La Feria de la Mula de Arenas, un municipio de 1.300 habitantes en la Axarquía malagueña, viene este año con dos espectáculos taurinos: la habitual suelta de vacas matutina, con protagonismo para “Sorprendida”, “Peluquera” y “Bandolada” y, ya por la tarde, un “espectáculo cómico taurino” bajo la denominación “diversiones en el ruedo”. La diversión la protagonizan personas con discapacidad: en los carteles que anuncian el evento, personas con enanismo vestidas con indumentaria de payaso sortean la embestida de los becerros.

El espectáculo está organizado por África Taurina y tiene lugar en una plaza portátil, un espacio público que le cede gratuitamente el Ayuntamiento. “Si en vez de personas con enanismo o acondroplasia fueran personas con síndrome de down u otra discapacidad, ¿se atreverían a hacer el espectáculo? ¿O el ayuntamiento lo contrataría?”, se pregunta Felipe Orviz, asesor jurídico de la Fundación ALPE Acondroplasia.

La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad prohíbe los espectáculos o actividades recreativas en los que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana.

Ángel Modesto, el promotor, niega que haya burla: “Cuando es cómico, está claro que la finalidad es dar risa, pero ¿quién se va a reír de su discapacidad? En la película Campeones, ¿quién se ríe de los actores?”, compara: “Con mi mujer estuve viendo Supervivientes y había una enanita interviniendo, y no creo que nadie se burlara de ella”. El promotor dice que ha vendido las mil localidades disponibles. Es el tercer espectáculo de este tipo que programa en lo que va de año, tras los de Cantalapiedra y Cortes de la Frontera. “Y más que vamos a seguir haciendo”, advierte.

El empresario esgrime la libertad de estas personas para trabajar. El espectáculo, en el que participa una decena de personas con enanismo, está autorizado por la Junta de Andalucía, que no ha atendido la solicitud de ALPE de prohibirlo. La Fundación ya ha anunciado que, en ese caso, pondrán los hechos en conocimiento de la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Europea.

“El mismo derecho a trabajar”

Manuel Ríos, alcalde de Arenas, cree que las personas con enanismo están ejerciendo su derecho a trabajar: “No entiendo la polémica: el mismo derecho a trabajar tiene una persona que mida 1,80 a otra que mida 1,10. Si vamos a limitar derechos por la condición física de una persona estamos restringiendo libertades e igualdad”, opina el regidor, que compara la situación con el trabajo que puedan realizar en un evento privado, un circo o una película.

“Ellos mismos han dicho que quieren trabajar, que nadie les obliga y que no se sienten objeto de burla”, dice el alcalde, que cree que la gente se ríe “con el espectáculo que hacen, no de ellos”, y asegura que le han transmitido están muy a gusto con el trato que les están dando los vecinos porque “no son objeto de burla”. “Es cuestión de cómo se quiera interpretar”.

Ángel Modesto, propietario de África Taurina, esgrime que hace poco más de un año el juzgado contencioso-administrativo 5 de Málaga les dio la razón frente a la Junta de Andalucía, que había prohibido un espectáculo similar en Cortes de la Frontera. Ahora lo ha autorizado. “No existe fundamento jurídico alguno para suspenderlo, según los criterios técnicos y el expediente tramitado”, explican fuentes de la Delegación del Gobierno andaluz, que también citan el criterio aplicado por esa sentencia para esta y otras decisiones, pese a que no constituye jurisprudencia por emanar de un tribunal ordinario.

La resolución, muy debatida en su día, razonaba que “ningún dato objetivo” permitía afirmar que la “finalidad” de la participación de personas con acondroplasia en el espectáculo taurino sea “la mofa” de estas o de su discapacidad.

En su resolución, la jueza observaba que iban vestidos de payaso, y que eso “requiere habilidades como la comedia física, la improvisación, la empatía y la capacidad de conectar con el público”. Pero advertía de que el hecho de que se trate de un espectáculo de naturaleza cómica es diferente a que “sean los artistas quienes susciten la mofa por su discapacidad”. La magistrada concluía entonces que la actividad quedaba amparada por la libertad laboral y artística de sus participantes.

Cambios legislativos

Desde entonces, algunas cosas han cambiado. La jueza citaba expresamente una disposición adicional de la ley que recoge los derechos de las personas con discapacidad como base para permitir el show. Allí se dice: “Quedan prohibidos los espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana”.

Tras la sentencia y la controversia que suscitó, el Gobierno decidió intervenir. Y en febrero aprobó una modificación del Reglamento Taurino para el “toreo cómico” que desvincula el resultado denigrante de la intencionalidad. El elemento finalístico dominaba la anterior normativa y la jueza se basó en la supuesta falta de intencionalidad para validar el espectáculo.

Ahora ya no aparece y la nueva norma dice así: “En todo caso, los espectáculos cómico-taurinos respetarán la dignidad humana, sin que puedan lesionar los derechos de las personas ni someterlas a mofa o denigración pública, en particular, de las minorías sociales, como la de las personas con discapacidad. La Autoridad gubernativa competente no podrá autorizar espectáculos cómico-taurinos que infrinjan este mandato”.

“No quedará ya ningún resquicio legal para permitir espectáculos en los que se realiza una mofa pública de personas con discapacidad, y más en concreto de personas con enanismo”, explicó el Gobierno cuando aprobó la reforma. La nueva normativa recoge multas de hasta un millón de euros. Desde 2022, el Ministerio tiene en marcha un programa de reinserción laboral para las personas con discapacidad que trabajan en estos espectáculos taurinos y en “otro tipo de shows denigrantes”.

También la Junta de Andalucía modificó el Reglamento Taurino autonómico, pero dejó un texto más ambiguo que no prescinde del todo de la finalidad: “Quedan prohibidos los espectáculos cómico-taurinos en los que se utilice la circunstancia de la discapacidad para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana”.

“Van a reírse de quienes hacen el show”

“Llevamos 30 años peleando contra estos empresarios que basan su negocio en mercantilizar una vulnerabilidad de una condición física”, protesta Orviz, que lo tiene claro: “La gente va a reírse no de lo que hacen las personas del show, sino de quiénes lo hacen y de una discapacidad”. Cree, además, que en estos espectáculos se cometen delitos de odio y que alimentan su incremento en la sociedad: “Ahora nos graban, nos sacan fotos, y esto viene por el cliché que generan estos espectáculos”.

A su juicio, tampoco el Ministerio de Trabajo se implica lo suficiente. Aunque los trabajadores acepten lo que hacen, sostiene que las piruetas y demás ejercicios no son indicados para personas con acondroplasia o enanismo, y vulnera la normativa de prevención de riesgos laborales.

Cada cierto tiempo, el asunto vuelve al debate público. La última vez, a propósito de la fiesta del 19º cumpleaños de Lamine Yamal. Fundación ALPE no lo denunció porque era un espectáculo privado, no se difundieron fotos y los asistentes hablaron de “actuaciones dignas”. “Sabíamos también que podía ser contraproducente. En esos casos, es mejor recurrir a la mediación”, explica Orviz, que asegura que el entorno del futbolista admitió que no fue buena idea.

“Lo de Arenas es en un espacio público. Si lo contrata y promueve un Ayuntamiento, y lo cataloga como cómico y para niños, ¿qué valores transmite la administración pública?”, se pregunta Orviz.

Aragón TV no ofrecerá este año en directo los festejos de vaquillas de las Fiestas del Pilar, una cita que la televisión autonómica ha retransmitido durante años desde la plaza de toros de La Misericordia. La cadena atribuye esta decisión al precio planteado por la nueva empresa gestora del coso zaragozano, Conphia Urbana SL, que, según sostiene Aragón TV, supone un incremento del 500% respecto al importe abonado el pasado año.

La cadena autonómica asegura que la empresa “se ha negado a negociar” y ha mantenido la cantidad planteada para la emisión de los festejos, un coste que Aragón TV considera que “no puede asumir” como televisión pública. La empresa Conphia Urbana ha rechazado hacer declaraciones sobre la cuestión.

La nueva gestora de La Misericordia se hizo con el arrendamiento de la plaza para las anualidades 2026 y 2027 después de que la Diputación Provincial de Zaragoza adjudicara el contrato a Conphia Urbana SL. El arrendamiento comenzó el pasado 1 de septiembre y contempla un importe de 431.000 euros para 2026, correspondiente a 61 días, y de 1,513 millones de euros para 2027, por un periodo de 214 días.

El contrato de la DPZ es un arrendamiento patrimonial en el que el precio ofertado por las empresas fue el único criterio de adjudicación. Además, la institución provincial señaló que el contrato no regula otros aspectos relacionados con la actividad que desarrolle la adjudicataria en la plaza, entre ellos la calidad de los festejos o los precios de abonos y entradas.

La adjudicación de la plaza ha estado marcada por un complejo proceso administrativo y judicial. La DPZ explicó en agosto que el primer pliego tuvo que ser anulado tras una sucesión de recursos y que finalmente optó por el arrendamiento patrimonial para garantizar que la plaza estuviera disponible para la Feria del Pilar.

Pese a no poder emitir los festejos en directo, Aragón TV ha decidido mantener las vaquillas en su programación durante las Fiestas del Pilar. Así, entre las 08:00 y las 10:00 ofrecerá una selección de los mejores momentos de las retransmisiones realizadas durante los últimos 20 años.

Los ayuntamientos de Beas, Palos de la Frontera y Cortegana (Huelva) —todos gobernados por el Partido Popular (PP)— afrontan sendas investigaciones judiciales a raíz de las querellas presentadas por la empresa Emilivia Espectáculos S.L., dedicada a la organización y gestión de festejos taurinos. Los tres procedimientos penales se encuentran en fase de instrucción y tienen como denominador común las acusaciones de la mercantil sobre el supuesto “amaño” en la contratación pública de espectáculos taurinos.

Los juzgados de Aracena, Moguer y Huelva abrieron diligencias previas entre febrero y abril, y acordaron citar a declarar como imputadas a las alcaldesas de Cortegana, María del Mar Martín Florido, y de Palos de la Frontera, Milagros Romero Artero, así como a otros funcionarios municipales y empresarios relacionados con las adjudicaciones, mientras que el alcalde de Beas, José Leñero Bardallo, aparece como “persona querellada” en el auto judicial. En la lista de investigados también figura el exalcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, hoy senador por el Partido Popular.

En Beas y Palos de la Frontera, las diligencias se centran en la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa, mientras que en Cortegana la investigación contempla un posible delito de apropiación indebida, según consta en los autos de admisión a trámite a los que ha tenido acceso este periódico. Por el momento, solo han declarado los investigados en la causa que afecta al Ayuntamiento de Cortegana —lo hicieron el pasado 14 de septiembre— mientras que el resto de citaciones están pendientes de fechar.

Las tres causas parten de las acusaciones formuladas por la mercantil Emilivia, que sostiene que determinadas licitaciones fueron “amañadas” y diseñadas “a medida” para “beneficiar” a empresas concretas del sector taurino. Esas acusaciones, que se investigan ahora por la vía penal, se apoyan en resoluciones previas del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA), que declaró la nulidad de varios pliegos y procedimientos de contratación al encontrar irregularidades.

Este periódico ha contactado con los tres ayuntamientos implicados para recabar su versión de los hechos, pero tanto la alcaldesa de Cortegana como la de Palos de la Frontera han declinado hacer declaraciones al tratarse de un procedimiento judicial abierto. Solo se ha pronunciado el alcalde de Beas, quien aún no ha sido citado a declarar. Leñero Bardallo asegura que el Ayuntamiento remitió “hace ocho meses” el expediente de contratación solicitado por el juzgado y que desde entonces no ha recibido nuevas comunicaciones.

Un “flagrante incumplimiento” de la ley en Beas

En el caso del Ayuntamiento de Beas, Emilivia denuncia un “amaño” sistemático de los pliegos de licitación en favor de Ruedos del Sur Eventos 2016 S.L. para la organización de las capeas y festejos en el municipio. “Los querellados han venido amañando los pliegos que rigen todos los procedimientos de adjudicación durante más de 10 años, para que solo resulte adjudicataria la empresa Ruedos del Sur Eventos 2016 S.L.”, según sostiene la querella admitida a trámite.

La mercantil querellante concurrió a la licitación para la adjudicación del contrato de festejos taurinos tradicionales de agosto de 2025 y terminó impugnando el procedimiento ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales al apreciar “que se incluían criterios de puntuación y solvencia amañados para que resultara adjudicataria la misma mercantil de siempre”, según indica la denuncia.

De acuerdo con los hechos recogidos en la querella, después de que el TARCJA anulara los pliegos hasta en dos ocasiones, Emilivia obtuvo la mayor puntuación en el tercer concurso. Aun así, continúa el escrito, el Ayuntamiento “dejó en suspenso” formalmente el procedimiento y efectuó una adjudicación “a dedo” en paralelo, concediendo finalmente el contrato —previamente anulado— a Ruedos del Sur por valor de 145.200 euros, según señala la acusación.

La querella de Emilivia se sustenta en la resolución del TARCJA de 26 de septiembre de 2025, en la que el tribunal administrativo acordó dar traslado de las actuaciones a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción al apreciar un “flagrante incumplimiento” de la Ley de Contratos del Sector Público por parte del Ayuntamiento de Beas. Dicha resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, señala que el contrato de los festejos taurinos denunciados se adjudicó el 13 de agosto de 2025 sin haber culminado el procedimiento legalmente establecido y sin respetar el plazo de formalización de 15 días hábiles, de ahí que justifique la “gravedad” suficiente para activar la inspección de la Oficina Antifraude.

La empresa querellante utiliza precisamente este acuerdo de traslado en su querella criminal para argumentar que la actuación municipal rebasó la mera ilegalidad administrativa y constituye delito penal. Según se indica en la querella, una vez que Emilivia judicializó los hechos ante los juzgados de instrucción penal de Huelva, la Oficina Antifraude paralizó su procedimiento administrativo de investigación a la espera del pronunciamiento judicial. El TARCJA es un órgano administrativo especializado, cuya función directa es anular actos o pliegos ilícitos y derivar las irregularidades graves a los órganos de control.

El alcalde y la empresa niegan adjudicaciones “a dedo”

El juez titular del juzgado de Instrucción número 5 de Huelva admitió a trámite la querella el pasado 9 de febrero. A partir de ahí, solicitó al Ayuntamiento de Beas el expediente administrativo correspondiente a la contratación de los festejos taurinos de agosto de 2025, así como la documentación relativa al pago de 145.200 euros y otros documentos relacionados con la contratación. También requirió información sobre las adjudicaciones de festejos taurinos realizadas desde 2016 a efectos de comprobar si desde entonces “la única empresa adjudicataria de todos los festejos taurinos ha sido Ruedos del Sur Eventos 2016 S.L.”, tal y como se denuncia.

El auto pide citar a declarar al alcalde de Beas, José Leñero Bardallo, así como a seis funcionarios de la administración local que forman parte de la mesa de contratación del ayuntamiento de Beas, junto a Antonio Jesús Rodríguez y Eduardo Duarte, como responsables de Ruedos del Sur. La fecha queda pendiente de señalarse “una vez practicadas las anteriores diligencias”.

Desde Ruedos del Sur, Antonio Jesús Rodríguez Santana, uno de los representantes acusados, reconoce que lleva 16 años trabajando con el Ayuntamiento de Beas, pero niega que hayan existido contratos “a dedo” y defiende que los festejos taurinos se adjudican mediante licitaciones públicas. Rodríguez Santana sostiene que su empresa no participa en la elaboración de los pliegos y que las adjudicaciones corresponden exclusivamente a la mesa de contratación, formada por personal de la administración local.

En la misma línea se expresa el alcalde de Beas, quien tilda la querella penal de “disparate” y defiende que las decisiones de contratación se adoptan sobre la base de las propuestas de la mesa de contratación y de los informes que elaboran los técnicos municipales. El primer edil también niega que pueda atribuirse a su equipo de gobierno una práctica mantenida durante los diez años a los que alude la querella, ya que Leñero accedió a la Alcaldía en junio de 2023 y sostiene que durante la década anterior el municipio estuvo gobernado por dos alcaldes del PSOE. Según explica, el pliego utilizado para la contratación de los festejos taurinos “era el mismo” durante esos distintos mandatos.

Respecto a los procedimientos anulados, el responsable de Ruedos del Sur admite que en Beas se han cancelado 20 pliegos relacionados con festejos taurinos. En cuanto al procedimiento de 2025, afirma que la oferta presentada por Emilivia —a la que califica de “empresa fantasma”— fue descartada por no cumplir con ciertos requisitos económicos y por carecer de determinados informes necesarios para formalizar la solicitud. Según su versión, la mesa de contratación adjudicó “a última hora” el contrato a Ruedos del Sur por ser “la única empresa” que disponía de “la solicitud en Gobernación” y cumplía los parámetros requeridos.

Palos de la Frontera: 18 años de adjudicaciones a la misma empresa

En el caso de Palos de la Frontera, figuran como investigados la actual alcaldesa, Milagros Romero; el exalcalde y actual senador del PP Carmelo Romero Hernández; y Ricardo Bogado Gómez, quien fue primer teniente de alcalde, actualmente concejal de Obras y Urbanismo, Mercado y Movilidad, según figura en la página web del Ayuntamiento. La jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Moguer los citó a declarar el 1 de julio, pero, según explica la acusación, la citación se suspendió a raíz de que el exalcalde alegara su condición de senador y, por tanto, de aforado.

La querella de Emilivia contra el Ayuntamiento de Palos sostiene que los festejos taurinos con ocasión de las fiestas de San Jorge y la tradicional Corrida Pinzoniana se adjudican de manera ininterrumpida a Taurina de Buendía S.L. desde 2007, año en que se inauguró la Plaza de Toros municipal de Palos de la Frontera, según los hechos denunciados. En la misma línea que la querella anterior, se afirma que los procedimientos habrían contado con pliegos diseñados “a medida” y valoraciones “arbitrarias”.

“Prueba de ello es que, durante 18 años en 36 licitaciones, la única adjudicataria de todos los contratos ha sido la citada mercantil Taurina de Buendía S.L.”, como señala la querella admitida a trámite el 22 de abril. También Emilivia denuncia haber sido excluida de la licitación de la Corrida Pinzoniana de octubre en 2025, después de presentar una propuesta con una nómina de matadores y rejoneadores que la empresa califica de “primer nivel”.

Esta redacción se ha puesto en contacto con el gerente y responsable de la empresa Taurina de Buendía, Jorge Fernández, conocido en el mundo taurino como Jorge Buendía, quien se ha mostrado dispuesto a dar su versión, sin que lo haya hecho hasta el momento. Por su parte, la alcaldesa de Palos de la Frontera ha declinado responder a las preguntas de este medio a fin de contrastar los hechos denunciados.

Apropiación indebida como “represalia”

La tercera investigación afecta al Ayuntamiento de Cortegana, cuya causa incorpora una acusación diferente: la posible apropiación indebida de una garantía provisional depositada por Emilivia para participar en el procedimiento de adjudicación de los festejos taurinos de septiembre de 2023.

En el auto firmado el 25 de febrero, la jueza del juzgado de Instrucción número 2 de Aracena cita a declarar en condición de investigados a la alcaldesa de Cortegana, María del Mar Martín Florido, y a Jorge Buendía, responsable de la empresa Taurina de Buendía, entre otros funcionarios municipales. La declaración se celebró el pasado 14 de septiembre, tras posponerse la citación prevista inicialmente para el 27 de abril.

Según la querella, la empresa solicitó en varias ocasiones la devolución de esa cantidad, la última vez, el 13 de noviembre de 2025. “Durante más de dos años los querellados han omitido el debido cumplimiento de su obligación deliberadamente, sin que pueda considerarse que se trate de un error, habida cuenta que los mismos son plenamente conscientes de las reiteradas solicitudes de devolución”, apunta la querella.

La mercantil atribuye esa retención a una supuesta “represalia” relacionada con los conflictos surgidos en los procedimientos de contratación de los festejos taurinos, que han impugnado ante el órgano administrativo en varias ocasiones. Según su versión, los responsables municipales habrían adjudicado “de forma directa y verbal” los festejos de septiembre de 2023 y 2025 a Taurina de Buendía S.L., empresa que, en palabras de la querellante, llevaba más de diez años resultando adjudicataria merced a “procedimientos amañados a su medida”, como denuncian en la misma línea que en las querellas anteriores.

La querella incluye también la exclusión “arbitraria” de la oferta presentada por Emilivia en 2025 con el pretexto de no acreditar la organización de 15 corridas de toros en los últimos cinco años, requisito “no exigible a empresas de nueva creación” (Emilivia se constituyó en 2022) y sin otorgar plazo de subsanación, según esgrime la acusación. La empresa querellante denuncia además que el consistorio habría impedido o dificultado el uso de la plaza de toros en otras fechas del año, garantizando la “exclusividad” de su uso a favor de Taurina de Buendía S.L.

Próximas querellas en dos ayuntamientos de Jaén

Las impugnaciones de contratos de festejos taurinos no se limitan a municipios gobernados por el PP. El alcalde de Beas sostiene que también se han producido conflictos en otros ayuntamientos gobernados por el PSOE, entre ellos Zalamea la Real y Aracena en Huelba, o La Algaba en Sevilla. Estas actuaciones, no obstante, corresponden a procedimientos administrativos de contratación y no han escalado a prodecimiento penal como en el caso de Beas, Palos de la Frontera y Cortegana.

Emilivia Espectáculos S.L. anuncia también sendas querellas contra responsables de los ayuntamientos de Baeza y Andújar, en la provincia de Jaén. Según la mercantil, en ambos municipios —gobernados también por el PP— el TARCJA habría anulado procedimientos de contratación de festejos taurinos y, posteriormente, los espectáculos habrían sido “adjudicados directamente” a otra empresa del sector, pese a las resoluciones del tribunal administrativo.

La empresa querellante sostiene que estos casos, junto a los de Huelva, evidenciarían un patrón en el que tres empresas del sector taurino se benefician sistemáticamente de adjudicaciones “directas” y elaboradas “a medida” por las administraciones locales.

Efectivos del Equipo de Investigación de la Guardia Civil de La Roda han investigado a dos personas, vecinas de Albacete, como presuntas autoras de dos delitos de falsificación de documentos en espectáculos taurinos.

Dentro de las funciones que tienen encomendadas los delegados gubernativos en los espectáculos taurinos de la provincia, agentes de la Guardia Civil detectaron diversas anomalías en los certificados de limpieza y desinfección de los vehículos destinados al traslado de los animales.

Estas irregularidades se repitieron en las tareas de desembarque de reses bravas en dos localidades de la provincia albaceteña.

Resultado de las investigaciones

Como resultado de estas investigaciones se pudo constatar como las empresas emisoras que figuraban en los documentos presentados nunca habían expedido dichos certificados. Asimismo, se comprobó que los documentos carecían por completo de registro y validación en la aplicación informática oficial y obligatoria para la desinfección y limpieza de este tipo de transporte.

Las diligencias instruidas por la Benemérita rodense han sido puestas a disposición de Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Roda y de la Sección de Instrucción en funciones de Guardia del Tribunal de Instancia de Albacete.

Las dos personas investigadas podrían enfrentarse, según el artículo 392 del Código Penal, a penas de prisión que oscilan entre los seis meses y los tres años y penas de multa de 6 a 12 meses.

El debate de enmiendas del proyecto de Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de Castilla-La Mancha ha servido para que el Grupo Parlamentario de Vox defienda garantizar que los menores puedan entrar en las corridas de toros. Así lo ha manifestado al considerar que la norma debatida tan solo se remite a la legislación estatal y eso permite que “por la puerta de atrás” se pueda prohibir a los menores de edad la entrada a estos eventos.

En realidad, el partido de extrema derecha ya promueve la entrada de menores en corridas de toros y otros festejos similares en aquellas diputaciones o ayuntamientos en las que tiene representación o gobierna. Concretamente, impulsa la promoción de la tauromaquia entre los menores mediante la oferta de entradas gratuitas y el apoyo a escuelas taurinas.

En el debate de hoy, el diputado de Vox Francisco José Cobo ha dicho no compartir que deba establecerse una prohibición de carácter general. “Por eso defendemos que los menores puedan acceder como espectadores a las corridas de toros, en los términos establecidos por la normativa aplicable y, cuando corresponda, acompañados por sus padres, tutores o responsables”.

Por otra parte, ha indicado que todas las enmiendas que ha presentado su partido a esta ley responden a varias ideas que el partido considera “realmente fundamentales”, tales como seguridad jurídica, proporcionalidad, simplificación administrativa, protección de los menores, protección a pequeños municipios y protección del mundo taurino.

Prohibiciones “definidas con precisión”

Vox también ha presentado enmiendas relativas a la seguridad, el derecho de admisión y las obligaciones del público. Así, Cobo ha dicho que el derecho de admisión no puede convertirse en arbitrario ni puede justificar discriminaciones contrarias al ordenamiento, “pero tampoco podemos exigir al titular de un establecimiento que garantice la seguridad y después privarle de instrumentos para hacerlo”, razón por la cual ha indicado que las prohibiciones deben estar “perfectamente definidas con precisión”.

De su lado, el diputado del PP Santiago Serrano ha señalado que el propósito principal de las enmiendas de su grupo parlamentario tiene una finalidad “claramente constructiva” para la mejora de la calidad técnica de la norma, reforzar la seguridad jurídica, facilitar su aplicación también por lo largo plazo por parte de las administraciones públicas, sobre todo, por los ayuntamientos, garantizar un adecuado equilibrio entre la protección del interés general y la eliminación de cargas administrativas innecesarias.

En sus enmiendas el PP modifica también la definición de fiestas ilegales, introduce una modificación para detectar aquellas fiestas que sean de escasa entidad con el fin de aportar mayor seguridad jurídica y facilitar también la gestión administrativa y pretende que la suspensión de un espectáculo público o actividad recreativa se adopte mediante resolución motivada.

“Queremos evitar también duplicidades y que se facilite el ejercicio efectivo de las competencias”, ha indicado, para agregar que los 'populares' también quieren introducir una nueva competencia para que la Junta, con el fin de impulsar la elaboración y la actualización de modelos orientativos para ordenanzas, protocolos o documentos técnicos, faciliten la aplicación homogénea de la ley.

Finalmente, la diputada socialista Silvia Fernández ha manifestado que las tres enmiendas de su partido tienen el objetivo de reforzar y mejorar el texto legislativo impulsado por el Gobierno regional. “Van orientadas a avanzar en la flexibilización y simplificación de los procedimientos administrativos, favorecer mayor coordinación en la adopción de decisiones y garantizar un adecuado equilibrio entre el derecho al ocio y el derecho al descanso”, ha subrayado.

Simplificar trámites

Así, ha afirmado que estas enmiendas vienen amparadas por la jurisprudencia nacional y europea en materia de protección de derechos fundamentales, a la intimidad e integridad personal, “sobre todo a las exenciones ruidosas y no tolerables, derivadas del ejercicio del derecho del ocio”, ha añadido la diputada socialista.

Ha concretado que la primera de las enmiendas de los socialistas tiene como objetivo simplificar los trámites administrativos y adoptar una decisión coordinada ante la necesidad de que se emita un informe previo favorable por el ayuntamiento donde se celebre el espectáculo público o la actividad; algo que va en consonancia con su segunda enmienda respecto a la cual ha indicado que quiere proponer una transaccional con una enmienda del PP.

La última enmienda del PSOE supone la modificación del artículo 43.3 para añadir la necesidad de una emisión de informe previo favorable del órgano autonómico en aquellos supuestos en los que órgano municipal competente acuerde ampliar el horario general de fiestas patronales y otras fiestas declaradas oficiales del ámbito local, principalmente a fin de garantizar el deber de la administración.

Tanto Vox como el PP han mantenido sus enmiendas para el pleno en el que se vote la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de Castilla-La Mancha, para la que ha sido designada como ponente la diputada del PSOE Silvia Fernández.

Un hombre ha resultado herido este viernes tras sufrir una cogida por un toro durante un encierro en la localidad conquense de Cañete.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar a las 18.21 horas en la calle La Virgen. El herido ha sido evacuado en helicóptero medicalizado al Hospital de Cuenca.

En el lugar también se han personado efectivos de la Guardia Civil y un médico de Urgencias.

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida por asta de toro durante un encierro en Ayna (Albacete). La persona que ha muerto es una mujer de 64 años. De la segunda persona afectada no hay datos por el momento.

Los Servicios de Emergencias del 112 Castilla-La Mancha han recibido el aviso a las 10.55 horas.

Se ha activado el helicóptero medicalizado para atender el incidente. En el lugar se encontraba personal sanitario y Guardia Civil, como efectivos de prevención del propio evento.

El Partido Animalista PACMA ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Minglanilla y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que la vaquilla escapada durante un encierro celebrado el pasado 15 de agosto sea cedida al Santuario Vacaloura una vez localizada y capturada, evitando así su sacrificio.

Desde PACMA señalan que el animal “consiguió atravesar el vallado poco después de ser obligado a salir del cajón y huyó del festejo”. Desde entonces permanece en paradero desconocido, “aunque llegó a ser localizada temporalmente en una finca privada”.

El Partido Animalista afirma que el artículo 17 del Reglamento de los festejos taurinos populares de Castilla-La Mancha prevé el sacrificio de las reses “conducidas, corridas o toreadas” en encierros o sueltas. Sin embargo, sostienen que “la vaquilla no llegó a participar realmente en el festejo, puesto que escapó inmediatamente después de salir del cajón”.

La formación política también señala que la propia norma “fija un plazo máximo de doce horas desde la finalización del festejo para efectuar el sacrificio”. Por ello, considera que capturar al animal semanas después con la finalidad de matarlo “tampoco sería una actuación amparada por el Reglamento”.

“No existe ningún impedimento para buscar una solución excepcional y permitir que la vaquilla continúe viviendo. Sacrificarla cuando un santuario está dispuesto a hacerse cargo de ella sería una decisión cruel e injustificable”, señala Eva Ramos, asesora jurídica del partido.

Campaña de recogida de firmas

El Santuario Vacaloura, ubicado en Arzúa (Galicia), se ha ofrecido a proporcionar al animal un hogar permanente y garantizar que no vuelva a ser utilizado en festejos taurinos. La cesión podría formalizarse mediante un acuerdo que recogiera expresamente esta condición si las autoridades aplican la propuesta de PACMA.

Además, el santuario ha impulsado una campaña de recogida de firmas con la petición dirigida al Ayuntamiento y a la Junta de Castilla-La Mancha, en la que reclama el indulto del animal y su traslado al centro, “donde podría vivir protegido y recibir los cuidados necesarios sin coste para las arcas públicas”.

PACMA pide a las administraciones competentes que atiendan la movilización ciudadana, descarten “definitivamente” el sacrificio y autoricen la cesión de la vaquilla al santuario: “Las instituciones tienen la oportunidad de demostrar que existe una alternativa ética. Esta vaquilla no representa ningún peligro y merece seguir viviendo”, ha concluido el presidente nacional de PACMA, Javier Luna.

El Ayuntamiento de Minglanilla no tiene competencias

La teniente alcalde del Ayuntamiento de Minglanilla, Esperanza Sáez, ha expresado en declaraciones a elDiario.es de Castilla-La Mancha que han enviado una carta dirigida a la Subdelegación del Gobierno de España en Ciudad Real, así como a la Consejería de Agricultura “que son los que tienen competencia en este sentido, con las solicitudes que tenemos de acogida de la vaquilla, una vez que se la pueda capturar, aunque está complicadillo”, pero que están esperando respuesta.

“Lo decimos claramente en el escrito, si hay una salida para que la vaquilla no sea sacrificada, se la pueda lleva a un santuario o a una organización, que nos lo digan por escrito. Ellos tienen la competencia, el Ayuntamiento no puede decidir. Si se captura la vaca y no dicen lo contrario, se tendrá que cumplir la ley que hay en Castilla-La Mancha”, ha resaltado.

En Minganilla (Cuenca) buscan a una vaquilla que se escapó durante los encierros de las fiestas populares este pasado domingo.

Desde el Ayuntamiento explican en su perfil de la red social Facebook que “varios grupos de personas se han movilizado para intentar encontrarla, recorriendo diferentes zonas y caminos de los alrededores”. La teniente alcalde, Esperanza Sáez, señala a elDiario.es Castilla-La Mancha, que este lunes a las 13.00 horas todavía no han podido encontrarla ni dar con su paradero: “Lamentablemente, no tenemos novedades”, ha dicho, señalando que el operativo de búsqueda está coordinado por la Guardia Civil.

La vaquilla salió del cajón en el que se encontraba y tras recorrer varios metros atravesó una de las barreras, casi sin dificultad, como puede verse en un vídeo grabado por un asistente. Siguió corriendo, impactando con un coche, pero sin dejar heridos hasta que se la perdió de vista.

El Consistorio pide a los vecinos que “extremen la precaución si salen al campo, especialmente por la zona de la Rambla de Santa Bárbara-Puerto Seco”.

Por otra parte, solicitan también la colaboración de todas aquellas personas que conozcan bien estos parajes, “ya que cualquier información puede ser de gran ayuda para localizarla”. Si alguien la ve o tiene alguna información sobre su posible ubicación, ruegan que se pongan en contacto con el siguiente número de teléfono: 657 75 92 19.

Este tipo de sucesos no son tan infrecuentes. El pasado año, en el mes de agosto, un toro se escapaba durante los encierros de Alcalá del Júcar (Albacete), dejando tres heridos -ninguno por asta de toro-, que tenían que ser trasladados al hospital.

También a finales de agosto, un toro se escapó también durante los encierros de Cañete (Cuenca), generando “situaciones de gran peligro” llegando hasta la carretera N-420 que une Cuenca con Teruel.

Peor suerte corrió el toro que se había escapado durante los encierros de Romancos (Guadalajara) el pasado octubre, que fue abatido tras casi una semana perdido.

Un encierro taurino en la localidad alcarreña de Brihuega se ha saldado con dos personas heridas por asta de toro, una de ellas de “extrema gravedad”.

Según han precisado a este medio fuentes del Servicio de Emergencias de Castilla-La Mancha, el suceso tuvo lugar este domingo a las 21:50 horas durante un encierro que discurrió por las calles de la citada localidad.

El herido más grave es un joven de 19 años, que fue trasladado en una UVI móvil al Hospital La Paz, en Madrid. También resultó lesionada por una cornada en la pierna una mujer de 45 años, que fue trasladada al Hospital Universitario de Guadalajara por una ambulancia de soporte vital básico.

En la atención a los heridos también participaron voluntarios de Protección Civil de Brihuega.

La Guardia Civil investiga a dos hombres por abatir con un rifle de caza a un toro fugado de unos festejos en Gátova (Valencia). El Instituto armado investiga por maltrato animal al director de los festejos taurinos y a un vecino de la localidad, que es cazador, al que el responsable habría ordenado disparar al animal, que se había escapado con otras reses del recinto donde celebraban los 'bous al carrer'. Se acusa al director del festejo de prevaricación y al cazador de maltrato animal. El Ayuntamiento de Gátova informó de que el animal había sido “capturado”, no abatido.

Según informa la Guardia Civil en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado 18 de julio, cuando las reses bravas quebraron el recinto de seguridad y salieron libres por el municipio. Se desplegó entonces un dispositivo de localización y control coordinado por aire y tierra en el que participaron patrullas de Seguridad Ciudadana de la comarca, componentes del Seprona y la Unidad Aérea de Valencia. Durante el operativo de búsqueda, los agentes informaron formalmente a la autoridad local, en su calidad de Director del Festejo, sobre sus responsabilidades legales, urgiendo la emisión de alertas públicas de riesgo y la notificación a los servicios de emergencias. Asimismo, explica la Guardia Civil, los agentes le advirtieron expresamente de que el uso de armas de fuego para este tipo de contingencias “tiene carácter absolutamente excepcional, requiriendo imperativamente autorizaciones gubernativas expresas y el cumplimiento estricto de las medidas de seguridad”.

A pesar de las advertencias, durante la madrugada del 19 de julio el responsable del festejo, “omitió los cauces legalmente reglamentados y dio una instrucción verbal directa a un vecino de la localidad, aficionado a la caza, para la neutralización del toro mediante el uso de un arma de fuego”. A las cuatro de la mañana, en las inmediaciones de una urbanización cercana al núcleo urbano, el cazador habría disparado contra el animal empleando un rifle de caza.

Tras recibir un primer impacto, la res se desplazó varios metros hasta quedar estática, momento en el que se le efectuó un segundo disparo que le causó la muerte instantánea, apunta la Guardia Civil. Las pesquisas desarrolladas determinaron que la orden se dictó careciendo de la competencia legal requerida y sin la preceptiva cobertura o autorización de las autoridades gubernativas.

El Equipo de Investigación del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia ha asumido las diligencias, que han sido remitidas a la Fiscalía provincial de Medio Ambiente de Valencia, encargada de los casos de maltrato animal. Los hombres están investigados pero no han sido detenidos.

La localidad guipuzcoana de Eibar lleva casi una década, desde el año 2018, sin celebrar la sokamuturra, un festejo taurino popular tradicional de Euskadi que consiste en soltar una vaca o novillo por las calles, atado a una soga. Ahora los va recuperar en las fiestas de San Juan. Y el asunto ha abierto una brecha en el Gobierno local, de PSE-EE y PNV, que ya se han enfrentado en el municipio en otras ocasiones.

Este año, al igual que se hace en municipios como Durango, Azpeitia, Tolosa, Pasaia o Getxo, el Ayuntamiento con el PSE-EE al frente ha decidido retomarlo en su programa de fiestas con tres sesiones organizadas para el 21, 24 y 25 de junio. Con el objetivo de que se cancelen y en su lugar se propongan actividades “libres de maltrato animal”, se han debatido este jueves en un pleno extraordinario dos mociones. Una ha sido presentada por la plataforma ciudadana Sokamuturra Ez Eibar a través de los grupos municipales EH Bildu y Elkarrekin (coalición de Podemos, IU y Equo), y otra alternativa la ha presentado el PNV.

La moción de los partidos de la oposición, además de la cancelación de la sokamuturra, proponía además que el Ayuntamiento “no vuelva a organizar, financiar, subvencionar ni colaborar con actos en los que exista maltrato animal”, y que los criterios de programación festiva se acuerden en la Comisión de Fiestas con cauces de participación ciudadana. Además, en la moción se instaba al Consistorio a “organizar actividades lúdicas, musicales o de otra índole” en sustitución de la sokamuturra. Sin embargo, no ha sido aprobada, ya que ha contado con los votos en contra del PNV y el PSE-EE y la abstención de EH Bildu. En su lugar, se ha aprobado la presentada por el PNV, con los votos a favor de EH Bildu y la abstención de Elkarrekin, aunque la votación de las propuestas no tiene un carácter vinculante, por lo que la decisión final de mantener o anular el festejo sigue en manos del equipo de gobierno local. Y todo apunta a que sí o sí habrá festejos taurinos, puesto a que la primera sokamuturra está organizada para dentro de cuatro días, el próximo domingo 21, aunque se espera que el alcalde, Jon Iraola, este viernes realice declaraciones confirmando este extremo.

La moción aprobada se compone de cuatro puntos, que se basan en la apertura de un diálogo sobre el regreso de la sokamuturra, un proceso de participación y consulta ciudadana sobre este tema, decidir si es conveniente o no volver a tener el festejo taurino y tomar la decisión desde el consenso. “Hace casi una década, en este Ayuntamiento, en este mismo salón de plenos, se adoptaron por unanimidad acuerdos para abrir una reflexión sobre la presencia de animales en los festejos y fruto de ese proceso se consolidó en la práctica una línea de actuación que ha llevado a que durante todos estos años no se incluyera el uso de animales en la programación festiva. No estamos, por lo tanto, en nuestra opinión, ante una decisión aislada, sino ante una alteración de una trayectoria que se había mantenido de manera continuada en el tiempo”, ha argumentado el concejal del PNV, Alberto de la Hoz.

Según ha destacado, en su moción no están planteando el debate “en términos de posicionamiento ideológico a favor o en contra de una actividad concreta”. “Lo que planteamos es una cuestión de responsabilidad institucional. Debatir si en este momento, en este contexto y en estas condiciones se dan las circunstancias adecuadas para su celebración, con normalidad, con consenso y con convivencia y más a las puertas de Sanjuanes. No pretendemos imponer una decisión ni cerrar el debate en falso. Pretendemos abrir un espacio de diálogo real entre el Ayuntamiento, los grupos políticos, los agentes sociales y la ciudadanía para recoger de forma ordenada las diferentes sensibilidades existentes que hoy constatamos. A partir de este proceso podamos estudiar y valorar con serenidad la idoneidad de incorporar esta actividad también en las próximas fiestas, priorizando en todo momento la convivencia, la seguridad y el normal desarrollo de las mismas. Porque no podemos permitir que unas fiestas que deben ser de encuentro se conviertan en un espacio de confrontación”, ha apuntado.

Tras estas palabras, la concejala del PSE-EE Vanesa Hortas ha criticado que “un Gobierno de coalición” como el que mantienen los dos partidos tanto en el Ayuntamiento de Eibar como en el Gobierno vasco y otros municipios “no funciona así”. “Estáis en coalición con nosotros y sinceramente, considero que el Gobierno en coalición no funciona así. No es de recibo que mientras que estéis con nosotros gobernando, estéis articulando y forméis parte de una solicitud de un pleno extraordinario para debatir temas que competen a una de las áreas que gestionamos nosotros. Además, es que resulta paradójico que aquí abráis debates, habléis de falta de contraste por un lado, y luego en el Parlamento Vasco estéis promoviendo una proposición no de ley para bajar la edad de participación en estos eventos. No hay más que ver los municipios que en los que gobernáis, que son muchos, el tipo de eventos que se realizan. ¿Por qué un debate en Eibar y no en otros lugares? Me gustaría que fuerais más coherentes y que vierais un poco vuestro grado de responsabilidad en este caso, porque bueno, en el resto de municipios en los que apoyamos vuestros gobiernos nosotros también podemos empezar a abrir mociones y debates sobre este punto o sobre otros puntos”, ha lamentado.

La concejala del PSE-EE se ha referido así a la ley que aprobará la semana que viene el Parlamento, promovida conjuntamente por socialistas y nacionalistas y que busca el fomento de la tauromaquia entre los jóvenes. Se votará en la Cámara el 25, es decir, justo coincidiendo con las actividades programadas en Eibar.

Hortas ha comenzado su intervención en el pleno leyendo un texto de “la juventud” de Eibar, sin especificar de cuántas personas se trata, a favor del regreso de la sokamuturra apelando a la tradición. “Estas palabras han sido escritas por algunos jóvenes de Eibar que creemos en la continuidad de la Sokamuturra y que deseamos que esta tradición tan ligada a la historia y a las fiestas de nuestro pueblo, siga formando parte de ellas en el futuro. No hablamos en nombre de ningún partido político ni de ninguna ideología. Hablamos como jóvenes eibarreses que sentimos la sokamuturra como parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestras raíces. Y lo hacemos desde el respeto hacia todas las opiniones, pero también desde la convicción de que una tradición con más de dos siglos de historia merece ser escuchada y respetada. No venimos aquí para enfrentarnos con nadie, ni para entrar en debates políticos. Venimos simplemente a defender algo que consideramos nuestro, algo que pertenece al pueblo de Eibar y que ha pasado de generación en generación durante más de dos siglos. Los primeros testimonios documentados de la Sokamuturra en Eibar se remontan al año 1815. Han pasado más de 200 años desde entonces y durante todo este tiempo, nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros antepasados han mantenido viva una tradición que forma parte de la identidad de nuestro pueblo. Hace diez años se perdió la sokamuturra. Fueron muchos los aficionados y vecinos que se sintieron aquella desaparición como la pérdida de una parte de sus fiestas”, ha leído la concejala del PSE-EE, justificando la decisión de retomar la fiesta taurina en el programa de este año.

Una decisión que según la oposición ha sido tomada de “forma unilateral”. Desde Elkarrekin, Isabel Fernández, ha criticado que “no se trata de una tradición inocente”. “Por lo visto, como es tradición, tenemos que seguir con ello sí o sí. Si siguiéramos otras tradiciones estaríamos quemando todavía brujas, prohibiendo a las mujeres leer o poniendo gansos vivos en Lekeitio. No es una tradición inocente, es un entrenamiento en la falta de empatía. Es decirle a una criatura de ocho o nueve años 'mira, ese animal tiene miedo, o está desorientado o le tiran de la cuerda, le gritan, le persiguen y es divertido'. Pues a nosotras no nos parece divertido. Y es más, se les acostumbra a los menores a que espectáculos violentos, a aceptar la violencia y a maltratar a los más vulnerables. Curiosamente, por lo general participan solo hombres, ya que es una expresión perfecta del modelo de masculinidad hegemónica en el que el ser hombre se basa en la fuerza, la competitividad, la agresión y el control. La vaquilla o el becerro no es un depredador salvaje porque está atado con las astas protegidas y está agotada. Es un rival que ya ha perdido de antemano, pero se le trata como una amenaza para que la victoria parezca épica y se le somete para sentirse poderoso. ¿Eso es lo que queremos enseñar a nuestras infancias? ¿Queremos transmitir que el espacio público, el riesgo, el dominio sobre los demás y la fiesta son cosas de hombres?”, se ha preguntado la concejala.

Por su parte, desde EH Bildu, la concejala Nerea Barruetabeña ha respondido a las críticas del PSE-EE sobre que en esta ocasión, en Eibar están en contra de la sokamuturra, pero que en otros municipios en los que gobiernan, como Azpeitia o Tolosa, la permiten. “Sabemos lo que nos vaís a decir, que en otros municipios en los que gobierna EH Bildu, estos eventos se producen. Sí, pero la naturaleza, costumbres y particularidades de cada pueblo son distintas y cada pueblo ha vivido sus propias vivencias y procesos. Si queréis saber lo que la gente quiere, ¿por qué no le preguntáis? No, aquí las decisiones se toman de forma unilateral y autoritaria”, ha señalado la concejala que ha lanzado dos mensajes: uno al PSE-EE, diciéndole que con “solo 8 concejales no representan al pueblo entero de Eibar” y al alcalde, Jon Iraola, que este “no es su cortijo” para que tome las decisiones de “forma unilateral”.

Sobre su decisión de votar a favor de la moción del PNV, Barruetabeña ha explicado que ante “la imposibilidad” de haber podido presentar una moción conjunta con el PNV, algo cuyas razones no ha explicado, votan a favor de su propuesta porque consideran que es “la única forma de hacer frente a la actitud autoritaria del PSE-EE y del alcalde de Eibar”. “Ante la decisión tomada de forma unilateral nuestro grupo considera que se necesitan acuerdos y procesos abiertos de partipación, por eso hemos intentado presentar una moción conjunta con el PNV. El pueblo necesita acuerdos, diálogo y escucha activa y que se tenga en cuenta la opinión de todos los ciudadanos y no solo la de unos pocos”, ha concluido la concejala.

Mientras se celebraba el pleno extraordinario, decenas de personas se han manifestado frente al Ayuntamiento de Eibar, al igual que lo hicieron el martes pasado, contra la celebración de la sokamuturra en el municipio guipuzcoano convocados por la plataforma ciudadana Sokamuturra Ez Eibar. “Eibar fue durante casi diez años un municipio sin sokamuturra. Queremos recordar que la desaparición de la sokamuturra en Eibar no fue casual: fue fruto de años de movilización y sensibilización ciudadana que consiguieron avanzar hacia unas fiestas sin animales, llegando incluso a conseguir el cierre de la plaza de toros. Sin embargo, este año el alcalde ha decidido de forma unilateral incluir en el programa festivo no una, sino tres sokamuturras consecutivas, sin consenso social ni político suficiente y utilizando argumentos que consideramos que no reflejan la realidad, como afirmar que la juventud lo ha pedido”, denuncian desde la plataforma animalista.

En este sentido, desde la plataforma insisten en que “el maltrato animal y las prácticas que lo fomentan no deben de ser objeto de debate como no lo es ningún tipo de violencia contra cualquier ser humano” y que “todo tipo de práctica que lo fomente debe ser rechazada y expulsada del espacio público”. “¿Qué mensaje educativo se transmite a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que aprenden de aquello que se normaliza en los espacios públicos? Hay otras alternativas de ocio para reemplazar a la sokamuturra como juegos de cuadrillas o pelota”, sentencian.

La localidad guipuzcoana de Eibar lleva casi una década, desde el año 2018, sin celebrar la sokamuturra, un festejo taurino popular tradicional de Euskadi que consiste en soltar una vaca o novillo por las calles, atado a una soga, en San Juanes. Sin embargo, este año, al igual que se hace en municipios como Durango, Azpeitia, Tolosa, Pasaia o Getxo, el Ayuntamiento con el PSE-EE al frente, ha decidido retomarlo en su programa de fiestas con tres sesiones de sokamuturra organizadas para el 21, 24 y 25 de junio. Con el objetivo de que se cancelen y en su lugar se propongan actividades “libres de maltrato animal”, el Ayuntamiento de Eibar debatirá en un pleno extraordinario una moción presentada por la plataforma ciudadana Sokamuturra Ez Eibae a través de los grupos municipales EH Bildu y de la coalición de Podemos, IU y Equo.

Desde la plataforma, detallan que “mediante estos grupos y también el PNV”, quien apoya que se debata de manera urgente, se ha forzado una sesión extraordinaria para su debate, aún sin fecha concreta. Por ello, han querido agradecer a los partidos su “apoyo en este camino”. “En tan solo un fin de semana más de 600 personas han firmado una petición para reclamar la cancelación de la sokamuturra y no tenerlas en cuenta supondría una imposición”, reconocen desde la plataforma animalista, quienes han enviado una carta al alcalde, Jon Iraola, y al concejal de Cultura, Andoni Zabala para que “den marcha atrás” y han convocado una movilización el próximo 16 de junio a las 19:00 en la Plaza Unzaga contra esta “decisión unilateral”.

“Eibar fue durante casi diez años un municipio sin sokamuturra. Queremos recordar que la desaparición de la sokamuturra en Eibar no fue casual: fue fruto de años de movilización y sensibilización ciudadana que consiguieron avanzar hacia unas fiestas sin animales, llegando incluso a conseguir el cierre de la plaza de toros. Sin embargo, este año el alcalde ha decidido de forma unilateral incluir en el programa festivo no una, sino tres sokamuturras consecutivas, sin consenso social ni político suficiente y utilizando argumentos que consideramos que no reflejan la realidad, como afirmar que la juventud lo ha pedido”, denuncian desde la plataforma animalista.

La moción presentada, además de la cancelación de la sokamuturra, propone además que el Ayuntamiento “no vuelva a organizar, financiar, subvencionar ni colaborar con actos en los que exista maltrato animal”, y que los criterios de programación festiva se acuerden en la Comisión de Fiestas con cauces de participación ciudadana. Además, en la moción se insta al Consistorio a “organizar actividades lúdicas, musicales o de otra índole” en sustitución de la sokamuturra. “En la ciudad armera se llegó a un consenso que excluía este tipo de actividades basadas en el maltrato animal. Reclamamos a Iraola y Zabala valentía para alejarse de la influencia de su partido, puesto que el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, es un eibarrés reconocido por su afición taurina. La protección animal debe estar por encima de las siglas políticas, les instamos a volver al consenso alcanzado, ya que recuperar la sokamuturra supone un retroceso en Eibar”, reprochan los activistas, haciendo referencia a la afición de Andueza por los festejos taurinos, que él mismo reconoce en su libro 'Los toros, desde la izquierda', publicado en 2020.

En este sentido, desde la plataforma insisten en que “el maltrato animal y las prácticas que lo fomentan no deben de ser objeto de debate como no lo es ningún tipo de violencia contra cualquier ser humano” y que “todo tipo de práctica que lo fomente debe ser rechazada y expulsada del espacio público”. “¿Qué mensaje educativo se transmite a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que aprenden de aquello que se normaliza en los espacios públicos? Hay otras alternativas de ocio para reemplazar a la sokamuturra como juegos de cuadrillas o pelota. También alternativas populares como las del txosnagune o las del recién cerrado gaztetxe. Es irónico que mientras la Ertzaintza desalojaba el gaztetxe, alcaldía decidía recuperar la sokamuturra”, lamentan.

Según denuncian, el intento de recuperación de la sokamuturra “no es un hecho aislado”. “Hace aproximadamente unaño, en mayo de 2025, el Ayuntamiento de Eibar aprobó la cesión gratuita durante 10 años de un local municipal a una peña taurina. La imposición ahora de tres sokamuturras supone un segundo paso en la reintroducción y fortalecimiento de la tauromaquia en un municipio que llevaba casi una década avanzando hacia unas fiestas sin animales. La ciencia ha demostrado que los animales utilizados en estos espectáculos sufren física y psicológicamente: miedo, estrés, intentos de huida, caídas y una situación de absoluta indefensión. No son objetos de entretenimiento. Son animales capaces de sentir. Denunciamos también que este tipo de espectáculos responde a intereses económicos muy concretos de sectores minoritarios vinculados a las ganaderías de lidia, que buscan aumentar el número de eventos y sus beneficios con el apoyo de determinados responsables políticos. Es un modo de actuar que también estamos viendo en otros ámbitos, como la próxima aprobación de la llamada ley taurina infantil en el Parlamento Vasco”, lamentan.

Por ello, exigen que se cancelen las sesiones de sokamuturra organizadas para el 21, 24 y 25 de junio durante las fiestas de San Juan y que se plantee otra actividad que no incurra en maltrato animal. “Queremos fiestas modernas, participativas, igualitarias y sin sufrimiento. Fiestas en las que todas las personas podamos disfrutar sin utilizar animales como diversión. Existen muchas alternativas culturales, deportivas y populares para celebrar sin violencia. Esta petición no es un disparate, se basa en la ciencia. El maltrato animal no tiene cabida en Eibar y el alcalde, Jon Iraola, debe dar marcha atrás en este retroceso en la defensa del bienestar animal”, concluyen los colectivos animalistas.

Por su parte, desde el PSE-EE critican la “hipocresía” de EH Bildu en relación con la sokamuturra y exigen “coherencia política”, debido a que es una actividad que también se desarrolla en municipios gobernados por la coalición de la izquierda abertzale, como Azpeitia o Tolosa. “Pedimos a EH Bildu que deje a un lado la hipocresía. Si EH Bildu está tan en contra de este tipo de actividades, quizá debería empezar por pedir su retirada en aquellos municipios donde gobierna y donde también se celebran. La coherencia política debe aplicarse en todos los sitios, no solo cuando toca hacer oposición en Eibar”, aseveran.

Una bueyada infantil es un festejo popular taurino, similar a un encierro tradicional, pero adaptado para niños y adolescentes. En este tipo de actividades, los más jóvenes corren, guían o interactúan con bueyes y novillos pequeños, por lo general mansos y domados.

No obstante, la convocatoria de este tipo de festejos con participación de menores es cada vez más polémica, por ser contraria a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

La polémica ha vuelto a surgir con motivo de una convocatoria en el municipio toledano de Yeles, donde está prevista una bueyada infantil el próximo domingo, 14 de junio. Es el propio Ayuntamiento quien la organiza, como refleja el cartel del acto.

Es el motivo por el que la Fundación Franz Weber ha reclamado al Consistorio local la suspensión de esta actividad taurina, puesto que a ello se suma el acceso de menores como espectadores a las sueltas de reses previas. Esta ONG recuerda que en 2018 el mencionado Comité pidió al estado español evitar la participación o presencia de niños y adolescentes en la tauromaquia.

“Para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia”, dice el documento.

En agosto de 2023 el organismo de expertas y expertos de Naciones Unidas incluyó una referencia en el Comentario General nº 26, sobre el ‘Derecho a no sufrir ningún tipo de violencia’: “Los niños deben ser protegidos de todas las formas de violencia física y psicológica y de la exposición a la violencia, como la violencia doméstica o la infligida a los animales”.

Para la Fundación, estas peticiones tienen un “encaje evidente” en “la exposición a la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes”, tanto en formato de participación directa como en la “asistencia de espectadores al resto de actos taurinos programados”.

“Además del evidente riesgo de que el niño sufra angustia e incluso efectos traumáticos originados por la exposición de escenas de agresiones violentas hacia humanos y animales, la exposición a la violencia en la infancia puede contribuir a la normalización de la violencia y fomentar actitudes de aceptación de la agresión”, concluyen.

Este periódico ha pedido al Ayuntamiento de Yeles su valoración sobre la convocatoria de la bueyada y la denuncia de la Fundación, sin que por el momento haya habido respuesta.

¿Qué dice el reglamento castellanomanchego?

En Castilla-La Mancha, la participación y el acceso de los menores a los festejos taurinos se rigen por el Reglamento de Espectáculos Taurinos. En este documento no se detalla una edad mínima específica para asistir a este tipo de festejos, y remite a la Ley de Espectáculos Públicos de la comunidad autónoma, que data de 2011, que tampoco lo prohíbe expresamente, pero sí establece que debe garantizarse “la integridad física, psíquica o moral” de los menores de edad.

El Ministerio de Juventud e Infancia ha propuesto reformas legales para prohibir de forma expresa la entrada y participación de menores en eventos donde se ejerza violencia contra animales, lo cual ha generado un fuerte rechazo por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha y asociaciones taurinas, quienes defienden la libertad de elección y el relevo generacional.

La Fundación Franz Weber ha criticado este sábado la“ ”insistencia“ del Ayuntamiento de Logroño por subvencionar y apoyar actividades taurinas en el marco de las Fiestas de San Bernabé, así como el interés por el acceso de personas menores de edad y su participación directa en alguna de estas convocatorias. Según resaltan, el Gobierno local ha presentado más actividades taurinas con respecto a 2025, incorporando este ejercicio una ”exhibición de lidia“, una suelta de becerras y una suelta de vaquillas, algunas de ellas con acceso gratuito.

Tal y como presentó el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, el Ayuntamiento ha incorporado una “muestra de toreo de tres novilleros riojanos” además de la habitual suelta de reses bravas, justicando uno de los votos de San Bernabé que dice: “En la fiesta de San Bernabé, se han de correr tres o cuatro toros, matando uno o dos de ellos, y ofreciéndolo al día siguiente en una honrada comida o merienda, junto con pan y vino”.

Tras esta exhibición de lidia, en la que participarán los tres novilleros riojanos, se llevará a cabo la habitual suelta de reses bravas, con una primera tanda de vaquillas para exhibición de recortadores, una suelta de vaquillas para público general y, por último, una suelta de becerras para los aficionados más jóvenes. El acceso a la plaza de toros el día 11 será gratuito.

Esta es precisamente la segunda cuestión que preocupa a los naturalistas,“ la dinámica de soporte del consistorio a la entrada de menores y a su visualización de violencia explícita, además de posibles cogidas a las personas participantes”, según han manifestado. A ello se suma la vinculación de la declaración como “Fiesta de Interés Turístico Nacional”, concesión de la Secretaría de Estado de Turismo de 2015 que facilita que cualquier actividad de la misma, como la propia novillada, pueda incorporarse a las campañas que se realicen para promover el turismo fuera de España. “Esta etiqueta vulnera el Código Ético Mundial del Turismo, la Convención Internacional sobre Derechos del Niño y la normativa autonómica sobre protección de la infancia y la adolescencia”, dicen desde la Fundación.

Así, según remarca la Fundación Franz Weber, no solo se vulneran las recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, también el artículo 2 del Código Ético, cuando las actividades turísticas no se encaminan a “promover los derechos humanos y, en particular, los derechos específicos de los grupos de población más vulnerables, especialmente los niños”

Un hombre de 40 años resulto herido este viernes en el primer encierro de las fiestas de San Isidro de Alfaro. La víctima fue arrollada por la manada de toros quedando inconciente en el suelo, mientras el resto de corredores hicieron una barrera para protegerlo. El recurso de Cruz Roja que se encontraba realizando un servicio preventivo durante el festejo taurino alertó a SOS Rioja y trasladó al herido al Hospital de Calahorra.

Ante este suceso, la Fundación Franz Weber ha denunciado que fue presenciado por personas menores de edad desde las talanqueras y balcones. La ONG ha confirmado “la presencia de niños en estas zonas, contemplando sin obstáculos toda la escena de violencia” y ha reiterado su queja porque la reglamentación de tauromaquia de La Rioja no impida que menores presencien situaciones de este tipo y que, como en este caso, “puedan ver el contexto de sufrimiento de uno de los participantes”.

“El propio consistorio difundió la convocatoria a través de sus redes sociales institucionales, donde se pueden comprobar incluso actividades taurinas dirigidas a niñas, niños y adolescentes”, critica la Fundación, que subraya que “contemplar una cornada o una cogida que provoca lesiones de diferente intensidad no parece que sean situaciones aceptables que un niño de corta edad pueda visualizar, ni que estos contextos vayan a tener un impacto positivo en las vivencias personales, ni en su desarrollo psicosocial y moral posterior”.

 FFW recuerda que el pasado mes de febrero el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas advirtió nuevamente a España por la presencia y participación de personas menores de edad en la tauromaquia. El párrafo exacto, enmarcado en el capítulo relacionado con Violencia contra los niños (artículos 19, 24 (3), 28 (2), 34, 35, 37 (a) y 39 de la Convención y el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía) señala: “Preocupado por el hecho de que los niños sigan presenciando la violencia y la muerte de los participantes durante las fiestas taurinas populares que se celebran en todo el Estado parte, el Comité reitera sus recomendaciones anteriores y recomienda que el Estado parte, tanto a nivel estatal como de las comunidades autónomas, establezca la edad mínima de 18 años para participar en eventos, festivales y escuelas taurinas, sin excepción, y lleve a cabo actividades de sensibilización entre los funcionarios públicos, los medios de comunicación y la población en general sobre los efectos negativos que tiene en los niños, incluidos los espectadores, la violencia asociada a las corridas de toros”.

La ONG internacional ya advirtió en situaciones similares que niños, niñas y adolescentes “reciben un refuerzo positivo en forma de apoyo y comentarios por parte de familiares y otras personas durante las situaciones de riesgo para la vida de los participantes directos”. Para la fundación, “Esto supone un claro acercamiento a la violencia y su exposición, contribuyendo a trivializar en el futuro el maltrato infringido a animales, e interiorizar el supuesto ”heroísmo“ de las personas lesionadas o fallecidas”.

Por ello, FFW considera que “tanto el Ayuntamiento de Alfaro, en su papel de patrocinador de los actos taurinos, como los promotores, son corresponsables de cualquier impacto social y psicológico posterior en los menores presentes”.

Una ganadera de Villafranca de Ebro ha presentado un recurso de alzada contra la última resolución sanitaria del Gobierno de Aragón en materia de festejos taurinos, al considerar que le exige condiciones “de imposible cumplimiento”. La normativa autonómica, asegura, le obliga a vacunar a sus reses para poder desplazarse y, al mismo tiempo, le prohíbe acceder a las vacunas por encontrarse en zona libre, lo que deja su actividad en un “callejón sin salida legal”.

La titular de una explotación de ganado de lidia en Zaragoza, Natalia Moreno, ha iniciado acciones administrativas solicitando la nulidad de la reciente resolución publicada el 21 de abril en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), al entender que vulnera sus derechos y bloquea su actividad económica, lo que resume “es una ruina absoluta”. La ganadera sostiene que la nueva normativa endurece de forma “arbitraria” las condiciones sanitarias justo en el momento en que solicitó autorización para participar en festejos taurinos en la provincia de Huesca.

Según su relato, el conflicto se origina tras varias reuniones mantenidas con responsables autonómicos en las que se le trasladó verbalmente la imposibilidad de realizar estos desplazamientos durante meses, pese a que la normativa vigente en ese momento contemplaba un horizonte más flexible. Ante esta situación, registró formalmente una solicitud de movimiento de ganado y vacunación voluntaria el 15 de abril.

Sin embargo, ese mismo día —según denuncia— la Administración firmó una nueva resolución que introduce la obligatoriedad de vacunar a los animales para permitir su traslado. El problema, argumenta, es que dicha exigencia resulta imposible de cumplir, ya que la propia Administración le niega el acceso a las dosis al encontrarse su explotación en una zona considerada libre de la enfermedad.

La ganadera considera que esta actuación constituye un caso de “mala fe administrativa” y una vulneración del principio de confianza legítima, al modificarse las reglas sin responder previamente a su solicitud. Además, denuncia un agravio comparativo con otras comunidades autónomas como La Rioja o la Comunidad Valenciana, donde sí se permiten desplazamientos de ida y vuelta en el mismo día bajo estrictas medidas de bioseguridad.

En su recurso, también apela al protocolo nacional del Ministerio de Agricultura, que contempla excepciones para explotaciones no vacunadas mediante evaluaciones de riesgo, controles veterinarios y medidas como la desinsectación. A su juicio, Aragón estaría ignorando este marco estatal y aplicando restricciones más severas sin justificación técnica.

La situación, advierte, no solo afecta a su explotación, sino que supone un perjuicio económico directo al impedirle cumplir más de veinte contratos ya previstos. Por ello, ha solicitado una autorización excepcional urgente para poder continuar con su actividad y, de no obtener respuesta, anuncia acciones legales y reclamaciones por daños y perjuicios.

Asimismo, ha pedido la suspensión cautelar de la resolución recurrida, al considerar que provoca un perjuicio irreparable basado en requisitos que califica de inviables. La ganadera, propietaria de 250 reses, insiste en que no solicita privilegios, sino la aplicación de soluciones técnicas ya utilizadas en otras regiones y avaladas por el propio Ministerio.

Fuentes del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación han explicado que se trata de una normativa de la Unión Europea que impide que las ganaderías de zonas limpias de Dermatosis Nuclear Contagiosa (DNC) puedan entrar en zonas de vacunación como es Huesca sin la necesidad de vacunación ni los 28 días hasta alcanzar la inmunidad. Además, alegan que se ha atendido en diversas ocasiones a dicha ganadería y se les ha explicado que nos es decisión del Gobierno de Aragón “sino que nos limitamos a cumplir con el reglamento europeo de sanidad animal”.Con respecto a la flexibilidad de protocolos en otras comunidades autónomas, el Departamento diferencian los casos de La Rioja y Valencia porque su situación es diferente, “donde no han sufrido casos de de DNC ni están limitados por la zona de vacunación”.

La Junta de Castilla y León no sancionará ni a la Escuela Taurina de Salamanca ni al Ayuntamiento de Ledesma o a la Diputación (Salamanca) que permitieron torear a un menor de 15 años en el Bolsín Taurino de marzo de 2024. El menor tenía 14 años en el momento del certamen, y el propio Ayuntamiento reconoció este “error administrativo” en agosto de 2024 en un escrito oficial. Sin embargo, la Junta de Castilla y León no activó el proceso sancionador. En enero de 2026, el Procurador del Común —el Defensor del pueblo autonómico, que también ostenta la responsabilidad sobre la Transparencia con los mismos recursos económicos y humanos— pidió incoar un procedimiento sancionador “para depurar las presuntas responsabilidades”. Pero no se ha hecho al final.

La Consejería de Medio Ambiente, que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha aceptado el escrito del Procurador del Común y ha valorado la posibilidad de incoar el procedimiento sancionador por dos infracciones graves al contravenir las bases del certamen taurino: una persona no habilitada para la lidia intervino en el espectáculo y se incumplieron las condiciones establecidas en la normativa municipal, que en el caso de Ledesma se limitó a mayores de 15 años. Sin embargo, el departamento de Suárez-Quiñones no ve factible iniciar el proceso sancionador porque, como el bolsín taurino se celebró en 2024, las infracciones habrían prescrito. El Procurador del Común, por lo tanto, ha dado por finalizada su intervención y ha archivado el expediente.

Así, quedará impune que, en una serie de “errores” de la Escuela Taurina, el Ayuntamiento de Ledesma o la Diputación de Salamanca, un chico de 14 años participara en un evento taurino a pesar de que no estaba permitido hacerlo hasta no haber cumplido los 15 años, un hecho que se consideró probado e “irregular”, puesto que las normas eran muy claras al respecto. El Ayuntamiento “debía haber excluido, descalificado o denegado la participación del joven seleccionado por la Escuela Taurina por incumplir tal requisito. Este acto hubiera garantizado la legalidad del evento y la seguridad del menor admitido”, zanjó el Procurador del Común hace unos meses. Además, el Ayuntamiento de Ledesma ya subió la edad mínima desde el año pasado hasta los 16 años, según su normativa.

Una documentación que no se sabe quién revisó

Este alumno, que entonces tenía 14 años, estaba en la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, donde los padres de dos menores han denunciado que sus hijos han sufrido acoso sexual por parte de compañeros y acoso de un profesor hacia un alumno. Esta Escuela proponía a los alumnos para que participaran en los diferentes bolsines. Las normas del espectáculo taurino obligaban a que los más pequeños tuvieran como mínimo 15 años cumplidos el último día de la inscripción y las candidaturas de los novilleros debían ir acompañadas de su “currículum taurino” con fotocopia del DNI o pasaporte, copia del carnet de novillero del Ministerio de Cultura y el documento de afiliación a la Seguridad Social. Los menores de edad también debían presentar una autorización escrita de los progenitores o tutores legales.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento (PP) han derivado las responsabilidades a la Diputación de Salamanca (PP) a pesar de que  las bases del concurso establecían que el DNI, el “currículum taurino” y la autorización del tutor responsable del menos debían enviarse al correo electrónico del Ayuntamiento. Sin embargo, el alcalde defendió que esos datos no los tramitaban ellos. Al no tramitarse ningún expediente sancionador, no se ha hecho público qué institución o entidad era la responsable de vigilar que todos los participantes cumplieran con los requisitos necesarios.

“Sus responsables debían conocer la edad del menor, al estar obligados a disponer del libro de alumnos con sus datos de identificación registrados”, señalaba el Procurador del Común. A pesar de que las resoluciones no son de obligado cumplimiento, es habitual que las Administraciones públicas acaten las recomendaciones e instancias del Procurador del Común.

La Diputación entrega anualmente una subvención de 3.000 euros a la “Asociación Bolsín Taurino Ayuntamiento de Ledesma” porque considera que estos bolsines, “y concretamente el desarrollado por el Ayuntamiento de Ledesma”, son “parte importante de la identidad” de Salamanca y “un escaparate sin igual para que los jóvenes novilleros se muestren su buen hacer y así conseguir oportunidades que les validen en su camino y formación como matadores de toros, siendo esta la meta y aspiración de todos ellos”. El área de Cultura de la Diputación de Salamanca entrega 21.900 euros anuales en subvenciones directas (para los bolsines de Alba de Tormes, Ciudad Rodrigo, Ledesma, Parada de Rubiales y el Museo Taurino de Salamanca) y otros 190.000 euros en concurrencia competitiva para que los Ayuntamientos organicen novilladas con la participación de alumnos de la Escuela de Tauromaquia. Cada uno de esos bolsines tiene una normativa determinada y limita la edad de participación, que en Castilla y León es como mínimo de 14 años. Igual que en Ledesma era de 15 años la edad, mínima, en otros municipios como Candeleda (Ávila), Alba de Tormes o Ciudad Rodrigo (Salamanca), la edad mínima de participación es de 16 años.

Por un error en la revisión del artículo, se tituló 'Castilla y León deja sin sanción al Ayuntamiento de Salamanca por dejar torear a un menor de 15 años al expirar los plazos'. El Ayuntamiento de Salamanca no tiene nada que ver con esta situación.

El Gobierno en funciones del PP en Aragón sigue redoblando su apuesta por los eventos taurinos. La Dirección General de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón ha puesto en marcha este lunes el curso de formación 'Presidencia de las plazas de toros en Aragón', dirigido a las personas que ejercen esta función en los municipios con plazas de toros de tercera categoría de la comunidad autónoma.

Aragón cuenta con 42 municipios con plazas de toros de tercera categoría –19 en la provincia de Zaragoza, 2 en la de Huesca y 21 en la de Teruel–, lo que según el Ejecutivo autonómico “pone de relieve la importancia de esta figura en el ámbito local y la necesidad de contar con una formación específica para el correcto ejercicio de sus funciones”.

Los trabajos de la Comisión Consultiva Aragonesa de Asuntos Taurinos, integrada por representantes del Gobierno autonómico y del sector taurino, han puesto de manifiesto la necesidad de una formación específica, adaptada a la realidad normativa y organizativa de Aragón, para quienes ejercen la presidencia de estos festejos. Esta iniciativa ha sido desarrollada por Interior, cuyo director general, Miguel Ángel Clavero, ha realizado la inauguración del curso acompañado por la jefa de Servicio Ana Picot y el jefe de la Policía Adscrita de Aragón, Félix Jodrá.

El objetivo del curso es reforzar el conocimiento de la normativa vigente y ofrecer una formación especializada que contribuya al adecuado ejercicio de la presidencia de los espectáculos taurinos, una función que conlleva una elevada responsabilidad y resulta clave para garantizar el correcto desarrollo de los festejos y el cumplimiento de la legalidad.

De acuerdo con el Reglamento de Espectáculos Taurinos de Aragón, en los municipios con plazas de toros de tercera categoría, no permanentes o portátiles, la presidencia de los festejos corresponde al alcalde o alcaldesa, salvo delegación en un concejal o concejala o en una persona aficionada a la fiesta taurina con la preparación y experiencia necesarias. El presidente del espectáculo es la autoridad responsable de dirigir el festejo y velar por su normal desarrollo conforme a la normativa aplicable.

Cuatro sesiones

El curso se celebra los días 16 y 23 de marzo, y 6 y 13 de abril de 2026, en horario de 17.00 a 21.00 horas, en la Residencia Pignatelli, en Zaragoza. Como complemento práctico a la formación teórica, el 8 de abril se ha programado una visita formativa a la ganadería de lidia Los Maños, situada en el municipio zaragozano de Luesia.

El equipo docente está integrado por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito taurino y administrativo, entre ellos catedráticos universitarios, miembros de equipos gubernativos de plazas de toros, responsables de presidencias de plazas de primera categoría, personal de la Policía Nacional adscrito a la Oficina de Asuntos Taurinos y profesionales del sector.

El curso cuenta con 40 personas inscritas, principalmente alcaldes y concejales de municipios de las provincias de Teruel y Zaragoza, así como aficionados y personal vinculado a la administración local. La formación permitirá además compartir experiencias y criterios de actuación entre quienes ejercen responsabilidades en la organización de festejos taurinos.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Aragón refuerza la formación de las personas que ejercen funciones de autoridad en los festejos taurinos y contribuye a garantizar su adecuado desarrollo conforme a la normativa vigente.

Plazas de tercera categoría

Las plazas de tercera categoría en provincia de Huesca son la de Altorricón y Barbastro; y las de la provincia de Teruel se ubican en Albalate del Arzobispo, Albarracín, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Bronchales, Calamocha, Calanda, Calomarde, Cella, Escucha, Frías de Albarracín, Griegos, Guadalaviar, Muniesa, Noguera de Albarracín, Orihuela del Tremedal, Santa Eulalia del Campo, Utrillas, Valderrobres y Villar del Cobo.

Las de Zaragoza son Alhama de Aragón, Alagón, Ateca, Ariza, El Burgo de Ebro, Cariñena, Calatayud, Cuarte de Huerva, Daroca, Ejea de los Caballeros, Figueruelas, La Muela, Maella, Pina de Ebro, Ricla, San Mateo de Gállego, Tauste, Tarazona y Zuera.

La Fundación Franz Weber ha reclamado al Ayuntamiento de Calahorra evitar el acceso de personas menores de edad como espectadoras en los encierros previstos durante las celebraciones de San Emeterio y San Celedonio. Denuncian que, poco después de la nueva advertencia del Comité de los Derechos del Niño, el Gobierno local “no ha dispuesto ninguna medida de sensibilización o prevención para que menores puedan visualizar actividades de reconocida violencia contra animales y, eventualmente, contra participantes”.

La ONG explica que el Comité de Naciones Unidas “dejó muy claro” que niñas, niños y adolescentes no deben participar en ningún formato de la tauromaquia en sus Observaciones Finales, publicadas el pasado día 6. Textualmente, señalaron: “Preocupado por el hecho de que los niños sigan presenciando la violencia y la muerte de los participantes durante las fiestas taurinas populares que se celebran en todo el Estado parte, el Comité reitera sus recomendaciones anteriores y recomienda que el Estado parte, tanto a nivel estatal como de las comunidades autónomas, establezca la edad mínima de 18 años para participar en eventos, festivales y escuelas taurinas, sin excepción, y lleve a cabo actividades de sensibilización entre los funcionarios públicos, los medios de comunicación y la población en general sobre los efectos negativos que tiene en los niños, incluidos los espectadores, la violencia asociada a las corridas de toros”

El organismo salió al paso de la revisión de España con hasta cuatro intervenciones que señalaban los efectos negativos sobre niñas, niños y adolescentes de presenciar violencia ejercida sobre animales. Durante las preguntas a la delegación española los miembros del CDN resaltaron la existencia de estudios que advertían sobre estas situaciones para el desarrollo social, psíquico y físico.

El programa de fiestas de Calahorra incorpora varios encierros a los que pueden acceder menores en diferentes espacios, una situación que los naturalistas consideran “dañina e innecesaria”. “Lo que se ofrece como una actividad tradicional en realidad busca normalizar ciertas prácticas nocivas sobre animales, trivializando que maltratar a un toro, una vaquilla o un eral, es una actividad aceptable si median cuestiones sociales, culturales o políticas”, ha explicado Rubén Pérez, coordinador de la campaña Infancia Sin Violencia. “Los menores aprenden a imitar prácticas violentas entre el refuerzo positivo de adultos, entre ellos sus propios familiares y referentes absolutos en su desarrollo psicosocial y moral”.