El grupo francés de telecomunicaciones Orange ha firmado este viernes un acuerdo vinculante para adquirir la participación del 50% de MasOrange que poseían aún los fondos KKR, Cinven y Providence por 4.250 millones de euros, lo que refrenda el primer pacto alcanzado el pasado 31 de octubre.

En un comunicado, Orange ha destacado que la operación “confirma su compromiso industrial a largo plazo en España”, pues consigue así tomar el control del cien por cien de MasOrange, puesto que ya contaba con la otra mitad.

La empresa francesa asegura que tiene “confianza” en la capacidad de MasOrange y su equipo directivo para crear valor para todas las partes interesadas una vez se consiga la plena integración del operador.

Según Orange, se espera que la transacción se complete durante el primer semestre de 2026, sujeta a las autorizaciones reglamentarias habituales y otras condiciones de cierre.

Al cierre del mes de septiembre, MasOrange tenía más de 33 millones de líneas, de las que 26,2 millones eran de móvil y unas 7,2 millones de banda ancha fija, de las cuales casi 7 millones eran de fibra óptica, según explicó la propia firma al presentar sus resultados del tercer trimestre.

Durante los primeros nueve meses de 2025, MasOrange ingresó 5.664 millones de euros, el 3,7% más que el año anterior, mientras que su ebitda (beneficio bruto de explotación) ajustado se incrementó en más de un 8 %, al alcanzar los 2.195 millones de euros, lo que supuso el sexto trimestre consecutivo de crecimiento desde su creación.

Salida a bolsa

El cierre de la fusión entre MásMóvil y Orange en España, una operación valorada en unos 18.600 millones de euros, se produjo a finales de marzo de 2024 y el acuerdo incluía una serie de condiciones en torno a la posibilidad de que Orange tomase el control de la nueva empresa entre los 24 y los 42 meses posteriores a la conclusión de la transacción.

Otra de las cláusulas apuntaba que la salida a Bolsa de la compañía estaría bloqueada durante los dos años posteriores al cierre de la operación, es decir, hasta abril de 2026.

La mayor teleco por volumen de clientes

La fusión de MásMóvil y Orange supuso, además de la creación de la principal teleco en España por volumen de clientes, con 37 millones entre banda ancha y móvil (33 millones a cierre de septiembre), el refuerzo de Digi, que ya es la cuarta operadora en el país. Sobre esto último, la aprobación de la fusión por parte de Bruselas estuvo sometida a determinadas condiciones ('remedies') que beneficiaron a Digi.

En concreto, la operadora rumana cerró un acuerdo de 120 millones de euros con MásMóvil para la adquisición de un total de 60 megahercios (MHz) de espacio radioeléctrico en distintas bandas de frecuencia.

Además, Digi cerró otro acuerdo con Orange por el que esta última le concedía a la operadora rumana la opción de celebrar en el futuro un “acuerdo de servicio de itinerancia nacional” para la prestación por parte de Orange a Digi de un servicio mayorista.

Cabe señalar también que poco después del cierre de la fusión de Orange y MásMóvil se llevó a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE) que finalmente se saldó con la salida de 609 trabajadores (473 salidas voluntarias y 136 despidos forzosos).

Euskaltel está de aniversario. La Fundación Euskaltel, que nació en el año 2000, tres años más tarde que la empresa de telecomunicaciones, cumple 25 años. Una cifra redonda que ha servido a la empresa, integrada en MasOrange, para cuantificar su aportación a la sociedad vasca, más allá de los resultados propiamente empresariales, y de paso, reivindicarse como empresa vasca con vocación de apostar claramente por Euskadi, pese a estar integrada en la gran multinacional. El presidente de Euskaltel, Jon Ander de las Fuentes, ha recordado el nacimiento de este operador, que era “más que una empresa de telecomunicaciones”, era un “proyecto de país, una iniciativa con alma, con una clara ambición de contribuir al progreso y desarrollo de Euskadi”, ha dicho. “Por muchos vaivenes que haya habido en Euskaltel”, ha señalado, “seguimos estando ahí. El negocio sigue presente, sigue con fuerza y seguiremos aportando todo lo que podamos a esta sociedad”, ha señalado.

De entrada, ha afirmado que MasOrange invertirá hasta 2027 un total de 240 millones, 80 millones anuales, fundamentalmente en Euskadi, y también en Navarra, principalmente en infraestructuras, tanto para culminar la transformación de la antigua red, -faltaría un 13% de clientes- y en el despliegue de 5G. Las marcas de la multinacional tienen en Euskadi y Navarra 600.000 clientes en servicios fijos y 1,5 millones en móviles, según los datos que han aportado.

Más allá de los datos económicos, Jon Ander de las Fuentes ha querido poner en valor la aportación social de Euskaltel Fundazioa desde su nacimiento en el año 2000 en diferentes áreas como el conocimiento de la tecnología, la lucha contra la brecha digital, la igualdad, la cultura, el euskera y, por supuesto, el deporte, con el equipo ciclista a la cabeza. Una contribución social que tendrá continuidad este año con la apertura de 'Euskaltel Digital Center', un centro en el que espera formar gratuitamente en distintas competencias digitales a 14.000 personas en 2026 y que se instalará en Bilbao.

Jon Ander de las Fuentes ha estado acompañado por la presidenta de Euskaltel Fundazioa, Luz Usamentiaga, y su directora, Nerea Enbeitia, además de Alfonso Echanove, miembro de Geaccounting y profesor universidad de Deusto, que ha sido el auditor del informe en el que se cuantifica el impacto socioecómico de la fundación en más de 27.000 millones de euros.

Según se contiene en el informe de ese total, 26.877 se corresponden con la aportación de la empresa, que consideran que es el “valor equivalente a la construcción de cuatro autovías”. Ahí se integra el empleo, las contrataciones a proveedores, las inversiones en infraestructuras, innovación tecnológica, formación y desarrollo de talento y el valor emocional, que cuantifican en 1.633 millones.

En lo que se refiere a la Fundación, cuantifican su impacto en más de 156 millones de euros: 98 millones en el fomento de la cultura, el deporte y la educación; 21 millones en valor aportado directamente a proveedores, centros educativos o iniciativas culturales; 20 millones en mercado directo, como la contratación de profesionales; y 18 millones de euros en valor emocional, “gracias a un valor intangible con las personas y colectivos que colabora fomentando y fortaleciendo el orgullo de pertenencia y la identidad local”.

Con estos datos, el presidente de Euskaltel ha señalado que la aportación de la compañía a Euskadi ha superado el “esfuerzo inicial” que se realizó para su puesta en marcha, fundamentalmente de la mano de la aportación pública. Ha señalado además que tras la OPA por parte de MasMovil en 2021, la empresa ha crecido “constantemente” en clientes y en servicios. “Hemos sigo capaces de mantener nuestros niveles de ingresos, recursos y actividad”, ha señalado.

El consejo de administración de Euskaltel ha nombrado como su nuevo presidente a Jon Ander de las Fuentes, actual director de Euskaltel y de MasOrange en Euskadi, en sustitución de Xabier Iturbe. A su vez, Luz Usamentiaga también pasa a presidir el Patronato de la Fundación Euskaltel, mientras que Meinrad Spenger continúa siendo el consejero delegado de la compañía.

En un comunicado, el operador vasco ha destacado que su nuevo presidente “cuenta con una amplia y exitosa trayectoria profesional vinculada históricamente a Euskaltel y a la economía vasca” y que estos cambios “responden a la nueva etapa” que inicia el operador vasco como marca de referencia del Grupo MasOrange en Euskadi, que, tal y como ha subrayado, “reafirma su compromiso” con Euskadi, donde va a invertir 200 millones de euros en un periodo de tres años.

Jon Ander de las Fuentes sucede en el cargo a Iturbe, al que el Consejo “ha agradecido su esfuerzo y dedicación durante estos años al frente de la compañía”, en los que ha obtenido “un gran número de éxitos relevantes como la supervisión de la integración en MasMovil y, posteriormente, en MasOrange. Además, el Consejo de Administración ha reconocido también su aportación al proyecto a Beatriz Mato, Iñaki Alzaga y Germán López, por su dedicación en estos años ”tan intensos en retos y transformaciones“ en el negocio y en la gobernanza de Euskaltel.

Tras estos cambios y acompañando a Jon Ander de las Fuentes, el nuevo Consejo de Euskaltel está compuesto por Meinrad Spenger, como consejero delegado, Cristina Sustacha, Ludovic Pech y Julio Gómez, como vocales, y Alberto Castañeda, como secretario del Consejo. De esta manera, MasOrange/Euskaltel inician “una nueva etapa tras la fusión entre Orange y MasMovil, renovando y reafirmando su compromiso con Euskadi, donde la inversión histórica del Grupo supera los 3.700 millones de euros, han subrayado.

Dichas inversiones se han destinado, principalmente, al desarrollo de “las más modernas redes de telecomunicaciones”, en el que está llevando a cabo un plan de inversión adicional a tres años que cuenta con un importe de 200 millones.

En palabras del nuevo presidente, “en Euskaltel iniciamos una nueva etapa comprometidos con el progreso tecnológico, la innovación y la digitalización de Euskadi. Vamos a seguir desarrollando las mejores redes de fibra y 5G, reafirmando nuestro papel clave como operador industrial, inversor, y generador de impacto positivo en el País Vasco”.

Además, Euskaltel ha renovado también la composición del Patronato de la Fundación Euskaltel que estará presidido a partir de este momento por Luz Usamentiaga, mientras que Nerea Enbeita asumirá la dirección de la Fundación.

Además, Idoia Uriarte, Jon Ander de las Fuentes, Julio Gómez, Ludovic Pech, Meinrad Spenger, Miguel Angel Suárez y Fernando Seco, han sido nombrados patronos de la Fundación, y Cristina Sustacha será la secretaria del Patronato.

La Fundación Euskaltel tiene como propósito la reducción de la brecha digital. Para ello promueve actividades de investigación, estudio y desarrollo tecnológico y facilita el acceso de la tecnología a todos los ciudadanos mediante la capacitación digital, la innovación y los acuerdos de colaboración con entidades que garanticen el aprovechamiento de las nuevas tecnologías en Euskadi.

El próximo año la Fundación cumple su 25 aniversario y, entre otras actividades, está prevista la apertura del “Euskaltel Digital Center” que se convertirá en el espacio de referencia de la Fundación para desarrollar actividades de formación en competencias digitales para descubrir talento y mejorar la empleabilidad y también como espacio de demostración de las posibilidades que ofrece nuestra tecnología para empresas y ciudadanos.

Las marcas de Euskaltel y MasOrange en Euskadi cuentan en el territorio con cerca de 2 millones de líneas. Además, más del 85% de los clientes de banda ancha son de fibra óptica.

En la actualidad, Euskaltel/MasOrange es el operador con mayor cobertura de banda ancha en Euskadi y llega con fibra óptica FTTH a más de 1,25 millones de hogares y negocios en el total de los 251 municipios vascos, lo que supone ofrecer cobertura de fibra a casi el 100%.

Orange y MásMóvil han dado a conocer este martes la identidad corporativa y la hoja de ruta de MásOrange, el grupo que a partir de ahora englobará a las dos telecos y todas sus submarcas. El pistoletazo de salida a la nueva corporación llega tras más de dos años de espera en los que tanto la Comisión Europea como el Gobierno han revisado minuciosamente cómo afectará a la competencia en el mercado de las telecomunicaciones y a sus clientes. Estas son algunas de las claves de esta nueva compañía, que se convierte instantáneamente en una de las mayores empresas del país y el peso pesado entre las telecos.

Un gran grupo, las mismas marcas comerciales

La fusión tiene un carácter mucho más corporativo que comercial. Orange y MásMóvil esperan que al crear un grupo matriz que las englobe puedan ahorrar costes superfluos, aplicar economías de escala y utilizar su mayor músculo financiero para lanzar inversiones y acometer proyectos tecnológicos. Pero de cara al cliente, sus marcas se mantendrán como hasta ahora.

Esto quiere decir que Orange y Yoigo serán las “marcas premium” del grupo, Jazztel y MásMóvil se enfocarán al mercado de bajo coste y Pepephone y Simyo continuarán siendo las operadoras móviles virtuales. Lebara, Lycamobile y Llamaya serán las marcas especializadas en clientes internacionales y Euskaltel, R, Telecable, Guuk y Embou, los operadores regionales.

Así lo asegura el grupo. En cualquier caso, en caso de que alguna de estas operadoras despareciera, los clientes migrarían a otra que forme parte del mismo grupo y se encargue del mismo segmento comercial con las mismas condiciones o el derecho a romper el contrato de manera unilateral.

Sin cambios en las tarifas (de momento)

No se prevén cambios en las marcas comerciales del grupo y tampoco en los precios. “Las marcas y sus tarifas se mantienen”, ha insistido Meinrad Spenger, fundador de MásMóvil y nuevo consejero delegado de MásOrange.“No tenemos previsto ahora mismo ningún cambio por la fusión. Cero. Cero patatero”, reiteraba Spenger este martes en rueda de prensa. “Ahora, a largo plazo las tarifas evolucionan, por supuesto”, deslizaba el ejecutivo a continuación.

Las mismas tiendas

La herencia de Orange y MásMóvil da al nuevo grupo un total de unas 1.500 tiendas físicas repartidas por España. MásOrange asegura que quiere mantenerlas todas. “Nadie tiene más tiendas que nosotros. Esto va a seguir siendo una apuesta muy firme porque creemos en la experiencia de 360 grados: la combinación de online, de call center y del canal físico”, ha dicho Spenger.

Sin despidos, pero con posibles bajas voluntarias

La nueva compañía tiene 8.500 trabajadores. Su dirección mantiene que no se iniciará ningún expediente de regulación de empleo ni se obligará a nadie a marcharse. Deja la puerta abierta, eso sí, a las bajas voluntarias o las jubilaciones anticipadas.

“Es un tema sensible. No tenemos previsto ningún plan forzoso de salida de personal. De salidas involuntarias, obligatorias. Nuestro espíritu es que todos los que quieran participar, puedan hacerlo”, ha expuesto el consejero delegado. “Si algunas personas no se ven en este proyecto, piensan que se acaba un ciclo, etc. pues analizaremos soluciones dentro del marco del diálogo social. Nosotros estamos orientados al consenso”.

Fibra a otros seis millones de hogares

El grupo se ha comprometido durante su lanzamiento a hacer inversiones de 4.000 millones de euros en España en los próximos tres años. Se concentrarán en el 5G, la fibra y la puesta en marcha de nuevos servicios. En concreto, MásOrange quiere llevar la fibra a otros seis millones de hogares incrementales, que se sumarán a los 29 millones que ya cuentan con estos servicios, así como elevar la cobertura 5G por encima del 90% de la población española.

Una de las 20 compañías con más ingresos de España

La suma de Orange y de MásMóvil da como resultado 30,2 millones de líneas de móvil, 7,3 millones de líneas de banda ancha y 2,3 millones de contratos de televisión. Representan unos ingresos de 7.400 millones de euros al año como punto de partida. No obstante, el nuevo grupo calcula que las sinergias de la fusión le reportarán unos 500 millones de euros más al año, especialmente por la optimización de las infraestructuras solapadas.

“Con este tamaño de empresa, si fuéramos una empresa cotizada estaríamos en el Ibex 35”, ha recordado a Spenger.

Posible salida a Bolsa

De hecho, la posible salida a Bolsa es un movimiento que el grupo no descarta en absoluto, aunque no a corto plazo. “Es muy difícil decir con certeza qué vamos a hacer en los próximos dos o tres años, pero es una opción. Nosotros en la antigua MásMóvil, aunque éramos una empresa más pequeña, ya estuvimos en el Ibex 35 y la experiencia fue muy positiva”, ha avanzado el CEO de MásOrange, que no obstante ha recordado que la actual fusión ha sido “mucho más sencilla” gracias al carácter privado de las dos empresas que la han promovido.

“Para nosotros en este momento era más seguro y estable actuar como empresa privada, pero esa es una opción [la de salir a bolsa] que hemos discutido entre accionistas. Incluso pueden estar abiertos todos a esta cuestión, pero no está asegurada. No se ha tomado ninguna decisión en firme y se va a discutir en unos años, cuando hayamos demostrado que somos una compañía exitosa, en crecimiento”, añadía.

Deuda de 12.500 millones

La principal misión financiera del grupo en esos dos o tres años a partir de los cuales podrá plantearse esa salida a bolsa será reducir su deuda y aumentar sus ingresos. La deuda actual de MásOrange es de 12.500 millones y su EBITDA (Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización, una medida que mide los ingresos operativos antes de tener en cuenta los gastos financieros) es de 2.650 millones.

El objetivo de la nueva compañía es hacer que su deuda sea de 3,5 veces su EBITDA (actualmente es de algo más del 4,7) en esos “dos o tres años”. Durante ese tiempo no distribuirá dividendos para lograrlo.

Crecimiento

El nuevo grupo pretende aumentar sus ingresos y hacerlo apoyándose no solo en los servicios de telecomunicaciones. Por un lado, MásOrange pretende aprovechar su nueva identidad corporativa y su posición como el gigante del mercado español para aumentar su negocio en el segmento de servicios a empresas y administraciones públicas.

Por otro, el grupo se define ahora como “empresa de servicios”. En esta categoría incluye la citada venta de dispositivos, pero pretende creer en la categoría de servicios financieros (impulsando el Orange Bank), seguros (relacionados con la protección de los móviles, como los seguros por rotura de pantalla), las alarmas y seguridad, la distribución de energía o la telemedicina.

Telefónica y Digi

La posición de MásOrange como nuevo gigante de las telecomunicaciones relega a Telefónica al segundo lugar, un puesto inédito para la compañía que ostentó el monopolio de las telecomunicaciones en España. Al perder su posición de liderazgo, Telefónica busca aprovechar la situación para presionar por una desregulación que le permita competir sin las restricciones que hasta ahora se le imponían, como el veto a la compra de otras compañías o la obligación de compartir algunos de sus servicios, como el fútbol, con el resto de operadoras.

Digi, por su parte, ha resultado ser uno de los beneficiarios clave de la fusión, aprovechando la venta de frecuencias radioeléctricas de Orange y MásMóvil. A la operadora rumana le corresponde ahora el papel de agitadora del mercado, como ha venido haciendo hasta ahora con sus tarifas de bajo coste sin necesidad de promociones. Este fortalecimiento puede beneficiar a los usuarios al fomentar la competencia de precios y presionar a los grandes grupos para mejorar las ofertas de sus marcas de bajo coste, que compiten directamente con Digi en términos de precios y servicios.

Se llamará MásOrange y tendrá el logo +O. Orange y MásMóvil han presentado este miércoles la nueva identidad corporativa resultante de su fusión, formada por la unión de los nombres de las dos telecos. El nuevo grupo se convierte en el principal aglutinador de servicios de telefonía de España y una de las veinte empresas más grandes del país por cifra de ingresos, con unos 7.400 millones de euros al año. Calcula que las sinergías de la unión le reportarán otros 500 millones anuales.

La fusión tiene un carácter más corporativo que comercial. Las múltiples marcas propiedad del grupo, tanto Orange como MásMóvil, así como Jazztel, Yoigo, PepePhone o Euskaltel seguirán manteniendo su identidad. “Queremos seguir con esta estrategia de multimarca y creemos que nos permite ofrecer nuestros servicios de forma óptima”, ha adelantado en rueda de prensa Meinrad Spenger, fundador de MásMóvil y nuevo consejero delegado del nuevo grupo de telecomunicaciones.

En total, las 14 marcas englobadas en MásOrange (nueve nacionales y cinco regionales) tienen una cuota de mercado del 42% del mercado en líneas de móvil y del 41% en líneas fijas. Spenger ha reiterado que los precios de las tarifas de sus actuales clientes también se mantendrán y que la fusión tendrá poco impacto es cómo desarrollan su negocio, más allá de ahorrar “costes superfluos”.

MásOrange se ha comprometido también a respetar las 1.500 tiendas físicas que tiene tras la fusión. “Nadie tiene más tiendas físicas que nosotros y va a seguir siendo una apuesta muy firme”, ha manifestado. Es también líder de todo el mercado de venta de dispositivos móviles, con 4,2 millones al año, que le suponen ingresos de más de 1.000 millones de euros a sus cuentas.

El grupo se ha comprometido este miércoles a “hacer inversiones entorno a los 4.000 millones de euros en los próximos tres años, especialmente en despliegues de 5G y fibra y en nuevos servicios”.

La fusión de las dos compañías suma 8.500 empleados. Spenger asegura que no habrá despidos. “Es un tema sensible. No tenemos previsto ningún plan forzoso de salida de personal. De salidas involuntarias, obligatorias. Nuestro espíritu es que todos los que quieran participar, puedan hacerlo”, ha manifestado, abriendo la puerta a otras vías como planes de prejubilaciones o salidas incentivadas “siempre dentro del diálogo social”.

Crecimiento

El nuevo grupo pretende aumentar sus ingresos y hacerlo apoyándose no solo en los servicios de telecomunicaciones. Por un lado, MásOrange pretende aprovechar su nueva identidad corporativa y su posición como el gigante del mercado español para aumentar su negocio en el segmento de servicios a empresas y administraciones públicas.

Por otro, el grupo se define ahora como “empresa de servicios”. En esta categoría incluye la citada venta de dispositivos, pero pretende creer en la categoría de servicios financieros (impulsando el Orange Bank), seguros (relacionados con la protección de los móviles, como los seguros por rotura de pantalla), las alarmas y seguridad, la distribución de energía o la telemedicina.

Otro de los puntos en los que Spenger ha hecho hincapié es en la capacidad de la nueva corporación para tener un mayor impacto en el sector tecnológico. Es algo que todas las grandes telecos europeas están intentando y una línea que MásOrange intentará seguir a partir de acuerdos de innovación tecnológica con los líderes del sector tecnológico e incorporando inteligencia artificial “para mejorar la experiencia de los clientes y la productividad”.

Orange y MásMóvil han cerrado este martes los flecos pendientes para sellar su fusión al 50% en España y, desde hoy mismo comenzarán a operar como una sola compañía. Según las estimaciones, se espera que la nueva compañía --de la cual todavía se desconoce su nombre comercial-- genere unas sinergias de alrededor de 490 millones de euros al año a partir del cuarto año posterior al cierre.

Asimismo, según las cuentas de cierre preliminares, los respectivos ingresos al cierre serán aproximadamente de 4.400 millones de euros para Orange y de unos 1.650 millones de euros para los accionistas de MásMóvil. La nueva teleco aún no ha desvelado cuál será su nombre comercial.

Con más de 37 millones de líneas entre banda ancha y móvil, la nueva entidad se convierte en el operador líder del mercado de las telecomunicaciones en España por número de clientes. “Tiene la ambición de liderarlo”, añade la nueva compañía en “términos de talento, experiencia de usuario, innovación e impacto social y medioambiental, así como en cobertura de fibra y móvil”.

Jean François Fallacher, actual CEO de Orange Francia, ha sido nombrado presidente no ejecutivo de la nueva compañía. Fallacher ejerció como CEO de Orange España entre septiembre de 2020 y abril de 2023. El consejo de administración ha confirmado también el nombramiento como CEO de Meinrad Spenger, que ha ejercido como director ejecutivo de MásMóvil desde 2006.

El grupo MásMóvil alcanzó unos ingresos totales de 2.979 millones de euros en 2023, lo que supone un incremento del 3% respecto a un año antes, si bien se anotó unas pérdidas de 240 millones de euros principalmente debido a impactos contables sin salida de caja como amortizaciones de equipamiento de red, IT o PPAs como consecuencia de la adquisición de Euskaltel.

El año pasado los ingresos por servicios telco del grupo aumentaron un 6,2% hasta alcanzar los 2.496 millones de euros, al tiempo que los ingresos de servicios alcanzaron los 2.734 millones de euros, un 3,3% más que el año anterior, según ha informado la compañía.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) Pre-IFRS, sin los principales ajustes puramente contables, alcanzó los 1.032 millones de euros durante el año pasado, un 3% más, mientras que el Ebitda ajustado se mantuvo estable y alcanzó los 1.189 millones de euros. El margen de Ebitda alcanzó el 40%.

En 2023, el grupo invirtió cerca de 437 millones de euros en infraestructuras y crecimiento comercial y demostró, según resalta la compañía, una creciente capacidad de generación de caja operativa, que ha llegado hasta los 594 millones, un 12% más.

“Estamos muy satisfechos por los resultados obtenidos en 2023, manteniendo un sólido nivel de crecimiento comercial con 650.000 líneas incrementales en banda ancha y móvil y consolidando nuestro liderazgo en ESG en las telecos en España y Europa, ha afirmado Meinrad Spenger, Consejero Delegado de la compañía. ”Una vez obtenidas todas las autorizaciones necesarias por parte de la Comisión Europea y del Gobierno de España, esperamos cerrar la fusión con Orange al final del primer trimestre para formar el operador con mayor número de clientes de nuestro país“, ha añadido.

El operador de telecomunicaciones Euskaltel, ahora parte del grupo MásMóvil y antes una entidad pública, continúa sus cambios como negocio privado y ahora ha lanzado un nuevo servicio de luz y gas dentro de su apuesta por “construir un ecosistema completo de servicios para el hogar”. En un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que, a partir de hoy, ofrece a sus clientes la posibilidad de contratar suministros de luz y gas junto con su actual oferta de servicios de telecomunicaciones.

Este nuevo paso se suma al que ya dio la compañía en el verano de 2022 con el lanzamiento de Euskaltel Alarmak, la alarma de Euskaltel conectada a la Ertzaintza y en la línea de otros servicios similares de Movistar, por ejemplo. El catálogo de productos ya no se queda en fibra, móvil, fijo o televisión, sino que abarca luz, gas natural y alarmas. La compañía ha indicado que, tras la estabilización del mercado energético, lanza desde este martes una propuesta que aspira a mejorar las condiciones actuales de la mayoría de sus clientes (0,118 euros/kWh para luz y 0,078 euros/kWh para gas), “a través de unas condiciones comerciales que les permitirán conseguir importantes ahorros”.

La compañía ha indicado que los clientes podrán optimizar su gasto gracias a una tecnología de análisis de consumo basada en inteligencia artificial con la que un 60% de los clientes del operador generarían ahorros solo por optimizar su potencia y podrán también aumentar esta cifra en caso de seguir una serie de consejos de ahorro personalizados. El operador ha señalado que la combinación del suministro de luz y gas, además de proporcionar ayuda con el control del consumo, es sostenible y cuenta con descuentos en la factura de telefonía para los clientes de Euskaltel.

Euskaltel surgió en 1995 con gran participación pública e impulso político vasco como alternativa vasca al monopolio de Telefónica. Con el tiempo, la compañía se ha ido privatizando. La Administración, por ejemplo, ya se desprendió de sus infraestructuras de telecomunicaciones. Desde 2021 es una marca más de MásMóvil, que en su día también tuvo origen vasco aunque enteramente privado. Ahora MásMóvil está fusionado con la francesa Orange una compañía que inicialmente estuvo ligada a Euskaltel y que luego acabó con un sonoro divorcio.

Un cliente busca una tarifa de móvil y fibra para su nueva vivienda. Teclea en el buscador “mejores ofertas de fibra y móvil” y aparecen distintos comparadores con multitud de marcas que dan servicio en su zona. En muchos casos, el consumidor elige entre las distintas opciones ajeno a que, en la práctica, la gran mayoría de esos nombres pertenecen a un grupo reducido de un compañías. Un grupo que tras la decisión de esta semana de la Comisión Europea de avalar la unión de Orange y MásMóvil va a ser todavía más reducido. La concentración es el principal efecto de esta operación para el mercado de la telefonía en España, pero como si fuera un dominó, va a provocar otras consecuencias para un sector marcado en los últimos años por rentabilidades bajas.

Comenzando por el principio. La Comisión Europea, tras un estudio de prácticamente un año y medio, ha aprobado esta semana la fusión de Orange y MásMóvil. La segunda operadora y la cuarta unidas en una misma compañía que nace valorada en 18.600 millones de euros. El visto bueno llegó con unas condiciones de desinversión que ya se habían comprometido hace unas semanas en favor de Digi, una pequeña operadora que ha ganado mucho protagonismo en los últimos tiempos arañando miles de clientes a las grandes compañías. La nueva empresa conjunta, repartida al 50% entre ambas compañías, echará a andar en el próximo mes, cuando el Gobierno dé su visto bueno.

“Lo estamos examinando con el máximo cuidado”, apuntó este viernes José Luis Escrivá, ministro de Transformación Económica y Función Pública, departamento del que dependen ahora las telecomunicaciones en el Gobierno. “Tras las autoridades comunitarias es nuestro momento y tenemos que analizarlo desde el plano nacional por el impacto que tiene en el espectro radioeléctrico”, añadió en un desayuno celebrado en la capital.

La consecuencia más inmediata y conocida de la fusión es que habrá menos actores relevantes a nivel nacional en España. Si hasta la fecha más del 90% del sector estaba en manos de cuatro compañías, ahora lo estará en tres. Esto es especialmente relevante en negocios como la telefonía móvil o el internet en el hogar. De hecho, este era el objetivo de las grandes compañías tanto a nivel nacional como europeo para mejorar sus márgenes. Menos actores y de mayor tamaño en el mercado limitan el efecto de pequeños grupos con su presión en precios.

No es la primera vez que esto ocurre. Ya hace años Orange y Vodafone, en un corto lapso de tiempo, adquirieron Jazztel y Ono respectivamente, lo que recuperaba la situación, con sus diferencias, que se vivía en el pasado cuando Telefónica, Airtel y Amena se disputaban un sector recién liberalizado. Sin embargo, de la anterior liberalización surgió un nuevo actor en el mercado: MásMóvil. Creció rápidamente gracias a las desinversiones a las que obligaron las autoridades de competencia a Orange y Vodafone. Las políticas comerciales basadas en el bajo coste y la adquisición de pequeñas compañías convirtió a este grupo en el cuarto competidor en el mercado.

Esto lleva a la segunda consecuencia de la fusión: un refuerzo a Digi. La compañía rumana tiene en España un negocio que no ha parado de crecer en los últimos años. Comenzó como una enseña dedicada a atender a migrantes residentes en España, pero ha ido ampliando sus ofertas y atrayendo a miles de clientes, a costa de las grandes empresas. Ahora, está llamada a suceder a MásMóvil para convertirse en el cuarto operador que agite la competencia en un sector altamente concentrado.

Así lo explicaba la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, en un comunicado. “La unión de Orange y MásMóvil amenazaba la competencia en el suministro minorista de servicios de internet móvil y fijo en España”, explicó. “Los compromisos ofrecidos por las partes permitirán a Digi, el operador con mayor crecimiento en España, replicar la fuerte presión competitiva ejercida por MásMóvil”, concluyó. Dicho de otro modo, la Comisión reconoce la “amenaza” para la competencia que tiene la operación y se encomienda a Digi para mantener la presión competitiva.

Digi cuenta actualmente con una cuota de mercado reducida en España, pero con un acelerado crecimiento. Así lo muestran las estadísticas del sector o los resultados de la propia compañía. Hasta septiembre estaba acumulando un crecimiento de más del 67% en cuanto al número de clientes en España, según los resultados publicados entonces por la propia compañía. A ello se han sumado los clientes que asumen tras una operación cerrada en fibra óptica en distintas provincias de Andalucía. Los ingresos en el país entre enero y septiembre se dispararon más de un 30%.

Ahora, la compañía invertirá 120 millones en adquirir parte del espectro radioeléctrico que estaba en manos de MásMóvil y se garantiza la posibilidad de usar las redes de la nueva compañía. Digi, a preguntas de este medio, evita ir más allá de aquel anuncio y elude valorar el resultado de la fusión de Orange y MásMóvil. Si bien, tanto su dirección en España como la de la matriz han mostrado en el pasado la intención de seguir creciendo en este mercado incluso en el caso de no haberse materializado la operación de la que ahora se beneficiarán.

Nuevo escenario para Telefónica

Indirectamente, la tercera consecuencia de la fusión afecta a Telefónica. Digi funciona hasta ahora gracias al alquiler de las redes de Telefónica en un contrato que se mantiene desde hace años. Sin embargo, en la operación con Orange-MásMóvil se garantiza la posibilidad de usar sus redes. Esta opción llevaría a dejar de ser cliente de Telefónica o a renegociar su contrato para obtener mejores condiciones. Esto último es lo que ya está intentando la compañía que dirige José María Álvarez Pallete. “El remedio que se ha aprobado le da una opción, no una obligación, de cambiar de proveedor mayorista”, explicaba esta semana Ángel Vilà, consejero delegado de la compañía. “Estamos en conversaciones desde hace tiempo para renegociar el actual contrato incluso antes de su vencimiento en 2026”, enunció.

Por otro lado, por primera vez, Telefónica va a dejar de ser líder en España y se verá superado por Orange-MásMóvil. Sin embargo, la compañía pretende usar este argumento en su favor. El grupo mantiene todavía limitaciones por parte de Competencia por ser un antiguo monopolio, lo que le ha obligado a ofrecer determinados servicios a precios tasados o no poder realizar operaciones. Ahora, Pallete ha vuelto a reclamar una “desregulación” de la compañía. “Queremos que nos dejen competir”, apuntó en la presentación de resultados de esta semana.

De producirse esta desregulación que pide Telefónica se abriría una posibilidad que hasta ahora no había estado sobre la mesa: la compra de otras operadoras. “Se presentan posibilidades que habrían sido imposibles”, apuntó Vilà. En cualquier caso, aseguró que no había “nada” sobre la mesa. Tampoco con Avatel, una operadora con implantación rural que ha ido creciendo en los últimos años y cuya venta es una especulación en el mercado. “Es una compañía atractiva y un socio de Telefónica, le tenemos mucho respeto. Dicho esto, no tenemos nada que comentar”, apuntó el directivo.

La propia Avatel se había postulado para hacerse con activos de Orange-MásMóvil en caso de que hubieran sido “más ambiciosos” como clientes, activos de fibra o marcas. Pese a ello, se mostraron dispuestos a ser “claves” en la consolidación en España. “Estamos donde los demás quieren estar”, defendió su consejero delegado, Ignacio Aguirre.

A finales de marzo, el sector estrena en España una nueva realidad. Sin embargo, una operación de este calado está llamada a provocar otros movimientos como las fichas de un dominó, aunque por el momento se desconoce su envergadura.

En los próximos días se espera el visto bueno de Bruselas a la mayor operación en mucho tiempo en el sector de las telecomunicaciones en España. Orange y MásMóvil aspiran a ser una sola empresa en los próximos meses, convirtiéndose en la líder en varios negocios de telefonía. Por su parte, Vodafone ya tiene el aval regulatorio para su venta a Zegona. Pero mientras las grandes empresas se reorganizan, los pequeños operadores siguen ganando terreno gracias a su agresividad comercial: en el último año les han robado más de 700.000 clientes.

Empresas como Digi, Finetwork y otras han ido arañando clientes a las grandes compañías a base a ofertas por precio, a las que ahora van añadiendo nuevos servicios como la llegada de las primeras tarifas de 5G. Su avance es continuado desde hace más de un lustro, el mismo tiempo que las grandes compañías vienen arrastrando problemas de rentabilidad que han propiciado los cambios que van a producirse en los próximos meses.

Los datos recogidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dan fe del avance de las pequeñas operadoras a costa de las grandes que, lejos de frenarse, alcanzan nuevas cotas. Durante todo el año pasado, estas compañías, conocidas en el sector como Operadores Móviles Virtuales (OMV) han arrebatado más de 712.000 clientes de móvil de las grandes marcas. Es una cifra sensiblemente superior a la que se alcanzó en 2022, con 680.000 líneas ganadas de sus rivales más grandes. En tan solo dos años les han restado, por tanto, 1,4 millones de cuentas.

En contraste con la ganancia de las pequeñas operadoras, solo MásMóvil ha obtenido un saldo positivo, de algo más de 5.000 clientes ganados. Sin embargo, según la CNMC, Movistar perdió 60.000 clientes; Orange, más de 172.000 líneas y, por último, Vodafone se ha dejado por el camino 486.000 consumidores. Pese a la pérdida de líneas, Orange, que ha sido la primera empresa en presentar sus resultados del año 2023, señaló esta semana que ha logrado volver por primera vez desde 2018 al crecimiento en ingresos por servicios a clientes minoristas.

Las líneas móviles no son, en realidad, el negocio más rentable para las grandes operadoras. Sin embargo, su evolución sirve de termómetro para conocer la evolución del sector y de la batalla comercial. Precisamente esta batalla, a menudo basada en los precios, ha sido la justificación que han dado compañías como Movistar, Orange o Vodafone a reclamar a los reguladores facilidades para una mayor concentración en el sector de las telecomunicaciones. Es una tendencia que se repite también en otros países de Europa, donde se están produciendo distintas operaciones de este tipo.

De hecho, el acelerado avance de las pequeñas compañías durante el pasado año se ha producido en un contexto en el que las grandes marcas del país se encuentran inmersas en distintas operaciones. Orange y MásMóvil llevan meses a la espera de que Bruselas apruebe la fusión. Por su parte, Vodafone puso en venta su filial española aduciendo un contexto competitivo que erosionaba sus márgenes. Fue finalmente adquirida por el fondo británico Zegona, en una operación que recientemente ha tenido el visto bueno de la CNMC. Por su parte, Telefónica ha vivido unos últimos meses en los que los titulares han estado más centrados en la batalla accionarial, el nuevo plan estratégico o el ERE que en su actividad comercial.

Un nombre destaca sobre el resto entre las pequeñas operadoras: Digi. Es cierto que la CNMC no desagrega los datos entre los operadores móviles virtuales, pero la filial española de la compañía rumana ha sido señalada en el sector desde hace tiempo como el actor que más clientes está captando. Tras entrar hace años como una operadora enfocada en la población migrante, en los últimos ejercicios ha acelerado su estrategia de captación de clientes en base a bajos precios con buenos resultados.

Hoy, todo el mundo señala a Digi como la futura cuarta operadora del país como la alternativa con mayor tamaño al tridente formado por Movistar, Orange-MásMóvil y Vodafone. De hecho, ya ha obtenido réditos de la fusión de la filial de la empresa francesa que hace unos meses firmó un acuerdo para adquirir por 120 millones de euros activos de la compañía resultante. Se trata de una desinversión con la que intentaron convencer a Bruselas. Falta por saber si la Comisión Europea impondrá más desinversiones a la nueva compañía líder del país.

El sector vivió a partir de 2018 una batalla comercial cruenta por hacerse con clientes de los rivales. Fue MásMóvil la que a base de comprar pequeñas operadoras y jugar en el segmento del negocio de bajo coste se convirtió en uno de los principales grupos del país. Las portabilidades, esos cambios de una compañía a otra de teléfono móvil, fueron alcanzando récord tras récord. A MásMóvil le han cogido el testigo otras compañías como Digi.

Sin embargo, los últimos tres ejercicios han mostrado una situación más relajada, con menos intensidad comercial e incluso con un aumento de tarifas por parte de las grandes operadoras debido a la inflación. De hecho, lo llamativo de que las pequeñas operadoras hayan ganado de las principales marcas más clientes de lo que hicieron el año pasado es que se hace en un contexto de menos portabilidades. Según las estadísticas de la CNMC, el pasado año hubo menos de seis millones de cambios de una compañía a otra pese a que hay más líneas en activo que entonces. Es el menor dato desde 2016 y confirma una tendencia a la baja.

No solo han ganado clientes en telefonía móvil, también en el servicio de banda ancha fija. Es decir, el internet, en sus diferentes tecnologías, hasta el hogar. Según los datos de la CNMC, que es la autoridad en el mercado de las telecomunicaciones, las empresas que no se encuentran entre las cuatro grandes compañías del sector ganaron casi 540.000 hogares en 2023 en los que prestan sus servicios, hasta alcanzar 1,4 millones de viviendas con internet contratado. Aquí entra Digi pero también decenas de compañías muchas de ellas de ámbito regional. En el mismo periodo, MásMóvil ganó 126.000, Telefónica y Orange, algo más de 80.000 cada una, y Vodafone perdió 85.000.

Un sector muy concentrado

El año 2023 fue, por tanto, un ejercicio en el que las pequeñas compañías de telecomunicaciones en España ganaron cuota de mercado tanto en el negocio de las líneas móviles como en las de internet en los hogares. Así, han superado por primera vez los cuatro millones de móviles y el millón de hogares, según las cifras de la CNMC. Sin embargo, todavía se mantienen, incluso sumando en conjunto, lejos de las grandes compañías del sector.

Apenas suponen una cuota de mercado del 8% en todos los negocios. Es decir, más del 90% de dos de los principales productos contratados por los consumidores en telecomunicaciones, el móvil y la fibra, están controlados por cuatro empresas. O, mejor dicho, por tres, que será el resultado tras la fusión de Orange y MásMóvil. Esta nueva empresa nacerá en los próximos meses con más de un 40% de cuota de mercado en estas dos actividades, siendo líder y superando a Telefónica.

El próximo jueves, 22 de febrero, termina el plazo para que la Comisión Europea tome la decisión sobre Orange y MásMóvil. Tras ello, faltará el visto bueno del Gobierno. Con todo ello, la compañía espera dar por cerrada la operación a finales de marzo, con lo que se creará un nuevo gigante de las telecomunicaciones en España.

Comprar unas entradas para el cine, ver un partido de fútbol, el teletrabajo o avances tecnológicos como detección temprana de incendios u operaciones quirúrgicas. Todas estas actividades tienen algo en común y es que necesitan del servicio de una operadora de telecomunicaciones. Un sector estratégico, por tanto, que vive en España un momento de cambio de propietarios, fusiones y búsqueda de rentabilidad. Un aluvión de operaciones se suceden tras años de crisis de esta industria.

Las tres grandes operadoras en España (Telefónica, Orange y Vodafone) vienen sufriendo en sus resultados los efectos de la baja rentabilidad del sector, de la que culpan al empuje de empresas de bajo coste como MásMóvil, Digi y otras. Ahora, el trío de operadoras vive sacudidas internas que están llamadas a cambiar el futuro de su actividad en el país. Todas están inmersas en operaciones que transformarán su accionariado.

Solo este martes se han producido dos noticias de calado entre las telecos. Vodafone ha acordado con Zegona la venta de su filial en España por 5.000 millones de euros tras anunciar hace meses que quería desprenderse de ella. Por su lado, el Estado entrará en Telefónica a través de la SEPI un cuarto de siglo después de su privatización para hacer frente al desembarco saudí en su accionariado. A ello se suman Orange y MásMóvil, pendientes de Bruselas para cerrar su fusión.

Todas estas operaciones tienen un germen común: empresas que arrastran problemas de negocio, una gran deuda, un valor de mercado en declive y activos de infraestructuras que sí cuentan con el apetito inversor de los fondos. Sin embargo, cada una tiene una naturaleza distinta.

Telefónica fue el monopolio estatal hasta su privatización a finales de los noventa y la creación de nuevas operadoras privadas. La deuda gigantesca que acumuló tras años de inversiones ha lastrado su valor en Bolsa desde hace tiempo. En este contexto, el Estado saudí anunció en septiembre su desembarco en el accionariado de Telefónica con el objetivo de alcanzar el 9,9%. Esta entrada abría múltiples interrogantes, como el hecho de que un Estado extranjero se hiciera con una empresa estratégica con múltiples contratos con Defensa.

Tras tiempo de especulación sobre las medidas que podría tomar el Gobierno para contrarrestar la inversión de Arabia Saudí en Telefónica, este martes se ha conocido que la SEPI comprará acciones de la operadora casi tres décadas después de su salida. La sociedad estatal no ha concretado su aspiración ni el calendario para lograr un núcleo fuerte que contrarreste el eventual poder saudí en el accionariado. No es algo novedoso en el sector en Europa, ya que en países como Francia (Orange) o Alemania (Deutsche Telekom) el Estado participa en compañías de telecomunicaciones.

Al mismo tiempo que la SEPI reconocía unos rumores que el Gobierno había enfriado horas antes a preguntas de la prensa, Vodafone anunciaba el final de un proceso que se ha prolongado durante casi medio año. La operadora británica anunció la venta de su negocio en España al fondo Zegona, en una operación valorada en 5.000 millones de euros.

Salida de Vodafone tras 25 años

Esta es una operación corporativa de calado ya que supone la salida de Vodafone de España casi un cuarto de siglo después de su entrada a través de la ya desaparecida Airtel. La operadora, tercera del país en cuota de mercado, seguirá con su marca, pero ya no será gestionada por la teleco británica sino por Zegona. Vodafone justificó esta venta por ser un mercado “con retornos estructuralmente bajos”. La compañía ha reconocido pérdidas reiteradas durante los últimos años en España y ya intentó, sin éxito, fusionarse con MásMóvil, a lo que se ha sucedido un aluvión de cambios en su cúpula directiva.

Sin embargo, el fondo de inversión dibujó otra imagen sobre el mercado español. Considera que es un país que presenta “características atractivas” por el fuerte crecimiento de la economía española durante los próximos años. A ello suma que todavía ve potencial de crecimiento de ingresos mediante la venta de paquetes de servicios.

Zegona hace este análisis en un documento que emitió este martes al mercado en el que justifica sus planes para España. Para empezar, pone nombre al responsable de gestionar la nueva ‘Vodafone’ española. Será José Miguel García, consejero delegado de Euskaltel cuando el fondo fue su principal accionista, y anteriormente de Jazztel. García será el encargado de aplicar una nueva estrategia con la que intentar reconducir la mala deriva de Vodafone en España.

De ella, Zegona ya ha deslizado algunos datos. Para empezar, prevé recuperar buena parte de lo invertido (5.000 millones) mediante la venta de la infraestructura de fibra óptica del grupo. Así, plantea, incluso antes de tomar el control de la filial de Vodafone, que estos activos le pueden otorgar hasta 3.500 millones mediante la venta a un fondo o mediante la fusión con otra empresa de fibra.

En cuanto al negocio, apuesta por ampliar la base de clientes de la televisión de pago (uno de los negocios más rentables del sector) con su entrada a través de Lowi, la marca de bajo coste de Vodafone en España. También se propone renegociar los contratos de contenidos o mejorar la eficiencia en los procesos de captación de clientes.

La operación queda a la espera de un aval de las autoridades de competencia y, según ha apuntado Zegona, también del propio Gobierno. Un aval que todavía esperan Orange y MásMóvil, el tercer movimiento empresarial que afecta al sector. Este acuerdo, anunciado hace meses para crear una empresa conjunta entre la francesa y la compañía española, está a la espera de que Bruselas certifique que puede llevarse a cabo la fusión y si tiene que desprenderse de activos para cumplir con las exigencias de competencia.

Zegona está atento a esta operación. En la propia información en la que el fondo habla de la adquisición de Vodafone ya apunta a su interés por MásMóvil en caso de que fracase la fusión con Orange. El fondo considera, de hecho, que esta operación que ya intentó Vodafone tendría una aprobación de las autoridades más sencilla que la que está actualmente sobre la mesa.

Un sector de tres o de cuatro empresas

No solo el sector en España está pendiente de la operación de Orange y MásMóvil. El dictamen de las autoridades europeas de competencia marcará el futuro de una industria que aboga por concentrarse en toda Europa cada vez en menos actores para tener una rentabilidad mayor. En caso de imponer unas condiciones (remedies en la jerga del sector) muy elevados, podría afectar al futuro de esta y otras operaciones.

Este terremoto interno en el sector de las telecomunicaciones está abocado a cambiar el futuro de esta actividad casi 30 años después de su liberalización. El objetivo es pasar de un sector donde cuatro operadores controlan la mayor parte del mercado a ser tres. Con ello, reducir la batalla de precios de los últimos años y ganar en márgenes por los servicios a los clientes. De concretarse estos movimientos, Orange y MásMóvil serían el principal actor en buena parte de los negocios, con un accionariado repartido entre la teleco francesa, con el 50%, y el resto en manos de los fondos KKR, Providence y Cinven. Telefónica pasaría a ser el segundo grupo del mercado en algunas actividades, con una batalla accionarial entre el Estado saudí y el español, con otros actores, por ver quién controla el devenir de la compañía. Vodafone España, por su parte, estaría al 100% en manos de Zegona.

Sin embargo, este intento de reducir el mercado a tres operadoras que controlen más del 90% de los principales negocios podría encontrarse con una situación que ya se ha dado en el pasado. La rumana Digi es, a día de hoy, la quinta operadora del país, creciendo mes tras mes con miles de clientes procedentes de las grandes compañías por sus campañas basadas en el bajo coste. Si Bruselas obligase a Orange y MásMóvil a desprenderse de activos y paquetes de clientes, la compañía estaría dispuesta a hacerse con ellos.

Así lo evidenció Darius Varzarus, consejero delegado del grupo, en una reciente entrevista con El Mundo, en la que evidenciaba la disposición del grupo a invertir hasta 2.000 millones en ello. Fue la misma situación que se vivió cuando hace más de un lustro MásMóvil se benefició de los 'remedies' de la fusión de Orange y Jazztel para empezar a convertirse en la cuarta operadora española. “Creemos que España necesita un mercado de telecomunicaciones con cuatro operadores de telefonía móvil fuertes”, aseguró Varzarus.

Los próximos meses dictaminarán el escenario final del sector y la envergadura del cambio. Lo que ya apuntan los movimientos anunciados hasta ahora es que nada volverá a ser como antes en uno de los sectores estratégicos de la economía.

La Comisión Europea ha informado este martes de que ve problemas de competencia en la fusión anunciada entre Orange y MásMóvil hace casi un año. Bruselas teme que se reduzca el número de operadores de redes en los mercados minoristas españoles de servicios de telecomunicaciones móviles e internet y ello redunde en “grandes subidas de precios” para los clientes finales.

Bruselas anunció el pasado abril el inicio de una investigación en profundidad para determinar si la operación, que creará un nuevo líder por clientes en España, podría poner en riesgo la competencia en la oferta de paquetes de servicios múltiples y en el servicio minorista de banda ancha móvil y fija.

En el pliego de cargos enviado por el Ejecutivo comunitario a las compañías, los servicios comunitarios explican su preocupación por el hecho de que la fusión pueda dar lugar “a grandes subidas de precios para los clientes minoristas afectados en todo el mercado español”.

“Los efectos anticompetitivos previstos son sustanciales, incluso teniendo en cuenta los posibles ahorros de costes, en un contexto en el que la competencia ha sido un motor de inversión y calidad de los servicios en el mercado español”, ha informado la Comisión Europea en un comunicado.

Orange y MásMóvil son, respectivamente, la segunda y la cuarta operadora del mercado telefónico y de conexión a Internet en España. Ambas compañías acordaron en julio pasado una fusión de 18.600 millones de euros para unir sus operaciones en España. Las compañías esperaban cerrar la operación para el segundo semestre de este año. Pero en abril el gabinete de la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ya advirtió de que “la transacción reduciría el número de operadores en España, eliminando a un rival innovador y significativo, lo que podría generar precios más altos y una calidad más bajas de los servicios de telecomunicaciones”.

En concreto, la entidad resultante tendría la forma de una 'joint venture' controlada por la francesa Orange y Lorca JVCo, matriz británica de MásMóvil, al 50%, con igualdad de derechos de gobernanza. De la valoración de la entidad conjunta, 7.800 millones de euros corresponderían a Orange España y 10.900 millones a MásMóvil.

En ingresos, la nueva compañía alcanzaría los 7.300 millones de facturación y un beneficio bruto de explotación ajustado de alrededor de 2.200 millones. La unión de esas dos compañías dejaría más del 90% del mercado español de telecomunicaciones en manos de tres empresas. Este es un escenario que vienen reclamando desde hace tiempo las grandes operadoras, tanto en España como en Europa, al entender que es una manera de que los márgenes del negocio aumenten y se puedan afrontar inversiones en infraestructuras y tecnologías como el 5G. Todas estas operadoras han criticado las regulaciones europeas, que han primado modelos de cuatro operadoras y precios bajos, limitando en el pasado otras fusiones como la que ahora se plantea.

La nueva compañía sería líder destacado en negocios como la telefonía móvil o la fibra y dejaría descolgado a Vodafone, que también intentó un acercamiento con MásMóvil antes de que se decantara por la filial del grupo francés.

Las empresas que comercializan bienes y servicios tendrán prohibido a partir del 29 de junio realizar llamadas comerciales no deseadas —las conocidas popularmente como llamadas spam— a los usuarios que no hayan dado previamente su consentimiento expreso.

Estas empresas podrán ser sancionadas en virtud de la Ley General de Telecomunicaciones, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 29 de junio de 2022, y que contemplaba un artículo que incluía esta prohibición.

La normativa establecía un plazo de un año para la entrada en vigor del derecho de los usuarios finales a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial que se contempla en el artículo 66 de esta ley.

Esta ley se aplicará si al usuario que se llama tiene una numeración fija o móvil asignada en España, según han precisado a EFE fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Así, si la empresa hace un spam sin consentimiento, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) podrá iniciar un expediente sancionador contra la empresa independientemente del lugar donde se ubique.

En el caso de que una empresa comercialice bienes y servicios en España y efectúe una llamada desde un call center (centro de llamadas) que se ubique fuera del país, la AEPD también podrá dirigirse a dicha empresa.

Concretamente, la ley establece que los usuarios tendrán derecho “a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales o salvo que la comunicación pueda ampararse en otra base de legitimación de las previstas en el artículo 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679 de tratamiento de datos personales”.

Esta excepción por ejemplo se aplicaría en los casos de que la llamada fuera necesaria para proteger intereses vitales, o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público, entre otros.

Telefónica, a favor; Orange, Vodafone y Másmóvil no contestan

Uno de los sectores que efectúa este tipo de llamadas es el de las telecomunicaciones, aunque no es el único.

Telefónica, el principal operador del país, ve “con buenos ojos” que exista una normativa para limitar este tipo de llamadas y ha asegurado que siempre han sido “enormemente respetuosos” en este aspecto.

De hecho, las fuentes han afirmado que las llamadas a no clientes son muy residuales.

La multinacional española ha recordado que siempre ha impulsado el cumplimiento del código deontológico en lo referente a horarios, prácticas y por supuesto en la protección de datos de los clientes, con los niveles de consentimiento que esto implica.

En el caso de O2 (una marca de Telefónica), ni siquiera se realizan llamadas a sus propios clientes, además de no hacerlas a los no clientes, han apuntado.

Los otros tres operadores, segundo, tercero y cuarto, Orange, Vodafone y MásMóvil, respectivamente, no se han pronunciado sobre este asunto tras ser preguntados por EFE.

Por su parte, el director general de la patronal tecnológica DigitalES, Víctor Calvo-Soltelo, cree que este es uno de los diferentes ámbitos en los que la nueva normativa ha avanzado, aunque considera que el sector es uno de los que ofrece “mayores garantías hacia el consumidor”.

Ha añadido que estas garantías se producen gracias “a la normativa sectorial y a los estándares de calidad que se imponen los propios operadores”. En DigitalES, están presentes las principales empresas de telecomunicaciones del país.

Incluido durante la tramitación parlamentaria

El derecho a no recibir llamadas comerciales no deseadas se introdujo en la ley durante su tramitación parlamentaria, tras la aprobación en el Congreso de una enmienda pactada entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC.

En un primer momento, el proyecto de ley remitido por el Gobierno a las Cortes reconocía el derecho a oponerse a este tipo de llamadas y a ser informado al respecto, algo que ya era posible realizar a través de la lista Robinson, en la que los usuarios pueden darse de alta para evitar este tipo de comunicaciones de las empresas a las que no hayan dado su consentimiento.

Esta ley regula el sector de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas e incorpora al ordenamiento jurídico español las directivas europeas al respecto. Entre otros cometidos, esta ley refuerza y protege los derechos de los usuarios.

El timo del duplicado de la tarjeta SIM es uno de los más frustrantes para la víctima. La persona que lo sufre puede darse cuenta muy rápido de que algo raro está pasando: su móvil se queda sin cobertura y no puede hacer llamadas ni recibir mensajes de texto. Ni toquetear en los ajustes, recalibrar la conexión o apagar y encender el dispositivo lo solucionará. Pasará algún tiempo hasta que pase por una tienda física de su operadora o llame desde otra línea para preguntar qué ocurre. Un tiempo suficiente para que los ciberdelincuentes desvalijen su cuenta bancaria.

Lo que sucede en esos minutos es que alguien ha solicitado un duplicado de su tarjeta SIM y ha ordenado la desactivación de la antigua. Con la víctima ya incomunicada, ha contactado con su banco y ha solicitado el cambio de las credenciales de acceso a su cuenta. Como controla su número de teléfono, el SMS de seguridad del banco para confirmar la modificación lo recibe el atacante, no su legítimo propietario.

Una vez dentro de la cuenta, realiza el mayor número de transferencias, pagos al extranjero o solicitudes de crédito que le es posible hasta que llega la denuncia de la víctima o los sistemas del banco detectan que algo va mal.

El timo del duplicado de la tarjeta SIM (también conocido como SIM swapping) se ha multiplicado en los últimos años debido al aumento de las brechas de datos personales. Estos agujeros de seguridad permiten a los ciberdelincuentes acceder a la información de los ciudadanos que necesitan para lanzar el ataque: nombre completo, DNI, dirección, teléfono, email, cuenta bancaria, número de la tarjeta crédito. Una ficha con la que suplantan a sus víctimas y logran superar las verificaciones que solicitan las operadoras antes de hacer un duplicado.

Las denuncias por este tipo de timos no solo se acumulaban en las comisarías, sino también en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). En 2019 este organismo decidió lanzar una investigación de oficio sobre cómo estaban protegiendo las operadoras a los ciudadanos de las estafas de duplicados de SIM. Tras dos años de análisis decidió imponer cuantiosas multas contra las cuatro principales telecos que operaban en el mercado español ante “la evidencia de un incumplimiento del deber de proteger la información de los clientes”.

Fueron 3,9 millones de euros a Vodafone, 900.000 a Telefónica, 700.000 a Orange y 200.000 a MásMóvil. “Las medidas de seguridad son claves”, insistía el organismo: “Este acceso no autorizado a los datos personales de los afectados resulta determinante para las actuaciones posteriores desarrolladas por las personas suplantadoras, ya que aprovechan el espacio de tiempo que trascurre hasta que el usuario detecta el fallo en la línea, se pone en contacto con la operadora, y ésta detecta el problema, para realizar operaciones bancarias fraudulentas”.

Año y medio después de la ronda de multas millonarias, las operadoras no han arreglado el problema. Este 2023 está marcado por una cascada de nuevas multas contra las telecos. Vodafone vuelve a ser la más sancionada y acumula ya seis resoluciones en su contra desde que fuera multada con 3,9 millones en 2021. De hecho, es la única operadora que ha tomado la determinación de no presentar alegaciones en los procesos de la AEPD y acogerse así a una reducción del 20% de la cuantía de las multas por pronto pago.

Las operadoras afirman que han instaurado medidas

elDiario.es ha preguntado a todas las operadoras afectadas por nuevas multas por qué no han actuado para poner medidas de protección que eviten el timo de la tarjeta SIM. Vodafone explica que “ha implementado medidas para mejorar los procesos y evitar estos casos”, pero que “la implementación de estas medidas en muchos casos no es inmediata, por lo que se pueden dar algunos casos de reclamaciones en ese tiempo”.

Según ha podido comprobar este medio, las tres últimas multas contra Vodafone provienen de denuncias presentadas varios meses después de la primera multa de la AEPD. En concreto, dos de ellas se interpusieron en marzo de 2022 y otra en mayo. “Al terminar los procedimientos sancionadores en periodo voluntario no estamos haciendo un reconocimiento de culpa y recordamos que no estamos de acuerdo con el criterio de la AEPD dado que el procedimiento principal de 3,9 millones de euros está recurrido ante la Audiencia Nacional y pendiente de sentencia”, señala la operadora.

Orange, la segunda más multada, se acuerda de los bancos. “Consideramos que las entidades bancarias deberían ser igual de diligentes para atajar este problema ya que, en último término, son las responsables de que nadie, salvo el legítimo titular, acceda a las cuentas bancarias”, achaca. También afirma que intenta mejorar de forma proactiva la protección de sus usuarios, ya que “la compañía también es parte perjudicada, tanto por el perjuicio que puedan sufrir indirectamente sus clientes, como por su potencial impacto económico y en términos de percepción de la marca”, exponen fuentes de la empresa.

Telefónica ha sido la última en recibir una multa a raíz de un duplicado de la tarjeta SIM. La resolución ha sido publicada esta semana y la empresa anuncia a este medio que la recurrirá. “La operadora aplica continuamente diversas medidas para prevenir el fraude por SIM Swapping, cumpliendo así los compromisos adquiridos con la AEPD para reforzar la seguridad en este tipo de operaciones”, dicen fuentes de Movistar.

MásMóvil ha sido la única de las involucradas en la primera ronda de sanciones que no ha vuelto a recibir multas por este motivo. Digi también ha recibido una multa (70.000 euros) en esta nueva oleada, pero la operadora rumana no estaba presente en España en el momento en el que la AEPD lanzó su primera investigación de oficio.

Cómo evitar los timos del duplicado

Los especialistas recuerdan que esta estafa tiene una primera señal de alarma muy clara. Si el teléfono se queda sin cobertura sin un motivo aparente y el problema no afecta a otros usuarios alrededor, la recomendación es contactar con la operadora y averiguar qué ha ocurrido. “En caso de que se confirme el duplicado de tarjeta, es necesario cambiar inmediatamente las credenciales de acceso a la banca digital y a otros servicios online utilizados con frecuencia y contactar con el banco para informar de lo ocurrido”, explican desde el BBVA.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) sugieren establecer métodos de autentificación de doble factor que no requieran de un SMS, que los ciberdelincuentes pueden interceptar con un duplicado. “Implementa en tu dispositivo la autenticación en dos pasos, como medida adicional a la contraseña con la que podrás dificultar que alguien sin autorización acceda a tus cuentas. Puedes utilizar aplicaciones como Microsoft Authenticator, Google Authenticator como método alternativo de doble factor”, dice su guía para evitar el SIM swapping. En el caso de los bancos, el método alternativo al SMS puede ser a través de su propia app.

El resto de medidas que ponen encima de la mesa los especialistas tiene más que ver con la higiene digital para protegerse de una suplantación que con este timo en sí. Desde el Incibe piden, por ejemplo, no abrir enlaces “que se sean sospechosos ni archivos adjuntos recibidos por correo electrónico o SMS”; “no descargar aplicaciones de tiendas no oficiales (es decir, las que no sean Google Play o Apple Store)” o actualizar las contraseñas de forma periódica.

Las grandes operadoras de telefonía se preparan para una nueva realidad. Un contexto con menos operadoras, una relajación en la guerra de precios y tarifas con mayores márgenes. En el horizonte se encuentra la fusión entre Orange y MásMóvil, prevista para finales de este año. Sin embargo, algunos efectos ya se viven desde antes de que se complete esta nueva integración en el sector. Los precios ya han subido de manera generalizada este año y el 'robo' de clientes entre operadoras se ha relajado tras cinco años acelerados.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es la supervisora de este sector en España y recopila mes a mes los datos de intercambio de clientes entre empresas, las conocidas como portabilidades. Estos datos han vivido desde 2018 registros históricos, signados por la guerra de precios que han marcado en el sector competidores de bajo coste. Una batalla que ha arrastrado incluso a las grandes operadoras, pese a que las han criticado amargamente durante este tiempo.

Ahora, el panorama se dibuja distinto. En 2022 hubo algo más de 6,4 millones de portabilidades en España. Es decir, de clientes que cambiaron su número de teléfono a otra compañía. El dato deja atrás los registros históricos de los años previos y marca el nivel más bajo desde 2017. Aquel fue el año previo al que se considera el arranque de la gran batalla de precios que ha regido por norma en las compañías de telefonía durante este tiempo, impulsada fundamentalmente por MásMóvil y otras pequeñas operadoras. De hecho, 2018 fue el ejercicio más convulso en lo que ha portabilidades se refiere.

La caída ha sido abrupta el pasado año. Casi un millón menos menos de estas operaciones se han producido en España respecto al año 2021. La caída, del 12,2% ha sido la más grande que ha registrado la CNMC en toda su serie histórica, desde el año 2007. Hasta ahora, el mayor desplome que vivió el sector fue en 2015, cuando las portabilidades cayeron más de un 10%. Ni siquiera en 2020, cuando en plena cuarentena el Gobierno congeló durante meses este tipo de operaciones, la caída se acercó a la experimentada en 2022.

Hay algo que no cambia. Las pequeñas 'telecos', conocidas como Operadores Móviles Virtuales (OMV), siguen ganando presencia frente a las grandes telecos. La CNMC no desagrega entre estos grupos, aunque actualmente destacan fundamentalmente nombres como la rumana Digi, que va camino de convertirse en la cuarta marca del país, toda vez que Orange y MásMóvil sellen su unión. La operadora, que depende en buena parte de la red de Movistar, se ha desmarcado de las subidas de precios en el sector en pleno aumento de la inflación. También grupos como Finetwork, Avatel o Adamo han protagonizado en los últimos meses fuertes ganancias de clientes. El conjunto de las OMV ha ganado casi 680.000 clientes a través de portabilidades. También MásMóvil cerró el año en positivo.

Las tres grandes (Movistar, Vodafone y Orange) cerraron otro año en negativo en lo que al saldo entre entradas y salidas de portabilidades se refiere. La operadora de Telefónica ha perdido más de 334.000 clientes en el último año que se han ido hacia otras competidoras, siendo la empresa más damnificada. Le sigue Orange, que ha visto la pérdida de 238.000 números de teléfono; y Vodafone, que se dejó 165.000 clientes.

La telefonía móvil no es ya el negocio que mayores rendimientos da a las operadoras, pero sí es el más extendido, por lo que sus tendencias hablan de las de todo el sector. Por número total de clientes, Movistar se mantiene como el líder del sector, con casi 16 millones de líneas móviles, pese a haber perdido casi 9.000 clientes en 2022. Orange tiene casi 13 millones tras volver este año a ampliar su número de clientes en España. La 'teleco' francesa va camino de convertirse en la líder en este negocio toda vez que concluya su fusión con MásMóvil, que tiene prácticamente 12 millones de líneas móviles, según los datos de la CNMC, dejando atrás los 12,8 millones de clientes de Vodafone. Estas cuatro compañías, que pasarán a ser tres cuando se culmine la operación, aglutinan el 93% de cuota de mercado en telefonía móvil en España.

Fusión sin obligaciones

El sector tiene marcada esta fusión como uno de los temas que marcará a los implicados y al resto de operadoras. El acuerdo entre Orange y MásMóvil, que crearán una empresa al 50%, se encuentra actualmente en el tejado de la Comisión Europea. La envergadura de la operación hace que no dependa solo del dictamen de la CNMC en España, sino también de Bruselas. El Ejecutivo comunitario tendrá que dictaminar si aprueba la fusión y si le impone alguna obligación, como una posible desinversión, si supone algún riesgo para la competencia.

La fusión generará que tres operadoras en España tengan más del 90% de los clientes en prácticamente todos los negocios. Pese a ello, este es un escenario que vienen reclamando desde hace tiempo las grandes operadoras, tanto en España como en Europa, al entender que es una manera de que los márgenes del negocio aumenten y se puedan afrontar inversiones en infraestructuras y tecnologías como el 5G. Todas estas operadoras han criticado las regulaciones europeas, que han primado modelos de cuatro operadoras y precios bajos, limitando en el pasado otras fusiones como la que ahora se plantea.

Sin embargo, pese a ello, Orange confía en que la Comisión Europea dé el visto bueno a la operación con “pocos o ningún” requisito de desinversiones. Así lo explico Jean François Fallacher, hasta ahora responsable de la filial española de Orange y rostro más visible de este acuerdo. El directivo dejó claro durante la presentación de resultados del ejercicio 2022 de la 'teleco' que el grupo francés solo aspira a que este acuerdo sea aprobado sin la imposición de obligaciones.

En el pasado, estos 'remedies', como se les conoce a las desinversiones tras fusiones impuestas por las autoridades de competencia, redundaron en el crecimiento de otros operadores. Sin ir más lejos, MásMóvil se benefició de las fusiones del sector en 2017, ganando decenas de miles de clientes y creando la base de lo que ha acabado siendo. Es por ello que ahora no solo estas dos compañías confían en no tener que desinvertir, también sus rivales. José María Álvarez Pallete, presidente de Telefónica, aseguró hace unos días que “la operación debe de ser aprobada con mínimos remedios o sin remedios” porque “ya hay competencia efectiva”.

Las grandes teleoperadoras europeas tienen el negocio de las multinacionales digitales estadounidenses en su punto de mira y quieren el apoyo de Bruselas para meterle mano. Primero han conseguido el visto bueno de la Comisión Europea a su plan para crear un gigante de la publicidad online que gestione los datos personales de los usuarios para hacer anuncios segmentados en competencia directa con Google y Meta. Su siguiente objetivo es una regulación que obligue a las tecnológicas que acumulen más tráfico a pagarles una tasa por copar sus infraestructuras de red.

La idea no es nueva pero lleva una década en la nevera. Las tecnológicas consiguieron pararla hace diez años argumentando que la propuesta viola los principios de la neutralidad de la red, que establece que todos los contenidos que circulan por la infraestructura digital deben ser considerados iguales y tratarse de la misma manera. “Es un ataque al Internet libre y abierto”, argumentan. El hecho de que fuera una legislación dirigida contra un grupo concreto de empresas más que un conjunto de normas para un sector económico tampoco ayudó a que saliera adelante. Sin embargo, el clima en Bruselas respecto a las grandes tecnológicas ha cambiado y las telecos quieren aprovecharlo.

La UE se ha mostrado proclive a crear normas específicas para las grandes tecnológicas estadounidenses en este legislatura. La nueva Ley de Servicios Digitales, aprobada el pasado verano, impone responsabilidades específicas a los gigantes digitales que superan un determinado número de usuarios y limita su posición dominante en el mercado. Ahora las telecos han convencido a la Comisión para que se posicione sobre su idea de un peaje por grandes necesidades de red. “Sí, lo anunciaré pronto. En Barcelona”, ha declarado este martes a Reuters Thierry Breton, el comisario europeo de Mercado Interior, en referencia al Mobile World Congress que se celebra en la capital catalana del 27 de febrero al 2 de marzo.

Varias fuentes habían confirmado en los últimos días a elDiario.es que el Ejecutivo comunitario abrirá de forma inminente una consulta pública para escuchar a los diferentes actores y valorar si las grandes tecnológicas deben asumir algunos costes de las redes de telecomunicaciones. Y si es así, quién, cómo y cuándo debe pagar.

Ambos bloques se han lanzado ya a la batalla por el relato. Y una de las que va a marcar el terreno de juego es el propio nombre de la iniciativa. Las tecnológicas denominan a la propuesta “tasa de redes”, mientras que las telecos lo llaman “contribución justa”. A partir de ahí cada grupo ha sacado la batería de datos para defender sus posiciones.

Seis empresas

Las telecos alegan que solo seis empresas copan la mayoría del tráfico. A nivel global, Google (21%), Meta (15%), Netflix (9%), Apple (4%), Amazon (4%) y Microsoft (3%) consumen más recursos de infraestructura de red que todos los demás servicios digitales restantes. Una situación que no se compensa económicamente, protestan: “Todos los operadores de red europeos que inviertan en redes gigabit deberían poder contar con una contribución justa y proporcionada de las grandes plataformas tecnológicas a los costos de red que generan con su tráfico”, recordaron a Bruselas las patronales de telecomunicaciones española, italiana, belga, francesa, rumana y checa, además de la europea que engloba a las empresas de toda la UE, ETNO.

Los operadores de red europeos que inviertan en redes deberían poder contar con una contribución justa y proporcionada de las grandes plataformas tecnológicas a los costos de red que generan con su tráfico

Patronales de telecomunicaciones europeas

Una situación a la que suman la contribución en materia de impuestos y empleo. Antes de los despidos masivos del sector tecnológico, estas empresas daban trabajo a unas 3.800 personas en España, en contraposición a los 28.000 trabajadores que emplean Telefónica, Vodafone, Orange y MásMóvil, según los datos de UGT.

Las tecnológicas por su parte se quejan de que las telecos quieren cobrar dos veces, puesto que los usuarios ya pagan por sus conexiones a Internet. “Gravar también a las plataformas para que paguen cuando un usuario utiliza la conexión para visualizar un vídeo o escuchar música, equivaldría a gravar por duplicado el mismo servicio”, recalcan desde la patronal Ametic, a la que pertenecen empresas como Apple, Google, Microsoft o Amazon.

Gravar también a las plataformas para que paguen cuando un usuario utiliza la conexión para visualizar un vídeo o escuchar música, equivaldría a gravar por duplicado el mismo servicio

Patronal tecnológica española Ametic

También ponen sobre la mesa el mismo argumento que cuando este debate afloró por primera vez: un peaje a los contenidos de las grandes tecnológicas va contra el principio de igualdad para cualquier tipo de información que circule por Internet. “Condicionar el uso de la red al pago de una tasa daría a las compañías de telecomunicaciones el poder de discriminar entre diferentes contenidos. El resultado sería una restricción a la libre distribución de contenidos y aplicaciones y, por consiguiente, la limitación del poder de elección del usuario final”, insisten desde Ametic.

Las tecnológicas también están dispuestas a presentar datos que desmienten su menor contribución a la economía. Defienden que el valor y empleo que se crea dentro de sus plataformas también debe ser tenido en cuenta. Un valor que fuentes de Google cifran en 420.000 millones de euros al año solo en sus productos.

“Cuando hablamos del tráfico de Google o YouTube, olvidamos que se trata de la internet abierta: creadores, editores, desarrolladores, pymes. Por ejemplo, los desarrolladores de aplicaciones a través de Play, etc. Todo ello equivale a un excedente económico que se distribuye entre todos los usuarios de internet y las empresas de toda Europa”, recuerdan a este medio fuentes de la multinacional, que también ha querido posicionarse directamente en este debate.

La UE se inclina por hacer que las tecnológicas paguen

El comisario Breton ya se había mostrado a “revisar” el modelo de financiación de las redes. “Las normas vigentes desde hace veinte años están caducando, y los operadores ya no obtienen el rendimiento adecuado de sus inversiones. Es necesario reorganizar la justa remuneración de las redes”, declaró en mayo. La responsable de Competencia del Ejecutivo comunitario, Margrethe Vestager, se ha posicionado en el mismo sentido. Incluso la vicepresidenta española Nadia Calviño es partidaria de modernizar el modelo.

Las normas vigentes desde hace veinte años están caducando, y los operadores ya no obtienen el rendimiento adecuado de sus inversiones. Es necesario reorganizar la justa remuneración de las redes

Thierry Breton — comisario europeo de Mercado Interior

“Tenemos que encontrar una fórmula de contribución equilibrada para que los actores más importantes del sector contribuyan de forma justa a compartir los costes de estas inversiones estratégicas”, manifestó Calviño en un reciente acto sobre este debate organizado por UGT: “Para ello tenemos que asegurarnos de que Europa tiene un marco regulatorio que asegure la igualdad de condiciones. De lo contrario, no podremos beneficiarnos de los productos y servicios digitales del futuro en buenas condiciones”.

Así las cosas, las grandes tecnológicas optan por pedir a las instituciones que no se precipiten. “Ametic solicita prudencia por parte de las autoridades competentes y que se inicie un periodo de debate y reflexión que integre a todos los actores implicados”, pide su patronal en España. Desde el sector de las telecos interpretan esta postura como un intento de retrasar una regulación contraria a los intereses de estas multinacionales, aunque se remiten al comunicado público emitido desde su propia patronal, DigitalES.

“Desde DigitalES coincidimos en la necesidad de un debate abierto sobre cómo alcanzar una contribución que sea justa, de modo que las grandes plataformas digitales ayuden a la gestión del tráfico que generan y que tensiona enormemente la capacidad de las redes”, explican en un comentario enviado este lunes: “Todo esfuerzo en este sentido contribuirá a que la economía digital del futuro se cimente sobre unas bases más sólidas, equitativas y competitivas”.

En cualquier caso, el proceso de consulta pública es solo el primer paso del largo trayecto burocrático que debería recorrer la propuesta legislativa para hacer que las tecnológicas paguen por su uso de las redes. Un proceso que podría durar unos dos años y en el que habría que sumar los esfuerzos del lobby tecnológico de Bruselas, el sector que más gasta en estas herramientas de presión.

Se atisba una gran fusión en el horizonte en el sector de las telecomunicaciones en España. En la mayoría de los mentideros empresariales se señala quién será uno de los protagonistas: MásMóvil. Falta por completar el nombre del otro participante en esta operación. Son continuos los rumores que señalan que será o Vodafone u Orange, en lo que apunta a una carrera por ver quién se consolida como la segunda operadora del país. Telefónica, por su gran tamaño como heredera del antiguo monopolio español, queda descartada.

“Todos están hablando con todos”, señalan fuentes del sector. Sin embargo, de viva voz, ninguna empresa confirma oficialmente contactos para emprender una fusión. Hasta la fecha, la operación de la que más se había hablado era la unión de MásMóvil y Vodafone. Pese a ello, esta semana el foco ha girado hacia Orange. Según informó Expansión, la empresa gala y el grupo español habrían comenzado a abordar una posible unión a partes iguales. Preguntados por este extremo, ninguna de las dos compañías ha querido hacer valoraciones.

Los ejecutivos de Vodafone y Orange han hablado abiertamente de la necesidad de concentración en un sector “tan competitivo” como el español. Sin embargo, ha sido la filial de la británica la que más ha fijado su posición. “Buscamos activamente más oportunidades de estructura de mercado, incluyendo establecer alianzas estratégicas en redes o consolidación de mercado”, señaló la compañía a finales del año pasado en una presentación de resultados sobre su sociedad en España. Un mismo mensaje, pero menos rotundo, ha sido el de Orange. “Si hay una buena opción de fusiones y adquisiciones que nos involucre directamente, la consideraremos, por supuesto”, aseguró Ramon Fernández, director financiero de la compañía casi al mismo tiempo.

La estructura del mercado español de telefonía explica por qué, habiendo avanzado Orange y Vodafone su intención de estudiar fusiones, el nombre de MásMóvil aparece continuamente. Hace unos años, España era un mercado de tres grandes operadoras de telefonía (Movistar, Orange y Vodafone). Acumulaban casi todo el mercado y el resto de operadores apenas tenían relevancia. Esto cambió. Actualmente es un negocio de cuatro, especialmente en algunas actividades como los móviles o el de internet en el hogar. Una situación que terminó de tomar forma el año pasado cuando el cuarto operador, MásMóvil, absorbió al quinto, Euskaltel.

Estas cuatro compañías suman el 94% de los clientes de móvil en España y el 97% en la banda ancha fija. Por tanto, si, como dicen los ejecutivos del sector, el mercado español tiene tanta presión competitiva, lo que se constata en la continua guerra de precios, y se tiene que acudir a un modelo con menos operadores para lograr que sea más rentable, son las fusiones entre esos cuatro operadores las que tendrían un cambio significativo en la estructura del sector. Telefónica se ha autodescartado en repetidas ocasiones. No en vano, como principal operadora del país ya tiene importantes restricciones por las normas de Competencia, por lo que absorber a otra compañía obligaría a importantes desinversiones.

Por tanto, quedan tres. Actualmente, Orange tiene el 23% del mercado de móvil y el 24% del de fibra, según los datos de la CNMC. Vodafone tiene el 22% y el 18%, respectivamente; mientras que en el caso de MásMóvil, es el 20% y el 18%. Si finalmente sale adelante una operación, la operadora resultante se reafirmaría como el segundo operador por ingresos por detrás de telefónica, pero se convertiría en el líder en algunos negocios como la telefonía móvil y la fibra. Sin embargo, el tercer operador, quedaría relegado. Distintas informaciones durante los últimos meses han señalado que tanto Vodafone como Orange han llamado a la puerta de MásMóvil, pero nunca ha sido confirmado públicamente por las compañías.

Hay otro detalle que convierte a MásMóvil en el centro de las especulaciones sobre fusiones. Al contrario que Vodafone u Orange, que cotizan en Bolsa, la cuarta operadora española es actualmente propiedad de tres fondos de capital riesgo, KKR, Providence y Cinven, que en 2020 lanzaron una opa sobre el grupo y la sacaron de Bolsa, cuando cotizaba en el Ibex 35. Este modelo de inversión suele tener una vida corta y acostumbra en pocos años a vender la empresa, tras haber logrado aumentar su valor. Es por ello que se asume que, tarde o temprano, los fondos emprenderán su salida.

Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con KKR en Telxius. La filial de infraestructuras de Telefónica tuvo una inyección de capital en 2016 cuando KKR se hizo con el 40%. La semana pasada, el fondo se desprendió de su participación en la compañía por más de 200 millones. Al mismo tiempo, el fondo tiene una opa emitida sobre Telecom Italia, siendo así uno de los actores que más movimiento está protagonizando en el mercado de las telecomunicaciones europeo. Fuentes del mercado señalan que estaría siendo un actor protagonista en las conversaciones entre Orange, Vodafone y MásMóvil, en busca de una fusión.

Problemas de competencia

En cualquier caso, más allá de si finalmente se produce una fusión de MásMóvil con Orange o con Vodafone, el asunto principal que estaría sobre la mesa, según apuntan estas fuentes, sería cómo se afronta una operación de este calado de cara a los posibles límites de la competencia. Este sería un aspecto fundamental a tener en cuenta, ya que en el pasado, otras grandes operaciones en el sector han precisado de unos fuertes compromisos de desinversión. Las autoridades de competencia en Europa, no solo en España, han sido especialmente vigilantes ante la concentración de operadoras de telefonía, algo que sufrió en su día Telefónica en Reino Unido y que ha sido centro de las críticas de las grandes 'telecos' en los últimos años. Estas empresas señalan a las autoridades de competencia y a los reguladores como los grandes responsables de la fragmentación de este sector en Europa.

Se asume, por tanto, que una operación de este calado llevaría a que la empresa resultante tuviera que emprender una desinversión de calado. Ya ocurrió, por ejemplo, en 2015, cuando la absorción de Jazztel por Orange obligó a tener que vender su red de fibra, que englobaba a 750.000 hogares. Aquel se convirtió, paradójicamente, en uno de los primeros hitos para la creación de lo que hoy es MásMóvil. Desde entonces la compañía fue realizando adquisiciones de operadoras más pequeñas hasta ser lo que es hoy, el cuarto grupo del país. Así, una derivada de la fusión que se estaría gestando es el destino que correrían las desinversiones que, de rebote, pueden beneficiar a otros grupos.

De salir adelante, y en los términos actuales del reparto de mercado que podrían variar si se obligara por Competencia a realizar desinversiones, las tres grandes operadoras aglutinarían más del 90% de los principales negocios del sector. Fuera de esa terna quedarían otros nombres. Es el caso de la rumana Digi, de Avatel o de Finetwork, operadoras que han crecido mucho desde el arranque de la pandemia, captando miles de clientes con políticas agresivas de precios pero que a día de hoy tienen una cuota de mercado menor.

Los tambores de fusiones en Europa llevan sonando unos meses y ha provocado que las compañías del sector se hayan recuperado, en parte, de sus caídas bursátiles. En el caso de Telefónica ha incrementado su valor un 12% desde que arrancara el año. Uno de los mercados más activos está siendo Italia. Allí, además de la oferta de KKR por Telecom Italia, en los últimos días se ha conocido que la francesa Iliad se ha interesado por la filial italiana de Vodafone, aunque el acercamiento ha sido rechazado este jueves.

La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado con 5,81 millones de euros a Vodafone -que se ha llevado la mayor parte de la multa, 3,94 millones-, Telefónica, MásMóvil y Orange por no proteger adecuadamente la seguridad en el tratamiento de los datos personales para tramitar las tarjetas SIM. Concretamente, les multa por una infracción muy grave por incumplir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), en lo que concierne al tratamiento de los datos de sus clientes de manera que se garantice la confidencialidad e integridad, tras haber recibido varias reclamaciones por parte de diversos usuarios afectados, la mayoría en 2019.

A Telefónica de 900.000 euros; Orange, 770.000, de ellos 70.000 por Symio; y MásMóvil, 200.000 (Xfera), según las resoluciones que ha hecho públicas la AEPD entre el 1 y 2 de febrero. A Vodafone, la AEPD le impone una mayor sanción que al resto, ya que la AEPD aplica como agravante la negligencia debido a la tardanza que considera que el operador tuvo en la adopción de medidas correctoras. Vodafone corrigió las vulnerabilidades cuando se lo comunicó la Agencia de Protección de Datos y no tras tener constancia de ellas: “El hecho de no corregir las vulnerabilidades a tiempo ha agravado el daño a las personas afectadas”, explica la AEPD.

Las multas se han impuesto tras las reclamaciones presentadas, la mayoría en 2019, por usuarios de estos operadores, que denunciaron que se les había suplantado su identidad, para hacer un duplicado de tarjeta SIM a favor de una tercera persona distinta al titular de la línea, con el objeto de acceder a las claves de confirmación para realizar transferencias bancarias.

Una sanción “improcedente”

Por el momento, desde los operadores no han emitido posicionamiento alguno sobre la resolución de la AEPD. La excepción es Vodafone que, en un comunicado, ha considerado desproporcionada la sanción teniendo en cuenta que se han tratado de incidentes excepcionales que no pueden poner en duda los altos estándares de seguridad de los operadores.

Además, considera “improcedente” que se les responsabilice de estos delitos bancarios, teniendo en cuenta que no intervienen ni tienen relación alguna con el diseño de la seguridad de las transferencias, cuya definición es decidida exclusivamente por las entidades bancarias. La perpetración de este tipo de delitos requiere de la obtención previa, mediante engaño, de las claves bancarias de la víctima, han añadido fuentes de la compañía.

Vodafone afirma que la protección de sus clientes, en todas las gestiones que se realizan utilizando sus redes y servicios, es una prioridad. Apunta además que, aunque la mejora del diseño de la seguridad de los procesos de realización de operaciones bancarias es responsabilidad de los bancos y entidades de crédito, continuará actualizando y reforzando sus protocolos de forma continua para mejorar y para hacer frente a las cada día más complejas y diversas amenazas que los delincuentes desarrollan contra la seguridad de la información.

El código de conducta pactado por MásMóvil, Orange, Telefónica y Vodafone, los cuatro operadores de telefonía con mayor cuota de mercado de España, entrará en vigor este 1 de enero con medidas como la prohibición de llamar entre las 15.00 y la 16.00 horas o en los fines de semana.

El nuevo código evitará también las llamadas comerciales antes de las 9.00 horas y después de las 21.00 horas y aumentará las garantías para evitar el contacto con clientes inscritos en la 'Lista Robinson'.

Este acuerdo renueva así el primer pacto entre operadores al que se llegó en 2010. En un primer término Euskaltel estaba incluido, pero se ha integrado en MásMóvil durante el proceso. No se han sumado otros operadores en estos meses de periodo de transición.

Para controlar que se cumple el acuerdo, las partes mantendrán una reunión semestral en la que se abre la puerta a que se vaya actualizando y adaptando el contenido.

Control mediante auditorías

Entre las nuevas medidas se encuentra el control a través de auditorías de las actuaciones de distribuidores y otras plataformas de emisión de llamadas que utilicen medios engañosos, fraudulentos o, en general, desleales para la competencia.

También se aumentará el control para que no se puedan obtener datos del consumidor ni contestaciones interpretables como una aceptación a cambiar de operadora, así como obtener del consumidor cualquier otro comportamiento que implique un desembolso económico.

En materia de llamadas, las operadoras solo podrán llamar un máximo de tres veces a un cliente a lo largo de un mes y, en caso de que este rechace la oferta, estarán obligadas a esperar tres meses antes de hacer una nueva.

Las operadoras asegurarán que el teleoperador que realiza la llamada pueda facilitar al usuario un número de teléfono para obtener información de cualquier otro producto o realizar cualquier otra gestión comercial o reclamación.

Asimismo, el usuario deberá conocer siempre el número desde el que llaman, la marca comercial que le está contactando, el motivo exclusivamente comercial de la llamada y la base de datos de la que se extrae su nombre, así como la del contact center.

Las empresas también se comprometieron, según el texto inicial, a implementar entre ellas un procedimiento común ágil de resolución de reclamaciones de los clientes que hayan podido ser víctimas de prácticas comerciales contrarias al Código.

Las compañías, además, colaborarán entre ellas para poner en conocimiento y, si es necesario, denunciar ante los organismos competentes la existencia de hechos constatables que pudieran resultar fraudulentas o lesivos para los clientes.

Además, las empresas darán de baja los servicios que hayan sido contratados en acciones que incumplen este código siempre que como máximo se haya pasado una factura y asegurándose que no resulta en penalizaciones económicas ni en pérdida de conectividad para el usuario.

MásMóvil adquirió Euskaltel, compañía señera vasca. Han sido numerosas las voces que han cuestionado si la millonaria operación iba a suponer una pérdida de arraigo y el máximo responsable del grupo, el austríaco Meinrad Spenger, ha tratado de disipar las dudas este viernes con un acto en Donostia. En primer lugar, ha recordado los orígenes guipuzcoanos de MásMóvil. En segundo lugar, ha anunciado 350 millones de inversiones para la nueva Euskaltel. Y, en tercer lugar, ha garantizado la continuidad del apoyo al equipo ciclista Fundación Euskadi al menos hasta 2024.

Spenger se ha defendido diciendo que van a “priorizar” los sitios en los que son “más fuertes”, donde tienen “más relación, más arraigo” y donde tienen “más clientes” y ha asegurado que Euskadi es uno de esos sitios. Por eso, se ha comprometido a mantener el arraigo que Euskaltel ha construido durante los años con la sociedad vasca porque cree que es ese compromiso de la operadora vasca lo que más valor le añade. Así, ha comenzado el encuentro con un resumen del recorrido de la empresa en el que ha hecho hincapié en la pronta unión de MásMóvil con el territorio guipuzcoano tras juntarse con la donostiarra Ibercom en 2014, fusión con la que tuvieron acceso a “dinero, a inversores” y a la “confianza del mercado” para poder empezar a crecer. Para ello, ha empleado una imagen de fondo en la que se podía leer en euskera “Kaixo” junto con un puzzle de dos piezas conformado por Euskaltel y MásMóvil.

“Es muy importante tener un equipo local, porque no podemos tener la arrogancia de pensar que desde Madrid vamos a hacerlo todo bien, no. Tenemos que tener un equipo fuerte aquí”, ha expresado el responsable. Con ello MásMóvil quiere reforzar el arraigo de Euskaltel en Euskadi, seguir creando “valor adicional y cercanía con los clientes”, algo que tiene muy presente la compañía. Asimismo, apuesta por el talento joven, para el que quiere crear una beca con la Universidad de Deusto para impulsar el “talento tecnológico, especialmente IT –'Information Technology', Tecnología de la Información en castellano–, arquitectura de sistemas y el talento de analistas datos” y así “reforzar el equipo histórico de Euskaltel”.

Desde sus inicios en 2006, MásMóvil ha adquirido gran cantidad de empresas de telecomunicación. Comenzó con la fusión con Ibercom en 2014 y desde ese año ha aglutinado varias más. En 2015 adquirió Jazztel, y tras ella se hizo con Pepephone, Yoigo, Llamaya, Lebara, Nowo y Lycamobile hasta 2020. Este último año ha adquirido Euskaltel, y con ella Telecable, Virgin telco y R, que formaban parte de la empresa vasca.

La empresa quiere terminar el año llegando a un millón de hogares vascos con fibra óptica, frente a los 35.000 que contaban con ella en el mes de junio, e invertirá 350 millones de euros en Euskaltel en los próximos tres años. Con ella, el objetivo de la operadora es “sustituir el cable por la fibra óptica” e instalar el 5G. Este último se desplegará por más de una razón. Si bien es la última generación de redes móviles, también servirá para dar solución a los vecinos de la Parte Vieja de Donostia, donde no es posible instalar la fibra óptica, gracias a la tecnología Fixed Wireless Access 5G (FWA).

Spenger tampoco se ha olvidado del equipo ciclista Fundación Euskadi. “Me encanta el ciclismo, intento practicarlo todos los fines de semana”, ha bromeado. También por ello, afirma que están comprometidos con el equipo, al menos, hasta 2024. “Hace un año y medio nos acercamos al equipo ciclista como grupo MásMóvil a través de nuestra marca Guuk. Estuvimos a punto de cerrar un acuerdo, pero vino Euskaltel y nos sacó, así que algo de culpa tenemos y estamos contentos”, ha concluido entre risas.