La alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio, ha dicho que confía en que la Justicia vuelva a dar la razón al Ayuntamiento tras el recurso presentado por la constructora Martinsa-Fadesa ante el fallo que eximió al Consistorio de la responsabilidad patrimonial que le reclamaba la empresa por daños y perjuicios en torno a las viviendas ilegales del Alto del Cuco, ya que considera que la sentencia anterior estaba “muy bien armada”.

Así lo ha dicho Samperio este miércoles tras mantener una reunión con el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, en la que han abordado asuntos que “preocupan” al Ayuntamiento y que son competencia de ambas administraciones.

Preguntada por el recurso de Fadesa, que reclama al Ayuntamiento 68 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial, ha indicado que todavía no han recibido “ninguna contestación” y, por tanto, aún “no saben nada” de su resolución.

Sin embargo, ha confiado en que de nuevo la Justicia dé la razón al Consistorio porque la primera sentencia estaba “muy bien justificada”, “muy bien armada”. “Yo estoy segura de que va a ir en la misma sintonía. Lo espero también por el bien del Ayuntamiento”, ha sentenciado la regidora.

En cuanto a las obras de regeneración ambiental y paisajística del Alto del Cuco, que visitó hace unos 15 días el consejero de Urbanismo, José Luis Gochicoa, Samperio ha señalado que “siguen su curso con normalidad” y concluirán en un “corto espacio de tiempo”.

Además, una vez terminadas, la regeneración deberá tener vigilancia durante los años siguientes para ver que “sigue su curso”, ya que el objetivo es restaurar la zona al estado en el que se encontraba antes de la construcción de las viviendas ilegales que ya han sido demolidas.

Y sobre la situación general de derribos en Piélagos, la alcaldesa ha indicado que desde el Ayuntamiento quieren concluir este asunto “de una vez por todas en esta legislatura” y que para ello están trabajando en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) junto a la figura del mediador, solicitada por los vecinos afectados por las sentencias de derribo con el objetivo de que solucione su situación.

Punto limpio

Por otro lado, sobre el encuentro que ha mantenido esta mañana en la Consejería de Desarrollo Rural, Samperio ha explicado que ha sido una “primera toma de contacto” con el consejero, al que ha trasladado temas que le “preocupan” sobre medio ambiente y medio rural.

Por su parte, Blanco ha avanzado que una de las primeras actuaciones en el municipio será la inauguración del primer punto limpio que se ha construido en Piélagos, en el que el Gobierno de Cantabria ha invertido algo más de medio millón de euros a través de la empresa pública MARE, y que entrará en funcionamiento próximamente en la localidad de Quijano.

Aunque no ha concretado fecha para su inauguración, Blanco se ha comprometido con Samperio a realizar una visita institucional al municipio en breves fechas para poner en marcha esta instalación, la primera de estas características en el municipio, y analizar in situ los problemas y necesidades en materia de medio ambiente y de desarrollo rural, además de las actuaciones que su departamento tiene previsto acometer esta legislatura en el municipio.

La primera de ellas, ha dicho el consejero, será la inauguración del primer punto limpio fijo de Piélagos, que se ubica en Quijano, junto a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de esta localidad. Su puesta en funcionamiento permitirá, tal y como ha explicado, que los vecinos de Piélagos no tengan que desplazarse a otros municipios, como Camargo, Castañeda y Polanco, para retirar sus residuos.

“Estas instalaciones van a ofrecer un servicio de recogida de elementos muy interesante porque va a dar respuesta a una demanda muy importante que tenían los vecinos de este extenso municipio”, ha subrayado Blanco.

Por su parte, la alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio, quien ha estado acompañada por el teniente de alcalde, Alfredo Rodríguez, ha mostrado su satisfacción por la reunión mantenida con el consejero porque “ha servido para dar continuidad a la dinámica de coordinación y trabajo conjunto que el Ayuntamiento ha mantenido con la Consejería en la pasada legislatura en materia de medio ambiente y desarrollo rural”.

Situado en la CA-233, entre Quijano y Barcenilla, en dos parcelas de naturaleza rústica que en su conjunto ocupan una superficie de 6.200 metros cuadrados, el punto limpio de Piélagos tiene forma triangular y consta de dos zonas: una de hormigón, denominada playa, en la que se colocan los contenedores de gran volumen, y otra, de aglomerado, concebida como un muelle, para realizar la descarga de los residuos por parte de los usuarios. Tiene capacidad para recoger 25 tipos diferentes de residuos peligrosos y voluminosos.

Izquierda Unida (IU) no quiere que los responsables del desaguisado urbanístico del Alto del Cuco se vayan de rositas. Por eso, el concejal de esta formación en el Ayuntamiento de Piélagos, Rubén Vicente Carrillo, ha presentado una moción en la que insta al Consistorio a iniciar un procedimiento judicial de responsabilidad patrimonial contra los ediles que votaron a favor del proyecto y contra los funcionarios que lo avalaron con sus informes.

Para hacer frente al derribo de esta macroubanización de 200 chalés de lujo -declarada ilegal en el año 2011 por el Tribunal Supremo- y a la restauración ambiental de la zona, el Ayuntamiento tendrá que desembolsar 3,7 millones de euros.

Estos trabajos comenzaron en agosto del año pasado gracias al acuerdo alcanzado entre el Consistorio y el Gobierno de Cantabria. Ante la incapacidad económica del Ayuntamiento de asumir el coste de las obras -un informe de los servicios técnicos municipales advertía de la necesidad de hacer importantes recortes en los servicios básicos e incluso tener que crear una tasa especial entre los vecinos-, el Ejecutivo autonómico aceptó adelantar los 3,7 millones, que serán devueltos por la administración local en los próximos diez años más un 1% de intereses.

A esa cantidad habrá que sumar la indemnización que los jueces determinen que le corresponde a la empresa constructora, Martinsa Fadesa, ya que esta levantó la urbanización con todos los permisos municipales en regla. Según señala IU en la exposición de motivos de la moción, que será debatida el próximo 11 de mayo, los administradores concursales de Martinsa Fadesa -que está en fase de liquidación- reclaman al Ayuntamiento 69 millones de euros por el lucro cesante.

Los responsables del Cuco

En la moción, consultada por eldiario.es, el concejal de IU expone que el exalcalde, Jesús Ángel Pacheco (PP) -ya fallecido- “no es muchísimo menos el único responsable” de la “nefasta” operación urbanística del Alto del Cuco.

Tal y como relata, el Plan Parcial fue aprobado de forma provisional en diciembre de 2013, pese a que el entonces portavoz municipal del PRC, Manuel Quintanal, ya advertía de la conveniencia de no otorgar derechos edificatorios en una zona que pudiera verse afectada por los futuros planes regionales de ordenación del territorio y del litoral, que fueron aprobados tan solo unos meses después.

En febrero de 2014, la dirección general y la comisión regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria emitieron sendos informes en los desfavorables a este Plan.

Aunque “la lógica y la prudencia” indicaban entonces que se paralizase la tramitación -continúa exponiendo Vicente Carrillo-, el 23 de marzo el Pleno de la Corporación municipal aprobó de forma definitiva el proyecto urbanístico. Este salió adelante con los votos favorables de los siete ediles del PP más otros dos concejales no adscritos que meses antes habían abandonado esta formación y que un mes después de la votación se reincorporaron con dedicación exclusiva al equipo de Gobierno. En contra se posicionaron los cuatro representantes del PSOE, los tres del PRC y el edil de la Agrupación de Pueblos Independiente de Piélagos.

Una “losa” sobre Piélagos

“Quienes votaron a favor de esta aprobación definitiva conocían el informe de la Comisión Regional de Urbanismo y fueron advertidos de las recientes modificaciones legislativas autonómicas, y sin embargo siguieron avanzando hacia el desastre que ahora pesa como una losa sobre las espaldas de todo el municipio”, denuncia el concejal de IU.

Además, Vicente Carrillo también apunta que “los concejales del PP tuvieron una última oportunidad de evitar tantos perjuicios a la ciudadanía, cuando 10 de junio de 2004 el Gobierno de Cantabria, desde su Consejería de Presidencia, requirió al Ayuntamiento que anulase o revocase el acuerdo del Pleno, una oportunidad que fue ignorada por los entonces gobernantes del municipio, que a través del puño y letra del alcalde rechazó el requerimiento”.

La urbanización

La urbanización del Alto del Cuco preveía la construcción de 400 viviendas de lujo. Fue declarada ilegal en el año 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) a raíz de una demanda presentada por la asociación ecologista ARCA, a la que se adhirió el propio Gobierno de Cantabria -integrado por PRC y PSOE-, contrario a esta actuación urbanística.

En la sentencia, el TSJC cuestionaba “la agresiva modificación de la topografía del Monte Picota (en cuya falda sur se emplazaba la urbanización), y las exageradas y forzadas soluciones arquitectónicas previstas para poder implantar 395 viviendas”, en una actuación que calificaba de “traumática”. El fallo fue ratificado por el Tribunal Supremo en el año 2011.

El nuevo colegio público de Piélagos no llevará finalmente el nombre de Jesús Ángel Pacheco, que fue alcalde del municipio durante más de dos décadas y tuvo que abandonar el cargo tras ser condenado a un año y medio de cárcel y nueve de inhabilitación por un delito continuado contra la ordenación del territorio, en la modalidad de prevaricación urbanística.

El político, que falleció el año pasado, acumuló bajo su mandato centenares de viviendas con sentencias firmes de derribo por la concesión irregular de licencias, como ocurrió en la urbanización del Alto del Cuco, uno de los mayores ejemplos de la burbuja inmobiliaria en Cantabria.

La propuesta que ha debatido la Corporación municipal en el pleno de este miércoles partió de Luis Antonio Sañudo, portavoz de la Agrupación de Vecinos Independientes de Piélagos (AVIP), una escisión del Partido Popular, formación política con la que el propio Sañudo fue concejal durante la pasada legislatura.

“Los valores de una persona se ponen de manifiesto en su trayectoria humana y, en esta línea, Jesús Ángel Pacheco siempre estuvo al lado de los vecinos, por encima de partidismos, de forma integradora y en una línea honesta de servicio”, recalca la moción presentada para su debate, que reclama que el colegio que se va a construir en Renedo de Piélagos se bautice con el nombre del político que ostentó el bastón de mando durante más de dos décadas.

En defensa del legado político de Pacheco, el concejal de AVIP ha destacado que “impulsó un Ayuntamiento con excelentes servicios y una baja fiscalidad, administrando bien y con rigor los fondos públicos”, y ha justificado sus múltiples conflictos con los tribunales alegando que “tuvo que pagar en ocasiones las consecuencias cuando las decisiones habían surgido de la voluntad de todos”.

El debate en el pleno, que ha sido tenso y con acusaciones cruzadas, ha concluido con un empate a diez: a favor de la propuesta se han posicionado los ocho concejales del PP y los dos de AVIP, y en contra de poner el nombre de Jesús Ángel Pacheco al colegio han votado los ediles de PRC, PSOE, IU y los dos expulsados de Ciudadanos, por lo que el voto de calidad de la alcaldesa socialista Verónica Samperio ha tumbado la propuesta.

Que el Alto del Cuco es historia es una verdad a medias. Cierto es que las 214 viviendas construidas sobre el monte de La Picota han quedado reducidas a escombros gracias al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos y que la recuperación ambiental de la zona comenzará a ejecutarse a principios de año, pero aun queda por dirimir una cuestión que es trascendental: la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.

¿Quién o quiénes son los responsables de haber permitido a Martinsa Fadesa levantar una macrourbanización sobre un área protegida? Y, ¿con cuánto dinero ha de ser indemnizada la empresa?

En el año 2004, el Ayuntamiento de Piélagos aprobó el Plan Parcial del Alto del Cuco y concedió a Martinsa Fadesa las licencias oportunas para llevar a cabo la obra. Por lo tanto, la constructora es considerada, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, como una víctima más de la anulación del Plan Parcial. Por ello, debe ser resarcida económicamente.

El Ayuntamiento de Piélagos, en manos de la socialista Vérónica Samperio, guarda un mutismo absoluto sobre este asunto. Este diario ha intentado en diversas ocasiones ponerse en contacto con la alcaldesa o con algún miembro de su equipo de Gobierno sin haber obtenido hasta la fecha respuesta alguna. Sin embargo, según ha podido saber eldiario.es, Martinsa Fadesa ha llegado a solicitar al Consistorio 270 millones de euros. Esa es la cantidad que la empresa puso sobre la mesa del exalcalde, Enrique Torre (PP), durante la anterior legislatura.  

El montante total no es para nada definitivo, sino que tiene que ser consensuado con la administración local o bien cifrado por un juez en caso de que ambas partes no alcancen un acuerdo. De hecho, el expediente elaborado por los técnicos municipales cifró la responsabilidad patrimonial en algo más de la mitad de lo que reclama la constructora. 

Para calcular la indemnización ha de tomarse como base lo que Martinsa Fadesa gastó en la construcción de la urbanización hasta que en 2007 fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y las obras quedaron paralizadas. Aquí se incluye la compra de los terrenos, los informes geológicos, medioambientales y arquitectónicos, el material, la maquinaria, la mano de obra... Sobre estos gastos la constructora ya presentó las facturas en el Ayuntamiento.

Por otro lado, también tiene que ser recompensada por el lucro cesante, es decir, por los beneficios que iba a obtener de la venta de los chalés. En este caso, la indemnización es mucho más compleja de calcular, ya que tiene un grado muy importante de subjetividad al no existir facturas como tal y al entrar en juego otros factores.

Por ejemplo, en el Alto del Cuco se preveían levantar 400 viviendas de lujo en tres fases distintas, la última ya en plena burbuja inmobiliaria, por lo que el valor de los inmuebles baja considerablemente. Como apunte, algunos de los chalés tenían un precio de salida de 300.000 euros. 

Responsabilidad, ¿única o compartida?

Cinco años se ha tardado en demoler la urbanización del Alto del Cuco desde que en 2011 el Tribunal Supremo ratificara la sentencia del TSJC y declarara ilegal de forma definitiva la construcción. Determinar la responsabilidad patrimonial y que la misma se haga efectiva tampoco tiene visos de que vaya a concretarse en un breve plazo de tiempo, más bien lo contrario, si bien el Ayuntamiento ya tenía cerrado un expediente a mediados del año pasado y los contactos entre todas las partes implicadas siguen siendo habituales. 

Ese expediente fue presentado a comienzos de legislatura por la nueva regidora ante el Gobierno de Cantabria, al que la administración local considera responsable subsidario. El argumento del Consistorio es que el Ejecutivo, a través de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria (CROTU), dio el visto bueno a la aprobación del Plan General que preveía el desarrollo del Alto del Cuco y, asimismo, destacan que el Plan Parcial contaba con informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente.

Por estos motivos, creen que la indemnización que se pacte debe ser asumida a partes iguales por ambas administraciones, una cuestión a la que el Ejecutivo se niega. Según recuerdan desde la Administración autonómica, el Gobierno advirtió tajantemente al Ayuntamiento de que no aprobara el Plan Parcial.

El pago con terrenos  

Sea cual sea la responsabilidad de las administraciones públicas, el Alto del Cuco supone para el Ayuntamiento de Piélagos un verdadero quebradero de cabeza y también un riesgo económico.

Tan solo el derribo y la restauración de la zona costará a las arcas municipales unos 3,7 millones de euros, dinero que será adelantado por el Gobierno de Cantabria y que el Consistorio devolverá anualmente durante los próximos diez años a un tipo de interés simbólico del 1%. 

La situación económica del Consistorio es tan delicada que para 'armar' este rescate con el Gobierno, los técnicos municipales elaboraron un informe en el que afirmaban que sería necesario crear un impuesto especial para afrontar el derribo del Alto del Cuco, así como recortar severamente la prestación de servicios públicos y actividades culturales y deportivas.    

Así, la responsabilidad patrimonial, que ascenderá a varias decenas de millones de euros, es todo un desafío para el Ayuntamiento. Para aliviar el desembolso que esto supondrá, el equipo de Gobierno barajó la posibilidad de ceder terrenos a la constructora, pero la realidad es que Piélagos carece de suelo público. De hecho, la construcción del nuevo y necesario colegio se ha demorado durante años porque ha sido necesario comprar terrenos.    

Por último, otro factor que es determinante para determinar la cuantía y las formas de pago y que es beneficioso para los intereses municipales es que Martinsa Fadesa está actualmente en fase de liquidación después de haber acumulado una deuda de 6.700 millones de euros y que su principal acreedor es la Sareb, el conocido como 'banco malo', creado por otra administración pública -el Gobierno central- para absorber los productos tóxicos inmobiliarios.

Recientemente, la constructora sacó a subasta los suelos del Alto del Cuco, tal y como desveló este diario. También está por determinar aun si en esos mismos suelos podrá edificarse en el futuro, lo que podría hacer rebajar la compensación económica si así lo recoge la revisión del Plan General que el Ayuntamiento está tramitando actualmente.   

El municipio cántabro de Piélagos podría tener próximamente un colegio público que lleve el nombre del exalcalde Jesús Ángel Pacheco (PP), que gobernó durante 22 años de manera ininterrumpida y tuvo que retirarse en 2011 tras ser condenado a un año y medio de cárcel y nueve de inhabilitación.

El político, que falleció el año pasado, fue acusado de un delito continuado contra la ordenación del territorio, en la modalidad de prevaricación urbanística, y bajo su mandato acumuló centenares de viviendas con sentencias firmes de derribo por la concesión irregular de licencias, como ocurrió en la urbanización del Alto del Cuco, uno de los mayores ejemplos de la burbuja inmobiliaria en Cantabria.

La propuesta que debatirá la Corporación municipal en el pleno que está previsto que se celebre el próximo 7 de diciembre parte de la Luis Antonio Sañudo, portavoz de la Agrupación de Vecinos Independientes de Piélagos (AVIP), una escisión del Partido Popular, formación política con la que el propio Sañudo fue concejal durante la pasada legislatura.

Según explica el edil a eldiario.es, esta iniciativa es una “cuestión personal”, que surge de una promesa que realizó a Pacheco y a su familia días antes de su fallecimiento, y que surge del “cariño, admiración y respeto” hacia la figura del exalcalde de Piélagos, “que tantas cosas buenas hizo por el municipio y del que aprendimos tanto”, explica.

“Los valores de una persona se ponen de manifiesto en su trayectoria humana y, en esta línea, Jesús Ángel Pacheco siempre estuvo al lado de los vecinos, por encima de partidismos, de forma integradora y en una línea honesta de servicio”, recalca la moción presentada para su debate, que reclama que el colegio que se va a construir en Renedo de Piélagos se bautice con el nombre del político que ostentó el bastón de mando durante más de dos décadas.

En defensa del legado político de Pacheco, el concejal de AVIP destaca que “impulsó un Ayuntamiento con excelentes servicios y una baja fiscalidad, administrando bien y con rigor los fondos públicos”, y justifica sus múltiples conflictos con los tribunales alegando que “tuvo que pagar en ocasiones las consecuencias cuando las decisiones habían surgido de la voluntad de todos”.

En este sentido, Sañudo insiste en que “se está produciendo una injusticia en el trato por su condena por un delito de prevaricación”, ya que, a su juicio, “siempre fue una persona reivindicativa, que defendía los intereses de los vecinos de Piélagos”. “Por algo ganó durante más de 20 años y el pueblo pasó de 8.000 a 22.000 habitantes”, señala el edil. “Que lo dejen descansar un poco, que ya está muerto. El cariño de los vecinos se veía en las urnas. Hoy volvería a ganar”, sentencia.

Una votación igualada

La complicada composición de la Corporación municipal en Piélagos deja en el alero la aprobación o no de la propuesta. En el Ayuntamiento gobierna la socialista Verónica Samperio, con tres concejales de 21, encabezando una lista que quedó en cuarto lugar en las últimas elecciones municipales y que alcanzó la Alcaldía casi de rebote, después de que el resto de partidos de la oposición votaran por sorpresa su candidatura para desalojar del poder al PP.

La moción de AVIP sí contará con el voto favorable de los ocho ediles del Partido Popular. Según explica a este periódico su portavoz municipal, Eva Arranz, “Pacheco fue un gran alcalde y merece un reconocimiento, si no es en un colegio, que sea con una calle o en cualquier otro edificio público”.

La única condición que pone Arranz, que compartió militancia con Pacheco, es que la propuesta se quede en una simple “proposición” al centro educativo y no se convierta en una “imposición”. “Creemos que se debe llegar a un consenso con la comunidad educativa, que debe mostrar su respaldo”, considera la portavoz del PP en Piélagos.

De esta forma, los ocho concejales del PP y los dos de AVIP se quedarían a un solo voto de la mayoría, por lo que la moción tendría que ser apoyada por PSOE, PRC o cualquiera de los tres ediles no adscritos -dos de ellos fueron expulsados de Ciudadanos y una salió de AVIP-, ya que el único representante de IU, Rubén Vicente Carrillo, ha mostrado su “rechazo absoluto” a una iniciativa que califica de “vergonzosa e indignante”.

“La propuesta de AVIP, además de demostrar la poca utilidad que tiene firmar el propagandístico Pacto Anticorrupción de Ciudadanos, es una muestra esperpéntica de la tolerancia hacia la corrupción que tiene parte de la derecha de este país, y que aludan a su respeto a la legalidad y de someterse a la misma para concederle este honor es un sarcasmo a la democracia”, asegura el portavoz de IU de Piélagos.

Carrillo recuerda que “los años de Pacheco al frente de la Alcaldía no deben olvidarse, para no repetirlos, porque durante su mandato el municipio acumuló órdenes de demolición sobre casi 400 viviendas”.

Un 'peso pesado' del PP

El exalcalde de Piélagos Jesús Ángel Pacheco falleció el mes de mayo de 2015 a los 74 años de edad, a consecuencia de una larga enfermedad. Gobernó desde 1989 hasta 2011, cuando unas semanas antes de las elecciones municipales fue condenado e inhabilitado. Unos días antes de su muerte había sido imputado de nuevo por un presunto delito de prevaricación al autorizar la construcción de un vial ilegal en una urbanización del Barrio El Sartal de Mortera.

También fueron imputados por el mismo delito el concejal de Obras, Celestino Cobo (PP), y el exsecretario municipal, como “inductor”, así como dos promotores inmobiliarios. En 2011, Pacheco ya había sido condenado a año y medio de prisión y nueve de inhabilitación como autor de un delito continuado contra la ordenación del territorio en la modalidad de prevaricación urbanística.

El juzgado de lo penal número 2 de Santander consideró probado que entre 2004 y 2005, el regidor había concedido 15 licencias urbanísticas en contra de los informes del exarquitecto municipal y de los servicios jurídicos. A pesar de la sentencia y su inhabilitación para cargo público, el Partido Popular mantuvo a Pacheco como presidente de la formación en Piélagos y le rindió un homenaje público con una fiesta a la que acudió la cúpula del PP de Cantabria.

Martinsa Fadesa tiene la intención de vender el Alto del Cuco a trozos. El pasado mes de agosto sacó a subasta una parte del terreno, tal y como desveló eldiario.es, y ahora acaba de hacer lo propio con otras cinco parcelas más, por las que espera recaudar una cantidad superior a los 10 millones de euros.

La constructora, que llegó a ser una de las mayores inmobiliarias de España, está en manos de los administradores concursales, ya que se encuentra en fase de liquidación después de haber acumulado una deuda cercana a los 7.000 millones de euros.

Al igual que hiciera con el primer terreno, este nuevo proceso de venta se llevará a cabo mediante una subasta pública. Quienes estén interesados en adquirir el suelo tienen hasta el 7 de noviembre para presentar ofertas. Cada una de las parcelas que, en su conjunto suman 30.700 metros cuadrados, se vende por separado y su precio oscila entre los 3,5 millones de euros, la más cara, y los 1,4 millones.

En la web en la que Martinsa Fadesa ha puesto a la venta sus activos se puede consultar la ficha completa de cada una de ellas, con las condiciones de compra y las características del terreno, así como documentación gráfica. Todas las parcelas están catalogadas como “urbanizables” aunque, según advierte la propia empresa, no en las mismas condiciones que se establecieron en el Plan Parcial aprobado por el Ayuntamiento de Piélagos en 2004 y anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en 2007 y por el Tribunal Supremo en 2011.

En este sentido, Martinsa Fadesa, que adquirió el suelo en el año 2002, incluye un relato de los antecedentes y señala que el Plan Parcial -documento que regula el desarrollo urbanístico de la zona- fue aprobado por el Consistorio “con la conformidad por parte de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria, que contaba con informe favorable de Impacto ambiental”.

Asimismo, hace un repaso de los recursos presentados por la asociación ecologista ARCA y el Gobierno de Cantabria y por las sentencias dictadas por los tribunales y apunta que, como consecuencia de estas, las construcciones edificadas en los terrenos han de ser derribadas.

“No obstante, -prosigue- se podría llegar a la conclusión de que la clasificación del suelo como suelo urbanizable programado resulta inatacable, al igual que resulta indudable la posibilidad de proceder al desarrollo urbanístico del Sector, si bien, no en las condiciones y con las características previstas en el Plan Parcial original

debiendo, en consecuencia, plantear una alternativa aceptable que contribuya al respeto de los valores paisajísticos y ambientales dignos de protección“.

“El objeto de la venta que subyace, por tanto, con la realización de este activo, es el potencial derecho de aprovechamiento futuro, en este momento no cuantificable”, concluye.

La revisión del PGOU

El Ayuntamiento de Piélagos se encuentra actualmente revisando su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que data de 1993. En esa revisión, aprobada de forma inicial, se permite nuevas construcciones en el Alto del Cuco, lo que ha despertado las críticas airadas de ARCA.

Sin embargo, desde el Gobierno de Cantabria mantienen la cautela a este respecto y aseguran que habrá una propuesta “más evolucionada” de cara a su aprobación en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU).

Mientras tanto, los trabajos de demolición de la macrourbanización de lujo continúan adelante y están previstos que finalicen entre los meses de diciembre y enero, cumpliendo así los plazos previstos por el Ejecutivo cántabro.

El derribo de la macrourbanización ilegal del Alto del Cuco no podría entenderse sin el trabajo de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA). Este colectivo, formado por más de 600 socios, lleva cerca de 30 años velando por el patrimonio natural y paisajístico de Cantabria y fue quien denunció ante los tribunales el Plan Parcial aprobado por el PP en el Ayuntamiento de Piélagos, que prevía la construcción de 400 viviendas de lujo en el Monte de La Picota, un área de especial interés medioambiental.

Llegaron a construirse 214 viviendas, hasta que en 2007 el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dio la razón a los conservacionistas y ordenó la paralización de las obras; un fallo que fue ratificado por el Supremo en 2011. Ahora, el Ayuntamiento -que tiene 24.000 habitantes- tendrá que pagar 3,7 millones para demoler el complejo y rehabilitar la zona. “Si los políticos tuvieran responsabilidad en su patrimonio, no votarían tan alegremente”, sentencia Carlos García, miembro de este colectivo, que advierte de que no se han puesto los mecanismos necesarios para que algo así no vuelva a suceder en Cantabria.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí para tener este desaguisado urbanístico?

El Alto del Cuco surgió en la época de la burbuja, pero lo cierto es que se debe a una mentalidad de desorden existente en la Corporación de Piélagos, y que se caracteriza por dedicar grandes bolsas de suelo rural a la construcción indiscriminada de todo tipo de urbanizaciones. Nosotros advertimos que era ilegal, y las consecuencias son estas. Ahora los ciudadanos tenemos que sufragar con el dinero público el derribo cuando la responsabilidad es de una serie de concejales. Si ellos hubieran tenido responsabilidad en su patrimonio, seguramente no hubieran votado tan alegremente actuaciones ilegales a sabiendas.

¿Cómo recuerda los inicios de esta actuación urbanística?

Desde el inicio advertimos de que lo que se estaba haciendo era un atentado contra el paisaje y que, además, tenía visos evidentes de ser ilegal, y la respuesta fue un desprecio un tanto irrisorio de que en este país lo que se construye no se tira. El hecho de que se haya comenzado a ejecutar el derribo significa que hemos puesto punto y final a esta manera de opinar y, por tanto, es un hito histórico.

¿Se ha hecho justicia?

Restablecemos la normalidad y que la ley se cumpla porque este Ayuntamiento, como algunos otros, no la han cumplido a sabiendas. Se han instalado en el poder del dinero, en el poder de los hechos, en la arrogancia y en el tirar para adelante seguros que al haber sido cargos electos en ayuntamientos estaban por encima de la ley. Esto no puede ser; si son cargos electos, son los primeros que tienen que cumplir.

¿Cree que eran plenamente conscientes de que estaban cometiendo una ilegalidad?

Sí, desde el inicio. A comienzos del 2000, con la nueva ley que aprobó el presidente Aznar, en la cual había la posibilidad de construir prácticamente en todos los suelos, hubo ayuntamientos que se embarcaron en una alegre e irresponsable huida hacia adelante, por la cual una serie de gente se hacía millonaria a costa de liquidar un patrimonio como el suelo rural y que en los países más avanzados de Europa se protege a ultranza. Aunque tampoco hay que irse tan lejos, en Asturias y País Vasco, no se toca. Aquí se hacen viviendas, polígonos industriales... todo tipo de ocurrencias.

¿Se han depurado responsabilidades?

En el Alto del Cuco, los responsables son de un partido muy concreto, pero hay otros ayuntamientos en los que la responsabilidad se reparte entre distintas fuerzas políticas, unas más que otras. Y aun reconociendo que el Gobierno de Cantabria también se personó en la demanda, nuestra clase política destila una especie de autoprotección por los errores cometidos por todos. Por eso, nosotros decimos que hay que poner fin a esta situación no dejando al azar que el territorio de Cantabria dependa de la mayor o menor mentalidad responsable de un ayuntamiento. Hay que establecer una ordenación global para que se preserve el interés general, poniendo unas líneas rojas que, gobierne quien gobierne, nadie pueda pasar. Eso es lo que ha hecho Asturias y eso es lo que ha hecho el País Vasco. El Gobierno, cuando tomó posesión hace un año, dijo que su primera prioridad en materia medioambiental era hacer un Plan de Ordenación del Territorio. Hace ya doce años que estamos esperándolo.

Es decir, ¿a día de hoy no se han tomado las medidas necesarias para que algo como el Alto del Cuco no vuelva a suceder?

Sí, perfectamente. De hecho, la revisión del Plan General de este ayuntamiento, que se ha aprobado el pasado mes de diciembre, es exactamente el mismo que impulsó este tipo de actuaciones hace 20 años. Han tenido que renunciar a esto porque el Tribunal Supremo ya no se lo autoriza pero, en cambio, a pocos metros de aquí, todo el suelo rural que hay es urbanizable. Es decir, no ha cambiado nada, la mentalidad es la misma.

La sentencia del Supremo data del año 2011. ¿Cómo es posible que no se ha ejecutado hasta ahora?

En primer lugar, el Ayuntamiento no tenía capacidad económica, por lo que el Gobierno de Cantabria ha tenido que actuar de manera subsidiaria. Y luego se dan situaciones curiosas. Por ejemplo, el anterior consejero de Medio Ambiente [Javier Fernández, PP], que tenía que lidiar con esta situación, fue asesor jurídico del alcalde para hacer esta actuación. Al final, lo que ves es que hay una implicación política entre varios partidos. Todos han hecho lo mismo, que es todo tipo de triquiñuelas legales para aplazar indefinidamente el cumplimiento de la sentencia.

¿Se puede señalar a los responsables de las más de 600 viviendas con sentencia de derribo en Cantabria? más de 600 viviendas con sentencia de derribo en Cantabria?

Hay partidos más implicados y otros menos pero en esa mentalidad territorial están todos y lo que están haciendo es defender sus intereses políticos partidistas al margen del interés social y económico. Es especulación para unos pocos mientras que lo que deja es ruina paisajística, ruina económica y corrupción.

¿Cuál es la situación actual de esas viviendas con sentencia de derribo?

Se sigue la política de intentar evitar cumplir las sentencias, de dilatar los periodos de ejecución mediante trucos legales, adendas... Iniciativas que todas han sido frenadas por el poder judicial, pero los políticos ganan tiempo, se pasa la época de legislatura y cargan el problema al siguiente. Van salvando la situación en lugar de afrontarla directamente. Y, sobre todo, siguen pensando que hay que construir todo lo que se pueda. Siguen estando en las instituciones los que lo provocaron, y no les ha pasado nada.

¿Por qué la relación de ARCA con los compradores de esas viviendas ha sido tan conflictiva?

Por fin tenemos una buena relación; se han dado cuenta de que han sido engañados. ARCA y AMA (Asociación de Maltratados por las Administraciones) somos aliados. A nosotros como representantes de interés social se nos ha estafado, y a ellos también, solo que les afecta de una manera más personal y dramática. Hemos sido estafados por una clase política que se ha pensado que por ser cargos electos pueden hacer ilegalidades con toda impunidad.

Si las autorizaciones provisionales salen adelante, podría darse el caso de que unas 400 de esas 600 viviendas no se derribaran o sí pero luego podría construirse en la misma parcela, lo cual para muchos en un sinsentido del que se señala con el dedo a ARCA.

Nosotros representamos la defensa del medio ambiente y del territorio y también un sentir social que lleva décadas profundamente indignado por las muchas atrocidades urbanísticas que se han cometido. Esa indignación pide que se cumpla la ley. Estamos hartos, han sido décadas de impunidad, de abuso y de irresponsabilidad política. Lo que es especialmente preocupante es que un consejero de Justicia, como es el señor Rafael de la Sierra, haga declaraciones [en RNE] diciendo que “se están pinando todos los bolos para conseguir que muchas de las sentencias no se lleven a cabo”. Y dice que nadie entendería gastar 200.000 o 300.000 euros en derribar unas casas. Mire, el problema se lo ha buscado usted y los suyos. Por lo tanto, no nos cargue ahora el aguantar con esas urbanizaciones que no tenían que haberse hecho. Es una frase escandalosa, la ley tiene que cumplirse y por tanto usted tiene que tirar. Busque el responsable, pero claro, a lo mejor no quiere enemistarse con alcaldes suyos o con cargos muy conocidos y que, según dice AMA, están en el 80% de la responsabilidad de los derribos.

¿A quién o quiénes se refiere?

AMA dice que el 80% de las urbanizaciones con sentencia de derribo se hicieron cuando Revilla era consejero de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Lo justo sería reconocer que se han equivocado, incluso eso sería beneficioso para su carrera política. Pero no parece que haya intención de cambiar de modelo.

¿Cree que se reconoce la labor de ARCA o es un trabajo ingrato?

Esa es una labor muy reconocida, lo que pasa que en una sociedad no participativa, de democracia no avanzada, donde los cargos públicos se reparten todas las influencias y prácticamente los periodos de consulta no existen, se intenta silenciarnos, pero no a ARCA a toda la sociedad. Creo que tenemos el apoyo de la ciudadanía, y ellos [los políticos] lo que tienen son el poder para eludir esas responsabilidades y seguir cometiendo errores.

El derribo definitivo de la macrourbanización del Alto del Cuco, el icono de la corrupción urbanística en Cantabria, supone el primer hito de una larga lista de sentencias firmes que obligan a la demolición inminente de viviendas levantadas de forma ilegal durante los años de la burbuja inmobiliaria. La resaca del ladrillazo deja en el mapa autonómico un reguero de casas, principalmente en la costa, amenazadas por la piqueta.

Lejos de la típica imagen de Cantabria como tierra verde sin explotar que se vende hacia afuera en busca del turista que quiere algo más que sol y playa, la fiebre por la segunda residencia de los años 90 estuvo a punto de agotar el territorio en el litoral. No en vano, la asociación ecologista Greenpeace sitúa a Cantabria solo por detrás de la Comunidad Valenciana entre las autonomías con más construcciones artificiales en los primeros cien metros de costa.

Ese auge de la construcción y una interpretación laxa de la normativa urbanística, siempre combatida en los tribunales por los grupos conservacionistas, ha provocado que, aún hoy,  resten por derribar otras 621 viviendas construidas de manera irregular, sin incluir en ese listado las 214 cuya demolición comienza este viernes en Piélagos.

En ese municipio todavía están señaladas otras 80 edificaciones con sentencia firme de derribo, y hay 32 más en Escalante, 110 en Miengo, 144 en Arnuero y 255 en Argoños, que se lidera el ránking de viviendas construidas sin respetar el planeamiento urbanístico.

Este caso, el de Argoños, es especialmente paradigmático, porque esas 255 viviendas ilegales suponen prácticamente una por cada siete de los 1.700 habitantes de la localidad, lo que le coloca como el  municipio más afectado dentro de la comunidad del norte de España más agredida por el urbanismo salvaje.

Argucias legales para evitar los derribos

El Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos implicados en este problema a lo largo de estas dos décadas, de distintos colores políticos y con diferentes grados de responsabilidad, han tratado de esquivar a toda costa lo que ahora parece cada vez más difícil: evitar los derribos.

Los argumentos, sobre todo, han girado alrededor del gran desembolso económico que será necesario para afrontar las indemnizaciones como responsables subsidiarios en un momento de graves dificultades para las arcas públicas y en el daño moral y físico que han sufrido los afectados. 

Por eso, los responsables de las administraciones públicas y los partidos que han formado parte del Ejecutivo autonómico en las últimas legislaturas -PP, PRC y PSOE- han dado pasos legislativos para regularizar la situación que afecta a cerca de un millar de familias.

Se llegaron a acuerdos parlamentarios, aprobados por unanimidad, e incluso se diseñaron figuras administrativas ad hoc  como las autorizaciones provisionales, que han sido anuladas reiteradamente por los tribunales.

Las distintas soluciones que se han planteado desde las administraciones públicas se han encontrado reiteradamente con el freno de la Justicia, que ha exigido recientemente un calendario definitivo para el derribo de estos inmuebles, que no cuentan con las autorizaciones pertinentes y están amenazados por las palas.

Mientras, los afectados insisten en su postura: “que se legalice lo que se pueda legalizar y se indemnice al resto de propietarios al precio que marca el mercado”. “No puede ser que el que no es culpable esté, años y años, pidiendo justicia, mientras que los culpables están en las playas disfrutando”, concluye Antonio Vilela, el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que engloba a los afectados por sentencias de derribo en Cantabria.

Cantabria es testigo este viernes de una de las inauguraciones más estrambóticas que se puedan dar en el mundo de la política: se ha cortado 'la cinta' para el comienzo del fin del Alto del Cuco, una macrourbanización de 400 viviendas de lujo que se construyó sobre un área de especial interés paisajístico -en el Monte La Picota- y que fue declarada ilegal en el año 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y en 2011 por el Tribunal Supremo.

Casi cinco años después, esa sentencia ha comenzado a hacerse efectiva ante los ojos de un buen puñado de representantes institucionales, entre ellos, la vicepresidenta de Cantabria y consejera de Urbanismo y Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos. La empresa pública Tragsa ejecutará la demolición, que se prolongará por un periodo de seis meses y que tendrá un coste de 1,1 millones de euros. A ello, hay que sumar otros diez meses más y 2,6 millones para los trabajos de recuperación ambiental de la zona.  

El Alto del Cuco es uno de los símbolos de la España de la burbuja inmobiliaria y su derribo supone “un hito dentro del Estado español”. “Es un ejemplo emblemático de lo que es un atentado paisajístico: desmontar un monte físicamente para construir casas”, explica Carlos García, miembro de ARCA, la asociación ecologista que recurrió ante los tribunales el Plan Parcial aprobado por el Ayuntamiento de Piélagos en el año 2004.

Esta actuación urbanística cumple con todos los ingredientes de una conducta caciquil, con una gran constructora de por medio -Martinsa Fadesa-, una huida hacia adelante, un proceso judicial prolongado, una actuación ilegal con cargo a las arcas públicas y que, por tanto, acaban pagando los ciudadanos, y una condecoración pública y acto de homenaje para el principal responsable de la trama. 

Todo comienza, según cuenta Carlos García a eldiario.es, con la liberalización del suelo aprobada en 1998 por el Gobierno de José María Aznar, que modificó la ley para permitir construir en prácticamente todo el territorio, salvo aquel que estuviese expresamente protegido. Ayuntamientos como el de Piélagos se lanzaron entonces de forma “alegre e irresponsable” en brazos del ladrillo, al calor de las 'generosas' constructoras y los cuantiosos ingresos que se generaban a través de las plusvalías.

Así es como nació la urbanización del Alto del Cuco. En 2004, el Ayuntamiento de Piélagos, gobernado por el PP con mayoría, dio luz verde a la operación a pesar de que la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo -un organismo consultivo dependiente del Gobierno de Cantabria- había emitido un informe desfavorable. Al final, el Plan Parcial se aprobó con los votos del PP más dos concejales no adscritos, que se habían salido de esta formación y que al mes siguiente de la votación se integraron al equipo de Gobierno con un sueldo por dedicación exclusiva. 

La huida hacia adelante de la Corporación municipal, comandada por Jesús Ángel Pachecho -alcalde del municipio durante 22 años-, abocó a ARCA a acudir a los tribunales. Cabe destacar que el Ejecutivo autonómico, gobernando en coalición por PRC y PSOE, se sumó a la demanda, de modo que el Gobierno de Cantabria se querelló contra un ayuntamiento de su propia comunidad.

Tres años más tarde, en marzo de 2007, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) dio la razón a los ecologistas y declaró ilegal la urbanización en una sentencia que no dejó lugar a dudas: “La agresiva modificación de la topografía del Monte Picota (en cuya falda sur se emplaza la urbanización), y las exageradas y forzadas soluciones arquitectónicas previstas para poder implantar en aquel 395 viviendas no hacen sino quebrar una vez más el paisaje rural, convirtiendo el Sector 2 en un suelo netamente urbano al que se llega tras una actuación traumática”.

Hasta ese momento, se habían levantado 214 viviendas de las 400 previstas y algunos de los compradores habían comenzado a vivir pese a no contar con los suministros básicos. Las obras quedaron paralizadas por orden judicial a la espera de que se resolviesen los numerosos recursos -hasta una docena- presentados por el Ayuntamiento y Martinsa Fadesa.

El veredicto final llegó en diciembre del 2011: el Tribunal Supremo ratificó el fallo del TSJC, así como el “importante e incontrovertido impacto paisajístico”. El megacomplejo quedó entonces a medio construir, inerte, al servicio de los amigos de lo ajeno, que a lo largo de estos años han aprovechado para llevarse el cobre o la fontanería, entre otros materiales. 

A diferencia del resto de las más de 600 viviendas con sentencia de derribo en Cantabria, los compradores en el Alto del Cuco fueron indemnizados por la constructora. “Ya no hay afectados como tal porque ahí las cosas se hicieron con relativa normalidad. En otros casos no había ningún tipo de aval ni de responsabilidad por parte de las constructoras”, explica el presidente de AMA, Antonio Vilela, la asociación que agrupa a este tipo de damnificados.  

El rescate público                 

La factura de la demolición la pagarán, por el momento, todos los cántabros. El Gobierno, que había recurrido el Plan Parcial, ha tenido que salir al rescate del Ayuntamiento de Piélagos, incapaz de asumir económicamente los 3,7 millones de euros. Previamente, los servicios municipales emitieron un informe advirtiendo que si el Consistorio tuviera que asumir el coste del derribo sería necesario crear un impuesto especial para los vecinos, además de tener que recortar servicios relacionados con la educación, la cultura o el deporte.

El Ayuntamiento devolverá el préstamos en cuotas anuales durante los próximos diez años, según refleja el convenio firmado entre ambas administraciones, que establece un interés simbólico del 1%. 

Aún falta por dilucidar la responsabilidad patrimonial, ya que Martinsa Fadesa comenzó las obras con todos los permisos en regla y por ello, tendrá que ser indemnizada. La cuantía aun está por resolver, pero según varios expertos consultados por este diario, será de varias decenas de millones de euros.

Homenaje al alcalde

En el centro de la operación urbanística se sitúa Jesús Ángel Pachecho, hombre fuerte del PP y alcalde de Piélagos desde 1989 y hasta 2011, año en el que fue inhabilitado poco antes de celebrarse las elecciones municipales, lo que le impidió por ley presentarse a una nueva reelección. 

Esa condena, que además incluía un año y medio de cárcel, no fue impedimento para que el Partido Popular de Cantabria le rindiese un homenaje público por su dilatada trayectoria política e igualmente le nombrara presidente de la formación en el municipio, un cargo honorífico.

No era la única causa judicial que Pacheco tenía pendiente. En mayo de 2015, una semana antes de fallecer a los 74 años de edad, fue imputado también por un delito de prevaricación urbanística. Durante su extenso mandato acumuló, además de la del Alto del Cuco, otras cuatro sentencias de derribo para sendas urbanizaciones, que en conjunto suman otras 80 viviendas pendientes de la piqueta.    

A día de hoy, en el Ayuntamiento de Piélagos hay cuatro personas que en 2004 votaron a favor del Plan Parcial y que continúan como concejales: José Manuel Alegría, Eva Arranz y Celestino Cobo, del PP, y José Antonio Castañeda, integrado en AVIP, una formación creada de una escisión de la formación conservadora. Pachecho fue el único que fue inhabilitado aunque no por el Alto del Cuco. Tampoco las urnas rindieron cuentas. 

Las viviendas de la urbanización del Alto del Cuco fueron declaradas ilegales en el año 2007 y quedarán reducidas a escombros de forma inminente, pero eso no impide que el propietario, la constructora Martinsa Fadesa, pueda obtener todavía un buen rendimiento económico por el terreno, que ha salido a subasta por un precio mínimo de 1,8 millones de euros, ya que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Piélagos califica parte de esa parcela como urbanizable.

La constructora entró en liquidación en marzo del año pasado tras acumular una deuda de más de 6.800 millones de euros y actualmente se encuentra en pleno proceso de venta de activos (la mayoría propiedades inmobiliarias repartidas por toda España), con el que los administradores concursales esperan recaudar en torno a 700 millones. Los principales acreedores son la Sareb -el 'banco malo'-, Caixabank, Popular y Abanca.

El anuncio de la subasta, publicado en la web de Martinsa Fadesa y consultado por eldiario.es, aporta todas las referencias catastrales de la finca del Alto del Cuco y destaca “los potenciales derechos de aprovechamiento futuro en un posible nuevo desarrollo”. Según se detalla, la parcela (VP-1) tiene una superficie de 10.844 metros cuadrados y una edificabilidad y de 6.460 metros cuadrados, lo que permitiría construir 34 viviendas. El precio de salida es de 1.845.412 euros y el plazo para presentar ofertas finaliza el próximo 19 de septiembre. Transcurrida esa fecha, se adjudicará a la oferta de mayor cuantía, siempre y cuando supere el importe mínimo.

El Plan Parcial del Alto del Cuco fue aprobado por el Ayuntamiento de Piélagos en el año 2004 y prevía la construcción de 400 viviendas de lujo literalmente sobre la loma del monte de La Picota. ARCA denunció el proyecto por estar enclavado en una zona de alto valor paisajístico y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dio la razón a la asociación ecologista en el año 2007, anulando dicho plan y ordenando la paralización de las obras. Hasta ese momento se habían levantado 214 casas.

Los ecologistas ya han manifestado públicamente su oposición a que pueda llevarse a cabo un nuevo desarrollo urbanístico a los pies del monte y a escasos metros de la macrourbanización que fue declarada ilegal por los tribunales.

En este sentido, han criticado con dureza la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, aprobada de forma inicial en diciembre de 2015 por unanimidad de todos los grupos políticos, porque, a su juicio, “es el mismo modelo especulativo” que recogía el plan aprobado hace dos décadas. Por ello, ARCA ha advertido que está dispuesta a recurrir de nuevo a los tribunales si el Consistorio persiste en mantener esos suelos como urbanizables.

Comienza la cuenta atrás

Por otro lado, la urbanización del Alto del Cuco tiene sus horas contadas. La hoja de ruta marcada por el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos se sigue al pie de la letra y la empresa pública Tragsa, que se encargará de la demolición, ya ha comenzado a desembarcar la maquinaria sobre el terreno.

Así, según ha podido confirmar este diario, está previsto que los trabajos comiencen “casi con toda seguridad este jueves o viernes”. El Ejecutivo cántabro está a la espera de unos “flecos administrativos” para tener todo con sus correspondientes permisos y en regla.

Una vez cerrado el expediente, lo cual se espera poder hacer “en cuestión de horas”, la empresa iniciará el derribo, que se prolongará durante seis meses y que tendrá un coste de 3,7 millones de euros. La cuantía será adelantada por la Administración autonómica y, posteriormente, el Ayuntamiento devolverá el importe con partidas anuales durante los próximos diez años.

Responsables de Tragsa ya han estado reconociendo las características de la zona. No será necesario un gran despliegue. Con cuatro o cinco máquinas será suficiente y tampoco habrá un número destacado de empleados, ya que las palas se encargarán prácticamente de todo el trabajo.

Tras el derribo de las viviendas, el escombro se pulverizará y se apilará junto a los taludes para, posteriormente, utilizarse como relleno en una segunda fase, la de regeneración del monte que se prolongará durante diez meses más.

La Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ARCA), Ecologistas en Acción, y los partidos Podemos, Izquierda Unida y Equo han manifestado su oposición a la revisión y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se está tramitando en el Ayuntamiento de Piélagos, así como a que se siga “mareando a las familias estafadas” y sobre cuyas viviendas pesan sentencias de derribo.

En una rueda de prensa conjunta este miércoles, los colectivos han trasladado que se oponen “con firmeza” al documento, aprobado inicialmente a finales de 2015 tras más de una década paralizado, porque es “ambiental, jurídica y urbanísticamente obsoleto”.

Además, han sostenido que “impulsa la especulación” con amplias bolsas de suelo urbanizable, no fomenta la rehabilitación de viviendas, se apoya en un modelo de expansión urbanística cuantitativa, fomenta el sellado de suelos “en busca de un beneficio inmediato”, y “reniega” de concentrar a la población en núcleos preexistentes.

Por otro lado, han denunciado que el documento “obvia la vertebración del municipio”, no incluye un Plan de Movilidad Sostenible, no soluciona los problemas en los entramados urbanos, y no incide en un cambio del modelo productivo.

Por todo ello, las cinco agrupaciones han sostenido que la revisión y adaptación del PGOU que actualmente está sobre la mesa es contraria tanto a la Ley del Suelo como a las directivas europeas. Una situación puede ser corregida durante el proceso administrativo, antes de llegar a la aprobación provisional.

Derribos

También han criticado el trato que da a las zonas edificadas con sentencia firme de derribo, dibujándolas como suelo urbanizable. Han recordado que diferencias sentencias judiciales firmes ordenan el derribo de 80 viviendas, y dichos derribos, más la consiguiente rehabilitación del espacio y compensación a las familias estafadas, deben ser asumido de forma solidaria por las administraciones autonómica y municipal.

“Basta ya de marear a las familias estafadas. Nosotras tenemos pleno convencimiento de que las sentencias se van a ejecutar, y que los diferentes cargos políticos han utilizado a las familias para escurrir su responsabilidad. Las familias deben ser indemnizadas y compensadas. Los suelos deben retornar a su estado original. Y los responsables políticos, deben pagar por sus actos”, han defendido los cinco colectivos, que han sostenido que las administraciones “deben dejar de dar falsas esperanzas a las familias afectadas”.

Al respecto, ARCA, EAC, Podemos, IU y Equo han abogado porque el planeamiento proyecte la vuelta de las zonas afectadas a su estado original y contemple propuestas de integración paisajística para todas ellas; y porque Gobierno y Parlamento autonómicos garanticen en los presupuestos los fondos necesarios para ejecutar todas las actuaciones señaladas.

Igualmente han defendido que el Estado “no debe mantenerse al margen” y que toda la ciudadanía “no puede pagar los destrozos impulsados por unos pocos” por lo que, en su opinión, deben depurarse todas las responsabilidades, políticas y patrimoniales, de los políticos y técnicos que avalaron “tan irresponsables y lesivas actuaciones”.

Propuestas

Para contar con el apoyo de las organizaciones citadas, el PGOU de Piélagos debe ser modificado de manera sustancial. “Cualquier propuesta que no suponga un giro de 180º en los planteamientos actuales contará con nuestro firme rechazo”, comenzado por el freno del crecimiento urbanístico porque “no es razonable” que se proyecte la construcción de 6.000 viviendas en el municipio, han indicado.

En este sentido, ARCA, EAC, Podemos, IU y Equo han defendido que el planeamiento que se apruebe debe centrarse en mejorar la calidad de vida de los vecinos, proyectando que el saneamiento llegue “a las miles de casas” que no lo tienen o ampliando las zonas peatonales y los espacios verdes en zonas centrales de los pueblos, “antes de fiar toda la estabilidad del Ayuntamiento a un crecimiento que no va a existir”.

En este sentido, asociaciones y partidos han abogado por “encaminar” al municipio hacia un cambio de modelo productivo en el que se apueste por un turismo sostenible, cualitativo y diversificado, por proyecciones realistas y bien aplicadas de suelo industrial, y por un sector primario de alta calidad.

Las 200 viviendas construidas en el Alto del Cuco siguen esperando las palas. Hace más de tres años que el Tribunal Supremo desestimó el recurso presentado por el Ayuntamiento de Piélagos y la constructora -Martinsa Fadesa-, obligando entonces a la Administración pública a derribar las viviendas y a restaurar el monte protegido sobre el que fueron levantadas.

El Gobierno de Cantabria, que trabaja en coordinación con el Consistorio, anunció que el derribo se haría efectivo durante el año 2014, cosa que no ha sucedido, y ahora todo apunta a que será el próximo Gobierno el que haga frente a la ejecución de la sentencia. Así se desprende de las palabras del consejero de Urbanismo, Javier Fernández, que ha comparecido este lunes en rueda de prensa para hacer una recapitulación del estado del Plan de Derribos.

Durante su comparecencia, Fernández ha manifestado que la intención del Ejecutivo autonómico es “impulsar” durante el 2015 la demolición del Alto del Cuco que, según sus cálculos, tendrá un coste de entre 300.000 y 500.000 euros. Gobierno y Ayuntamiento han de elaborar el pliego de condiciones, sacar a concurso público los trabajos de demolición y adjudicarlos, algo que casi con toda probabilidad no sucederá antes de mayo, cuando hay elecciones, con que el derribo quedará en manos del próximo Gobierno.

De momento, la prioridad del Ejecutivo presidido por Ignacio Diego es conceder todas las 'autorizaciones provisionales' a las viviendas con sentencia de derribo que, a juicio del Gobierno, son susceptibles de ser legalizadas. Con esta figura urbanística, aprobada a través de una modificación de la Ley del Suelo, se concede una especie de indulto temporal, que será definitivo cuando los ayuntamientos afectados aprueben sus nuevos planes generales de ordenación urbana.

El Gobierno ya ha concedido 183 autorizaciones provisionales -41 en Piélagos, 32 en Escalante y 110 en Miengo- y tiene en tramitación otras 262. Con ello, espera tener aprobadas durante el mes de marzo 449 licencias provisionales sobre las 621 viviendas que hay en Cantabria con sentencia firme de derribo.

Estas licencias quedarán a expensas de lo que decidan los tribunales de Justicia, ya que está previsto que sean recurridas por el demandante, la asociación ecologista ARCA. Es decir, que el veredicto final no se conocerá hasta dentro de dos o tres años, según ha reconocido el propio consejero.

De forma paralela, el equipo de Fernández está desarrollando junto a AMA -la asociación formada por los afectados- un acuerdo que determine la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública ante los compradores.

En las 130 viviendas ubicadas en Arnuero que no son susceptibles de ser legalizadas y que tienen que ser demolidas, el Gobierno ofrece a los damnificados otra vivienda de similares características que se les entregará antes de que la ilegal sea demolida o la indemnización en el modo fijado por los tribunales, que corresponde al precio de la escritura más la actualización del IPC, una valoración no compartida con los afectados, que denuncian que perderán casi la mitad de lo que invirtieron.

Este acuerdo, que el Gobierno espera cerrar entre abril y mayo, también se está ofreciendo a las viviendas con autorizaciones provisionales, si bien el Ejecutivo cántabro confía que “muy pocas” familias se acojan a él dado que hay “fundadas esperanzas” que pueden ser legalizadas.

¿Cuánto costará?

Preguntado por la cuantía a la que ascenderá el desarrollo del Plan de Derribos -las indemnizaciones, demoliciones y construcción de nuevas viviendas-, Fernández ha recordado que a comienzos de legislatura el Gobierno de Cantabria realizó un estudio que cifraba el coste entre 150 y 250 millones de euros, bastante inferior a los cerca de 350 millones que estima AMA. No obstante, el consejero ha subrayado que la cifra será “sustancialmente más baja” porque confía en que la mayoría de las viviendas sean legalizadas.

Fernández ha detallado que el Gobierno ha consignado una partida de 500.000 euros en los presupuestos de 2015, con la que prevé hacer frente a la indemnización de las cerca de cinco familias que ya han reclamado el pago. El consejero también ha dicho que con este fondo el Gobierno licitará las obras de demolición del Alto del Cuco, estimadas entre 300.000 y 500.000 euros.

A preguntas de la prensa, Fernández ha indicado que en la “mayoría” de los casos la responsabilidad patrimonial es compartida entre el Gobierno y los Ayuntamientos, aunque ha explicado que será el Ejecutivo el que inicialmente asuma los costes, de modo que actuará a modo de prestamista con los ayuntamientos, que tendrán que ir devolviendo el préstamo anualmente. Para el consejero, ésta cuestión es “indiferente” a los afectados, que lo que les preocupa es recuperar su patrimonio. “Las Administraciones ya se arreglarán entre ellas”, ha espetado.

Ejecutar las sentencias

La legalidad o no de las autorizaciones provisionales será determinada por el Tribunal Constitucional después de que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) presentara una cuestión de inconstitucionalidad al entender que la reforma de la Ley del Suelo de Cantabria -aprobada en junio de 2013- puede vulnerar las competencias del Estado. El fallo no se espera hasta dentro de unos dos años.

Las licencias definitivas aprobadas a través de los nuevos planes generales también se espera que sean recurridas por ARCA. En este caso, como cada ayuntamiento aprobará su plan general en periodos distintos, la sentencias llegarán en fechas distintas aunque también transcurrirán varios años. En este sentido, el portavoz de los afectados, Antonio Vilela, cree que la solución a las viviendas con sentencia de derribo se prolongará durante dos legislaturas más, según afirmó en una entrevista concedida a eldiario.es Cantabria.

Por su parte, el consejero de Urbanismo ha asegurado que no habrá por parte del Gobierno “más intentos de legalización” y “se respetará” la decisión que tomen los jueces sobre cada una de las licencias. De esta forma, se demolerán las viviendas cuyas licencias no tengan el respaldo de los tribunales y la Administración o bien indemnizará económicamente a los afectados o asumirá el coste del realojo y la construcción de una vivienda similar que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de cada municipio dé por buena.