreta hasta el pasado verano de 2025, lo que ha provocado las peticiones de nulidad de las defensas, que alegan indefensión.

El juzgado de Instrucción número 1 de Lugo investiga al gerente de la empresa farmacéutica de Lugo Farmadismo S.L. por un delito de corrupción en las transacciones internacionales, que estaría vinculado con un supuesto soborno a un miembro del Gobierno de Guinea Ecuatorial.

Así lo han ratificado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) consultadas por Europa Press, que confirman, además, que el caso permanece en fase de instrucción, de forma que se continúan practicando diligencias.

Un auto de julio de este año del Tribunal Supremo (TS) para dirimir una cuestión de competencias y aclarar si es el juzgado lucense u otro ligado a la Audiencia Nacional el que se debía ocupar de seguir el caso (que finalmente atribuye al de Lugo) relata una serie de actuaciones que se iniciaron mediante una denuncia.

Asimismo, el documento judicial refleja que la conducta denunciada y atribuida al gerente de Farmadismo S.L. consistiría “en el abono de cantidades de dinero” a un ministro de Guinea Ecuatorial (se cita el área de Sanidad, pero no el nombre) “a fin de sobornarlo en relación con una venta de productos” realizada por Farmadismo a Centramed, “organismo dependiente del Ministerio de la Seguridad Social” del país.

Dicha gestión con el ministro, según se relata, se habría realizado en una reunión mantenida en un hotel de la capital de Madrid donde este estaba alojado. Además, se alude a una visita a las instalaciones de Farmadismo, en calidad de director general de Centramed, habiéndose alojado en un hotel de Lugo durante varios días.

“Igualmente, y en concepto de soborno para lograr contratos de venta de productos farmacéuticos, el gerente le entregó otra cantidad de dinero en una cuenta a su nombre”, se agrega en un auto que también cita un atestado policial que confirmaría que las gestiones denunciadas se habrían realizado supuestamente mietnras que el alto cargo estaba alojado en el Gran Hotel y en el Hostal Lucus de Lugo.

Finalmente, al desarrollarse en Lugo los “elementos principales del delito objetivo de la investigación y ser esta ciudad ”donde radican las cuentas“ a las que se habrían transferido las cantidades y la empresa ”desde la que se realiza la acción“, la Sala de lo Penal del Supremo acuerda otorgar la competencia al Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, en manos del que sigue el caso.

“No existe ningún acto de soborno”

La empresa, a través de su abogado, Xosé Manuel Fernández Varela, con el que ha contactado Europa Press, ha reconocido la existencia de la investigación, aunque defiende que “no existe ningún acto de corrupción internacional en Farmadismo”.

Asimismo, ha agregado que el pago que se está investigando como si fuera un soborno se hizo “para el mantenimiento de los negocios” en este país, con el que llevan trabajando varios años, exportando medicamentos de parafarmacia de forma continuada.

Eso sí, precisa el representante legal de la farmacéutica lucense que “no se hizo ese pago a ningún ministro ni dirigente, sino a una empresa constructora para la adecuación de dos almacenes (uno en Bata y otro en Malabo), adonde eran enviados y adonde se siguen enviando los pedidos hechos desde Guinea Ecuatorial”.

Farmadismo informa de que actualmente están en proceso de probación ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo de esta situación recalcando su “absoluta convicción” de que la causa “será archivada una vez que se terminen las diligencias”.

La farmacéutica es conocedora de que la investigación se inició por una denuncia, que ellos califican de “falsa” y aseguran que se emprenderán acciones legales contra el denunciante una vez que se termine la investigación.

Fernández Varela indicó que la empresa colaboró “en absolutamente todo” durante el registro de las instalaciones y que su gerente estuvo en libertad todo este tiempo sin llegar a entrar en prisión y “sin que se le impusiera ningún tipo de medida restrictiva ni a él ni a la empresa”, ya que esta ha estado funcionando con normalidad.

El Gobierno de Javier Milei se encuentra en estado de estupor ante el escándalo de los presuntos sobornos que salpicaría a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem. La divulgación de una serie de audios atribuidos al exfuncionario Diego Spagnuolo, en los que confiesa una trama de corrupción en el corazón del poder, ha dejado sin palabras al mandatario ultraderechista. Milei no mencionó explícitamente el tema pero lo ha traicionado el inconsciente. En un mitin, ha dicho sobre la oposición ante el comentario de un simpatizante: “Están molestos porque les estamos afanando los choreos” (chorear y afanar son sinónimos de robar en lunfardo), Los Menem sí han roto el silencio.

Los audios atribuidos a Spagnuolo, despedido el jueves pasado como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), señalan a Karina Milei y a Eduardo Lule Menem como las cabezas de un esquema de pagos de sobornos en las compras públicas de medicamentos a través de la empresa farmacéutica Suizo Argentina S.A, que generaban hasta 800.000 dólares al mes. El escándalo golpea un área sensible como es discapacidad, donde el Ejecutivo ha aplicado la motosierra a aumentos de pensiones a los más vulnerables.

Nuevos secretos

Las grabaciones fueron filtradas la semana pasada al canal de streaming Carnaval. La sospecha de que habría más secretos por desvelar se ha comprobado este lunes, cuando el programa de radio Argenzuela difundió nuevos audios atribuidos al extitular de la ANDIS en los que afirma haber hablado con la ministra Sandra Pettovello y confirma que Milei estaba al tanto de todo. “Sandra a mí me hizo una jugada medio medio... me dejó expuesto con Karina y con Lule. Cuando yo hablé con ella fue y habló con Javier, me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo”, se lo escucha a Spagnuolo. La ministra de Desarrollo Humano forma parte del entorno más cercano del Presidente.

Los audios desencadenaron una nueva denuncia judicial contra los hermanos Milei, quienes ya son investigados por la criptoestafa LIBRA. El juez Sebastián Casanello, a cargo de esta investigación, ordenó 16 allanamientos en busca de pruebas. La policía encontró a Spagnuolo en una urbanización de la localidad de Pilar, en las afueras de Buenos Aires, le incautó dos teléfonos móviles y una máquina de contar billetes. Los teléfonos son clave, ya que en los audios Spagnuolo aseguró que tiene todos los mensajes de WhatsApp de Karina Milei.

El operativo incluyó a los directivos de Suizo Argentina. Emmanuel Kovalivker fue interceptado mientras intentaba escapar de la policía: llevaba en su vehículo 266.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo. A su hermano, Jonathan Kovalivker, los agentes no lo encontraron en su casa pero sí hallaron tres cajas de seguridad, una con la puerta abierta y elásticos en el suelo, indicio de que se llevó fajos de dinero.

Además, el juez Casanello llamó a indagatoria este lunes a Claudio Ariel de Vincentis, jefe de seguridad de la urbanización Nordelta, sospechoso de haber facilitado la huida de Jonathan Kovalivker.

Hay una gran expectación sobre lo que puede encontrarse en los teléfonos: en los operativos fueron requisados el celular del exfuncionario de ANDIS, Daniel Garbellini –que según informó el diario La Nación fue el único que aportó su clave para que sea analizado–, y otro de Emanuel Kovalivker.

En los audios, Spagnuolo se refirió a la forma que tuvo Lule Menem de intervenir ANDIS con la ayuda de Garbellini, “un delincuente que estuvo en la gestión de (Mauricio) Macri y se llevó hasta los discos rígidos de las computadoras”

La Justicia aún no ha interrogado a Spagnuolo en el marco de las investigaciones, a cargo del fiscal federal Franco Piccardi, y no está claro en qué condición lo haría, si como testigo o como eventual encubridor, si se corroborara que hubo sobornos.

Silencio de los Milei

Ni el protagonista de las grabaciones ni el Ejecutivo han desmentido la veracidad de las mismas. En medio del escándalo, Milei no ha dicho nada en sus últimas apariciones en público. En la adversidad, repite el acto reflejo del caso $LIBRA. En la Bolsa de Comercio de Rosario (provincia de Santa Fe), el mandatario el viernes habló de la situación económica y las tasas de interés ante las miradas de los empresarios presentes y algunas sonrisas incómodas. Este lunes por la noche, sin mencionar explícitamente el escándalo, ha intentado subrepticiamente quitarse culpas al referirse a la oposición en un mitin en la provincia de Buenos Aires. “El kirchnerismo siembra el caos” ,ha dicho en medio de las críticas al peronismo que gobierna en ese territorio.

Karina Milei tampoco ha negado los sobornos, después de que días atrás se indignara por la red social X cuando una conductora de televisión informó falsamente de que usaba un reloj Rolex de 35.000 dólares. El silencio se cristalizó luego de que Spagnuolo apareciera diciendo que a ella le llegaría el 3% de un soborno cobrado a los proveedores de los medicamentos que compra el Estado para las personas con discapacidad.

En campaña

En las redes sociales ya circulan fotos de Spagnuolo con José Luis Espert, el candidato del partido gobernante, La Libertad Avanza (LLA), en la provincia de Buenos Aires. El asunto es cómo sale el Gobierno de este pantano cuando las elecciones en la provincia de Buenos Aires están a la vuelta de la esquina, el próximo 7 de septiembre, y las legislativas, el 26 de octubre.

Con Espert, el vínculo parece consolidado. Spagnuolo estuvo en Año Nuevo de 2021 con el economista ultraliberal y su esposa. “Mi segunda familia”, los definió en la red X.

Entre la incertidumbre y el pavor, un alto funcionario ha señalado la línea oficial. El jefe de Gabinete (de Ministros), Guillermo Francos, ha deslizado que la vicepresidenta Victoria Villarruel era quien tenía una relación cercana con Spagnuolo, cuando siempre se lo señaló como amigo personal de Milei. “El Presidente me dijo que lo había acercado a LLA Victoria Villarruel”, dijo el jefe de Ministros en una entrevista en Radio Mitre.

La vicepresidenta, abiertamente distanciada de Milei, trató de mantenerse alejada de la tormenta cuando le preguntaron sobre el escándalo de los audios. “Bueno, son definiciones políticas difíciles en un momento dificil y bastante confuso”.

Francos además sostuvo que la designación de Spagnuolo en el área de Discapacidad había sido una petición del propio interesado y que al presidente Milei le había parecido que, como era abogado, podía funcionar. El jefe de Gabinete justificó las reiteradas visitas del exfuncionario a la Quinta de Olivos por pertenecer al “grupo de ópera”, es decir, a quienes supuestamente son invitados a la residencia presidencial a escuchar música clásica. Francos no explicó por qué el presidente ultraderechista confiaba tanto en Spagnuolo, que actuaba como su abogado desde antes de que llegara a la Casa Rosada.

Los Menem

En esa línea habló este lunes Martín Menem, primo de Lule Menem y presidente de la Cámara de Diputados. Minimizó las numerosas visitas de Spagnuolo al presidente. “Ha ido los domingos, escucha música clásica”, justificó. Más aún, dijo que confiaba en la honestidad de los principales acusados de recibir sobornos. “Pongo las manos en el fuego por Karina Milei y por Lule Menem”, sentenció en una entrevista televisiva.

Cinco días después de que estallara el escándalo, Lule Menem ha encontrado su libreto para hacer frente al caso que lo involucra en la presunta trama de corrupción. Señala una “operación” de la oposición y evita dar respuesta sobre los supuestos pagos ilegales. “Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno”, afirmó el funcionario de confianza de Milei en un comunicado que compartió en su cuenta de X.

El apellido Menem ha estado involucrado en casos emblemáticos de corrupción en Argentina durante el proceso de privatizaciones en los años 90 del siglo pasado, durante el Gobierno de Carlos Saúl Menem. Hoy, sobrinos del expresidente aparecen en puestos clave y mencionados en audios que revelan una crisis del poder político sin final a la vista.

Nuevo nombre en la numerosa lista de fortunas latinoamericanas que aterrizan en Madrid. En concreto, en el distrito financiero del Paseo de la Castellana, principal arteria de la capital. Uno de los últimos es el hijo del mexicano Luis Carlos Castillo Cervantes, alias ‘El Rey de los Dragones’, empresario corrupto condenado en 2021 por la justicia de Texas (Estados Unidos) tras reconocer sobornos millonarios a varios gobernadores de México a cambio de contratos de obra pública. 

El hijo de este millonario constructor y corruptor confeso, Bruno Maximiliano Castillo, preside desde junio de este año la española Gilltown Invest SL, dedicada a “la gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español”.

Controlada a través de una sociedad en el paraíso fiscal de Panamá, la empresa comparte sede con varias firmas en España del banquero hondurense Guillermo Bueso, otro multimillonario que ha apostado por el inmobiliario de ultralujo en la capital.

En el caso de Castillo, su aterrizaje en Madrid llega después de que en marzo de 2021 su padre fuera condenado a cinco años de libertad condicional en EEUU tras declararse culpable de un delito de blanqueo de capitales. El empresario inicialmente se arriesgaba a una condena de 20 años de cárcel. Para lograr una drástica rebaja de la pena reconoció parte de los delitos que se le imputaban y aportó ayuda “sustancial” a las autoridades estadounidenses durante la investigación.

El apodo de “Dragón” parece remitir a un peligroso narcotraficante o a un capítulo de la popular serie Juego de Tronos. Pero el alias de Luis Carlos Castillo tiene un origen mucho más mundano. Alude al negocio por el que era conocido en México: allí tenía la licencia exclusiva del país para alquilar una popular marca de equipos de pavimentación de carreteras que raspan y trituran el asfalto viejo. De ahí lo de “Rey de los Dragones”.

El empresario fue detenido en noviembre de 2016 en Texas, donde llevaba más de una década viviendo a todo tren, para ser juzgado por blanqueo de capitales, fraude bancario, soborno de funcionarios, malversación, robo y desfalco de recursos públicos del erario mexicano.

La investigación, fundamentada en más de 30.000 documentos, halló “fotografías de Castillo con personas expuestas políticamente”, apuntes manuscritos en los que aparecían menciones de soborno o la identidad de los políticos que se escondían tras los testaferros que utilizó para blanquear fondos ilícitos.

Entre 2006 y 2007, Castillo cobró 162 pesos por metro cuadrado de asfalto mientras el precio de mercado rondaba los 85 pesos, a cambio de entregar sobornos en efectivo a políticos mexicanos durante años, enviando en ocasiones bolsas de lona llenas de dinero. Muchas entregas las realizaba en la mansión de 3 millones de dólares y 2.300 metros cuadrados que se construyó en 2005 en la exclusiva zona de El Cimarrón de Mission (Texas), donde se mudó como muchos otros empresarios exitosos del norte de México.

Allí habilitó un enorme recinto para eventos donde celebraba antes de su detención fiestas privadas con actuaciones de conocidos músicos, y mostraba fotos junto al ex presidente George W. Bush. También montó allí un acto de campaña para el entonces gobernador tejano y luego Secretario de Energía con Donald Trump, Rick Perry. Los registros de financiación de campañas revelaron que entre 1997 y 2010, Castillo donó más de 26.000 dólares a campañas estatales y federales en EEUU, la mayoría de las cuales fueron para Perry, según reveló Texas Observer.

En esos años el mexicano compró cerca de un 10% de un pequeño banco del sur de Texas, el Inter National Bank de McAllen, que utilizó para ayudar a blanquear millones de dólares de dinero sucio procedente de México. Así se convirtió en “el hombre que convirtió dinero mexicano en mansiones texanas”, como lo definió El Universal.

Pero le pillaron. Y solo dos meses después de su detención, en enero de 2017, Castillo confesó a la Corte de Distrito Sur de Texas que había ganado contratos públicos a precios inflados para asfaltar carreteras en México a cambio de pagar “decenas de millones de dólares” en sobornos a cuatro exgobernadores mexicanos: Luis Armando Reynoso Femat, Eugenio Hernández Flores, Jorge Juan Torres López y Humberto Moreira.

Los sobornos incluyeron viajes en su avión particular, un Learjet 45 que había comprado en 2008 por 8,7 millones de dólares. Durante el juicio afloró su amistad con Enrique Peña Nieto en los tiempos en los que el ex presidente mexicano fue gobernador del Estado de México.

El empresario fue sentenciado a cinco años de libertad condicional tras un acuerdo con las autoridades a las que cedió su avión, cinco millones de dólares, automóviles, motocicletas o diamantes. Tras su condena, su abogado, Ricardo Salinas, declaró que lo que hizo su cliente, pagar sobornos por contratos, era práctica estándar en México. Cuando los políticos le pidieron que los ayudara a mover dinero a Estados Unidos, según Salinas, Castillo no tuvo más remedio que aceptar si quería mantener su opulento estilo de vida.

Sin inmuebles

Tres años después de esa condena, su hijo ha desembarcado en Madrid. La empresa que desde junio preside Bruno Maximiliano Castillo, Gilltown Invest SL, no tiene en la actualidad inmuebles a su nombre, según la información disponible en el Registro de la Propiedad. En 2023, cuando presentó sus primeras cuentas, no tenía activos y todavía la administraban profesionales de la firma internacional de servicios fiduciarios TMF.

Cuando la empresa se mudó a la Castellana en junio, pasó manos de una sociedad en Panamá, Grupo Ram Capital Inc, que fue inscrita en ese paraíso fiscal el 20 de abril de 2023. Esta firma panameña la preside también el hijo del ‘Rey de los Dragones’. Como tesorero de Ram Capital figura Martín Alejandro Ochoa Valenzuela, a su vez consejero de la española Gilltown Invest SL.

Esa firma panameña se creó cuatro meses después de que en diciembre de 2022 el medio salvadoreño Revista Elementos revelase la existencia de un viaje en un jet privado de Bruno Castillo y Martín Ochoa junto a dos personas de la máxima confianza del polémico y autoritario presidente salvadoreño, Nayib Bukele

En un vuelo procedente de San Pedro Sula (Honduras) el hijo del ‘Rey de los Dragones’ y su socio aterrizaron el 3 de diciembre de 2021 en el aeropuerto de Internacional de Ilopango, al este de la capital de El Salvador, acompañados por el todavía hoy presidente de la Asamblea nacional y ex secretario y asesor privado de Bukele, Ernesto Alfredo Castro Aldana, y el entonces alcalde de San Salvador, Mario Durán. 

El viaje en ese jet se produjo poco después de las elecciones que dieron la victoria a la actual presidenta hondureña, Xiomara Castro. A bordo de la aeronave, a nombre de una empresa de Utah (EEUU), también viajó el mexicano Roy Campos Esquerra, presidente de la firma de análisis político Consulta Mitofsky y uno de los consultores políticos más conocidos en México. Campos ha asesorado a la oposición venezolana o al PRI mexicano. Fue uno de los miembros del equipo de campaña que llevó al poder a Bukele en 2019.

“Mitofsky, con relativa frecuencia, publica resultados de estudios de opinión en los que presenta a Bukele como el presidente mejor evaluado de todo el mundo. Esto después suele ser retomado por los medios de comunicación controlados por el Gobierno y presentados como noticias”, contaba la revista Elementos.

Esta publicación tuvo acceso a la información de ese vuelo privado gracias a una filtración masiva de documentos de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador. La revista comprobó que entre agosto y diciembre de 2021 ningún diputado salvadoreño participó en misiones oficiales al extranjero pagadas con fondos públicos. No logró desentrañar quién pagó ese avión privado, con un coste de entre 5.000 y 7.000 dólares por hora. 

Cuando realizó ese viaje con políticos salvadoreños, el socio de Castillo y administrador de esa empresa española, Ochoa, estaba vinculado a una constructora radicada en El Salvador, Proyectos y Construcciones Lief El Salvador. La revista no encontró contratos públicos de la empresa allí.

La firma española que este mexicano administra está domiciliada en la planta 16 de Castellana 77, en la supermanzana de Azca. Este moderno inmueble de oficinas es desde este año la sede española de Hogan Lovells, una de las mayores firmas legales del mundo. Uno de sus socios, Juan Garicano (especialista en “planificación fiscal internacional”), es vicesecretario en la firma española que preside Castillo. 

Gilltown Invest comparte dirección y apoderados (todos vinculados a ese bufete angloestadounidense) con varias sociedades en España de Guillermo Bueso, el banquero más rico de Honduras.

Este empresario, que compró la deuda tóxica asociada al proyecto hidroeléctrico por el que asesinaron a balazos a la activista hondureña Berta Cáceres, es dueño de casi un 10% de un pequeño banco español (EBN). Este año Bueso ha invertido en el inmobiliario madrileño de ultralujo con un exclusivo piso en Los Jerónimos. 

La vivienda, valorada en 3,75 millones, está a pocos metros de la promoción de superlujo que vendieron en 2021 los Dorado-Pizzorni, venezolanos de origen italo-gallego que ahora afrontan reclamaciones de Hacienda y la Seguridad Social.

Bueso, cuyo grupo financiero opera en El Salvador, no ha escatimado elogios al trabajo “bien hecho” de Bukele y “su determinado enfoque hacia el crecimiento y estabilidad de la economía”. “Su manejo de la seguridad ha cambiado la vida de los salvadoreños, sentando un precedente que lo convierte en referente para otros líderes de la región”.

Ahora varias de sus empresas en España comparten sede con empresarios vinculados a la corrupción y a vuelos privados con asesores del presidente salvadoreño. Tan lejos y a la vez tan cerca.

La semana pasada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió en público al resto de presidentes autonómicos del PP “que no compren la estrategia de [Pedro] Sánchez ni de su cómplice [María Jesús] Montero” en asuntos de financiación autonómica y que no acudan cada uno por su lado sino todos juntos si son convocados por el presidente del Gobierno porque este les “va a sobornar uno a uno en la Moncloa”.

La palabra cómplice tiene alguna acepción que no remite a hechos delictivos, pero en lo de sobornar no hay duda alguna: todas sus formas y modalidades están en el Código Penal. Lo más inquietante de la expresión de Diaz Ayuso quizás no sea que considere a Sánchez como un posible sobornador (apelativos más fuertes le ha dedicado) sino que tenga a los otros presidentes autonómicos, correligionarios suyos, como fácilmente sobornables.

Desde hace ya tiempo, muchos políticos se muestran demasiado largos de lengua. Traspasan con excesiva frecuencia con sus rivales no sólo las más elementales normas de cortesía y respeto sino que incluso les propinan sartas de insultos, injurias y calumnias que acabarían en el ámbito judicial si no fuera por la autoprotección que los propios políticos se han dado con sus inviolabilidades, inmunidades y aforamientos. Como se saben ahora inmunes, se creen eternamente impunes. 

El mencionado Pedro Sánchez ha protagonizado también días pasados un exceso verbal reseñable y un presunto error léxico desconcertante. El primero, cuando el sábado 7 de septiembre, en su intervención ante el Comité Federal del PSOE, dijo esto: “Vamos a avanzar con determinación, con o sin apoyo de la oposición, con o sin concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo”. Le llovieron de inmediato las críticas, algunas muy fundadas. Que no cree en la división de poderes, que no es un demócrata, que es un autócrata… 

Tantos ríos de tinta de prensa y minutos de televisión y radio ha consumido la polémica que este miércoles se ha visto obligado el presidente del Gobierno a medio rectificar. Ha asegurado que tiene “el máximo respeto” a los grupos parlamentarios y que tenderá puentes, pero que al mismo tiempo “no va a renunciar a una hoja de ruta y a una agenda para este curso político”. O sea, resiliencia, palabra que Sánchez y su entorno trajeron a nuestro léxico cotidiano tras la pandemia y que por ahora sigue en uso popular (A veces, de coña, con sentido irónico). 

El presunto error léxico de Sánchez fue unos días antes, el martes 5, cuando en un acto en el Instituto Cervantes (templo de la lengua, mira por dónde) aseguró: “España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos y más autobuses públicos y menos Lamborghinis”. 

Parece -de ahí lo de presunto- que la marca de automóvil de lujo que el presidente tenía que mencionar no era Lamborghini sino Maserati. ¿Por qué? Porque según documentos judiciales el novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario investigado por fraude fiscal Alberto González Amador -delincuente confeso, pues ha reconocido el fraude-, se compró con parte de los impuestos no pagados un Maserati que cuesta más de 80.000 euros, que ha acumulado deudas por multas de tráfico y por impuestos municipales y que usa en ocasiones la propia presidenta de la Comunidad de Madrid.

Lamborghini, Maserati. Ambas marcas, de coches de lujo; ambas, italianas; ambas, con ese final que suena a diminutivo (en realidad, son los apellidos de los respectivos fundadores de las marcas)... Cualquiera se equivoca, errare humanum est y tal y pascual… Pero desperdiciar ese dardo verbal contra una rival experta en excesos verbales es impropio del avieso -para sus rivales- y sagaz -para sus partidarios- Pedro Sánchez.

La lista de imputados del 'caso Koldo' incluye un agente de la Guardia Civil, el cuerpo policial que precisamente ha investigado durante meses la supuesta trama corrupta liderada por el exasesor de José Luis Ábalos. Un informe de la Unidad Central Operativa aportado recientemente a las actuaciones centra las sospechas que se ciernen sobre el agente R.V.C: se le acusa de cobrar 2.000 euros en efectivo de forma regular, de haber conseguido una “línea segura de comunicación” a Víctor Aldama, uno de los principales investigados, y finalmente la UCO expresa sus sospechas sobre que este agente pudiera haber participado en el chivatazo a la trama para alertarles de que estaban siendo investigados.

El agente fue detenido el pasado tres de marzo en el aeropuerto de Madrid cuando se disponía a subir a un avión con destino Caracas, destinado en la embajada española de Venezuela recientemente tras pasar por la estructura antiterrorista de la Guardia Civil. Los investigadores llegaron hasta él después de analizar el contenido de unos grupos de WhatsApp de los investigados y sus conversaciones: referencias de pagos en efectivo a alguien apodado “R”.

“Se han localizado indicios de pagos en metálico de manera mensual a esta persona”. El empresario Víctor Aldama, quien según los investigadores tenía una relación cercana con este agente, se refiere a estos pagos en varias ocasiones: “Lo de R 2 lo de todos los meses”. Los investigadores entienden que, además, reuniones de este agente con Aldama coinciden con las supuestas órdenes de pago.

Una de las acusaciones que pesa sobre este guardia civil es hacer favores a la trama usando su puesto de agente. “Habría realizado gestiones en beneficio de Aldama en el ejercicio de su condición de Guardia Civil. En particular, habría facilitado una línea de comunicación segura a Aldama”. El informe no especifica más detalles. El término “línea segura” se suele utilizar para métodos de comunicación, como líneas telefónicas o sistemas de mensajería, que no pueden ser detectados por investigaciones como la que estaba entonces en marcha contra la trama.

Otra de las sospechas es que este agente de la guardia civil participó en el chivatazo que alertó a la trama Delorme de que estaba bajo la lupa de la Guardia Civil. “En este punto de la investigación resulta de interés este vínculo”, dice la Guardia Civil sobre el hecho de que Koldo García afirmara en conversaciones que el agente le habría “abierto un par de puertas en Venezuela”, su actual destino. Es interesante, dice el informe, “porque a priori Koldo García habría sido alertad de la existencia de una investigación sobre su persona por fuentes provenientes del Cuerpo”.

Este agente pasó a disposición judicial el pasado seis de marzo y quedó en libertad con medidas cautelares: no puede abandonar el país y se le retiró el pasaporte. Se trata de una parte de la investigación que, hasta ese momento, había permanecido bajo secreto, y el guardia civil está imputado por delitos de organización criminal y cohecho.

A finales de la década de los setenta y comienzo de los ochenta del siglo pasado, el socialista Andrés Hernández Ros se erigía como líder indiscutible del PSRM, ostentando la presidencia del Gobierno regional de Murcia -primero, desde 1979, en la preautonomía y, posteriormente, desde 1982, una vez asumidas las transferencias-. Lo hacía con plenos poderes y control absoluto de todo lo que se movía a su alrededor. Sin embargo, en marzo de 1984, Hernández Ros fue forzado a dimitir desde la Ejecutiva Federal del PSOE y a dejar sus cargos por un oscuro episodio: el intento de soborno a dos periodistas, algo aún hoy no suficientemente aclarado.

Fue, a través de un intermediario, en una operación de lo más chusca, cuando se intentó comprar a los redactores del diario La Verdad Joaquín García Cruz y José Luis Salanova, con la intención de que el periódico rebajase el tono de sus críticas al jefe del Ejecutivo. Aquel entramado, por momentos más parecido a una tira cómica de Mortadelo y Filemón, agentes de la T.I.A., que a un serial político tipo House of Cards, acabó con la vertiginosa carrera de un joven al que se le presuponía un gran futuro en el mundo de la política.

Este pasado viernes, un incidente ocurrido en una sala de conciertos madrileña, en el que se ha visto envuelto el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, ha generado toda una serie de reacciones diversas por cuanto lo ha rodeado. Un diario tituló de madrugada en su edición digital, de forma especialmente llamativa, que el presidente había abandonado el local escoltado por agentes de la Policía Nacional. La noticia permaneció en la red durante un cierto tiempo si bien, pasadas unas horas, desapareció para sorpresa de propios y extraños. De ella se hicieron eco otros medios, de los que progresivamente también fue siendo borrada. Esta circunstancia levantó sospechas de un intento por silenciar lo ocurrido o dudas sobre su verosimilitud.

A primera hora de la tarde del sábado, se ofrecía una versión un tanto más completa del incidente. Todo se inició con una bronca provocada por dos individuos que se habían dirigido a López Miras, quien estaba acompañado por varias personas -algunos, periodistas de un diario madrileño-, en el interior de la sala, en actitud poco amigable. Le reprochaban su presencia en La Riviera como asistente al concierto del grupo punk rock Biznaga. Parece que el tono fue subiendo y que acudieron los servicios de seguridad del establecimiento a restablecer el orden. Que hubo un enfrentamiento con estos y que llamaron a la Policía, siendo detenidos los dos clientes, de 36 y 37 años, que provocaron el jaleo. Que López Miras se había apartado, que no resultó herido y que no interpuso denuncia alguna.

Para los profanos, habría que aclarar que los punk rockeros madrileño/malagueños de Biznaga son antagonistas de otros músicos como los Taburete, por poner un ejemplo. Vamos, que no son cayetanos ni tienen nada que ver en sus letras y mensajes, si bien en ningún sitio consta que un tipo de derechas no pueda tener preferencias musicales por un grupo ubicado en sus antípodas ideológicas y que, por tanto, vaya a escucharlo, si le place, como cualquier ciudadano en un país libre. Como muestra de lo expuesto, baste traer aquí algo de lo manifestado hace pocos meses por el letrista de Biznaga, Jorge Navarro, al diario Público: “Cambian los monstruos políticos de la gobernanza y las máscaras que utilizan los poderes para perpetuarse, pero el fondo permanece inalterable. Si acaso, se perfecciona y se sofistica más. O sea, sus máscaras son más atractivas y difícilmente rastreables y demonizables, no como antaño, cuando era más sencillo señalar a los culpables”. Lo dicho, gente situada al otro extremo del tablero de Núñez Feijóo. Vean si no: “Prefiero un Gobierno del PSOE que del PP, de la misma manera que es mejor un sueldo de 900 pavos de mierda que otro de 700”, sentenciaba Milky, el batería.

Sacar a colación el auge y la caída de Hernández Ros, ocurrida esta última cuando él apenas tenía 35 años, es un ejercicio de contexto sobre lo que puede acontecer con todo político al que un mínimo desliz podría tirar por tierra la edificación y consolidación de su carrera, más aún si hay quien cree que partes de cimientos poco consistentes. Porque hay gobernantes por los que, de inicio, pocos dan un euro en lo que a su continuidad atañe. Y ocurre que estos salen más espabilados de lo que se pensaba, que aprenden rápido, a pasos agigantados, y se afianzan en el cargo, llegando a convertirse en bastiones por méritos propios, pero también por demérito de algunos de sus adversarios. Levantar esto implica tiempo, trabajo denodado, realizado en equipo, con profusión de ideas y gestiones. Pero algo que puede derrumbarse de un día para otro, como un castillo de naipes. Ya le pasó hace cuarenta años a un joven y prometedor presidente autonómico por no practicar la sensatez y el sentido común y acaso por no escuchar a quien debía. Y, quizá también, por no emular lo de la mujer del César: eso de que no solo ha de serlo, sino también parecerlo.

La desesperación de los palestinos por abandonar Gaza les lleva a pagar sobornos de hasta 10.000 dólares (más de 9.000 euros) a intermediarios para que les ayuden a salir de la Franja a través del paso fronterizo con Egipto, tal y como ha revelado una investigación del periódico The Guardian.

Muy pocos palestinos han podido abandonar el enclave costero a través del paso fronterizo de Rafah, pero quienes intentan inscribir sus nombres en la lista diaria de personas con permiso para salir afirman que una red de agentes y mensajeros supuestamente vinculados a los servicios de Inteligencia egipcios les piden que paguen cuantiosas “tasas de gestión”.

Un palestino residente en Estados Unidos explica que hace tres semanas pagó 9.000 dólares (8.200 euros) para que los nombres de su mujer y sus hijos entraran en la lista. Desde el comienzo de la ofensiva israelí sobre Gaza el pasado 7 de octubre, la familia se refugia en escuelas. El día en el que iban finalmente a viajar, los supuestos intermediarios le comunicaron que los nombres de sus hijos no estaban en la lista y que tendría que pagar 3.000 dólares más para incluirlos (2.700 euros).

El hombre considera que están “tratando de comerciar con la sangre de los gazatíes”. “Es muy frustrante y triste”, agrega. “Están intentando aprovecharse del sufrimiento ajeno, de personas que intentan salir del infierno de Gaza”. Su familia aún no ha conseguido salir del territorio.

Están intentando aprovecharse del sufrimiento ajeno, de personas que intentan salir del infierno de Gaza

Según Naciones Unidas, el 85% de la población de Gaza ha tenido que abandonar sus hogares y desplazarse debido a los ataques por aire, tierra y mar del Ejército israelí. La mayoría de las personas se hacinan en la ciudad meridional de Rafah, después de que los ataques y operaciones militares israelíes se intensificaran en la zona central del territorio, tras la destrucción de gran parte de la zona septentrional.

Egipto mantiene la frontera cerrada

Egipto, actor regional clave en las negociaciones en torno a Gaza, se ha resistido durante mucho tiempo a abrir el paso fronterizo de Rafah por temor a que millones de personas huyeran hacia su territorio, en la vecina península del Sinaí. La afluencia, según El Cairo, podría suponer una amenaza para la seguridad nacional. El presidente egipcio, Abdelfattah Al Sisi, también advirtió de que un flujo masivo de refugiados de Gaza a Egipto sentaría un precedente para la expulsión de los palestinos de Cisjordania a Jordania.

Desde hace años, en los alrededores de la frontera de Rafah opera una red de agentes con sede en El Cairo que facilita la salida de los palestinos de Gaza. Tras el comienzo de la guerra hace más de tres meses, los precios se han disparado por encima de los 500 dólares por persona (unos 450 euros). The Guardian ha hablado con varias personas a las que les han pedido entre 5.000 y 10.000 dólares (entre 4.500 y 9.100 euros) cada una para abandonar la Franja y algunas, incluso, han lanzado campañas de crowdfunding para recaudar ese dinero. A otros palestinos los intermediarios les aseguraron que podrían marcharse más rápido si pagaban una cantidad mayor.

Las páginas de Facebook que publican noticias del paso fronterizo de Rafah están llenas de mensajes de palestinos que piden ayuda y consejos para conseguir que sus nombres estén en la lista. Todas las personas entrevistadas por The Guardian han afirmado que llegaron a esos intermediarios a través de contactos en Gaza. Los pagos se realizan en efectivo, a veces a través de terceras personas con sede en Europa y Estados Unidos.

A Belal, ciudadano estadounidense de Gaza, le dijeron que tendría que reunir 85.000 dólares (77.000 euros) para sacar del territorio a un total de 11 miembros de su familia, entre ellos cinco niños menores de tres años. “Estoy sopesando esta opción porque el Gobierno estadounidense no me está ayudando. Si tuviera alguna esperanza respecto al caso de mi padre, no consideraría” pagar esa cifra, explica Belal, que ha pasado los últimos tres meses apelando al grupo de trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos para que incluya a su padre diabético en la lista de personas enfermas crónicas que pueden salir del territorio. “Estoy en esta tesitura porque Estados Unidos no quiere ayudar a sus propios ciudadanos”, lamenta.

El padre de Belal, de 70 años, fue detenido brevemente en diciembre por las fuerzas israelíes en Gaza. Formaba parte de un grupo de hombres a los que desnudaron hasta dejarlos en ropa interior, les ataron las manos y los llevaron a un lugar secreto. Incluso antes de la detención, su hijo llevaba semanas buscando ayuda, hablando durante horas por teléfono con Washington o con la Embajada estadounidense en Jerusalén, y enviando una gran cantidad de información por correo electrónico al Departamento de Estado de estadounidense.

En un principio, ese Departamento dijo que sólo ayudaría a salir de Gaza a los familiares directos de ciudadanos estadounidenses, pero posteriormente indicó que ampliaría su ayuda para incluir a los progenitores y a los hermanos. “Desde mediados de diciembre no he recibido ningún correo electrónico de su parte y he hecho seguimiento seis veces; sólo pueden comunicarse por correo electrónico”, explica. “En cambio, veo a otras personas que pagan dinero para marcharse y pueden salir en uno o dos días”.

Un portavoz del Departamento de Estado consultado por The Guardian ha afirmado que no puede hacer comentarios sobre casos individuales y ha añadido que desconoce el sistema de intermediación que algunos utilizan para salir de Gaza. “Hemos ayudado a más de 1.300 ciudadanos estadounidenses, residentes legales permanentes y familiares a salir de Gaza”, ha puntualizado el portavoz.

Las personas más vulnerables

Mohannad Sabry, experto en la península del Sinaí y autor de 'Sinai: Egypt’s Linchpin, Gaza’s Lifeline, Israel’s Nightmare' (Sinaí: El eje de Egipto, el salvavidas de Gaza, la pesadilla de Israel), afirma que los supuestos intermediarios “quieren atraer a las personas más vulnerables”.

Si una familia tiene un miembro herido o enfermo y no puede esperar, ésas son las víctimas perfectas; pueden exprimirle hasta sacarle la cantidad que sea y la familia se ve obligada a conseguir el dinero

“Si una familia tiene un miembro herido o enfermo y no puede esperar, ésas son las víctimas perfectas; pueden exprimirle hasta sacarle la cantidad que sea y la familia se ve obligada a conseguir el dinero. Es una estafa en toda regla”. Sabry califica la justificación oficial de las autoridades egipcias para no abrir las fronteras de “tapadera de la corrupción que se está produciendo sobre el terreno” y puntualiza: “no se trata de corrupción de bajo nivel, sino de corrupción propiciada por el Estado”. Contactado por The Guardian, el jefe del Servicio de Información del Estado egipcio ha declinado hacer comentarios sobre el asunto.

Con muy pocas formas de salir de Gaza, especialmente para quienes no tienen doble nacionalidad, los palestinos del enclave y sus familiares en el extranjero afirman no tener más remedio que confiar en esa red informal de agentes. Un palestino residente en Reino Unido, que ha perdido a miembros de su familia en bombardeos israelíes, explica que “algunas personas están ganando dinero a costa de la miseria de los demás. En Gaza, la población está desesperada por salir de allí y salvar sus vidas, y en lugar de ayudar estos intermediarios intentan ganar dinero. Si hay una forma de sacar a las personas que lo necesitan, ¿por qué no las ayudan?”.

En Gaza, la población está desesperada por salir de allí y salvar sus vidas, y en lugar de ayudar estos intermediarios intentan ganar dinero

El palestino cuenta que le habían dicho que costaría 4.000 dólares (3.600 euros) sacar a cada uno de los nueve miembros varones jóvenes de la familia, a principios de diciembre. Ahora los honorarios han subido y oscilan entre los 6.000 y los 10.000 dólares (5.500 y 9.100 euros). La familia recurrió a los intermediarios tras no conseguir ayuda del Gobierno británico ni de organizaciones humanitarias.

“No sé por qué no se ha puesto en marcha ningún plan para evacuar a la población. Ni siquiera las organizaciones humanitarias hablan ya de esto”, lamenta. “Es como si dijeran: 'No vamos a protegeros ni a daros seguridad, sólo vamos a daros algo de comida y agua mientras os bombardean'”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido ha afirmado que ha evacuado a 300 ciudadanos británicos junto a las personas a su cargo (hijos y progenitores) y que estos eran su prioridad.

Sin embargo, no todas las personas están dispuestas a pagar, aunque dispongan de recursos. “Cada momento (en Gaza) pone en peligro sus vidas y mi vida”, afirma un residente de la Franja que quiere salir con su familia. “No pagaré ni un céntimo en sobornos”.

Traducido por Emma Reverter

Una denuncia ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital acusa a la firma Ernst & Young (EY) de “presuntas infracciones muy graves” de la normativa contable en su auditoría de las cuentas de Urbaser, el gigante español de la limpieza viaria y la recogida de basuras.

La denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se presentó el pasado 21 de julio y reclama al ICAC que abra expediente sancionador a la firma EY y a su auditor Fernando González Cuervo. Les acusa de supuestas irregularidades en su análisis de las cuentas individuales y consolidadas de 2022 que Urbaser remitió en junio al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). La empresa tiene registradas allí varias emisiones de pagarés e inicialmente omitió a los inversores ese informe. 

Apoyándose en un dictamen pericial de un experto independiente, catedrático y ex director general del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, el denunciante asegura que las cuentas de Urbaser contienen “graves irregularidades sustanciales” y no reflejan “la imagen fiel del patrimonio, de sus resultados y de su posición financiera”.

Las omisiones que menciona son falta de información sobre un escándalo de sobornos en Canarias para el que hay dictada apertura de juicio oral contra Urbaser; ausencia de datos sobre los sueldos y bonus de los consejeros y altos directivos del grupo; y supuesta asistencia financiera prestada por la compañía a su actual dueño, el fondo estadounidense Platinum.

A diferencia de años anteriores, Urbaser, que desde hace algo más de un año pilota Fernando Abril-Martorell, hijo del ex ministro de la Transición y ex primer ejecutivo de Indra, no incluye información sobre los sueldos de su consejo y sus altos directivos en las cuentas de 2022 que ha puesto a disposición de los inversores.

Según la normativa contable española, no incluir esos datos afecta a la imagen fiel de las cuentas de las empresas, si bien la matriz última de Urbaser se encuentra en Luxemburgo. 

En las cuentas consolidadas de 2022 remitidas al MARF y aprobadas sin salvedades por EY, Urbaser indica que “no se han devengado retribuciones al Consejo de Administración ni Alta Dirección porque estos cargos no existen en la Sociedad actualmente”.

Pero, según el denunciante, “es una evidencia que existe el consejo”, que, afirma, forman la presidenta de Urbaser y socia de Platinum, Mary Ann Sigler, el vicepresidente y consejero delegado de Urbaser, Abril-Martorell, y el consejero Miguel Liria. 

Estas tres personas administran la cabecera de Urbaser en España, Luna IV Servicios Ambientales SL, que no ha depositado sus cuentas de 2022 en el Registro Mercantil. Luna IV, sin empleados, cuelga a su vez de la luxemburguesa PE Luna Holding SARL, controlada desde Islas Caimán, y que acaba de mandar al registro del Gran Ducado sus estados financieros, auditados por EY. En ellos se indica que la remuneración de sus principales ejecutivos fue de algo más de 3 millones en 2022.

Respecto a la alta dirección, el denunciante señala que “obviamente también existe y son las personas que reportan directamente al Consejero Delegado”. Se apoya en lo que apunta el citado informe pericial del catedrático, que tacha de “inconcebible que una Sociedad que en sus cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2022 reporte un número medio de personas empleadas de 57.691 personas y no tenga Alta Dirección. La inteligencia artificial va desarrollándose progresivamente pero no ha llegado al punto de dirigir una empresa sustituyendo a todos sus empleados, a su Consejo de Administración y a su Alta Dirección”.

Plan de acciones

Las cuentas consolidadas de Urbaser remitidas al MARF tampoco mencionan un plan de remuneración con acciones en Luxemburgo a su cúpula, con Abril-Martorell a la cabeza. La denuncia indica que “el plan de remuneración retribuye, con fecha 7 de abril de 2022, a 24 Directores de Urbaser con participaciones que oscilan desde 528.616 acciones hasta 49.338 acciones, en función de la categoría de cada uno de ellos”.

En el caso de Abril-Martorell, que se incorporó en junio de 2022, le corresponde una asignación de 1.533.173 acciones ordinarias A, 27.150 acciones ordinarias B y 472.850 acciones preferentes. Esos títulos equivaldrían a unas 5.655 acciones de Urbaser con un valor de mercado de unos 2,4 millones de euros, según la pericia adjunta a la denuncia.

Esta atribuye a EY y su auditor una infracción muy grave de la Ley de Auditoría por omitir esta información. El artículo 72 de esa norma castiga, bajo amenaza de baja en el registro de auditores, los informes con una opinión que “no fuese acorde con las pruebas obtenidas por el auditor en su trabajo, siempre que hubiese mediado dolo o negligencia especialmente grave e inexcusable”.

Según el denunciante, ese dolo existe porque en las cuentas de la antigua filial de ACS los sueldos de su cúpula “se ocultan supuesta e intencionadamente y, ante estos hechos, EY y su auditor el Sr. González no emiten ninguna salvedad en sus informes de auditoría”. 

Una situación que, recuerda, contrasta con los reparos que otras firmas han incluido en otros supuestos similares, como acaba de hacer Deloitte con el fondo de capital riesgo Cinven, dueño de Burger King en España. Otros ejemplos son las salvedades de los auditores de Securitas Direct en España (con matriz en Luxemburgo, como Urbaser), Alcaliber (monopolista del opio en España) o la riojana Cartonajes Santorromán, conocida por las invectivas contra el Gobierno de su dueño, acogido a la amnistía fiscal de 2012.

Corrupción en Canarias

Las cuentas de Urbaser (tanto la sociedad española como su matriz luxemburguesa) omiten la existencia de un auto de apertura de juicio oral contra la antigua filial de ACS por un escándalo de corrupción en Canarias, el conocido como Caso Jable. Según el denunciante, “que todavía no exista sentencia firme en el Caso Jable no significa estar exento de publicidad. No se puede justificar su ocultación”. Y compara la ausencia de información con las explicaciones que incluyen en sus cuentas BBVA, Repsol, CaixaBank e Iberdrola sobre su implicación en el caso Villarejo, sin que haya llegado a la apertura de juicio oral.

El escrito al ICAC subraya que “la transparencia frena la corrupción”. Indica que Urbaser y su auditor “tienen una muy grave responsabilidad en la ocultación de esta causa penal. Naturalmente, para EY y su auditor Sr. González es irrelevante esta información y, por supuesto, ni siquiera recomendaron, al menos, indicar los motivos por los que Urbaser había decidido ocultar en sus cuentas anuales la existencia de este escandaloso caso de corrupción”.

Y no pueden “recurrir a la excusa de que lo desconocían alegando que Urbaser no les informó. Hemos acreditado que una gran variedad de medios de comunicación se hacen eco del Caso y van informando del desarrollo del mismo. Basta teclear en google ”Caso JABLE“ para ponerse al día de la evolución del juicio oral que se reanudará en septiembre”.

El 9 de mayo, elDiario.es informó de que Urbaser mantenía en nómina a su entonces número dos, Manuel Andrés, y a su mano derecha, Santiago Alonso, que semanas atrás habían confesado que sobornaron a cargos públicos de Arrecife (Lanzarote) entre 2001 y 2004 para conseguir la concesión del servicio de recogida de residuos de esa ciudad. 

Lo hicieron durante la negociación con la Fiscalía Anticorrupción ante el juicio por estos hechos en la Audiencia Provincial de Las Palmas que se va a celebrar 13 años después de ser detenidos por la Guardia Civil. El Ministerio Público pedía para ellos penas de 10 años de cárcel por delitos de cohecho, falsedad documental, fraude y aprovechamiento de secretos. 

El dueño del fondo Platinum fue advertido de la permanencia en la empresa de estos dos directivos tras reconocer los sobornos en una comunicación que pedía el cese inmediato de Abril-Martorell. Entonces, la empresa indicó que su área de Compliance estaba analizando el asunto. Cuatro días después, Urbaser comunicó a EFE el despido de ambos, tras comprobar que los hechos violaban su código de conducta.

La denuncia ante el ICAC también acusa a Urbaser de prestar dinero supuestamente a Platinum para comprar el grupo español mediante “una extensa cadena de sociedades pantalla domiciliadas en Luxemburgo y en el paraíso fiscal de las Islas Caimán”, prestándole asistencia financiera, prohibida por la ley española y europea. Asegura que EY y su auditor “tienen una muy grave responsabilidad en la ocultación de la asistencia financiera que Urbaser ha prestado para la adquisición de sus propias acciones por el fondo de inversión Platinum”.

“La prohibición de asistencia financiera (existente en el ordenamiento europeo y consagrada en España en los artículos 143, 149 y 150 de la Ley de Sociedades de Capital), tiene su raíz en el hecho de que una empresa no puede utilizar sus propios recursos para que un tercero adquiera sus acciones”.

Y añade: “Urbaser ha prestado todo tipo de garantías que, en su conjunto e incluyendo sus activos más significativos, las principales cuentas bancarias y cuentas a cobrar, suponen el 80% de su EBITDA consolidado y, con ello, ha violado el art. 150 de la Ley de Sociedades de Capital de España”.

El escrito subraya también que el informe de auditoría de EY contiene un “error material”, al estar firmado el 8 de mayo de 2022, y no en 2023, por lo que “se requiere de una rectificación ineludible ya que el auditor no se puede equivocar en la fecha a la hora de certificar unas cuentas anuales”. 

El ICAC es el organismo equivalente en España al Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) estadounidense que, según Financial Times, ha encontrado deficiencias en las auditorías de EY en varios países, entre ellos España.

Urbaser, un gigante con una cifra de negocios de más de 3.000 millones, pagó el año pasado a EY por sus servicios 2,311 millones, un 57% más que en 2021, cuando esta firma empezó a auditar sus cuentas. Urbaser y EY han rechazado responder a las preguntas de elDiario.es.

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El gigante español de la limpieza viaria y la recogida de basuras Urbaser ha ocultado a los inversores en España información relevante tras los sobornos en Canarias reconocidos ante un juez por dos históricos de la compañía que pilota Fernando Abril-Martorell a los que acaba de despedir, ante el flagrante incumplimiento de su código ético. 

Urbaser remitió el 25 de mayo sus cuentas anuales consolidadas al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) que gestiona Bolsas y Mercados Españoles (BME), donde la empresa tiene varias emisiones de deuda en circulación.

El documento omite una información muy relevante: el informe de auditoría de sus cuentas, labor que tiene encargada a la firma internacional Ernst & Young desde 2021. Se trata de una anomalía que contrasta con las decenas de entidades que han remitido sus cuentas en lo que va de año al MARF, acompañándolas del correspondiente informe de auditoría. Así lo hizo la propia Urbaser en los ejercicios 2021, 2020 y 2019, tras empezar a emitir deuda en el mercado de renta fija.

Un portavoz de Urbaser indicó que la compañía “no tiene la obligación de publicar el informe de auditoría” hasta el próximo 30 de junio, ya que “el hito vinculado a dicha publicación es la Junta General de Accionistas”. “Al tener un accionista único”, una sociedad en Luxemburgo, la documentación relativa a la junta de accionistas se hará pública en junio, indica ese portavoz.

La circular de BME 5/2013, de 18 de julio, regula la información que deben facilitar los emisores al MARF. Dice que las entidades “deberán remitir al Mercado para su difusión pública, sus cuentas anuales auditadas” tan pronto como estén disponibles.

“Sin perjuicio de las decisiones que pueda adoptar al respecto” el regulador bursátil, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), “y dando inmediatamente cuenta a ésta última, el Mercado podrá suspender la contratación de los valores” cuando los emisores de deuda no remitan información o lo hagan de forma “incompleta” o “fuera de plazo”, indica ese reglamento. 

Los valores incluso “podrán ser excluidos de la negociación en el Mercado” en caso de incumplimiento grave de sus obligaciones, especialmente “en lo que se refiere a la remisión y publicación de información”, cuando lo determine el consejo de administración de BME.

El consejero delegado del grupo BME, Javier Hernani, ha sido ya informado de la omisión de Urbaser mediante una comunicación remitida el pasado miércoles a la que ha tenido acceso elDiario.es.

BME, una empresa privada que fue adquirida por el grupo SIX en 2020, no ha querido comentar este asunto.

Tras la publicación de esta información, la CNMV ha señalado este viernes que el organismo “no es competente en los SMN (sistemas multilaterales de negociación) sobre la supervisión de las cuentas”.

“Estos mercados tienen establecidos en su normativa interna sus requisitos sobre remisión de cuentas por parte de las entidades. A las sociedades que cotizan en el MARF les resultan de aplicación las obligaciones de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) respecto a la formulación, auditoría y aprobación de cuentas, y según establece, está aún dentro del plazo para publicar el informe de auditoría, que debe ser antes de la convocatoria de la Junta general”.

El regulador añade que “la separación entre la publicación de las cuentas y del informe de auditoría es práctica habitual en algunas empresas de este mercado”. 

Las normas del MARF señalan que por parte de los emisores “deberá ponerse a disposición del Mercado toda la información relacionada con la entidad emisora que sea relevante según su naturaleza jurídica”. 

Ceses y una venta millonaria

Urbaser no ha informado al mercado de algunos acontecimientos recientes de relevancia. En 2022 se cerró la venta a un fondo suizo de Socamex, filial de agua de Urbaser y una de sus tres líneas de negocio, por un importe que se cifró en unos 200 millones de euros, deuda incluida, y que le ha reportado un beneficio cercano a los 50 millones, según indica en las cuentas que acaba de enviar al MARF. Solo ahora ha informado de esa operación. La CNMV se da por satisfecha, dado que la transacción “está comunicada en las cuentas formuladas remitidas”, explica el organismo en un correo electrónico.

En 2022 se produjo el cese del vicepresidente y consejero delegado de Urbaser, José María López Piñol, que fue inscrito en el Registro Mercantil en marzo de ese año, y el nombramiento como vicepresidente y consejero en esas fechas de Juan Jesús Jiménez Díez-Canseco. Esos cambios tampoco se han comunicado al mercado. Lo mismo ha ocurrido con el cese por corrupción, hace unos días, de uno de los principales protagonistas de ese escándalo en Canarias: el número 2 de la compañía y director general de Servicios Urbanos, Manuel Andrés, que era responsable de la pata que genera la mayoría de sus ingresos y concentra el 88% de su plantilla.

El 9 de mayo, elDiario.es informó de que Urbaser mantenía en nómina a Andrés y a su mano derecha, Santiago Alonso, que semanas atrás habían confesado que sobornaron a cargos públicos del Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) entre 2001 y 2004 para conseguir la concesión del servicio de recogida de residuos de esa ciudad. 

Según el registro de Luxemburgo, donde Urbaser tiene su matriz, ambos mantienen participaciones societarias en la sociedad instrumental que controla el grupo como premio a su gestión en la compañía. Recibieron ese bonus cuando ya estaban a la espera de juicio.

Su confesión llegó durante la negociación de sus defensas con la Fiscalía Anticorrupción ante el juicio por estos hechos en la Audiencia Provincial de Las Palmas que se va a celebrar ahora, 13 años después de ser detenidos por la Guardia Civil. Hasta entonces el Ministerio Público pedía para ellos penas de 10 años de cárcel por delitos de cohecho, falsedad documental, fraude y aprovechamiento de secretos. 

El dueño del fondo estadounidense Platinum, propietario de Urbaser, fue advertido de la permanencia en la empresa de estos dos directivos tras reconocer los sobornos en una comunicación que pedía el cese inmediato de Abril-Martorell, como avanzó este medio el 15 de mayo.

Entonces, la empresa indicó que su área de Compliance estaba analizando el asunto. Cuatro días después, Urbaser comunicó a la Agencia EFE el despido de Andrés y Alonso, tras comprobar que los hechos son completamente contrarios a su código de conducta y a su política corporativa frente a la corrupción.

El pasado 22 de octubre, el grupo español aprobó un código anticorrupción que asegura que “Urbaser rechaza toda forma de corrupción, aplicando una política de tolerancia cero ante cualquier indicio de soborno o corrupción cometido por un empleado/a de Urbaser o por un tercero, que actúe en nombre de Urbaser”.

La CNMV ha indicado este viernes, sobre la comunicación de cambios de ejecutivos o consejeros, que “la valoración sobre si es información privilegiada o no la tiene que hacer la entidad en base al posible impacto que pudiera tener en el mercado. No todas las informaciones de una empresa son información privilegiada y menos aun cuando una entidad solo emite renta fija y no variable. Ese análisis debe hacerse caso por caso y no puede presuponerse que nombramientos o ceses lo sean, por principio”. 

Por su parte, Urbaser indicó en la noche del jueves que “analiza en todo momento si la información de la que dispone respecto de la sociedad y de los instrumentos financieros cotizados tiene carácter de privilegiada” o como “información relevante”, de acuerdo con la citada circular del MARF, así como si “afecta a su actividad económica o supone un cambio significativo” respecto a “su trayectoria o evolución de los resultados o de los flujos de efectivo”.

“El cese de directivos”, indica Urbaser, “no se considera información relevante desde ese punto de vista y desde luego no es información privilegiada”.

Hasta 300 millones

En 2020 Urbaser registró un programa de pagarés en el MARF con un límite máximo de emisiones vivas de 200 millones y vencimiento a un año, que amplió en 2022 hasta 300 millones. A cierre del pasado ejercicio, tenía emitidos pagarés por importe de 108,1 millones, según las últimas cuentas anuales de Urbaser en España.

Esas cuentas, formuladas el 3 de mayo, obvian ya ese litigio ante la Audiencia de Las Palmas. La Fiscalía sostiene, entre otras cosas, que directivos de la empresa Tecmed (más adelante convertida en Urbaser) sobornaron al presidente del Cabildo de Lanzarote, Dimas Martín, que desde hace años cumple en la cárcel varias condenas por corrupción, y a la alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, así como a otros políticos locales y funcionarios municipales.

El juicio se ha aplazado a septiembre por problemas de salud de la exalcaldesa. Se sientan en el banquillo otras dos personas relacionadas con Urbaser cuando ocurrieron los hechos: Stephane Jean Antoine Balverde y Francisco José Martínez Llerandi, para los que la Fiscalía pide condenas de ocho años y seis años de cárcel, respectivamente. Urbaser explicó hace unos días a EFE que ninguno de los dos forma parte en la actualidad de la plantilla de la compañía. 

Las cuentas de Urbaser sí incluyen información sobre la situación de otros muchos pleitos que afectan al grupo, varios de ellos de naturaleza penal en España. Recogen una novedad en relación con las diligencias previas 14/2018 que se siguen ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional contra Urbaser S.A., entre otros, “en relación con el llamado caso 3%”, sobre la presunta financiación ilegal de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya, por el que va a sentarse en el banquillo Antonio Vives, exresponsable de Urbanismo en el Ayuntamiento de Barcelona con Xavier Trias, el candidato más votado en la capital catalana en las elecciones municipales del pasado domingo.

“En noviembre de 2022, la Fiscalía ha presentado escrito de acusación contra Urbaser, para la que solicita de forma provisional condena consistente en una multa de 4.000.000 euros. El 12 de noviembre, el Tribunal dictó auto de apertura de juicio oral y dio plazo de seis meses para la presentación de escrito de defensa”, explica Urbaser en sus cuentas.

Estas reflejan un aumento de su facturación del grupo, con cerca de 58.000 empleados, del 19% en 2022, hasta 3.037 millones, de los que cerca del 55% procedió de España.

La compañía perteneció hasta 2016 a la constructora ACS, que ese año se la vendió al grupo chino Energy Conservation and Enviromental Protection (Cecep) por 1.319 millones. En 2021 Cecep se la vendió a su vez a Platinum por más del doble, unos 3.500 millones. Cuando la adquirió, el máximo ejecutivo y propietario del fondo estadounidense, Tom Gores, indicó que la compañía “requiere de excelencia operacional y de las mejores prácticas de ESG”.

Abril-Martorell, expresidente de Indra o exconsejero delegado de Prisa e hijo del que fuera vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía con Adolfo Suárez, es consejero delegado de la compañía desde junio de 2022. 

El primer ejecutivo del fondo estadounidense Platinum, el multimillonario Tom Gores, ha recibido una comunicación “privada y confidencial” que le insta al “cese inmediato” de Fernando Abril-Martorell, consejero delegado de Urbaser, propiedad de esa firma de inversión, por su inacción ante un caso confeso de sobornos en Canarias a cambio de contratos para el gigante español de la limpieza viaria y la recogida de basuras.

Esa comunicación a Gores, a la que ha tenido acceso elDiario.es, le insta a fulminar a Abril-Martorell por no haber tomado medidas contra esos dos directivos. El hijo del que fuera vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía con Adolfo Suárez es consejero delegado del grupo español desde junio de 2022. 

Como contó elDiario.es, Urbaser mantiene en sus puestos a dos directivos, Manuel Andrés, número 2 del grupo, y su mano derecha, Santiago Alonso, que han reconocido los sobornos de los que les acusaba la Fiscalía Anticorrupción en vísperas del juicio en la Audiencia Provincial de Las Palmas por la “Operación Jable”. Se trata de la última pieza de la mayor trama de corrupción investigada en Canarias por número de imputados, el caso Unión.

Ambos han presentado ante la Sección Segunda de la Audiencia escritos idénticos en los que manifiestan su “reconocimiento de los hechos acontecidos” y admiten los delitos descritos por la Fiscalía Anticorrupción. En conformidad con el Ministerio Público, han efectuado sendos ingresos bancarios por un total de 220.000 euros en una cuenta de la Audiencia Provincial en concepto de pago a cuenta de la multa por delito de cohecho.

En la comunicación a la que ha tenido acceso este medio, con copia a la presidenta de Urbaser y directiva de Platinum, Mary Ann Sigler, el denunciante advierte al dueño del fondo de que, ante la falta de medidas contra estas dos personas, “el comportamiento del CEO es completamente contrario a cualquier Código de Conducta de ESG [las siglas de la expresión inglesa environmental, social and governance] y con el propio Código de Conducta de Urbaser”.

El pasado 22 de octubre el grupo español aprobó un código anticorrupción que asegura que “Urbaser rechaza toda forma de corrupción, aplicando una política de tolerancia cero ante cualquier indicio de soborno o corrupción cometido por un empleado/a de Urbaser o por un tercero, que actúe en nombre de Urbaser”.

“Estamos ahora ante una falta absoluta de integridad en el comportamiento del CEO, pagando o habiendo pagando nóminas, autorizando o habiendo autorizado con su propia firma todo tipo de gastos para restaurantes, hoteles, vuelos e, incluso, supuestamente y si se confirma, abonando a Corte Penal Regional las multas y los gastos de defensa legal de los dos criminales confesos”.

El escrito a Tom Gores continúa detallando el “enorme” daño que esta situación supone para la reputación de Urbaser y Platinum: “Desconocemos si el CEO ha perdido su moral, si alguna vez la tuvo, pero parece que en estos dos casos de comportamientos criminales en la dirección de Urbaser, un despido disciplinario sin compensación es una obligación ética y profesional”.

“También desconocemos si el CEO está considerando demandar a estos dos criminales confesos y pedirles que devuelvan los bonus y las acciones que ambos tienen en la compañía luxemburguesa LUNA I”.

Según el Registro de Luxemburgo, el 11 de marzo de 2022, cuando ya llevaba tiempo a la espera de juicio por este caso, Manuel Andrés recibió 200.000 títulos clase A de esa instrumental, mientras que Santiago Alonso recibió otros 49.338 títulos.

Luna I, de la que Abril-Martorell recibió un paquete millonario de acciones el día de su nombramiento, es una de las sociedades con las que Platinum controla Urbaser a través de cerca de una decena de firmas en el Gran Ducado. Esa larga cadena lleva en última instancia hasta Islas Caimán, como suele ocurrir en el mundo de los grandes fondos.

elDiario.es ha preguntado a Platinum por este asunto, sin obtener respuesta. Por su parte, el grupo Urbaser ha indicado que “el asunto está siendo analizado por el área de Compliance siguiendo los procedimientos establecidos y con el asesoramiento legal correspondiente para llevar a cabo las medidas oportunas; siempre de acuerdo al código ético y de conducta de Urbaser”.

Antigua filial de ACS

Los hechos se remontan a la época en la que Urbaser pertenecía a la constructora ACS, que la vendió en 2016 al grupo chino Energy Conservation and Enviromental Protection (Cecep) por 1.319 millones. En 2021 Cecep se la vendió a su vez a Platinum por más del doble, unos 3.500 millones. Cuando la adquirió, Gores indicó que la compañía “requiere de excelencia operacional y de las mejores prácticas de ESG”.

Estadounidense de origen israelí, Gores, de 58 años y dueño del equipo Detroit Pistons de la NBA americana, tiene una fortuna estimada de 6.200 millones de dólares. Figura en el número 427 del ránking mundial de millonarios de Forbes.

Abril-Martorell es consejero delegado de Urbaser desde el pasado 15 de junio. Antes de ocupar ese puesto, fue entre otros cargos presidente y consejero delegado de Indra o consejero delegado de Prisa. También tuvo responsabilidades en Telefónica, Credit Suisse y JP Morgan.

Los imputados en esta trama, según la acusación pública, “amañaron” concursos para adjudicar a Urbaser y FCC trabajos a cambio de pagos en efectivo o en forma de “dádivas” o regalos, que en el caso de Isabel Déniz, ex alcaldesa de Arrecife (Lanzarote), le permitieron incrementar su patrimonio en 400.000 euros, y además crearon varias sociedades que se favorecieron de esos contratos.

Según Anticorrupción, el fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, y la ex alcaldesa (primero en esa formación y luego en Coalición Canaria) se concertaron en 2001 con Manuel Andrés y Santiago Alonso, entonces directivos y apoderados de Tecmed (antigua Urbaser e histórica filial de ACS), para que, a cambio de una comisión, la empresa resultara adjudicataria en el concurso de recogida y transporte de residuos en Arrecife. Entre los acusados también se encuentra el entonces líder del PSOE en la localidad insular, Miguel Ángel Leal.

Urbaser se presenta como “una compañía de gestión medioambiental líder a nivel mundial, orientada hacia la sostenibilidad y la innovación, que da servicio a más de 70 millones de personas en 21 países a través de una red de más de 59.719 empleados”.

En la actualidad se encarga de la limpieza “de más de 8 millones de kilómetros de calles en diferentes ciudades de todo el mundo y el mantenimiento de 25 millones de metros cuadrados de zonas verdes. Opera 75 instalaciones de tratamiento de residuos con un total de 20,4 millones de toneladas tratadas; produce 2.885 GWh de energía a partir de residuos y en el último año ha evitado la emisión de casi 2,2 millones de toneladas de CO2 equivalente”.

La compañía, que ha pedido impulsar el incipiente negocio del biometano, es una de las interesadas en la compra del negocio de Medio Ambiente de Sacyr, junto a otras firmas como HIG. Esa operación permitiría a Urbaser competir en tamaño con el líder en España, FCC, que también está implicada en ese caso de corrupción en Canarias. 

Se da la circunstancia de que, también en la Audiencia Provincial de Canarias, la propia Sacyr está pendiente de juicio desde hace tres años por el caso Emalsa, por un presunto quebranto de 23 millones de euros. Y en este caso uno de los acusados es Pablo Abril-Martorell, hermano del consejero delegado de Urbaser y actual directivo de Sacyr Concesiones.

Los dos directivos de Urbaser que han confesado esos sobornos en el caso Jable ocupan posiciones clave en la compañía. Manuel Andrés Martínez, que en unos días cumplirá 65 años, es director general de la línea de negocio de Servicios Urbanos de Urbaser, la más importante del grupo. Por su parte, Santiago Alonso, de 62 años, era en el momento de producirse esos hechos director de Limpieza y Jardinería de Urbaser, que luego le nombró director internacional de Servicios Urbanos.

Según fuentes solventes, Alonso es director Adjunto de Servicios Urbanos, pertenece a la Alta Dirección de Urbaser y es la mano derecha de Manuel Andrés en la línea de negocio de Servicios Urbanos, que en 2021 (último ejercicio disponible) aportó 2.317 millones a la cifra de ventas consolidada de Urbaser, más del 90% de los 2.550 millones que facturó el grupo.

Ambos directivos fueron detenidos en 2010. La Fiscalía les acusó como autores de un delito continuado de cohecho y de un delito de uso o aprovechamiento de secretos, y como cooperadores necesarios en falsedad en documento público y fraude. Pidió para ellos sendas condenas de 10 años y dos meses de cárcel, fianzas de 13.857.415,8 euros para cada uno y sendas multas de 603.600 euros. 

Hay otros dos directivos de Urbaser encausados: Francisco José Martínez Llerandi, que, según su Linkedin, es director de Aguas y RCD de Urbaser, y para el que Fiscalía pidió 6 años y 8 meses de cárcel, fianza de 13.612.890,4 euros y multa de 420.206 euros; y Stephan Jean Antoine Balverde, para el que el Ministerio Público pidió 7 años y 6 meses de cárcel, fianza de 13.852.615,5 euros y multa de 600.000 euros.  

Ferrovial ha despedido al presidente ejecutivo y al vicepresidente de su filial polaca FBserwis, los dos principales directivos detenidos en febrero por su presunta participación en lo que la Agencia Central contra la Corrupción (CBA) de aquel país ha bautizado como “el escándalo de la basura”: una trama de supuestas mordidas, blanqueo de capitales y facturas falsas para ocultar sobornos en la adjudicación de contratos valorados en unos 128 millones de euros para la recogida de residuos del Ayuntamiento de Varsovia.

En el centro de esa trama, por la que ha sido detenido también un exministro conservador en aquel país, aparece FBserwis, dedicada al tratamiento de basuras, al mantenimiento de infraestructuras viales o a la eficiencia energética que pertenece a Budimex, la mayor constructora polaca, cotizada en bolsa y controlada por Ferrovial. Este país es uno de los principales mercados de la multinacional de la familia Del Pino.

El pasado 30 de marzo, el consejo de supervisión de Budimex acordó el cese de Artur Pielech, hasta entonces todavía consejero de esa filial y presidente y consejero delegado de FBSerwis, pese a que llevaba suspendido en sus funciones desde su detención a comienzos de febrero.

En las cuentas anuales que acaba de publicar Budimex, la filial polaca de Ferrovial explica que su ya ex consejero había sido puesto en libertad provisional el 20 de marzo, tras su detención junto a, entre otros, el vicepresidente de FBSerwis, Wojciech Smołka. Este último era el responsable del área de recogida y tratamiento de residuos municipales y servicios medioambientales en FBSerwis. Fuentes de Ferrovial confirman que Smołka tampoco está ya en la compañía.

Ex directivo de Roland Berger en Polonia, Artur Pielech fue nombrado vicepresidente de FBSerwis en noviembre de 2012. Desde julio de 2014 era el presidente de esa filial de Ferrovial. En septiembre de 2021 se convirtió también en consejero de Budimex. Su vacante en la presidencia de FBSerwis la ha ocupado Marcin Weglowski, consejero y director Económico Financiero de Budimex.

La filial polaca de Ferrovial insiste en sus cuentas anuales en que, tras llevar a cabo un análisis preliminar, ha concluido que las actuaciones de las autoridades por esta trama de supuesta corrupción se dirigen por ahora contra personas físicas y esto “no implica, en el momento procesal actual, consecuencias legales directas” para las filiales de Ferrovial, “y en particular Budimex SA, que no opera en el campo de la gestión de residuos”. Por eso, no ha dotado ninguna provisión por este asunto.

El pasado 2 de marzo, justo después de que Ferrovial anunciara su polémica mudanza a Países Bajos, aprobada por sus accionistas el pasado jueves, trascendía la última detención conocida en este caso, la del que fuera ministro de Hacienda de Polonia y hasta entonces secretario del Ayuntamiento de Varsovia, Włodzimierz Karpiński. 

Ex presidente de la Empresa Municipal de Depuración de Varsovia (MPO), Karpiński fue destituido de sus cargos en la capital polaca a finales de marzo. Ministro en la etapa del expresidente del Consejo Europeo y antiguo líder del PP europeo, Donald Tusk, Karpiński fue detenido temporalmente durante 3 meses el pasado 27 de febrero. Está acusado de aceptar supuestamente un soborno de casi 5 millones de zlotys (algo más de un millón de euros) “en relación con el procedimiento de selección de empresas que se ocupan de la recogida de residuos en Varsovia”, según anunció en marzo la CBA.

Medios locales han publicado que Karpiński exigía una comisión del 2,5% por cada adjudicación. Según el medio local wyborcza.pl, la mitad de los contratos sospechosos se los llevó FBSerwis. En febrero fue detenido Rafał Baniak, ex viceministro del Tesoro polaco y hasta hace poco presidente de la patronal Pracodawcy RP. Esta entidad se define como “la mayor organización de empleadores en Polonia”. Dice representar a más de 19.000 compañías con 5 millones de empleados.

Investigación interna

Inicialmente, el consejo de supervisión de la subsidiaria de Ferrovial “decidió suspender al presidente del consejo de administración de FBSerwis SA por un periodo de dos meses” y al vicepresidente, por otros tres meses. Las dos filiales ordenaron “una investigación interna para esclarecer los hechos, mostrando su plena colaboración con las autoridades”. Ninguno de los dos responsables está ya en la compañía. Pielech había sido suspendido de sus funciones hasta el pasado 7 de abril.

Fuentes de Ferrovial remarcan su “fuerte” compromiso con “la máxima transparencia y el compliance” e indican que Budimex ha contratado a un asesor externo para llevar a cabo esta investigación.

Por ahora han sido detenidas en esta investigación 14 personas. Entre ellas, tres directivos de la filial de Ferrovial: el presidente de FBSerwis, el vicepresidente y el director comercial, de cuya situación Ferrovial no da detalles. Las actuaciones se llevan a cabo bajo la supervisión de la Sucursal de Silesia del Departamento de Delincuencia Organizada y Corrupción de la Fiscalía polaca en Katowice.

Según anunció la CBA el 9 de febrero, se investiga “la participación en actividades criminales de un grupo criminal organizado formado por empresas y funcionarios a nivel ministerial que estuvieron en el gobierno entre 2011 y 2015”. “El grupo emitía facturas de IVA para servicios ficticios de empresas involucradas en la recogida y tratamiento de residuos en la ciudad de Varsovia. Las facturas de esos servicios ficticios se destinaban a la obtención de fondos para sobornar a antiguos responsables”.

Y “el dinero se utilizaba para manipular la selección de compañías que prestan servicios de recogida, gestión y procesamiento de basura. El caso implica también blanqueo de capitales”, siempre según el órgano anticorrupción polaco.

Riesgo “remoto”

Ferrovial ya señaló en las cuentas anuales que presentó hace unas semanas que el riesgo de que “pueda ser considerada responsable de los hechos investigados es remoto”, porque “la responsabilidad de una persona jurídica está supeditada, de acuerdo con el Derecho Polaco, a la condena previa de un individuo que actúe en nombre de la sociedad”.

Ferrovial también descarta por ahora riesgo de que se vete a su filial el acceso a licitaciones en Polonia. “Las sociedades del Grupo Budimex no pueden ser excluidas de procesos de contratación pública sin que los miembros titulares de los órganos de gestión, de gobierno o representantes comerciales hayan sido condenados válidamente por delitos tipificados en la Ley Penal. Por tanto, de acuerdo con la información existente, y a la fecha de cierre de estas cuentas, no se han materializado las premisas que den lugar a responsabilidad”.

Los asesores legales del grupo “estiman que la duración del proceso podría prolongarse varios años”. E “informan de que la aplicación real de la ley, en su formulación actual, es extremadamente infrecuente y las multas impuestas a las entidades no son elevadas (hasta 5 millones de zlotys)”. Por eso, el grupo no ha dotado ninguna provisión ni pasivo por este asunto. 

Como destacaba el grupo en sus cuentas al dar cuenta de este litigio, los activos no corrientes de FBSerwis “representan un 0,36% de los activos totales de Ferrovial”. Pero Polonia, cuyo “excepcional desempeño” en 2022 destacó Ignacio Madridejos, consejero delegado de Ferrovial, en la junta de accionistas que el pasado jueves aprobó su polémica deslocalización, es un mercado clave para la multinacional. Especialmente, en la pata de construcción. 

En 2022, Polonia aportó, según la presentación realizada a los accionistas en la junta, el 24% de los 7.551 millones que ingresó Ferrovial el pasado ejercicio, muy por delante de España (15%) y solo por detrás de Estados Unidos y Canadá (40%). Fue el segundo mercado que más aportó al resultado bruto de explotación, 153 millones, aunque solo suponía el 3% de la valoración total de Ferrovial, según estimaciones de los analistas de cierre de 2022.

Ferrovial tiene 6.102 empleados en Polonia, más que en ningún otro país en los que opera (en España tenía 5.413 a cierre de 2022). Este país del Este aportó a Ferrovial un resultado antes de impuestos sobre beneficios de 103,31 millones en 2021, según su último informe de reporte fiscal por países. Concentraba a cierre de 2022 el 22% de la cartera de la rama de construcción del grupo.

“En Polonia, la licitación pública mantiene buenas perspectivas gracias a los planes nacionales de inversión de carreteras y ferrocarriles hasta 2025-26, respaldados por el nivel elevado de asignación de fondos bajo el nuevo marco financiero plurianual de 2021-27 de la UE, que garantiza estabilidad futura de la inversión en el país”, según las previsiones anuales de Ferrovial para el ejercicio 2023.

La multinacional de los Del Pino adquirió Budimex en 2000, año en que el actual presidente, Rafael del Pino, sucedió en el cargo a su padre, fundador del grupo. Ferrovial actualmente controla un 50,1% de Budimex. Entre sus últimos contratos en Polonia, destaca la adjudicación, en julio, de la construcción de una terminal en el puerto de aguas profundas de Gdansk por 245 millones de euros. La filial inició en 2022 su actividad en el negocio de las renovables en ese país.

La primera semana de noviembre de 2016, unos días antes de las elecciones presidenciales, el director del tabloide National Enquirer, Dylan Howard, tenía prisa por abrir una pequeña caja fuerte en su sede en Nueva York. “Quiero sacar todo de la caja fuerte”, le dijo a un empleado. “Y después necesitamos traer aquí una trituradora”. 

El Enquirer, fundado en 1926 y especializado en cotilleos y sobre todo desgracias de actores y protagonistas de reality shows, había entrado en campaña publicando historias sobre las supuestas enfermedades de Hillary Clinton o la relación del padre de Ted Cruz, entonces candidato republicano, con el asesinato de JFK utilizando una foto más que dudosa. El principal objetivo del tabloide era apoyar a Donald Trump, amigo de Howard y, sobre todo, de David Pecker, el consejero delegado de la empresa editora del Enquirer, American Media Inc. (A.M.I.), dueña de la mayor red de “tabloides de supermercado”, llamados así por el lugar más habitual donde se venden, junto a la caja registradora. 

Ese día de noviembre de 2016, Howard, treintañero australiano y convertido en el gran estratega de la compañía, tenía prisa por sacar y destruir documentos relacionados con Trump después de una llamada del Wall Street Journal, que estaba a punto de publicar un artículo sobre cómo el Enquirer había pagado a una modelo de Playboy para que no hablara sobre su relación extramatrimonial con el candidato republicano. El 4 de noviembre, cuatro días antes de las elecciones, el Journal publicó su exclusiva. El Enquirer ya había destruido documentos.

Estos detalles del agobio de Howard, la caja fuerte, cutre y que luego no sabía cerrar, y la destrucción de posibles pruebas los cuenta el periodista Ronan Farrow en su libro de 2019 Catch and Kill, cuyo título se refiere a esta práctica con un largo historial en los tabloides neoyorquinos. Se trata de “atrapar” (catch) una noticia sobre los trapos sucios de alguien famosillo o prominente y “matarla” (kill), es decir, no publicar esa historia y a la vez sobornar a la fuente para que no la cuente a otras publicaciones con un acuerdo extrajudicial que incluya una penalización si lo hace.

De Weinstein a Trump

Farrow publicó este libro (y lo convirtió también en un podcast) porque él vivió en primera persona cómo el Enquirer y después la cadena NBC intentaban “matar” la historia que él estaba investigando sobre los casos de violación y otros abusos sexuales del productor Harvey Weinstein, que está ahora en la cárcel por el trabajo periodístico que reveló lo que había pasado durante décadas. 

A pesar de presiones, amenazas y hasta el seguimiento de una empresa de espías israelí, Farrow consiguió publicar su investigación sobre Weinstein en el New Yorker (igual que Jodi Kantor y Megan Twohey la suya en el New York Times), pero por el camino también investigó a fondo lo que hacía el Enquirer y se topó así con el sistema que el tabloide tenía montado con Trump y que ahora es la clave de la imputación del ex presidente.

En 2016, Howard hizo una lista de los trapos sucios que habían acumulado durante décadas los tabloides de la empresa sobre Trump en lo que se llamaba los “kill files” (los archivos de las historias que habían sido “matadas”), según cuenta Farrow. Un antiguo director le dijo al periodista que el Enquirer tenía al menos 10 historias listas para publicar que se habían guardado en un cajón y en algunos casos provenían de otros medios. “El National Enquirer era un sumidero de tabloides, donde los cotilleos más feos de Estados Unidos solían caer”, escribe Farrow. Y allí cayeron al menos otras tres historias que ahora han acabado con el procesamiento de Trump.

El problema para Trump

Los tres casos citados ahora por la acusación del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, son la historia de Stormy Daniels, una actriz de cine porno y reality shows que intentó vender su relación con Trump, la de Kate McDougal, modelo de la revista Playboy que participó en el concurso de Trump y que también quería contar otra aventura extramatrimonial, y la historia que relataba un portero de la torre Trump sobre un supuesto hijo del ex presidente con una antigua empleada (esta última es la que más claramente ha sido desmentida por los protagonistas). Estas tres personas recibieron sobornos –entre 30.000 y 150.000 dólares– para que no contaran sus historias. El Enquirer hacía de intermediario para el entonces candidato republicano.

El problema para Trump es que él ordenó los pagos y trató de encubrirlos a través de una empresa que utilizaba nombres ficticios y reembolsaba los costes al tabloide o a su intermediario, el abogado Michael Cohen, según la acusación del fiscal Bragg. Y, sobre todo, la cuestión es que eso sucedió entre 2015 y 2016, en plena campaña electoral, en lo que se puede considerar un intento de esconder una donación ilegal a sí mismo, un fraude y la ocultación de datos a Hacienda, entre otros delitos que son más graves que la falsificación de un documento comercial de la que ahora se le acusa, según la exposición de Bragg. 

El New Yorker, el Wall Street Journal y AP lograron informar sobre estos casos pese al esfuerzo del Enquirer para evitar la publicación con la ayuda de abogados que compartían con Weinstein (en el caso de AP, pararon al menos un artículo).

En 2018, Cohen se declaró culpable del delito federal de haber ayudado a una donación ilegal de campaña, entre cargos por los que fue condenado a tres años de cárcel. Entonces, Pecker, el consejero delegado de la empresa editora del Enquirer, admitió haber actuado “en concierto” con la campaña de Trump al menos para comprar el silencio de McDougal. Pecker también testificó este marzo en el caso sobre los sobornos por el que ahora está procesado el ex presidente. 

Qué saca el tabloide

El Enquirer no oculta que paga por la información y que ha sobornado a fuentes para que no hablen con la competencia aunque no publique una historia, pero el trabajo que hizo para Trump, que incluía intimidar a otros medios y a periodistas, según el relato de Farrow, fue mucho más allá. 

Pecker, que tiene una relación de décadas con Trump, sacó provecho personal, con viajes e invitaciones a festejos en la Casa Blanca, y también contactos con inversores para su empresa, por ejemplo con un empresario francés que le presentó al príncipe saudí Mohammed bin Salman, según Catch and Kill.

Pero, sobre todo, el sistema de “atrapa y mata” daba al Enquirer un poder constante sobre el ocupante de la Casa Blanca, algo de lo que alardeaba Dylan Howard, el director.

“Algunos empleados creen que el premio más significativo fue la acumulación de poder de chantaje de A.M.I. a Trump”, escribe Farrow en su libro. “Howard presumía de que rechazaba ofertas de trabajo de la televisión porque sentía que su trabajo actual, y su habilidad para esconder historias negativas sobre la gente, le daba más poder que cualquier carrera en el periodismo tradicional”.

Donald Trump ha mantenido varias reuniones en los últimos días planificando su respuesta política y legal ante la que va a ser su semana de mayor riesgo jurídico desde que dejó la Casa Blanca. Es probable que el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, presente una acusación penal contra él por su papel en el pago a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels a cambio de su silencio.

En su red Truth Social, el ex presidente estadounidense publicó en mayúsculas que esperaba ser “ARRESTADO EL MARTES”. También pidió a sus partidarios que se unieran a las protestas, un recuerdo funesto de los tuits con que los incitó a la protesta en los días previos al ataque del 6 de enero contra el Capitolio de EEUU.

Según fuentes cercanas a Trump, la fecha de este martes como día de la acusación de Bragg es sólo una conjetura, después de ver en los medios de comunicación que la oficina del fiscal del distrito se ha puesto en contacto con el servicio secreto de EEUU para hablar sobre medidas seguridad en caso de una acusación formal.

Un gran jurado de Nueva York está escuchando las pruebas del resucitado caso de 2016. Para este lunes estaba programado el testimonio de un nuevo testigo, lo que hace improbable que se produzca un arresto al día siguiente. Redactar los documentos de la demanda, una vez terminado el testimonio, es algo que puede llevar horas. Aparentemente, el testigo de este lunes era Robert J Costello, que comparecía a petición del equipo jurídico de Trump. En su día, Costello fue el asesor jurídico del ex abogado de Trump Michael Cohen, pero ambos se han enemistado desde entonces. Es probable que el objetivo del testimonio de Costello sea desautorizar a Cohen.

El expresidente republicano ha acusado también al presidente estadounidense, Joe Biden, de estar detrás de la acusación del fiscal. “Biden quiere fingir que no tiene nada que ver con el asalto a la democracia de la Fiscalía de Manhattan cuando, de hecho, ha 'llenado' la oficina del fiscal con gente del Departamento de Injusticia”, escribió en Truth Social.

Bragg, un demócrata electo como fiscal de distrito por voto popular, afirmó el domingo que no se dejará intimidar por las protestas. El ex presidente dedicó varios mensajes a denostar a Bragg, a quien acusó de recibir más de un millón de dólares “del izquierdista radical enemigo de TRUMP, George Soros”.

A su vez, uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, ha señalado que las fuerzas de seguridad están alerta ante las posibles movilizaciones trumpistas. “Controlamos siempre la situación lo mejor que podemos. Y obviamente no queremos que haya violencia, desde luego no hasta el extremo de lo que vimos el 6 de enero” de 2021, ha dicho Kirby en la cadena Fox en referencia al asalto al Capitolio.

Los frenéticos mensajes de Trump demuestran el profundo pánico y ansiedad que siente el expresidente ante la inminencia de una probable demanda penal, sostienen fuentes cercanas. Sobre todo, porque no tiene manera de impedir que la oficina del fiscal siga adelante con un caso que llevará a Estados Unidos a territorio legal desconocido, con Trump intensificando la campaña para convertirse en el candidato republicano a la presidencia en las elecciones de 2024.

En estos días, Trump y sus aliados han dejado caer la idea de que una demanda por comprar el silencio de Stormy Daniels puede beneficiarlo políticamente: sus votantes republicanos podrían ver la resurrección de un caso de hace años como una auténtica “caza de brujas”, en palabras del expresidente. Pero también es cierto que el propio Trump siente un profundo temor por la posibilidad de una acusación penal.

La semana pasada, Trump habló todos los días sobre el caso. Sus asesores dicen que han barajado varios escenarios si se produce la demanda, como si el expresidente debe ir a Nueva York para una comparecencia o si debe hacerlo a distancia desde su complejo residencial de Mar-a-Lago, en Florida.

Trump ha mostrado interés en comparecer en persona ante el tribunal penal de Manhattan, donde se cree capaz de transformar el proceso en un espectáculo para los periodistas presentes, sostienen las mismas fuentes. El sábado por la tarde planteó esa posibilidad mientras viajaba hacia Oklahoma para un campeonato de lucha de la NCAA, la Asociación Nacional de Atletismo Universitario de EEUU (National Collegiate Athletics Association por sus siglas en inglés).

Algunos miembros de su equipo jurídico le desaconsejan la comparecencia en persona por temas de seguridad, entre otras preocupaciones. Le han pedido que les permita negociar una presentación inicial a distancia y una fecha de entrega acordada, cuando sea notificada la acusación.

Estrategia de la defensa

El equipo jurídico de Trump ya está trabajando en la estrategia de defensa. Joe Tacopina y Susan Necheles, dos abogados contratados para el caso, argumentaron que una acusación centrada en el incumplimiento de la regulación de financiación de campañas no se sostiene y que en 2012 ya se intentó sin éxito una demanda similar contra el senador demócrata John Edwards.

La investigación se refiere a 130.000 dólares que Trump hizo llegar a Daniels a través de Cohen, su abogado en aquel momento, durante los últimos días de la campaña de 2016. Trump reembolsó después a Cohen con sus fondos personales, entregándole cheques por valor de 35.000 dólares. En 2018, Cohen se declaró culpable en una demanda federal relacionada con el soborno.

Es probable que el caso del fiscal se centre en la forma en que Trump y la Organización Trump registraron esos reembolsos. Según documentación del caso, la sociedad de los Trump anotó los pagos como gastos jurídicos, haciendo referencia a un contrato legal con Cohen que no existía.

Si la acusación alega que la compra del silencio de la actriz vulneró las leyes de financiación de campaña, lo más probable es que los abogados de Trump argumenten que no pasa lo que viene a denominarse el “irrespective test” que desvincularía el pago a la estrella de cine para adultos de un delito electoral. Es decir, que aunque Trump no hubiera estado en la campaña por la presidencia de 2016, en cualquier caso hubiese pagado a Daniels para evitar la vergüenza, porque el magnate ya era una figura pública.

Pero esa argumentación puede ser una batalla complicada. Trump podría quedar como responsable si se demuestra que tenía “motivaciones mixtas”: proteger su imagen pública y su campaña a la vez. Y el momento de los pagos sugiere que había urgencia de hacerlos antes del final de la campaña de 2016.

En respuesta, se espera que el equipo jurídico de Trump argumente que Daniels ya había intentado en 2011 vender su historia de un affaire con Trump y que entonces le habían dicho: “Deja en paz a Trump, olvídate de la historia”. Se trataría de demostrar que el silencio de Daniels había sido buscado mucho antes de que Trump se presentara a las elecciones presidenciales.

Los abogados de Trump expusieron esos argumentos hace poco a la Fiscalía, cuando Necheles pidió al fiscal de distrito que abandonara el caso, como informó The Guardian. Pero todo apunta a que el fiscal Bragg seguirá adelante con la acusación, una demanda sin precedentes contra un expresidente de EEUU que además está tratando de regresar al Despacho Oval.

En las últimas semanas, la oficina del fiscal del condado de Nueva York (Manhattan) ha hecho testificar ante el gran jurado a al menos siete ayudantes y asesores de Trump. Entre ellos figuraba Cohen, que dio testimonio el miércoles durante unas dos horas (es su segunda intervención). Se ha dicho que cada miembro del gran jurado tenía una pregunta para él, lo que hace pensar en un alto grado de participación.

Según los expertos jurídicos, ese es un indicador clásico de que los fiscales sopesan posibles demandas. Si el gran jurado encuentra que un testigo es concluyente y termina produciéndose el juicio, el jurado final podría encontrarlo igual de convincente.

La polémica salida de España de Ferrovial se ha anunciado mientras sigue vivo un largo historial de litigios de la multinacional con el Fisco español que tiene su origen en las ayudas fiscales que recibió en época de José María Aznar, declaradas ilegales por la UE. Su fuga a Países Bajos se ha conocido en paralelo al estallido de un escándalo de corrupción en Polonia que le afecta de lleno.

Es lo que la Agencia Central contra la Corrupción (CBA) de Polonia ha bautizado como “el escándalo de la basura”: una trama de supuestas mordidas, blanqueo de capitales y emisión de facturas ficticias para ocultar presuntos sobornos en la adjudicación de contratos valorados en unos 128 millones de euros para la recogida de residuos del Ayuntamiento de Varsovia.

Según el medio local wyborcza.pl, la mitad de los contratos se los llevó FBSerwis, subsidiaria de Budimex, la mayor constructora del país, filial de Ferrovial y cotizada en bolsa. Por ahora han sido detenidas 14 personas, entre ellas, tres directivos de Ferrovial y dos antiguos altos cargos del gobierno polaco. Las actuaciones se llevan a cabo bajo la supervisión de la Sucursal de Silesia del Departamento de Delincuencia Organizada y Corrupción de la Fiscalía polaca en Katowice.

La última detención ha sido la del que fuera ministro de Hacienda de Polonia y hasta ahora secretario del Ayuntamiento de Varsovia, Włodzimierz Karpiński. Ex presidente de la Empresa Municipal de Depuración de Varsovia (MPO), Karpiński fue ministro en la etapa en el gobierno polaco del expresidente del Consejo Europeo y antiguo líder del PP europeo, Donald Tusk.

Karpiński “fue detenido temporalmente durante 3 meses”, acusado de aceptar supuestamente un soborno de casi 5 millones de zlotys (algo más de un millón de euros) “en relación con el procedimiento de selección de empresas que se ocupan de la recogida de residuos en Varsovia”. Así lo anunció la CBA el miércoles, un día después de que Ferrovial comunicase que quiere mudarse a Holanda, en una decisión que ha enfurecido al Gobierno español, que la atribuye a un “interés personal” de su presidente, Rafael Del Pino, para pagar menos impuestos.

Medios locales aseguran que Karpiński, el político conservador polaco ahora en prisión provisional, exigía una comisión del 2,5% por cada adjudicación. Ya en febrero fue detenido por este caso Rafał Baniak, ex viceministro del Tesoro polaco y hasta hace poco presidente de la patronal Pracodawcy RP. Esta entidad se define como “la mayor organización de empleadores en Polonia”. Dice representar a más de 19.000 compañías con 5 millones de empleados.

Según anunció la CBA el 9 de febrero, se investiga “la participación en actividades criminales de un grupo criminal organizado formado por empresas y funcionarios a nivel ministerial que estuvieron en el gobierno entre 2011 y 2015”. “El grupo emitía facturas de IVA para servicios ficticios de empresas involucradas en la recogida y tratamiento de residuos en la ciudad de Varsovia. Las facturas de esos servicios ficticios se destinaban a la obtención de fondos para sobornar a antiguos responsables”.

Y “el dinero se utilizaba para manipular la selección de compañías que prestan servicios de recogida, gestión y procesamiento de basura. El caso implica también blanqueo de capitales”, siempre según el órgano anticorrupción polaco.

El “escándalo de la basura” aparece mencionado en las cuentas anuales que Ferrovial remitió el martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No obstante, si usted, lector, busca palabras como “detenidos” o “fiscalía” en el pdf que el grupo ha puesto este jueves a disposición de sus accionistas en su web, no encontrará rastro del asunto.

En las páginas 274 y 275 de ese informe anual, Ferrovial reconoce que “en enero de 2023, un empleado de FBSerwis S.A. (FBS en lo sucesivo) fue detenido por la Agencia Central contra la Corrupción (CBA). El 1 de febrero, otros dos ejecutivos de la misma sociedad fueron detenidos”. Hasta ahora han sido detenidos “un total de 3 empleados del grupo FBS, incluyendo al presidente, también miembro del Comité de Dirección de Budimex, SA, y al vicepresidente; para estos dos últimos se ha dictado prisión provisional por un plazo de 2 y 3 meses, respectivamente”. El otro detenido “operaba como director comercial de FBSerwis”.

“Como consecuencia de lo anterior, el Consejo de Administración de FBS decidió suspender al presidente y al vicepresidente por idénticos periodos. La misma decisión fue adoptada por el Consejo de Administración de Budimex SA en relación con el presidente de FBS”.

Riesgo “remoto”

En opinión del asesor legal contratado por Ferrovial, “el riesgo de que la sociedad pueda ser considerada responsable de los hechos investigados es remoto”, porque “la responsabilidad de una persona jurídica está supeditada, de acuerdo con el Derecho Polaco, a la condena previa de un individuo que actúe en nombre de la sociedad”.

Tampoco aprecia Ferrovial por ahora riesgo de veto de su filial de licitaciones en Polonia. “Las sociedades del Grupo Budimex no pueden ser excluidas de procesos de contratación pública sin que los miembros titulares de los órganos de gestión, de gobierno o representantes comerciales hayan sido condenados válidamente por delitos tipificados en la Ley Penal. Por tanto, de acuerdo con la información existente, y a la fecha de cierre de estas cuentas, no se han materializado las premisas que den lugar a responsabilidad”.

Los asesores legales del grupo “estiman que la duración del proceso podría prolongarse varios años”. E “informan de que la aplicación real de la ley, en su formulación actual, es extremadamente infrecuente y las multas impuestas a las entidades no son elevadas (hasta 5 millones de zlotys)”. Por eso, el grupo no ha dotado ninguna provisión ni pasivo por este asunto.

Ferrovial indica que “los Consejos de Budimex SA y FBS SA han ordenado una investigación interna para esclarecer los hechos, mostrando su plena colaboración con las autoridades”. Y subraya que los activos no corrientes de FBS “representan un 0,36% de los activos totales de Ferrovial”.

Preguntada por este asunto, Ferrovial subraya que, “de acuerdo con su Código de Ética Empresarial, no tolera la comisión de actos delictivos en sus actividades y practica una política de tolerancia cero con la corrupción”. 

La compañía ha tenido conocimiento de la investigación “por la policía de Polonia” y su filial “va a cooperar plenamente con la investigación para esclarecer los hechos hasta las últimas consecuencias”, indican fuentes de la multinacional a elDiario.es

El grupo adquirió Budimex allá por 2000, año en que el actual presidente, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, sucedió en el cargo a su padre, fundador del grupo. Entre sus últimos contratos en Polonia, destaca la adjudicación, en julio, de la construcción de una terminal en el puerto de aguas profundas de Gdansk por 245 millones de euros.

Pleitos fiscales de 332 millones

Ferrovial menciona este litigio junto a las millonarias provisiones que tiene reconocidas por sus pleitos con el Fisco español: más de 200 millones, que superan con creces todo lo que ganó en 2022, 185,7 millones, un 84% menos, debido a menores extraordinarios. “Se corresponden, fundamentalmente, con litigios en curso en relación con inspecciones tributarias en España cuya cuota litigiosa asciende a 332,4 millones, siendo las más significativas las relativas al Impuesto sobre Sociedades e IVA por los ejercicios 2002 a 2017”.

Los principales litigios del grupo con el Hacienda son por la aplicación de deducciones por actividades exportadoras en el Impuesto de Sociedades relacionadas con la adquisición en 2006 del aeropuerto de Heathrow (Londres), para la que Ferrovial tiene provisionados 119,2 millones. Y por la amortización del fondo de comercio financiero derivado de las compras del grupo británico de servicios Amey (adquirido en 2003 y vendido en 2022) y del grupo suizo de handling aeroportuario Swissport, adquirido en 2005 y vendido en 2011.

Son operaciones que Del Pino, el gran artífice de la expansión exterior de Ferrovial, y ahora responsable de su mudanza a Países Bajos, llevó a cabo gracias a las generosísimas deducciones fiscales que el Gobierno de Aznar concedió en 2002 a las empresas españolas por comprar sociedades extranjeras. Este régimen benefició a cerca de un centenar de grandes compañías, la mayoría del Ibex. El Tribunal de Justicia de la UE lo declaró ilegal en diciembre de 2016. Por eso la Hacienda española ha instado a devolver esas ayudas.

Este jueves, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló en Sevilla que su departamento, “bajo ningún tipo de coacción ni de amenaza, va siempre a defender los intereses de la mayoría de los ciudadanos”, y añadió que “cuando uno pleitea con las diferentes empresas” es para evitar que se produzca “fraude en las obligaciones tributarias que tenemos todos”, informa Europa Press.

Montero lamentó el anuncio de Ferrovial, a la que pidió que “reconsidere” su decisión de trasladar su sede a Países Bajos. Y, “sobre todo”, que si no cambia de idea, “mantenga el volumen de inversión y puestos de trabajo que tiene” en España actualmente.

El cártel de las carreteras

En sus últimas cuentas, Ferrovial también incluye entre otros litigios las millonarias sanciones por prácticas monopolísticas que le ha impuesto en los últimos años la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo ha pedido el veto como contratistas de la Administración de esta y el resto de grandes constructoras por haber manipulado licitaciones durante décadas.

También se recogen en esas cuentas otros pleitos como los que todavía colean por la Radial 4, una de las autopistas de Madrid que tuvo que rescatar el Estado; o el que Cintra (filial de autopistas de Ferrovial) tiene abierto por un accidente múltiple en una autopista en Dallas (Texas, Estados Unidos) en el que se vieron implicados 133 vehículos y fallecieron seis personas. Se han presentado 31 demandas en las que es parte y “están en una fase incipiente del proceso judicial”.

Más avanzada está una investigación penal abierta en junio de 2019 en Eslovaquia por presuntos delitos medioambientales cometidos por una subcontrata de una joint venture de la que Ferrovial es principal accionista (65%) para la construcción de la autopista DRR7, en Bratislava. La acusación cuantifica los daños en 8,7 millones. El fiscal ya ha enviado el expediente al juez, que “determinará si señala juicio o devuelve actuaciones a fiscalía para mayor instrucción”, explica Ferrovial en sus cuentas.

En España, el grupo ha sido protagonista en escándalos de corrupción como el caso Palau. “Mediante el pago de comisiones a la formación política Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), obtenía la adjudicación de determinados concursos y licitación para la construcción de obra pública en la Comunidad Autónoma de Catalunya”, como determinó el Tribunal Supremo en 2020. Dos directivos de la empresa imputados en el caso fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Barcelona en 2018 por haber prescrito los hechos.

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Fue una de las mayores causas de corrupción promovidas contra la extinta Unió Mallorquina (UM), la formación que durante varias legislaturas manejó la llave de las principales instituciones de Balears. La carretera Palma-Manacor, inaugurada en 2006, se había erigido en la obra más costosa -y ambiciosa- de cuantas fueron impulsadas por el partido regionalista y en una de las más caras a nivel nacional. Su construcción, presupuestada inicialmente en 140 millones de euros, y los sobrecostes que se derivaron de ella, acabaron engrosando una macrocausa en la que llegó a apuntarse al desvío de hasta 42 millones de euros públicos procedentes del dinero presupuestado para la ejecución de la vía. Trece años después de que estallasen las investigaciones, hasta trece procesados -entre expolíticos, funcionarios y constructores- se sentaban este lunes en el banquillo de los acusados bajo peticiones de condena que sumaban más de 154 años de prisión.

Sin embargo, y pese a la magnitud que llegó a alcanzar el conocido como caso Peaje, inculpados y acusaciones han llegado finalmente a un acuerdo de conformidad que reduce notablemente las penas a las que deberán hacer frente. En total, cuatro años y medio de prisión y 70.000 euros en multas para cuatro de los procesados por delitos de cohecho activo y pasivo y fraude a la administración. El resto, entre ellos el que fuese el principal acusado, el exconseller de Carreteras del Consell de Mallorca Antoni Pascual, absueltos. Tras el largo peregrinaje judicial del caso, no ha quedado acreditado que se malversaran fondos del erario público, pero sí el pago de sobornos a diestro y siniestro -obras en domicilios privados, banquetes, fiestas y comuniones y un cordero- mientras veía la luz la mayor infraestructura proyectada por la expresidenta del Consell y líder histórica de UM Maria Antònia Munar.

Emanado del incontestable poder político desplegado por Munar al frente del Consell, antiguo bastión para los desmanes de UM, el desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor se ha convertido en el paradigma de la corrupción ligada a los tratos de favor que, durante las últimas décadas, han aflorado en Balears así como a la construcción desaforada en una isla, Mallorca, colapsada por las infraestructuras, las carreteras y los campos de golf. Una política basada en el cemento, el asfalto y el ladrillo -acompañada de centenares de denuncias- contra la que, desde hace décadas, alzan la voz numerosos grupos ecologistas. 

Este lunes, los trece procesados se han sentado en el banquillo. Estaba previsto que el juicio durase un mes y que, durante ese tiempo, desfilasen más de cien testigos y una quincena de peritos. Sin embargo, la prescripción de parte de los hechos y el reconocimiento de otros por parte del exdirector de Obras Antonio Orejudo, el exdirector insular Gonzalo Aguiar, el excelador Gabriel Mestre -todos ellos cargos del Consell- y el responsable de la UTE encargada de la construcción de la carretera, José Javier Navarro, han evitado la celebración de la vista, que tenía previsto desarrollarse ante un jurado popular.

En un acuerdo de última hora, los tres exresponsables de la administración supramunicipal han reconocido que se aprovecharon de sus cargos, así como de la supervisión directa que realizaban sobre los trabajos de construcción del desdoblamiento, para aceptar, de común acuerdo con el responsable de la UTE, que se realizasen obras en su beneficio particular o de sus allegados y que posteriormente fuesen facturadas al mismo grupo de empresas, integrado por Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr. La adjudicataria, mientras tanto, simulaba que se trataba de trabajos relativos a la carretera.

Un chalet convertido en templo de meditación chino

Entre tales cohechos, figura el abono de 100.000 euros por parte de la UTE con destino a las obras de reforma y construcción de un chalet en el municipio mallorquín de Búger. El propietario del mismo, el exdirector de Obras del Consell Antonio Orejudo, camufló el inmueble como si se tratase de un templo de meditación chino sufragado, según aseguró en su día, gracias a las donaciones privadas de los socios de una entidad de filosofía china, Pachi Tanglang.

El dueño de la vivienda-centro filosófico sorprendió con sus alegatos a la jueza instructora de la causa y al fiscal encargado de las investigaciones. Incluso, llegó a proponer la declaración de numerosos testigos procedentes de Taiwán y Japón, quienes desfilaron por los Juzgados de Palma para manifestar que habían aportado fondos para levantar el templo con el objetivo de que “descansara en él un maestro de la organización”. Una testigo taiwanesa manifestó, además, que había donado hasta 300.000 euros 'a la causa' y que, en cada viaje que realizaba con miembros de la asociación, cada uno de ellos llevaba encima unos 10.000 euros en efectivo para el templo y el sustento de su fe, ya que preferían abonar el dinero en efectivo. La jueza calificó de “surrealistas” tales argumentaciones. 

Mientras tanto, los responsables de las obras de albañilería e hidroelectricidad realizadas en el inmueble presentaron facturas como si de trabajos de la carretera se trataran. El chalet se ubica, además, en un terreno propiedad de la mujer de Orejudo, quien ha sido absuelta al considerar que nunca tuvo conocimiento de los mecanismos de facturación.

Las argucias no finalizaron ahí. De acuerdo con las pesquisas practicadas desde que en 2009 estallase la causa, el vigilante de la obra por parte del Consell realizó las gestiones pertinentes para que en su domicilio particular se llevaran a cabo obras de construcción y reforma. Entre ellas, la instalación del alumbrado interior y exterior del inmueble, cuyo coste fue facturado a la UTE por valor de 40.000 euros.

También el exdirector insular de Carreteras efectuó en varias de sus viviendas obras de fontanería y electricidad, además de hacer acopio de material de la autovía para su propio beneficio (durante la instrucción del caso, aseguró que se trataba tan solo de “cascotes”). Sin embargo, al tener conocimiento de que se le estaba investigando en el caso Peaje, decidió finalmente facturar los trabajos a su nombre y pagarlos de su propio peculio, de tal modo que la dádiva no entró en su patrimonio ni facturó las obras a la UTE constructora.

Un cordero como recompensa

Por si fuera poco, también un cordero salió a relucir durante las investigaciones. Uno de los beneficiarios de la carretera, propietario de una finca próxima a la misma, justificó que uno de los responsables del Consell le había pagado unas obras en su vivienda debido a que, como consecuencia de la construcción de la vía, una de las máquinas provocó desperfectos en una pared de su terreno hasta tal punto que las ovejas que tenía comenzaron a salirse. El testigo alegó que el funcionario le dio dinero para poder arreglar los daños y, como agradecimiento, el propietario del solar le regaló un cordero. Otro testigo aseguró que se desplazaron hasta su finca unos cien camiones con tierra sobrante de los trabajos de la carretera, lo que, admitió, le había “beneficiado mucho”.

En el caso de Pascual, quien fuese una de las personas de máxima confianza de la expresidenta de Munar, llegó a acumular en su despacho cientos de albaranes de las obras de la carretera. Los investigadores sostenían que el exmáximo responsable de Carreteras estaba al tanto de los tejemanejes urdidos durante la construcción, aunque siempre ha negado con rotundidad haber incurrido en cualquier tipo de irregularidad. Se han retirado todas las acusaciones -malversación, cohecho y fraude- y peticiones de condena -trece años y medio de cárcel- que pesaban contra él. 

Durante la instrucción de la causa, los inculpados se opusieron en todo momento a las tesis que les han conducido al banquillo. Alegaban -como finalmente ha aceptado la Fiscalía- que nunca pudo producirse descalabro económico alguno en las arcas del Consell de Mallorca ya que los trabajos de construcción no recayeron directamente en la UTE encargada de las obras, sino que fueron adjudicadas a una empresa, Pamasa, constituida apenas un mes antes de hacerse con el contrato de la obra. Según sus manifestaciones, fue tiempo después cuando la mercantil decidió subcontratar los trabajos a la UTE.  

Como pone de manifiesto el escrito de conformidad, fue el 24 de junio de 2004 cuando Pascual firmó con el responsable de Pamasa el contrato para convertir la carretera de Manacor en una vía de doble calzada por cien millones de euros. Se la circunstancia de que Pamasa había sido creada el 21 de mayo de ese año por las mismas empresas que posteriormente integrarían la UTE encargada de la construcción. Existía, además, una vinculación “directísima” -como señala el acuerdo- entre ellas, con similar composición y dirección e idéntico domicilio social. “Es decir, coincidían los que iban a realizar la obra -la UTE constructora- con la explotadora -Pamasa-”, subraya el documento rubricado este lunes.

Modificaciones y sobrecostes durante la ejecución de la vía

Durante la ejecución de las obras, sin embargo, se plantearon sucesivas modificaciones y añadidos adicionales al trazado previsto y aprobado, lo que condujo a Pamasa a incrementar el presupuesto destinado a la realización de la obra. Por ello, se acordó con el departamento de Obras del Consell una ampliación del plazo de la retribución variable que la institución insular había acordado abonar en función del número de vehículos que utilizasen la nueva carretera.

La prolongación de la instrucción del caso durante más de trece años ha supuesto, además, la aplicación de varios atenuantes por dilaciones indebidas y ha venido marcada, entre otras circunstancias, por la discusión en torno a las numerosas periciales aportadas por las partes sobre la valoración de las obras. Las discrepancias respecto a la interpretación del contrato entre la concesionaria y el Consell se ha traducido, incluso, en el impulso de varios contenciosos abiertos contra la institución insular en los que se solicitaban cuantías por un valor total de más de 45 millones de euros. El acuerdo finalmente alcanzado se traduce en la retirada de todos los contenciosos y, al mismo tiempo, incluye la reordenación de la vida económica de la concesión.

UM, disuelta por múltiples casos de corrupción

Cabe recordar que las investigaciones en torno a la carretera Palma-Manacor constituyen tan solo uno de los numerosos casos de corrupción que, en 2011, condujeron a UM a su disolución tras varias décadas de pactos con PP y PSOE al frente de las principales instituciones de Balears. Una circunstancia que le valió su eterna condición de partido bisagra y el despliegue de un amplio poder político, dimanado, sobre todo, de su fundadora y líder, quien presidió el Consell de Mallorca entre 1995 y 2017 así como el Parlament balear de 2007 a 2009, cuando se vio abocada a dimitir del cargo y a abandonar la política ante el cerco, cada vez mayor, de la Fiscalía Anticorrupción.  

Para entonces, los fiscales ya habían destapado múltiples irregularidades en la gestión que la formación regionalista había llevado a cabo mientras gobernaba. La captación de votos para el partido con fondos públicos, el desvío de dinero con destino a los bolsillos de los integrantes de UM o la contratación en distintas instituciones de trabajadores que en realidad se dedicaban a llevar a cabo trabajos a beneficio de la formación, apenas dibujan parte de la trayectoria judicial del partido. El registro de la sede de UM dos días antes de su disolución se convirtió en uno de los primeros llevados a cabo en las dependencias de un partido político en la historia de la democracia. 

La Audiencia Nacional ha empezado el macrojuicio del caso Madeja, una supuesta trama de sobornos a funcionarios a cambio de obra pública, con la absolución de 12 acusados tras serles retirada la acusación por haber prescrito el delito, y el anuncio de numerosos acuerdos de conformidad entre la Fiscalía y la gran mayoría de implicados. 

Treintena y seis acusados se sentaban en el banquillo en el segundo juicio de una macrocausa que nació en Sevilla y acabó en 2015 en la Audiencia Nacional, y que gira en torno a la empresa Fitonovo, que presuntamente creó una infraestructura para obtener contratos públicos irregulares y que tenía una contabilidad paralela para financiar sobornos a funcionarios en distintas administraciones, sobre todo de Andalucía, Canarias y Extremadura. 

Pero, a medida que avanzó la primera jornada del juicio días atrás, hasta una docena de acusados han ido abandonando la sala, mientras se oía algún “enhorabuena” de fondo, tras anunciar el tribunal que su “sentencia será necesariamente absolutoria” después de que la Fiscalía haya reconocido que los hechos por los que se les acusaba están prescritos y la Abogacía haya retirado el delito de prevaricación a dos de ellos. 

De esta forma, el paso del tiempo desde que ocurrieran las “prácticas de corrupción (desde 1995 hasta 2013)” que se juzgan en este proceso -relativo a la pieza 6 y principal de la macrocausa- ha hecho que en algunos casos delitos como cohecho o falsedad hayan prescrito, obligando así a dictar sentencia absolutoria, según ha admitido el fiscal. 

Entre esos doce futuros absueltos se encuentra Pilar Baro, la pareja de quien fuese dueño de Fitonovo, a quien el fiscal ha retirado la acusación por blanqueo por la que pedía 4 años de prisión. 

De los veinticuatro acusados que han quedado en el banquillo, la gran mayoría han llegado a un acuerdo con la Fiscalía con el que han reconocido los hechos y han visto reducidas notablemente sus peticiones de condena. 

Es el caso de dos de los principales encausados -quien fuera dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo, y su hijo José Antonio González Baro-, para quienes el fiscal pedía 19 años y medio de prisión, y que han acabado aceptando dos años y cuatro meses y dos años y medio, respectivamente. 

También los exdirectivos de la empresa Juan Andrés Brugeras y Ángel Manuel Macedo, a quienes el fiscal ha rebajado su petición de 19 años y medio a 2 años y medio y 1 año y 7 meses, respectivamente. 

Devolución del dinero

Según cada caso, la Fiscalía ha tenido en cuenta la concurrencia de atenuantes como confesión, dilaciones indebidas o reparación del daño (han devuelto el dinero) y también se ha pronunciado a favor de que se acaben suspendiendo las futuras condenas, siempre y cuando los acusados no tengan antecedentes penales. 

La Abogacía del Estado se suma en algunos términos a estos acuerdos, si bien ha anunciado que no será hasta la recta final del juicio cuando concrete posibles rebajas en sus peticiones para otros encausados a quienes atribuye un delito de fraude. 

Tras el trámite de las cuestiones previas, todos los acusados que han suscrito un acuerdo con la Fiscalía han ido ratificándolo y reconociendo los hechos ante el tribunal, que esta semana va a interrogar al resto. 

Fitonovo, según el fiscal, tenía “en nómina” a multitud de funcionarios, que habrían recibido contraprestaciones sustanciosas por la adjudicación de contratos públicos, y disponía de una caja B que se nutría de facturación falsa de empresas proveedoras. Así “registraban esas operaciones en la contabilidad oficial aparentando compras de suministros o de servicios para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos”.

El Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, ha relatado en el Parlamento foral, a petición de Navarra Suma, el contenido de las pruebas facilitadas por un facultativo del Complejo Hospitalario de Navarra con las que denuncia que se había producido un posible delito de cohecho en el seno del Servicio Navarro de Salud (Osasunbidea), con el supuesto conocimiento e inacción de sus superiores. Según ha narrado que recogen un escrito y unas grabaciones, que ya investiga el Juzgado número 5 de Pamplona, un médico dio traslado al equipo de la sección de Hemodinámica del ofrecimiento de una empresa que suministra una marca de 'stents' –muelles para ensanchar las arterias-, de pagarles una comisión del 12% después de haber aumentado su facturación. En concreto, el soborno se repartiría a los cuatro facultativos a través de tarjetas de compra de El Corte Inglés, “no rastreables por la Hacienda foral y sin registro oficial”, valoradas en un total de 4.000 euros.

Enériz ha explicado que el autor de la queja recurrió al Defensor del Pueblo en noviembre de 2020 después de dar parte de los hechos señalados al jefe del área y no obtener respuesta. A consecuencia de ello, según se señala en el escrito, el facultativo aseguró haber sufrido acoso laboral ya que el superior, “sin investigación alguna ni solicitud de pruebas, acordó junto con el resto de facultativos que debía abandonar la sección si sus compañeros consideraban que no podían trabajar con él”. Además de afirmar que fue “relegado” del servicio y “sometido a un trato degradante”, el facultativo acusó a dos compañeros de consultar su historia clínica sin autorización. Según ha relatado el responsable de la institución, el denunciante comunicó lo sucedido a la gerencia del Complejo Hospitalario en junio de 2020, tras lo cual se inició un proceso de mediación con los otros tres integrantes del equipo que no querían trabajar con él y con el aval del jefe de área. Este proceso cesó al conocerse las grabaciones realizadas en abril de 2019 -con Fernando Domínguez como consejero de Salud en el anterior Gobierno de Uxue Barkos (Geroa Bai)-.

El Defensor del Pueblo decidió poner los escritos y las grabaciones en conocimiento de la Fiscalía quince días después de recibirlos en noviembre de 2020, al considerar que los hechos podrían tener “relevancia penal” con tres variantes: El ofrecimiento del reparto de comisiones, el acoso profesional y las entradas no consentidas en una historia clínica. También en noviembre, dos días después de transmitirlo a Enériz, el denunciante remitió por burofax los escritos al gerente del Complejo Hospitalario, al director gerente del Servicio Navarro de Salud, Gregorio Achutegui, a la consejera de Salud, Santos Induráin y a la propia presidenta del Gobierno foral, María Chivite. Finalmente, el fiscal superior de Navarra consideró que los hechos podían ser constitutivos de diversos delitos, decidió incoar diligencias de investigación penal e interpuso una denuncia, admitida a trámite, por parte del Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona.

PSN y Geroa Bai defienden la gestión del caso y la oposición les acusa de inacción

Durante su intervención en comisión parlamentaria, tanto Navarra Suma –la coalición conformada por UPN, Ciudadanos y PP- como EH Bildu, han criticado la gestión realizada del caso por parte del Departamento de Salud del Gobierno foral, al señalar que conocía los hechos y no inició una investigación interna ni dio traslado de los mismos a la Fiscalía. Por su parte, tanto PSN como Geroa Bai han defendido la actuación de la Administración al afirmar que no acudió a la Justicia por no contar con las grabaciones que sí tenía el Defensor del Pueblo.

“Lo más grave no es que ocurra esto. Lo peor es cómo reacciona la Administración, que tiene por objeto velar por el normal funcionamiento y proteger a la persona que denuncia unos hechos”, ha considerado Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz de Navarra Suma, quien ha criticado que el departamento dejara el asunto “un año durmiendo” mientras el profesional sufría un posible acoso laboral. Asimismo, ha afirmado que tras lo relatado por Enériz se deduce “una gravedad mayor” de lo hasta ahora conocido al sumarse un posible caso de acoso profesional.

En su intervención, la portavoz parlamentaria socialista, Inma Jurío, ha criticado que Navarra Suma trate de “alterar la neutralidad política del Defensor para hacer política frente al Gobierno”. Ha señalado también que en el grupo de facultativos implicados “existía una mala relación profesional”, ante lo cual Salud intentó “poner solución a la situación de conflicto”.

Por su parte, Uxue Barkos, portavoz de Geroa Bai y presidenta del Gobierno foral cuando sucedieron los hechos, ha insistido en que no se han producido los cobros señalados en la denuncia, según informó en su día el Departamento de Salud, aunque ello “no quiere decir que no se produjera un intento de que así hubiera sido”. “El Gobierno está diciendo que no contó con las pruebas a pesar de haberlas requerido reiteradamente, no contó con las grabaciones que sí permitieron al Defensor acudir a los tribunales”, ha subrayado Barkos.

No ha opinado lo mismo al respecto la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, quien ha defendido que “hay lagunas y determinadas cuestiones que pueden ser contradictorias”. En este sentido, ha criticado que el departamento no abriera una investigación interna tras tener conocimiento de los hechos.

Por último, preguntado por lo relatado en comisión por el Defensor del Pueblo, el portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez, ha defendido la actuación del Gobierno de Navarra realizada con criterios de “prudencia” ante este caso. A la vez, ha insistido en que el denunciante de los hechos no entregó al Gobierno foral las “evidencias” que sí trasladó a Javier Enériz, quien finalmente llevó la cuestión a la Fiscalía. “Somos los primeros interesados en cuanto se detecta una presunta situación irregular en ponerlo a disposición judicial”, ha manifestado. Con todo, ha destacado que la cuestión está en manos de los tribunales y ha insistido en que el Gobierno foral “está a plena disposición de los tribunales para dotar de cuanta información sea necesaria” para esclarecer la situación.

El grupo Mediapro ha admitido el “pago de sobornos” a altos cargos de la FIFA para la compra de los derechos audiovisuales de la fase de clasificación en las regiones de Centroamérica y Caribe en los Mundiales de fútbol de los años 2014, 2018 y 2022, según ha reconocido la propia empresa en un comunicado.

En 2018, la empresa Imagina, filial de Mediapro firmó un acuerdo de no enjuiciamiento con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a cambio de reconocer los mencionados sobornos y el pago de una multa de casi 20 millones de euros. Durante los años posteriores, sin embargo, la empresa trató de desmarcarse de esas conductas y responsabilizó de los sobornos a dos de sus altos cargos que trabajaban en la delegación de Miami de la empresa.

Con el comunicado publicado esta semana, Mediapro rechaza “todas y cada una de las declaraciones” hechas por su filial o sus representantes desde la firma del acuerdo de no enjuiciamiento en las que se negaba que fuera responsable o participara en la conducta delictiva de tres de sus entonces empleados. Es decir, se retracta de las declaraciones de los últimos años en las que ha tratado de desmarcarse de los sobornos y atribuirlos a una conducta personal de algunos empleados.

“Imagina reconoce su responsabilidad, como persona jurídica, por la conducta delictiva de sus representantes; que dicha conducta delictiva de la que Imagina fue responsable incluyó el pago de sobornos para la compra de los derechos audiovisuales de la fase de clasificación en las regiones de Centroamérica y Caribe (CONCACAF) para los Campeonatos del Mundo de fútbol de 2014, 2018 y 2022 vulnerando la legislación de los Estados Unidos”, afirma el comunicado.

“En dicha conducta delictiva estuvieron implicados tres empleados, dos de los cuales se declararon culpables del pago de numerosos sobornos, y el tercero, un ex co-Director General de Imagina, aceptó el pago de un soborno de 1,5 millones de dólares (1,26 millones de euros) a fin de adquirir los Derechos de los Clasificatorios y autorizó, dirigió y facilitó el pago de medio millón de dólares (420.000 euros) de dicha cantidad total. Los tres fueron despedidos y apartados de la gestión del Grupo Imagina o cualquiera de sus filiales desde diciembre de 2015”, prosigue la misiva.

La empresa añade que “a la vista de ciertas acusaciones hechas durante los últimos meses”, quiere “aclarar” que ninguna de las actividades que desarrollan sus otras líneas de negocio estuvieron implicadas en la investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. También asegura en el mismo comunicado que, desde la firma del acuerdo en 2018, ha “venido implementando” un “amplio abanico de políticas y procedimientos” para asegurar que se cumplen todas las legislaciones y “buena prácticas” en el “ámbito de la anti-corrupción” en todos los territorios en los que desarrolla sus negocios.